El día de hoy, inició la serie de comparecencias de los candidatos a ministros de la Suprema Corte ante la Comisión de Justicia del Senado –en su caso, dos de estos seis candidatos sustituirán a los ministros Silva Meza y Sánchez Cordero, quienes justo el día de hoy concluyeron su cargo.

Respecto las reglas que definieron el rumbo de esta comparecencia, vale destacar algunos puntos no menores: este ejercicio de escrutinio fue transmitido por el Canal del Congreso; se integró por tres rondas de preguntas formuladas por Senadores de los diversos partidos políticos e, inclusive, de miembros de la sociedad civil que previamente enviaron sus cuestionamientos a la Comisión de Justicia; hubo posibilidad de que, después de plantear su pregunta, el Senador en cuestión pudiese lanzar una contrarréplica si no quedaba satisfecho con la respuesta de la candidata y; por último, no se estableció un límite de tiempo ni para la participación de los Senadores ni para las respuestas de la candidata.

verguenza

Así, bajo este conjunto de reglas, la comparecencia inició con una intervención de 20 minutos de la magistrada Orea, quien integra la terna para sustituir a Sánchez Cordero. Sobra mencionar que esta exposición era una oportunidad valiosísima para explicar a los integrantes de la Comisión de Justicia, y a la opinión pública, su visión de lo que debe ser la justicia constitucional y sus habilidades para coadyuvar a la consolidación de ésta. Lo que ofreció, por el contrario, la magistrada Orea fue un ramillete de lugares comunes. Un recorrido por divagaciones respecto conceptos como democracia, Estado de derecho, seguridad pública y su relación con la Suprema Corte; asimismo, al plantear los que a su juicio son los retos de nuestra corte constitucional simplemente se limitó a enumerar las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, sistema penal, juicio de amparo; por último, la magistrada Orea ofreció un breve recuento de la evolución del derecho en el mundo occidental y la etapa en la que se encuentra la Corte mexicana: el Estado constitucional y democrático de derecho.

Una vez que concluyó esta exposición por parte de la candidata, comenzaron las rondas de preguntas. E inició, a su vez, un espectáculo francamente bochornoso. La magistrada Orea demostró en más de una ocasión que desconoce enteramente lo que significa la justicia constitucional y el sinfín de temas que giran alrededor de ésta. No se trata de que personalmente no hayan gustado sus respuestas. No. Más bien, se trata de una ignorancia constitucional que sólo sirvió para evidenciar la irresponsabilidad mayúscula del presidente Peña Nieto al incluirla en la terna de candidatas a ministra de la Suprema Corte.

Aquí algunos ejemplos: Desde el inicio se le preguntó si el INAI debía tener o no la facultad de determinar si cierta investigación en materia penal era una violación grave de derechos humanos y, por tanto, proceder a calificar tal investigación como información pública. Después de la insistencia de dos Senadoras para que contestara esta interrogante, y demostrar su claro desconocimiento en el tema, afirmó que el INAI sí debía tener esta facultad pero sin ninguna argumentación al respecto. Otro miembro del Senado le lanzó esta interrogante: ¿cómo impulsar una relación armónica entre el juicio de amparo y el nuevo sistema penal? Se limitó a afirmar que en efecto era necesario construir una relación armónica entre ambos instrumentos normativos y, para ello, probablemente habría que reformar algunos aspectos de la Ley de amparo. Sobre el caso de Campeche y matrimonio entre personas de mismo sexo, resuelto por la Suprema Corte, se le preguntó su opinión del voto del ministro disidente en tal sentencia. No conocía el caso, ni mucho menos tal voto, de ahí que sólo se pronunció a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y señaló que éste no afectaba el interés superior del niño, pero una vez más no ofreció una exposición de los eslabones argumentativos que sostuviesen su postura al respecto. También se le preguntó su posición sobre la contradicción de tesis 293/2011 y otros casos similares; en concreto, sobre la jerarquía entre normas internacionales y constitucionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se trata de un caso de enorme relevancia para cualquiera que aspire a ser ministro de la Suprema Corte. No obstante, la magistrada Orea no lo conocía. Fue necesario que la Senadora que le formuló esta pregunta le diera más de una pista para que Orea al final pudiese ofrecer una respuesta vacua y sin un mínimo de coherencia. El mismo tipo de respuesta que ofreció, ante la interrogante de qué opinaba del arraigo y del principio pro persona.

Ante estas respuestas, los Senadores parecían unos expertos en justicia constitucional. Pero en realidad no fue así: sin preguntas particularmente sofisticadas –inclusive varias de ellas francamente mediocres-, la magistrada Orea se desmoronó. Nerviosa, desarticulada, acabó su comparecencia clavando su mirada en el pódium buscando respuestas en un torbellino de tarjetas. No las encontró. Y, por ello, lo único que se puede esperar, después de esta primera comparecencia, es que haya sido el episodio más penoso de este proceso de designación y lo que venga sea mucho mejor.

Saúl López Noriega. Profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Twitter: @slopeznoriega

Leer completo

error2A propósito de la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre la constitucionalidad del arraigo para delitos graves en el ámbito federal, diversas organizaciones y especialistas se han pronunciado en contra del fallo, e incluso a favor de la desaparición de la figura del arraigo del sistema jurídico, por considerarla contraria a los derechos humanos.

De la decisión de la Corte pueden realizarse diversos análisis; uno de ellos, que ya se ha realizado [i], es respecto a la obligación que tenía la Corte de realizar un control de convencionalidad y realizar un análisis del arraigo bajo estándares internacionales de derechos humanos, cosa que no sucedió.

Otra cuestión interesante para analizar, es el argumento expuesto por el ministro Cossío[ii] respecto a que la Corte debe replantearse la función de los artículos transitorios de una reforma constitucional y preguntarse si éstos puede hacer extensiva una restricción a los derechos humanos (en este caso, la restricción a la libertad personal, establecida en el artículo 16 constitucional).

En este texto, sin embargo, quisiera explicar las razones por las cuales, a mi parecer, la Suprema Corte se equivocó al decidir en la forma en que lo hizo sobre el arraigo y por qué no es una excepción en la que se pueda restringir válidamente un derecho humano (en este caso, la libertad personal).[iii]

Vayamos por partes. Primero, es importante recordar dos cosas: (1) la reforma constitucional del 18 de junio de 2008 constitucionalizó la figura del arraigo; es decir, introdujo la figura explícitamente en el artículo 16 de la Constitución para que fuera aplicada en casos de delincuencia organizada (en determinadas circunstancias)[iv]; y (2), el artículo undécimo transitorio de la misma reforma prevé que en tanto entra en vigor el sistema procesal acusatorio, los agentes del Ministerio Público podrán solicitar al juez el arraigo domiciliario del indiciado tratándose de delitos graves.

Ahora, ¿cuál fue el sentido de la decisión de la Corte? El proyecto de la sentencia parte de que el arraigo debe entenderse como una excepción constitucional explícita a la regla general de libertad personal y que el constituyente permanente, en el artículo décimo primero transitorio del decreto de la reforma, introdujo una habilitación legislativa para regular el arraigo penal a nivel federal para delitos graves; por lo tanto, concluye que el artículo 133 Bis del CFPP respeta el régimen constitucional y es compatible con el cuerpo legal de los derechos humanos, pues fue emitido conforme a dicha habilitación legislativa, a pesar de ser una restricción expresa al derecho a la libertad personal [v].

Seis de once ministros votaron a favor de la constitucionalidad del artículo[vi], por considerar que el arraigo representa una limitación o una restricción a la libertad personal establecida en la propia Constitución, motivo por el que no lo consideran violatorio de los derechos humanos ni de las convenciones internacionales.

En contraste, los ministros que se pronunciaron en contra de la constitucionalidad del artículo 133 Bis del CFPP consideran que la figura del arraigo no cumple con los requisitos exigidos convencionalmente para imponer un límite válido al derecho a la libertad personal, además de ser violatoria de otros, como el derecho a la presunción de inocencia, la integridad física (por riesgo de tortura), etcétera.

¿Por qué se equivocó la Corte al avalar la figura del arraigo como una excepción válida al derecho a la libertad personal?

Más allá de que el arraigo se encuentre constitucionalizado, esta decisión pudo ser el primer precedente en el que la Corte fijara su postura en contra de una figura que es injustificadamente restrictiva de derechos humanos, ineficaz para los fines para los que supuestamente fue constituida y que crea escenarios ad hoc para la transgresión de otros derechos.

Una figura incompatible con los derechos humanos

La libertad personal, la presunción de inocencia e incluso la integridad física por riesgo de tortura, son derechos vulnerados con la implementación del arraigo, pues es una medida que priva de la libertad a una persona fuera de proceso, sin que haya siquiera sido acusada formalmente.

Es importante distinguir tres cuestiones respecto a la vulneración de derechos humanos, y son las razones por las cuales considero que el arraigo no debería existir en nuestro sistema jurídico.

a) Existe una restricción directa a la libertad personal. La misma Suprema Corte había declarado inconstitucional el arraigo[vii], previamente a su incorporación en la Constitución, al considerarlo un acto violatorio de las garantías de legalidad, de seguridad jurídica y, primordialmente, de la libertad personal.

b) Una restricción (como excepción) a derechos sólo puede ser válida si se cumplen ciertos requisitos. Para restringir válidamente un derecho humano, deben cumplirse determinados requisitos, como son: idoneidad, necesidad, proporcionalidad, razonabilidad, excepcionalidad, etc. Sin embargo, el arraigo no es una medida que sea necesaria, proporcional ni razonable para la restricción del derecho a la libertad personal. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la regla general es la libertad, y la limitación o restricción de ésta es siempre la excepción. Entonces, el Estado no puede detener para posteriormente investigar; por el contrario, sólo está autorizado a privar de la libertad a una persona cuando haya alcanzado el suficiente conocimiento de los hechos para poder llevarla a juicio.[viii]

c) Existen violaciones indirectas a otros derechos. Como ya se dijo, el arraigo no sólo implica el sacrificio del derecho a la libertad personal, sino que ha favorecido a la vulneración de otros derechos, como la integridad personal[ix].

El arraigo amplía las posibilidades de que una persona sea torturada, debido a la discrecionalidad y escaso control jurisdiccional en su ejecución. De acuerdo con información obtenida por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la CNDH indicó que entre el 18 de junio de 2008 y abril de 2014, se han ventilado 112 quejas por violaciones de derechos humanos relacionadas con el arraigo, de las cuales el 38 por ciento fue por detención arbitraria y el 41 por ciento por tratos crueles, inhumanos o degradantes. Del total de los casos, el 26 por ciento presentó ambas violaciones. Los tratos crueles mencionados en las quejas van desde golpes y lesiones, hasta fracturas y aplicación de descargas eléctricas en genitales u otras partes del cuerpo. Asimismo, hubo largos plazos de incomunicación que entorpecieron el desarrollo de una defensa adecuada.

Arraigo: abuso e ineficacia

El arraigo ha sido una medida de la que se ha abusado y que ha sido aplicada de manera indiscriminada, discrecional, arbitraria y, como ya se vio, en agravio de los derechos humanos. Esto responde a una tendencia de detener para investigar, en lugar de investigar para detener[x]. El arraigo, como varios expertos han señalado, se ha convertido en una medida que cumple con la necesidad de suplir las deficiencias de las instituciones responsables de la investigación de los delitos.

Este recurso también se ha caracterizado por ser poco efectivo para combatir a la delincuencia.[xi] Los números no mienten: de acuerdo con el Informe “Arraigo, Medidas Cautelares y Ejecución Penal”, elaborado por el Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia y de la CMDPDH, la PGR informó que 9,761 personas habían sido arraigadas de 2008 a junio de 2014. De ellas, el 72.7 por ciento fue consignado; sin embargo, entre 2008 y 2011, de un total de 8,595 personas arraigadas en el ámbito federal, únicamente el 3.2 por ciento obtuvo una sentencia condenatoria, lo cual indica que este método es ineficaz como una herramienta que facilite la investigación.

Por ello, la Corte se equivocó al decidir en el sentido en que lo hizo respecto al arraigo (independientemente de que sólo sea aplicable en tanto el sistema acusatorio esté vigente a nivel nacional) pues definió su postura respecto a una figura que injustificadamente restringe y viola derechos humanos.

Karen Silva Mora. Abogada por la UNAM. Asistente de investigación en el CIDE y coordinadora de Desarrollo Institucional del Programa de Política de Drogas del CIDE. Twitter: @karensvm

____________________

[i] Ver también el análisis que realiza Adriana Muro en El Juego de la Suprema Corte: La Suprema Corte y los costos de su decisión sobre el arraigo.

[ii] Puede consultarse la posición del Ministro José Ramón Cossío en el Amparo Directo en Revisión 1250/2012 sobre el arraigo aquí.

[iii] Esto a propósito de debates que he tenido con algunos colegas que consideran que el arraigo no debería desaparecer, sino ser regulado y estrictamente vigilado por los jueces; ello porque consideran que es una herramienta que si deja de utilizarse arbitrariamente, como se ha hecho hasta ahora, puede ser útil para proteger personas, bienes jurídicos, pruebas así como para evitar que un indiciado se sustraiga de la acción de la justicia, además de permitir a las autoridades perfeccionar la investigación. Ellos consideran que los malos resultados que ha tenido el arraigo (incluida la vulneración de otros derechos como la integridad personal) , son consecuencia de una mala regulación y que es un problema de los operadores y no de la figura en sí misma.

[iv] Siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.

[v] Véase: contenido de las Versiones Taquigráficas de las sesiones públicas ordinarias del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebradas los días 9, 13 y 14 de abril de 2015.

[vi] Eduardo Medina Mora, Margarita Luna Ramos, Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena votaron a favor. En contra: Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero y Luis María Aguilar Morales.

[vii] Véase: Tesis Aislada, 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVII, Enero de 2008; Pág. 2756. I.9o.P.69 P.; y Tesis Aislada, 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIII, Febrero de 2006; Pág. 1170. P. XXII/2006.

[viii] CIDH. Caso Norín Catriman y otros, en Informe “Arraigo, Medidas Cautelares y Ejecución Penal” elaborado por el Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia y de la CMDPDH.

[ix] Véase: Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia y comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Arraigo, Medidas Cautelares y Ejecución Penal. El uso del arraigo a nivel federal, en el estado de Nuevo León y el Distrito Federal: Análisis de constitucionalidad, legislación y práctica, México, enero 2015.

[x] Véase: Conclusiones Preliminares Visita a México del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez Abril 21–Mayo 2 2014

[xi] Ver De la Rosa, Carlos, “Arraigo, un fracaso insostenible”, en Animal Político, abril de 2015.

Leer completo

El pasado martes 14 de abril, bajo una confusa discusión, con seis votos a favor y cinco en contra, la Suprema Corte estableció la constitucionalidad de la figura del arraigo en casos de delitos graves. Lo anterior, con base en el artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales y el artículo 11 transitorio del decreto de reforma constitucional en materia penal de junio de 2008.

Los seis votos a favor corrieron a cargo del recién llegado Eduardo Medina Mora, junto con Margarita Luna, Fernando Franco, Jorge Pardo, Alberto Pérez y Ortiz Mena, quienes durante la discusión consideraron innecesario ejercer un control de convencionalidad sobre la figura en tanto ésta se encuentra contemplada en la propia Constitución, lo cual a su entender es una restricción a dicho análisis.

Los cinco votos en contra fueron de Juan Silva Meza, José Ramón Cossío[1], Olga Sánchez Cordero, Arturo Zaldívar y Luis María Aguilar ejercieron un control de convencionalidad respecto de la privación de la libertad para investigar, la cual conforme a los estándares internacionales, específicamente del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, resulta arbitraria y violatoria de un cúmulo de derechos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la propia Constitución mexicana.

Son varios enfoques desde los cuales se puede analizar dicha decisión. En esta ocasión, quisiera analizar algunos de los costos de decidir a favor de la constitucionalidad del arraigo y del equívoco mensaje que la Corte envía respecto de las obligaciones internacionales de respeto y garantía del Estado mexicano en medio de la crisis de derechos e impunidad que impera en el país.

arraigoEl primer costo implica permitir que ante la incapacidad e ineptitud de las autoridades en materia de investigación y sanción, figuras claramente violatorias de derechos humanos sean elevadas a rango constitucional, lo cual como señaló el ministro Zaldívar, constituye un fraude a la Carta Magna. Resulta preocupante que ministros utilicen la supremacía de la Constitución para permitir que una figura jurídica vulnere el debido proceso legal, la libertad personal, el derecho a la circulación y que derive patrones generalizados como actos de tortura durante la detención.[2] En ese sentido, es importante aclarar que el hecho de que una figura o disposición violatoria de derechos humanos se encuentre en la Constitución no exime a los Estados de responsabilidad internacional por incumplir con sus obligaciones.[3]

Otro costo de declarar constitucional el arraigo es que dicha decisión judicial se une a distintas acciones y omisiones de los otros poderes de gobierno en materia de derechos humanos, como el rechazo de la Secretaría de Relaciones Exteriores al informe redactado por Juan Méndez, Relator de Naciones Unidas, que reconoce el patrón generalizado de tortura en el país o la evasión por parte del Ejecutivo y el Legislativo respecto de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa hace 6 meses,  los cientos de fosas encontradas en Guerrero, las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya a manos del ejército, la masacre de Apatzingán de la cual son responsables policías federales, entre otros episodios de vulneraciones.

Y es que pareciera entonces, que la decisión por de seis ministros del Pleno de la  Suprema Corte, se une a esta incongruencia estatal, al ignorar las decenas de pronunciamientos por parte de organismos de Naciones Unidas, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de los organismos autónomos de protección nacionales como la CNDH y la CDHDF[4], los cuales han reiterado en distintos escenarios como la figura del arraigo es arbitraria, violatoria del principio de presunción de inocencia y que incumple los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad para privar de la libertad a una persona. Además de demostrar con cifras y quejas que la figura es inefectiva y evidentemente violatoria de derechos humanos.[5]

El último costo que quisiera evidenciar es cómo la decisión envía un mensaje confuso al resto del Poder Judicial. Si bien la construcción del control de convencionalidad resulta de un diálogo constante entre los operadores de justicia y no de una sola decisión, el desconocimiento de estándares internacionales que la propia Corte ha declarado vinculantes, confunde al resto de jueces respecto a la implementación del artículo primero constitucional y la consolidación de jurisprudencia protectora de derechos humanos.

Finalmente, es relevante reflexionar sobre los propios organismos de protección de derechos humanos a nivel universal y regional. Los cuales si bien son parte de este diálogo jurisprudencial, debieran ser más cuidadosos respecto a los halagos y reconocimientos que en el ámbito político hacen sobre la actuación de la Suprema Corte en materia de control de convencionalidad, ya que corren el riesgo de caer en el doble discurso en el cual se encuentra inmerso el Estado mexicano.

Adriana Muro. Abogada de la Universidad Iberoamericana, con maestría en derechos humanos y democratización de la Universidad del Externado de Colombia. Socia de Elementa, Consultoría en Derechos.

___________________

[1] Vale la pena leer la posición del ministro José Ramón Cossío en cuanto a la inconstitucionalidad del arraigo.

[2] El Amicus presentado por la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) ante la SCJN detalla con base en estándares internacionales y cifras las violaciones a derechos humanos de las cuales han sido víctimas las personas que han sido sujetas a arraigo en el país.

[3] Específicamente en cuanto al deber de adoptar disposiciones de derecho interno conforme al artículo 2 de la CADH, el cual establece que los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Véase Corte IDH. Caso “La Última Tentación de Cristo“ (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73.

[4] Ambas Comisiones se pronunciaron sobre la decisión de la SCJN.  

[5] A modo de ejemplo véase: Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU: Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su visita a México (2002) E/CN.4/2003/8/Add.3. Comité contra la Tortura de la ONU: Conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura (2007). CAT/C/MEX/CO/4.Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes: Informe sobre la visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes de la Organización de las Naciones Unidas. CAT/OP/MEX/R.1.; Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU: Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas, en el marco del Quinto Examen Periódico de México ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el 22 de marzo de 2010; Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, en su declaración de prensa al concluir su misión oficial a México entre el 1 y el 15 de octubre de 2010. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita de trabajo a México entre el 26 y el 30 de setiembre de 2011; Consejo de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, Decimoséptima reunión, Ginebra, octubre 22 a noviembre 1 de 2013, Informe preliminar del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, 25 de octubre de 2013.

 

Leer completo

arraigoEl pasado 14 de abril de 2015, el pleno de la Suprema Corte decidió por 6 votos a favor y 5 en contra la constitucionalidad del artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales  que establece el arraigo en caso de delitos graves hasta por 40 días. La figura del arraigo ha sido ampliamente debatida en foros nacionales e internacionales por ser violatoria de derechos humanos, tales como la libertad personal, el debido proceso y por ser un caldo de cultivo para la tortura y otros tratados crueles inhumanos y degradantes. Yo me pregunto: ¿Dónde quedaron las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos? ¿Dónde está el control de convencionalidad y el principio pro persona? ¿Acaso estamos frente a un límite constitucional?

El derecho de los tratados establece claramente que no se puede alegar derecho interno como razón para no cumplir con una obligación internacional, por su parte, el Proyecto sobre Responsabilidad Internacional de los Estados derivada del Hecho Ilícito, claramente señala que las autoridades judiciales de un Estado comprometen la responsabilidad internacional del mismo. Desde mi perspectiva, con dicha resolución, la Corte está comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado al considerar constitucional al arraigo cuando éste claramente viola una serie de derechos consagrados en diversos tratados sobre derechos humanos de los cuales México es parte, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos y Degradantes, Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

El hecho de que 6 ministros de la Suprema Corte consideren que el arraigo es constitucional,  no implica que el mismo no vulnere derechos humanos internacionalmente reconocidos.  Si esto es así, existe la posibilidad de que en un caso individual, la Corte Interamericana de Derechos Humanos realice un control de convencionalidad del arraigo. Si esto sucede me parece que la Corte Interamericana resolvería declarando la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación de diversos derechos humanos consagrados en los tratados interamericanos, ordenando su derogación y la inaplicación de los criterios judiciales contrarios. Yo me pregunto, después de la reforma en materia de derechos humanos y los criterios jurisprudenciales derivados de la misma: ¿No le corresponde a la Suprema Corte la protección de los derechos humanos de fuente nacional e internacional? ¿O en caso de delitos graves o delincuencia organizada algunos derechos desaparecen? ¿O tenemos que esperar una decisión de la Corte Interamericana sobre el tema?

Gabriela Rodríguez. Profesora de Tiempo Completo Departamento de Derecho ITAM.

Leer completo

El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Suprema Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos. En esta edición se presentan los asuntos conocidos en octubre de 2014.

1. Nuevo Sistema Electoral

Durante las primeras sesiones, la Corte continuaría la discusión sobre los parámetros del nuevo sistema electoral mexicano, en esta ocasión sobre asuntos relativos a las entidades federativas, como Querétaro, Chiapas, Nuevo León.

Se reiterarían las decisiones en torno a candidaturas independientes, financiamiento público, etc. Presentamos decisiones, que no se dieron en los asuntos de septiembre y resultan significativas.

Requisito consistente en constituir una asociación civil para el registro de candidaturas independientes, se consideró que la exigencia era una medida razonable y no constituía un requisito excesivo, desproporcionado, pues provee de una estructura mínima que facilita la actuación del candidato independiente, a través de los distintos miembros de la asociación y abona a la transparencia, al permitir distinguir claramente, entre los actos jurídicos del candidato y los relacionados con su candidatura, que guarda proporción con la finalidad de acceder al cargo de elección popular[1].

Existe una restricción injustificada a la libertad de expresión, por límites adicionales a los establecidos en la Constitución, al deber de abstenerse de denigrar a las instituciones, a otros partidos. Primero, constitucionalmente sólo se protege a las personas frente a la propaganda política o electoral que las calumnie, pero no a las expresiones que las denigre; segundo, porque la medida no tiene cabida dentro de las limitaciones expresas en el 6º constitucional[2].

derechos-humanos2Restricción injustificada y arbitraria del derecho al voto como elector, por diversas categorías sospechosas, como impedir ser elector a la persona que esté sujeta a un proceso penal, por delito que merezca pena privativa de libertad, desde que se dicte el auto de formal prisión. La Corte decidiría hacer una interpretación conforme, en el sentido de que se diera el impedimento, sólo tratándose de personas privadas efectivamente de su libertad, y no de aquellas que aún con un auto de formal prisión, se encuentren gozando de su libertad.[3]

No es aceptable excluir como electores a las personas con discapacidad y aquéllas con enfermedades mentales, ya que la norma impugnada, se aparta de los compromisos internacionales, principalmente de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Tampoco es aceptable excluir a los “ebrios consuetudinarios” y a las personas toxicómanos, ambos “fármaco-dependientes”, la Corte haría un estudio detallado del carácter histórico, teleológico, integral y competencial de la Constitución, los precedentes jurisprudenciales y diversos tratados de derechos humanos y de fiscalización de drogas, para sostener que actualmente no es posible excluir a las personas por condición de salud[4].

Disminución de la remuneración de los magistrados del Tribunal Electoral del estado. La Constitución establece un principio de seguridad económica de los magistrados y jueces, para percibir una remuneración adecuada e irrenunciable, la que no puede ser disminuía durante su encargo[5].

La jurisprudencia emitida por los órganos del Poder Judicial de la Federación es de aplicación obligatoria y no supletoria para todos los operadores jurídicos del Estado mexicano, el legislador local no tiene facultad para fijar reglas de aplicación, de la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación[6].

2. Consejos de la Judicatura[7]

Se analizaba la relación jerárquica de los Consejos de la Judicatura locales, con los órganos jurisdiccionales de su entidad, dentro del ámbito del cumplimiento de las sentencias de amparo.

Para determinar la superioridad jerárquica, diría la Corte, hay dos supuestos: poder ordenar que se actúe o deje de actuar en un sentido; segundo, dé cumplimiento a la sentencia de amparo.

En el caso, para los Consejos de la Judicatura, no se cumple ninguno. Ellos no cumplen una función de mando sobre órganos jurisdiccionales, pues esta última función no puede estar sujeta a un mandato de índole administrativa y además por sí sólo, el Consejo no podría cumplir una sentencia de amparo, pues invadiría la esfera jurisdiccional.

3. Debido proceso[8]

En el auto admisorio de una demanda de amparo directo, la Corte determinaría que es conveniente contener la orden del presidente del Tribunal Colegiado de Circuito para señalar en él, expresamente a las partes, que tienen quince días, a partir de la notificación por lista, para formular alegatos o interponer amparo adhesivo, con esto se pretende dar certeza y facilita la defensa de las partes en el juicio.

4. Jurisprudencia de la Corte, control de convencionalidad o constitucionalidad[9]

El problema a determinar era, si la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, puede ser objeto de control de constitucionalidad o convencionalidad ex officio[10] a cargo de los jueces nacionales, cuando se detecte que resulte violatoria de un derecho humano, contenido en la Constitución, o en los tratados internacionales en que el Estado mexicano sea parte.

La Corte resolvería que no y es la propia ley, la que prevé mecanismos, que podrán ser utilizados por los órganos inferiores, cuando se estimare que la jurisprudencia no resulta acorde al nuevo modelo de control de regularidad constitucional de derechos humanos, surgido a partir de la reforma de 10 de junio de 2011.

5. Fueros[11]

¿Cuándo subsiste el fuero militar? Los delitos contra la salud pueden juzgarse por el Tribunal Militar, cuando se comete por un miembro del ejército al realizar las funciones encomendadas. Lo anterior lleva a actualizarse la competencia de los tribunales militares, para juzgar los delitos del orden federal, cuando son cometidos por militares en servicio, siempre y cuando esos delitos no sean cometidos contra civiles, individualmente considerados, o se encuentren involucrados en el procesamiento.

Los elementos de la milicia, en el caso concreto, fueron acusados por permitir la extracción de narcóticos del país, lo que vulnera el Código de Justicia Militar por atentar contra la disciplina militar. En el caso concreto, igualmente se consideró al Estado como sujeto pasivo, pues es la sociedad la que resiente un menoscabo por haberse vulnerado normas de orden público, por la comisión de un ilícito.

6. Arraigo[12]

El Código de Procedimientos Penales del Estado de Baja California Sur, contemplaba el arraigo como una medida cautelar, para el caso de delitos graves. La Corte ya se había pronunciado en diversos asuntos, que el Congreso de la Unión es el único con facultades para legislar en la materia de delincuencia organizada, única vía de procedencia del arraigo.

7. División de Poderes y Poderes Sui generis. Sistema Nacional de Seguridad Pública[13]

Este asunto analizaba la constitucionalidad del nombramiento del Comisionado Nacional de Seguridad Pública y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como la obligación impuesta al Secretario de Gobernación, del Gobierno Federal, para comparecer cada seis meses ante determinadas comisiones del Senado de la República, sobre los asuntos en materia de seguridad nacional.

Primero. Requisitos de nombramiento del Comisionado Nacional de Seguridad Pública y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El problema es que se contempla la intervención del Senado en dichos nombramientos.

En cuanto al primero, se consideró que esas facultades de nombramiento, son propiamente del Secretario de Gobernación, esto llevaba a advertir un grado de subordinación y jerarquía directa e inmediata en la toma de decisiones entre el Comisionado y el Secretario de Estado, característica propia de la administración pública centralizada. Ahora, en los precedentes de la Corte se encontraba, que sin disposición expresa constitucional, no puede admitirse injerencia de otro poder en el nombramiento de los miembros de la administración pública centralizada.

En cuanto al segundo, su nombramiento como está considerado en el sistema normativo especial y constitucional, generaba una “especialidad o reserva de fuente”, donde no se contemplaba la intervención del Senado.[14]

Segundo. Obligación impuesta al Secretario de Gobernación federal, para comparecer cada seis meses ante determinadas comisiones del Senado de la República, a fin de presentar y dar seguimiento a la política criminal e informar sobre los asuntos de su competencia en materia de seguridad nacional.

La Corte definiría que no existe una prohibición absoluta para que el Secretario de Gobernación informe por comparecencia, en esos temas, al Senado de la República. Pero sí considera desproporcional la medida contemplada en la ley en comento.

La comparecencia cada seis meses ante las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, se considera atentatoria del principio de división de poderes, pues la comparecencia en esos términos no está prevista en la Constitución, de acuerdo con  los términos de la Carta Magna, la comparecencia tiene que provenir de un acuerdo parlamentario dado en un tiempo determinado, mientras que la contemplada en la ley en estudio, se da en una obligación irrestricta y sujeta a una periodicidad preestablecida.

El mismo razonamiento sucede cuando la ley en estudio establece, que el Secretario de Gobernación, debe “Informar al Poder Legislativo Federal sobre los asuntos de su competencia en materia de seguridad nacional, a través de una comparecencia semestral ante la comisión bicameral prevista…”

7. La Consulta Popular

La Corte resolvería sobre la constitucionalidad de la Consulta Popular[15] en tres asuntos.

Primero. La pregunta planteada era la siguiente: ¿Estás de acuerdo en que la Ley Federal del Trabajo establezca que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fije un nuevo salario mínimo que cubra todas las necesidades de una familia para garantizar al menos la línea de bienestar determinada por el CONEVAL?[16]

Se definió que la misma no podía ser objeto de consulta popular, por las siguientes razones:

1. La materia tiene que ver con los ingresos y gastos –tema no permitido para consultar- del Estado, al tener como finalidad, determinar nuevas bases para fijar el salario mínimo, pues si bien este es un derecho de los trabajadores, no podría desvincularse de aspectos, elementos y ordenamientos que hacen referencia al concepto mismo, ya sea de manera directa o indirecta, puesto que este concepto ha sido utilizado como referencia de una gran cantidad de legislación de orden tributaria y financiera.

2. Se consideró que la materia de consulta, igualmente caía en la prohibición relativa al tema de la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución, ya que la pregunta planteada pretendía sustituir una base constitucional, por una base de legalidad, dejando de lado el derecho humano social de los trabajadores al salario.

Segundo. La pregunta a formular: ¿Estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares nacionales o extranjeros para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica?

Se definiría que igualmente se actualizaba uno de los supuestos constitucionales que impide realizar una consulta popular, por relacionarse con los ingresos del Estado[17], por tratarse de analizar el sistema de contrataciones y asignaciones para las áreas estratégicas eléctrica, petrolera y de hidrocarburos.

Tercero. La pregunta a formular: ¿Está de acuerdo en que se mantengan las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética? [18]

Se determinó inconstitucional la consulta, porque al estar formulada en términos integrales, respecto de todas las previsiones constitucionales en materia energética, contenidas en el Decreto que reformó los citados artículos[19], su desahogo necesariamente incidiría con relación a la vigencia de determinadas disposiciones constitucionales que regulan el origen y destino de los recursos derivados de los ingresos de la industria petrolera[20].

Víctor Manuel Collí Ek. Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche y responsable del proyecto de investigación: “La vigencia de la Constitución en la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional” 154998, CONACYT-SEP, del cual el presente estudio es un producto. www.victorcolliek.com

______________________

[1] Sesión del 2 de octubre, p. 55.

[2] Sesión del 2 de octubre, p. 111.

[3] Sesión del 2 de octubre de 2014, p. 158.

[4] Sesión del 2 de octubre de 2014, p. 160.

[5] Sesión del 2 de octubre de 2014, p. 198.

[6] Sesión del 2 de octubre de 2014, p. 201.

[7] Contradicción de Tesis 57/2014, sesionada el 6 de octubre de 2014. Ponente Min. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Votación favorable, p. 10.

[8] Contradicción de Tesis 55/2014. Sesionada los días 7 y 13 de octubre. Ponente Min. Luis María Aguilar Morales. Unanimidad de votos, p. 28, sesión del 13 de octubre.

[9] Contradicción de Tesis 299/2013. Sesionada los días 13 y 14 de octubre de 2014. Ponente Min. Jorge Mario Pardo Rebolledo. Mayoría de 7 votos, sesión del 14 de octubre de 2014, p. 40.

[10] Un discusión que no se puede perder para tener un contexto claro de las implicaciones de esta decisión, la encontramos en “Último round: por qué la Corte sí debe controlar su jurisprudencia” consultable aquí. Este artículo es el final de una serie de análisis, a modo de ejercicio dialéctico, publicado en este mismo espacio, y ahí mismo referenciado.

[11] Amparo Directo en Revisión 3633/2013. Sesionado los días 16 y 20 de octubre de 2014. Ponente Min. Jorge Mario Pardo Rebolledo. Art. 57 del Código de Justicia Militar y 13 de la CPEUM. Mayoría de 6 votos, sesión del 20 de octubre de 2014, p. 6.

[12] Acción de Inconstitucionalidad 20/2013, sesionada el día 21 de octubre de 2014. Ponente Min. Luis María Aguilar Morales. Antecedentes en las Acciones de Inconstitucionalidad 29/2012 y 22/2013, del 25 y 27 de febrero de 2014. Mayoría de nueve votos.

[13] Acción de Inconstitucionalidad 1/2013. Sesionada los días 21 y 23 de octubre de 2014. Ponente Min. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Primero: ocho votos en relación con el nombramiento del Comisionado y siete votos en relación con el nombramiento de Secretario Ejecutivo. Segundo: Unanimidad de votos. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: 27 fracciones XII, XVI  último párrafo y XXX. CPEUM: 93 párrafo segundo.

[14] Sesión del 23 de octubre de 2014, p. 10.

[15] En este mismo espacio, se han hecho estudios más particulares y muy valiosos, sobre este tema, tales como: El futuro de la Consulta Popular, ¿Cómo la Suprema Corte hizo de la Consulta Popular letra muerta? y Consultas populares: La Suprema Corte entra a la discusión.

[16] 2/2014. Revisión de constitucionalidad de la materia de una consulta popular. Sesionada el 29 de octubre de 2014. Ponente Min. José Ramón Cossío Díaz. Seis votos en contra de la propuesta, p. 63. La exposición de arriba indica la posición vencedora. Consultable aquí.

[17] 1/2014. Revisión de constitucionalidad de la materia de una consulta popular. Sesionada el 30 de octubre de 2014. Ponente Min. Olga Sánchez Cordero. Diez votos a favor de la propuesta, sesión del 30 de octubre de 2014, p. 42. Consultable aquí.

[18] 3/2014. Revisión de constitucionalidad de la materia de una consulta popular. Sesionada el 30 de octubre de 2014. Ponente Min. Margarita Luna Ramos. Diez votos a favor de la propuesta, sesión del 30 de octubre de 2014, p. 58. Consultable aquí.

[19] Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013.

[20] Consultable aquí.

Leer completo

El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos fundamentales en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Suprema Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos. En esta edición se presentan los asuntos conocidos en marzo de 2014.

1. Libertad y seguridad jurídica[1] 

¿Cuáles son los efectos de una orden de arraigo? El asunto se refería, en última instancia, a la orden de arraigo expedida por un juez local.

Lo primero que debemos tomar en cuenta, es que el presente asunto hay que colocarlo en el contexto de lo resuelto el mes pasado cuando la Corte determinó que los congresos estatales no tienen facultad legislar sobre el arraigo (acción de inconstitucionalidad 29/2912). En ese sentido, la figura jurídica desapareció y por tanto el juez –como era el caso en concreto- no tenía fundamento para emitir esa orden. 

En este sentido, se debían analizar, a través de la orden de arraigo determinada por el juez, cuáles eran los efectos de esta orden, en específico si estos se reducían a la privación física de la libertad. La Corte resolvería que no, dentro de sus efectos, señalaría, también deben considerarse las pruebas obtenidas por el ministerio público “para lograr el éxito de la investigación” y relacionadas directamente con el arraigo.

Sobre esto salta a la atención, entre otras interesantes, la intervención de la ministra Sánchez Cordero, quien haciendo una lectura desde la reforma en derechos humanos, subrayó cómo debe ser la aproximación de los jueces al estudio de violaciones a derechos humanos. Por un lado, las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar y, por el otro, los deberes de prevenir, investigar, sancionar y reparar y viendo al amparo como una garantía efectiva, eso la llevó a concluir: “no podemos estimar que se limita la privación de la libertad deambulatoria sino que debemos extenderlo a sus efectos, a sus consecuencias, entre las que están las pruebas obtenidas con motivo de la privación de la libertad de quien ha sido arraigado”. 

Esta argumentación llevaría a una tercera decisión, sobre los efectos de la sentencia que estaba resolviendo la Corte, y derivó en dos vías: la primera, sobre la inclusión del juez de la causa penal, como “autoridad vinculada a su cumplimiento”, pues es en sus autos donde se deberán dar directamente los efectos; segundo, el juez penal, debe excluir el material probatorio directamente relacionado con el arraigo, esto teniendo presente la distinción de la primera decisión entre, por un lado, la temporalidad bajo la cual la persona estuvo arraigada, y por el otro, las pruebas obtenidas directamente vinculadas con el arraigo, y sin el cual no se pudieren haber generado, lo que no implica y esto es importante indicarlo, que todas las pruebas dadas dentro del tiempo de arraigo se deban eliminar.

2. División de Poderes. Poder de Veto 

¿Tiene el gobernador de un Estado poder de veto sobre una reforma a la ley orgánica del Congreso local? ¿Puede el Congreso local, decidir dar vigencia a esta reforma señalando que sólo sería suficiente la aprobación del propio Congreso?

Como se puede ver, estas interrogantes están enmarcadas en el tema de la división de poderes. Realmente se trataba de dos asuntos. En ellos se analizaba la decisión del Congreso de Baja California, de reformar su ley orgánica y redactar un artículo segundo transitorio en donde se señalaría que dichas reformas entrarían en vigor con la sola aprobación del Congreso y la publicación en la Gaceta Oficial, sin la necesidad de la aprobación del gobernador del Estado. 

Ante esto, el gobernador se inconformaría y haría un escrito de observaciones a este proyecto de reformas, en especial al artículo segundo transitorio, argumentando que vulneraba su poder de veto o capacidad de decidir sobre el futuro del proyecto de ley.

En ese sentido se generarían dos asuntos, en el primero[2], el Congreso del Estado se sentiría vulnerado porque al tratarse de su ley orgánica, consideraba que debía tener autonomía de decisión y el gobernador no debía inmiscuirse en ella. En el segundo[3], como hemos dicho, el gobernador sentiría afectado su poder de veto. 

La Corte para resolver, analizaría el marco constitucional de Baja California al momento en que sucedieron los hechos. En ese Estado se contemplaba para el poder de veto, una serie de excepciones, pero la posibilidad de hacer observaciones sobre la ley orgánica del Congreso, no era una de ellas –es importante resaltar que posteriormente se cambiaría el marco constitucional del Estado, incluyendo esta figura de excepción, pero que no podía ser aplicable, porque fue una reforma posterior-.

Visto lo anterior, que el supuesto de excepción de veto sobre la ley orgánica del congreso no era procedente, la Corte entonces determinaría dos cosas: 1. El gobernador al ejercer el veto no afectaba la división de poderes. 2. El decreto del Congreso y en especial el artículo transitorio, sí la afectaban porque inhibían la legítima acción del gobernador de vetar la ley. 

Todo esto se resolvería en base a la fórmula de “libertad de configuración” de los Estados, que implica el hecho de que si la Constitución mexicana es omisa sobre este hecho, los Estados son libres para establecer un diseño propio. En este caso, la Constitución mexicana – a diferencia de cómo se encuentra establecido para el poder federal- no establece que en los Estados, el poder de veto no se pueda ejercer sobre reformas a la ley orgánica de los congresos locales, esto debe ser decidido al interior de cada estado, y si, como estaba en el caso concreto, permitido el veto del gobernador, este hecho, no podía ser considerado lesivo de la división de poderes al interior del estado, porque la propia normatividad interna lo permitía.

3. División de Poderes. Autonomía e Independencia Judicial[4] 

¿Quién determina y cómo, la permanencia en el cargo, de las autoridades del poder judicial estatal? En 2012, se hizo una ley estatal que incluía a los servidores públicos del Poder Judicial, en el régimen de evaluación y control de confianza utilizado para los órganos de seguridad pública y procuración de justicia. Estos supuestos implicaban que el no cumplimiento de los requisitos legales, podrían generar la separación del cargo.

nexos votaciones x ministro marzo 2014-page-001(1)Se argumentaba que la ley en análisis se había realizado a efecto de responder a las nuevas responsabilidades constitucionales en materia de seguridad y a la necesidad nacional de implementar acciones concretas encaminadas a desarrollar un proceso permanente para la profesionalización de los miembros de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia del Estado. 

Lo contemplado en la ley, básicamente requería atender las etapas de reclutamiento, selección, evaluación, permanencia, promoción y remoción de los cuerpos de seguridad, logrando su certificación o la separación derivada de la no aprobación de las evaluaciones y exámenes. El punto fundamental era, que toda esta dinámica sería igualmente aplicada a los funcionarios del poder judicial.

La Corte resolvería que aceptar supuestos de separación del cargo de los funcionarios judiciales ratificados o reelectos, por condiciones señaladas en la ley en análisis, era violatorio de los principios de autonomía e independencia judicial, en especial la garantía de inamovilidad, de la cual la Corte tiene una doctrina muy desarrollada[5]. A lo anterior se anexa la interesante intervención del ministro Cossío, en donde indicaría que la afectación se vería también porque la única ley donde se pueden colocar estos supuestos de separación, serían en la ley especial –reserva de ley o código- o sea, en la Constitución local o en ley orgánica del poder judicial. 

Igualmente tenía que considerarse que la ley en estudio estaría permitiendo la intromisión al Poder Judicial, de las decisiones de un poder ajeno, ya que estos exámenes se realizarían a partir de las directrices del Centro Nacional de Acreditación y Certificación, dependiente del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyos titulares provienen del Poder Ejecutivo y esto atentaba contra la independencia del Poder Judicial y la Separación de Poderes.

Víctor Manuel Collí Ek. Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche y responsable del proyecto de investigación: “La vigencia de la Constitución en la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional” 154998, CONACYT-SEP, del cual el presente estudio es un producto.


[1] En este asunto se analizaba la emisión de una orden de arraigo emitida bajo la legislación penal del Estado de Aguascalientes –especialmente el artículo 291-; los artículos 74 fracción IV de la Ley de Amparo vigente, al igual que los artículos 73 fracción XVI y 76 bis fracción II de la Ley de Amparo abrogada, en especial, el sobreseimiento del amparo por haber cesado los efectos del acto reclamado. Amparo en revisión 546/2012, ponente Min. José Ramón Cossío Díaz. Sesionado los días: 27 de febrero, 3, 4 y 6 de marzo. Se ejerció la facultad de atracción, por considerarse de importancia y trascendencia, por parte de la Primera Sala. Relacionado con la Acción de Inconstitucionalidad 29/2012, resuelta el mes de febrero.

[2] Controversia Constitucional 84/2012. Ponente. Min. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, sesionado los días, 6 y 7 de mayo de 2013 (bajo la ponencia del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea), y el 18 de marzo de 2014.

[3] Controversia Constitucional 70/2010. Ponente Min. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, sesionada los días 7 de mayo de 2013 (bajo la ponencia del Min. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea) y el 18 de marzo de 2014.

[4] Se analizaba la “Ley de Control de Confianza del Estado de Jalisco y sus Municipios” y el artículo 116 fracción III de la CPEUM. Controversia constitucional 86/2012. Ponente Min. José Mario Pardo Rebolledo. Sesionada el día 31 de marzo de 2014.

[5] Ver. COLLÍ EK, Víctor Manuel, La magistratura estatal. Evolución, consolidación y defensa en la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación” México, Porrúa, 2010. Igualmente, mismo autor, “La doctrina constitucional sobre la independencia judicial estatal en México. Voz de la Suprema Corte”, Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justicia, 20, julio-diciembre 2012, consultable aquí.

Leer completo

derechos humanos1[1]El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos fundamentales en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho fundamental es afectado. De esta manera, El Juego de la Suprema Corte abre continua con esta nueva sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos. En esta edición se presentan los asuntos conocidos en febrero de 2014.  

1. Derechos Políticos. Casos de suspensión

Estar cumpliendo una pena privativa de la libertad es causa de la suspensión de los derechos políticos. Ahora bien, ¿qué pasa si la persona logra el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena? O sea, si logra terminar la pena fuera de la cárcel, ¿ello llevaría igualmente a la cancelación de la suspensión de los derechos políticos?

El hecho de que exista este beneficio de purgar la pena fuera de la cárcel, no cambia la situación jurídica del condenado, indicó la Corte en este caso, pues esta persona sigue sujeta a la autoridad y con obligaciones específicas, constantemente vigilado, por el tiempo que quede de la pena.

En ese sentido, independientemente del grado de limitación de su libertad –ya fuere en la cárcel o fuera de ella- al estar cumpliendo una pena, la suspensión de los derechos políticos continúa vigente.  

NOTA: En este asunto se analizaba si debía modificarse la jurisprudencia P./J. 86/2010. Se interpretaron los artículos 38 constitucional y 91 del Código Penal para el DF. Solicitud de Modificación de Jurisprudencia 7/2013. Ponente Min. José Fernando Franco González Salas. Sesionado los días 30 de enero y 4 de febrero. Seis votos a favor, sesión del 4 de febrero, p. 22 (esta numeración hace referencia a las versiones taquigráficas de las sesiones, consultables en la web de la Suprema Corte).

2. Derechos del Debido Proceso  

En este asunto se trataba de definir si en el procedimiento de extinción de dominio diseñado en el Distrito Federal, se estaban afectando los derechos del debido proceso a los terceros, víctimas u ofendidos –TVO-.

Debido a que este procedimiento tiene características especiales, se tenía que resolver una cuestión previa, para luego entrar al análisis del problema concreto.

Cuestión previa. Recordemos que la extinción de dominio es en pocas palabras: “la aplicación a favor del Estado de bienes cuyo dominio se declare extinto en una sentencia”.

Dicho lo anterior, el primer tema a resolver era si la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tenía competencia para legislar sobre esta materia.

La Corte resolvió que al contemplarse en la Constitución, delitos que son competencia del Distrito Federal –el caso específico del robo de autos-, la figura de extinción de dominio, vinculada a estos delitos, también es de su competencia, aunque subrayaría que esta decisión estaba determinada en un criterio “genérico”, pues siempre debía ser decidida conforme se fueran analizando los casos en lo particular.[1]

Una vez definido lo anterior, entonces ya se podía entrar en materia, ¿había violación de los derechos del debido proceso? Se reclamaban en específico tres instantes.

  1. El emplazamiento o llamamiento a juicio. El problema radicaba que el diseño permitía que esta notificación pudiera hacerse por medio de la publicación en Gacetas Oficiales y un diario de circulación nacional y no personalmente, cuando los TVO no estuvieren identificados, lo que podría leerse como una afectación a su derecho de audiencia. Se decidió que esto no era así, porque la norma contemplaba este caso de “notificación no personal” solo en el caso de TVO no identificables y lo hacía para evitar un retraso en el procedimiento, pero, en el caso en que estos fueran conocidos, entonces debían ser, de manera obligatoria, notificados personalmente.[2] Los dos argumentos siguientes serían consecuentes a este, o sea, relacionados con la participación de los TVO en el juicio.
  2. Ofrecimiento de pruebas. Se argumentó que la falta de participación en el juicio al que se sometían los TVO, permitía igualmente que no pudieren ofrecer pruebas y en conclusión, no tuvieren la posibilidad de defenderse. Como se puede concluir de la decisión anterior, los TVO sí eran notificados y sí se les permitía defenderse. [3] Esto llevaba a la última decisión.
  3. Defensa adecuada. Se señaló que la falta de participación en el juicio de los TVO, llevaba a una defensa deficiente, en razón de que no se les ofrecería un defensor de oficio, lo que no ocurría porque se consideraban parte del procedimiento y con los mismos derechos de los demás, o sea, en caso de ser necesario igualmente contarían con un defensor de oficio.[4]

NOTA: Seis votos a favor, sesión del 4 de febrero, p. 22 (esta numeración hace referencia a las versiones taquigráficas de las sesiones, consultables en la web de la Suprema Corte).

3. Libertad Personal

¿Tienen o no facultades los Congresos locales para legislar sobre arraigo? La legislación del estado de Aguascalientes permitía que una persona fuera arraigada por la comisión de un delito que no era de delincuencia organizada.

Lo primero que hay que aclarar es que en el tema de arraigo en México, existe un régimen de transición proveniente de la famosa reforma constitucional de 2008. ¿Qué implica este régimen?

Primero, previo a la reforma, el arraigo procedía por más delitos que sólo el de delincuencia organizada, lo que se eliminó. De acuerdo con esta reforma, se generó una relación existencial exclusiva entre delincuencia organizada-arraigo.

Segundo, lo anterior conllevó a una facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar sobre delincuencia organizada y por tanto igualmente sobre el tema de arraigo.

Tercero, sin embargo, la forma de 2008, aún está implementándose, o sea hay régimen transitorio –en específico, para este caso, el determinado en el artículo décimo transitorio de dicha reforma- que modifica temporalmente el alcance del arraigo señalado en el párrafo anterior, hasta la entrada en vigor del sistema penal acusatorio federal, posibilitando la emisión de órdenes de arraigo en casos distintos a los de la delincuencia organizada, en especial en los delitos determinados como graves.

Justamente este régimen de transición, en donde se pueden dar arraigos “por otros delitos graves”, podría haber hecho pensar a la legislatura de Aguascalientes que igualmente podía legislar sobre ellos, y fue lo que hizo, realizando la reforma a su legislación penal que llevaría al presente juicio.

En ese sentido la Corte resolvería dos cosas.

Primero, la facultad de legislar sobre el arraigo. La lectura de la Constitución hacía ver que esta facultad sólo era del Congreso de la Unión, en dos vertientes: a) La facultad de legislar en materia de delincuencia organizada, el único presupuesto para la procedencia del arraigo y, en consecuencia, b) igualmente para legislar sobre esto último.

Segundo, el régimen transitorio. Este al que hemos hecho referencia, aunque aún permitía la existencia de arraigos por otros delitos que no fueren de delincuencia organizada, no otorgaba a los Congresos locales la facultad de legislar, es algo que señalaría la ministra Sánchez Cordero: “un artículo transitorio aun siendo de reforma constitucional, no tiene el alcance de modificar el ámbito competencial de la federación para emitir esa orden de arraigo”.

En ese sentido, las legislaturas estatales no tienen la facultad de legislar y, por tanto, las reformas locales eran violatorias de derechos de libertad personal.[5]

El 27 de febrero se conoció la acción de inconstitucionalidad 22/2013, sobre la legislación penal del estado de Hidalgo, la hipótesis era igual, por lo que la Corte votaría en el mismo sentido.

Hubo otra votación, sobre los efectos de la decisión[6]. Esta consistió en determinar la declaratoria de inconstitucionalidad en términos generales, lo cual lleva a analizar en cada caso, el valor de las pruebas que se hubieren obtenido durante un arraigo en concreto.

NOTA: Se analizaba la reforma al artículo 291 de la Legislación Penal de Aguascalientes, al estimar que es violatorio del artículo 16  y 73 de la Constitución. Acción de inconstitucionalidad 29/2012. Ponente Ministro Alberto Pérez Dayán. Sesionada los días 20, 24, 25 de febrero.

Víctor Manuel Collí Ek. Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche y responsable del proyecto de investigación: “La vigencia de la Constitución en la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional” CONACYT-SEP, del cual el presente estudio es un producto.


[1] Siete votos a favor, sesión del 11 de febrero, p. 36.

[2] Unanimidad de nueve votos, sesión del 18 de febrero, p. 14.

[3] Unanimidad de nueve votos, sesión del 18 de febrero, p. 18

[4] Unanimidad de nueve votos, sesión del 18 de febrero, p. 19.

[5] Mayoría de ocho votos, sesión del 24 de febrero,  p. 37.

[6] Mayoría de siete votos, sesión del 25 de febrero, p. 9.

Leer completo

arraigo-made-in-mx

La Suprema Corte de Justicia ha comenzado una serie de discusiones sobre la aplicación de la figura del arraigo en México. En el centro del debate se encuentra la aplicación de esta figura a nivel local, a raíz de dos acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (29/2012 y 22/2013) en las que se cuestiona la constitucionalidad de su incorporación en los nuevos códigos procesales de Aguascalientes e Hidalgo.

Ya desde 1999, la Suprema Corte de Justicia había sostenido que el arraigo domiciliario era inconstitucional por vulnerar la libertad personal y el derecho a la libertad de movimiento. Sin embargo, a pesar de esta decisión de la máxima autoridad judicial del país, el presidente Calderón insistió en que la figura del arraigo fuera constitucionalizada, aunque ninguna de las deficiencias identificadas entonces por la Corte hubieran sido subsanadas.

Con la aprobación de la reforma constitucional al sistema de justicia penal de 2008, con fundamento en esta figura y bajo el argumento de su necesidad para el éxito de las investigaciones, se ha permitido la aplicación regular del arraigo como una medida federal preventiva para privar de libertad hasta por 80 días a personas sospechosas de pertenecer al crimen organizado y, hasta 2016, por la comisión de delitos graves del fuero común.[1]

Por 8 votos contra 2, el Pleno de la Corte resolvió sobre la invalidez del arraigo a nivel local (Aguascalientes). La mayoría de los ministros consideraron que la reforma constitucional de 2008 fue muy clara al señalar la competencia exclusiva de la federación para la persecución de delitos de delincuencia organizada y la aplicación exclusiva del arraigo a ese nivel. Varios ministros criticaron la mala técnica legislativa que abrió la posibilidad interpretativa de que funcionarios y legisladores de los estados pudieran utilizar la figura del arraigo. El artículo décimo primero transitorio de dicha reforma constitucional, a juicio de los ministros, extendió las disposiciones constitucionales más allá de lo que el propio artículo 16 constitucional señala.

A través de una lectura equivocada de dicho artículo transitorio, algunos estados determinaron que les facultaba hasta el 2016 para arraigar personas por haber cometido delitos graves del fuero común, facultando a las autoridades estatales a utilizar el arraigo para perseguir delitos que van desde el homicidio y el secuestro, hasta el robo de casas y vehículos o incluso atentados contra la estética pública, como es el caso de Aguascalientes.

Organizaciones de la sociedad civil han documentado cómo la figura del arraigo ha sido utilizada de forma excesiva y extensiva,[2] generando incentivos perversos para el sistema de procuración de justicia. Según información que ha sido recopilada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), más del 50% de los arraigos que se han llevado a cabo por autoridades estatales por delitos del fuero común. En los últimos años, los estados que registraron el mayor número de arraigos locales fueron Nuevo León, Distrito Federal, Veracruz y Jalisco.[3] Incluso en estados donde ya ha entrado en vigor el nuevo sistema de justicia, como Yucatán, el arraigo continúa siendo utilizado.

Las autoridades han señalado que el arraigo es utilizado como un medio para investigar a presuntos delincuentes, pero en la práctica se ha convertido en una herramienta de las instituciones de procuración de justicia para incrementar el tiempo disponible con el que cuenta la autoridad para reunir pruebas contra la persona detenida. Con el arraigo no se busca determinar si una persona es inocente o culpable, sino que se priva a la persona de su libertad con el fin de obtener información que pudiera ser utilizada con posterioridad para la etapa de juicio, la cual en muchas ocasiones es obtenida bajo tortura.

Ello se traduce en que la investigación no se lleva a cabo para detener a una persona, sino que la persona es detenida arbitrariamente para ser investigada, y en la gran mayoría de los casos, obtener una confesión inculpatoria, contraviniendo así los principios básicos de justicia en una democracia. La persona afectada queda así sin garantías ni situación jurídica clara, ya que no es ni indiciada ni inculpada y ni siquiera está vinculada a proceso penal alguno. Simplemente se le ha privado de la libertad para ponerla a plena disposición de la autoridad investigadora, negando con ello la presunción de inocencia, el derecho a la libertad personal y el derecho de toda persona a contar con un abogado defensor.

Más aún, los limitados controles legales y la nula revisión judicial de su aplicación, así como la manera frívola en que las procuradurías han solicitado a los jueces su aplicación, han permitido que se cometan actos de tortura en contra de personas bajo arraigo, que se hayan violado diversos derechos humanos y que incluso personas hayan sido arraigadas en cuarteles militares. La CNDH informó que entre 2008 y 2011 se presentaron 405 quejas por violaciones de derechos humanos relacionadas al arraigo,[4] de las cuales 41% se refirieron a tortura y malos tratos.[5] El propio Subcomité de para la Prevención de la Tortura (SPT) señaló, tras su visita a México, que cerca del 50% de las personas bajo arraigo mostraban signos de tortura.[6]

Las constantes violaciones a derechos humanos derivadas del uso del arraigo han llevado a más de nueve mecanismos internacionales a condenar su práctica e instar al Estado mexicano a eliminarla tanto de la práctica como de la legislación, a nivel federal y local. Varios años antes de su constitucionalización, en 2002 el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias instó a poner fin a su uso. El Comité Contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitieron posteriormente señalamientos similares condenando su utilización.[7]

Lamentablemente, la Suprema Corte se ha limitado a discutir las cuestiones relativas a la competencia de las autoridades locales para la aplicación del arraigo. La invalidez de la aplicación del arraigo a nivel local es, sin lugar a dudas, un paso importante hacia la eliminación total del arraigo, pero la discusión no termina ahí. Hasta ahora, la Corte ha evadido una discusión de fondo que permita analizar los impactos que esta figura tiene sobre los derechos humanos y no ha realizado un control de convencionalidad que permita estudiar el arraigo a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos.[8]

Ello ha derivado en que, por mayoría, la Corte determinara que la invalidez de la norma del arraigo a nivel local no tenga efectos por sí misma sobre los procesos penales en que se han obtenido confesiones bajo arraigo. Con ello, la Corte está convalidando una serie de procesos penales que de inicio han estado viciados por las condiciones de la detención, ignorando que la figura del arraigo, por sí misma, es violatoria de los derechos humanos.

Daniel Joloy. Director de Incidencia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). Twitter: @danieljoloy


[1] De acuerdo con el Artículo Décimo Primero transitorio de la reforma constitucional publicada en el diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008. Décimo Primero. En tanto entra en vigor el sistema procesal acusatorio, los agentes del Ministerio Público que determine la ley podrán solicitar al juez el arraigo domiciliario del indiciado tratándose de delitos graves y hasta por un máximo de cuarenta días. Esta medida será procedente siempre que sea necesaria para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.

[2] CMDPDH. La figura del arraigo penal en México: El uso del arraigo y su impacto en los derechos humanos. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, 2012.

[3] CMDPDH. La figura del arraigo en México, contraria a los derechos humanos. Informe presentado ante el CAT, octubre 2012.

[4] Solicitud de acceso a la información pública, Respuesta de Comisión Nacional de Derechos Humanos vía Oficio no. CNDH/PVG/DG/138/2010, misma que otorgó la información a través de la Primera (oficio CNDH/PVG/DG/138/2010), Segunda (oficio CNDH/2VG/08012010), Tercera (oficio TVG/000709) y Quinta (oficio QVG/CNDH/108/2010), Visitadurías de dicho organismo público.

[5]Información obtenida mediante solicitud de acceso a la información pública, folio CI/38/287/2011.

[6] Informe sobre la visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, tras su visita a México en 2009, párr. 225

[7] Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, 2002, párr. 50; Comité Contra la Tortura, 2007, párr. 15; Subcomité de Prevención de la Tortura, 2009, párr. 238; Consejo de Derechos Humanos, Examen Periódico Universal, 2009; Comité de Derechos Humanos, 2010, párr. 15; Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, 2010, párr. 92-94; Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, 2011, párr. 88; Comité Contra la Tortura, 2012, párr. 11.

[8] Para más información, ver amicus curiae presentado por la CMDPDH con motivo de las Acciones de Inconstitucionalidad 29/2012 y 22/2013. Disponible en aquí.

Leer completo