Después de tres semanas de especulaciones y de una gran expectativa, la primera Sala de la SupremaCortediscutió el proyecto de amparo para el caso de Florence Cassez que sometió a su consideración el ministro Arturo Zaldívar. En él se proponía la inmediata liberación de Cassez fundamentada en la violación gravísima a tres derechos: la asistencia consular, la puesta a disposición inmediata ante el Ministerio Público y la presunción de inocencia, todos con motivo del montaje quela Agencia Federal de Investigación realizó para escenificar para la televisión un operativo de rescate de tres víctimas de secuestro.

El Proyecto

El proyecto de Zaldívar perfiló, por un lado, las violaciones al derecho fundamental a la asistencia consular y al derecho fundamental a la puesta a disposición inmediata del detenido ante el  Ministerio Público, causas que a su juicio “permitieron, favorecieron y  prepararon el terreno, para que la autoridad organizara y efectuara lo que hemos denominado como la escenificación ajena a la realidad”, y por otro, intentó demostrar cómo esta escenificación predispuso la percepción de la realidad de todas las partes del proceso lastimando de forma irreparable la presunción de inocencia, y contaminando la valoración de pruebas. Es decir, para realizar el montaje se violaron derechos y también se violaron derechos con motivo de éste.

Debido a su estructura “en cadena”, la votación al final resultó dividida y no se llegó a ninguna decisión. Ello implicó que el proyecto se desechara y se turnara ahora a la ministra Sánchez Cordero.

El recurso

La primera Sala, encargada de llevar los asuntos en materia penal y civil, se integra por cinco ministros: Arturo Zaldívar, Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío, Jorge Mario Pardo y Guillermo Ortiz Mayagoitia.

En este caso se trató de un amparo directo en revisión, ello implica que las facultades de la primera Sala estarían acotadas a determinar únicamente los criterios de interpretación de las normas constitucionales y definir el marco bajo el cual el Tribunal Colegiado deberá resolver con plena jurisdicción. Es decir, debido al “tipo” de recurso que interpuso Cassez, el alcance de la competencia dela Salase disminuye mucho con respecto a otros recursos de amparo. Así,la Salano sustituye al Colegiado, sino que dicta el alcance de los preceptos constitucionales en cuestión y determina los criterios y los efectos del amparo bajo los cuales el Colegiado deberá resolver y dictar una nueva sentencia –con jurisdicción plena-. Esta sentencia podrá resolver negar el amparo o concederlo, ya sea liso y llano (absoluto) o para efectos, lo que podría significar la reposición del procedimiento.

Los argumentos

Como adelanté arriba, la votación quedó dividida y no se pudo tomar una decisión. Hubo 2 ministros (Cossío y Pardo) que consideraron que hubo violaciones a ciertos derechos, pero no estuvieron de acuerdo con la conclusión del proyecto. Otros 2 ministros (Sánchez Cordero y Zaldívar) que estuvieron de acuerdo con el proyecto y 1 ministro (Ortiz Mayagoitia) que consideró que el amparo era improcedente.

Los argumentos del ministro Ortiz Mayagoitia[1] fueron desconcertantes, pues alegó que el recurso era infundado debido a que el Tribunal Colegiado no había interpretado preceptos constitucionales, sino que únicamente expuso que éstos no fueron violentados “su sola mención y referir (sic) que no se violentaron, no significa que [el Colegiado] haya realizado una interpretación…No es lo mismo analizar los hechos que interpretar desde la perspectiva constitucional las normas”. Por otro lado, explicó que aunque se hablara de violación a ciertos derechos, no estaría de acuerdo con la exposición del proyecto pues el montaje no corrompió la totalidad del proceso penal.

Ortiz Mayagoitia finalizó su exposición contradiciendo abiertamente el principio pro personae contenido en el segundo párrafo del artículo 1°:

Cuando el tribunal decide, bueno, cuando la autoridad natural decide, todavía no estaban vigentes las reformas constitucionales en relación con los derechos humanos, así que no se puede ver ahora ese tema como una cuestión retroactiva de aplicación de derechos fundamentales, máxime que, como ya lo señalé, es un debate todavía inacabado.

Los otros cuatro ministros estuvieron de acuerdo con la procedencia del amparo.

El ministro José Ramón Cossío dijo estar de acuerdo con la procedencia del amparo, aunque fue quien precisó el alcance de este recurso y las limitantes a la actuación dela Corte. Aunque alegó que no estaba de acuerdo con la idea del “efecto corruptor” del montaje sobre todas las actuaciones ministeriales y jurisdiccionales para fundar la procedencia, consideró que ésta se debería fundar en la violación a los derechos de asistencia consular y de puesta a disposición inmediata del Ministerio Público. A su juicio, el amparo procede porque el Colegiado no interpretó correctamente el contenido de los derechos que Cassez aduce violados.

El argumento central del ministro Cossío fue que:

En el caso, me parece que el efecto real de la demora en la entrega de la quejosa al Ministerio Público provoca que aquellos elementos que puedan utilizarse como prueba, generados como resultado de esa demora, o los elementos derivados de éstos, no sean tomados en cuenta por el juzgador, … no puedo admitir que exista un efecto generalizado y absoluto de nulidad –como lo pretende la propuesta– por lo que tenemos que establecer los lineamientos precisos para que la autoridad responsable, sin tomar en cuenta los elementos específicamente viciados por la violación procesal, realice una nueva valoración del material probatorio restante, lo cual es atinente también con el tipo de procedimiento que tenemos en este momento frente a nosotros.

Y esta es la gran diferencia en las posturas de Zaldívar y de Cossío, ambos hacen uso de la teoría del fruto del árbol envenenado, sin embargo, para Zaldívar el proceso sufre una nulidad absoluta con motivo del montaje, pues éste contaminó todas las pruebas y actuaciones; mientras que para Cossío la nulidad es relativa, pues éste contaminó solamente algunos elementos.

En esta distinción radica pues el resultado: para Zaldívar no es procedente la reposición del procedimiento y por ello propone la liberación inmediata, para Cossío se debe proceder a la reposición, pero sin tomar en consideración los elementos viciados por el montaje. Ambos coinciden en que existe una “cadena de validez” en las actuaciones de las autoridades del proceso penal para generar una sentencia, en este caso una condena, válida: legal y legítima.

Por último, a pesar de estar de acuerdo en que hubo violaciones a los derechos de Cassez, Cossío explica que no considera que éstas lleven a revocar la sentencia y liberar inmediatamente. Propone anular la sentencia del Tribunal Colegiado y eliminar los elementos viciados[2], que se valore el restante material probatorio y con libertad de jurisdicción resuelva conforme a derecho y que se dicte una nueva sentencia en la que sí se garanticen la totalidad de los elementos del debido proceso.

La postura de Cossío es de gran importancia, pues para lograr una mayoría de votos, la ministra Olga Sánchez Cordero deberá tenerla en cuenta para la formulación de su nuevo proyecto.

Sánchez Cordero leyó un documento de gran claridad, en donde aclaró la falsa contraposición entre los derechos del inculpado y los de las víctimas, que algunas voces han planteado:

El equilibrio entre víctimas e inculpados, encuentra su consolidación a partir de la intervención estatal, garante de la libertad personal por una parte, y de la seguridad pública y la igualdad jurídica, por la otra. De tal suerte que el tema a resolverse, no tiene relación con los derechos de una parte o de la otra del proceso penal, sino con todas en su conjunto y en particular, con la del Estado como ente aglutinador y garante de los derechos involucrados en un proceso. Una verdadera protección de los derechos de las víctimas, pasa necesariamente por la protección del debido proceso de los inculpados.

La ministra estuvo de acuerdo con el proyecto pero aclaró que la violación al derecho de asistencia consular “como elemento del derecho a la defensa adecuada que da lugar a un proceso dudoso, [es] suficiente[s] para dejar en claro que no existen las condiciones mínimas necesarias que permitan juzgar este caso… el proceso no tiene las condiciones para llevarse a cabo ni dictarse sentencia, no sólo en cuanto a los aspectos formales, sino también en cuanto a los aspectos sustantivos; esto es, por lo que hace al respeto a los derechos fundamentales.”

La ministra se refirió al contenido esencial del derecho de asistencia consular[3], importante referencia cuando se trata de derechos de protección, pues para que ésta sea efectiva, la autoridad debe respetar los límites mínimos (prohibición de la omisión) y máximos (prohibición de la arbitrariedad).

De esta forma, podríamos concluir que para Sánchez Cordero la construcción lógico-jurídica del proceso está viciada desde su inicio y por ello la condena es ilegal e ilegítima, la diferencia con Zaldívar radica en que para él el montaje produce un efecto corruptor que vicia todo el procedimiento, mientras que para Sánchez Cordero, es la falta de defensa adecuada la que “envenena” todo.

Por último, la postura del ministro Jorge Mario Pardo[4] fue, al igual que Ortiz, en contra del proyecto pues estimó que por tratarse de un recurso de amparo directo en revisión ya no hay posibilidad de que tengan efectos jurídicos. Para Pardo, Cassez fue víctima de violaciones a sus derechos de asistencia consular, puesta a disposición inmediata y presunción de inocencia, aunque no considera que el montaje haya viciado todo el procedimiento. Explicó que no comparte con el proyecto los efectos que atribuye a las violaciones, pues aunque el montaje lastimó en especial la obligación de ser puesto a disposición inmediata del Ministerio Público, no puede decirse que la exposición mediática dio lugar a un proceso injusto pues existen otras actuaciones y que no encuentra que la contaminación sea indudable o indefectible.

Pardo concluyó su argumentación con una postura muy cercana a Cossío –con respecto de la nulidad del procedimiento- diciendo que:

El equilibrio al que me refería hace un momento, se encuentra en la medida en que solamente las actuaciones viciadas que son violatorias de derechos humanos, deben invalidar los medios de prueba que derivan directa e indefectiblemente de esa violación.

Y ello fue lo que confundió a la hora de la votación, pues durante su participación no manifestó estar en contra del proyecto y se entendió que estaría más bien del lado del ministro Cossío respecto de un amparo para efectos descartando las pruebas viciadas por el montaje.

Lo que sigue

Al finalizar las intervenciones de los 4 ministros, el ministro ponente, Arturo Zaldívar expuso que a pesar de estar dispuesto a lograr consensos que generen mayorías, en este caso le era imposible apartarse de su proyecto pues, como lo expliqué antes, éste analiza de forma sistemática la violación a las garantías del debido proceso de Cassez y sostener esto haría imposible arribar a un amparo para efectos consistente en reponer el proceso, ya que si se considera que el montaje “envenenó” todas las actuaciones subsecuentes, difícilmente podrían subsanarse.

De esta forma, se desechó el proyecto y se turnó a la ponencia de Sánchez Cordero, la que deberá buscar un consenso entre las posturas de 4 ministros, descartando a Ortiz Mayagoitia para quien el recurso no es procedente.

La ministra deberá encontrar una postura que: a) convenza a Cossío -y Pardo-, con uso de los axiomas ferrajolianos[5] y la tesis del fruto del árbol envenenado[6] que impacten en más elementos del proceso, de que el montaje afecta de nulidad absoluta al procedimiento o b) se convenza a sí misma y a Zaldívar de que, a pesar de que el montaje lastimó gravemente los derechos de Cassez al debido proceso, éste no está afectado de nulidad absoluta y puede subsanarse, pues otros elementos no fueron afectados por el montaje.

Para cualquiera de las dos posturas y descartar o no su “envenenamiento” debido al montaje, el proyecto deberá acudir a la definición del contenido esencial de los derechos y garantías involucrados en un proceso penal.

Ahora bien, queda una tercera opción: c) debido a quela Salano sustituye al Colegiado, el proyecto de Sánchez Cordero podrá determinar las directrices constitucionales bajo las cuales el Tribunal deberá resolver, dejando a éste la determinación.

No hay plazos establecidos para la presentación de este nuevo proyecto, se ha dicho que podría esperarse a que pasen las elecciones para evitar la presión política. Sin embargo, hay una mujer privada de la libertad desde diciembre de 2005 que aspira a una respuesta de la justicia.

Geraldina González de la Vega. Constitucionalista y ensayista. Actualmente realiza estudios de posgrado en Alemania. Twitter: @geraldinasplace


[1] Su voto fue además incoherente con el publicado a principios de año en la sentencia de la Acción de Inconstitucionalidad 19/2011, donde el ministro realizó un voto concurrente en el que propone un “test” de revisión constitucional que busca concretizar la resolución conocida como Caso Radilla y racionalizar el llamado control de constitucionalidad y convencionalidad. En él, Ortiz plantea que el test de ponderación debe considerar los derechos reconocidos tanto en los tratados como enla Constitución, inclusive, habla de las resoluciones dela CorIDH.

[2] A juicio del ministro Cossío estos serían: las ampliaciones de las declaraciones de Cristina Ríos Valladares y Christian Hilario Ramírez Ríos, en los que se identifica a la quejosa como consecuencia de las trasmisiones en los noticieros en los términos ya especificados, así como la totalidad de la primera declaración ministerial de la quejosa, de 9 de diciembre de 2005, en la que careció de asistencia consular por razones atribuibles al Ministerio Público.

[3] “La asistencia consular se asimila a los derechos inherentes a determinados grupos o sectores que cuentan con elementos jurídicos para no verse en una posición de desventaja ante cualquier instancia judicial… se trata de la inserción de una persona al sistema de procuración y administración de justicia al cual es ajena, y que conlleva la obligación por parte del Estado al que pertenece, de atender, de asesorar, e incluso, defender a su nacional.”

[4] Pardo reprochó en su argumento el montaje: “Yo quiero decir que el simple hecho de haber accedido a la realización de este “montaje” o esta “simulación” –no sé cómo llamarlo– me parece que es un acto reprobable, que es un acto que debe ser sancionado en los términos de la ley, y que desde luego, deja mal parado este principio de buena fe ministerial respecto de las autoridades que autorizaron y propiciaron estas conductas.”

[5] Me refiero únicamente a los relacionados con el debido proceso: no hay lesión sin acción, no hay acto sin culpa, no hay culpa sin juicio, no hay juicio sin acusación, no hay acusación sin pruebas y no hay pruebas sin defensa.

[6] La doctrina del fruto del árbol envenenado que dice que si la fuente de la evidencia se corrompe (el árbol) cualquier cosa que provenga de ella está igualmente corrompida (los frutos).

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Por una extraña petición de principio, durante la Revolución se ha declarado por anticipado culpables a los hombres que iban a ser juzgados. Las formas [judiciales] son una salvaguarda. La abreviación de las formas significa la disminución o la pérdida de esa salvaguardia. Tal abreviación supone, pues, una pena. Si la infligimos a un acusado es que su delito está demostrado de antemano. Pero si ya está probado, ¿para qué un tribunal, sea el que fuere? Si un delito no está probado, ¿con qué derecho se le coloca en una clase particular y proscrita y se le priva, por una simple sospecha, del beneficio común a todos los miembros del estado social? Este absurdo no es el único. Las formas son necesarias o son inútiles para la convicción; si son inútiles, ¿por qué se las conserva en los procesos ordinarios? Si son necesarias, ¿por qué se las elimina en los procesos más importantes?

…las formas son indispensables, y debido a que las formas han parecido el único medio de distinguir al inocente del culpable, todos los pueblos libres han reclamado su institución. Por imperfectas que sean las formas, tienen una facultad protectora que no se les arrebata sino destruyéndolas; son las enemigas natas, los adversarios inflexibles de cualquier tiranía.

Principios de política. Benjamín Constant (1815)

 

Por ahora me urge sólo observar que jamás se tiene suficientemente en cuenta el hecho de que exista una estrechísima relación entre los resultados obtenidos y el procedimiento con el que se han obtenido y, sobre todo, que no sólo los resultados son valorables en base a criterios que nos permiten distinguir resultados deseables de resultados no deseables, sino que son sometibles a juicios de valor también los enjuiciamientos, por lo cual es posible distinguir enjuiciamientos buenos de por sí y enjuiciamientos malos de por sí, independientemente de los resultados. Por dar un ejemplo extremos, un enjuiciamiento o procedimiento judicial que comprensa también entre sus reglas la de la licitud de la tortura, es n procedimiento que quien lo considera malo lo considera tal por sí mismo, sin tener en cuenta para nada el resultado (o sea, aun admitiendo que con la tortura se pueda obtener un resultado deseable, como el de conocer la verdad).

Naturalmente, el tener o no en cuenta la bondad o no bondad de los procedimientos o enjuiciamientos no significa en modo alguno descuidar los resultados. Se comprende que el ideal sería obtener los mejores resultados con los mejores procedimientos. Pero, ¿cuáles son los mejores resultados? La dificultad de saber cuáles son los mejores resultados y poner de acuerdo a cierto número de personas (que pueden ser incluso decenas de millones) entre sí, nos obliga a someternos a las operaciones realizadas para obtenerlo y a convenir en que el mejor resultado es aquel al que se ha llegado con las mejores reglas…

Obsérvese que, contrariamente a lo que suele creerse, en este caso no es el fin bueno el que justifica el medio incluso malo, sino que es el medio bueno, o considerado como tal, el que justifica el resultado o, por lo menos, hace aceptar el resultado como bueno…

¿Qué alternativa a la democracia representativa? Norberto Bobbio (1973).

 

Toda ley, con sus formalidades y autoridad, se nos antoja fácilmente antipática; a don Quijote no le gustaba que unos hombres de honor se hicieran jueces de los pecados de otros hombres y hubiera preferido que la defensa de los débiles perseguidos corriera a cargo de su lanza de caballero, pero los débiles perseguidos seguramente no se sentirán suficientemente protegidos por su nobilísima y frágil lanza. Una buena parte de la literatura, incluso grande pero injusta, ha mirado con frialdad al derecho, considerándolo árido y prosaico respecto a la luz de la poesía y la moral. La ley sin embargo tiene una profunda y melancólica poesía; es el intento de hacer descender concretamente las exigencias de la conciencia a la realidad vivida –fatalmente un intento de compromiso, puesto que está obligado a echar cuentas con los límites de lo real, pero grande precisamente por esa ardua e ingrata confrontación con la dura prosa del mundo.

Esas leyes necesarias. Claudio Magris (1996)

 

Un gran jurista, Tullio Ascarelli, veía en Antígona no la abstracta contraposición de la conciencia individual a la norma jurídica positiva, del individuo al Estado, sino la lucha de la conciencia por traducirse en normas jurídicas positivas más justas para crear un Estado más justo. Creonte, al final, asume con conocimiento de causa que su ley era injusta y está listo –aunque sea muy tarde- para cambiarla. Las leyes no escritas de los dioses están escritas en leyes humanas más justas, aunque su transcripción es interminable y siempre, a cada ley positiva, la conciencia le opone la exigencia de una ley más alta. La tragedia no es que este proceso sea interminable, acaso su perenne perfectibilidad sea su gloria; más bien tenemos muchas razones para temer que el proceso se interrumpa y que pavorosas recaídas inhumanas hagan retroceder la historia a la barbarie, la civilización a la ferocidad, la convivencia al odio. La tragedia también es que los pasos hacia delante de la humanidad exigen el sacrificio de innumerables Antígonas que aun hoy, en este momento, mientras escribo estas palabras, continúan sepultando hermanos, hijos, padres, compañeros truncados por la violencia de los hombres.

La piedad contra la ley. Claudio Magris (1996)

 

Saúl López Noriega. Profesor e investigador de tiempo completo del departamento de derecho del ITAM. Twitter: @slopeznoriega

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Cartón del periódico La Jornada

Antecedentes

En diciembre de 2005, Florence Cassez fue detenida y horas después exhibida en televisión como secuestradora. A partir del montaje realizado –lo ha aceptado- por la PGR y la AFI (Vasconcelos, Rosas y García Luna), y antes de que fuera juzgada, Florence fue señalada como culpable de varios delitos, el principal: secuestro de al menos tres personas.

La sentencia de primera instancia de la Juez Quinto de Distrito en  Procesos Penales Federales en el Distrito Federal dictada en abril de 2008, condenó a Cassez a 96 años de prisión por los delitos privación ilegal de la libertad de 4 personas y por posesión y portación de armas prohibidas.

Cassez atacó esta sentencia en abril de 2008 ante el mismo Juzgado Quinto de Distrito y correspondió conocer del recurso de  apelación al Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, el cual dictó sentencia el 2 de marzo de 2009. Su sentencia modificó la de la Juez de Distrito, pero también encontró culpable a Florence. La condena se redujo a 60 años de prisión.

El 30 de agosto de 2010, Cassez solicita amparo contra la sentencia de segunda instancia, en su escrito se presentan en total 18 conceptos de violación. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió el juicio de amparo mediante sentencia -de más de 1500 páginas- de fecha 10 de febrero de 2011. El Tribunal encontró que los conceptos de violación hechos valer resultaban infundados, inoperantes, fundados pero inoperantes e inatendibles.

El día 7 de marzo de 2011, Cassez presentó un escrito solicitando a la Suprema Corte la revisión de esta sentencia de amparo.

El expediente (amparo directo en revisión 517/2011) se remite a la primera Sala y se turna a la ponencia del ministro Arturo Zaldívar.

El pasado miércoles el ministro Zaldívar anunció a los medios de comunicación el sentido de su proyecto que deberá ser analizado en la primera Sala el miércoles 21 de marzo de este año.

En un ejercicio de transparencia, indispensable sobre todo para casos tan controvertidos como este, el pasado jueves por la tarde fue subido a la página web de la Corte el proyecto íntegro.

El Proyecto

Cabe aquí mencionar que el expediente del caso Florence Cassez cuenta con unas diez mil páginas. El proyecto de sentencia consta de 146 páginas, de las cuales 50 se dedican a narrar el montaje de la aprehensión de Florence Cassez e Ignacio Vallarta y el rescate de las tres víctimas de secuestro en el Rancho “Las Chinitas”. Las siguientes 30 páginas se dedican a la exposición del trámite judicial de primera y segunda instancia y del amparo directo. A partir de la página 90 se encuentra el estudio de fondo de los agravios presentados por Cassez y de los temas de constitucionalidad planteados en la demanda de amparo directo y analizados en la sentencia del Tribunal Colegiado recurrida.

El proyecto de sentencia descansa en la violación grave de tres derechos humanos para realizar la escenificación y con motivo de ésta:

  1. La asistencia consular
  2. El mandato de puesta a disposición sin demora de un detenido
  3. El principio de presunción de inocencia

El punto medular del proyecto descansa en la “escenificación o montaje [organizado por las autoridades, que] tuvo como objetivo transmitir hechos ajenos a la realidad”, pues a juicio del ministro Zaldívar, ello vició todo el proceso penal instruido en contra de Cassez.

Para mostrar la trasgresión a estos derechos, el proyecto los dota de contenido a partir de una interpretación de las normas constitucionales y de las contenidas en diversos instrumentos internacionales. El proyecto no lo dice textualmente, pero habla de un bloque de constitucionalidad:

Las normas provenientes de ambas fuentes gozan de rango constitucional y, por tanto, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano…

Esta parte del proyecto se estructura a su vez en dos fragmentos: por un lado, perfila las violaciones al derecho fundamental a la asistencia consular y al derecho fundamental a la puesta a disposición inmediata del detenido ante el Ministerio Público, causas que a su juicio “permitieron, favorecieron y  prepararon el terreno, para que la autoridad organizara y efectuara lo que hemos denominado como la escenificación ajena a la realidad”, y por otro, demuestra como esta escenificación predispuso la percepción de la realidad de todas las partes del proceso lastimando de forma irreparable la presunción de inocencia, y contaminando la valoración de pruebas.

I. El derecho a la ayuda consular[1], vital para una defensa adecuada, tiene como finalidad reducir la distancia que separa a los extranjeros de los nacionales en cuanto a la protección de un estándar mínimo de derechos, e implica, de acuerdo con el proyecto, por lo menos, tres acciones básicas:

1) De carácter humanitario que implica que funcionarios consulares proporcionen el contacto con el mundo exterior.

2) La función de protección que implica que la presencia de los funcionarios consulares, por sí misma, coadyuva a disuadir a las autoridades locales de cometer actos en contra de los extranjeros que pueden ser contrarios a su dignidad humana o que pongan en peligro la suerte del proceso penal al que se verá sometido el extranjero.

3) La función de asistencia técnico-jurídica.

El contenido esencial de este derecho implica que:

[el extranjero] tiene derecho a comunicarse con la oficina o representación consular de su  país.  La información de este derecho debe ser inmediata y no puede ser demorada bajo ninguna circunstancia…el extranjero tiene el derecho de escoger si desea o no contactar con su respectivo consulado…, y una vez que el extranjero decide que sí desea contactar con la oficina consular de su país, la autoridad deberá informar de esta situación a la oficina consular correspondiente que se encuentre más cercana al lugar en donde se realizó la detención…el núcleo fundamental del derecho a la defensa adecuada de un extranjero [radica] en la efectividad de la defensa…una asistencia consular efectiva solo será aquélla que se otorgue de forma inmediata a la detención del extranjero…a fin de evitar un escenario de indefensión.

En este sentido, el derecho resulta vulnerado pues “existen constancias en autos, y así lo admite el Tribunal Colegiado de Circuito, que demuestran que al ser detenida Florence Cassez Crepin  –a las 4:30 a.m., del día 9 de diciembre de 2005– no se le informó de su derecho a comunicarse con la oficina consular de su país y tampoco que las autoridades hubiesen contactado de forma directa al consulado francés…[esta trasgresión] se extendió hasta las 12:20 p.m., del día 10 de diciembre de 2005, momento en el cual, por fin, el agente del Ministerio Público logró comunicarse con el Consulado francés. Entre las 4:30 a.m., del 9 de diciembre y las 3:45 p.m. del día siguiente, momento en el cual se realizó el primer contacto entre la recurrente y el funcionario consular, Florence Cassez no gozó de asistencia consular.”

II. El contenido del derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición inmediata ante el Ministerio Público parte “de la imposibilidad de establecer reglas temporales específicas en este punto…resulta necesario determinar, caso por caso, si se ha producido o no una vulneración del derecho reconocido a la persona detenida.” La primera Sala ha determinado que “se está frente a una dilación indebida cuando, no existiendo  motivos razonables que imposibiliten la puesta a disposición inmediata, la persona continúe a disposición de sus aprehensores y no sea entregada a la autoridad que sea competente para definir su situación jurídica.”

Y se argumenta que en este caso “no son las horas ni los minutos los elementos que debemos tomar en cuenta a fin de tener por consumada la violación, sino la justificación o motivos por los que una autoridad retiene a un detenido. En nuestro caso no es una actuación loable de la policía  –como lo sería la protección de las víctimas–, ni siquiera una situación accidental –como lo sería el intenso tráfico de la Ciudad de México–,  sino la manipulación de las circunstancias y hechos objeto de la investigación.”

El proyecto explica que “es un hecho cierto y probado, no solo para el Tribunal Colegiado de Circuito, sino para las mismas autoridades que organizaron y realizaron la detención de la ahora recurrente, que en el caso concreto existió un periodo de tiempo, entre la detención y la puesta a disposición  ante el  Ministerio Público, en el que la privación de la libertad de Florence Cassez Crepin no encuentra sustento constitucional alguno…[la Sala] no encuentra justificación constitucional alguna en el tiempo en el que Florence Cassez fue retenida en esa propiedad y expuesta a una escenificación planeada y orquestada por la Agencia Federal de Investigación, con el objetivo de exponerla ante los medios de comunicación como la responsable de la comisión de tres secuestros.”

El proyecto llega a la conclusión de que “se enfrenta a un caso muy específico en el que la violación a los derechos fundamentales a la asistencia consular y a la puesta a disposición sin demora, produjeron, por sí mismas, una indefensión total de la recurrente. Aunado a lo anterior, en el caso concreto esta indefensión se produce no solo por la violación  individualizada  de estos derechos, sino porque, además, estas violaciones han producido la afectación total del procedimiento al tener una incidencia devastadora en otros derechos fundamentales, como la presunción de inocencia y la defensa adecuada.”

III. El principio de presunción de inocencia[2] además de constituir un principio o criterio informador del ordenamiento procesal penal, es ante todo un derecho fundamental informador de las demás garantías procesales. El proyecto explica que la presunción de inocencia tiene, básicamente, un triple significado:

1) como  regla probatoria es un derecho que establece los requisitos que debe cumplir la actividad probatoria y las características que deben reunir los medios de prueba para poder considerar que existe prueba de cargo válida y destruir así el estatus de inocente que tiene todo procesado.

2) como  regla de juicio o estándar probatorio puede entenderse como una norma que ordena a los jueces la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se han aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona.

3) como regla de trato en su vertiente extraprocesal constituye un  derecho fundamental a recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo o análogos a éstos y determina, por ende, el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos anudados a hechos de tal naturaleza.

Las primeras dos facetas del principio son oponibles a la autoridad jurisdiccional, mientras que la violación a la presunción de inocencia como regla de trato puede emanar de cualquier agente del Estado, especialmente de las autoridades policiales. Frente a ello, el proyecto es contundente:

Dada la trascendencia de una acusación en materia penal, la Constitución otorga al imputado una serie de derechos fundamentales a fin de garantizar que se efectúe un juicio justo en su contra, sin embargo, de nada sirven estos derechos cuando las autoridades encargadas de investigar el delito realizan diversas acciones que tienen como finalidad exponer públicamente a alguien como responsable del hecho delictivo.  Frente a estas acciones se corre el enorme riesgo de condenar al denunciado antes de tiempo[3], ya que el centro de gravedad que corresponde al proceso como tal, se ha desplazado a la imputación pública realizada por la policía.

Y más adelante refiere:

[L]a violación a la presunción de inocencia como regla de trato[4]…puede introducir elementos de hecho que no se correspondan con la realidad  y que, en el ánimo del tribunal, y sobre todo de las víctimas y de los posibles testigos, actúen después como pruebas de cargo en contra de los más elementales derechos de la defensa…

El proyecto explica que las violaciones a los derechos citados “generaron en el caso concreto un efecto corruptor[5] en todo el proceso penal y viciaron  toda la evidencia incriminatoria en contra de [Florence Cassez]… para que la conducta de la autoridad  produzca un efecto corruptor del material probatorio es necesario que su actuar sea indebido, es decir, que sea efectuado fuera de todo cauce constitucional y legal. El material probatorio afectado por el efecto corruptor provoca su falta de fiabilidad… cuando la falta de fiabilidad en el material probatorio sea una consecuencia de la arbitrariedad de las autoridades…indefectiblemente se producirá un efecto corruptor sobre todo el procedimiento, viciando tanto al procedimiento en sí mismo como a sus resultados…”

Y concluye que:

[L]a exposición al montaje, como personajes y posteriormente como los principales espectadores, predispone a estos individuos para enjuiciar la realidad a través del “filtro” creado por los miembros de la Agencia Federal de Investigación… ese proceso de recuerdo [de las víctimas] se vio indudablemente contaminado  –consciente o inconscientemente– por el hecho de que las autoridades crearan una realidad  alternativa en detrimento de la acusada.

El proyecto además de señalar la violación al principio de inocencia con motivo del montaje mediático “censura que las autoridades encargadas de una detención deformen conscientemente la realidad con el fin de crear un filtro de esta realidad a fin de exponer a una persona frente a la sociedad y, principalmente, frente a las futuras partes del proceso, como los culpables del hecho delictivo.”

Conclusión

El proyecto concluye que:

[L]a violación a los derechos fundamentales a la notificación, contacto y asistencia consular; a la puesta a disposición inmediata del detenido ante el Ministerio Público y a la presunción de inocencia –en los términos aquí expuestos– han producido un efecto corruptor en la totalidad del proceso seguido en contra de Florence Marie Louise Cassez Crepin,  viciando tanto el procedimiento en sí mismo como sus resultados.

Con base las resoluciones del amparo en revisión 619/2008 y del amparo directo 22/2010, el proyecto considera que debido a que el caso de estudio “constituye la violación de un derecho fundamental del procesado, en ocasión del incumplimiento de un deber estatal y cuya transgresión resultaba en una afectación grave a los derechos a la defensa adecuada y al debido proceso, los efectos restitutorios de la sentencia no podrían consistir en otros que no fueran la inmediata libertad del procesado.”

Por lo anterior, el proyecto propone revocar la sentencia recurrida y ordenar la absoluta e inmediata libertad de Florence Marie Louise Cassez Crepin. Esto deberá ser discutido y decidido en la primera Sala de la Suprema Corte, integrada por los ministros Zaldívar, Cossío, Sánchez Cordero, Pardo y Ortiz Mayagoitia. Se requiere una mayoría de 3 votos. Es importante destacar que las sesiones de las salas no son transmitidas por el Canal Judicial y por lo general no son abiertas a todo público.

El proyecto es un documento sólido y garantista que debe ser leído por quienes consideran que México merece un mejor sistema de justicia. El proyecto se basa además en la jurisprudencia extranjera e internacional más acabada en materia de derechos humanos. A partir de ella, y de la interpretación directa de la Constitución, dota de contenido dos garantías indispensables para todas las personas: el principio de presunción de inocencia y la puesta a disposición del Ministerio Público, y define un derecho que cualquier país que se precie de ser democrático debe respetar y garantizar a los extranjeros: la asistencia consular.

Mi reconocimiento al ministro Zaldívar y a su secretario de estudio y cuenta, Javier Mijangos y González, por este valiente proyecto que es congruente con el concepto de justicia, con el respeto a los derechos humanos y del entendimiento constitucional que hace falta a nuestro país; además de entramar las garantías necesarias de cualquier democracia constitucional: la autonomía e independencia de sus jueces.

Geraldina González de la Vega. Constitucionalista y ensayista. Actualmente realiza estudios de posgrado en Alemania. Twitter: @geraldinasplace



[1] Además, el Proyecto se refiere tanto al caso Avena y a otros nacionales mexicanos (Mexico v. Estados Unidos de América) ante la Corte Internacional de Justicia, sentencia de 31 de marzo de 2004. Así como a la Opinión Consultiva OC-16/99,  emitida el 1 de octubre de 1999 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a petición y lleva por título “El derecho a la información sobre la asistencia consular y su relación con las garantías mínimas del debido proceso legal” en la que se interpreta el espectro del artículo 36 de la Convención de Viena.

[2] El proyecto cita el caso ante la Corte Interamericana Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111 [Párr 154] y Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, [Párr. 182 y 183] “El derecho a la presunción de inocencia es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa y acompaña al acusado durante (todo el) proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme, (de modo que este) derecho implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa.”

[3] Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, Op. Cit. [Párr. 184] que ”el principio de presunción de inocencia implica que los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que se le imputa, por lo que la carga de prueba (recae en) quien acusa.”

[4] El proyecto refiere que este derecho también lo garantiza la Constitución por la vía del artículo 21 al establecer que: “la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.

[5] Se entiende por tal efecto a las consecuencias de aquella conducta o conjunto de conductas, intencionadas o no intencionadas, por parte de las autoridades, que producen condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria. Página 135, ver la cita 317 que se refiere a la jurisprudencia de los Estados Unidos en esta materia.

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El día de ayer, la Suprema Corte resolvió un caso de enorme relevancia para la libertad de expresión y los medios de comunicación. Después de siete años de rebotar en diferentes peldaños de la escalinata judicial, la Corte definió el conflicto entre dos medios impresos clave en la vida pública de nuestro país: La Jornada y Letras Libres.

El asunto, cuyos antecedentes han sido reseñados con exactitud por Animal Político, planteó una pregunta medular para los cinco ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte: ¿Cómo ponderar en un conflicto entre dos medios de comunicación –cuando uno de éstos lanzó una crítica particularmente ácida al otro- los derechos al honor y la libertad de expresión?

El encargado de responder, en primer término, esta pregunta fue el ministro Arturo Zaldívar, quien tuvo la tarea de preparar el proyecto de resolución. Un documento bien escrito, construido a partir de lo mejor de la doctrina constitucional, y que bien aprovechado puede ser un texto de enorme alcance pedagógico respecto el papel de los medios de comunicación en una dinámica democrática.

A partir de esta interrogante, el proyecto planteó otra serie de preguntas medulares para llegar a su conclusión: ¿Tiene derecho al honor una persona moral (contrario a un individuo) como La Jornada? ¿El dardo periodístico lanzado por Letras Libres se ubica dentro de un ejercicio de crítica y de opinión? ¿Acaso los medios de comunicación son una figura pública? ¿El tema de discusión –si La Jornada había o no establecido un convenio editorial con un diario que a su vez mantenía una relación con un grupo terrorista- era de relevancia pública?

La respuesta a cada una de estas cuestiones propuesta por Zaldívar, y apoyada en términos generales por Cossío, Pardo y Sánchez Cordero, fue positiva. Es decir, en primer lugar, las personas morales si bien no tienen derecho al honor en términos de que pueden herir sus sentimientos, sí lo tienen en una lectura objetiva de este derecho ya que gozan de una reputación y un nombre. Por otro lado, el texto motivo de la disputa se ubica dentro del género periodístico columna; es decir, una opinión y crítica que se apoya de la lectura de ciertos hechos y de ahí que se trate de un ejercicio pleno de la libertad de expresión. Asimismo, la Corte determinó que el asunto que había abordado Letras Libres sin duda se trataba de un tema de relevancia pública al sugerir como punto central la relación de simpatía entre un medio nacional y un grupo terrorista de impacto internacional.

Por último, en cuanto al punto de si los medios son una figura pública, la Corte señaló que los medios de comunicación definitivamente se pueden considerar como tales, debido a que son un actor medular al momento de definir la opinión pública a partir de sus diversos y legítimos intereses ideológicos, comerciales, etc. Este aspecto es de enorme relevancia pues, de acuerdo a la narrativa moderna de libertad de expresión, el derecho al honor de una figura pública debe ceder o entenderse de manera limitada ante cualquier crítica de la que sea objeto, en aras de proteger el valor de escrutinio propio de una democracia.

Así, con esta batería de respuestas, la Corte analizó la columna que había propiciado el litigio y consideró que ésta tenía como objetivo convencer al lector de que el convenio de colaboración celebrado por La Jornada con un diario español, fue el resorte para que aquél adoptase una postura pública neutral e incluso apologética frente a la ideología nacionalista vasca. La columna efectivamente está redactada a partir de expresiones ácidas, inclusive algunas de éstas se podrían calificar como exageraciones. Sin embargo, y aquí una parte clave de la decisión, la Corte señaló que aun ese tipo de discurso está protegido por la libertad de expresión.

La Constitución no reconoce un derecho al insulto o a la injuria gratuita, sin embargo, tampoco veda expresiones inusuales, alternativas, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, aún y cuando se expresen acompañadas de expresiones no verbales, simbólicas.

(…)

El debate en temas de interés público debe ser desinhibido, robusto y abierto, pudiendo incluir ataques vehementes, cáusticos y desagradablemente mordaces sobre personajes públicos o, en general, ideas que puedan ser recibidas desfavorablemente por sus destinatarios y la opinión pública en general, de modo que no sólo se encuentran protegidas las ideas que son recibidas favorablemente o las que son vistas como inofensivas o indiferentes. Estas son las demandas de una sociedad plural tolerante y abierta, sin la cual no existe una verdadera democracia.

Al respecto, si bien es cierto que cualquier individuo que participe en un debate público de interés general debe abstenerse de exceder ciertos límites, como el respeto a la reputación y a los derechos de terceros, también lo es que está permitido recurrir una cierta dosis de exageración, incluso de provocación, es decir, puede ser un tanto desmedido en sus declaraciones, y es precisamente en las expresiones que puedan ofender, chocar, perturbar, molestar, inquietar o disgustar donde la libertad de expresión resulta más valiosa.

Otro aspecto relevante era si algunas de las expresiones del texto –por ejemplo: “La Jornada al servicio de un grupo de asesinos hipernacionalistas”- le imputaban a La Jornada el delito de terrorismo, sin ofrecer por supuesto prueba alguna. Lo cual sí implicaría la transgresión de un límite a la libertad de expresión. En respuesta, la Corte señaló que Letras Libres en ningún momento le imputó un delito a La Jornada, pues su crítica (acertada o errónea) se dirigió principalmente al hecho de que este diario haya suscrito de manera no pública un convenio editorial con un periódico español. Lo cual no embona en ninguno de los supuestos del tipo penal de terrorismo. De tal manera que aun en el caso de que efectivamente La Jornada haya suscrito un convenio editorial con dicho diario español, y éste mantuviese una relación con un grupo terrorista, no se estaría ante un delito sino ante dos visiones respecto cómo debe ser la política editorial de un diario.

De ahí que el juicio de amparo por daño moral interpuesto por La Jornada no tuviese éxito y, más bien, la Corte protegiera la libertad de expresión de Letras Libres.

Vale señalar, por último, que una de las partes más relevantes de esta sentencia es la concepción que ofrece de los medios de comunicación. Alejándose de la caricatura tradicional que ve a los medios como inocentes apóstoles de la libertad de expresión, la Corte considera que los medios son un centro de poder en las democracias modernas, no neutrales y que buscan influir en la opinión pública de acuerdo a sus intereses. Y justo porque los medios gozan de ese enorme poder  –que se justifica debido a la función de escrutinio que deben desempeñar- es necesario y lógico que la crítica a su labor también goce de la mayor libertad y más amplio grado de protección. Pues de lo contrario estaríamos ante un poder impune capaz de criticar severamente a alguien, pero sin estar sujeto al mismo calibre de escrutinio público. En este sentido, la Corte reforzó su argumento al puntualizar que se trataba de un conflicto entre dos medios de comunicación, lo cual significa que existía una simetría de poder, donde cada uno goza del mayor ejercicio posible del derecho de réplica a nivel nacional y cuyas críticas se enfrentan a un mismo y único límite: las propias críticas de otros medios.

Se trata de un mensaje por demás saludable para unos medios de comunicación, como los de nuestro país, cuya rutina informativa tiene como sello distintivo la impunidad. Así, ante unos medios que no quieren asumir sus responsabilidades en un contexto democrático, la Corte ofrece una lección que bien se puede encapsular en la máxima de George Orwell: libertad es decirle al poderoso lo que no quiere escuchar. Incluidos, por supuesto, los medios de comunicación.

Saúl López Noriega. Profesor e investigador de tiempo completo del Departamento de Derecho del ITAM. Twitter: @slopeznoriega

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El pasado cuatro de octubre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el engrose de la resolución del expediente “varios” 912/2010 en relación a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco. El documento desarrolla todos los puntos que se discutieron a lo largo de las sesiones del Pleno, asimismo se contempla un apartado de antecedentes en relación a como fue el procedimiento del caso ante el Sistema Interamericano y la razón por cual la Suprema Corte de Justicia conoce de la sentencia.

En el engrose se contemplan las diferentes decisiones tomadas por el Pleno de la Corte, así como votos tanto disidentes como concurrentes de varios de los ministros y ministras que reflejan las encontradas opiniones y puntos de vista que fueron objeto de discusión el pasado mes de junio durante las sesiones.

En el histórico debate a partir de la sentencia de Radilla fuimos testigos de las primeras posiciones de la Suprema Corte en relación a la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de las obligaciones para el Poder Judicial a partir de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana contra México y de la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. En este sentido, en su momento, reflexionábamos acerca de las diversas decisiones que se tomaron, ya se catalogaban algunas como innecesarias, otras incompletas y destacábamos el carácter trascendental de dos decisiones: la del deber del Poder Judicial de ejercer un control de convencionalidad de carácter difuso así como la limitación a la jurisdicción militar en casos de violaciones a derechos humanos en contra de civiles por parte de miembros de las fuerzas armadas.

La resolución de la Suprema Corte recoge dichas decisiones en un engrose bastante conciso que explica cual debe ser la posición del Poder Judicial en cuanto a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana y como debe ejercerse, quién debe ejercerlo y qué efectos causará el nuevo control de convencionalidad de carácter difuso.

En relación a la obligatoriedad de las sentencias emitidas en contra del Estado mexicano por la Corte Interamericana, se cuestionaba sí realmente era necesario que la Suprema Corte se pronunciara al respecto ya que este punto resolutivo surge por el debate dentro de las primeras sesiones del Pleno sobre la decisión del Tribunal interamericano en relación a la declaración de responsabilidad internacional del Estado mexicano por la desaparición forzada de Radilla. En este sentido en el engrose se deja muy claro que la Suprema Corte no es competente para analizar, revisar, calificar o decidir si una sentencia dictada por la CorteIDH, esto es, en sede internacional, es correcta o incorrecta, o si la misma se excede en relación a las normas que rigen su materia y proceso. Esta sede de jurisdicción nacional no puede hacer ningún pronunciamiento que cuestione la validez de lo resuelto por la CorteIDH, ya que para el Estado mexicano dichas sentencias constituyen cosa juzgada y, por ende, lo único procedente es acatar y reconocer la totalidad de la sentencia en sus términos. Esta consideración de la Suprema Corte resulta congruente con lo estipulado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos la cual contempla en los artículos 62.3, 67 y 68  el carácter vinculante de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana.

Respecto al carácter “orientador” de la jurisprudencia interamericana en relación a sentencias emitidas en contra de otros países de la región, en la resolución del expediente se sostiene que se debe acudir a los criterios interpretativos de la Corte Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte más favorecedor y procure una protección más amplia del derecho que se pretende proteger. El engrose de la Suprema Corte debió desarrollar más a fondo la importancia de dichos criterios ya que la jurisprudencia de la Corte Interamericana resulta una herramienta clave al momento de ejercer el control de convencionalidad, el derecho  que contempla un tratado internacional de derechos humanos va más allá de la simple lectura del artículo que lo consagra, la interpretación y el desarrollo jurisprudencial  de la CorteIDH es lo que permite al juzgador estudiar y entender la evolución del derecho en cuestión y ejercer el control de una forma mucho más eficaz y completa.

Al respecto el ministro Arturo Zaldívar en su voto concurrente destaca la importancia de estos criterios al señalar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana, al definir el contenido de los derechos reconocidos en la Convención Americana, en realidad está interpretando y dotando de contenido las fórmulas genéricas empleadas en dicho tratado internacional, de modo que la jurisprudencia en cita se vuelve una extensión de la Convención misma.

En cuanto al control de convencionalidad el engrose deja claro que si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados, sí están obligados a dejar de aplicar estas normas inferiores dando preferencia a los contenidos de la Constitución y de los tratados en esta materia.

Para ello la resolución desarrolla cómo debe realizarse el análisis para ejercer dicho control y enuncia las diversas herramientas de interpretación al momento de llevarlo a cabo, contemplando todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en los artículos 1o. y 133), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación; todos los derechos humanos contenidos en Tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte; criterios vinculantes de la Corte Interamericana establecidos en las sentencias en las que el Estado mexicano haya sido parte, y criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la Corte, cuando el Estado mexicano no haya sido parte. El parámetro propuesto por la Suprema Corte es bastante completo. Comprendiendo el contenido de la reforma al artículo 1° constitucional el análisis de dicho control se resume al deber de las autoridades de aplicar en todo momento el principio pro persona es decir haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia.

Asimismo la resolución presenta un análisis  que señala cuáles son los diferentes controles de constitucional y convencionalidad que se pueden ejercer conforme al ordenamiento jurídico mexicano, que autoridades son competentes dependiendo el tipo de control y sobre todo que efectos resultan de cada uno de ellos. El cuadro que contempla este análisis es bastante esquemático para entender en la práctica que consecuencia jurídica conlleva la aplicación de cada control, tomando en cuenta lo complejo y limitado que puede resultar el derecho constitucional mexicano.

Analizando estas tres decisiones, debe ser una prioridad para lograr la armonización del nuevo bloque de constitucionalidad la medida ordenada por la CorteIDH al Poder Judicial en la sentencia Radilla consistente en la capacitación permanente respecto de los contenidos de la jurisprudencia interamericana sobre los límites de la jurisdicción militar, garantías judiciales y protección judicial, y estándares internacionales aplicables a la administración de justicia.

Sí no existe una capacitación constante de los jueces y juezas al respecto resulta ilusorio suponer que el juzgador puede ser parte de este proceso hermenéutico, la forma de entender el derecho constitucional ha cambiado a partir de junio de 2011 por lo que es trascendental que todos los operadores jurídicos estén en constante capacitación para realizar una interpretación adecuada.

Finalmente, en cuanto a la limitación de la jurisdicción militar, en la que el Pleno resolvió que se debía replicar el criterio de la Corte Interamericana en cuanto que el fuero militar no podrá operar bajo ninguna circunstancia frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles, ésta resultaba ser la decisión más paradigmática y positiva del expediente “varios”, no sólo en relación a una forma de cumplimiento de la sentencia de Rosendo Radilla sino del impacto de la decisión ante la situación actual en el país .

Sorprende las declaraciones del ministro José Ramón Cossio al declarar en conferencia de prensa que actualmente los tribunales militares no están obligados a enviar este tipo de asuntos al fuero común, aunque pueden hacerlo. Admitió que será hasta que la Corte conozca los primeros amparos sobre el tema, cuando el pleno determine si invalida el artículo 57 fracción II del Código de Justicia Militar, para lo cual necesitará del voto de ocho de los once integrantes del pleno.

Haciendo una interpretación positiva de las declaraciones del ministro Cossio se puede desprender que existe un compromiso por parte de los litigantes de derechos humanos de activar el aparato judicial a través del recurso de amparo en relación a la jurisdicción militar así como de otros temas de derechos humanos para que la Suprema Corte atraiga y resuelva los casos. Sin embargo, parece ser que nos volvemos a encontrar en una situación de incertidumbre, si bien resulta trascendental la participación de la sociedad civil, actualmente en relación a la reformas constitucionales en materia de amparo, nos encontramos en un limbo jurídico, con una ley reglamentaria en el Congreso que deja mucho que desear ya que no prevé una regulación que consagre al juicio de amparo como un recurso sencillo, breve, adecuado y efectivo para controvertir violaciones a derechos humanos. Obligación que se deprende del artículo 1° constitucional y 25.1 de la Convención Americana bajo, el entendido de que no sólo se tiene el derecho al derecho sino que también se tiene el derecho a la garantía.

Vuelve a ser clave el compromiso y la actuación del Poder Judicial, en especial de la Suprema Corte en la aplicación de las reformas constitucionales tanto de derechos humanos como de amparo y en la toma de decisiones sobre casos concretos, resultaría preocupante que el Poder Judicial formara parte también de esta “esquizofrenia” que padece tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo en relación a la protección de los derechos humanos en el país.

Adriana Muro. Abogada de Litiga OLE. Twitter: @adrianawall

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El voto del ministro Pardo fue decisivo El tercer día de la discusión de la acción de inconstitucionalidad 11/2009 fue el crucial, la mayoría estuvo por la invalidez de la norma, sin embargo no se alcanzaron los 8 votos necesarios para declararla inconstitucional y, por lo tanto, el asunto se desestimó. Los votos que esperábamos eran 3: Zaldívar, Silva y Pardo. Ya adelantaba yo un día antes que Zaldívar y Silva irían a favor del proyecto, de ser congruentes con sus votos anteriores, pero que de Pardo poco se sabía.

El ministro Pardo era pues, el fiel de la balanza, de él dependía la validez o no de la norma, al principio de la sesión se decantó por la validez y votó en contra del proyecto por los siguientes argumentos:

Primero, delimitó el problema recordando que lo que se decidía no era si se estaba a favor o en contra del aborto, sino si la reforma a la Constitución de Baja California resulta acorde o no a los principios y las normas de nuestra Constitución federal. Para Pardo, esta Constitución desde luego protege el derecho a la vida, no sólo interpretativamente sino textual e históricamente por la vía de los artículos 1°, 29, 14 y 22, además de que le reconoce al producto de la concepción derechos distintos de la madre por la vía del artículo 123, apartado A, fracción XV, pues ahí se habla de la “salud y vida de los trabajadores y del producto de la concepción.” Por otro lado, señaló que los derechos del concebido, si bien no se encuentran textualmente en algunos instrumentos internacionales, éstos pueden inferirse de sus disposiciones. Por lo que concluyó que si se acepta esa protección constitucional necesariamente conlleva la titularidad de un derecho. Posteriormente se refirió al tema competencial y sostuvo que las entidades federativas sí tienen competencia para poder reconocer derechos al concebido pues si la Constitución reconoce el derecho a la vida, no existe una contradicción entre el orden local y la norma fundamental.

En la misma línea que la ministra Luna, Pardo argumentó que se trata de un  ejercicio  de la libertad de configuración legislativa pues corresponde a cada entidad federativa decidir a partir de qué momento debe protegerse el derecho a la vida del producto de la concepción. Explicó que con base en el artículo 1°, el Constituyente de Baja California lo que hizo fue desarrollar y establecer a partir de qué momento surte efectos una protección que ya está en la Constitución. Dijo que la tensión de los derechos no es un argumento para sostener la inconstitucionalidad de un derecho que se amplía, pues los derechos no son absolutos. La posibilidad de que un derecho limite otros no es un argumento para que el Constituyente deje de reconocerlo. El hecho de que el texto normativo del derecho no establezca una excepción, no implica que éste sea absoluto ni que lleve a la inconstitucionalidad pues para eso está la interpretación que realiza la Corte a través de juicios de ponderación, y para ello existe la posibilidad de establecer en los códigos penales excusas absolutorias, por ejemplo.

Ya con el asunto perdido, siguieron los argumentos de los ministros Zaldívar y Silva. El ministro Zaldívar realizó el análisis que a mi juicio, le faltó a los ministros Luna y Pardo, el de los efectos de la sentencia, el de la realidad a la que se aplicaría esa norma. Comenzó diciendo lo que para algunos no resulta obvio[1]: “De entrada quiero decir categóricamente que este no es un debate de si estamos a favor o en contra de la vida, todos estamos a favor de la vida,  no he escuchado a ninguno de mis compañeros que se hayan manifestado en contra de la vida.” Advirtió que en su opinión, la reforma no “se salva” ni con una interpretación conforme. Zaldívar sostuvo su postura en dos aspectos: el federalismo y la mayoría democrática limitada por el ámbito de lo no decidible. En lo que se refiere al primer aspecto, explicó que los estados son autónomos y no soberanos, por lo que a pesar de que tienen una libertad de configuración ésta no es libérrima, con base en el artículo 116 constitucional. Y que a pesar de que pueden crear o ampliar derechos fundamentales, pueden hacerlo siempre y cuando no afecte otro derecho establecido en la Constitución federal o en los tratados internacionales. Y aquí es donde el primer aspecto entonces conecta con el segundo, pues explicó que en una democracia constitucional, el principio de mayoría no puede ser el único, ya que es un deber de las democracias respetar a las minorías, por ende: los derechos humanos son normalmente contramayoritarios. “Ni la unanimidad de una Legislatura de un Estado tendría facultad constitucional para anular un derecho fundamental.”

Para Zaldívar, esta reforma excluye del debate democrático la titularidad de los derechos humanos, un argumento muy parecido al del ministro Cossío en el sentido de que la reforma cancela la posibilidad de ponderación. Explicó que el problema de la reforma no es que se establezca una nueva categoría de titulares de derechos o se amplíen éstos, sino que se dispone del contenido del concepto de persona, mismo que no es disponible para las entidades federativas, pues su definición corresponde al Estado en su totalidad, es decir, se trata de una facultad del Constituyente General. Y esto es así, al parecer de Zaldívar, porque ello modifica la titularidad de los derechos humanos, se trata de un cambio cualitativo y sólo por esto la reforma aludida es contraria a la Constitución. “Lo que se está modificando aquí es la titularidad de los

derechos humanos, se está disfrazando de una protección a la vida, en la que todos estamos de acuerdo, y que me parece que el Estado tiene no sólo el derecho, sino la obligación de proteger la vida y tiene la obligación de proteger en principio, que el producto de la concepción llegue a feliz término, con la titularidad del derecho, y esto sí es un cambio cualitativo.” Después rebatió la interpretación del ministro Pardo en el sentido de que hay una diferencia desde el punto de vista jurídico entre el titular de los derechos humanos como persona viva y viable y el nasciturus.

Hasta aquí, Zaldívar dijo, la norma es ya inconstitucional pues el Constituyente local no puede disponer del concepto persona, sin embargo, explicó, es necesaria la referencia a los derechos de las mujeres pues “son ellas las que al final pierden en estos casos, las más pobres, las más humildes, las que no tienen recursos, las que no tienen cultura, lo que es no solamente profundamente injusto sino abiertamente discriminatorio, y por tanto, inconstitucional.” Para Zaldívar sí hay un derecho fundamental a la interrupción del embarazo, y reconocer esto no implica que el Estado esté en contra de la vida, pues es posible proteger la vida en sus distintas fases y al mismo tiempo autorizar en ciertos casos y en ciertos supuestos que la mujer interrumpa su embarazo, es una cuestión de ponderación. Dijo que aunque la mayoría de los derechos de las mujeres están contenidos en el proyecto, sería importante destacar: el derecho a decidir libremente sobre el número y el espaciamiento de sus hijos (4to constitucional) y la dignidad humana que  cuando se trata de la mujer en su posibilidad de ser madre, toma un carácter especial, diferenciado y específico pues “la mujer debe ser entendida como un fin en sí mismo, no ser jamás considerada un instrumento reproductivo.”

A ello abundó explicando que considera que hay tres vertientes que cobran importancia: el uso de anticonceptivos (derecho consagrado en el 4to constitucional), el hecho de no ser penalizadas en caso de decidir interrumpir un embarazo (ponderación) y tener tiempo para decidir si quiere o no interrumpir el embarazo. Zaldívar reconoce una gradualidad en el valor de la vida, al estilo del Tribunal Constitucional Español[2], pues “…exigirle a la mujer que culmine el embarazo implica en ocasiones atacar su libertad reproductiva y su dignidad [pero] esto cambia conforme avanza el embarazo, ya que de conformidad con su avance, el interés del Estado en la vida del producto de la concepción va incrementándose. Decir que un óvulo fecundado que está refrigerado en un laboratorio es igual que un bebé de tres meses implicaría la modificación de la lógica del derecho penal en todo el orbe, además de que habría que cambiar el concepto de homicidio.” Finalmente, habló de la necesidad de que exista educación sexual para poder ejercer la libertad de manera responsable, pero que en todo caso estamos ante un falso debate a favor de la vida y a favor del aborto, pues cada aborto es un drama humano y criminalizar a la mujer, lejos de ayudar, agrava los problemas.

El ministro Aguilar intervino por segunda vez para aclarar su postura con respecto a que las entidades federativas no pueden establecer derechos fundamentales, pues el sistema federal implica entidades federativas autónomas pero ello no puede implicar que existan distintos derechos diferenciados por estado de la República, pues éstos, dada su universalidad, no pueden depender de las particularidades de los estados de la Federación.

La ministra Luna también habló por segunda ocasión para aclarar su postura con respecto a su voto en 2009 (en la Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 ella votó a favor de la reforma en el D.F. que despenaliza el aborto). Aclaró que no es incongruente su voto ya que ella considera que en ambos casos se está frente a la libre configuración legislativa y que en ninguno de los dos casos se viola algún derecho o alguna norma constitucional sino que se está frente a una norma optativa o de libre configuración. “Independientemente de que siempre me he  pronunciado nunca (sic) a favor de la interrupción del embarazo, ni nunca a favor del castigo de quienes se ven obligadas a realizarlo [considero que] los Estados tienen facultad para configurar libremente este tipo de situaciones en sus regulaciones locales…” Además, explicó que las reformas en el mismo sentido de 18 estados de la República no llevan en ningún caso a penalizar siempre el aborto, pues se trata, de nuevo, de una materia de libre configuración normativa.

El ministro Presidente Silva Meza se pronunció como se esperaba a favor del proyecto aunque no comparte las premisas de éste. Considera que el problema toral es determinar si el Constituyente local cuenta con facultades para ampliar el derecho fundamental de la vida y si la tiene, resolver si tiene límites constitucionales y cuáles son. Primero se dedicó a dilucidar si los constituyentes locales pueden ampliar el alcance y el contenido de los derechos fundamentales y consideró que a la luz del nuevo artículo 1°, la Federación debe guardar un orden para poder dispensar un trato igualitario a todas las personas que se encuentren en el territorio nacional, ello, aunado al principio de supremacía Constitucional, lleva a concluir que los estados pueden ampliar derechos pero sin que ello sea contradictorio con el contenido o alcance de los derechos reconocidos en la Constitución General. Este argumento se acercó bastante a la idea del ministro Aguilar del contenido esencial de los derechos como límite para su desarrollo o ampliación. Silva Meza aclaró que la Corte ha reconocido la existencia de una protección gradual de la vida humana en el plano de su gestación fisiológica y ello lo desprende de la Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 pues en esa sentencia la Corte se expresó en el sentido de “reconocer que el derecho a la vida no puede ser absoluto, de ahí que quepa la ponderación en caso de que dicho derecho entre en colisión con otros derechos fundamentales.”

En este ejercicio de ponderación, explicó Silva, es necesario tomar en consideración los diversos alcances de los intereses en juego y que no es posible establecer una regla general. Pues sí existe un interés legítimo del Estado para salvaguardar el proceso de gestación pero éste debe ser proporcional con otros derechos. Sin embargo, aclara que el problema al que se enfrentan es, si la norma de Baja California es razonable para alcanzar ese fin y concluye que no, pues para preservar ciertos valores que se consideran absolutos, se equipara el grado de protección del derecho a la vida con el concebido no nacido. Silva desprende su argumento de la exposición de motivos del Constituyente de Baja California, de donde concluye que se revela “la intención del Constituyente local de reprimir, en el ámbito penal, cualquier conducta que atente contra la vida del concebido no nacido.” Y el problema de constitucionalidad que encuentra el ministro es que la medida desplaza en automático diversos derechos consagrados en favor de las mujeres pues la norma no reconoce la interrelación entre el nasciturus y la madre y ello necesariamente lleva a conductas determinadas del Estado, de hacer y no hacer, para defender, de manera absoluta, el derecho a la vida del nasciturus. Su argumento sobre la anulación de la ponderación se parece también al de los ministros Cossío y Zaldívar.

Por último, el ministro Franco intervino para defender su proyecto, mismo que nunca tuvo oportunidad de presentar en su totalidad pues se limitó en la primera sesión a presentar tan sólo su primer argumento (el de la personalidad jurídica del no nacido) para que después se determinara que la discusión se haría en lo general. Franco aclaró que el proyecto no señala que la vida comienza con el nacimiento, ni que el producto de la concepción no tenga vida humana, sino que a partir del nacimiento surgen ciertos derechos constitucionales y que fue éste el eje vertebral del proyecto. En el mismo tono de Zaldívar subrayó que todos los ministros están por la vida y que la discusión no es si están a favor o en contra del aborto, sino que se debe discutir la constitucionalidad de una norma impugnada.

…aclaro categóricamente que el proyecto en ninguna parte sostiene que los no nacidos, y esto lo digo categóricamente, jamás se señala, ni siquiera se implica, puedan ser considerados como bienes o cosas como en algún momento se manifestó, y mucho menos que exista expresión alguna en sentido peyorativo respecto de este altísimo bien que es la vida prenatal. Reconociendo pues el valor de esa vida, lo que el proyecto sostiene es que los seres no nacidos conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no tienen reconocido el estatus de personas en un sentido estrictamente normativo constitucional, es lo que sostiene el proyecto.

También aclaró que el proyecto reconoce la validez de la norma en la porción que reconoce el derecho a la vida, la parte que invalida es la última donde se señala que se reputa como nacido al concebido. Considera también que no cabe una interpretación conforme de la norma y que en el engrose matizará las expresiones y argumentos de acuerdo con lo ya discutido en el Pleno.

Además, aclaró que el proyecto no argumentó con supuestos hipotéticos, sino que dada la estructura de la norma, se trata de las consecuencias que su vigencia genera pues la sola protección absoluta de la vida desde la concepción afecta normativamente –por la mayor jerarquía constitucional- el uso de anticonceptivos como el DIU y por supuesto, el aborto. El Ministro justificó el ejercicio de ponderación realizado en el proyecto y a explicó que no se consideran en todo caso más valiosos los derechos de las mujeres, sino que se trata, precisamente de una ponderación. Se refirió a la declaración interpretativa de la Convención Americana y a las diferencias existentes entre la norma de la Constitución de Baja California y la norma de los códigos civiles: “se le reputa como nacido para los efectos declarados en el presente Código”, dicen unos, “se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, dice la norma impugnada”.

Se puso a votación el proyecto: 7 ministros se declararon a favor de éste, es decir, en contra de la validez del artículo 7 de la Constitución de Baja California (Franco, Aguilar, Cossío, Valls, Sánchez Cordero, Zaldívar y Silva) y 4 ministros estuvieron en contra, es decir, a favor de la constitucionalidad de la norma impugnada (Aguirre, Ortiz Mayagoitia, Luna y Pardo). Como ya había explicado, en términos del artículo 72 de la Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional, para que la reforma pudiera ser declarada inconstitucional, y por tanto, desechada del orden jurídico, se requerían 8 votos. Con el resultado 7-4 se desestima la acción, se archiva y la norma sigue vigente.

Los Ministros fueron citados para el día de hoy para analizar la otra acción de inconstitucionalidad presentada por Diputados integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí (Acción de Inconstitucionalidad 62/2009) donde se plantea que la reforma al artículo 16 de la Constitución de San Luis Potosí es contraria a la Constitución General:

El Estado de San Luis Potosí reconoce la vida humana como fundamento de todos los derechos de los seres humanos, por lo que la respeta y protege desde el momento de su inicio en la concepción. Queda prohibida la pena de muerte, la cual no podráaplicarse en ningún caso.

No es punible la muerte dada al producto de la concepción cuando sea consecuencia de una acción culposa de la mujer; el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación indebida; o de no provocarse el aborto la mujer corra peligro de muerte. [subrayado mío]

En este asunto también es ponente el ministro Franco y su proyecto contiene las mismas premisas que el de Baja California, por lo que se prevé una discusión más rápida y una votación sin sorpresas. Sin embargo, adelanto que esta norma presenta menos problemas de interpretación en cuanto a sus consecuencias normativas pues no “reputa como nacido” al concebido y cabría una interpretación conforme. Ello podría orillar a alguno(s) ministros a votar a favor de la constitucionalidad. Veremos.

Geraldina González de la Vega. Constitucionalista y ensayista. Actualmente realiza estudios de posgrado en Alemania. Twitter: @geraldinasplace


[1] En twitter se creó la etiqueta o hashtag #SíalaVida para defender la postura en contra del proyecto de Franco y a favor de la reforma de Baja California y la de San Luis Potosí, y, al igual que el grupo pro-vida, pareciera que quienes defendemos la autonomía reproductiva de las mujeres estamos en contra de la vida.

[2] La sentencia TCE 53/1985 del Tribunal Constitucional Español  considera que “la vida humana es un devenir, un proceso que comienza con la gestación, en el curso de la cual una realidad biológica va tomando corpórea y sensitivamente configuración humana.”

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Mesa de Debate. El nuevo juicio de amparo y los derechos humanos

Participantes: Hugo Concha (IIJ-UNAM), Sergio García Ramírez (IIJ-UNAM), Saúl López Noriega (ITAM) y Arturo Zaldívar (SCJN).

Grabada el pasado jueves 11 de agosto de 2011, en el Auditorio Raúl Bailléres del ITAM.

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Desde hace algunos días se discute en la opinión pública un caso judicial que pronto tendrá que resolver la Suprema Corte de Justicia; se trata de un conflicto entre el periódico La Jornada y la revista Letras Libres. El origen del conflicto es un artículo de Fernando García Ramírez publicado por la revista Letras Libres en marzo de 2004, donde acusa al diario La Jornada de complicidad con el grupo terrorista ETA. Dice este texto:

En octubre del 2002 La Jornada firmó un acuerdo —que incluía la colaboración en proyectos informativos de interés común— con el diario ultranacionalista Gara, periódico del brazo político de ETA que vino a sustituir al proscrito diario Egin. ¿Por qué La Jornada no informó a sus lectores de ese acuerdo? Conviene recordar que Egin fue cerrado por órdenes de Baltazar Garzón por su complicidad con el grupo terrorista, así como también que el mismo juez ha inculpado a Gara del mismo delito.

No, no es casual la aversión de La Jornada contra el juez Garzón. Debemos entenderla como parte del acuerdo con Gara. Debemos entenderla como lo que es: una variante escrita de la lucha terrorista contra la ley. La Jornada al servicio de un grupo de asesinos hipernacionalistas. Así se practica todavía el periodismo en México, espero que no por mucho tiempo.

En respuesta, La Jornada atacó en la arena jurisdiccional penalmente por calumnia a García Ramírez y civilmente por daño moral a Letras Libres. Después de varios de años, el litigio penal perdió sustento y ahora ha llegado a la Corte, mediante el ejercicio de la facultad de atracción 119/2010, el tema civil entre estos dos medios de comunicación. El asunto aún no tiene fecha para resolverse, pero se sabe ya que su proyecto de resolución está a cargo del ministro Arturo Zaldívar, será decidido en principio por la 1era Sala de la Corte y se trata del amparo directo 28/2010.

Recientemente, Enrique Krauze, director de Letras Libres, publicó un artículo donde reseña el origen del conflicto y crítica el argumento presentado por La Jornada de que la vigente Ley de imprenta no es suficientemente restrictiva de la libertad de expresión. Por su parte, Federico Arreola considera que es casi inevitable que La Jornada gane el asunto, lo cual resultará en una sanción económica enorme para Krauze y Letras Libres.

Lo cierto es que este caso es el primero en México donde se presenta un conflicto entre dos medios de comunicación. Y aunque no se conocen bien los argumentos jurídicos presentados por las partes, vale mencionar que una regla bastante generalizada en otros tribunales cuando se aborda un tema sobre medios de comunicación alude a la simetría o asimetría de poder. Es decir, la capacidad de una de las partes para responder a una determinada acusación en el escenario mediático. Pensemos, por ejemplo, que un medio de comunicación difunde información y opiniones que, sin fundamento, imputa delitos a una persona en detrimento de su honor y reputación. Esta persona no tiene relación alguna con los medios informativos y de ahí que le sea muy difícil responder en la arena mediática a tales acusaciones. Existe asimetría de poder. En ese caso, la lógica que ha prevalecido es la de apoyar a esta persona mediante el derecho de réplica o con el pago de daños y perjucios por daño moral.

¿Qué pasa, sin embargo, cuando estamos ante dos medios de comunicación que tienen la misma posibilidad de revirar posibles acusaciones? Entonces debe haber una menor intervención del Estado y mayor margen de libertad para el peloteo de opiniones y versiones. Estamos ante una simetría de poder para responder información y opiniones divergentes. En esta línea, Miguel Ángel Granados Chapa señaló en su columna del periódico Reforma lo siguiente:

…cuando una publicación acude a los tribunales para denunciar la conducta de otra publicación, me parece que estamos ante una deformación del propósito legal, dañina para la prensa en su conjunto y que, en el caso al que ahora me refiero, puede redundar en perjuicio del demandante, que por la índole de su tarea quedaría sujeto a reclamos judiciales a tal punto que se anularía su derecho de informar.

Olvidada de la inolvidable máxima de Francisco Zarco, según la cual “la prensa se combate con la prensa”, en vez de refutar desde sus páginas las opiniones de que discordara, como corresponde a un diario que todos los días expresa juicios sobre multitud de personas en todos los ámbitos, en agosto de 2004 La Jornada acudió a la justicia…

Esperemos que la Corte resuelva de manera adecuada este asunto, que sin duda tendrá un significativo impacto en la dinámica de los medios de comunicación de nuestro país.

Saúl López Noriega. Profesor-investigador de tiempo completo del departamento de Derecho del ITAM. Twitter: @slopeznoriega

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Durante el 2010, la revista Nexos inició la aventura de abrir un blog dedicado exclusivamente a temas relacionados con temas judiciales. La idea fue publicar textos que abordasen los diversos aspectos que giran alrededor de nuestra Suprema Corte de Justicia. Aprovechando el inicio de año, presentamos un breve resumen de los diez posts más leídos del blog durante el 2010.

1. Caso Guardería ABC.  Crónica de la Discusión (II/III)

Con este post se realizó uno de los primeros ejercicios de periodismo judicial –de ahí que la cobertura se presentase en una serie de tres post-, al seguir puntualmente las discusiones de los ministros de la Suprema Corte respecto un asunto de enorme importancia para la vida del país: Caso Guardería ABC. El autor, además de ofrecer una explicación ágil y sencilla de las principales posturas de los ministros, al final del post presenta una tabla de votación donde claramente se puede conocer cómo voto cada ministro respecto cada uno de los temas que implicaba este delicado asunto.

2. Matrimonio-adopción gay: la perspectiva científica

Este post se publicó días antes de que iniciará la discusión en el pleno de la Suprema Corte respecto la constitucionalidad de las reformas legales del Distrito Federal que permitieron el matrimonio entre personas del mismo sexo, así como la posibilidad de que estas parejas pudiesen adoptar. El objetivo del post fue presentar las coordenadas del debate respecto este tema, pero no desde el discurso jurídico, sino desde la perspectiva científica. La decisión de incluir un post de esta naturaleza responde a que tanto las autoras como los que coordinamos el blog, estamos convencidos que no pocas de las discusiones jurídicas modernas tienen que nutrirse de otras áreas del conocimiento para tener un panorama claro de cuál debe ser la solución jurisdiccional.

3. El (absurdo) juicio en contra de Galileo (II/III)

Uno de los propósitos del blog fue abrir una sección que, frente a nuestra tradición jurídica barroca y ridículamente solemne, presentara al derecho como cualquier otra actividad realizada por el hombre: contradictoria, absurda e irracional. De ahí que se abriera una sección dedicada solamente a registrar estos disparates: Absurdos Jurídicos. Este post forma parte de esta sección y de una interesante serie de entregas donde se desmenuza con erudición y elegancia el absurdo juicio en contra de Galileo.

4. ¿Qué es una controversia constitucional?

Una de las dificultades de un lector no especializado en temas jurisdiccionales es entender el amplio abanico de términos que tanto en las sesiones de los ministros como en las sentencias se utilizan de manera cotidiana. Existe una barrera del lenguaje que impide que la información jurisdiccional ocupe el lugar que le corresponde en la rutina informativa. En este contexto, este post busca explicar de manera sencilla y con buenos ejemplos, uno de los medios de control constitucional más relevantes en la organización de los poderes del Estado: la controversia constitucional.

5. Matrimonio y adopción gay: análisis de la sentencia

Después de las discusiones entre los ministros y de la decisión de la mayoría de éstos de ratificar la constitucionalidad del matrimonio y adopción gay en el Distrito Federal, la opinión pública se olvidó de la fuente informativa judicial más relevante: la sentencia. Ese documento donde, además del sentido de la decisión, se encuentran los argumentos que apuntalan a ésta y que pueden impactar en ulteriores casos que aborden temas similares. Así, el propósito de este post fue diseccionar los diferentes argumentos y posiciones de la sentencia sobre el matrimonio y adopción gay, la cual promete convertirse en una de las resoluciones más relevantes sobre el tema en Iberoamérica.

6. ¿Qué sigue después de la muerte de Gudiño Pelayo?

Este post esboza algunas de las posibles consecuencias a partir del fallecimiento del ministro José Gudiño Pelayo tanto al interior de la Suprema Corte -en la dinámica de votación de la primera sala y del pleno y en la carrera por la presidencia de la Corte-, como entre el presidente de la República y el Senado al momento de nombrar al ministro sustituto de Gudiño.

7. Matrimonio y adopción gay: la opinión del Ombudsgay

Una de las formas en que la sociedad civil puede influir en el proceso de decisión de una corte constitucional consiste en que, por ejemplo, académicos y agrupaciones envíen a los jueces constitucionales sus argumentos de porque cierto caso debe resolver en un determinado sentido. En este contexto, este post reproduce las ideas principales de la opinión técnica o amicus curiae que sometió el programa Ombudsgay de i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, a consideración de la Suprema Corte y donde presenta el estado del arte respecto el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de niños por parejas homosexuales.

8. Las designaciones de los ministros: no son enchiladas

Se trata de uno de los últimos post del año donde, a partir de la terna de candidatas a ministras presentada por el presidente Calderón para sustituir a Gudiño Pelayo, se explica el proceso de designación de los ministros y la relevancia de que éste no sea un mero trámite sino un verdadero ejercicio de reflexión respecto qué tipo de tribunal constitucional necesitamos.

9. La Corte ante la igualdad y la no discriminación

Este post analiza las principales tesis de jurisprudencia que ha emitido la Suprema Corte en los últimos quince años sobre un tema medular: la igualdad y no discriminación. El texto no sólo le da coherencia a esa madeja de criterios jurisprudenciales, sino que también presenta un balance de los avances que se han logrado al respecto y de las asignaturas pendientes que deben erigirse en la agenda de la Corte para el futuro.

10. Sexo y Derecho

Este post, parte de la sección Absurdos Jurídicos, presenta una serie de legislaciones de diversas entidades de los Estados Unidos respecto el sexo. Se trata de un conjunto de disparatadas e irrisorias regulaciones, que no obstante se mantienen vigentes y eventualmente puedan ser aplicadas.

El Juego de la Suprema Corte

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Conforme la Suprema Corte adquiere relevancia mediática, la sociedad empieza a voltear más hacia el poder judicial y a interesarse por la forma en que actúa. Durante 2010, dos casos concentraron la atención del público: la facultad de investigación para analizar lo ocurrido en la Guardería ABC en Hermosillo (incendio en el que murieron 49 menores de edad) y la discusión sobre la acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma que permitió a parejas del mismo sexo contraer matrimonio en el Distrito Federal. Ambos casos obtuvieron una atención mediática inusitada.

Este creciente interés en el desempeño de la Suprema Corte, no debe sorprendernos. Para efectos prácticos, la Corte es la última línea de protección de los derechos de las personas a nivel nacional y es la institución encargada de salvaguardar la Constitución frente a las posibles violaciones de otros. Es decir, es fundamental para el funcionamiento de la democracia en México.

Vale subrayar, sin embargo, que las discusiones de los ministros son sólo uno de todos los ingredientes que giran en torno a la Suprema Corte y que debe ser sometidos a escrutinio. En efecto, la relación con los medios de comunicación y por extensión con la sociedad, no debe limitarse a algunos aspectos del  trabajo de la Corte. Debe existir, por el contrario, una relación permanente entre sociedad y poder judicial. Para fomentar la transparencia y el mejor desempeño de los ministros es necesario que la sociedad los vigile.

Naturalmente, este proceso de vigilancia debe iniciar desde -valga la redundancia- el inicio: la designación de los ministros. Si ellos juegan un papel tan importante como el que hemos descrito, resulta obvio que las personas elegidas para desempeñar el cargo deben ser las óptimas. Y, para asegurar eso, debe existir un escrutinio profundo sobre el procedimiento que lleva a su elección.

México: la vía fast-track en todos los sentidos

El proceso en México es relativamente sencillo de explicar. Cuando un ministro cumple los 15 años en funciones, debe retirarse. Es obligación constitucional del presidente de la República enviar una terna de candidatos al Senado, que dispone de 30 días para elegir por mayoría de 2/3 de los presentes a uno de los tres candidatos. En caso de no reunirse en esos 30 días, el presidente designa al nuevo ministro. Si la terna es rechazada, se somete una nueva que sigue el mismo procedimiento. En caso de que ésta sea rechazada nuevamente, entonces, el presidente designa directamente al nuevo ministro.

Ahora bien, ha exactamente un año, el Senado de la República confirmó a dos ministros en un mismo día: Arturo Zaldívar y Luis María Aguilar; lo cuales sustituyeron a los entonces ministros Genaro Góngora y Mariano Azuela. La comparecencia de ambas ternas -seis candidatos en total- se dio en una sola mañana. Como declararon los propios senadores: fue “de mero trámite”. Las participaciones de los candidatos se limitaron a un discurso preparado y no hubo preguntas posteriores.

La prensa -en su mayoría- actuó de forma similar. El Reforma, en su edición del 2 de diciembre de 2009, recogió la designación en menos de media página y se limitó a publicar extractos de los discursos de los dos nuevos ministros. No publicó ni siquiera una semblanza curricular.[1]

Esto es preocupante porque realmente no existió una investigación a fondo del pasado de los nuevos ministros. ¿Cuál era su ideología? ¿En qué litigios habían participado? ¿Qué cargos habían desempeñado y qué críticas habían recibido? Sólo a través de una investigación un poco más minuciosa -elaborada por Proceso- uno se pudo enterar que el ministro Zaldívar litigó frente a la Corte el amparo relacionado al FOBAPROA y que durante la gestión de Aguilar como integrante del consejo de disciplina en la Judicatura Federal, su hermano José Alfredo fue designado jefe de la unidad de Control de Obras y Conservación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Tanto medios de comunicación como senadores debieron haber cuestionado más a fondo a los candidatos para aclarar estos y otros temás más.

Estados Unidos: todo a su tiempo

El proceso de designación de los justices de la Supreme Court de Estados Unidos es muy parecido en cuanto a las etapas institucionales, pero muy distinto en la práctica. Los justices estadounidenses ejercen el cargo de forma vitalicia, pero pueden retirarse si así lo desean. En cualquier caso, el procedimiento se da de la siguiente forma: el presidente de la República elige a un candidato para cubrir el puesto, el comité judicial del Senado lleva a cabo audiencias y entrevistas con el nominado, para después someter a votación del pleno de Senadores su designación. A diferencia de México, en Estados Unidos el nuevo integrante es electo por mayoría simple.

Lo interesante es que la parte práctica del proceso en Estados Unidos es, contrario a lo que sucede en nuestro país, fruto de un serio y responsable ejercicio de reflexión, tanto por el Senado como por los medios de comunicación. Pensemos en la elección de las últimas dos integrantes de la Supreme Court, Sonia Sotomayor y Elena Kagan. En ambos casos los medios y el Senado se tomaron su tiempo. Las audiencias de confirmación –transmitidas por televisión, por cierto- de Sotomayor duraron cuatro días enteros de escrutinio. Al mismo tiempo, el análisis previo de los medios sobre la carrera judicial de Sotomayor, sus opiniones y sentencias, fue tan profundo que después de los cuatro días, el Washington Post estableció que “ya se sabía desde antes” todo lo que respondió Sotomayor.

En cuanto a Kagan, las audiencias fluyeron más rápido, pero igual fue cuestionada por los senadores. Los medios no le restaron importancia, al grado que el New York Times dedicó más de cinco páginas de su periódico al proceso.

Ambas partes -Senado y medios de comunicación- hicieron un trabajo lo suficientemente exhaustivo como para que no quedara duda alguna de quiénes eran las dos nuevas justices.

La terna actual

Para concluir, vale la pena hacer un escueto análisis de la terna de candidatas enviada por el presidente Calderón al Senado el pasado 30 de noviembre.

Lo primero que sorprende es que el presidente se haya tardado más de 70 días en nombrar al sustituto del ministro Gudiño Pelayo. También es interesante esta coincidencia: un día después de que el Reforma publicara el discurso del ministro Zaldívar sobre los quince empates en votación en la primera sala de la Suprema Corte por falta de un quinto ministro,[2] llegó la terna al Senado.

El segundo aspecto que sorprende es la fecha en la que llega la terna. Como se mencionó con anterioridad, el Senado dispone de 30 días para elegir a un nuevo ministro después de recibir la lista de candidatos. El período ordinario de sesiones concluye el 15 de diciembre, lo cual le da dos opciones a los senadores: discutir y votar en fast track a la nueva ministra -con todo lo que ello implica en cuanto a falta de análisis y discusión- o agendar un período extraordinario durante las vacaciones para tratar exclusivamente el tema. También hay que recordar que la Suprema Corte reinicia actividades el 3 de enero,  fecha en que tendrán que votar para elegir al nuevo ministro presidente y, por tal motivo, lo ideal es que estén presentes los once ministros para evitar un posible empate.

Finalmente, poco puede decirse de las tres candidatas, dada la poca apertura del sistema judicial. No es posible analizar sus criterios en las sentencias en las que han participado, puesto que éstas no se encuentran disponibles al público en general. En cuanto a su trayectoria, también se sabe poco. Sólo dos de las tres candidatas tienen currículo en línea (Elvia Rosa Díaz de León y Lilia Mónica López). De la tercera, Andrea Zambrana, ni foto hay. Lo más que se puede saber con respecto a su ideología es que fue secretaria de estudio y cuenta del ministro Aguirre Anguiano, el ministro que por su historial de decisiones representa el ala más conservadora de la Corte.

Sobre los fichas curriculares no se puede decir mucho, pues son listados de cargos desempeñados. Quizá la otra forma de asomarse al criterio de una de ellas es a través del título de su tesis de licenciatura (“Estudio dogmático del delito de adulterio”, de Díaz de León) pero fue publicada hace más de cuarenta años, lo cual no necesariamente refleja sus convicciones actuales.

De la que más información se tiene es de esta última, pues ya participó en una terna para la SCJN en 2003 junto con la actual ministra Luna Ramos y el magistrado José Luis de la Peza. Esa terna fue desechada por falta de mayoría, y Díaz de León ya no fue presentada en la segunda. Nacida en 1944, Díaz de León tendría 81 años al terminar su período en la SCJN.

En términos generales, que esa sea la única información disponible no habla muy bien de las tres candidatas.

Los medios de comunicación, por su parte, no han tenido mucha oportunidad de cubrir el suceso: dado que apenas el 30 de noviembre se dio a conocer la lista, todo análisis previo ha girado en torno a la especulación sobre los posibles candidatos. Cabe resaltar que previo a la presentación de la terna ni el Reforma, El Universal o La Jornada mencionaron dentro de las posibilidades a ninguna de las tres mujeres que hoy tienen oportunidad de formar parte del Tribunal más importante de nuestro país.

Nadie estaba preparado para recibir estas tres nominaciones. Si la propuesta del presidente agarró en curva a los medios de comunicación, la siguiente parte del procedimiento lo más probable es que una vez más resulte, de menos, ominosa.

Esteban Illades (@steviehousecat). Estudiante del Departamento de Derecho del ITAM en proceso de titulación con la tesis La cobertura periodística de los tribunales: una introducción al periodismo judicial.


[1] Guerrero, Claudia y Rolando Herrera, “Avalan Senadores relevos en la Corte”, Reforma, 2 de diciembre de 2010.

[2] Fuentes, Víctor, “Impacta a la Corte el retraso de Calderón”, Reforma, 30 de noviembre de 2010.

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