Durante muchos años, la separación entre las familias del civil law y  common law fue bastante latente en la doctrina jurídica universal y justamente en México, al alinearse su sistema jurídico con los principios del derecho romano-germánico, parecía que la distancia con el derecho anglosajón era abismal. Razón por la que se percibía imposible que dentro de la lógica de la justicia mexicana se aplicaran conceptos o lineamientos de dicha corriente.

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Sin embargo, a raíz de la reforma al sistema penal en 2008 y la reforma de derechos humanos en 2011, no es tan descabellado afirmar que nuestro ordenamiento jurídico parece decidido a poner fin a este divorcio entre common law y civil law que ha regido nuestro sistema. Ya que si bien la base del derecho mexicano sigue siendo fiel al derecho romano germánico, se ha abierto la puerta a tomar ciertos elementos del derecho anglosajón, tales como la oralidad de los juicios en materia penal y, gracias a una reciente sentencia de la Suprema Corte, invocar un principio característico del derecho estadounidense como lo son los daños punitivos en el marco legal del país.

Esta decisión puso sobre la mesa una nueva jurisprudencia que actualiza un modelo paradigmático respecto a la reparación del daño moral derivada de la responsabilidad civil que estuvo arraigado por muchos años. Lo cual abre la puerta a que los jueces del ordenamiento civil puedan sancionar con indemnizaciones compensatorias a empresas derivado de actividades negligentes de éstas.

Así, al resolver el amparo directo 30/2013, la Corte dio luz verde a la aplicación de la figura de daños punitivos en el país ampliando así el método para cuantificar el alcance del daño moral, lo cual es relevante dado que antes de tal resolución no existía un método exacto o preciso para determinar la cantidad adecuada a pagar por una afectación al daño moral en el país.

Tras una serie de apelaciones impulsadas por las partes se determinó inicialmente que la empresa estaría condenada a pagar una suma de 8 millones de pesos basándose en lo indicado por el artículo 1916 del Codigo Civil para el Distrito Federal. El cual establece que el juez competente debe determinar el monto contemplando la condición socioeconómica de la víctima, lo cual restringe a que las indemnizaciones millonarias solo tengan lugar cuando el dañado tenga un estatus socioeconómico elevado.

Los padres del fallecido impugnaron tal resolución mediante amparo solicitando que la Suprema Corte tuviera conocimiento del caso, de modo que consideró que tal artículo era discriminatorio al no estar alineado al artículo 1º constitucional que garantiza la igualdad al condicionar el monto de acuerdo a la situación económica de la víctima, aterrizando así la figura de daños punitivos en la sentencia.

El caso sobre el cual versa esta sentencia inicia después de que un joven muere dentro de las instalaciones del Hotel Mayan Palace Acapulco tras usar el servicio del kayack que ofrecía el hotel en el lago artificial. Lo que sucedió fue que accidentalmente la balsa se volteó y, al estar el agua electrificada, resultó en la muerte del sujeto en cuestión. Los padres del fallecido inician un proceso demandando la reparación del daño por la muerte de su hijo. En un inicio la empresa procuró defenderse argumentando que al firmar el contrato de hospedaje, el usuario aceptaba usar los servicios bajo su responsabilidad y liberaba al hotel de cualquier responsabilidad derivada de los riegos de accidente que pudieran  originarse por usar estos.

Sin embargo, desde primeras instancias se resolvió que la empresa era responsable de la muerte de la víctima, ya que si bien el contrato de hospedaje libera de responsabilidad al hotel asumiendo el riesgo que conlleva realizar cierta actividad. Esta liberación de responsabilidad se refiere a incidentes que puedan ocurrir por cuestiones de fuerza mayor o en respuesta a las mismas limitaciones del usuario –como, por ejemplo, que se meta a una alberca honda sin saber nadar-. Sin embargo, en este caso, el riesgo se configuró a partir de la negligencia del hotel por no tener sus instalaciones en óptimas condiciones para ser usadas de manera segura por los huéspedes.

Tras establecer que, en efecto, la empresa había incurrido en negligencia al ser responsable de la muerte de la víctima, la lógica de la sentencia discutida fue establecer el alcance de la responsabilidad del hotel con relación a la afectación a la esfera jurídica de los padres de la víctima.

La Suprema Corte esbozó un análisis en que se distingue la diferencia entre la responsabilidad contractual y extracontractual que derivan de una relación contractual, refiriéndose que la primera emana de un acuerdo de voluntades que ha sido transgredido por alguna de las partes, en tanto que la segunda se desprende del incumplimiento de una obligación de no dañar a terceros.

Así, pues, para que se genere responsabilidad contractual basta con que alguna de las partes incumpla con una de las claúsulas pactadas en el contrato; por ejemplo, se hubiera hablado de responsabilidad contractual si la víctima no hubiese pagado el precio del servicio en el tiempo pactado o si el hotel no le hubiera proveído de habitación una vez que el cliente firmó el acuerdo de voluntades. En cambio, en la responsabilidad del extracontractual se debe determinar si la responsabilidad es subjetiva u objetiva. En el primer supuesto, existe un dolo o negligencia al momento de provocar el daño, en tanto que en el segundo aunque no exista esa mala intención, el daño de cualquier modo se produce.

Lo anterior cobra sentido ya que aunque en dicho caso existía un contrato que establecía y limitaba los derechos/obligaciones entre las partes, el daño moral se configura a partir de una responsabilidad extracontactual del prestador de servicios al incurrir en descuido o negligencia al ofertar dicho servicio sin que se cumplieran con las condiciones óptimas para que los usuarios puedan utilizarlo de manera segura.

Esta obligación, pues, no venía expresamente enunciada en el contrato dado que rebasaba los propios límites de esa relación contractual. Al regirse por leyes encargadas de regular la actividad de estos prestadores de servicios, el hotel debía operar de acuerdo a los lineamientos de tal normatividad garantizando la seguridad de los usuarios. De tal manera que en este caso no se incumplió una obligación establecida en el contrato de hospedaje, sino en una de carácter genérico. En el entendido de que aunque el incumplimiento afectó directa y exclusivamente a la víctima, es claro que todos los huéspedes del hotel durante esa fecha corrían el mismo riesgo, por lo que aquí la controversia no radica en un acuerdo de voluntades exclusivo entre víctima y empresa, sino que el incumplimiento de tal obligación para con el fallecido también puso en situación de riesgo a todos los usuarios del hotel independientemente del contrato que hayan firmado con la empresa.

La sentencia indica claramente que para que se pueda fijar responsabilidad, se debe tener probado el daño como cierto, lo cual en este caso quedó comprobado debido al negligente mantenimiento del hotel a sus instalaciones. Ahora bien, la premisa del daño moral parte de reparar las lesiones o afectaciones de carácter extrapatrimonial; es decir, que no son susceptibles de ser valuados en dinero, tales como la imagen o los sentimientos.

Los daños punitivos vienen a ampliar la reparación que se le pueda dar al daño moral, ya que mientras éste básicamente busca que el responsable pague una cantidad que de algún modo se entiende es suficiente para subsanar el daño causado, el objetivo de la figura del daño punitivo es castigar al infractor para que no vuelva a incurrir en la acción sancionada y además persuadir a otros posibles infractores de no hacerlo.

La manera como la Suprema Corte llegó a utilizar esta figura para resolver la controversia fue partiendo del derecho a una justa indemnización, pues se debía determinar cuál sería una compensación justa que de algún modo modo subsanara el daño ocasionado a los sentimientos de las personas. Aunque se entiende que esto puede ser subjetivo dado su naturaleza extrapatrimonial, se parte de los principios del derecho internacional en que la naturaleza de la compensación debe saciar la necesidad de justicia de los afectados, valuando desde una perspectiva cualitativa y no necesariamente cuantitativa.

En un sentido amplio, el derecho a una justa indemnización viene garantizado y regulado en el artículo 1916 del Código Civil del Distrito Federal, en el cual se establece el derecho a recibir una justa indemnización por un daño moral resentido (ya sea sentimientos, honra o reputación). No obstante, se consideró que la última porción del párrafo de dicho artículo era discriminatoria ya que aunque se indicaba que debía evaluarse la capacidad económica del infractor y su grado de responsabilidad al causar el daño, el juez también debía considerar la situación económica de la víctima, lo cual ponía un candado a que las sanciones fueran millonarios para personas que no tuvieran un estatus económico privilegiado.

Tal disposición es discriminatoria porque pareciera condicionar a que la víctima tuviera un futuro “pleno” o “prometedor” monetariamente hablando para que el monto de la indemnización fuera elevado, por lo que valuar la situación económica de la víctima para establecer tal cantidad es contrario al derecho a la igualdad.

Por lo tanto, esta sentencia de la Suprema Corte es valiosa y sienta un gran precedente para futuras controversias por daño moral porque no se limita a calcular una cantidad de dinero para efectos de reparar la afectación a la esfera jurídica de los ofendidos, sino que se tomaron en cuenta tanto los derechos lesionados como la capacidad económica del responsable. De tal manera que además de reparar el daño, éste fuera castigado de acuerdo a la teoría de los daños punitivos. Esto es, siguiendo la lógica de que se debe sancionar severamente a quien ha causado un daño y, al mismo tiempo, fomentar una cultura de prevención para que tal situación no vuelva a repetirse.

Víctor López Velarde Santibáñez. Estudiante de la licenciatura en derecho de la Universidad del Claustro de Sor Juana.

 

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