A consecuencia de la ola de inconformidad experimentada en el país por el aumento de los precios de las gasolinas y el diésel, el gobierno federal señaló reiteradamente que tal incremento no era consecuencia de la reforma energética. Sin embargo, de la afirmación de que la gasolina es importada y que su costo subió internacionalmente, no concluye lógicamente que su precio final se incremente; tampoco permite inferir que el incremento se debiese a factores externos ni prueba que no fuese consecuencia de la reforma energética. Parece que hay algo más que le falta a dichos razonamientos.

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El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos.

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Sin embargo, y más allá lo repugnante y peligroso que es este personaje, vale preguntarse qué tan viable es la destitución de Trump. ¿Cuáles son los requisitos legales para concretar el impeachment del Presidente de Estados Unidos? ¿Existen otras vías jurídicas para removerlo de su cargo? ¿Qué tan propicio es el contexto político para echar a andar esta maquinaria legal?

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El día de ayer, la Corte de Apelaciones emitió su sentencia respecto esta suspensión de emergencia. En ella, la Corte niega la moción del gobierno federal argumentando que éste no demostró tener posibilidades de tener éxito –un concepto parecido a la apariencia de buen derecho en el juicio de amparo mexicano-, ni tampoco demostró que la negativa a la suspensión pudiera causar un daño irreparable. Así, a continuación, se resumen los principales argumentos de esta sentencia Washington v. Trump.

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Los anteriores son apenas unos ejemplos de las consecuencias que, desde el punto de vista probatorio, puede tener el Internet de las cosas. Constantemente parecemos olvidar que, si queremos defender derechos o asegurar el cumplimiento de obligaciones, es indispensable probar nuestros reclamos o nuestras defensas. Mientras no seamos capaces de robustecer nuestros procesos, y dentro de ellos los aspectos probatorios, ante la avasalladora tecnología en que vivimos nuestros derechos seguirán existiendo solo en el papel.

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La Suprema Corte ya ha conocido de otras controversias en las que se ha cuestionado la constitucionalidad de las facultades del IFETEL para emitir disposiciones administrativas de carácter general. En esos casos, la Corte ha precisado que el IFETEL sí puede emitir normas generales en el ámbito de sus competencias bajo ciertos límites de contenido y jerarquía. Por lo que próximamente, los ministros de la Suprema Corte tendrán que analizar si los lineamientos expedidos por el IFETEL excedieron sus competencias o si bien se ajustan al marco constitucional y legal aplicable a la materia.

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Algo que Trump debería tener más en cuenta es que en un estado contemporáneo, configurado a través de un modelo de democracia constitucional, ni siquiera el presidente puede estar por encima de la ley… Y en caso de que el mandatario lo ignore, siempre habrá abogados dispuestos a recordárselo.

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En medio de protestas y el desastre generado por sus órdenes ejecutivas en materia de migración, el Presidente Trump presentó a su candidato para ocupar una silla en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Se trata de Niel Gorsuch, quien actualmente se desempeña como juez federal en la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito, con sede en la ciudad de Denver, Colorado. Con esta nominación, parece que Trump ha decidido jugar a lo seguro.

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En el marco de las discusiones en el Senado frente a las iniciativas que pretenden dar rango constitucional a la militarización del país para legitimar la guerra contra las drogas iniciada por Felipe Calderón en 2007 y ante la crisis de violencia extrema y de derechos humanos que enfrenta el país, el Estado mexicano deberá responder durante 2017 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes por parte de miembros de las fuerzas armadas en el ejido Benito Juárez en Chihuahua, ocurrida el 29 de diciembre de 2009.

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