En el marco de las discusiones en el Senado frente a las iniciativas que pretenden dar rango constitucional a la militarización del país para legitimar la guerra contra las drogas iniciada por Felipe Calderón en 2007 y ante la crisis de violencia extrema y de derechos humanos que enfrenta el país, el Estado mexicano deberá responder durante 2017 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes por parte de miembros de las fuerzas armadas en el ejido Benito Juárez en Chihuahua, ocurrida el 29 de diciembre de 2009.

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El pasado 18 de enero de 2017, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo en revisión 104/2015, cuyo proyecto fue elaborado por la ministra Luna Ramos. En este proyecto se estudia e interpreta la prohibición de vender y distribuir alimentos y bebidas preparados y procesados en instituciones de educación superior que no acreditan cumplir con el Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparadas y procesadas en las escuelas del Sistema Educativo Nacional y su Anexo Único.

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Retórica aparte, la pregunta pertinente es la siguiente: ¿Qué tan viable es la amenaza de Trump? ¿Puede el presidente retirar, de manera unilateral, a Estados Unidos del TLC? ¿Tiene algún rol el Congreso estadounidense en este juego? En las siguientes líneas ofrecemos algunas claves para entender algunos de los principales dilemas jurídicos de una cuestión que, para bien y para mal, será fundamental en las negociaciones que están a punto de comenzar.

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¿Qué podemos esperar del poder judicial estadounidense en los tiempos de Donald Trump? A primera vista, el panorama es poco alentador. Con una vacante en la Corte Suprema, el posible retiro de otros justices en los siguientes años y más de cien vacantes en las cortes inferiores, parecería que Trump y la mayoría republicana en el Senado tienen la mesa puesta para emprender una reconfiguración –radical, dirían algunos– del poder judicial estadounidense. Sucede, sin embargo, que la situación es un tanto más compleja de lo que parece.

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El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos.

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La participación de militares en tareas que no le son propias como ya lo demostramos, pero ahora con el respaldo legislativo como se observa en la intención de las Cámaras de Diputados y Senadores, es justo la ruta que aleja al país de dos de las aspiraciones de cualquier sociedad democrática: subordinar el poder militar al civil y someter a la fuerza armada a un régimen constitucional de derecho.

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