El pasado día lunes, el ministro José Ramón Cossío dio a conocer a través de una carta dirigida a sus colegas que renunciaba a contender por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. La noticia resultó inesperada (pues no pocos lo veían como el candidato más fuerte) y desató una serie de especulaciones en el mundo de los abogados.

La razón principal esgrimida por Cossío para aclarar su no participación en este proceso, reside en que la presidencia de la Corte es un cargo que realiza básicamente tareas administrativas y que limita la libertad del ministro presidente de las discusiones sustantivas de la Suprema Corte. Así, ante las necesidades del país, el ministro Cossío decidió continuar simplemente como un ministro y aprovechar la potencial incidencia jurisdiccional de este cargo para impulsar los criterios jurídicos que demanda la sociedad mexicana.

Esta decisión de Cossío de descartarse en la elección para presidente de la Corte –que para muchos, por cierto, es fruto más bien de su imposibilidad de aglutinar el apoyo necesario de sus colegas para asegurar su elección como presidente de la Corte- se suma a la muerte del ministro Gudiño Pelayo y su inminente reemplazo, como acontecimientos que han modificado de manera significativa las coordenadas del proceso de elección del presidente de la Corte. ¿Cuáles son, ante estas circunstancias, entonces, los ministros que se vislumbran con mayor fuerza para ocupar este cargo en enero de 2011? La respuesta a esta interrogante sólo se puede nutrir de rumores y chismes, pues no hay que olvidar que la elección del ministro presidente es un ejercicio de política enteramente cortesana.

Así, los nombres que suenan con más fuerza en el mundo jurisdiccional son los de Juan Silva Meza (quien, ahora con esta decisión de Cossío, se ubica en el primer lugar de la encuesta de este blog con un 24%) y Fernando Franco (con 4% en la misma encuesta). Es curioso que Silva Meza suene continuamente en los medios como un fuerte aspirante a la presidencia de la Corte, mientras que la candidatura de Franco se ha mantenido más en la sombra. Por otra parte, la ministra Olga Sánchez Cordero (con un 23%) ha lanzando su candidatura mediante una estrategia interesante: buscar el apoyo de la opinión pública, al subrayar la importancia de que una mujer ocupe la presidencia del máximo órgano jurisdiccional del país. Se trata de una estrategia novedosa y peligrosa, pero que si resulta podría sentar un precedente para futuras elecciones del presidente de la Corte.

Ahora bien, más allá de las especulaciones propias de este proceso, la decisión del ministro Cossío de no participar en la elección para ministro presidente plantea un tema no menor: ¿Cuál es la relevancia de la presidencia de la Suprema Corte? ¿A partir de qué criterios se debe evaluar el desempeño del presidente en turno? ¿Es cierto que el potencial institucional de la presidencia de la Corte se agota en cuestiones administrativas? En primer lugar, no hay duda de que el cargo de ministro presidente implica fundamentalmente tareas de coordinación y administración tanto de la Suprema Corte como del Consejo de la Judicatura. Asimismo, el presidente efectivamente no tiene oportunidad de presentar proyectos de resolución ni participar en las discusiones de las salas. Y en cuanto a las sesiones del pleno, su papel de moderador de estos debates restringe en efecto su libertad para plantear posiciones o argumentaciones que pongan en riesgo el desenvolvimiento mismo del debate.

No obstante, la posición del ministro presidente es el cargo idóneo para construir consensos e impulsar una serie de reformas en varios temas de enorme relevancia. Basta pensar, por ejemplo, en la necesidad de establecer políticas que acaben con el nepotismo del Poder Judicial; impulsar esquemas que transparenten el manejo de recursos públicos; mejorar el diseño del proceso de decisión de la Corte con el objetivo de elevar el nivel de discusión de los ministros sin perder los logros en cuanto a transparencia; acabar con las llamadas audiencias de “oído o de oreja” que generan tantos malentendidos y abren la posibilidad de contubernios; proyectar una mejor política de difusión de la fuentes informativas judiciales duras, tales como proyectos de resolución, discusiones de los ministros, sentencias y criterios jurisprudenciales; establecer programas de capacitación y preparación para los secretarios de estudio y cuenta quienes, después de los ministros, son los funcionarios de mayor relevancia en términos jurisdiccionales, etcétera.

Estas son apenas algunas de las asignaturas pendientes de la Suprema Corte y donde el desempeño del ministro presidente puede ser determinante para plantearlos como tema de discusión entre sus colegas y, en su caso, impulsar los cambios necesarios. No se trata de temas estrictamente jurisdiccionales, pero sin duda el presidente de la Corte que tenga la habilidad y fuerza para consolidar estas reformas no sólo ofrecería un gran beneficio para la Corte y el país, sino que también pasaría a la historia como el gran reformador de la Corte.

El Juego de la Suprema Corte

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