El día de ayer la Suprema Corte de Justica tuvo que aplazar la discusión y resolución del llamado ‘amparo de los intelectuales’, ya que al momento de votar el primer tema de este asunto -si es procedente el juicio de amparo para impugnar una reforma constitucional- los ministros quedaron empatados. Esto significa que será necesario esperar a que se designe al ministro o ministra que ocupará la vacante originada por la muerte del ministro Gudiño Pelayo, para que la Corte esté totalmente integrada con sus 11 ministros y pueda destrabar la discusión y votación de éste y varios asuntos más. Mientras tanto, y debido a la enorme importancia del ‘amparo de los intelectuales, el siguiente texto esboza la lógica a partir de la cual se debe decidir este caso. Se trata de una postura que sugiere que la construcción de la interpretación constitucional no debe realizarse sólo en la arena judicial; por el contrario, se debe considerar a los lectores de la Constitución propios de una democracia.

El fallo que la Corte tome una vez que se nombre al ministro/a sustituto/a del fallecido ministro Gudiño Pelayo en el “amparo de los intelectuales”, interpuesto en contra de la reforma constitucional de 2007 en materia de contratación de propaganda electoral, será de la mayor trascendencia para nuestro sistema constitucional. En su decisión van de por medio temas como el alcance del juicio de amparo como medio para la protección de los derechos fundamentales, la posición de la Corte en el entramado constitucional, los límites a la libertad de expresión, la equidad en las contiendas electorales, etc.

Como lo he explicado en otro lugar (Revista de Investigaciones Jurídicas No. 33, 2009), considero que la decisión de la Corte depende  de la concepción constitucional que la mayoría de los jueces sustente, con ello me refiero a la visión que tengan sobre la Constitución, la reforma constitucional y el poder de revisión, así como de la función de los jueces en el Estado constitucional.

En aquélla ocasión puse de manifiesto cómo en la defensa de la Constitución pueden darse diversos grados de intervención o protagonismo en la adopción de las decisiones políticas de la comunidad, que da lugar a un modelo activista o no de la función judicial. Manifesté que los jueces cumplen la importantísima función protectora de la supremacía constitucional, sin hacer distingos del poder constituido ante el cual se encuentren. Pues bien, inclinándome por una justicia constitucional deliberativa, en esta ocasión me atrevo a sugerir a los ministros las siguientes ideas.

El control judicial de constitucionalidad no es un veto sobre la política, sino el comienzo de un diálogo sobre la mejor forma de reconciliar los valores individualistas de la Constitución con el logro de las políticas sociales y económicas en beneficio de la comunidad en su conjunto. La interpretación de la Constitución es un proceso compartido en el que tanto jueces como legisladores modifican y enriquecen (más que desatender completamente) las interpretaciones de los otros poderes. Si bien los jueces son protectores de la supremacía constitucional, los demás poderes también lo son.

Si esto es así, considero que la decisión que tomen al respecto debe tener presente el alto consenso político y popular que la reforma tuvo para ser aprobada, la que probablemente es una de las opciones constitucionalmente posibles  dentro del abanico que la Constitución permite y, principalmente, que su interpretación no es la única alternativa. Las consideraciones que las mayorías hayan tenido para implementar un nuevo modelo de propaganda política deben ser tomadas en serio. Asimismo, creo que debe sopesarse el elevado costo político que implicaría para los poderes democráticos revertir la sentencia en caso de declarar la inconstitucionalidad de la reforma, dejando fuera del debate político un tema tan controversial.

En pocas palabras, abogo por una sentencia que incite a un rico diálogo inter-institucional y tome en cuenta la posición de los demás intérpretes constitucionales (poderes y ciudadanos), alejándose de un monólogo judicial sobre los derechos constitucionales.

Roberto Niembro. Becario del servicio de doctrina del Tribunal Constitucional de España.

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