La Suprema Corte tiene un nuevo presidente: se trata del ministro Juan Nepomuceno Silva Meza, quien el día de ayer asumió la presidencia de la Corte con el voto favorable de nueve de sus diez colegas presentes, y cuyo cargo comprenderá el período 2011-2014. La pregunta ahora es: ¿qué le espera a la Corte durante los siguientes cuatro años con este nuevo presidente?

Desde el 6 de diciembre de 2010, el ministro Meza presentó un documento denominado “Líneas Generales Hacia la Consolidación Institucional del Poder Judicial de la Federación”, en donde presenta los objetivos y líneas generales de acción de su presidencia. Dentro de los puntos más relevantes se encuentran los siguientes:

Reorientación de los métodos operativo y decisorio del tribunal constitucional

En este punto se propone una reorientación de los procedimientos internos que la Corte sigue para desahogar y resolver los asuntos que conoce. El objetivo es dar cabida a un mayor número de temas de índole sustantiva, de mayor trascendencia, y dejar de lado muchos temas de carácter procesal, que si bien son relevantes, no son tan trascendentes en la labor básica de un tribunal constitucional: la protección de los derechos fundamentales. Esto resultaría en un menor número de sentencias, pero éstas serían más sustanciosas y podríamos esperar que de mucha mayor calidad argumentativa.

También se busca la construcción de un sistema jurisprudencial de interpretación constitucional mucho más coherente y consistente, pues uno de los trabajos principales de las cortes es la interpretación de las disposiciones constitucionales en aras de conocer los límites y extensión de los derechos consagrados en la Constitución.

Para lograr los objetivos planteados, se busca que los ministros se descarguen de tareas administrativas, así como de asuntos jurisdiccionales no trascendentes para poder concentrarse enteramente en temas constitucionales clave y así poder elaborar una jurisprudencia constitucional más sólida y sustanciosa. Además, es necesario recuperar el sentido original de los acuerdos delegatorios para la canalización de asuntos a los Tribunales Colegiados de Circuito. Otra necesidad es la de plantear formas de deliberación más eficaces, que agilicen en tiempo y forma la emisión de las sentencias, a la vez que permitan favorecer la transparencia de las mismas. Éste último punto es central, ya que en numerosas ocasiones transcurren meses desde la discusión y decisión, hasta el conocimiento público de la sentencia (engrose).

En suma, se busca una mayor calidad de las labor jurisprudencial en general, y de las sentencias en particular (sacrificando, para bien, su actual extensión) para definir mejor los criterios e instrumentos que desarrollan y protegen las garantías consagradas constitucionalmente a través de una carga de trabajo orientada más hacia la labor jurisdiccional, y no tanto hacia la administrativa. De este modo, se quiere aumentar la eficacia en la expansión de los derechos fundamentales de la población a través de una interpretación actualizada, consistente y sistemática del texto constitucional.

Consideración e impulso de los instrumentos internacionales de derechos humanos en las sentencias

A pesar de que los instrumentos internacionales son derecho interno una vez adoptados, rara vez cobran aplicación en las sentencias de nuestra Corte. A lo sumo se mencionan, pero no guían fundamentalmente la decisión. Por eso se recalca la necesidad de articular adecuadamente los preceptos del derecho internacional con el orden jurídico nacional. Esto serviría para enriquecer la argumentación de los ministros, ya que contarían con más material normativo orientador de sus decisiones, a la vez que se protegerían en mayor medida los derechos humanos, objetivo básico de un tribunal constitucional.

Consolidación del modelo administrativo

Una de las labores de la Suprema Corte más criticadas hasta ahora es la de su gestión administrativa. Se han objetado, entre otras cosas, los altos salarios de los ministros y su inmenso personal administrativo que tantos recursos consume. Si bien no aborda la primera objeción directamente, en cuanto al segundo punto se propone impulsar la reorganización y redefinición de las esferas de competencia de las áreas administrativas, para lograr mayor agilidad y eficiencia en los procesos decisorios en materia de gobierno y administración. Con esto se busca una gestión administrativa cada vez más eficiente, oportuna, ordenada y transparente. Probablemente con esto se busque mayor legitimidad, ya que una institución con tanto presupuesto debe proporcionar los resultados esperados de ella.

Difusión, transparencia proactiva y vinculación con la sociedad

Uno de los principales recursos con los que cuenta un tribunal constitucional es la confianza del público, y entre mayor sea ésta, mayor será su legitimidad. Consciente del tímido pero creciente escrutinio social de las sentencias y de la labor judicial, Silva Meza plantea un mayor acercamiento entre la Corte y la sociedad. Así, propone continuar con los esfuerzos que hasta ahora se han realizado para dotar a las discusiones, a las sentencias, y, en general, a la labor del juez, de la publicidad que merecen.

La publicidad trae aparejada transparencia, y ésta, a su vez, contribuye a la legitimidad de una institución. De este modo, se continuará con el uso de medios electrónicos, informáticos, impresos y de otra índole, para ampliar el conocimiento de la ciudadanía acerca de la labor del máximo tribunal.

Además, se deben delinear estrategias permanentes que comuniquen socialmente el sentido de las sentencias a través de información ordenada y más efectiva que cualquier ciudadano promedio pueda entender. Asimismo, habrán de mantenerse acciones específicas de enlace con la academia, las asociaciones profesionales y los medios de comunicación.

En breve: sabemos que Silva Meza es uno de los ministros más liberales y que con mayor fervor buscan la protección de los derechos fundamentales. Así nos lo ha demostrado en casos como el de Lydia Cacho, San Salvador Atenco, matrimonio entre homosexuales, y otros.  Con su designación como presidente de la Corte, podemos esperar ver discusiones más enfocadas en temas de garantías individuales, además de que buscará fortalecer los vínculos con la sociedad y un manejo más eficiente y austero de los recursos administrativos del Poder Judicial. Esperemos que estos no sean sólo buenos deseos de Año Nuevo.

Gustavo Marín Hernández. Estudiante de la licenciatura en Derecho del ITAM.

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