Hace unos días el presidente Felipe Calderón envío al Senado de la República la segunda terna de candidatos –ya que la primera fue rechazada-,  de entre los cuales saldrá el sustituto del fallecido ministro Gudiño Pelayo. Al parecer, en esta semana los tres candidatos comparecerán ante las Comisiones de Justicia y Estudios legislativos para ser entrevistados por los representantes populares.

Si como han explicado algunos académicos, el nombramiento de los jueces constitucionales es un medio que los partidos políticos tienen para atrincherar su ideología a lo largo del tiempo e influir en el significado de la Constitución, su elección merece nuestra mayor atención. La comparecencia ante el Senado es un punto clave en este proceso, pues es el foro central para que los Senadores involucren al público en la determinación de si los candidatos poseen la visión y las cualidades necesarias para otorgarles el poder que los jueces gozan en nuestras democracias.

El proceso de designación de los ministros nos plantea diferentes y muy interesantes cuestiones, como el alcance que tienen las Comisiones del Senado para inquirir a los candidatos sobre sus posiciones constitucionales sin violar su futura independencia y, por tanto, qué preguntas se les deben hacer en el momento de su comparecencia.

En esta ocasión quiero sugerir una pregunta adicional a las propuestas hace unos días por el profesor Saúl López Noriega, quien nos presentó las siguientes interrogantes: 1. ¿Cuál es el método interpretativo más adecuado? ¿Por qué? 2. ¿La circunstancia jurídica y social del país hace posible y deseable un activismo judicial desde la Suprema Corte de Justicia? ¿Por qué? 3. ¿Cómo fortalecer y consolidar la legitimidad de la Suprema Corte?

En mi opinión, junto con las preguntas anteriores, resulta fundamental que los candidatos nos digan cuál es el papel que consideran la Corte debe cumplir en el entramado constitucional.

Ello es así, pues el método interpretativo, el activismo judicial, así como los medios para fortalecer y legitimar a la Corte, responden en gran medida a la función que los jueces creen que la Corte debe cumplir dentro del sistema democrático. De esta forma, si alguno de los candidatos considera que la Corte es la garante de la democracia, posición que parece haberse difundido en nuestro medio, su interpretación e involucramiento en cuestiones políticas, así como la construcción de su legitimidad, estarán determinados por ese fin.

Por el contrario, si se considera que la Corte es uno más de los actores del sistema, en el que los representantes populares y el pueblo tienen algo importante que decir, su método de interpretación, su tendencia a inmiscuirse en temas de política pública y su legitimidad, serán fijados y construidos con el fin de establecer un diálogo y colaboración con los otros poderes.

En el primer caso estaremos ante una Corte que demanda un juez Hércules, que no tiene problema en atribuirse la última palabra respecto al significado constitucional, y donde la supremacía judicial es algo connatural al Estado constitucional. En el segundo, estaremos ante una Corte que requiere de un juez dialogante que se considera un actor más dentro de un sistema complejo de pesos y contrapesos, que no pretende tener la única respuesta correcta y que estima valiosa y necesaria la colaboración entre poderes y la participación ciudadana.

De esta forma, conocer la idea de corte constitucional que cada uno de los candidatos tiene nos ayudará a comprender sus otras respuestas y, fundamentalmente, determinar qué prospecto es el más idóneo para la Corte que nosotros -el pueblo- buscamos. Si bien es cierto que las opciones que el Senado tiene son reducidas y el tiempo es apremiante, su decisión debe ser tomada con conocimiento de causa. En otras palabras, la pregunta de qué ministro queremos para la Corte es una buena oportunidad para reflexionar respecto qué Corte queremos para nuestra democracia.

Roberto Niembro. Becario del servicio de doctrina del Tribunal Constitucional de España.

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