Durante las últimas semanas, el Jefe de Gobierno de Ciudad de México, varios gobernadores y titulares de instituciones de seguridad pública han emprendido una articulada campaña de desprestigio en contra del “nuevo” sistema de justicia penal.1 A pesar de que intenten maquillar sus declaraciones con el uso de eufemismos, sus señalamientos evidencian la creencia de que la presunción de inocencia y los estándares de desempeño introducidos por la reforma penal de 2008 no solo obstaculizan las labores de procuración de justicia sino que propician una mayor inseguridad. Sus propuestas de “mejoras” no apuntan a corregir las deficiencias reales y documentadas del sistema acusatorio sino a iniciar un cambio gradual pero seguro en el sentido opuesto a la lógica garantista del modelo acusatorio.2 En este sentido, es acertado caracterizar las modificaciones propuestas como un intento de “contrarreforma”.

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Es inobjetable que el sistema acusatorio requiere ajustes normativos e institucionales; varias de las modificaciones requeridas se aprobaron de último minuto en junio de 2016 antes del inicio de la vigencia del modelo acusatorio en todo el territorio nacional. En este contexto, el inicio de operaciones del sistema se produjo en un escenario normativo e institucional que no resultaba el óptimo.3 Por ejemplo, persisten figuras jurídicas incompatibles con la lógica de un sistema garantista como el arraigo o la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, los señalamientos de las autoridades no responden a un anhelo de corregir las contradicciones y las fallas derivadas de una implementación problemática, sino que esconden un impulso autoritario que presenta en el populismo penal y la “mano dura” la única alternativa frente a la inseguridad.

La campaña de la “contrarreforma” señala, como si se tratara de un hecho inobjetable, que la liberación de procesados y la reducción en el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa son las causas detrás del aumento en la incidencia delictiva en el país. No obstante, es importante recalcar que no existe evidencia alguna que prueba la existencia de causalidad entre las consecuencias de las reglas procesales introducidas por la reforma y el incremento en la inseguridad que vive el país.4 En días anteriores, en un discurso digno de película de superhéroes, el Jefe del Gobierno de la capital del país advirtió a la ciudadanía “prepararse” –sin aclarar de qué manera- ante la inminente salida de cuatro mil procesados por culpa del sistema acusatorio. La declaración no solo es desafortunada, viniendo del encargado de garantizar la seguridad pública, sino también falsa: los procesados bajo el antiguo sistema penal tendrán la posibilidad de acudir ante un juez para evaluar si la prisión preventiva es la medida óptima o si es posible hacer uso de alguna alternativa para llevar sus procesos en libertad. En este sentido, el análisis deberá hacerse caso por caso y bajo ninguna circunstancia implica, como lo sugirió el Jefe de Gobierno, la salida en automático de cuatro mil internos. No está de más señalar que el cálculo de la cifra de cuatro mil internos sugerida por el Jefe de Gobierno nunca fue explicado. Pero bueno, a nadie le cobran por hablar.

A quienes señalan al sistema acusatorio como una “puerta giratoria” habría que recordarles que los ministerios públicos tienen la facultad de solicitar prisión preventiva para cualquier caso en el cual la consideren necesaria. Sin embargo, a diferencia del sistema  anterior, la determinación de la prisión preventiva no ocurre en automático sino que debe ser discutida con evidencia que pruebe la existencia de la posibilidad de fuga o de un riesgo para el proceso, la víctima o los testigos. El hecho de que esto no ocurra no es culpa de fallas en el diseño normativo sino consecuencia de deficiencias institucionales que son responsabilidad directa de las autoridades que hoy critican al modelo. Los ministerios públicos requieren fortalecer sus capacidades para integrar investigaciones sólidas así como argumentar frente al juez de forma convincente sobre la medida cautelar necesaria. Esto último resulta casi imposible si consideramos que, salvo honrosas excepciones, las unidades de servicios previos al juicio -encargadas de generar la información para determinar la medida cautelar- brillan por su ausencia tanto en el ámbito local como federal.5

Por ello, antes de proponer aumentar el catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa o flexibilizar los estándares de la investigación criminal, los detractores del sistema harían bien en consultar la evidencia y evitar proponer cambios que no producirán los resultados prometidos. Si acuden a la evidencia antes de intentar legislar ocurrencias encontrarán que mientras los efectos de estas medidas sobre la criminalidad son casi nulos y, sobre todo, insostenibles, lo que sí se logra al legislar bajo la lógica del populismo penal son consecuencias sociales desastrosas: el costo promedio de manutención de cada interno en el país es de 213 pesos diarios, lo cual implica que para mantener únicamente a las personas en prisión preventiva se invierten 8,269 millones de pesos al año, equivalente al doble del presupuesto asignado a la Suprema Corte de Justicia y  la mitad del presupuesto asignado al Instituto Politécnico Nacional.6 Más allá de los costos económicos, el castigo adelantado que implica la prisión preventiva tiene efectos negativos en el entorno del interno: el 34.2% de los familiares de internos reporta problemas en el trabajo, 27% conflictos con sus familiares y 63.6% reporta problemas de salud derivados del encarcelamiento de un familiar.7 Las consecuencias sociales son evidentes y deberían ser suficientes para apoyar el cambio impulsado por la reforma en lugar de insistir en regresar a una fórmula que ha demostrado su ineficacia.

Ante el acalorado debate público en torno a los defectos del sistema de justicia es importante tener claro por lo menos lo siguiente: las políticas de “mano dura” no contribuyen a reducir la inseguridad de forma sostenible.8 Las políticas que responden a una lógica de populismo penal –como las que proponen los actuales detractores del sistema- pueden servir para tranquilizar de momento los miedos justificados de la ciudadanía y sobre todo para aparentar que se actúa en contra del crimen pero no hacen más que eso. Las estrategias de “mano dura” fallan por una simple razón: para gobernar a través del miedo, y hacerlo de forma efectiva, se requiere que la amenaza del castigo sea creíble y para ser creíble el Estado necesita destinar una cantidad exorbitante de recursos que garanticen sanción en la mayoría de los casos. Si esto no se materializa, la amenaza agota sus efectos disuasivos. Resulta absurdo que a estas alturas, las autoridades insistan en una vía que ha demostrado su fracaso; en México los incrementos en la duración de las penas y la criminalización de un mayor número de conductas han tenido efectos insignificantes en la prevención de dinámicas sociales nocivas.

Apenas hace un año cuando iniciaba la operación del sistema acusatorio en todo el territorio nacional, las autoridades anunciaban el inicio de la etapa de consolidación del modelo a partir de la evaluación de resultados; ahora parecen empeñados en dar una estocada al sistema sin ningún tipo de diagnóstico serio de por medio. Las acusaciones que las autoridades hacen al modelo acusatorio son irónicamente señalamientos a sus propias omisiones. En este sentido, las deficiencias que el sistema acusatorio presenta en la operación no son otra cosa que la evidencia de las negligencias políticas e institucionales que tuvieron lugar durante los ocho años que duró el proceso de implementación. Es inobjetable que existen fallas en la operación del modelo acusatorio y que éstas deben corregirse, sin embargo, estas fallas no se encuentran en el diseño normativo y, por ello, no se corregirán con un decreto en forma de ley. Lo que estamos viendo ahora es que las autoridades pretenden cambiar las reglas para evitar enfrentar sus responsabilidades y, lo más grave, es que las soluciones que proponen no responden a ninguna evaluación sino a simples intuiciones o, de plano, mentiras.

Carlos De la Rosa Xochitiotzi. Abogado por la UNAM, maestro por la Universidad de Yale y candidato a doctor por la misma universidad. Twitter: @delarosacarlos


1 La caracterización de “nuevo” cada vez es menos precisa, sobre todo porque lleva operando más de diez años en algunas entidades del país.

2 Una a una las acusaciones realizadas por el Jefe de Gobierno han sido desmentidas. Ver http://bit.ly/2uVwUqe

3 Ver CIDAC. Hallazgos 2016 Seguimiento y evaluación de la operación del sistema de justicia penal en México. (2016). Disponible en: http://bit.ly/2tQ2dCC

4 Ver http://bit.ly/2uVzdtr

5 Ver: http://bit.ly/2vgSkNQ

6 De acuerdo con datos proporcionados por la Dra. Catalina Pérez Correa en el foro “Personas privadas de la libertad por drogas en América Latina: costos sociales de la política de drogas” el 3 de noviembre de 2015. Ver también De la Rosa, Carlos & Moreno, Mireya, Encarcelar nos cuesta muy caro, disponible en: http://bit.ly/2vgPxUQ/p>

7 CATALINA PEREZ CORREA, LAS MUJERES INVISIBLES: LOS COSTOS DE LA PRISIÓN Y LOS EFECTOS INDIRECTOS EN LAS MUJERES (2015)

8 Ver por ejemplo Allegra M. McLeod, Decarceration courts: possibilites and perils of a shifting criminal law, 100, Georgetown Law Journal, 1587 (2012)

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