…esta resolución es la prueba más penosa de la deconstrucción institucional en materia electoral. Salvo honrosas excepciones, las autoridades electorales y quienes las componen parecen haber abandonado la brújula de los objetivos para los cuales fueron creadas: proteger los principios democráticos, dar certeza y legalidad a las elecciones y ser un árbitro imparcial. Como los cangrejos, vamos para atrás también esta asignatura no menor.

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estra Suprema Corte de Justicia no debe seguir con la política de auto-marginación de temas difíciles como este. Necesitamos una Corte que sea un faro luminoso que nos ayude a navegar a través de la densa niebla por la que esta pasando México en materia de seguridad. Ojalá que los nuevos ministros, el Presidente, el Senado, las Fuerzas Armadas, y la propia Corte también así lo entendieran.

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El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Suprema Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos. En esta edición se presentan los asuntos conocidos en octubre de 2014.

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El día de ayer, el presidente Peña Nieto presentó la terna de candidatos a ministros de la Suprema Corte para ocupar la vacante dejada por el fallecimiento del ministro Valls. Se trata del primer paso de un proceso institucional donde el Senado de la República debe evaluar a los candidatos presentados y, en su caso, aprobar por mayoría calificada a alguno de éstos. Sobra mencionar que, al ser la Suprema Corte árbitro de muchísimos de los conflictos de la vida institucional del país, se trata de un nombramiento de enorme relevancia. En un esfuerzo por iniciar un indispensable debate respecto los candidatos, e inclusive el mismo proceso de designación, a continuación se presenta un ramillete de opiniones de diferentes expertos.

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El desencanto actual con el proyecto democrático se explica en gran medida por el hartazgo social de la corrupción de la clase política. La casa blanca, la casa de Malinalco, las casas de los Murat, las deudas de Moreira, los departamentos de lujo de distintos miembros de la clase política, el caso de Oceanografía y los hijos de Martha Sahagún, los permanentes y ofensivos conflictos de interés; todo ello abona al creciente clima de desencanto con nuestra democracia. Combatir la corrupción no es sólo un mandato constitucional y una exigencia legal; es también una necesidad para reivindicar a la democracia y la credibilidad de nuestra vida pública.

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El porno de venganza (o revenge porn, como se le conoce en inglés) ocurre cuando una persona sube o comparte en internet imágenes o videos vinculados con la vida sexual de su ex pareja sin el consentimiento de ésta, documentos que en su momento obtuvieron con anuencia gracias a la intimidad existente entre los involucrados. Este fenómeno no tendría la misma repercusión de no ser por el creciente uso de los smartphones, celulares que facilitan la grabación y diseminación de material audiovisual íntimo.

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El plan del teléfono celular, la televisión satelital o por cable, el internet en casa, la nota de la tintorería, la inscripción al gimnasio, entre otros servicios que consumimos todos los días, los adquirimos a través de un contrato con las empresas proveedoras. Se trata de un contrato que no se negocia, conocido como contrato de adhesión y que la empresa en cuestión lo ofrece de manera unilateral. ¿Cuántas veces leemos estos contratos? ¿Sabemos las cláusulas que contienen? ¿Hay alguien que revise que estos contratos sean justos y equitativos? ¿Existe algún lineamiento sobre cómo deben ser estos contratos? Y, de manera más elemental, ¿por qué existen?

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Terminar con la impunidad, crear un verdadero régimen federal, activar los mecanismos congresionales cuando haya excesos o abusos por parte del ejecutivo, limitar la intervención del gobierno en la vida privada de los ciudadanos, hacer del nuevo sistema de justicia penal una realidad, evitar la arbitrariedad por parte de los poderes públicos… son sólo algunas de las cuestiones que requieren a una Constitución viva y despierta; en pocas palabras, una Constitución que se cumple.

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Al haber optado únicamente por la protección del titular de los datos personales sin tomar en cuenta el balance que con respecto al interés público y la libertad de expresión (incluyendo el derecho a acceder a la información) debe realizarse, el IFAI ha actuado de forma parcial. El camino elegido constituye un aval institucional que, aunque no muy efectivo[3], manda una señal que abona a nuestro malestar: los intereses privados que prevalecen sobre el interés público.

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