Si uno le preguntara a un mexicano promedio si cree que las empresas tienen derechos humanos como la privacidad o el honor, probablemente lo verían a uno con extrañez. ¿Las empresas como portadoras de derechos humanos? Pero si las empresas no son más que ficciones, se podría argumentar. No para nuestra Suprema Corte de Justicia. Según la mayoría de la Corte, la Constitución no hace distinción alguna entre personas físicas y empresas a la hora de reconocerles derechos[i].

empresas2Algunos ministros incluso han interpretado la Carta Magna para argumentar que para efectos de la protección otorgada por el artículo 1º constitucional y los tratados internacionales ésta es aplicable también a personas morales como las empresas. Tal ha sido el caso de los derechos a la privacidad y del derecho al honor que la Corte ha extendido a las personas morales.En palabras de la Corterespecto del derecho de honor: “en lo relativo a su sentido objetivo, resulta no sólo lógico sino necesario sostener que el derecho al honor no es exclusivo de las personas físicas, puesto que las personas morales evidentemente gozan de una consideración social y reputación frente a la sociedad”[ii].

La misma lógica expansiva estuvo presente en las declaraciones de ciertos ministros respecto del derecho a la privacidad de los “datos personales” de las empresas que están en posesión de autoridades. Por ejemplo, el ministro Pardo Rebolledo en su intervención argumentó que “el Constituyente permanente elige el vocablo ´derechos humanos´ para referirse precisamente a ese conjunto de derechos que están reconocidos en nuestra Constitución y que representan el mínimo de protección para cualquier persona. Me parece que la elección del concepto ´persona´ en lugar del de ´individuo´ debe traer alguna intención y en esa pudiera ser que estuvieran incluidas las personas morales en esta —insisto— protección que genera el artículo 1º”. El ministro Sergio Valls  lo secundó en este razonamiento “porque el referido numeral primero dispone que todas las personas y no sólo las físicas, gozarán de la protección de esos derechos [los de la Constitución y los tratados internacionales] y de las garantías para su protección[iii]. En pocas palabras, la Corte ha tenido una tendencia a reconocer la aplicación de los derechos humanos a personas morales y no sólo a los individuos.

Algunos podrían argumentar que este razonamiento es normal a la luz de la expansión del modelo democrático liberal que detrás impulsa una economía de mercados guiada por la expansión de intereses corporativos. Lo curioso es que este criterio no es compartido por otras cortes constitucionales en países aún más liberales económicamente. Ni si quiera la Corte Suprema de Estados Unidos, en un caso que también versaba sobre el derecho a la privacidad “de datos personales”, se atrevió a equiparar a las empresas a persona físicas. Al contrario la Corte Suprema de EE.UU. argumentó que la excepción para hacer pública información personal: “hace referencia no sólo a la palabra ‘personales,’ sino al término ‘privacidad personal.’ ‘Personales’ en esa frase no sólo hace referencia a la existencia de una ‘persona’; la expresión sugiere un tipo de privacidad que conciernen a los humanos – no del tipo que conciernen a entidades como AT&T.”[iv] Esto significa que para la Corte Suprema de EE.UU., el país que contiene un gran número de intereses corporativos, las empresas no siempre tienen los mismos derechos que las personas. Hay algunos que están intrínsecamente ligados a la naturaleza humana, y en consecuencia no son extensibles a fricciones jurídicas como las personas morales.

Ahora bien, lo interesante del caso mexicano no es sólo de carácter comparativo entre México y Estados Unidos. Sino que en nuestro país, que las empresas tengan los mismos derechos constitucionales que las personas-individuos, abre la puerta a una cantidad de litigios con implicaciones desmedidas. Lo anterior deriva del hecho de que nuestro sistema constitucional no sólo habla de los derechos consagrados en la Constitución sino en tratados internacionales. Mas la formulación constitucional no define qué son los derechos humanos o cómo pueden identificarse. De hecho, al hablar de los tratados en donde estos derechos están contenidos, el texto sólo hace referencia a “tratados internacionales”, por lo que pueden estar contenidos en cualquier acuerdo celebrado entre Estados regido por el derecho internacional con independencia de su denominación.

La Corte así lo ha entendido en varios casos puesto ya que ha usado tratados que en principio no tienen el título de tratados de derechos humanos y los ha integrado a rango constitucional. Por ejemplo, en un caso relacionado con la imposición de trabajos comunitarios en Yucatán como sanciones administrativas, la Corte utilizó los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo para definir que éstos se consideraban como trabajos forzados contrarios al instrumento internacional (acción de inconstitucionalidad 55/2007). Lo mismo ha sucedido en casos relacionados con procesos penales en donde extranjeros se han visto involucrados; la Corte ha utilizado la Convención de Viena de Relaciones Consulares para argumentar que el derecho a la asistencia consular forma parte integral del debido proceso. En pocas palabras, la Corte ha comenzado a identificar derechos que desde un punto de vista ortodoxo no son reconocidos como derechos humanos y que no están contendidos en tratados tradicionales de derechos humanos.

¿Qué pasa con los tratados que ha firmado México para otorgar protección a empresas? México tiene más de 36 tratados en vigor en materia de protección de inversión extranjera. Entre estos tratados bilaterales de inversión (TBI), se encuentran varios derechos otorgados a inversionistas extranjeros que en principio no sólo comparten una raíz histórica con los derechos humanos, sino que son más antiguos en su contenido normativo que los tratados que tradicionalmente se catalogan como de derechos humanos. De hecho en el derecho internacional se reconoció que los extranjeros son sujetos de “derechos humanos” frente al Estado receptor antes de que se reconociera la protección de los nacionales contra su propio Estado. Por ejemplo, el TBI entre México y los Países Bajos en su artículo 3º reconoce “Cada una de las Partes Contratantes garantizará un trato justo y equitativo a las inversiones de los nacionales de la otra Parte Contratante y no impedirá, a través de medidas injustificadas o discriminatorias, la operación, administración, mantenimiento, uso, disfrute o disposición de éstas que realicen dichos nacionales. Cada una de las Partes Contratantes otorgará plena protección y seguridad a dichas inversiones.”  

Otro dato importante: así como en materia de derechos humanos los órganos jurisdiccionales internacionales han tenido un proceso de expansión en materia de inversión también se ha dado el mismo fenómeno. De entrada las materias tradicionales por las que ese presentaban reclamaciones han pasado de ser solamente las vinculadas a temas de falta de protección en situaciones extremas, como guerras civiles, y de expropiaciones directas, a analizar cuestiones torales de las decisiones del Estado tales como los programas de rescate económico ante crisis financieras, la restructuración de ciertas industrias nacionales en áreas prioritarias de desarrollo, e incluso temas relacionados con la regulación en materia de telecomunicaciones y de monopolios económicos.

En el caso mexicano diversos inversionistas extranjeros han alegado en el pasado violaciones a sus derechos derivados de actos del Estado tan diversos como: la aprobación de impuestos, las resoluciones de interconexión de la COFETEL, hasta la declaración por parte de autoridades locales de proteger áreas ambientales. Es decir, los casos han derivado en principio de actos gubernamentales que no parecerían estar dirigidos contra inversionistas, pero que por la naturaleza de la inversión y por la estructura de los negocios llegan a impactar primordialmente al sector extranjero establecido en territorio nacional.

Si se toman los tratados nominalmente clasificados como de “derechos humanos” y los tratados en materia de inversión, es difícil encontrar una diferencia clara en cuanto al contenido, salvo que se apele a la naturaleza o al origen nacional de la persona protegida. En cuanto a la naturaleza de la persona, esta diferencia sólo está presente si se habla de personas morales, puesto que el inversionista extranjero podría ser una persona física. Ahora bien, si la única diferencia parecería ser la naturaleza de la persona moral, la Corte en sus últimas decisiones ha dejado claro que esta distinción tiende a desvanecerse a la luz del entendimiento que tiene respecto del trato a las personas morales como si fueran personas físicas.

En cuanto a la segunda distinción, la interpretación implicaría argumentar que por el mero hecho de ser extranjero los “derechos humanos” no le son aplicables; cuestión contraria no sólo a la práctica internacional sino al propio texto del artículo 1º de la Constitución que prohíbe hacer distinción alguna entre nacionales y extranjeros. El texto constitucional es claro en hablar sólo de “derechos humanos” sin definirlos, y de “tratados internacionales” cualquiera que sea su naturaleza, entonces no existe de entrada ningún argumento normativo para excluir de la integración tratados internacionales en materia de inversión que protegen a empresas o individuos extranjeros ante ciertos actos de autoridad por violar sus derechos consagrados en instrumentos internacionales. La no discriminación, el trato justo y equitativo, o la seguridad y protección plena, sin duda podrían ser derechos interpretados como “humanos” que pueden entrar en el rango constitucional.  

De entrada, si se sigue el principio pro persona, establecido por la propia Constitución, cuando existe un empalme o una contradicción con otras normas establecidas en el sistema jurídico el intérprete tendría que aplicar la norma que sea más benéfica para el actor afectado. Con lo anterior, el inversionista extranjero, debido a los tratados bilaterales de inversión, podría alegar que las restricciones establecidas en el ordenamiento mexicano en contra de sus inversiones o persona, son contrarios a sus derechos “humanos” contenidos en los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano. Los argumentos jurídicos no dan una respuesta clara para resolver el cuestionamiento sin poner en riesgo los precedentes ya establecidos por la propia Corte.

Existe una consecuencia latente ante esta integración del derecho internacional de inversión a nivel constitucional. Por un lado, los incentivos tradicionales de los inversionistas extranjeros de presentar reclamaciones internacionales en contra de los actos del Estado actualmente están alineados con la recuperación de daños y perjuicios. Esto debido a que el tribunal internacional en materia de inversión carece de facultades para anular los actos reclamados. Pero con la integración de la materia internacional de inversión por el artículo 1º, los incentivos de demandar incrementan puesto que el inversionista extranjero podría ahora reclamar la inconstitucionalidad del acto, incluyendo una ley –y no sólo el pago de daños-, con lo que la autoridad aludida quedaría imposibilitada de tomar ciertas decisiones de política pública por el hecho de haber violado el derecho internacional en materia de inversión extranjera.

Un ejemplo: en el 2003, antes de la reforma del multicitado artículo 1º constitucional, varias compañías estadounidenses establecidas en México dedicadas a la producción de fructuosa utilizando maíz norteamericano reclamaron ante un tribunal internacional la adopción de varios actos del gobierno federal como violatorios a los derechos de los inversiones consagrados en el Capítulo XI del TLCAN (derecho a ser tratado como los nacionales)[v].

Los actos adoptados en principio buscaban proteger a la industria nacional dedicada a la producción y refinación de azúcar: se adoptaron cuotas compensatorias contra las importaciones de fructuosa estadounidense, se limitó la cuota de importación de maíz y se adoptó un Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios del 20% sobre los refrescos y jarabes que utilizaban fructuosa. El tribunal en materia de inversión, utilizando varios criterios de otros tribunales internacionales, consideró fundadas las reclamaciones por haber dado un trato desigual a los inversionistas extranjeros. Es decir, un acto que conforme derecho nacional fue válido, porque así lo consideró la Corte en la controversia constitucional 32/2002 que trató sobre el caso, a la luz de un tratado internacional era discriminatorio por tratar de forma desigual a extranjeros frente a los productores nacionales. De ahí que el acto se sostuvo a nivel nacional, y lo único que procedió fue el pago de daños y perjuicios a los extranjeros. Ahora bien, si el caso hubiese sido presentado en los términos y por los mecanismos que se han expuesto en el presente texto, el acto podría haber sido declarado inconstitucional dejando al Estado sin posibilidades de iniciar una política pública proteccionista y de adoptar una estrategia de presión internacional contra un Estado vecino.     

El hecho de que aún no se haya presentado un caso en donde empresas argumenten estar protegidas constitucionalmente por tratados internacionales en materia de inversión, no exime el hecho de que los antecedentes antes expuestos, tanto jurisprudenciales como de actitudes adoptadas por ciertos Ministros, estén abriendo el camino para que algún día se presente un caso. La solución, por supuesto, no es reformar el artículo 1º para evitar la integración del derecho internacional a nivel constitucional, sino establecer los criterios y mecanismos por los cuales la Corte integrará las fuentes trasnacionales. A la fecha no se ha dado un debate serio, ni en el seno de la Corte ni en la academia, respecto al tema. El máximo tribunal tendría que definir cómo identificará la existencia de “derechos humanos” en tratados internacionales; si utilizará para ello los criterios vertidos no sólo por órganos jurisdiccionales internacionales, sino por órganos de tipo cuasi jurisdiccional como las comisiones de derechos humanos o los órganos especializados de Naciones Unidas, así como los criterios de otras cortes constitucionales.

Asimismo, la Corte tendría que definir la forma y los mecanismos por los cuales interpretará tratados internacionales; si desea emplear o no las reglas de interpretación consagradas en la Convención de Viena del Derechos de los Tratados de 1969, y si utilizará los métodos interpretativos empleados por órganos jurisdiccionales internacionales. Todas estas preguntas servirían para guiar a los órganos de impartición de justicia ante esta nueva apertura del orden constitucional al sistema internacional. De evitar estas discusiones, lo que se invita es a extender desmesuradamente y sin control la entrada del derecho internacional hasta caer en posibles absurdos o en contradicciones de los propios criterios de la Corte. Lo anterior no es cualquier cosa a la luz de los anuncios que ha hecho el ejecutivo federal respecto a la celebración de acuerdos de estabilización fiscal con empresas internacionales y de la Reforma Energética en donde el Estado celebrará acuerdos de explotación y exploración petrolera con empresas extranjeras.

Guillermo J. García Sánchez. Abogado e internacionalista por el ITAM; maestro en derecho internacional público por la Fletcher School of Law and Diplomacy y maestro en derecho por la Universidad de Harvard. Candidato a doctor en ciencias jurídicas por la Universidad de Harvard.


[i] AMPARO DIRECTO 8/2012. véase también “DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR DE LAS PERSONAS JURÍDICAS” Tesis aislada 1a. XXI/2011 (10a.), registro de IUS 2000082, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, enero de 2012, Tomo 3, página 2905

[ii] Id.

[iii] Véase las discusiones en el Pleno de la SCJN en el asunto 56/2011 CONTRADICCIÓN DE TESIS suscitada entre la Primera y la Segunda Salas. Discutido los días 23, 27 y 30 de mayo de 2013.

[iv] FCC V. AT&T INC. SUPREME COURT OF THE UNITED STATES FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION et al. v. AT&T INC. et al. certiorari to the united states court of appeals for the third circuit No. 09–1279.Argued January 19, 2011—Decided March 1, 2011

[v] Archer Daniels Midland Company and Tate & Lyle Ingredients Americas, Inc. v. United Mexican States (ICSID Case No. ARB (AF)/04/5).

Leer completo

El pasado lunes, la Suprema Corte de Justicia inició la discusión del asunto más importante en materia de derechos humanos desde la resolución del “caso Radilla”: la contradicción de tesis 293/2011.  

El estudio de fondo aún  no cuenta con votaciones definitivas por parte de los ministros. Sin embargo, vale la pena hacer un alto en el camino recorrido durante dos días de sesiones, para dar cuenta de la ruta marcada por el proyecto de sentencia.

mafaldaLa Corte deberá definir dos temas fundamentales. En primer lugar, la relación que deben mantener la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, lo cual repercute, entre otras tantas cosas, en la configuración del parámetro de control de regularidad de todo acto de autoridad —pública o privada— al que aspira el ordenamiento jurídico mexicano. En segundo lugar, deberá determinar el grado de obligatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en nuestro ordenamiento. Hasta ahora sólo se ha abordado el primer tema, al cual me referiré en esta nota.

Como en toda contradicción de tesis, una primera cuestión a dilucidar es fijar los puntos jurídicos discrepantes entre los tribunales contendientes (en este caso, dos Tribunales Colegiados de Circuito). Llama la atención que el proyecto fije la litis en un tema que, posteriormente, deja de lado. Me explico: la propuesta sostiene, en principio, que debe determinarse la “posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos”, pero luego excluye cualquier posibilidad de “jerarquía” entre estas normas.

Esta aparente paradoja se explica, en parte, debido a que los juicios de amparo de los cuales derivaron las sentencias discordantes, se resolvieron antes de que entraran en vigor las reformas constitucionales de junio de 2011 (en materia de amparo y, precisamente, de derechos humanos). Si el proyecto concluye que estas reformas no pueden explicar los derechos humanos en términos de jerarquía, ésta es una condición del marco constitucional actual, no del marco que tomaron en cuenta los Tribunales Colegiados. Se entiende entonces que la jerarquía existía, que dio lugar a la discrepancia, y que ahora ha dejado de existir.

Otra aparente paradoja es que una de las razones que justifican la necesidad de estudiar el fondo de este asunto consiste en que la sentencia del “caso Radilla”, no resolvió el tema de la jerarquía de los tratados en materia de derechos humanos. A pesar de ello, como ya se dijo, el estudio no zanja la cuestión así formulada. Parece claro que al proyecto le interesa fijar un criterio respecto al modo de interacción de la Constitución y los tratados internacionales en esta materia. Y, de esta manera, no resolver meramente el tema de la “jerarquía” entre derechos.

En estos aspectos, cabe hacer dos observaciones. La primera es la gran importancia que tiene en nuestro ordenamiento el cauce procesal de las contradicciones de tesis, pues éstas permiten resolver problemas jurídicos bajo marcos normativos vigentes al momento de decidir, en nombre de la seguridad jurídica. La segunda es que, después de este asunto se encuentran enfiladas otras tres contradicciones de tesis, todas ellas entre las dos Salas de la propia Corte, que inciden en temas análogos.  

El estudio de fondo aborda una multitud de temas con gran sentido metodológico y apreciable confección técnica, la mayoría adecuadamente dimensionados. Destacaré entonces solamente dos de ellos en función de la especial problemática que, desde mi punto de vista, suscitan.

El estudio insiste en varios momentos sobre la existencia de un catálogo de derechos humanos en la Constitución, dentro del cual ahora deben considerarse insertos los existentes en tratados internacionales. Así, la propuesta se dirige hacia un universo extensivo, difuso e indeterminado de ese catálogo. El problema de esta representación es que el grado de ensanchamiento de ese catálogo —que equivale al grado de amplitud del parámetro de control de regularidad— resulta directamente proporcional al grado de incerteza de las normas que lo integran. En estas condiciones, el ejercicio de fijación de ese parámetro es, a priori, intencionalmente infinito. Además, esa falta de confines normativos equivale a una ausencia de precisión de los deberes exigibles a los poderes públicos.

Quizás una fórmula distinta de identificación de los derechos, como amplificarlos a partir de una metodología de interpretación conforme por los jueces, caso a caso —sustentada en el artículo 1º, segundo párrafo, constitucional—, pueda ser una solución que contribuya a evitar ese riesgo. Se trataría de construirlos jurisprudencialmente desde su base constitucional, y no desde un techo internacional indefinido. Un catálogo en construcción y no un catálogo ya prefijado con un sentido exorbitante.

En cuanto al principio de supremacía constitucional, el proyecto, tras la encomiable exhaustividad de su argumentación, no dota de un contenido satisfactorio a la última parte del párrafo primero del artículo 1º de la Constitución, que establece que el ejercicio de los derechos y sus garantías “no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece” —que es, junto al artículo 133—, el principal fundamento del sector de ministros que se ha manifestado en contra de la propuesta.

Lo que ocurre es que esa expresión, que sobrevivió a las reformas de 2011, tampoco suprime el “subsistema” normativo de carácter internacionalista que la Constitución misma también “establece”, que razona convincentemente la propuesta. En todo caso, resultaría exigible una motivación consecuente de la Suprema Corte en este punto, la cual podría terminar siendo el que apuntale cualquiera de estos dos escenarios: o una apertura sostenida hacia el derecho internacional de los derechos humanos o, por el contrario, su aplicabilidad condicionada en el ordenamiento interno, con todas las negativas consecuencias que esta última conclusión implicaría para la práctica jurídica de los derechos humanos en los años por venir en nuestro país. Ya veremos, en los siguientes días, como se desenvuelve a partir de esta propuesta la discusión y decisión de los ministro de la Corte

 

Alfonso Herrera García. Profesor de posgrado en la facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Twitter: @jAlfonsoHerrera

Leer completo

Uno de los temas menos atractivos en este proceso electoral, pero de enorme relevancia para la construcción democrática del país, es la visión de los candidatos a la presidencia dela Repúblicarespecto la justicia constitucional.

Su importancia reside en que el próximo presidente a lo largo de su sexenio nombrará al menos a cuatro ministros –los sustitutos de Juan Silva Meza, Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío y Margarita Luna Ramos-. Número que puede ascender a seis, si se demora el proceso de sustitución de los ministros Sergio Aguirre Anguiano y Guillermo Ortiz Mayagoitia cuyo periodo concluye el 30 de noviembre de este año. El mismo día que finaliza la gestión del presidente Calderón. Esto significa que el siguiente presidente podrá impulsar a cuatro –o, en su caso, a seis ministros- que permanecerían en este cargo durante quince años; lo que le permitirá influir de manera significativa en la configuración de nuestro tribunal constitucional y, en este sentido, en la forma como se resolverán un amplio abanico de temas de enorme impacto en la sociedad.

Asimismo, al conocer la visión y puntos de vista de los candidatos respecto la justicia constitucional nos permite tener una idea de cómo el Ejecutivo federal desarrollará su relación con los otros poderes y órdenes de gobierno y cuál es el nivel del compromiso que tiene con hacer de la Constitución, sobre todo de los derechos fundamentales, una realidad.

En este sentido, este blog con el ánimo de elevar la discusión de este tema ha convocado a varios de sus colaboradores habituales* para formular seis preguntas relacionadas con la justicia constitucional. Sus respuestas no sólo servirían para conocer más a fondo las propuestas de los candidatos, sino también para que en su momento sirvan como punto de referencia para futuros ejercicios de escrutinio. Las preguntas han sido enviadas ya a los cuatro candidatos a la presidencia de la República. En su caso, sus respuestas se publicarán y difundirán en este mismo espacio.

  1. ¿Cuál será el perfil de las personas que impulsará como candidatos al cargo de ministro de la Suprema Corte? ¿Se trataría abogados de carrera judicial, litigantes, académicos? ¿Se inclinará por miembros de grupos vulnerables o minoritarios (mujeres, indígenas, personas con discapacidad, alguien de la población LGTB, etc.)? ¿Qué tipo de visión constitucional busca en un ministro de la Corte? En particular, en relación a su propio rol como juez: ¿administra justicia, resuelve conflictos, se limita a reforzar las formas jurídicas? Al hacerlo, ¿debe siempre y exclusivamente quedarse en la letra de la Constitución?
  1. En los últimos años, los presidentes de la República han impulsado la candidatura de varios abogados como ministros, pero en ninguna ocasión han justificado ante la opinión pública las razones de por qué se han inclinado por esas personas. En este sentido, ¿usted considera que el ejecutivo federal debe justificar ante la opinión pública los nombres que integran la terna propuesta ante el Senado? ¿Por qué? En caso de asumir la presidencia de la República, ¿usted se compromete a hacer públicas en su momento las razones por las que impulsaría a ciertos abogados como ministros de la Corte?
  1. ¿Cuál es su visión del papel que debe desempeñar la Suprema Corte en la dinámica democrática de nuestro país? ¿Qué relación y qué relevancia tendrá la Suprema Corte durante su presidencia?  ¿Cómo piensa proyectar su relación con el poder judicial? A lo largo de su gestión, el presidente Calderón ha sido muy crítico de los jueces por considerar que su manera de resolver los casos que conocen es demasiada formalista. ¿Está de acuerdo con esta crítica? ¿Por qué?
  1. ¿Considera que las sentencias de los tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), cuya jurisdicción ha sido aceptada por el Estado mexicano previamente, son obligatorias para las instituciones del país? En su opinión, ¿el Estado mexicano ha cumplido de manera satisfactoria la sentencia Radilla emitida por la CoIDH que, entre otras cosas, exige eliminar el fuero militar? ¿Cuál serían las acciones que implementaría para cumplir con éstas y otras sentencias que han condenado al Estado mexicano por violaciones de derechos humanos?
  1.  En el verano del año 2011, se aprobaron dos reformas constitucionales de enorme relevancia respecto la justicia constitucional en materia de derechos humanos y juicio de amparo. Al día de hoy, el Congreso no ha legislado las leyes secundarias que aterrizarían estas reformas y de las cuales depende su viabilidad. Por ejemplo, no se ha legislado una nueva ley de amparo. En su caso, como titular del Estado mexicano, ¿cuál sería su estrategia pare remediar esta omisión por parte del legislativo y, respetando la división de poderes, impulsar el diseño y aprobación de más de quince leyes secundarias que se exigen a partir del mencionado par de reformas constitucionales?
  1. ¿Considera necesario impulsar un proceso constituyente que dé como resultado una nueva Constitución? En su opinión, ¿del que tengamos un nuevo texto constitucional depende que logremos que ésta funcione y se aplique de manera efectiva? ¿Por qué?

 

Saúl López Noriega (Twitter: @slopeznoriega). Editor On-line Blog El Juego de la Suprema Corte


* Geraldina Gonzalez de la Vega, Esteban Illades, Regina Larrea Maccise y Estefanía Vela.

Leer completo

El pasado cuatro de octubre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el engrose de la resolución del expediente “varios” 912/2010 en relación a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco. El documento desarrolla todos los puntos que se discutieron a lo largo de las sesiones del Pleno, asimismo se contempla un apartado de antecedentes en relación a como fue el procedimiento del caso ante el Sistema Interamericano y la razón por cual la Suprema Corte de Justicia conoce de la sentencia.

En el engrose se contemplan las diferentes decisiones tomadas por el Pleno de la Corte, así como votos tanto disidentes como concurrentes de varios de los ministros y ministras que reflejan las encontradas opiniones y puntos de vista que fueron objeto de discusión el pasado mes de junio durante las sesiones.

En el histórico debate a partir de la sentencia de Radilla fuimos testigos de las primeras posiciones de la Suprema Corte en relación a la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de las obligaciones para el Poder Judicial a partir de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana contra México y de la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. En este sentido, en su momento, reflexionábamos acerca de las diversas decisiones que se tomaron, ya se catalogaban algunas como innecesarias, otras incompletas y destacábamos el carácter trascendental de dos decisiones: la del deber del Poder Judicial de ejercer un control de convencionalidad de carácter difuso así como la limitación a la jurisdicción militar en casos de violaciones a derechos humanos en contra de civiles por parte de miembros de las fuerzas armadas.

La resolución de la Suprema Corte recoge dichas decisiones en un engrose bastante conciso que explica cual debe ser la posición del Poder Judicial en cuanto a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana y como debe ejercerse, quién debe ejercerlo y qué efectos causará el nuevo control de convencionalidad de carácter difuso.

En relación a la obligatoriedad de las sentencias emitidas en contra del Estado mexicano por la Corte Interamericana, se cuestionaba sí realmente era necesario que la Suprema Corte se pronunciara al respecto ya que este punto resolutivo surge por el debate dentro de las primeras sesiones del Pleno sobre la decisión del Tribunal interamericano en relación a la declaración de responsabilidad internacional del Estado mexicano por la desaparición forzada de Radilla. En este sentido en el engrose se deja muy claro que la Suprema Corte no es competente para analizar, revisar, calificar o decidir si una sentencia dictada por la CorteIDH, esto es, en sede internacional, es correcta o incorrecta, o si la misma se excede en relación a las normas que rigen su materia y proceso. Esta sede de jurisdicción nacional no puede hacer ningún pronunciamiento que cuestione la validez de lo resuelto por la CorteIDH, ya que para el Estado mexicano dichas sentencias constituyen cosa juzgada y, por ende, lo único procedente es acatar y reconocer la totalidad de la sentencia en sus términos. Esta consideración de la Suprema Corte resulta congruente con lo estipulado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos la cual contempla en los artículos 62.3, 67 y 68  el carácter vinculante de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana.

Respecto al carácter “orientador” de la jurisprudencia interamericana en relación a sentencias emitidas en contra de otros países de la región, en la resolución del expediente se sostiene que se debe acudir a los criterios interpretativos de la Corte Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte más favorecedor y procure una protección más amplia del derecho que se pretende proteger. El engrose de la Suprema Corte debió desarrollar más a fondo la importancia de dichos criterios ya que la jurisprudencia de la Corte Interamericana resulta una herramienta clave al momento de ejercer el control de convencionalidad, el derecho  que contempla un tratado internacional de derechos humanos va más allá de la simple lectura del artículo que lo consagra, la interpretación y el desarrollo jurisprudencial  de la CorteIDH es lo que permite al juzgador estudiar y entender la evolución del derecho en cuestión y ejercer el control de una forma mucho más eficaz y completa.

Al respecto el ministro Arturo Zaldívar en su voto concurrente destaca la importancia de estos criterios al señalar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana, al definir el contenido de los derechos reconocidos en la Convención Americana, en realidad está interpretando y dotando de contenido las fórmulas genéricas empleadas en dicho tratado internacional, de modo que la jurisprudencia en cita se vuelve una extensión de la Convención misma.

En cuanto al control de convencionalidad el engrose deja claro que si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados, sí están obligados a dejar de aplicar estas normas inferiores dando preferencia a los contenidos de la Constitución y de los tratados en esta materia.

Para ello la resolución desarrolla cómo debe realizarse el análisis para ejercer dicho control y enuncia las diversas herramientas de interpretación al momento de llevarlo a cabo, contemplando todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en los artículos 1o. y 133), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación; todos los derechos humanos contenidos en Tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte; criterios vinculantes de la Corte Interamericana establecidos en las sentencias en las que el Estado mexicano haya sido parte, y criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la Corte, cuando el Estado mexicano no haya sido parte. El parámetro propuesto por la Suprema Corte es bastante completo. Comprendiendo el contenido de la reforma al artículo 1° constitucional el análisis de dicho control se resume al deber de las autoridades de aplicar en todo momento el principio pro persona es decir haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia.

Asimismo la resolución presenta un análisis  que señala cuáles son los diferentes controles de constitucional y convencionalidad que se pueden ejercer conforme al ordenamiento jurídico mexicano, que autoridades son competentes dependiendo el tipo de control y sobre todo que efectos resultan de cada uno de ellos. El cuadro que contempla este análisis es bastante esquemático para entender en la práctica que consecuencia jurídica conlleva la aplicación de cada control, tomando en cuenta lo complejo y limitado que puede resultar el derecho constitucional mexicano.

Analizando estas tres decisiones, debe ser una prioridad para lograr la armonización del nuevo bloque de constitucionalidad la medida ordenada por la CorteIDH al Poder Judicial en la sentencia Radilla consistente en la capacitación permanente respecto de los contenidos de la jurisprudencia interamericana sobre los límites de la jurisdicción militar, garantías judiciales y protección judicial, y estándares internacionales aplicables a la administración de justicia.

Sí no existe una capacitación constante de los jueces y juezas al respecto resulta ilusorio suponer que el juzgador puede ser parte de este proceso hermenéutico, la forma de entender el derecho constitucional ha cambiado a partir de junio de 2011 por lo que es trascendental que todos los operadores jurídicos estén en constante capacitación para realizar una interpretación adecuada.

Finalmente, en cuanto a la limitación de la jurisdicción militar, en la que el Pleno resolvió que se debía replicar el criterio de la Corte Interamericana en cuanto que el fuero militar no podrá operar bajo ninguna circunstancia frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles, ésta resultaba ser la decisión más paradigmática y positiva del expediente “varios”, no sólo en relación a una forma de cumplimiento de la sentencia de Rosendo Radilla sino del impacto de la decisión ante la situación actual en el país .

Sorprende las declaraciones del ministro José Ramón Cossio al declarar en conferencia de prensa que actualmente los tribunales militares no están obligados a enviar este tipo de asuntos al fuero común, aunque pueden hacerlo. Admitió que será hasta que la Corte conozca los primeros amparos sobre el tema, cuando el pleno determine si invalida el artículo 57 fracción II del Código de Justicia Militar, para lo cual necesitará del voto de ocho de los once integrantes del pleno.

Haciendo una interpretación positiva de las declaraciones del ministro Cossio se puede desprender que existe un compromiso por parte de los litigantes de derechos humanos de activar el aparato judicial a través del recurso de amparo en relación a la jurisdicción militar así como de otros temas de derechos humanos para que la Suprema Corte atraiga y resuelva los casos. Sin embargo, parece ser que nos volvemos a encontrar en una situación de incertidumbre, si bien resulta trascendental la participación de la sociedad civil, actualmente en relación a la reformas constitucionales en materia de amparo, nos encontramos en un limbo jurídico, con una ley reglamentaria en el Congreso que deja mucho que desear ya que no prevé una regulación que consagre al juicio de amparo como un recurso sencillo, breve, adecuado y efectivo para controvertir violaciones a derechos humanos. Obligación que se deprende del artículo 1° constitucional y 25.1 de la Convención Americana bajo, el entendido de que no sólo se tiene el derecho al derecho sino que también se tiene el derecho a la garantía.

Vuelve a ser clave el compromiso y la actuación del Poder Judicial, en especial de la Suprema Corte en la aplicación de las reformas constitucionales tanto de derechos humanos como de amparo y en la toma de decisiones sobre casos concretos, resultaría preocupante que el Poder Judicial formara parte también de esta “esquizofrenia” que padece tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo en relación a la protección de los derechos humanos en el país.

Adriana Muro. Abogada de Litiga OLE. Twitter: @adrianawall

Leer completo

¿Si el efecto de la “constitucionalización” de los DDHH establecidos en los tratados es que son parte de la Constitución, su garantía, no es acaso una cuestión constitucional?

Me explico: la distinción entre constitucionalidad y convencionalidad tiene sentido, para efectos de derecho interno, en tanto  la Constitución y las convenciones internacionales son fuentes diversas no solamente por su procedimiento y forma de creación sino por su jerarquía. El tratado como derecho interno, es también parámetro de regularidad.

Al elevarse el rango de las normas internacionales que contengan derechos humanos, se pierde la distinción  basada en la jerarquía.  La referencia hecha por el artículo primero constitucional a la materia, llevaría a realizar la operación necesaria de  distinguir los DDHH de aquellos que no lo son y, por tanto, con una jerarquía distinta a la Constitución.

Habría pues dentro de los tratados un contenido cualificado que sería determinante para su jerarquía y, consecuentemente, para un diverso tratamiento procesal en su control constitucional o para ser parámetro del control. El contenido de los tratados que no se considere de DDHH sería controlable por los medios tradicionales; sin embargo, cuando sí lo sea, dada su jerarquía constitucional, se planteará la duda de si son controlables cuando se presenten contradicciones entre normas de tratados o entre éstos y los establecidos por el constituyente nacional (en una entrada anterior, presenté algunos ejemplos).

En el ámbito externo, el auténtico control de convencionalidad está a cargo de la Corte competente (p. ej. En el sistema regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos –COIDH-). Las decisiones nacionales, serían “revisables”.  Establecido el anterior punto de partida, plantearé algunas de mis interrogantes sobre el llamado control de convencionalidad/constitucionalidad difuso.

Hasta antes de la reforma constitucional y de la decisión de la Corte a propósito del Caso Radilla (ejecución de la Sentencia de la CoIDH), se estaba ante un escenario en el que es el Poder Judicial Federal, quien ejerce la competencia de control de constitucionalidad a través del amparo, la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional y los medios de revisión electoral.

En el caso de la justicia local, su competencia es fundamentalmente ordinaria, y en ciertos casos, se han establecidos salas que juzgan de constitucionalidad local. En casos de peligro a la vida, la libertad, los jueces de primera instancia podrán suspender los actos como si fuesen jueces de amparo.

El escenario anterior se ha movido ante el llamado control de la convencionalidad difusa. La Corte al resolver el Caso Radilla, por una mayoría de siete votos determinó entre otros puntos que:

“Los demás jueces del país, en los asuntos de su competencia, podrán desaplicar las normas que infrinjan la Constitución Federal y/o los tratados internacionales que reconozcan derechos humanos, sólo para efectos del caso concreto y sin hacer una declaración de la invalidez de las disposiciones”.

Antes de dicha decisión se habían dado casos de control de convencionalidad, algunos por tribunales federales, otros por tribunales locales. Dentro de estos últimos, por ejemplo, el Tribunal Contencioso Administrativo de Michoacán y  en la Sentencia en apelación emitida por la Cuarta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León.

Para documentar mis conjeturas, aprovecharé este último caso:

El magistrado Unitario al resolver el recurso de apelación a un auto de formal prisión en juicio penal, decide desaplicar el tipo delictivo “cometido en la administración y procuración de justicia” establecido en el Código Penal local.  Como resultado se deja en libertad a los implicados.

Los hechos del caso son los siguientes: policías de Nuevo León al paso de un convoy de la Marina fueron sorprendidos hablando por aparatos NEXTEL de su propiedad informando del paso de un convoy de vehículos de la Marina que realizaban funciones de seguridad en la ciudad.

De acuerdo con el Código Penal, un servidor público de la Administración comete el delito, entre otras causas por:

“No cumplir una disposición que legalmente se les comunique por su superior competente, sin causa fundada para ello”

La anterior disposición, dice el Magistrado:

“Se advierte su evidente inconstitucionalidad pues este precepto es una “ley penal en blanco”, que autoriza a los servidores públicos de jerarquía superior, por ejemplo de la Procuraduría General de Justicia, del Poder Judicial del Estado, o de los tribunales administrativos, para que san ellos los que dicten las disposiciones cuyo cumplimiento será delito. Lo cual está prohibido por la Constitución federal, pues ningún poder o persona puede decretar delitos, ni siquiera por delegación legislativa, pues sólo el poder Legislativo puede hacerlo.”

En la misma sentencia, se hace referencia a la Ley de Seguridad Pública de dicho Estado, la cual establece como conductas prohibidas para los agentes, entre otras:

“Utilizar o llevar consigo durante en servicio o comisión, uno o varios teléfonos móviles, radio frecuencias o cualesquier aparato de comunicación que no sea de aquellos que se le hubieran proporcionado por la dependencia correspondiente para la función a su cargo.”

Como se aprecia, el caso es un extraordinario campo de prueba para el análisis, ya que muestra una diversidad de flancos que se derivan del llamado control de convencionalidad/constitucionalidad.

Dado el propósito de esta reflexión, no es el momento de analizar el caso, sino sólo examinar, en un ánimo de abstracción, algunos de los aspectos del fenómeno, es decir, cómo opera el decisor y sus implicaciones en el ordenamiento jurídico.

Resumiendo:

- Se dice que la violación de derechos es evidente

- Se declara la inaplicación por inconstitucional de un precepto legal.

- Se resuelve la declaración de inconstitucionalidad al revisarse en apelación en una de las fases del proceso y no en sentencia definitiva.

- No hay constancia de que los apelantes hayan reclamado la inconstitucionalidad del delito, el juez supliendo la deficiencia de la queja (supongo, pues no lo dice) la resuelve.

- No existe constancia de que la inconstitucionalidad del precepto haya formado parte de la litis y que el Ministerio Público hubiese tenido la oportunidad de argumentar al respecto

- Por el tipo de delito, se presenta la dificultad de la autoridad para recurrir la sentencia del tribunal de apelación en amparo.

¿Cómo se activa el control difuso de convencionalidad/constitucionalidad? El problema de la violación evidente.

El examen de la sentencia muestra que lo que toma en cuenta el Magistrado es la apreciación de lo que a su juicio es un problema de violación de derechos. Tanto en la sentencia como en sus declaraciones hace énfasis, en que tal violación es evidente. La competencia para tomar la decisión de declarar la inconstitucionalidad la desprende del artículo primero constitucional y de la decisión de la Corte. En sus declaraciones, prioriza la primera.

No se observa referencia o argumentación respecto de la competencia expresa de los tribunales federales para conocer de cuestiones de inconstitucionalidad en amparo directo cuando se trata de un proceso judicial, tampoco se dice si los recurrentes invocaron en sus agravios algún argumento de inconstitucionalidad del tipo delictivo.

A diferencia de la apreciación del Magistrado, desde mi modesta perspectiva, no me parece que haya una violación evidente, incluso me atrevo a decir, que me deja perplejo el modo que tiene el juez para apreciar la inconstitucionalidad y justificarlo tan sólo con el párrafo transcrito. A reserva de analizarlo posteriormente con mayor detenimiento, no aprecio argumentos que relacionen el precepto inconstitucional con el transcrito de la Ley de Seguridad Pública; o bien, que el tipo establece un deber de obediencia propio de los servidores públicos sujetos a una  estructura administrativa jerarquizada así como las formas “legales” de transmitir instrucciones de los mandos superiores a sus inferiores; ni el tipo de relación jurídica que tienen los policías y que  ha sido extensamente examinada por la doctrina, por ejemplo, al hablar de la llamada ”relación de sujeción especial”.

Tampoco analiza la repercusión de esta medida en el desempeño de las corporaciones policiacas. Me gustaría ver que los jueces se ocupen de esto. También es una cuestión constitucional.

Un examen más detenido de la motivación de la sentencia, creo que la dejaría muy maltrecha.

¿Debe haber ciertas garantías procesales para resolver una litis
de inconstitucionalidad de normas?

Destaca en la sentencia del Magistrado neoleonés, que la cuestión de inconstitucionalidad la plantea y resuelve el propio funcionario. No se aprecia un contradictorio. Al menos no en la lectura de la sentencia.

En amparo, acción, controversia, que deciden la inconstitucionalidad de normas generales hay un contradictorio. Se establece como acto reclamado y se llama a juicio al legislador que la expide, al ejecutivo que la sanciona y una vez satisfechos los estándares del debido proceso, se decide.

Aun  en el caso del amparo directo, donde la norma general no es acto reclamado y no se convoca a las autoridades responsables (lo que no deja de ser un déficit de defensa del legislador democrático) el ministerio público tiene la posibilidad de argumentar al respecto.

Así pues, mi conjetura es que una decisión como la tomada en el caso de muestra tiene severos problemas. Los procesales se han esbozado, pero también hay problemas sustantivos en términos de calidad social de la decisión. Un contradictorio está pensado también para que el juez tenga los elementos del conflicto para tomar su mejor decisión. En el caso examinado no las hay. Un método así debilita la legitimidad social de la decisión y de quien la toma.

En fin. Resta ver que dicen los encargados de examinar institucionalmente esta decisión. La controversia constitucional podría ser una interesante instancia para discutir el tema.

José Roldán Xopa. Profesor e investigador del Departamento de Derecho del ITAM.

Leer completo

En el contexto de democracias débiles -como la que vivimos en nuestro país- es común que las iniciativas públicas encaminadas a garantizar el efectivo goce de los derechos no sean sostenidas en el tiempo, no den resultados sustantivos e incluso que su implementación no nos aporte mejores condiciones para el ejercicio de nuestros derechos. También son frecuentes los retrocesos en los pequeños avances que se han logrado para acercarnos a una democracia sustantiva.

En este escenario la sociedad civil requiere ampliar y fortalecer sus estrategias de incidencia. Una forma relativamente nueva de hacerlo y cada vez más recurrida –y hago un énfasis en lo relativo y lo reciente– es el ejercicio del litigio estratégico o paradigmático como una práctica para motivar cambios en la política pública desde la sede judicial.

Mediante el litigio de un caso emblemático se persiguen varios objetivos: motivar criterios judiciales amplios y atentos a los más altos estándares en materia de derechos humanos; modificar leyes, reglamentos y prácticas administrativas cuya aplicación obstaculice o impida el ejercicio de derechos; evidenciar las limitantes de los propios recursos jurídicos nacionales para hacer valer los derechos fundamentales; establecer un diálogo con los operadores de justicia para exigir el ejercicio de sus facultades de interpretación que –dicho se a de paso– no está peleado con resolver los asuntos “conforme a derecho”; así como elevar el nivel de debate sobre un tema con aristas jurídicas. En fin, el litigio estratégico, por qué no decirlo, es también una forma de participación en el espacio político[1].

Sin pretender, de manera alguna, agotar las experiencias de defensa estratégica de derechos en México, enuncio algunos ejemplos que considero han logrado al menos uno de los objetivos antes señalados y que han sido, casi en su totalidad, impulsados desde la sociedad civil.

En cuanto a la justiciabilidad del derecho a la salud y la no discriminación en México hago referencia a los siguientes logros: la jurisprudencia a favor de militares que adquieren VIH[2]; los criterios jurisprudenciales a favor de los trabajadores del Ayuntamiento de Hermosillo discriminados por el ISSSTESON y la consecuente modificación al artículo 6º del Reglamento para los Servicios Médicos de ese Instituto que establecía que para tener acceso a los servicios médicos (los trabajadores de nuevo ingreso o reingreso debían acreditar que gozaban de buena salud[3]); el aporte con el que contribuyó la interposición de un amparo presentado en contra de la reducción presupuestaria del programa para la atención y prevención del VIH/SIDA ejercido por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), no sólo para evitar una nueva reducción en su presupuesto sino para aumentarlo[4] en el siguiente año fiscal; y, finalmente, la resolución favorable para la comunidad Mininuma de Metlatónoc, Guerrero, para contar con infraestructura médica y hospitalaria accesible[5].

Respecto al trabajo de incidencia en sede judicial a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres menciono los siguientes: las audiencias públicas y los amicus curiae presentados en el contexto de que la SCJN resolviera las acciones de constitucionalidad en contra de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, así como los numerosos amparos y la estrategia seguida ante el Sistema Interamericano para impulsar que el derecho a decidir de las mujeres sea plenamente garantizado en todas las entidades federativas[6].

En cuanto a la garantía del derecho a la información, libertad de expresión, libertad informativa y no discriminación, cabe mencionar la posibilidad que tiene la SCJN de sentar un precedente que motive la clara determinación de criterios para la asignación de publicidad oficial a radios comunitarias[7].

En relación a la protección del derecho de acceso a la información y el cumplimiento del principio constitucional de máxima publicidad, me refiero al litigio estratégico en contra de la amplia definición del “secreto fiscal” que impide transparentar las decisiones y el actuar del SAT[8].

Finalmente, señalo las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano en los tres casos siguientes: Fernández Ortega, Rosendo Cantú y Cabrera García y Montiel Flores. Cada uno de estos, producto de una estrategia jurídica encaminada a otorgar justicia a las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos y a eliminar una de las condiciones que favorece su existencia: el fuero militar[9].

Ahora bien, vale subrayar que la medida de éxito de los casos antes mencionados, está condicionada por diversos factores que si bien en algunas ocasiones tienen que ver con el propio diseño de la estrategia jurídica, también –y es justo mencionarlo– se relaciona con los retos inherentes al sistema normativo y judicial mexicano, así como con la cultura jurídica de una parte de sus operadores.

En el primer rubro, el de las restricciones técnicas del sistema normativo, menciono un ejemplo: las características propias del amparo como medio de control constitucional en lo relativo, particularmente a las limitantes que impone la definición de interés jurídico, así como a los acotados efectos que éste otorga.

Esperamos que las reformas propuestas a la Ley de Amparo sean aprobadas rápidamente, pues conjuntamente con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y la incorporación, el año pasado, de la figura de acciones colectivas -de la cual queda pendiente su legislación secundaria[10]- propiciarán mejores condiciones para la exigibilidad judicial de los derechos de las personas.

En cuanto al segundo aspecto, el de la cultura jurídica de una parte de los operadores, identifico que aún falta mucho para que éstos incorporen un mayor, más amplio y más rico contenido de derecho comparado y de derecho internacional de los derechos humanos en su ejercicio de interpretación judicial.

Otro reto que existen como lo señaló Guadalupe Barrena en su colaboración para El litigio estratégico en México: la aplicación de los derechos humanos a nivel práctico. Experiencias de la sociedad civil[11], es la falta de jurisprudencia sobre los derechos consagrados en la parte dogmática de la Constitución. Impulsarla es parte del objetivo del litigio estratégico, pero la presentación de casos no es condición suficiente para contar con ella pues se necesitan ojos pendientes y plumas prestas a identificar y aprovechar las oportunidades para verter de mayor definición en su contenido a nuestros derechos fundamentales.

Margarita Castilla Peón. Integrante del equipo de Litigio Estratégico de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Síguenos en Twitter: @FundarMexico y también en Facebook.


[1] Cfr. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), La lucha por el derecho, 1ª ed., Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2008.

[2] Medilex

[3] La Rebelión de los enfermos. Discriminación en el ISSSTESON. Sonora Ciudadana

[4]Asignaciones presupuestarias y VIH

[5] Es importante señalar que a más de dos años del fallo otorgado en favor de la comunidad, la sentencia no ha sido plenamente ejecutoriada. Para mayor información consultar el trabajo del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y el siguiente artículo El caso “Mininuma”: un litigio estratégico para la justiciabilidad de los derechos sociales y la no discriminación en México en,

[6] GIRE

[7]Publicidad oficial para radios comunitarias. Caso La Voladora Comunicación A.C.

[8] Secreto Fiscal

[9] Sentencia Caso Fernández Ortega y otros vs. México.

Sentencia Caso Rosendo Cantú y otra vs. México.

Sentencia Cabrera García y Montiel Flores vs. México

[10] http://www.eluniversal.com.mx/notas/762194.html

[11] Oficina en México del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, El litigio estratégico en México: la aplicación de los derechos humanos a nivel práctico. Experiencias de la sociedad civil., México, 2007.

Leer completo

Esta fue la pregunta que en los últimos días (31 de agosto, 2, 6 y 7 de septiembre), el pleno de la Corte trato de contestar al discutir un asunto de enorme relevancia para el país: las obligaciones que se derivan de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Resulta relevante porque después de mucho tiempo en que México estuvo ausente ante la Corte Interamericana, en los últimos años su presencia se ha incrementado considerablemente. Basta recordar las dos sentencias ya pronunciadas el año pasado (Rosendo Radilla y Campo Algodonero) y los tres casos que la Corte conocerá en el mes de septiembre. Es justamente en este contexto,  que resulta de suma importancia y trascendencia que México analice el papel que juegan dichas sentencias en el ordenamiento jurídico mexicano.

La discusión referida llegó al pleno de la Suprema Corte a través de una consulta a trámite presentada por el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia, con fundamento en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo que se buscaba con dicha consulta era definir, en un primer momento, si la sentencia del caso Radilla Pacheco establecía obligaciones concretas para el Poder Judicial, considerando que en su contenido se establecían medidas como la capacitación de jueces y la modificación de la jurisprudencia en materia de fuero militar; de ser así, se buscaría determinar qué medidas debían adoptarse a fin de dar cumplimiento a tales obligaciones. El proyecto fue realizado por el ministro José Ramón Cossío.

Extenuante es la primera palabra que viene a la cabeza cuando se busca describir la discusión desarrollada por el pleno de la Corte. Tras un debate rígido, cerrado y  sumamente repetitivo, en donde desafortunadamente se alcanzaron únicamente respuestas parciales al problema, los ministros decidieron que la complejidad del caso era tal que ameritaba postergar el asunto; de esta forma, la misma incertidumbre que había al inicio de esta larga cuestión se mantuvo e incluso se incrementó. Durante la discusión se perfilaron dos “bandos” claros, una minoría liderada por los ministros Aguirre y Aguilar, y una mayoría abanderada por el ministro Cossío.

La primera cuestión que la Corte discutió fue si para efectos de su competencia, era necesaria una notificación formal al Poder Judicial para poder conocer sobre la sentencia del tribunal interamericano; es decir, si adicionalmente al requerimiento al Estado mexicano, se requería uno en particular para la Suprema Corte. La mayoría de los ministros propusieron que la Corte resultaba competente para conocer del asunto con base en que la sentencia  fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Por su parte, la minoría consideró que era necesario tener una notificación directa por parte del Poder Ejecutivo, toda vez que únicamente éste tiene competencia en materia internacional y, específicamente, en materia de cumplimiento de las obligaciones internacionales. Finalmente, la mayoría de los ministros votó a favor de que la Corte pudiera conocer del asunto, sin necesidad de un requerimiento adicional.

Otro tema discutido que finalmente no constituyó un elemento fundamental del debate fue la falta de un procedimiento claro para que la Corte pudiera conocer del asunto. La mayor parte de los ministros parecía estar de acuerdo con que no era necesario que estuviera establecido un reglamento específico, apoyándose en una regla clave del derecho internacional, consagrada en el propio Pacto de San José, que prohíbe a los Estados invocar cuestiones de derecho interno para justificar el incumplimiento de obligaciones internacionales. Por el otro lado, no dejó de escucharse la voz del ministro Aguirre, quien insistió en continuar discutiendo la falta de competencia de la Corte para conocer del asunto, argumentando que en esta materia la facultad es exclusiva del Poder Ejecutivo, específicamente del presidente de la República y de los secretarios de Relaciones Exteriores y Gobernación.

Una de las discusiones más candentes fue la pregunta que tendía a decidir si la Corte podía, motu propio, sin coordinación con los otros poderes, analizar las obligaciones impuestas en la sentencia y, en todo caso, cumplir con ellas. Fue una interesante discusión puesto que giró en torno a decidir cuál era la solución más congruente con el sistema de división de poderes de la Constitución. Por una parte, la mayoría se pronunció en el sentido de que si las medidas eran destinadas al Poder Judicial, no había razón alguna para coordinarse, y que esto sería tanto como subordinarse a los otros poderes. Pero la minoría (Aguirre, Aguilar, Valls y Gudiño) insistió con ahínco en que si las obligaciones estaban impuestas al Estado mexicano como un todo, no coordinarse con el Poder Ejecutivo y el Legislativo, sería violatorio de la Constitución y un abuso a la división de poderes. La mayoría mantuvo su postura y decidió que la Corte podía actuar motu propio.

El punto culminante de la discusión se dio en la cuarta sesión, a partir de un tema que el ministro Aguirre había estado expresando sutilmente durante todo el debate. Para este ministro existían razones suficientes para cuestionar la obligatoriedad de la sentencia de la Corte Interamericana, por dos cuestiones principalmente: 1) según la Constitución federal, el tribunal supremo del país es la Suprema Corte de Justicia y en ninguno de sus artículos reconoce como tal a la CorteIDH; y 2) la CorteIDH excedió sus facultades al dictar la sentencia del caso Rosendo Radilla y, por lo mismo, aquélla no obliga a la Suprema Corte. A raíz de estos planteamientos la Corte procedió a analizar cuestiones relacionadas con la validez de las sentencias internacionales; principalmente, el propio ministro Aguirre –quien incluso se dio a sí mismo la tarea de evaluar si la CorteIDH había actuado de manera adecuada en su pronunciamiento en el caso Radilla–.

Los ministros consideraron que el problema era mucho más complejo de lo que se pensaba, que el proyecto presentado por el ministro Cossío no era adecuado para la resolución del caso (en una votación ocho a tres, conformando la minoría los ministros Cossío, Sánchez Cordero y Silva) y, por ello, el asunto debía turnarse a otro ministro para la determinación de la posible participación de la Suprema Corte de Justicia en la ejecución de la sentencia del caso Rosendo Radilla de la CorteIDH.

¿Cuál sería un balance de esta accidentada discusión? Por un lado, la decisión resulta lamentable, en la medida en que la Corte decidió postergar un asunto de urgente y primordial resolución. Sin embargo, resulta afortunada en la medida en que permitirá que ciertos ministros, que pareciese que no contaban con las herramientas y los argumentos adecuados, puedan estudiar con mayor detenimiento el caso y los temas relacionados con éste. Sólo falta esperar que tras un análisis más profundo y concreto los ministros logren llegar a un acuerdo que permita, ante todo, proteger de manera más adecuada los derechos humanos, objetivo único del sistema interamericano, pero que algunos ministros pareciesen no estar tomando en cuenta.

Paula Méndez Azuela. Estudiante de la licenciatura en Derecho del ITAM. Twitter: @PaulaXMA

Leer completo

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla ha planteado una pregunta no menor para nuestra Suprema Corte de Justicia: ¿Qué aspectos de las resoluciones de esta corte internacional obligan a nuestro máximo tribunal? En este momento, la Corte prepara una discusión autorreflexiva donde tendrán que determinar si esa obligación se limita a la decisión que arroja la sentencia o también a sus argumentos o, inclusive, a la jurisprudencia generada por las diversas sentencias de la CIDH. El siguiente texto ofrece de una guía de las coordenadas de este debate que, más allá de los intereses académicos del tema, urge que se inserte en nuestra corte constitucional en aras de una mejor protección de los derechos fundamentales.

El desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos ha establecido un nuevo paradigma en cuanto a la vigencia, incorporación, aplicación y jerarquía de dichas normas dentro de los órdenes jurídicos nacionales. No hay que olvidar que si algo ha permeado del derecho internacional a los sistemas nacionales es, sin duda, la protección de los derechos humanos. De ahí que instituciones como nuestra Suprema Corte de Justicia sean fundamentales en el proceso de incorporación y aplicación de dichas normas, pues en la protección de los derechos humanos de raíz internacional, los jueces internos cumplen un papel protagónico.

Ahora bien, con tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Castañeda, Caso Radilla y Campo Algodonero), más otros casos en la puerta de dicho tribunal, y una discusión en la Cámara de Diputados sobre la jerarquía constitucional de los tratados sobre derechos humanos, es tiempo de que la Suprema Corte de México discuta y tome una postura más creativa sobre el derecho internacional de los derechos humanos y su incorporación y aplicación como norma interna.

El universo de referentes para un juez en el momento de resolver asuntos donde se vean implicados derechos de las personas se ha multiplicado; ya no se trata de un asunto exclusivo y soberano de los Estados: el derecho internacional tiene mucho que decir al respecto y esto no puede ser ignorado por el juzgador interno. La pregunta obligada, por tanto, frente a esta situación es: ¿cómo es que puede o debe usar un juez nacional dichos referentes internacionales?

Si nos referimos a los tratados, la respuesta en una primera lectura pareciese relativamente fácil: los tratados, al ser ratificados por el Estado, se incorporan a los sistemas nacionales como normas propias de dichos sistemas, una vez que han cumplido con los requerimientos internos de cada ordenamiento nacional. La solución pareciese sencilla, ya que generalmente los Estados se limitan a lo anterior y no realizan una incorporación escalonada de dichos tratados (leyes, reglamentos, nivel local, etc.). Sin embargo, si partimos de que en la actualidad, en la mayoría de los sistemas nacionales, los tratados se encuentran dentro de los primeros escaños de la pirámide normativa, nos encontramos con algunos aspectos que pueden complicar la manera cómo puede o debe usar un juez nacionales los referentes internacionales.

En primer lugar, es necesario un conocimiento de la existencia de los tratados, su inicio de vigencia, las reservas o declaraciones interpretativas formuladas a los mismos; en breve, el juez tendrá que tener acceso a dicha información. Una vez que conoce el instrumento, deberá aplicar las reglas de interpretación de los tratados establecidas por la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, tomando especial atención al contexto del que habla el artículo 31 (2) y (3) y 32 de la citada convención.

Si dicho instrumento crea uno o varios órganos de interpretación del mismo, el juez deberá buscar si tal órgano ha interpretado la disposición a la que se hace referencia en el caso concreto que se le presenta, y considerar a su vez que la interpretación hecha por el intérprete internacional puede tener una naturaleza diversa. Por ejemplo: puede ser una Observación General (Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos); una Recomendación (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), Jurisprudencia de un tribunal internacional del cual el Estado no es parte, que en caso americano sería jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos o de Tribunales Penales Especiales para la Ex-Yugoslavia y Ruanda.[1] Por último, tenemos la jurisprudencia de un tribunal internacional cuya competencia ha sido reconocida por dicho Estado; para el caso de México estaríamos hablando de la Corte Internacional de Justicia, Corte Penal Internacional y, en particular respecto la materia de derechos humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual se integra de la siguiente forma:

A) Opiniones consultivas: la Corte ha expresado que sus opiniones consultivas, no tienen por si mismas, efectos vinculantes para los Estados americanos. Corte IDH, Otros tratados objeto de la función consultiva de la Corte (artículo 64 Convención Americana sobre Derechos Humanos) OC-1/82 del 24 de septiembre de 1982, párr. 51.

B) Sentencias en casos contenciosos (excepciones preliminares, fondo y reparaciones) la Convención Americana fija el carácter vinculante de los fallos, el fallo de la Corte es “definitivo e inapelable” (artículo 67). Los Estados “se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes” (artículo 68.1). La Corte Suprema Argentina, en el caso Expósito ha determinado que las sentencias de la Corte Interamericana constituyen un “destino ineludible”

C) Sentencias de la Corte para efectos de interpretación: los Estados le han otorgado, a través de la Convención americana, la facultad de ser el intérprete de los instrumentos del sistema.[2]Algunos tribunales internos han considerado, que los fallos que emite la Corte Interamericana, en cuanto a la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, son definitivos e inapelables.[3]Algunos otros Estados, como Chile, consideran que la jurisprudencia de la Corte debe de servir de guía para sus tribunales, la aplicación de la jurisprudencia internacional por parte de las cortes internas puede darle “valor agregado” a la interpretación.

Como vemos, aquello que “debe” o “puede” considerar el juez al momento de resolver un asunto, cuya materia sea considerada por el derecho internacional se ha multiplicado. Pareciese que en un caso concreto, un tribunal interno debe de tener a la vista todos los estándares internacionales aplicables e intentar armonizarlos. Si bien es cierto que actualmente en los fallos internos de algunos estados latinoamericanos abundan las menciones al derecho internacional de los derechos humanos, el carácter de las citas no es homogéneo, sino más bien desordenado y, en no pocas ocasiones, no queda clara cuál es la utilidad de la referencia internacional o, en su caso, en qué sentido se utiliza.

Esto demuestra que la incorporación de reglas, estándares, tratados e interpretaciones internacionales, por parte de los tribunales internos no es coherente ni sistematizada. No es claro el valor que los jueces le atribuyen a las diferentes fuentes de interpretación internacional e, inclusive, hay veces que parece hasta forzada la utilización de fuentes internacionales.

Sin duda alguna, estamos frente a un proceso de ajuste, de articulación de las fuentes internacionales en materia de derechos humanos (tratados, jurisprudencia, estándares) y su incorporación a los sistemas internos a través de su interpretación y aplicación por parte de la judicatura. Sin embargo, es deseable transitar de la aplicación de los instrumentos internacionales y la jurisprudencia internacional, como guía para la labor interpretativa del juez, a una recepción más automática de lo decidido en el ámbito internacional. Esto con el objetivo de lograr una relación más armónica entre ambos sistemas y que el juez interno cumpla su papel de principal garante de este orden público común que se ha creado a través de los sistemas de protección de los derechos humanos.

Lo cierto es que, independientemente de la posición que tomemos, más internacionalista o no, es indispensable que nuestra Suprema Corte discuta estos asuntos y asuma una posición frente a dos situaciones ineludibles: por un lado, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos falladas contra México ya están aquí y el Estado mexicano tiene la responsabilidad internacional de cumplirlas y, por el otro,  parece que la reforma constitucional que eleva a rango constitucional los tratados sobre derechos humanos es casi un hecho inminente.

Gabriela Rodríguez Huerta. Profesora de tiempo completo del Departamento de Derecho del ITAM.

Gran parte del presente artículo forma parte de un artículo anterior: “Derechos Humanos: jurisprudencia internacional y jueces internos” publicado en Recepción Nacional del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Admisión de la Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana, coordinado por Sergio garcía Ramírez y Mireya Castañeda Hernández, UNAM, SRE y Corte Interamericana de Derechos Humanos, México, 2009.


[1] En estos casos, pueden presentarse dos supuestos, primero, el Estado no es parte del instrumento internacional interpretado por dicho órgano, como es el caso de la Convención Europea de Derechos Humanos, sin embargo, existe interpretación de la Corte Europea de un derecho consagrado de igual manera en un instrumento del cual, dicho Estado si es parte. Segundo, un tribunal que no posee competencia respecto del Estado en cuestión, como es la Corte Penal Especial para el Ex-Yugoslavia interpreta un instrumento internacional del cual, el Estado que nos ocupa si es parte.

[2] El Tribunal Constitucional  del Perú, al calificar a la Corte Interamericana, como “guardián último de los derechos en la Región”, estableció que no era suficiente acudir a las normas internacionales, sino que era preciso tomar en consideración la interpretación que sobre tales normas había realizado la Corte. Sentencia del expediente 218-02-HC/TC, publicada el 3 de agosto de 2002.

[3] Corte Suprema de Justicia de Guatemala, acuerdo n° 96-2006 de 23 de enero del 2006.

Leer completo