Tras el fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner (1950-2010), entre tantos balances y análisis que pueden hacerse en torno a su trayectoria política, uno de los más importantes estriba en su relación con la Corte Suprema de la República Argentina.

En junio de 2003, a los pocos días de haber asumido la presidencia de la nación, y en cadena nacional por televisión, Kirchner embistió a la Corte Suprema pidiéndole al Congreso que acelerara los enjuiciamientos contra algunos miembros del máximo tribunal, entonces fuertemente cuestionados por su falta de imparcialidad durante los años de gobierno de Carlos Saúl Menem, y a los que se conocía como la “mayoría automática”. Pedimos con toda humildad, pero con coraje y firmeza que los señores legisladores, que el Congreso de la Nación, marquen un hito hacia la nueva Argentina preservando a las instituciones de los hombres que no están a la altura de las circunstancias“, dijo el presidente Kirchner reclamando que se hiciera juicio político a varios ministros de la Corte.

Esto dio como resultado que a fines de junio de 2003 el líder de la llamada “mayoría automática” y presidente de la Corte Suprema, Julio Nazareno presentase su renuncia al cargo. Tras una reformulación en el mecanismo para la selección de ministros de la Corte, Nazareno fue reemplazado por Eugenio Zaffaroni. El mismo camino siguió el ministro Guillermo López que dimitió al cargo el 23 de octubre de 2003, el mismo día en que la Comisión de Juicio Político del Congreso iniciaba una investigación sobre su desempeño. Carmen Argibay ocupó su vacante en el máximo tribunal. Eduardo Moliné O’Connor fue el primer ministro de la Corte en ser sometido a juicio político en el Senado. Tras un largo proceso, la cámara alta votó su destitución en diciembre de 2004. Lo reemplazó Elena Highton de Nolasco. El mismo procedimiento y la misma suerte corrió el ministro Antonio Boggiano, quien incluso habiendo sido destituido ya por el Senado, seguía yendo a su oficina en la Corte Suprema, que en sesión plenaria, resolvió dejar de pagarle el sueldo y retirar la custodia policial y el automóvil oficial asignado al ministro destituido, hasta que finalmente fue defenestrado.

Tras estos acontecimientos, resulta poco discutible el mérito de Néstor Kirchner de haber renovado e independizado durante su mandato al máximo tribunal y que gracias a esos cambios pasó a convertirse en una de las instituciones más prestigiadas y respetadas del país.

No obstante, en fechas recientes, la relación entre Kirchner, o con mayor propiedad de la “pareja presidencial” y sus seguidores con la Corte Suprema, ha estado marcadas por la turbulencia y por la franca irrespetuosidad.

A finales de septiembre de 2010, la Corte Suprema emitió tres resoluciones que complicaron los planes del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Uno de ellos frenó (provisionalmente, pues pocos días después ratificó su constitucionalidad) la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que el gobierno había promulgado semanas antes; la segunda de estas decisiones se deriva de la concesión de extradición a Chile del ciudadano de ese país Galvarino Apablaza Guerra para ser juzgado allí por la presunta comisión de actos terroristas y; por último, la tercera sentencia se refiere a la denuncia penal en contra el gobernador santacruceño, Daniel Peralta, por no reponer en su cargo al procurador provincial Eduardo Sosa.

Respecto este último asunto, el 8 de octubre, el ex mandatario Néstor Kirchner junto con gobernadores de 14 provincias encabezaron un mitin de rechazo a la orden de la Corte Suprema argentina de restituir al fiscal en la provincia de Santa Cruz, feudo de la pareja presidencial.

El enfrentamiento en contra de la Corte Suprema fue desatado por el Secretario Legal y Técnico de la presidencia de la República cuando viajó a Santa Cruz en apoyo del gobernador Peralta y dijo en una reunión de dirigentes kirchneristas: “¿Dónde está mi decepción con esta Corte? Que nosotros la pusimos para otra cosa”. Asimismo, calificó de “boludez de la oposición” los proyectos de ley para intervenir la provincia nativa del kirchnerismo para cumplir con lo dispuesto por la Corte Suprema.

Por su parte, el gobernador Daniel Peralta, muy buen amigo de Néstor Kirchner, se ha negado públicamente a cumplir con el fallo de la Corte Suprema, con el respaldo de los diputados kirchneristas de la provincia de Santa Cruz, quienes respaldan la iniciativa de llevar el conflicto ante un tribunal internacional.

No obstante, pese a los embates del kirchnerismo y de la jefa de las madres de Plaza de Mayo (quien dijo recientemente que “Los jueces son una mierda, en la Corte son unos turros”), quienes mejor mantienen la ecuanimidad son, precisamente, los miembros de la Corte Suprema. El ministro Zaffaroni calificó la situación de “insólita”, especialmente la negativa pública de un gobernador a cumplir un fallo del máximo tribunal de ese país e ironizó con las reglas del juego. “Nosotros jugamos al fútbol con reglas de fútbol. En la política se juega con reglas de rugby”.

¿Cuál sería, entonces, el resultado de un balance preliminar de la relación entre Néstor Kirchner y la Corte Suprema? Se puede afirmar que es positivo ya que impulsó una reforma que implicó la entrada de ministros comprometidos en consolidar la independencia y autonomía del máximo tribunal, inclusive en el caso de que éstas fuesen amenazadas por el propio kirchnerismo.

Alejandro Anaya Huertas. Licenciado en Derecho (UNAM); maestro y candidato a doctor en Administración Pública (INAP).

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