El pasado día miércoles, el presidente Calderón por fin presentó la segunda terna de candidatos para sustituir al ministro José Gudiño Pelayo. No hay que olvidar que la primera fue rechazada en diciembre del año pasado, debido a que ninguna de las tres candidatas alcanzó la votación de mayoría calificada de 2/3 del pleno del Senado que exige la Constitución. Ahora bien, al igual que la primera, esta segunda terna esta integrada por jueces de carrera judicial. Es decir, abogados que han recorrido prácticamente cada uno de los peldaños de la escalinata del poder judicial de la federación. Se trata de los magistrados de circuito Jorge Higuera Corona, Jorge Pardo Rebolledo y Alberto Pérez Dayán.

Vale subrayar que la nominación y ratificación de un ministro de la Suprema Corte es uno de los procesos institucionales de mayor relevancia para el proceso de consolidación de nuestra tambaleante democracia. Esto se debe a que se está eligiendo a un abogado que, junto con sus diez colegas, va a definir valores clave de la vida institucional del país.  ¿Cuál es el concepto constitucional de familia? ¿La libertad de expresión abarca la posibilidad de pitorrearse de los símbolos patrios? ¿El diseño de transición tecnológica de los medios de comunicación de analógica a digital debe trazarse siguiendo el principio de pluralismo?  ¿Va en contra del derecho de igualdad y no discriminación el retiro forzoso (baja automática) de aquellos miembros del Ejército y de la Fuerza Aérea que hayan contraído VIH, sin previo examen médico que determine la incapacidad del individuo en cuestión para realizar sus labores por el avance de la enfermedad? Estas son apenas algunas de las preguntas que ha contestado en los últimos años la Corte y de ahí la importancia de seguir los procesos de designación de los ministros: es una excelente oportunidad para reflexionar respecto el tipo de juez constitucional que se necesita.

¿Cuáles deben ser, entonces, en este contexto, las preguntas que guíen el ejercicio de escrutinio por parte del Senado de la República y de la opinión pública a los tres candidatos a ministro de la Suprema Corte? ¿Qué tipo de cuestiones son las que se les deben plantear para conocer mejor el perfil de los candidatos? En los últimos días, en algunos medios de comunicación se ha lanzado la idea de que una buena guía sería preguntarle a cada uno de los candidatos como votaría, en caso de ser designado ministro, en los más de 20 asuntos que no se han podido resolver porque la votación se ha empatado debido a esta vacante que existe en la Corte desde septiembre del año pasado cuando falleció el ministro Gudiño Pelayo -entre estos, por ejemplo, está el llamado ‘amparo de los intelectuales-. Esto, sin embargo, presenta el problema de que los candidatos en caso de contestar este tipo de preguntas estarían prejuzgando estos asuntos, sin conocer las pruebas, argumentos de las partes y demás aspectos que integran sus correspondientes expedientes. Así, más bien, se les debe formular a la terna de candidatos preguntas dirigidas no a su postura frente a ciertos casos en concretos, sino a su posición respecto a cuestiones generales y metodológicas, que impactarán en la manera como votarán estos asuntos que están empatados y el resto que conozcan en los 15 años que dura el cargo de ministro.  Aquí se presentan tres preguntas de este tipo:

1) Una cuestión medular que gira en torno a cualquier tribunal constitucional consiste en lo siguiente: bajo qué esquema interpretativo los jueces constitucionales resuelven los diversos asuntos que conocen. Es decir, cuáles son las anteojeras que utilizan para leer las disposiciones constitucionales relacionadas con los diversos conflictos que se les presentan. En la Suprema Corte, por ejemplo, existe un interesante debate, que ha definido la resolución de diversos asuntos de enorme relevancia, respecto cómo se debe leer la Constitución: algunos ministros consideran que debe atenderse meramente al significado lingüístico de las normas constitucionales “relevantes” para resolver un determinado asunto; mientras que otros parten de la idea de la Constitución como una unidad, de tal manera que para determinar el sentido y alcance de las normas “relevantes” para un caso en cuestión siempre es indispensable leer éstas en relación con el resto del texto constitucional. En este sentido, y considerando que el tipo de decisiones de un tribunal constitucional dependen en buena medida de cómo se leen los asuntos que conocen, ¿cuál es el método interpretativo más adecuado? ¿Por qué?

2) Otro de los constantes debates ubicados en el centro de la justicia constitucional, sobre todo cuando estamos frente a una corte constitucional en proceso de consolidación como nuestra Suprema Corte de Justicia, se refiere a la pertinencia de impulsar un activismo judicial. Es decir, aquella práctica jurisdiccional que no se limita a resolver los conflictos que se le plantean sino que además impulsa a través de sus sentencias cambios jurídicos (y, por tanto sociales, económicos y políticos), como la “creación” y expansión de derechos más allá de lo que textualmente marca el texto constitucional. En este sentido, ¿la circunstancia jurídica y social del país hace posible y deseable un activismo judicial desde la Suprema Corte de Justicia? ¿Por qué?

3) Una corte constitucional, de acuerdo al diseño de las democracias contemporáneas, es el órgano límite de un Estado. Se trata del árbitro final de los conflictos institucionalizados; el lugar donde se definen los alcances y límites de la estructura estatal. De ahí que el sustrato de cualquier tribunal constitucional es su legitimidad. En esta línea, ¿cómo fortalecer y consolidar la legitimidad de la Suprema Corte?

Saúl López Noriega. Profesor e investigador de tiempo completo del departamento de derecho del ITAM. Twitter: @slopeznoriega