En nuestro país, el estudio normativo del parlamento mexicano resulta escaso. El Congreso juega una función fundamental en nuestro sistema constitucional: aglutinar la representación popular para determinar las normas que dan sentido al sistema jurídico mexicano y, de esta forma, servir como un contrapeso frente a los otros poderes e instituciones.

El Congreso es el único poder que está obligado a procesar disensos y acuerdos a través de esquemas claros de pluralidad política. La falta de una mayoría absoluta en el Congreso de la Unión no había significado parálisis legislativa. De hecho, “el número y la frecuencia de las enmiendas o adiciones a la Constitución no sólo no se detuvieron con la ausencia de mayoría de una sola fuerza política, sino que aumentó significativamente a partir de 1977”.1

El pasado 31 de agosto, por primera vez en la historia de este Congreso, el Pleno de la Cámara de Diputados2 no alcanzó los acuerdos necesarios para la integración de su Mesa Directiva. Esta situación generó especulaciones, interpretaciones normativas y un amplio debate al interior de la Cámara baja respecto a las consecuencias de no contar con el órgano de gobierno, de máxima conducción parlamentaria.

La situación se agravó en la primera sesión ordinaria, celebrada el día de ayer, dado que la propuesta de la Junta de Coordinación Política no alcanzó la mayoría calificada y obtuvo 257 votos en favor, 209 votos en contra y 2 abstenciones.3

Ley Orgánica del Congreso de la Unión.

Ahora bien, como cualquier institución del Estado, el funcionamiento del Congreso de la Unión debe sujetarse a disposiciones legales. En este sentido, la Constitución federal le otorga al Congreso de la Unión la facultad de emitir su Ley Orgánica conforme a lo siguiente:

Artículo 70. …

El Congreso expedirá la Ley que regulará su estructura y funcionamiento internos.

Esta ley no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del Ejecutivo Federal para tener vigencia.

Respecto al caso en estudio, la Ley4 establece las siguientes hipótesis normativas:

ARTICULO 17.

2. La Cámara elegirá a la Mesa Directiva por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, mediante una lista que contenga los nombres de los propuestos con sus respectivos cargos.

7. La elección de los integrantes de la Mesa Directiva para el segundo y tercer año de ejercicio de la Legislatura, se llevará a cabo durante la sesión preparatoria del año de ejercicio que corresponda, garantizando que la presidencia de la Mesa Directiva para tales ejercicios recaiga, en orden decreciente, en un integrante de los dos grupos parlamentarios con mayor número de diputados que no la hayan ejercido. (…) Si en dicha sesión no se alcanza la mayoría calificada requerida, esta Mesa continuará en funciones hasta el día 5 del siguiente mes con el fin de que se logren los entendimientos necesarios. [El énfasis es propio]

Adicionalmente, la Ley no establece una consecuencia jurídica ante la falta de obtención de la mayoría calificada para elegir a la Mesa Directiva, como sucedió en estos días. En palabras del diputado Édgar Romo, integrante del Grupo Parlamentario del PRI:

Es mentira que no existe crisis. (…) Por supuesto que de no darse la integración de la Mesa Directiva existirá una crisis constitucional. (…) Allá de aquél que se atreva a ejercer un cargo en la Mesa Directiva porque simple y sencillamente estaría usurpando funciones (…) No está permitido continuar con la Mesa Directiva en nuestra Ley. (…) Eso nos va a llevar a que carezcamos de un órgano de conducción, de un órgano que nos pueda dirigir en el debate (…).5

Así, pues, más allá de los entendimientos políticos que deberán darse en el parlamento, resulta de vital importancia debatir las consecuencias jurídicas de que resultarán de la falta de una Mesa Directiva en la Cámara de Diputados y, de esta manera, discutir la posibilidad de una crisis institucional en el Parlamento.

Funciones y alcances de la Mesa Directiva

En principio, la Mesa Directiva tiene la facultad de conducir los trabajos de la Cámara reunida en Pleno: aspecto que no resulta menor, dado que la apertura y clausura de las sesiones recaen en este órgano. De esta forma, puede argumentarse que la falta de una Mesa Directiva complicará la instalación del Pleno y, con esto, se suspenderá el procesamiento de los asuntos a discusión y votación.6

En segundo lugar, la Cámara de Diputados no contará con representación legal, dado que ésta se confiere a la presidencia de la Mesa Directiva.7 Aunado a lo anterior, la falta de representación podrá impactar en el ejercicio de diversas facultades de la presidencia como: 1) Conducir las relaciones de la Cámara con otros poderes federales y locales;8  2) solicitar al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atención prioritaria de los juicios de amparo, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad9 y 3) dar curso a los asuntos y determinar los trámites que deban recaer sobre las cuestiones con que se dé cuenta a la Cámara,10 así como firmar la correspondencia y comunicaciones oficiales de la misma.11

En tercer lugar, la Mesa Directiva tiene la obligación de coadyuvar en la revisión de validez normativa de las resoluciones parlamentarias.12 Esta facultad tiene un impacto sustantivo en el funcionamiento ordinario de la Cámara. De igual forma, la falta de integración de la Mesa puede generar externalidades en el funcionamiento interno parlamentario dada la imposibilidad de ejercer, entre otras, las siguientes facultades de la presidencia: 1) Firmar las leyes y decretos que expida el Congreso General y suscribir los decretos, acuerdos y resoluciones de la Cámara13 y 2) turnar las iniciativas ante las comisiones correspondientes para análisis y dictamen.14 Lo anterior podría imposibilitar a los diputados a presentar iniciativas o proposiciones.

En resumen, se considera que la falta de instalación del órgano en análisis puede generar distorsiones importantes para el funcionamiento parlamentario e imposibilitar la toma de decisiones al interior de la Cámara Baja.

La pluralidad política de la Cámara sólo puede significar amplios procesos deliberativos. No obstante, el caso en estudio exhibe un momento jurídicamente relevante que debe estudiarse y debatirse ampliamente. Ni la Constitución federal, ni el régimen jurídico interno del Congreso, dan soluciones claras respecto a la falta de entendimientos para la elección del órgano rector de la Cámara de Diputados. Una Cámara de Diputados sin representación legal y sin un órgano de conducción puede detener sus actividades vitales.

Francisco José Rubio Díaz. Egresado de la Licenciatura en Derecho del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).


1 Ma. Amparo Casar e Ignacio Marván, Pluralismo y reformas constitucionales en México: 1997 – 2012, en Ma. Amparo Casar e Ignacio Marván, coords., Reformar sin mayorías: La dinámica del cambio constitucional en México: 1997 – 2012, (México: Santillana Ediciones Generales, 2014), p. 14.

2 El hecho en análisis se reducirá a la Cámara de Diputados.

3 El resultado de la votación puede consultarse en https://www.youtube.com/watch?v=M1swjaFq8O8 (Fecha de consulta: 6 de septiembre de 2017).

4 Por Ley me refiero a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en: http://bit.ly/2eLuWWc (Fecha de consulta: 6 de septiembre de 2017).

5 Intervención consultable en https://www.youtube.com/watch?v=oHHFcTS5YSw (Fecha de consulta: 6 de septiembre de 2017).

6 Me refiero a las facultades contenidas en el artículo 20, numeral 1; numeral 2, incisos a, c, d, e, g, y el artículo 23, numeral 1, incisos a, b, c y e, entre otras disposiciones, todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

7 Artículo 23, numeral 1, inciso i, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

8 Artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

9 Artículo 23, numeral 1, inciso p, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

10 Artículo 23, numeral 1, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

11 Artículo 23, numeral 1, inciso k, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

12 Artículo 22, numeral 2, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

13 Artículo 23, numeral 1, inciso g, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

14 Artículo 66 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

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