La semana pasada se dio a conocer a la opinión pública, como parte de una serie de estudios sobre el uso y abuso de los recursos públicos, un análisis de los académicos del CIDE, Carlos Elizondo y Ana Laura Magaloni, respecto los gastos de la Suprema Corte de Justicia. El objetivo del estudio es simple pero contundente: comparar, en los rubros de gasto, eficiencia y burocracia, a nuestra máxima autoridad jurisdiccional con otras cortes constitucionales, que van desde la canadiense y estadounidense hasta la española, colombiana y chilena.

Gracias a esta numeralia, que fue bien desmenuzada por Héctor Aguilar Camín, nos podemos enterar que en el año 2009 el costo de la Suprema Corte mexicana fue de 3 mil 244 millones de pesos, mientras que el gasto de la corte colombiana para el mismo período fue de sólo 107 millones, 3.3% de la mexicana, mientras que la corte peruana costó 93 millones, sólo 2.9% de la mexicana. ¿Acaso esta enorme diferencia presupuestal se justifica en términos de carga de trabajo y eficiencia? La respuesta es no: en ese mismo año, la corte mexicana resolvió 4 mil 308 casos, pero la de España resolvió 15 mil 851 y la de Perú 8 mil 957. Por último, en cuanto a la obesidad burocrática la corte mexicana es también la que más funcionarios tiene: 3 mil 116, mientras la corte estadunidense tiene 483, la española 278, la canadiense 209, la peruana 175, la alemana 167 y la colombiana 146.

Ahora bien, ¿cuál fue la respuesta del presidente de la Suprema Corte, el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, ante este estudio? El pasado jueves 11 de noviembre, vía la cuenta oficial de twitter de la Corte mexicana, se difundió un comunicado de prensa mediante el cual se daba a conocer la respuesta de Mayagoitia:

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está comprometida con la transparencia y con la rendición de cuentas y hoy, la sociedad sabe más y conoce perfectamente lo que hace y en qué gasta, afirmó su presidente, el ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, al señalar que el trabajo del alto tribunal está a la vista de toda la ciudadanía y ha hecho un gran esfuerzo por hacer más con menos y para mejorar los servicios de justicia que se demandan.

Al inaugurar la Quinta Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), sostuvo que la SCJN está comprometida, igualmente, con la austeridad y el uso eficiente de los recursos. “México necesita ahorrar recursos, pero también sabemos que México necesita más y mejor justicia”, enfatizó.

Manifestó que la SCJN es una institución que cumple con las funciones jurisdiccionales y administrativas que mandata la Constitución, pero además, subrayó, a diferencia de lo que pasa en otros países, el alto tribunal realiza un gran trabajo en materia de cultura jurídica, que es uno de los temas donde se debe avanzar más como sociedad.

En este sentido, precisó el ministro Ortiz Mayagoitia, la inversión en cultura jurídica es una de las mejores tareas para crear conciencia y fomentar, así, la cultura de respeto a la legalidad.

Ni un ápice de autocrítica, ni de voluntad para revisar la manera en cómo ha manejado la Suprema Corte los recursos públicos. La respuesta, que recién fue también criticada por Leo Zuckermann, raya en el cinismo. Lo peor, no obstante, es que este abuso en los recursos públicos por parte de los 11 ministros de la Corte pone en riesgo su legitimidad como árbitro último de los conflictos de la sociedad mexicana. Con las perniciosas consecuencias que esto puede tener, en términos del proceso de consolidación democrática.

Ahora bien, el próximo 3 de enero de 2011, Ortiz Mayagoitia concluirá su período como presidente de la Corte. A estas alturas, todo indica que su sucesor será el ministro Juan Silva Meza. La pregunta clave, por tanto, es: ¿Qué va hacer Silva Meza ante este abuso en los recursos públicos que está entrelazado con otros vicios de ese poder como el nepotismo?

El Juego de la Suprema Corte

Te recomendamos: