El derecho es similar a la magia: hay palabras que tienen la capacidad de transformar la realidad. Un abracadabra y los puntos resolutivos de una sentencia tienen en común el uso del lenguaje que puede hacer que los estados de cosas cambien. El problema ocurre cuando “la magia” del derecho falla y las sentencias no se cumplen.

Mientras que la magia depende de la fuente de un poder desconocido, el cumplimiento de las sentencias depende de la vigencia del Estado de derecho, que se refleja en la fortaleza de las instituciones encargadas de impartición de justicia y la existencia de procedimientos con reglas claras que velen auténticamente por la eficacia de las resoluciones. Cuando se falla con los criterios anteriores, las sentencias no se cumplen y el derecho se convierte en hojas de papel sin autoridad.

En ese sentido, por desgracia, el camino para acceder a la justicia es largo. Los obstáculos para defender derechos humanos a través de una acción legal no son pocos, por el contrario, son múltiples, sistemáticos y  generalizados. Es común tener que enfrentarse a kafkianos procesos de principio a fin, dilaciones excesivas y una infinita cantidad de formalidades innecesarias que pretenden sacralizar el derecho, pero sólo consiguen convertir en inaccesible la justicia.

Si se logran vencer estas barreras, por fin se podrá obtener una resolución definitiva y, en el mejor de los casos, será una favorable y progresista. No obstante, la sentencia, contrario a lo que pudiera parecer, no es el fin, sino apenas el inicio de una nueva batalla.

Lograr el cumplimiento de las sentencias es una verdadera pesadilla en nuestro país y el juicio de amparo es un gran ejemplo de ello. Para muestra, un botón sobre el largo recorrido que tienen que realizar las víctimas para acceder a la justicia, verdad y reparación:

El caso de Bertila Parada y Alma Realegeño

Carlos Alberto Osorio Parada y Manuel Antonio Realegeño Alvarado, ambos originarios de El Salvador, fueron dos de las víctimas identificadas entre las 195 personas que se hallaron en 47 fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, en el mes de abril de 2011.

Carlos Alberto salió de San Salvador rumbo a los Estados Unidos el 17 de marzo de 2011. El último contacto que los familiares de Carlos Alberto tuvieron con él fue el 26 de marzo de 2011, cuando les informó que se encontraba en Monterrey y se dirigía hacia la frontera de México con los Estados Unidos. No volvieron a saber de él.

Por su parte, el 13 de marzo de 2011, Manuel Antonio salió de su casa en Izalco, El Salvador, hacia los Estados Unidos. El 4 de abril de 2011 su hermana tuvo noticias de que él, junto con otras cinco personas, estaban desaparecidas y que estaban siendo buscadas.

Así empezó la lucha incansable de Bertila Parada, madre de Carlos Alberto, y Alma Realegeño, hermana de Manuel Antonio, quienes comenzaron con la búsqueda de sus familiares.

Posteriormente, se les dio la noticia a las familias de Carlos Alberto y Manuel Antonio de la posible identificación de sus seres queridos en las fosas clandestinas. A doña Bertila Parada le llamaron de la Cancillería de El Salvador y le pidieron acudir a firmar un documento en el que daría su anuencia para la cremación de los restos de Carlos Alberto.

Por ello, en febrero de 2013, Bertila Parada y Alma Realegeño presentaron un escrito a la PGR en el cual solicitaron, inter alia, que se suspendiera la orden de cremación de los restos, que se les reconociera el carácter de víctimas dentro de las investigaciones de las fosas clandestinas, así como copias de los expedientes de investigación penal donde se investigaban los hechos.

En respuesta, la PGR respondió que no existía orden de cremación alguna y, en esencia, se negaban sus solicitudes. Contra dicha determinación, se promovió un juicio de amparo indirecto en mayo de 2013 que llegó a ser analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Finalmente, la Primera Sala de la Suprema Corte emitió el engrose del amparo en revisión 382/2015 en enero de 2017.1 La sentencia concedió el amparo y determinó que se debía reconocer a las quejosas la calidad de víctimas, permitirles el acceso a la indagatoria y entregarles las copias que solicitaron del expediente.

Aquí comienza otro viacrucis. El tema central dentro del proceso de inejecución de sentencia ha sido la obtención de las copias.

La sentencia “bajó” nuevamente al Juzgado de Distrito y éste se convirtió en la autoridad encargada de supervisar el cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte. El agente del Ministerio Público, autoridad responsable del cumplimiento, pidió prórroga para cumplir en dos ocasiones –y le fueron concedidas–, sin justificar por qué las solicitaba.

Entre otras artimañas, el Ministerio Público pretendió condicionar la entrega de las copias a la comparecencia en la PGR de las víctimas quejosas (quienes viven en El Salvador). A causa de esto, se requirió que las copias fueran entregadas directamente a los representantes de las víctimas. Hubo otro citatorio. En esta ocasión, el Ministerio Público emitió un acuerdo donde “interpretó” la sentencia de la Suprema Corte y decidió que solamente debía entregar copias de los dictámenes de identificación de las víctimas (información con la que ya contaban los familiares).

Nuevamente se pidió al Juez de Distrito declarar incumplida la sentencia. Esta vez, el Juez de Distrito señaló que, si bien la sentencia no estaba cumplida, los efectos de la sentencia eran limitados, por lo que las copias debían excluir información de otras víctimas, así como órdenes de aprehensión pendientes de ser cumplidas. La autoridad responsable, en consecuencia, entregó unas páginas más de información.

Contra la determinación de los efectos se interpuso un recurso de queja que fue desechado, por lo que se presentó un recurso de inconformidad. Este último quedó sin materia debido a que, previamente, la sentencia se declaró cumplida. Actualmente, se encuentra pendiente el trámite del recurso de reclamación presentado contra la resolución que declara cumplida la sentencia.

A 6 años de los hechos y más de 4 años de litigio, las víctimas siguen sin tener las copias de más del 98% del expediente de investigación penal. Es menester recordar que los expedientes de investigación penal son una de las pocas fuentes de información que tienen para poder saber la verdad de los hechos.

Tener estas copias es la única forma que tienen Alma y Bertila para saber cómo fallecieron sus familiares, quiénes son los responsables y cuáles han sido los actos de investigación y las pruebas obtenidas. Sin el acceso a los expedientes y sin copia de los mismos, no pueden ejercer efectivamente su derecho como víctimas a coadyuvar con la investigación.

Por eso las víctimas tienen derecho a las copias del expediente. La Suprema Corte lo dijo. Y, sin embargo, no se cumplió.2

El procedimiento de cumplimiento en el juicio de amparo

Los principales problemas con este procedimiento y que son evidentes a partir de la  experiencia narrada (seguramente hay otros) son:

• El sistema escalonado. El capítulo I del Título Tercero de la Ley de Amparo prevé un sistema “escalonado”. Primero, las ejecutorias de amparo se devuelven al Juzgado de Distrito (en otros casos, al Tribunal Unitario de Circuito) para su cumplimiento. En ese primer momento, ante el incumplimiento, sólo se pueden imponer multas. Posteriormente, se remite el caso al Tribunal Colegiado de Circuito, el cual formula un proyecto de separación del cargo, que es puesto a consideración de la Suprema Corte, quien ya puede ordenar la separación del cargo y consignar a la autoridad responsable por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Este interminable proceso puede tomar años, además del tiempo que ya se ha invertido hasta entonces en el juicio. Se debe cambiar este modelo por otro que sí resulte efectivo y que demuestre en su diseño el interés primordial de respetar un plazo razonable para que se ejecuten las sentencias.

• Prórrogas. Aunque en ocasiones pueden servir para garantizar el cumplimiento de todos los efectos de la sentencia, deberían ser la excepción y no la regla que sólo provoca el retraso en el cumplimiento. La Ley de Amparo no marca ningún límite para el plazo que se conceda en la prórroga.

• Ausencia de un recurso efectivo. Se negó la procedencia del recurso de queja promovida en contra de la fijación de los efectos que realizó el Juez de Distrito. De lo anterior se desprende que no hay un recurso contra la decisión de los jueces cuando alteran los efectos de las sentencias, lo cual es claramente violatorio del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

• Laxitud en la imposición de sanciones. Si el Poder Judicial no impone con la severidad necesaria las sanciones que podrían asegurar el cumplimiento, las sentencias pierden su fuerza para hacer que las autoridades las acaten.

• Facultad delegada en los Tribunales Colegiados de Circuito (TCC) para resolver los asuntos de la competencia originaria de la Suprema Corte.  En virtud del Acuerdo General 5/2013 aprobado, y recientemente modificado,3  por el Pleno de la Suprema Corte, los recursos de inconformidad pueden ser resueltos por los TCC. Por ejemplo, en el caso de Bertila y Alma, un TCC podría dirimir si la sentencia de la Suprema Corte debió considerarse cumplida, cuando es claro que el único órgano con la legitimidad para pronunciarse sobre una sentencia de la Suprema Corte es la propia Suprema Corte.

Conclusiones

El derecho no es un fin en sí mismo. Cuando desde la sociedad civil usamos el derecho como un instrumento de transformación social no esperamos simplemente el consuelo de las palabras vacías, sino que tenemos la expectativa de defender personas que han sido víctimas de atrocidades y queremos que el Estado prevenga, investigue, sancione, repare y garantice que no vuelvan a ocurrir los mismos hechos.

En este sentido, es imprescindible que la Suprema Corte y la judicatura en general reconozcan como un tema prioritario lograr el cumplimiento de las sentencias en un plazo razonable y con cabal respeto a los efectos en ellas consignadas. Valdría la pena cuestionar si el diseño del procedimiento de ejecución de sentencias es el idóneo y cómo es posible robustecerlo.

En concreto, los patrones de abuso y arbitrariedad con los que se perpetúa la violación a los derechos humanos de Bertila y Alma han llegado a un punto crítico y es preciso que la Suprema Corte retome el caso nuevamente para hacer cumplir su propia sentencia.

Hoy el Poder Judicial y, en concreto, la Suprema Corte, tienen una oportunidad histórica para fortalecer el Estado democrático de derecho, para hacer que el derecho trascienda del papel y que se materialice para mejorar la vida de las personas.

De nada nos sirve a la sociedad mexicana una Constitución de papel que sólo sirva para ponerse debajo de la pata coja de la mesa.

César Contreras León. Integrante del área jurídica de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C.


1 SCJN. Primera Sala. Amparo en Revisión 382/2015. Engrose del 30 de enero de 2017. Ministro Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ministro a cargo del engrose: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Unanimidad de cinco votos de los Ministros de la SCJN y por mayoría de cuatro votos en cuanto a los efectos, con uno en contra por parte del Ministro Ponente, quien emitió voto particular. Disponible en: http://bit.ly/2jDil9m

2 Véase el comunicado de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho al respecto. Disponible en: http://bit.ly/2x8Qx1U

3 Pleno de la SCJN, Acuerdo General 5/2013, aprobado el 13 de mayo de 2013. Disponible en: http://bit.ly/2xgqkhh

Las últimas modificaciones adoptadas por el Pleno, se encuentran disponibles en: http://bit.ly/2w2GA2c