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Una vez más, pudimos observar una comparecencia con preguntas llenas de lugares comunes y respuestas evasivas y predecibles. Por una parte, parece ser que los Senadores tienen una visión muy limitada de lo que la Corte hace y debería hacer. La mayoría de las preguntas se limitan a asuntos coyunturales o que encierran polémicas partidistas y dan poco margen para que el candidato exponga su pensamiento sobre lo que debería ser la justicia constitucional en sentido amplio.

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Al momento de ser emitidas las ternas enviadas por el presidente de la República, el primer nombre que llamó la atención a la opinión pública fue la de Alejandro Jaime Gómez Sánchez. Actual Procurador del Estado de México y, lógicamente, cercano en especial al consejero jurídico de la presidencia de la República, Humberto Castillejos. Su nombre, en razón de su cargo y trayectoria, se encuentra ligado a casos de posibles violaciones a derechos humanos de enorme relevancia: Atenco y Tlatlaya.

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El control del Senado por parte del PRI-PVEM deja un margen considerable de negociación por la veintena de votos faltantes para la ratificación de un ministro. No podemos sino esperar que, como en el pasado nombramiento, vuelvan a votar juntos el grupo PRI-PVEM-PAN para ratificar a los dos nuevos ministros de la Suprema Corte. El resultado esperado es exactamente el mismo: jueces cercanos al punto ideal del presidente (y su partido) en una coalición conservadora para mover la mediana de la Corte. El juego institucional arroja este resultado, no podemos pedirle peras al olmo.

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Es terrible lo ocurrido en el país galo. La reacción militar y jurídica también lo será. Es ahora cuando se requiere más que nunca mantener a raya al propio Estado ante este derecho penal y policial de excepción. Los derechos humanos deben estar vigentes ahora más que nunca en el discurso y la práctica.

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En general, considero que las ternas enviadas por el Ejecutivo federal son una nota positiva sólo en la medida en que con ellas se evitó un escenario francamente desolador. La Corte hubiera sufrido un daño –tal vez irreversible– si se hubiera impuesto la lógica de las cuotas (partidistas) y los cuates (del presidente). No obstante, sería difícil afirmar que lo anterior constituye un avance hacia la consolidación de nuestra Suprema Corte.

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