En la sesión de este miércoles 1 de octubre, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación continuará la discusión del proyecto de resolución del amparo en revisión 378/2014 y deberá determinar si la omisión en la ejecución del proyecto de construcción del Pabellón 13 es violatorio del derecho a la salud y a la vida de los pacientes con VIH/SIDA que son atendidos en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).

Los antecedentes del caso se remontan a 2012, cuando Adrián, Rogelio y Leonardo, con la asesoría jurídica de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, interpusieron una demanda de amparo en contra de distintas autoridades por la omisión de construir una clínica especializada para la atención de pacientes con VIH/SIDA, el Pabellón 13. La necesidad de contar con un nuevo hospital no surgió del imaginario de los pacientes, sino que desde 2007 las propias autoridades sanitarias identificaron que las necesidades de las personas que viven con VIH/SIDA, y que son atendidas en el Pabellón 4, no podía verse satisfechas con una simple remodelación.

Tras erogar 7 millones 500 mil pesos para la elaboración del proyecto ejecutivo de la obra, el INER tramitó los permisos y otra serie de requerimientos para llevar a cabo la construcción del Pabellón 13 (certificado de necesidad, permiso sanitario de construcción, certificado de factibilidad, certificado de necesidad de equipo médico, registro en cartera). A pesar de todos estos trámites administrativos —y de las expectativas de los usuarios— a principios de 2012, los pacientes se enteraron de manera no oficial que el proyecto había sido suspendido.

A pesar de que las propias autoridades habían reconocido la necesidad de contar con un nuevo Pabellón, o en otras palabras, habían admitido que un nivel más alto de salud era posible, el amparo fue negado en primera instancia y fue así como inició un largo recorrido jurídico que finalmente concluirá en la próxima sesión de la Segunda Sala, quien decidió atraer[1] el caso por tratarse de un asunto que ayudaría a definir el contenido y alcance del derecho al nivel más alto de salud, en específico de un sector tan vulnerable como lo es el de las personas que viven con VIH/SIDA.

Hoy, el proyecto de resolución elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán (ver Amparo en Revisión 378/2014) representa un avance en las implicaciones del derecho al más alto nivel de salud. A diferencia de lo decidido en primera instancia, el proyecto reconoce que la garantía de este derecho no se agota con la dotación de medicamentos gratuitos o la atención médica —lo que nunca fue planteado por los quejosos—; tampoco sería suficiente que el Estado alegue superficialmente la falta de disponibilidad presupuestaria, sino que implica el deber de las autoridades por demostrar plenamente que ha realizado todos los esfuerzos posibles para utilizar los recursos que están a su disposición a fin de lograr la plena efectividad del derecho a la salud. Así, el proyecto de sentencia reconoce implícitamente que todos los trámites que fueron realizados no pueden ser ignorados cuando de ellos dependen la protección y garantía de los derechos humanos.

El proyecto de sentencia también resulta importante porque reconoce la situación de vulnerabilidad de las personas con VIH/SIDA y recuerda que el Estado mexicano, de acuerdo al marco internacional de derechos humanos, está obligado a ejecutar todas las medidas necesarias para lograr servicios de salud publica de calidad que disuadan cualquiera amenaza al derecho a la vida y la integridad física de las personas con VIH/SIDA sometidas a tratamiento de salud.

vihA pesar de avanzar en estos sentidos, el proyecto de resolución no resulta tan claro al momento de abordar los efectos del amparo. El proyecto ordena que las autoridades deben tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar, hasta el máximo de los recursos, el derecho humano al nivel más alto posible a la salud de los quejosos, dentro de un plazo razonablemente breve, en el entendido de que dichas medidas deberán ser deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible hacia la satisfacción de las obligaciones contempladas en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Así, las autoridades, tomando en consideración el presupuesto con el que cuentan, deberán considerar qué medida resulta las más adecuada  para poder brindar el servicio y tratamiento médico apropiado y de calidad para los pacientes con VIH/SIDA, en aras de evitar que se encuentren indebidamente expuestos a contagio de enfermedades oportunistas. Para ello, el proyecto le brinda a las autoridades la posibilidad de remodelar el pabellón 4 —en donde actualmente son atendidos los pacientes—o construir un nuevo Pabellón, en el entendido de que en  el procedimiento de ejecutoria de la sentencia de amparo, las alusiones a la limitación de recursos por parte de las responsables tendrán que encontrarse plenamente acreditadas por los medios conducentes.

Los efectos del amparo que se proponen dan pie a escenarios diversos. Por un lado, de concederse el amparo, las autoridades deberán realizar todo lo posible por utilizar al máximo los recursos de que disponen para satisfacer el derecho a la salud, pero a su vez, cuando intenten demostrar la insuficiencia de recursos, esto deberá ser acreditado plenamente ante el juez encargado del seguimiento de la sentencia. En ambos supuestos será fundamental que el juzgador asuma un papel proactivo, bajo un estándar alto de prueba sobre el cumplimiento por parte de las autoridades a fin de que se logre la protección adecuada de los quejosos y no les obligue –en la vía de los hechos– a continuar luchando jurídica y políticamente por mejores condiciones de vida. Sin duda, lo que suceda en uno u otro caso demostrará el grado de compromiso de las autoridades con el principio de progresividad  de los derechos humanos.

Iván Benumea Gómez. Investigador del área de Estrategias Jurídicas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

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[1] Solicitud de ejercicio de facultad de atracción 217/2014, bajo la ponencia del Ministro Luis María Aguilar Morales. Disponible aquí.

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Adrián, Leonardo y Rogelio, los protagonistas de esta historia, son pacientes del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” (mejor conocido como “INER”). El camino que han recorrido por este Instituto se engarza en una sola razón: los tres viven con VIH y han requerido ser hospitalizados en las instalaciones del INER.

A modo de contexto, vale señalar que el INER es el Instituto Nacional de Salud en México que atiende a la mayor cantidad de personas que viven con VIH/SIDA en México. Ahí, los pacientes con VIH que son hospitalizados se encuentran en etapas tardía y avanzada de la enfermedad y generalmente son admitidos por enfermedades pulmonares e insuficiencia respiratoria, padecimientos que requieren de cuidados intensivos. Este grupo de individuos es el que registra el mayor número de defunciones, registrándose que en el INER, el SIDA es la primera causa de muerte por enfermedades infecciosas en personas entre los 18 y 45 años.

¿En dónde se centra el problema? Actualmente, el INER NO CUENTA con un servicio clínico especializado para la atención de pacientes con VIH/SIDA u otras enfermedades de transmisión aérea que reúna los requisitos necesarios para brindar condiciones adecuadas de atención, cuidado y tratamiento.

vihLo anterior no puede tomarse a la ligera, tomemos por ejemplo el caso de Rogelio. Él ingresó al INER el 31 de enero de 2012 por presentar un cuadro de neumonía y estuvo hospitalizado en el Pabellón 4 –espacio dedicado al Servicio de Neumología Oncológica en donde se ha tenido que ubicar a los pacientes que viven con VIH/SIDA- hasta el 20 de abril de 2012, prácticamente tres meses. Esto no se debió a una casualidad, la condición pulmonar de Rogelio era seria, y su cuidado exigía de un tratamiento en completo aislamiento, lo que no podía verse satisfecho en las instalaciones del Pabellón 4. Rogelio pudo haber salido a las dos semanas de haber ingresado al INER, pero sufrió de co-infección al haber estado expuesto a contagios dentro del Pabellón 4, lo que realmente agravó su salud.

La situación antes planteada pudo haber sido distinta: desde 2007 existe en el INER un proyecto de construcción de una clínica especializada que se ajusta a todos los requisitos clínicos y científicos necesarios para brindar el mejor tratamiento a este tipo de pacientes. Este proyecto es conocido como Pabellón 13 y de construirse sería la primera unidad hospitalaria en México diseñada con base en la contención de agentes infecciosos y de bioseguridad. Por circunstancias desconocidas —y ajenas a los pacientes—, autoridades del INER determinaron cancelar la ejecución del proyecto, ello aun y cuando ya se habían empleado 7 millones y medio de pesos para el proyecto ejecutivo de la obra.

Aunado a lo anterior, una vez entregado el proyecto de la obra, el propio INER dio inicio a la tramitación de una serie de permisos, certificados y requerimientos necesarios para llevar a cabo la ejecución del proyecto y que constituyen los requisitos indispensables para acceder a los recursos para infraestructura y equipamiento del Pabellón. Así, sabemos que al día de hoy el proyecto cuenta con: certificado de necesidad, certificado de necesidad de equipo médico, permiso sanitario de construcción de establecimientos médicos, certificado de factibilidad y registro en cartera.

Lo anterior sólo quiere decir una cosa: el Estado mexicano ha reconocido a través del otorgamiento de todos y cada uno de los permisos y certificados antes referidos, la necesidad indudable de contar con el Pabellón 13. Su construcción se traduce entonces en una expectativa razonable pues ya se encuentran cumplidas las obligaciones administrativas necesarias para dar paso a la ejecución del proyecto. En este sentido, es a través del derecho administrativo que el Estado marca rutas y pone pautas para efectivizar y garantizar derechos, en este caso el derecho al más alto nivel posible de salud de los pacientes que viven con VIH/SIDA y que son atendidos en el INER. La duda que queda en el aire es ¿por qué, entonces, no se ha construido?

No debemos olvidar que el Estado mexicano está obligado a brindarnos el más alto nivel posible de salud. Esto quiere decir que está obligado a utilizar hasta el máximo de los recursos disponibles para asegurar que la atención médica brindada sea, entre otras cosas, de la más alta calidad, que los medicamentos estén disponibles y que las condiciones de infraestructura sean óptimas.

Ante este escenario, y como ya lo adelantaba, en el año 2012 los pacientes del INER tuvieron conocimiento de que el proyecto del Pabellón 13, había sido sin más suspendido. Este antecedente es consistente con el hecho de que a la fecha no existe avance en la ejecución financiera y mucho menos material del proyecto.

Así, y ante preguntas sin respuesta, en diciembre de 2012, Adrián, Leonardo y Rogelio, interpusieron una demanda de amparo indirecto en contra del INER y otras autoridades. Ellos reclaman, entre otras cosas, la omisión por parte de las autoridades de no ejecutar un proyecto que habría de mejorar sus condiciones de salud, lo que directamente viola en su perjuicio el derecho a la salud consagrado tanto en la Constitución mexicana como en ordenamientos jurídicos de índole internacional.

El amparo antes referido fue resuelto en primera instancia por el Juez Tercero de Distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, quien en junio de 2013 determinó negar el amparo a los quejosos.

Inconformes con lo anterior, en julio de 2013, los quejosos presentaron un recurso de revisión en contra de la determinación del Juez de Distrito. La resolución de dicho recurso quedó en manos del Décimo Tribunal Colegiado en materia administrativa en el Distrito Federal, mismo que determinó remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia para la determinación sobre el ejercicio de la facultad de atracción solicitada por los quejosos.

Así, el pasado 14 de mayo se celebró la sesión de la Segunda Sala de la Suprema Corte, en la cual se discutió el proyecto de solicitud de ejercicio de facultad de atracción elaborado por el ministro Luis María Aguilar Morales. Como resultado de la sesión se determinó ejercer dicha facultad, pues los ministros integrantes de la Sala consideraron que el asunto es trascendente y reviste de especial importancia al plantear, entre otras cosas, la definición del contenido y alcance del derecho a la salud, en específico de un sector tan vulnerable como lo es el de las personas que viven con VIH/SIDA en México.

Resuelta la solicitud de atracción, el caso de Pabellón 13 fue turnado a la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán, quien en los próximos meses deberá entrar al estudio del fondo del asunto y resolver si la omisión en la ejecución del proyecto de construcción del Pabellón 13 es violatorio del derecho a la salud y a la vida de los pacientes con VIH/SIDA que son atendidos en el INER.

Tristemente, el caso de Adrián, Leonardo y Rogelio tiene precedentes, pues el mismo se enmarca en una problemática estructural de falta de infraestructura en el ramo de salud y subejercicio presupuestal en México, de la cual el caso de Pabellón 13 es un claro y vivo ejemplo. Pero veamos esto desde su perspectiva positiva, ha llegado el momento de ser optimistas y de despertar la esperanza que esta situación puede ser revertida; veamos esto como lo que es, una oportunidad de oro para que la Suprema Corte analice uno de esos casos que pocas veces logran escalar hasta el más alto tribunal de nuestro país; veamos la potencial existencia del Pabellón 13 como la forma en la cual el Estado mexicano garantizará, protegerá y respetará el derecho humano a la salud no sólo de Adrián, Leonardo y Rogelio, sino de todo aquél que necesite recibir una atención médica digna y de calidad dentro del INER.

María Sánchez de Tagle. Abogada del área de Estrategias Jurídicas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. Mail: maria@fundar.org.mx

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