La semana pasada, Adam Liptak, periodista del New York Times, publicó una interesante nota que partía de una pregunta no menor: ¿Cuál es el promedio de palabras que utiliza actualmente la Corte Suprema de los Estados Unidos para elaborar una sentencia? Su respuesta, apoyándose en diversos estudios académicos, es contundente: las resoluciones de la Corte estadounidense tienen más palabras que nunca: en promedio cada decisión mayoritaria tiene 4,571, elevándose este número a 8,265 palabras al sumar las opiniones concurrentes y disidentes. Lo más grave es que este aumento en las palabras promedio de las sentencias, no se ha traducido en mayor claridad en los argumentos de éstas; por el contrario, se trata de una combinación de resoluciones largas y poco claras. Lo cual, a juicio del académico Edward H. Cooper, no debe sorprender: entre más larga sea una sentencia, más probabilidades de cometer errores y de confundir a los tribunales inferiores respecto los criterios establecidos.

¿Cuál es la relevancia, sin embargo, de contar las palabras de las sentencias de una corte constitucional? ¿Acaso se trata una ociosidad estadística o de una frivolidad lingüística? Se trata, más bien, de un aspecto clave al momento en que un tribunal se decide a pensar sus sentencias como una pieza lingüística con el objetivo de impulsar una estrategia de comunicación jurisdiccional democrática. Una que se preocupa por redactar de manera breve, simple y sencilla para evitar que su audiencia se reduzca a un grupo de abogados especializados en la materia y, por el contrario, incluya también a la academia especializada en otras ramas del conocimiento, al resto de los poderes estatales, a los medios de comunicación y, sobre todo, a la ciudadanía. Los órganos jurisdiccionales deben aprender a hablarle a la sociedad civil.

Un tribunal, por el contrario, que no es capaz de colocar en el centro de la opinión pública sus decisiones y argumentos corre el riesgo de aislarse de la dinámica política de su sociedad. Con las claras repercusiones que esto tiene en su legitimidad, pues no hay que olvidar que a falta de una conexión directa como el voto con la ciudadanía, los tribunales encuentra su legitimidad en otro sustrato: la imparcialidad de sus decisiones y la fortaleza de sus argumentos. Lo cual exige en primerísimo lugar tener la habilidad de explicarle de manera clara a la sociedad tales decisiones y argumentos.

En este sentido, vale preguntarse: ¿Cuál es el promedio de palabras de las sentencias de nuestra Suprema Corte de Justicia? ¿Qué tan bien redactas están sus decisiones? En cuanto a este último aspecto, la calidad de su redacción, cualquier que se acerque a las sentencias de nuestra corte constitucional podrá estar de acuerdo que, salvo notables excepciones, son textos que no se redactan como piezas narrativas con el objetivo de que sean comprendidas por un grupo plural de audiencias. El lenguaje que se utiliza es barroco, plagado de muletillas propias de la jerga jurisdiccional, que refleja una nula capacidad de síntesis y donde los argumentos centrales de la decisión en no pocas ocasiones se diluye en repeticiones y citas textuales ociosas. Esto propicia que las sentencias de la Corte se redacten en un número de páginas innecesariamente extenso. Un botón de muestra: si revisamos las sentencias más relevantes en los últimos diez años a juicio de la Corte*, tenemos que el promedio de palabras por sentencia es de 79,804; siendo la sentencia más breve de 14,135 y la más extensa de 279,649 palabras.**

Así, mientras en Estados Unidos están preocupados porque su promedio de palabras por sentencia ha ascendido al escandaloso número de 8,265, aquí es casi imposible encontrar una sentencia del pleno de la Corte que esté redacta como máximo con ese número de palabras.

  1. Caso Amparo Intelectuales (amparo en revisión 186/2008), redactada por el ministro José Ramón Cossío: 14,135
  2. Caso Militares VIH (amparo en revisión 307/2007), redactada por el ministro Juan Silva Meza: 25,056
  3. Caso Seguridad Privada (acción de inconstitucionalidad 132/2006), redactada por el ministro Genaro Góngora: 26,495
  4. Caso Cambio de Identidad Persona Transexual (amparo directo civil 6/2008), redactada por Sergio Valls: 32,399
  5. Caso Responsabilidad Patrimonial del Estado (acción de inconstitucionalidad 4/2004), redactada por el ministro Sergio Aguirre Anguiano: 41,067
  6. Caso Permisos Generación Energía Eléctrica (controversia constitucional 74/2005), redactada por el ministro José Ramón Cossío: 41,418
  7. Caso Aborto II (acción de inconstitucionalidad 146/2009), redactada por el ministro José Ramón Cossío: 52,959
  8. Caso Reforma Ley ISSTE (amparo en revisión 220/2008), redactada por la ministra Margarita Luna Ramos: 128,438
  9. Caso Ley Televisa (acción de inconstitucionalidad 26/2006), redactada por el ministro Sergio Aguirre Anguiano: 156,425
  10. Caso Nuevo Cofipe (acción de inconstitucionalidad 61/2008), redactada por el ministro Fernando Franco: 279,649

El Juego de la Suprema Corte


* Suprema Corte de Justica de México, Estructura y atribuciones de los Tribunales y Salas Constitucionales de Iberoamérica, SCJN, México, 2009, pp. 691-712.

** Poco más de 1000 páginas en letra Arial 12, espacio 1.5 y márgenes superior-inferior de 2.5 cm. e izquierda-derecha de 3 cm.

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