Hace una semana, la organización “Ahora” pidió la renuncia de todos los consejeros integrantes del Consejo General del INE. Las razones para ello se sintetizan en lo que consideran falta de independencia del INE para organizar y conducir los procesos electorales, marcadamente la elección presidencial del 2018.

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La petición de ese movimiento no es espontánea ni parece que vaya a quedarse como una ocurrencia del momento, más bien abre un doble frente para el INE.

Por una parte, “Ahora” es grupo organizado de ciudadanos, en el que destacan importantes académicos, activistas sociales, artistas y otras figuras públicas que tienen un impacto considerable en la opinión pública.

Por otro lado, “Ahora” es también una organización con una agenda política que busca impulsar a Emilio Álvarez Icaza como candidato independiente a la presidencia de la República en el 2018. Ello puede llevarnos en un futuro cercano, a una situación de descalificación y desconfianza a priori del árbitro electoral por parte de uno de los posibles candidatos presidenciales y, por lo tanto, a un desgaste todavía mayor de las autoridades electorales involucradas.

La organización que lidera Álvarez Icaza ha expuesto de manera clara, concisa y, me atrevo a decir que hasta didácticamente,1 algunas de las deficiencias, errores y problemáticas que ha sufrido el INE y por las cuales su independencia, imparcialidad, credibilidad y autoridad han sido severamente cuestionadas.

Probablemente por el peso de las acusaciones de esa organización y del potencial para convertirse en un gigantesco problema para el INE, hace unos días los 11 consejeros electorales nacionales dieron conjuntamente una rueda de prensa para tratar de calmar las aguas.

¿Nos sirve cambiar de consejeros?

Aunque es indudable que el INE no atraviesa por su mejor momento, estoy convencido de que el cambio de sus consejeros por sí solo no resuelve el problema. Recién en un artículo publicado en el periódico Excelsior,2 Pascal Beltrán señalaba acertadamente que el cambio de consejeros en el 2007 del entonces IFE, lejos de robustecer a esa institución, contribuyó a su deterioro. No porque unos consejeros fueran mejores o peores que los otros, sino simple y sencillamente porque el órgano se debilitó y fue más fácil su captura por los partidos políticos.

El problema mayor del INE y de otras instituciones electorales no son las personas que los dirigen, sino el entramado institucional en el que deben operar.

La compleja normativa legal en materia electoral, en particular a partir de la reforma del 2014, contribuyó a sepultar los restos de confianza y credibilidad ciudadana en las instituciones electorales. Tan es así, que incluso sus entonces impulsores y defensores dentro y fuera del Congreso son ahora sus mayores críticos.

La reducción de los plazos en la fiscalización hace imposible revisar a profundidad los verdaderos gastos de las campañas, y menos aún cuando la autoridad nacional tendrá la responsabilidad de revisar los ingresos y gastos de campañas en 30 estados, diputados federales y senadores, además de la elección presidencial.

Las reglas de la “cancha pareja” son un buen intento para buscar la equidad entre los contendientes en la elección del 2018. Sin embargo, habría que tomar en cuenta que no se trata de una iniciativa del INE sino de un mandato del Tribunal Electoral para establecer una serie de reglas que regulen las condiciones y modalidades en que los partidos políticos pueden hacer uso de los tiempos en radio y televisión.

El INE es víctima de una monstruosa centralización de los procesos electorales, y paradójicamente el discurso oficialista aconseja la desaparición de lo que queda de los organismos electorales locales, ahora llamados OPLES. Ello aun y cuando fueron los propios consejeros electorales quienes eligieron a quienes integran esos organismos locales en todo el país, además de tener el control y la facultad legal de revisar y supervisar prácticamente todas sus actividades.

En descargo del INE habría que decir que su tan criticada tibieza con partidos y candidatos políticos tiene mucho que ver con los criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral, en particular con su integración anterior. Casos como la pérdida de registro del PT, las sanciones al PVEM, las destituciones de consejeros electorales de los OPLES, criterios sobre el uso de programas sociales, entre otros, han incidido en la actuación y decisiones del INE.

Sin duda alguna, las personas que dirigen una entidad gubernamental imprimen su sello personal en el ejercicio de la función pública. Sin embargo, el marco institucional y las reglas del juego delimitan siempre e irremediablemente su marco de acción.

En un interesante estudio sobre el funcionamiento de la judicatura chilena,3 Lisa Hilbink explica por qué jueces entrenados y nombrados por gobiernos democráticos facilitaron y a la vez legitimaron políticas como las de Augusto Pinochet. La conclusión del estudio apunta a que la concepción del rol judicial internalizada por los jueces, así como el diseño estructural en el que funcionaban, desincentivaron la defensa de los principios y valores democráticos liberales en Chile. Es decir, aun cuando existían algunas diferencias políticas personales entre algunos jueces y el régimen en turno, particularmente en la Corte Suprema chilena, ese factor no era suficiente en sí mismo para explicar la pobre defensa de los principios democráticos por parte de los tribunales, no solo durante, sino que también antes y después de la dictadura chilena.

En este sentido, todo parece indicar que la crisis actual del INE no es responsabilidad exclusiva de sus consejeros, sino parece más bien un producto de las reformas electorales, criterios administrativos, jurisdiccionales y presiones políticas y mediáticas a las que hemos sometido a esa institución a lo largo de casi dos décadas.

“Ahora” responde al INE

La conferencia de prensa ofrecida el pasado viernes 21 de julio por los once consejeros electorales tuvo una respuesta contundente. En un comunicado de prensa, difundido en los medios de comunicación y en redes sociales, “Ahora” recriminó al INE su falta de responsabilidad constitucional, política e histórica de cara al 2018.

Es particular porque en vísperas del proceso electoral más importante y complejo de nuestra historia, el INE no ha sabido reconocer la insuficiencia y el fracaso de los mecanismos de fiscalización de los que dispone, su responsabilidad al elegir a las autoridades locales (OPLES), y su rol central para contener o buscar detener el uso de programas sociales, entre otros.

Si bien el INE, como otras autoridades electorales, enfrenta un entramado institucional complejo para realizar sus funciones, ello no implica que quienes lo dirigen no puedan reconocer las insuficiencias al aplicar las normas electorales o en la operación de la propia institución.

El discurso institucional del INE que califica como un éxito las elecciones recién celebradas, así como la fiscalización del dinero de las campañas políticas, transmite en la opinión pública la idea de que quienes lo dirigen viven en un realidad alterna, lo cual debilita su autoridad justo como árbitro electoral.

Recientemente en una entrevista para la revista Proceso, el exconsejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde Ramírez, señalaba que el INE estaba actuando únicamente bajo una óptica legalista, sin adoptar un rol de autoridad política e incluso de autoridad moral en los procesos electorales.

En el peor escenario, la falta de autocrítica de los consejeros del INE puede terminar en un juicio político en términos del artículo 109 de la Constitución por incurrir en actos u omisiones que afecten los intereses públicos fundamentales o su buen despacho, y en un descrédito de la autoridad electoral más importante del país.

Espero sinceramente que el INE pueda superar los cuestionamientos tan tempranos a su actuación, y que ello contribuya a reforzar su papel como árbitro y autoridad electoral en los comicios del 2018. De no ser así el contagio a las demás instituciones parece inminente.

Francisco Zorrilla. Maestro en derecho por la Universidad Rheinische Friedrich-Wilhelms en Bonn, Alemania, especialista en derecho constitucional por la UNAM y licenciado en derecho por el ITAM. En su ejercicio profesional ha trabajado como abogado en diversos despachos, en el entonces Instituto Federal Electoral y en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Actualmente se desempeña como Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Distrito Federal.


1 http://elsecuestro.ahora.si/

2 http://bit.ly/2vGVonC

3 Hilbink Lisa, Jueces y política en democracia y dictadura. Lecciones desde Chile, Flacso, México, 2014.