En México es práctica recurrente legislar sin evidencia y hacer política pública al vapor. Honrando esta costumbre, los gobernadores y titulares de seguridad pública exigen que se amplíe el catálogo de delitos con prisión preventiva y se flexibilizen o, de plano, eliminen requisitos que contribuyen a garantizar mayores estándares en la investigación del delito. Sin evidencia, los críticos señalan las supuestas deficiencias normativas del modelo acusatorio como las causantes de los incrementos recientes en la incidencia delictiva.1 En un artículo anterior me he referido ya a las motivaciones detrás de estas declaraciones y he señalado los riesgos de legislar sin evidencia o, en otras palabras, a base de mentiras.2 Lo más preocupante del asunto es que mientras el debate gira en torno a desmentir las declaraciones de las autoridades, se ignoran una serie de aspectos del sistema acusatorio que sí presentan deficiencias importantes y que requieren ser atendidos de forma urgente.

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Es un hecho probado que el sistema acusatorio no está funcionando como se prometió en la reforma penal de 2008.3 Sin embargo, las razones por las cuales la operación del modelo no es la óptima no son aquellas que con tanto ahínco señalan sus detractores y, sobre todo, no pueden ser corregidas con la mera modificación de una ley. Las fallas del sistema acusatorio no se resuelven cambiando las reglas procesales para disminuir los estándares y las expectativas. Lo que se requiere es revisar y corregir todo lo que los gobernadores y titulares de las instituciones dejaron de hacer durante los ocho años que se prolongó el proceso de implementación. Resalto tres puntos críticos de la reforma en los cuales es necesario incidir de forma estratégica: 1) el diseño de la política criminal y el fortalecimiento de las capacidades de investigación del delito, 2) la profesionalización de policías y ministerios públicos  y 3) el desarrollo de unidades de apoyo al proceso.

La procuración de “justicia” en el país se ha comportado históricamente de forma arbitraria e irracional. El uso estratégico de recursos para priorizar entre tipos de delitos era  inexistente y por ello tanto delitos graves como pequeños quedaban impunes. En teoría, el modelo acusatorio prevee reglas e instituciones que posibiliten dicha priorización con el fin de garantizar el acceso a la justicia en todos los casos. Por ejemplo, la introducción de mecanismos alternativos de solución de conflictos tiene el día de hoy un desempeño aceptable en las entidades donde opera de forma adecuada.4 Sin embargo, por lo general las Procuradurías carecen de lineamientos claros y de criterios homogéneos que permitan atender al fenómeno delictivo de forma estratégica. Estas ausencias, sumadas a la falta de capacitación y de recursos de los operadores, está generando una acumulación de asuntos en las procuradurías que puede derivar en la saturación del sistema.5 La falta de atención a las capacidades de investigación criminal está condenando al sistema a un eventual fracaso. En este contexto, no sorprende que el 99% de los asuntos judicializados a nivel federal sean casos iniciados por flagrancia y solo el 1% de los asuntos derive de una investigación criminal.6

El modelo acusatorio exige, para su adecuada operación, estándares más altos en el desempeño de los operadores. Al respecto, el caso de los policías de investigación quizá sea el más preocupante. De acuerdo con la reforma, los policías deberían llevar a cabo las tareas de investigación bajo la conducción del ministerio público; hoy, a causa de estas deficiencias, esto no ocurre así. Entre la aplicación de exámenes de confianza y condiciones laborales deplorables para los policías, la profesionalización de estos operadores es uno de los mayores pendientes del proceso de implementación de la reforma. De acuerdo con un reporte del CIDAC, uno de cada cuatro policías reporta que no se siente con la capacidad necesaria para realizar las tareas básicas que requiere su labor, y alrededor del 70% de los ministerios públicos reporta que el desempeño de los policías en labores de investigación es mala.7

Asimismo, el desarrollo de unidades de apoyo al proceso –esenciales para la correcta operación del modelo- ha sido, en el mejor de los casos, incipiente y, en el peor, nula. Por una parte no se cuenta con unidades de servicios previos al juicio requeridas para evaluar el riesgo que representa el imputado para el proceso. Sin esta unidad, ni los ministerios públicos ni el juez cuentan con información veraz que les permita determinar la medida cautelar adecuada para garantizar la comparecencia del imputado durante el proceso. Por otra parte, continúan ausentes –con honrosas excepciones- las unidades de medidas cautelares. A más de dos años y medio desde que la federación comenzaba a operar el sistema acusatorio en noviembre de 2014 aún no se ha creado la unidad de medidas cautelares federal. En lugar de desarrollar estas unidades, las autoridades pretenden simplemente modificar la ley para que de forma autómatica se determine prisión preventiva en todos los casos, con los costos económicos y sociales que ello conlleva.

Sin embargo, más allá de estos tres puntos críticos, la ausencia más notable de todo el proceso fue la falta de coordinación interinstitucional. Tras la aprobación de la reforma constitucional se iniciaron procesos de transformación al interior de las instituciones de todas las entidades y la federación. Estos cambios se produjeron en un escenario caracterizado por la improvisación ante la falta de una instancia que definiera una ruta crítica y coordinara esfuerzos de forma efectiva. Tras la desaparación de la Secretaría Técnica (SETEC) quien estuviera a cargo de estas tareas, con resultados medianos, la labor de coordinación ha sido adoptada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo cual ha implicado una priorización de la perspectiva de seguridad pública sobre la de justicia.8 Si bien las autoridades federales acordaron la creación de una instancia de coordinación interinstitucional para la consolidación del sistema, esta institución continúa ausente y, por ende, no existe desarrollo de políticas públicas en el sector con una visión integral.

Desde hace años, académicos, activistas y organizaciones de la sociedad civil denunciaron las deficiencias en el proceso de implementación; todos los elementos mencionados fueron señalados como focos rojos que, de no atenderse, pondrían en riesgo la adecuada operación del sistema acusatorio. No hay espacio alguno para que las autoridades culpen a un modelo cuyas características y requesitos conocieron por lo menos ocho años antes de que comenzar a operar en todo el país. Sin embargo, los desafíos para la consolidación del modelo acusatorio persisten y en lugar de atender y corregir estos aspectos, las autoridades han sencillamente optado por renunciar a la posiblidad de lograr un cambio benéfico para el país. Con una visión corta, como suele ser la visión de nuestros políticos, no hacen más que insistir en presentarse como “duros” contra el delito y abogar por modificaciones legislativas que no solo resultan innecesarias sino que implican un claro retroceso.9  Mientras esto sucede, no solo las autoridades están evitando hacer frente a sus responsabilidades sino que también están ignorando el enorme potencial del sistema de justicia acusatorio y con ello dilapidando una oportunidad de oro para lograr una verdadera transformación en la justicia del país.

Carlos De la Rosa Xochitiotzi. Abogado por la UNAM, maestro por la Universidad de Yale y candidato a doctor por la misma universidad. Twitter: @delarosacarlos


1 Ver http://bit.ly/2uVzdtr

2 Ver De la Rosa Xochitiotzi, Carlos, Legislar sin evidencia: una crítica a la crítica del sistema acusatorio. Disponible en Nexos.

3 Ver por ejemplo CIDAC. Hallazgos 2016 Seguimiento y evaluación de la operación del sistema de justicia penal en México. (2017). Disponible en: http://bit.ly/2tQ2dCC

4 CIDAC, La Otra justicia: reporte de la operación de la justicia alternativa en México, (2016) Disponible en: http://bit.ly/2s9o9uR

5 Ver por ejemplo CIDAC. Hallazgos 2016 Seguimiento y evaluación de la operación del sistema de justicia penal en México. (2017). Disponible en: http://bit.ly/2tQ2dCC

6 CIDAC. Hallazgos 2016 Seguimiento y evaluación de la operación del sistema de justicia penal en México. (2017). Disponible en: http://bit.ly/2tQ2dCC

7 CIDAC, La cara del sistema de justicia penal: ¿qué le hace falta al policía primer respondiente? (2017) Disponible en: http://bit.ly/2uit0K2

8 Ver por ejemplo CIDAC. Hallazgos 2016 Seguimiento y evaluación de la operación del sistema de justicia penal en México. (2017). Disponible en: http://bit.ly/2tQ2dCC

9 Ver http://bit.ly/2uVwUqe

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