El 17 de agosto de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 72-B constitucional, por la cual se elimina el llamado “veto de bolsillo”. Esa figura permitía que el presidente de la República incumpliese con sus obligaciones constitucionales relativas al procedimiento legislativo; en concreto, la de promulgar y publicar una ley aprobada por el Congreso, ante la ausencia de un mecanismo eficaz que lo obligara a su cumplimiento.

Así, el actual artículo 72-B de la Constitución establece que una vez remitido un proyecto de ley aprobado por ambas cámaras del Congreso al presidente de la República, éste tiene treinta días improrrogables para realizar sus observaciones. Esto es, vetar la ley. Al término de dicho plazo, tiene 10 días para promulgar y publicar el decreto correspondiente. Si transcurridos esos 10 días, el presidente incumple el mandato constitucional, la ley o decreto se considerarán promulgados y el presidente de la Cámara de origen ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Esta reforma se hizo con la expresa intención de evitar que el Ejecutivo federal irrumpiese el principio democrático que subyace al proceso legislativo y el de división de poderes, al existir un vacío en la Constitución respecto lo que debe de proceder en caso de que el presidente no promulgue y publique el decreto en cuestión (veto de bolsillo).

En este contexto, el pasado 19 de julio el presidente Calderón promovió ante la Suprema Corte una controversia constitucional en contra de dos oficios, uno emitido por el presidente de la Cámara de Senadores y el otro por el vicepresidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por medio de los cuales se ordenaba al Secretario de Gobernación publicar en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Víctimas.

El objeto de la controversia constitucional no versa sobre el fondo de la ley en cuestión, sino sobre la orden de publicarla, conforme al artículo 72-B de la Constitución. Cabe agregar, que al recibir esta controversia constitucional, la Suprema Corte determinó otorgar la suspensión de los actos cuya invalidez se reclama, es decir, se suspendió la orden de publicar en el Diario Oficial de la Federación la controvertida Ley General de Víctimas.

La controversia plantea un conflicto que pareciese ser sencillo. Se trata, en principio, de definir si el término en que el presidente Calderón presentó sus observaciones o veto al Congreso sobre la Ley General de Víctimas, se encuentra dentro de los treinta días que prevé la Constitución Política para ese efecto.

A grandes rasgos,ya la cronología es la siguiente: una vez que transcurrió el procedimiento legislativo, el 30 de abril de este año, los secretarios de la Mesa Directiva de ambas Cámaras remitieron al Ejecutivo federal el proyecto de ley para los efectos constitucionales. Sin embargo, el 10 de mayo, el Secretario Técnico de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que no es diputado, solicitó al secretario de Gobernación que le fuese devuelto el proyecto de Ley General de Víctimas. Esto con la finalidad de realizar una revisión del expediente, solicitud que fue respondida con puntualidad.

El 1º de junio, el presidente de la Cámara de Diputados devolvió al Ejecutivo federal el proyecto de ley y no fue sino hasta el 1º de julio por la noche, que el subsecretario de enlace legislativo de la secretaría de Gobernación remitió a la Comisión Permanente, las observaciones del presidente de la República a la Ley General de Víctimas.

El Ejecutivo federal alega, en primer término, que la Cámara de Diputados solicitó la devolución del decreto original para “realizar una revisión del expediente”, con lo cual el plazo de treinta días para realizar observaciones fue interrumpido, ya que se encontraba en imposibilidad material de realizar observación alguna. En consecuencia, arguye que el término de 30 días comenzó a correr a partir del 1º de junio, fecha en que fue devuelto a la Secretaría de Gobernación el proyecto de decreto. Considerar lo contrario, considera, sería transgredir su atribución constitucional para presentar observaciones a los proyectos de ley que le son remitidos y se dejaría sin efectos el mecanismo de control constitucional de pesos y contrapesos entre poderes.

¿Qué debe resolver entonces la Suprema Corte? En primer lugar, debe definir si las observaciones que presentó el presidente de la República el 1º de julio, se hicieron con apego al nuevo proceso legislativo. Para ello, deberá analizar si dicho proceso permite que la Cámara revisora solicite la devolución del proyecto de ley. En caso afirmativo, deberá pronunciarse sobre si el Secretario Técnico de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados tiene las facultades para intervenir en el proceso legislativo, al solicitar la devolución del expediente.

Cabe mencionar que no existe disposición constitucional o legal alguna que prevea la solicitud de devolución de un proyecto de decreto ya entregado al Ejecutivo federal, ni existe de manera expresa facultad del Secretario Técnico de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para intervenir en el procedimiento legislativo.

Al contrario, los artículos 94 y 218 del Reglamento de la Cámara de Diputados prevén que los proyectos de decreto que deban de pasar al Senado (por mayoría de razón se concluye que también al presidente de la República), deberán ir firmados por el presidente y al menos un secretario de la Mesa Directiva –y en ningún momento se hace mención del Secretario Técnico. En ese sentido, la Corte podría determinar que la solicitud de devolución del proyecto de decreto de la Ley General de Víctimas, es contraria a la Constitución por no apegarse al procedimiento legislativo. Toda vez que el Secretario Técnico de la Mesa Directiva carece de facultades para intervenir en dicho procedimiento. Lo cual resultaría en considerar que las observaciones del Presidente fueron extemporáneas.

Sin embargo, la Suprema Corte bien podría tomar otra senda y resolver la controversia en base a los principios de colaboración y división funcional de competencias, alegando que el veto tiene una función de control constitucional y participación recíproca en el procedimiento legislativo, que tiende al perfeccionamiento político, jurídico y gubernamental de los actos del Poder Legislativo. Es decir, argumentando que un requisito contenido en el Reglamento de la Cámara de Diputados no puede ser considerado de manera preferente a los principios constitucionales y, en su caso, determinar que las observaciones fueron presentadas en tiempo.

Será interesante analizar la forma en que la Suprema Corte aborde este asunto por lo que hace a las formalidades del procedimiento legislativo frente a principios constitucionales y, sobre todo, observar el estudio que realice del balance de poder entre el Ejecutivo federal y el Congreso.

 

Gonzalo Sánchez de Tagle. Abogado constitucionalista.

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