Cuando la reforma de justicia y seguridad se aprobó en junio de 2008, los artículos transitorios establecieron un plazo de ocho años para su implementación. En dicho periodo las entidades federativas y la federación debían garantizar los cambios normativos e institucionales necesarios para operar de forma óptima el modelo acusatorio en todo el territorio nacional y para todos los delitos. Entre los aplausos de los impulsores y las voces críticas de quienes resistían al cambio, muy pocos indagaron en las razones detrás del establecimiento de ocho años como el tiempo necesario para lograr la transformación más ambiciosa en la historia del sistema de justicia en México. Aún hoy, un año después de que el plazo venciera, hay pocas explicaciones de por qué se determinó dicha temporalidad.

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El establecimiento del plazo para la implementación de la reforma es un buen ejemplo que evidencia las características principales del proceso de implementación que le continuó: la ausencia de diagnósticos y la improvisación. Más allá del logro que implicó modificar la constitución y el optimismo que provocó entre activistas y organizaciones de la sociedad civil, la implementación del sistema acusatorio implicaba el desafío mas importante en la historia del sector y para llevarse a buen término requería una auténtica y eficiente coordinación interinstitucional. Hoy a nueve años de la aprobación de la reforma sabemos que ello no ocurrió. Desde el comienzo, la implementación fue problemática. Los primeros años de la reforma transcurrieron entre el desinterés y la desidia institucional. La reforma era un tema políticamente correcto del cual convenía hablar pero respecto al cual se hacía muy poco para convertir esos discursos en realidad; tanto la asignación de responsabilidades como de recursos resultaron procesos altamente desordenados. A la par, muchos de los esfuerzos de esos primeros años se dedicaron a intentar convencer a la resistencia; ahora resulta claro que estos esfuerzos de persuasión no fueron suficientes, ni siquiera un año después del inicio de operaciones en todo el país han surgido diversas voces críticas que abogan por una “contrarreforma”.

Un cambio tan ambicioso requería de la alineación de diversas voluntades políticas y de planeaciones institucionales que trascendieran ciclos políticos. Para funcionar entidades y federación debían trabajar de forma coordinada. Sin embargo, desde el inicio el desinterés del gobierno federal fue evidente; a la administración del presidente Calderón la reforma de los “juicios orales” le tenía sin cuidado y su prioridad era la seguridad pública. Con algunas excepciones, la situación en las entidades fue similar: los gobernadores decidieron postergar las labores para el siguiente ciclo político. La visión de un proyecto transexenal sirvió de poco y evidenció la indolencia de autoridades que sabían que la justicia vende poco politicamente y que invertir en ella no genera resultados a tiempo para la siguiente campaña electoral.

Es cierto que la llegada de la administración federal actual implicó un nuevo impulso a la reforma; en el inicio de la administración del presidente Peña quedó claro que no había espacio para la temida “contrarreforma” pero tampoco para una prórroga. El mensaje fue claro desde el principio: la meta debe cumplirse sí o sí. Si bien el tema recobró importancia en la agenda pública y los recursos provenientes de la federación incrementaron de forma significativa, estos cambios no se acompañaron de mecanismos que garantizaran un adecuado uso de los recursos y que aseguraran que los cambios eran sustantivos y no únicamente cosméticos. En este sentido, la implementación era cada vez más un proceso donde lo importante era palomear metas en lugar de asegurar cambios de calidad.

Apenas en noviembre de 2014, un año y medio antes del término del plazo constitucional, la federación inició operaciones en un par de estados con el modelo acusatorio. De forma similiar, en muchas entidades donde el tema había sido completamente ignorado durante años el modelo acusatorio se “implementó” en cuestión de meses. La etapa final del plazo de ocho años parecía una carrera donde no importaba cómo llegar, siempre y cuando se llegara formalmente al final. Como era de esperarse, las voces más críticas del proceso comenzaron a señalar lo evidente: el cambio era nominal y las viejas prácticas continuaban presentes. Si bien es cierto que se avanzó en ciertos ámbitos, sobre todo en desarrollo de infraestructura, las acciones de implementación fueron incapaces de modificar los puntos críticos del sistema de justicia: el fortalecimiento de las capacidades de investigación del delito, la profesionalización de las policías y el rediseño de las instituciones.

La procrastinación hecha política pública impidió que hoy nos encontremos donde nos prometió la reforma constitucional de 2008. Casi una década y 15. 4 mil millones de pesos después, la reforma al sistema de justicia no ha concluido . Víctima de la recurrente práctica de legislar sin evidencia y de negligencias políticas, la reforma se encuentra probablemente en su punto más crítico. Los gobernadores y titulares de seguridad pública han logrado posicionar con fuerza su mensaje entre la ciudadanía: el sistema acusatorio es el causante de los problemas de inseguridad en el país. A la par se asoman una serie de iniciativas que pretenden dar inicio a un retroceso que implicaría la pérdida de los derechos ganados por la ciudadanía. Más allá de los argumentos, el debate en torno al sistema de justicia se ha convertido en un discusión en dónde no importa la veracidad de los hechos sino quien lo repite mas y lo dice más fuerte. En este contexto, el futuro de la reforma parece incierto. Lo irónico es que quienes buscan sepultarla son precisamente quienes fallaron en su fortalecimiento.

A pesar de la improvisación y la falta de evaluaciones institucionales en el proceso de implementación, lo cierto es que la “reforma de los juicios orales” sí partió de un diagnóstico atinado de la realidad: la “justicia” mexicana operaba de forma opaca y arbitraria, generando desprestigio y desconfianza entre la ciudadanía. Cambiar era necesario y el modelo acusatorio representó una alternativa que prometía una mayor transparencia, celeridad, respeto a los derechos humanos y justicia. Más allá de los detractores que buscan subsidiar con cambios legales sus responsabilidades políticas e institucionales, lo cierto es que el modelo acusatorio representa una apuesta audaz en materia de justicia para el país. El diseño normativo e institucional que le acompañan tienen el potencial de propiciar un mayor acceso a la justicia e incrementar la lastimada legitimidad de las instituciones.

Parece que solo hay dos alternativas: 1) ceder ante los impulsos autoritarios que pretenden solucionar los problemas de inseguridad con “mano dura” o 2) insistir en el cambio propuesto por la reforma de 2008 y demandar que las autoridades actúen para corregir sus omisiones. La primera implica renunciar a los derechos ganados y ceder ante una contrarreforma que nos llevaría de vuelta a un sistema que ha probado su ineficacia. La existencia de una mínima consciencia histórica y social nos obligará a elegir y defender la segunda opción. La ruta de esta alternativa debe empezar por un diagnóstico preciso sobre lo que está pasando y, por ende, determinar responsabilidades y corregir los errores de la indolencia gubernamental. Consolidar el sistema acusatorio no solo como un slogan político sino una realidad. Esto al tiempo de ver las cosas en sus justas proporciones, es decir, asegurarnos de que el sistema de justicia responda a las necesidades de la ciudadanía pero también evidenciar que la mayoría de las respuestas a las dolencias de la justicia y la seguridad en México no las encontraremos necesariamente en el sistema de justicia sino en los mecanismos integrales de prevención del delito y en el desarrollo de las condiciones económicas y sociales del país. Suenan a lugares comúnes pero es tiempo de reconocer que no hay recetas mágicas.

Carlos De la Rosa Xochitiotzi. Abogado por la UNAM, maestro por la Universidad de Yale y candidato a doctor por la misma universidad. Twitter: @delarosacarlos


1 CIDAC. Hallazgos 2016 Seguimiento y evaluación de la operación del sistema de justicia penal en México. (2017). Disponible en: http://bit.ly/2tQ2dCC