De la misma manera en la que no fueron los vientos alisios sino el diluvio universal el que demostró la heroicidad de Moisés y Gilgamesh, las crisis son las que nos demostrarán de qué está hecha la eternamente celebrada —pero rara vez tomada en serio— reforma en materia de derechos humanos del 2011. Los últimos sismos en el país han sido bofetadas con guante blanco de la realidad con el fin de que comprendamos sus verdaderas implicaciones.

En sociedades sometidas a una profunda desigualdad, el acceso al derecho a la vivienda debe ser considerado una prioridad. La residencia es política, como señalan Marcuse y Madden, debido a que el diseño del sistema de vivienda es siempre el resultado de las luchas por la igualdad y la dialéctica entre distintos grupos sociales.1 No es de extrañarse que los muros más significativos del continente son aquellos que separan, por un lado, a las zonas en las que el suelo alberga a las personas que viven con los niveles más altos de vida y, por el otro lado, a los barrios más marginados. Así ocurre en Buenos Aires, Nueva York, Bogotá, San José, Ciudad de Guatemala, Lima, Santo Domingo y Sao Paulo… Y, por supuesto, en ciudad de México y muchas otras del país.

A diferencia de lo que aún predican algunas voces, el derecho a la vivienda no se limita únicamente –como ocurría en la perspectiva liberal clásica de los siglos XVIII, XIX y principios del XX- al mero hecho de poseer una propiedad. Incluye, entre otros, el acceso a servicios básicos, así como la adecuación a las condiciones climatológicas y geográficas en las que se habita. No por nada su contenido se encuentra estrechamente ligado al denominado “derecho a la ciudad”.

Sobra decir que el derecho a la vivienda se encuentra reconocido no solo en el marco del derecho internacional de los derechos humanos,2 sino en nuestra constitución.3 No obstante, ese derecho no formaba parte del paquete reconocido por el constituyente de 1917, sino que fue adicionado hasta el 7 de febrero de 1983. Apenas un par de años antes del terremoto ocurrido en 1985.

Tanto la inclusión del derecho a la vivienda en la constitución, como la reforma en materia de derechos humanos del 2011, no fueron suficientes para corregir la situación precaria de muchas de las viviendas en ciudad de México y otras entidades como Oaxaca. Su promulgación no por sí misma amortiguar los efectos de la destrucción en ambos sismos. No obstante, sí nos permiten entender la tragedia desde una perspectiva de derechos y la posibilidad de pensar en soluciones transformadoras.

Bajo este bosquejo de ideas, quisiera advertir, brevemente, que no puede abordarse la reconstrucción de las viviendas como un acto de “apoyo” o “ayuda” por parte del gobierno –como ha sido el discurso del presidente Peña esta semana-, sino que, en muchos casos, debe ser asumido desde la lógica de la reparación integral. Trataré de explicar este punto de forma breve.

En la sentencia del Caso Bahía de Banderas,4 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvo la oportunidad de desarrollar el contenido y alcance del derecho a la vivienda en nuestro país. Si bien esa decisión posee diversas luces y bemoles dignas de análisis, conviene ahora remitirse a una en particular: las obligaciones de particulares frente al derecho a la vivienda.

Antes de dicho caso, la Primera Sala ya había señalado que no sólo las autoridades cometen violaciones a los derechos fundamentales, sino también los particulares en virtud de que la desigualdad genera privilegios de particulares que pueden de manera directa o indirecta violar los derechos humanos.5 De igual manera, ya había señalado que la función objetiva de los derechos fundamentales impide que su disfrute quede subordinada a la voluntad de los particulares.6

La novedad del Caso Bahía de Banderas es que la Primera Sala, al analizar la construcción de un departamento en una playa de Nayarit que carecía de estándares mínimos de vivienda digna, reconoció la obligación del Estado mexicano de impedir injerencias o incumplimientos de terceros en el goce de dicho derecho fundamental.7

Por lo tanto, los promotores y desarrolladores inmobiliarios, así como, todos aquellos particulares que asumen la obligación de desarrollar vivienda, tienen también la obligación de cumplir con las normas de derechos humanos, en particular, con aquellas vinculadas con el derecho fundamental a la vivienda adecuada, ya que es una expectativa básica de la sociedad que estas personas cumplirán con la normativa aplicable.8

No haré afirmaciones categóricas sobre casos de los que no he podido conocer expedientes, pruebas o siquiera hablar con los afectados. No obstante, de lo que trasciende en medios de prensa, existen elementos para sospechar que muchos de los daños a viviendas no fueron producidos por el terremoto, sino por las violaciones a los estándares en materia de derecho a la vivienda, cometidas tanto por particulares a la hora de construir como por las autoridades que –sea por incapacidad, descuido, negligencia o corrupción- no ejercieron los controles necesarios para garantizar que los encargados de construir garanticen la seguridad del inmueble y de la gente que habitaría en ellos.

Los sismos padecidos en nuestro país nos han exigido retomar el Caso Bahía de Banderas para asumir el derecho a la vivienda en serio. Sí, sí y mil veces sí, aunque algunos se empeñen aún en decir mil veces lo contrario: los particulares sí tienen obligaciones activas y pasivas frente a los derechos humanos, incluyendo los clasificados como derechos económicos, sociales y culturales. De reconocerlo depende los daños que permitiremos vuelvan a ocurrir en un futuro.

Carlos Luis Escoffié Duarte. Abogado litigante y consultor en materia de derechos humanos.


1 MARCUSE, Peter y MADDEN, David. In defense of housing. Editorial Verso. Londres, RU 2016.

2 El derecho fundamental a la vivienda se encuentra establecido en el artículo 11, apartado 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De manera indirecta, el derecho a la vivienda se encuentra reconocido en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador). En el ámbito del sistema interamericano de derechos humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales deben adoptarse bajo el principio de progresividad. Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, ha emitido su Observación General Número 4, en la cual ha declarado, entre otros, que el carácter “adecuado del derecho a la vivienda supone algo más que “cuatro paredes y un techo sobre la cabeza”.

3 “Artículo 4o. […] Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. […]”. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4 SCJN, Primera Sala, Amparo Directo en Revisión 3516/2013.

5 Véase: SCJN, Primera Sala, Amparos Directos en Revisión 2/2000 y 1621/2010.

6 Véase: SCJN, Primera Sala, Amparo Directo en Revisión 1621/2010

7 SCJN, Primera Sala, Amparo Directo en Revisión 3516/2013, pág. 54.

8 Ídem.