El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos.

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Sistema anticorrupción y declaración patrimonial1

La dinámica de estudio fue la siguiente. La Constitución mexicana impone la obligación a los servidores públicos de presentar la declaración patrimonial y de intereses ante la autoridad competente y más importante, “en los términos que determine la ley”.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas –devenida de este nuevo sistema anticorrupción implementado desde la Constitución- indica que estas declaraciones, en primer lugar, deben ser públicas y, segundo, estableciendo la salvedad de temas que puedan afectar la vida privada y datos protegidos, siendo el Comité Coordinador a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, quien se encargaría de decidir ambas cosas.

La pregunta a resolver en el estudio realizado por la Corte era la siguiente: ¿el modelo implementado por la Ley General arriba citada, se podía entender como el mandato constitucional de los términos que determine la ley? La votación alcanzada y el gran número de votos concurrentes, hacen concluir que no fue un tema de fácil resolución.

Dos fueron las posturas clave en la Corte. Por un lado, aquellos ministros que decían que no, determinación en la ley es, precisamente, la existencia de una ley que haga estas determinaciones y dejar estas especificidades a los Comités no cuenta como ello. Por otro lado, aquellos ministros que afirmaba que efectivamente el modelo legal cumplía con el mandato constitucional.

Sin embargo, aunque con muchas versiones del mismo problema, la Suprema Corte concluyó que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción tendría la facultad de decidir sobre los formatos de declaración patrimonial y de intereses para los servidores públicos, pero igual para validar qué información sería pública.2

Sistema electoral y nombramientos judiciales3

El tema de estudio fue la transcendencia de la norma que modificó los periodos de encargo de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La problemática fue la siguiente. El Senado de la República, por indicación constitucional, eligió el 20 de octubre de 2016, a partir de las propuestas de la Suprema Corte, a las siete personas que integrarían la Sala Superior, especificándose el periodo para cada uno de ellos, los cuales rindieron la protesta respectiva. Sin embargo, el 3 de noviembre siguiente, el Congreso de la Unión emitió la norma que se estaba estudiando, donde prorrogó los periodos de mandatos de cuatro de esos magistrados, quienes en consecuencia, rindieron nuevamente protesta.

La propuesta del ponente era sobre la declarar inválida esta última norma, en base a varios argumentos: la inexistencia de facultad del Congreso de la Unión -como legislador secundario- para afectar el régimen de escalonamiento determinado desde un mandato constitucional; violación a los principios de división de poderes y acceso a la justicia en su vertiente de independencia judicial por afectación a la inamovilidad y la estabilidad judicial; violación a los principios de irretroactividad y seguridad jurídica; afectación al escalonamiento y armonización con los procesos electorales.4 Sin embargo, la Corte decidió que la normatividad en estudio debía considerarse válida y solicitó a la ministra Luna Ramos la elaboración del engrose basado en los argumentos presentados por la mayoría.5

Derechos humanos. Ombudsman6

La reforma a la constitución local creó una Comisión Estatal de Derechos Humanos, la cual conocería sobre: “quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa violatorias de los derechos humanos, provenientes de cualquier autoridad o servidor público del estado o los municipios, con excepción de los del Poder Judicial del Estado.” Esta excepción fue la analizada por la Corte en este punto. Los proponentes del caso argumentaban que tal excepción aminoraba injustificadamente la actividad de la nueva Comisión, violentando los arreglos constitucionales.

Sobre ello la Corte resolvió que las excepciones planteadas en la Constitución mexicana –de las actuaciones de las Comisiones de Derechos Humanos- se referían a dos dimensiones exclusivamente: la primera, sobre los actos administrativos del Poder Judicial de la Federación; la segunda, sobre actos de naturaleza electoral y jurisdiccional. De tal forma que si la segunda se podía referir a las resoluciones generadas por las autoridades jurisdiccionales locales, la primera especificaba que los actos administrativos que quedarían fuera de las facultades de los ombudsman serían exclusivamente lo relativos al Poder Judicial Federal, lo que implicaba que tal excepción no era extensible al Poder Judicial del Estado7 y, sobre ello, por tanto, no había libertad configurativa de las entidades federativas.

El segundo argumento estudiado fue que la reforma constitucional local obligaba a un procedimiento al interior del Congreso local –específicamente la emisión de un dictamen de las Comisiones Permanentes (de Derechos Humanos y la relativa al cargo del servidor público) aprobado por el Pleno- para llamar a las autoridades o servidores públicos locales para que comparezcan. Los accionantes argumentaban que este trámite debía desaparecer y dejar exclusivamente para la comparecencia, la solicitud del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

A tal situación la Corte definió que los Congresos tienen una dinámica de trabajo propia, que requiere de la participación de sus Comisiones Legislativas y de las decisiones de sus Plenos y pretender que sus acciones –en este caso la comparecencia del servidor público que no cumplió con una recomendación del ombudsman local- se realicen con la sola petición de la Comisión de Derechos Humanos, implicaba no respetar tal dinámica. Eso aunado a que la reforma de derechos humanos de 2011, había instaurado una suerte de auditoría social, donde los servidores públicos que habiendo recibido una recomendación de las comisiones locales de derechos humanos pero no hubieren cumplido con ella, tendrían la obligación de fundar y motivar la negativa, al igual que hacerla pública.8

Víctor Collí Ek. Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche. Responsable del proyecto de investigación: “La Suprema Corte y la defensa de los derechos humanos en el nuevo paradigma jurisprudencial en México. Doctrina constitucional en serio”, financiado por la SEP-PRODEP, del cual el presente es un producto. Agradezco la colaboración de mis compañeros del Cuerpo Académico: Derechos Humanos y Problemas Constitucionales, UNACAM-CA-55 e igualmente agradezco la participación de: Israel Neftalí Naal Zarate, Jair Andrés Gómez Pinzón, Gladys Erisbeth Pino Mena María Fernanda Barahona Zubieta  y Sheira Barahona Aké alumno de la licenciatura en Derecho de la UAC.


1 Acción de Inconstitucionalidad 70/2016. Ponente Min. José Ramón Cossío Díaz. Sesionada los días 12 y 13 de junio de 2017. Ley General de Responsabilidades Administrativas.

2 Seis votos a favor del sentido del proyecto. Sesión del 13 de junio, p. 21.

3 Acción de Inconstitucionalidad 99/2016. Ponente Min. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Sesionada los días: 20, 22, 26 y 27 de junio de 2017. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

4 Los argumentos presentados por el ponente, inicialmente, puede ser vistos en la sesión del 22 de junio, pp. 3-9.

5 Mayoría de seis votos en contra de la propuesta del proyecto. Sesión del 27 de junio de 2017, p. 17.

6 Acción de Inconstitucionalidad 30/2013. Ponente Min. Javier Laynez Potisek. Sesionada el 27 y 29 de junio de 2017. Igualmente ese día día se discutió la Acción de Inconstitucionalidad 42/2013, que analizaba la dimensión legislativa de del asunto anterior.

7 Mayoría de 9 votos a favor de la propuesta modificada. Sesión del 29 de junio de 2017, p. 20.

8 Unanimidad de votos. Sesión del 29 de junio de 2017, p. 29.