Durante las últimas semanas, el Jefe de Gobierno de Ciudad de México, varios gobernadores y titulares de instituciones de seguridad pública han emprendido una articulada campaña de desprestigio en contra del “nuevo” sistema de justicia penal. A pesar de que intenten maquillar sus declaraciones con el uso de eufemismos, sus señalamientos evidencian la creencia de que la presunción de inocencia y los estándares de desempeño introducidos por la reforma penal de 2008 no solo obstaculizan las labores de procuración de justicia sino que propician una mayor inseguridad. Sus propuestas de “mejoras” no apuntan a corregir las deficiencias reales y documentadas del sistema acusatorio sino a iniciar un cambio gradual pero seguro en el sentido opuesto a la lógica garantista del modelo acusatorio. En este sentido, es acertado caracterizar las modificaciones propuestas como un intento de “contrarreforma”.

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El 8 de junio de 2017, la División de Apelaciones de la Corte Suprema de Nueva York resolvió que los chimpancés no tienen derecho al habeas corpus. El recurso había sido interpuesto por Nonhuman Rights Project, Inc., con miras a buscar la protección de esa figura jurídica para sus clientes, Tommy y Kiko. No es este, desde luego, el primer caso relevante que los tribunales del mundo han tenido que resolver, relacionado con los derechos de individuos “no humanos”. Esta nota contiene un somero —y heterogéneo— repaso.

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El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos.

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La experiencia estadounidense demuestra que reducciones drásticas en los índices delictivos no implican necesariamente un incremento automático en la legitimidad de las instituciones. La disminución delictiva en el país vecino se caracterizó por políticas criminales agresivas como los infames stop and frisk y la estrategia de broken windows. Estas políticas, implementadas principalmente en barrios urbanos habitados por minorías, se acompañaron de prejuicios y sesgos que derivaron en los problemas actuales de encarcelamiento masivo y ocasionaron un daño grave a la relación entre la policía y las comunidades.

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El objetivo del libro que anunciamos “La Suprema Corte y el matrimonio igualitario en México” publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (2017), es reflexionar sobre la línea jurisprudencial de la Suprema Corte mexicana sobre el matrimonio igualitario, particularmente, teniendo en cuenta el papel que ha tomado a partir de las reformas constitucionales en las materias de amparo y derechos humanos de 2011.

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Hoy en día casi nadie duda de la importancia de la transparencia y el acceso a la información pública. Son valores tan asentados en la dinámica democrática que parecería que su núcleo normativo está bien delimitado y su campo de aplicación definido. Sin embargo, en el derecho constitucional, como en la vida, nada es tan claro como aparenta.

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Tras un proceso de designación en el que el desempeño poco transparente del Senado de la República levantó cuestionamientos respecto del reparto de magistraturas bajo la lógica de cuotas partidistas y la posterior modificación legal para ampliar la duración del cargo de 4 magistrados la legitimidad de la nueva integración de la Sala Superior se vio mermada. La Suprema Corte tuvo la oportunidad de recomponer esta dañada legitimación a partir de un fallo con argumentos convincentes en un sentido u otro; sin embargo, después de 4 sesiones y con escaso debate … se validó jurídicamente un acuerdo político que desconoció el proceso constitucional para designar a los integrantes de la Sala Superior.

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El día de hoy, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) continuará discutiendo la acción de inconstitucionalidad 99/2016 y su acumulada 104/2016 promovidas respectivamente por los partidos políticos MORENA y PRD en contra del decreto por el que se reforma el artículo cuarto de las disposiciones transitorias del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado el 1 de julio de 2008.

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Por donde se vea, este caso podría tener raíces para acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sin embargo, por el momento las víctimas están maniatadas para hacerlo, ya que un prerrequisito indispensable de este sistema es el agotamiento de los recursos internos. Queda entonces seguirle la pista al curso de la investigación a nivel doméstico, ya que únicamente esto determinará en un futuro si México se podría ver involucrado en un embrollo internacional por espionaje.

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