Presento a los lectores del Juego de la Suprema Corte una selección personal de las noticias —principalmente, relacionadas con la impartición de justicia— que, entre octubre y diciembre del año en curso, se han registrado en otras partes del mundo.

diarios

Octubre

· Japón: Histórico fallo contra productora porno ayudará a víctimas de explotación. La decisión del Tribunal de Distrito de Tokio de fallar a favor de una actriz porno que deseaba abandonar la industria allana el camino para que otras personas puedan alejarse de la pornografía sin tener que preocuparse por las sanciones. En la primera causa judicial de este tipo, el Tribunal de Tokio desestimó una demanda presentada por una productora porno contra una joven mujer, que exigía más de 24 millones de yenes en compensación por daños y perjuicios debido a que la chica decidió repentinamente dar por terminado su contrato.

· España: Una mujer de 94 años, responsable de su atropello por cruzar por delante de un camión. La magistrada María Elena González, titular del Juzgado de lo penal número 2 de Oviedo, ha dictado sentencia absolutoria respecto a L. M. V. Á., un camionero acusado de causar graves lesiones a una anciana de 94 años (perdió el brazo izquierdo) al arrollarla en la confluencia de las calles Matemático Pedrayes y Cervantes, en junio de 2013. La magistrada considera que el atropello se debió a la “falta de diligencia” de la mujer, que cruzó la carretera muy pegada al vehículo pesado, imposibilitando que el conductor se percatase de su presencia.

· Unión Europea: Tribunal de Justicia de la UE invalida acuerdo sobre transferencia datos con EEUU. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea invalidó el acuerdo que permitía a compañías tecnológicas estadounidenses como Facebook transferir datos de usuarios de la UE a EEUU.

· Estados Unidos: La Suprema Corte rehusó revisar un notorio caso de delito de información privilegiada. Esto es un fuerte revés a la administración del presidente Barack Obama en su lucha contra la delincuencia de cuello blanco. Esta decisión del Máximo Tribunal podría alentar una serie de anulaciones de resoluciones contra empresarios, banqueros, operadores y gerentes de portafolios inculpados por haber obtenido o recibido informaciones confidenciales sobre una empresa que les reportó beneficios.

· Francia: Tribunal resuelve mantener vivo a un paciente en estado vegetativo. La Justicia francesa rechazó el requerimiento impuesto por un sobrino del paciente terminal Vincent Lambert, símbolo de la lucha por la eutanasia en Francia, en el que este pedía aplicar la decisión judicial europea de dar inicio al procedimiento de poner fin a su vida. Con su dictamen, el Tribunal Administrativo de Châlons-en-Champagne, en el este de Francia, dio el visto bueno de facto al mantenimiento artificial con vida de ese paciente, de 39 años, y en estado vegetativo desde 2008 tras un accidente de moto.

· Estados Unidos: Tía intenta demandar a sobrino por derribarla en un festejo. Un jurado de Connecticut rechazó el intento de una mujer de demandar a su sobrino por provocarle lesiones que asegura sufrió tras un saludo efusivo durante la fiesta de cumpleaños del menor hace cuatro años. Jennifer Connell, residente de la ciudad de Nueva York, acusó al niño de Westport de actuar de manera irracional cuando le brincó a los brazos durante su fiesta de 8 años, provocándole una caída en la que se fracturó la muñeca. Entabló la demanda en la Corte Superior de Bridgeport buscando una compensación de 127,000 dólares. De acuerdo con un reporte del Connecticut Post, los seis miembros del jurado hallaron que el niño no era responsable.

· Reino Unido: Tribunal ratifica que el bridge no es un deporte. Legiones de jugadores de bridge en Gran Bretaña pueden sentir que les ha tocado una mala mano luego de un fallo judicial que ratificó una decisión previa de que el juego de cartas no es un deporte. El Tribunal Superior respaldó un dictamen previo de Sport England que asegura que el bridge no es un deporte porque no implica actividad física.

· Japón: Pareja que no puede casarse ni registrar el nacimiento de su hijo demanda al Estado. Una joven pareja en Japón presentó una demanda para impugnar la constitucionalidad de un artículo del Código Civil que prohíbe a las mujeres volver a casarse dentro de los seis meses siguientes a su divorcio (la restricción no rige para los hombres). Los jóvenes tienen un hijo de cinco meses y residen en Shizuoka. La demanda contra el Estado fue interpuesta en el Tribunal de Distrito de Tokio, detalló la NHK. Cuando intentaron registrar su matrimonio en julio, fueron rechazados porque solo habían transcurrido dos meses desde el divorcio de la mujer.

· Estados Unidos: Tribunal respalda a Google y asegura que su biblioteca en línea no infringe derechos de autor. Google no está incurriendo en violaciones de derechos de autor al digitalizar libros para su gran biblioteca en línea, según ordenó una corte de apelaciones federal, en una disputa que se ha extendido por cerca de una década. La segunda Corte de Apelaciones en Manhattan estuvo de acuerdo con un juez que concluyó que los extractos que Google muestra a sus usuarios desde su base de datos, no constituyen una violación a las leyes de protección de derechos de autor.

· Austria: Tribunal admite demanda contra Facebook por uso de datos personales. Un tribunal de apelación austríaco consideró admisible “a título personal” una querella del abogado austríaco Max Schrems contra Facebook, abriendo la vía a un primer proceso civil sobre utilización de datos personales. El tribunal de Viena contradijo la sentencia de otra corte de primera instancia, que no admitió la querella y se declaró incompetente sobre el fondo.

· Brasil: Las tres novias que desafían el modelo de ‘familia tradicional brasileña’. Una empresaria y una dentista, de 32 años, y una gerente administrativa, de 34, acaban de poner “patas arriba” el concepto de familia brasileño al oficializar su relación en una notaría de Río de Janeiro. Es el segundo trío registrado en Brasil, después de que en 2012 una cajera, una auxiliar administrativa y un arquitecto formasen en São Paulo la primera unión poliafectiva estable del país, el equivalente a la pareja de hecho que, desde 2003, rige las uniones civiles brasileñas. La escritura firmada por las tres mujeres, que viven juntas hace tres años, las reconoce como familia, establece la separación de bienes y da potestad a cada una de ellas para decidir sobre posibles cuestiones médicas de sus cónyuges. El trío, además, declaró en el documento su intención de que la empresaria tenga un hijo por inseminación artificial y que en el certificado de nacimiento del bebé se contemplen los apellidos de las tres.

· Polonia: Tribunal resuelve que sería ilegal extraditar a Polanski. Un tribunal en Polonia determinó que sería ilegal extraditar a Roman Polanski a Estados Unidos, donde el cineasta se declaró culpable de violar a una menor hace casi cuatro décadas. La decisión del juez en Cracovia implica el cierre del caso contra Polanski a menos que Estados Unidos presente una apelación.

· España: El Tribunal Supremo establece la primera condena de cárcel por emisiones ilegales con efecto invernadero. La Sala II del Tribunal Supremo ha condenado a dos años y medio de cárcel por delito contra el medio ambiente a dos empresarios de Madrid por triturar de forma ilegal y sin autorización administrativa 2,236 frigoríficos, con lo que liberaron a la atmósfera 3,378 toneladas de CO2, generando un gran riesgo para el medio ambiente y las personas. Además de los dos empresarios, un padre y su hijo, han sido condenados a 14 meses de prisión el encargado de la empresa y dos responsables de empresas que abastecían de frigoríficos a los primeros.

Noviembre

· Colombia: Belisario Betancur pide perdón por ‘errores’ sobre Palacio de Justicia. El expresidente Belisario Betancur reiteró que le pide perdón a Colombia si llegó a cometer algún error durante la retoma del Palacio de Justicia, ocasionada luego de la toma a sangre y fuego por parte del M-19 en noviembre de 1985. Betancur, quien era el jefe de Estado para la época de los hechos, aseguró que sus actuaciones no obedecieron a nada distinto que al deseo de lograr la paz.

· Colombia: Corte Constitucional da vía libre a adopción por parte de parejas del mismo sexo. La Sala Plena de la Corte Constitucional votó a favor una ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio que le da vía libre a la adopción igualitaria en Colombia. El resultado quedó con seis votos a favor de la ponencia y dos en contra de los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza y Luis Guillermo Guerrero. La ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio sostiene que “la adopción de niños por personas con orientación sexual diversa, en general, y por parejas del mismo sexo, en particular, no afecta por sí misma el interés superior del menor, ni compromete de manera negativa su salud física y mental o su desarrollo integral”.

· Japón: Por primera vez un municipio reconoce unión de personas del mismo sexo. El municipio de Shibuya, Tokio, se convirtió en el primer gobierno local en Japón en emitir certificados que reconocen la unión de personas del mismo sexo como equivalente al matrimonio. Aunque los documentos no son jurídicamente vinculantes (la Constitución de Japón no reconoce las uniones homosexuales), en la práctica lo serán, pues las empresas y los hospitales, por disposición del municipio de Shibuya, deberán tratar a los poseedores de los certificados de la misma manera que a un matrimonio. Si discriminan a las parejas del mismo sexo sus nombres se harán públicos.

· Alemania: Parlamento prohíbe suicidio asistido remunerado. El Parlamento alemán aprobó una ley que prohíbe el suicidio asistido organizado y con fines lucrativos, pero que no penalizará las decisiones por parte de los médicos en casos individuales. El Bundestag ilegalizó así a las asociaciones, fundaciones, empresas o personas que ofrezcan como un servicio remunerado la asistencia al suicidio de enfermos terminales.

· Estados Unidos: Tribunal falla en contra de la acción ejecutiva en materia migratoria de Obama. El plan del presidente Barack Obama para proteger de la deportación a unos 5 millones de personas que viven en Estados Unidos sin permiso, sufrió un fuerte revés en la corte. En una decisión de 2-1, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans respaldó un mandato de un juez de Texas que bloquea la iniciativa migratoria del gobierno de Obama. En su primera reacción al fallo, la Casa Blanca dijo que “difiere profundamente” con la decisión de la Corte, pero no precisó detalles sobre sus próximos pasos.

· Corea del Sur: La Suprema Corte confirma la cadena perpetua al capitán del Sewol. Se Sur confirmó la sentencia de cadena perpetua para el capitán del ferri Sewol, cuyo hundimiento hace un año causó 304 muertos, la mayoría estudiantes de bachillerato, en una de las mayores tragedias de la historia del país. La máxima instancia judicial surcoreana confirmó que Lee Joon-seok, de 70 años, es culpable de asesinato por no cumplir deliberadamente con sus responsabilidades como capitán durante el suceso acaecido el 16 de abril de 2014 en la costa suroriental del país, según la sentencia.

· Corea del Sur: Tribunal ordena a firma japonesa compensar a trabajadores forzados. Un tribunal de Seúl ordenó a una empresa siderúrgica japonesa indemnizar a ocho surcoreanos que realizaron trabajos forzados en sus plantas durante la II Guerra Mundial. El Tribunal Central de Seúl alegó que la movilización forzosa de los trabajadores fue ilegal y sentenció a la firma Nippon Steel & Sumitomo Metal a pagar 100 millones de wones (86,100 dólares) a cada uno de los demandantes, informó la agencia local Yonhap.

· Estados Unidos: Tribunal Federal avala la constitucionalidad de la pena de muerte en California. Una corte federal de apelaciones de Estados Unidos revocó la decisión de un juez que el año pasado declaró inconstitucional la pena capital en California debido al tiempo de espera en el corredor de la muerte. Los tres magistrados del panel de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito decretaron de forma unánime que los largos retrasos que enfrentan los reos no provocan un castigo cruel e inusual, en contra de la Octava Enmienda de la Constitución.

· Brasil: Supremo Tribunal Federal veta donaciones anónimas en las campañas políticas. La Justicia brasileña vetó las donaciones anónimas a los candidatos a cualquier cargo público, hasta ahora permitido y que según la sentencia puede facilitar la corrupción. La decisión, tomada por el Supremo Tribunal Federal (STF), máxima corte brasileña, entrará a valer inmediatamente y se aplicará ya en las elecciones municipales del año que viene. La sentencia considera que las donaciones ocultas, permitidas por ley desde 1997, violan los principios de la transparencia y de la moralidad y dificulta el rastreo de las donaciones por parte de las autoridades electorales.

· India: Tribunal ordena mover un crematorio para proteger el Taj Mahal. El gobierno del estado de Uttar Pradesh tendrá que trasladar un crematorio ubicado cerca del Taj Mahal para proteger el icónico momento del humo, según el fallo de un alto tribunal de India. La corte actuó tras una carta remitida por un juez del Tribunal Supremo que decía que el mausoleo de mármol blanco estaba amenazado por la contaminación del humo y las cenizas que salían del crematorio.

· OEA: La CIDH publica informe sobre estándares jurídicos sobre igualdad de género. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe “Estándares jurídicos: igualdad de género y derechos de las mujeres”. Esta es una edición especial del informe, elaborada para conmemorar el 20 aniversario de la Convención de Belém do Pará, que tuvo lugar en 2015. Esta edición especial incluye el texto original aprobado por la CIDH el 3 de noviembre de 2011 y una actualización aprobada el 26 de enero de 2015. El informe resume y analiza los estándares jurídicos adoptados por el sistema interamericano de derechos humanos sobre igualdad de género y derechos de las mujeres, y analiza el grado de impacto de las recomendaciones y decisiones del sistema interamericano en las sentencias emitidas a nivel interno en los países de la región.

· Irán/Estados Unidos: Condenan a prisión a periodista del Washington Post. Sentenciaron en Irán a un periodista del Washington Post a purgar una pena de prisión no especificada tras ser condenado por varios delitos, incluso el de espionaje, informó una agencia iraní de noticias. El periodista del Washington Post fue detenido el 22 de julio de 2014 junto con su esposa Yeganeh Salehi y dos fotoperiodistas.

· OEA: La CIDH publica informe “Acceso a la información, violencia contra las mujeres y la administración de justicia en las Américas”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe “Acceso a la información, violencia contra las mujeres y la administración de justicia en las Américas”. El informe procura ofrecer una primera aproximación a los desafíos que enfrentan las mujeres en las Américas para tener un acceso adecuado a la información controlada por el Estado en materia de violencia y discriminación. Asimismo, busca sistematizar los estándares internacionales que se han desarrollado en el Sistema Interamericano sobre esta materia e identificar las buenas prácticas en la región respecto de la aplicación y cumplimiento de dichos estándares.

· España: El Tribunal Constitucional determina la aplicación preferente de la normativa europea cuando ya ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. El TC explica que, si bien las normas del Derecho de la Unión Europea no tienen “rango y fuerza constitucionales”, el Tribunal Constitucional tiene el deber de valorar los actos de los poderes públicos sometidos a su enjuiciamiento, tanto cuando dichos actos aplican las normas de la UE como cuando se plantea que son contrarios a las mismas. Y, desde la perspectiva más concreta del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho a un proceso con todas las garantías, el Tribunal debe velar por que los jueces y tribunales resuelvan “conforme al sistema de fuentes establecido”.

· Unión Europea: El TEDH respalda prohibición de Francia al velo islámico. La principal corte europea de derechos humanos respaldó la prohibición de Francia al uso del velo islámico en el caso de una trabajadora social que perdió su empleo en un hospital porque no quiso quitárselo. El gobierno laico de Francia les prohíbe a los empleados públicos hacer muestra de sus creencias religiosas mientras están laborando.

· OEA: Roberto F. Caldas (Brasil) elegido Presidente de la Corte IDH y Eduardo Ferrer Mac-Gregor (México) elegido Vicepresidente. El pleno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos eligió como su nuevo Presidente al Juez y actual Vicepresidente Roberto F. Caldas de nacionalidad brasileña. En el mismo acto se eligió como Vicepresidente al Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot de nacionalidad mexicana. La elección se llevó a cabo durante el 112 Período de Sesiones de la Corte. El Presidente y Vicepresidente electos iniciarán su mandato el 1 de enero de 2016.

· El Salvador: Desarticulan una red de corrupción judicial. La Fiscalía General de la República aseguró que desarticuló una red de jueces, abogados y un fiscal que manipulaban los fallos judiciales para favorecer a los delincuentes a cambio de dinero. Un informe de la Fiscalía confirmó que tras un operativo con la Policía Nacional Civil a nivel nacional, capturaron a siete personas, mientras que otras cinco huyen de la justicia.

Diciembre

· Colombia: Corte Suprema advierte que no hay condiciones para inicio de oralidad en pleno. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia advirtió graves fallas en los medios y herramientas con los que cuenta el sistema judicial para que entre en vigencia el nuevo Código General del Proceso. La declaración de la Corte se da después de un informe publicado por un diario sobre el atraso en ese proyecto que el presidente Juan Manuel Santos consideró la “verdadera reforma de la justicia”. Este sistema entrará a operar plenamente en el país en los procesos civiles, de familia y agrarios a partir del primero de enero del próximo año, según un acuerdo de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

· España: El Tribunal Constitucional anula la declaración soberanista por unanimidad. El Pleno del Tribunal Constitucional ha anulado por unanimidad la declaración independentista aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado 9 de noviembre. En uno de los fallos más rápidos de su historia, el Constitucional ha dejado sin efecto el texto aprobado por los diputados de Junts pel Sí y la CUP, que iniciaba el camino para romper con España. El Tribunal considera que tanto la resolución independentista como su anexo vulnera cinco preceptos de la Constitución y dos del Estatuto de Cataluña.

· República Dominicana: Jueza involucra en corrupción al presidente de la Suprema Corte. La jueza Awilda Reyes Beltré, acusada de corrupción y suspendida de sus funciones, involucró al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de República Dominicana, Mariano Germán Mejía, en un escándalo por la existencia de una supuesta red corrupta en el Poder Judicial.

· Bolivia: El Tribunal Constitucional sustituye a magistrado por revelar viaje de tribunos. La polémica por el viaje de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) durante un mes a China, desembocó en la destitución del magistrado Oswaldo Valencia de la presidencia de la Comisión de Admisión y de la dirección de la Academia Plurinacional de Estudios Constitucionales, tras la cual, éste denunció represalias por haber revelado la falta de quórum en Sala Plena para dictar fallos y pedir la convocatoria de suplentes.

· Sudáfrica: Un tribunal concede a Pistorius la libertad bajo fianza tras la condena por asesinato. El Tribunal Superior de Pretoria ha concedido la libertad bajo fianza de 10,000 rands al atleta paralímpico Oscar Pistorius tras haber sido condenado por el asesinato de su novia, Reeva Steemkamp. El vicepresidente del tribunal, Aubrey Ledwaba, ha dictaminado que el atleta deberá estar controlado con un dispositivo electrónico. Solo estará autorizado a desplazarse en un radio de 20 kilómetros en torno a la casa de su tío en Waterkloof, en Pretoria, donde ya había estado viviendo bajo supervisión cuando cumplía su condena inicial. Pistorius estará autorizado a salir de la vivienda entre las 7:00 horas y el mediodía y necesitará permiso de las autoridades si quiere salir de la casa fuera de ese horario.

· Alemania: Tribunal Constitucional abrirá proceso de ilegalización de partido neonazi. El Tribunal Constitucional alemán anunció que las vistas del proceso de ilegalización del ultraderechista Partido Nacional Democrático (NPD) iniciarán en marzo de 2016, tras la demanda impuesta por el Bundesrat (Senado). El Constitucional dio un nuevo paso en el proceso al fijar tres sesiones para el 1, 2 y 3 de marzo.

· Rusia: Senado aprueba la supremacía de la ley rusa sobre las cortes internacionales. El Consejo de la Federación de Rusia aprobó una ley que otorga al Tribunal Constitucional el derecho a reconocer imposible el cumplimiento de decisiones de las cortes internacionales si estas violan la supremacía de la constitución rusa. El documento fue elaborado de acuerdo con una decisión del Tribunal Constitucional.

· Estados Unidos: La Suprema Corte rechaza demanda de derechos humanos contra Occidental Petroleum Corp y un contratista de seguridad, acusados de complicidad en un ataque mortal cometido en 1998 por militares en un pueblo del noreste de Colombia. El Alto Tribunal dejó intacto un fallo del 2014 del noveno Tribunal de Circuito de Apelaciones que precisa que las familias de las víctimas no pueden presentar demandas contra Occidental y AirScan Inc., con sede en Florida.

· Argentina: El presidente Mauricio Macri eligió dos candidatos para ocupar las vacantes de la Corte Suprema. Se trata de Carlos Rosatti y Carlos Rozencrantz, dos abogados especialistas en Derecho Constitucional con antecedentes en la política. Serán designados en comisión, sin acuerdo del Senado hasta el próximo año. La designación se efectuó mediante el mecanismo conocido como nombramiento en Comisión, estipulado en el artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional, que permite que el Presidente “puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”. El nombramiento por comisión de ministros de la Corte Suprema no tiene antecedentes directos en la historia desde su creación en 1862.

Alejandro Anaya Huertas. Licenciado en derecho (UNAM); maestro y doctor en administración pública (INAP).

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La más reciente sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que aborda el fenómeno de la desaparición forzada de personas es el caso Rodríguez Vera y otros (desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia[i].

Se trata de una sentencia construida de manera formidable, que constituye un modelo a seguir para aquellas jurisdicciones que se enfrenten al problema de la desaparición forzada, dado que presenta métodos de acercamiento a este fenómeno complejo y toca temas de importancia cuando se analiza el mismo.

Uno de esos temas sobre el cual se pronunció la CoIDH es el relativo al derecho a conocer la verdad de lo sucedido en relación a una desaparición forzada. Es este el punto que abordaré en las líneas siguientes, tratando de relacionarlo al contexto mexicano. Sin embargo, primero mencionaré los hechos del caso en cuestión.

verdadLos días 6 y 7 de noviembre de 1985, en la ciudad de Bogotá, Colombia, el grupo guerrillero M-19 tomó violentamente las instalaciones del Palacio de Justicia, donde tenían su sede la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado colombiano, tomando como rehenes a cientos de personas entre magistrados, magistrados auxiliares, abogados, empleados administrativos y de servicios, así como visitantes de ambas corporaciones judiciales. Ante esta acción armada de la guerrilla, conocida como la “toma del Palacio de Justicia”, la respuesta de la fuerzas de seguridad del Estado es conocida como la “retoma del Palacio de Justicia”. Como consecuencia de estos hechos, resultaron muertas y heridas centenas de personas, mientras que de otras 12 víctimas se desconoce hasta la actualidad su paradero. La Corte Interamericana declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano, entre otras cosas, por la desaparición forzada de 11 personas y la ejecución extrajudicial de una de ellas, y por la falta de diligencia en las investigaciones correspondientes realizadas por las autoridades estatales.

Ahora bien, en el caso concreto, la CoIDH halló que habiendo trascurrido 29 años desde que los hechos ocurrieron, el Estado había fallado en ofrecer una versión oficial de lo que sucedió en la toma y retoma del Palacio de Justicia y en esclarecer lo ocurrido a la mayoría de las víctimas, así como dar con su paradero. Y no sólo ello, sino que tomó en cuenta que hoy en día el Estado aún cuestiona la desaparición forzada de algunas de las víctimas, como lo hizo ante la propia Corte.

No obstante, la CoIDH consideró, en este caso, que el derecho a conocer la verdad de lo sucedido y el destino de las personas desaparecidas «se encuentra subsumido fundamentalmente en el derecho de las víctimas o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que provienen de los artículos 8 y 25 de la Convención [Americana sobre Derechos Humanos (CADH)]».

Es decir, para la Corte, el derecho a la verdad queda incorporado en la obligación a cargo del Estado de investigar y, eventualmente, sancionar las vulneraciones a los derechos de las personas, derivada aquella del derecho de acceso a la justicia. Así, las investigaciones diligentes, serias, completas e imparciales desarrolladas por el Estado son las que permitirían satisfacer la expectativa de las víctimas y sus familiares de saber qué sucedió y quiénes intervinieron en los hechos.

En contraposición a lo anterior, fueron presentados tres votos[ii] que enfatizaron la necesidad de que el tribunal considerara el derecho a la verdad como un derecho autónomo y no como necesariamente «subsumido» en el derecho de acceso a la justicia (arts. 8, 25 y 1.1 de la Convención Americana). Los argumentos son básicamente tres: i) siguiendo el desarrollo jurisprudencial internacional e interamericano sobre el derecho a la verdad, el siguiente paso a dar es reconocerle autónomía; ii) debe considerarse que el derecho a la verdad es en realidad el fundamento de las obligaciones estatales de investigar y sancionar, y no al revés; y, iii) el derecho a la verdad puede afectar otros derechos distintos al de acceso a la justicia, como la propia CoIDH lo ha determinado en otros casos, por ejemplo, en Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguai) vs. Brasil[iii], donde se vio involucrado el derecho a buscar y recibir información (art. 13, CADH).

Sin perjuicio de estar de acuerdo con la opinión de los jueces redactores de los votos, me parece que hay un argumento adicional que apoya la concepción del derecho a conocer la verdad de lo sucedido como autónomo y, por tanto, no subsumido o incorporado «fundamentalmente» en otro derecho. De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, las obligaciones derivadas del derecho de acceso a la justicia abarcan los deberes de investigación, identificación, procesamiento, juzgamiento y, en su caso, sanción de los responsables, todas las cuales son, sin embargo, obligaciones de medio, es decir, cuyo cumplimiento únicamente exige que se tomen todas las medidas deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible hacia la satisfacción del derecho de que se trate –en este caso, de acceder a la justicia-. En contraste, pareciese ser que el derecho a la verdad no puede ser satisfecho sin obtener un resultado: que las víctimas, sus familiares y la sociedad conozcan una versión lo suficientemente sustentada y creíble de lo sucedido.

Una lectura como esta, que sostiene que la satisfacción del derecho a la verdad exije resultados, a diferencia del derecho de acceso a la justicia a través de investigaciones y sanciones, que solamente demanda medios, puede encontrar su origen en el artículo 24.2 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CIPTDF), que reconoce como derechos de las víctimas –relacionados entre sí, pero diferenciados unos de otros- los de conocer la verdad de las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida.

Siguiendo esa línea, debe considerarse, además, que la investigación y sanción son sólo medios para el esclarecimiento de los hechos, pero no son los únicos que permiten la satisfacción del derecho a conocer la verdad: éste puede involucrar otras situaciones, como el acceso a la información oficial con la que cuenten las autoridades investigadoras, o el establecimiento de una comisión de la verdad, u otras medidas de satisfacción, como reconocimientos públicos de responsabilidad general o individual.

Considerar la autonomía del derecho a la verdad respecto del derecho de acceso a la justicia, porque aquel exige resultados y éste se satisface con medios, cobra especial relevancia en contextos complejos de graves y sistemáticas violaciones a derechos humanos, como lo es el mexicano. En nuestro país existe una crisis política y social por la desaparición forzada de 43 estudiantes hace más de tres meses; sin embargo, no se puede olvidar que las cifras oficiales –nada claras-, desde 2006 y hasta octubre de 2014, revelan que entre 12 mil y 23 mil personas permanecen desaparecidas[iv].

El derecho a la verdad, como un derecho autónomo e independiente de las investigaciones y determinaciones oficiales, en un contexto grave como el que México enfrenta, debería permitir desentrañar las estructuras que permitieron estas desapariciones forzadas, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias[v]. Sin subestimar que se trata de un contexto en el cual la impunidad es un patrón crónico y presente, y en el que pareciere que el Estado no tiene voluntad o es incapaz de realizar investigaciones efectivas[vi].

Las víctimas de desaparición forzada y sus familiares tienen derecho a que el Estado mexicano emprenda investigaciones serias y completas para esclarecer lo sucedido y dar con el paradero de la persona o sus restos. Pero ello no niega que, así como ellos, todos tenemos derecho a conocer por qué sucedieron –y siguen sucediendo- tantas desapariciones, quiénes las ejecutaron, quiénes las ordenaron y para qué. Hablamos aquí ya no de números o estadísticas, hablamos de personas y de familias que todos los días viven una dolorosa ausencia.

Gerardo Mata Quintero. Estudiante de la maestría en derechos humanos por la facultad de jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila.

___________________

[i] Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014; serie C no. 287.

[ii] Votos concurrentes de los jueces Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Eduardo Vio Grossi y Manuel Ventura Robles.

[iii] Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010; serie C no. 219, §201.

[iv] Véase el mensaje a medios de la Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR de 21 de agosto de 2014. También las cifras actualizadas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aquí. No se puede dejar de mencionar que las cifras han sido cuestionadas por diversas organizaciones y organismos nacionales e internacionales.

[v] Estos son los objetivos que la CoIDH le atribuye a la obligación de investigación en contextos complejos, pero no al derecho a la verdad.

[vi] Así opinó el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias derivado de su visita a México en 2011; véase su Informe de Misión a México de 20 de diciembre de 2011 (A/HCR/19/58/Add.2), §76.

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La motivación de escribir esta entrada surge de la lectura del interesante artículo recientemente publicado por Francisca Pou, “Justicia constitucional y protección de los derechos en América Latina: el debate sobre la regionalización del activismo” (pp. 231 ss.), en el que aboga por un activismo dialógico contextualizado tratándose de derechos sociales y, particularmente por una activismo vertical en México.

Empezamos por señalar nuestra coincidencia con algunos de los puntos de ese trabajo, y sobre todo con su preocupación por la protección de los derechos sociales en México, dadas las circunstancias precarias en que se vive: desigualdad, pobreza, institucionalidad débil, estatalización discontinua, etc. Asimismo, compartimos la necesidad de regionalizar el nuevo activismo, cosa que describe perfectamente la autora. Sin embargo, diferimos con su propuesta de un diálogo vertical para el país, pues creemos que el diálogo horizontal no le otorga una centralidad “excesiva” a los poderes legislativo y ejecutivo, por lo que el juez no debe rehuir a hacerlos parte de la deliberación[1].

Antes de señalar las razones de nuestro desacuerdo, consideramos que su iniciativa de empezar a debatir el litigio estructural como mecanismo de reforma social, así como la forma en que éste puede o debe llevarse a cabo, es la antesala correcta para los retos que el amparo colectivo generará -una vez que se expida la ley reglamentaria del juicio de amparo- a los tribunales federales. De igual forma, nos parece adecuado utilizar la teoría del diálogo constitucional para explicar y justificar una de las formas posibles en que el juez puede actuar frente a dichos retos. Más aún, consideramos que la práctica constitucional de Argentina, Colombia y Sudáfrica es una buena base de la cual podemos partir. Finalmente, como se argumentó en otro lugar[2], creemos que la teoría del diálogo es un buen ideal regulativo de la función de nuestros jueces constitucionales.

Muy brevemente, podemos decir que desde nuestra perspectiva la metáfora del diálogo se corresponde con un juez que es parte de una práctica racional y comunicativa en la que escucha y a la vez responde (Fiss, 1979), basada en la cooperación, intercambio y, principalmente, moderación mutua de los participantes de la deliberación (Mathen, 2007). Es decir, no es que el tribunal pelee con sus “junior partners” –el Congreso, el ejecutivo, la ciudadanía- sobre el sentido constitucional (Schor, 2010) sino de un intercambio de razones en pie de igualdad en el que ninguno de los interlocutores tiene la única palabra. De hecho la deliberación se justifica en tanto y en cuanto todos los actores pueden participar en pie de igualdad, y dar pie a la modificación de las opiniones que se tenían en un principio.

Este esquema, en nuestra opinión, requiere de un juez que no determina una conducta concreta para subsanar las vulneraciones a los derechos sociales, sino que deja a la discreción de los poderes políticos la adopción de las medidas pertinentes para subsanar el estado de cosas inconstitucional[3]. Así, consciente de sus propias limitaciones y de las dificultades democráticas que plantea la asignación de recursos y el diseño de políticas públicas, defiere su diseño e implementación a los otros poderes del Estado. Lo anterior no significa que el juez deje de llamar la atención o no constate el incumplimiento de las obligaciones constitucionales derivadas de los derechos sociales, sino que abre la deliberación para la concreción de su contenido.

Esa es la manera en que el poder judicial influye (a veces de un modo determinante) en la agenda política, obligando a las autoridades representativas a que aborden y den solución a ciertos problemas. Este “poder de agenda” comprende: a) el definir una situación problemática y merecedora de atención; b) la facultad de obligar a las autoridades a tratar esas situaciones, a deliberar sobre las distintas alternativas de decisión y a tomar decisiones, y c) el controlar la ejecución de las decisiones que se tomen. En estos supuestos, la Corte asume un papel de catalizador de cambio social (Linares, 2008).

En este sentido, el diálogo no puede ser un pretexto para postergar indefinidamente la realización de los derechos sociales. De hecho, el juez tiene al alcance de su mano infinidad de herramientas para evitarlo, cuya aplicación dependerá del caso en concreto, así puede: a) exigir que determinados temas sean deliberados, b) impedir que el gobierno postergue fraudulentamente el debate, c) nombrar un mediador u ordenar la inclusión o remoción de determinados grupos de la mesa de negociación, d) solicitar al gobierno que realice y mantenga una constancia sobre el proceso de negociación y sus avances, e) prever sanciones por incumplir con el proceso de negociación, etc. (Ray, 2009). Así, estas medidas sirven para hacer del juez un mediador entre ciudadanos, por un lado, y el legislador, el Ejecutivo o las agencias por otro, sin que ello haga necesario quitarles voz a estos últimos.

Es así que la idea de un diálogo vertical sugerida por Pou no nos parece convincente. En primer lugar, por una cuestión de legitimidad democrática, pues “aún cuando es en los poderes legislativo y ejecutivo donde se originan los problemas que denuncia el litigio basado en los derechos” (Pou, 2012: 238), no se puede olvidar que el contenido de esos derechos no está predeterminado antes del litigio y que pueden ser objeto de diversas interpretaciones igualmente razonables. Es que mientras no se demuestre que los jueces ostentan el monopolio de la racionalidad, la participación del poder ejecutivo, pero sobre todo del legislativo, resulta indispensable. De lo contrario, hacemos del diálogo un monólogo en que los jueces son los que hablan y los demás actores son los que escuchan, sin pasar de la supremacía judicial. En segundo lugar, por una razón epistémica, pues una participación amplia en la deliberación aumenta las posibilidades de una mejor solución, que tenga una visión más de conjunto de la situación y no únicamente circunscrita al litigio concreto. Finalmente, por una razón pragmática, pues las resoluciones de los jueces requieren de la acción política, ya que por sí solos no pueden extinguir la injusticia estructural (Christiansen, 2008).

Por otro lado, no coincidimos con la idea de un activismo dialógico vertical porque, a reserva de ver cómo se diseñe el nuevo amparo colectivo -el desbloqueo del que habla Pou y el cual es fundamental-, ha sido precisamente el enfoque verticalista sobre la justicia constitucional el que ha dejado de lado la importancia de la participación popular en los debates constitucionales, atribuyéndole un papel hercúleo a los jueces constitucionales.

Es verdad que Pou se refiere a un activismo dialógico vertical que favorezca la participación de grupos o individuos inicialmente excluidos del diálogo político. Sin embargo, no deja de ser una visión muy corte-centrista, basada sobre todo en lo que los jueces pueden hacer, y no en lo que el pueblo puede hacer. Esta es, creemos, una de las tareas pendientes que tenemos los constitucionalistas mexicanos: incentivar la participación de los movimientos sociales en la deliberación constitucional, ya sea dentro o fuera de los tribunales, para lo cual es necesario cambiar nuestro punto de mira. En nuestra opinión, en México esa reivindicación popular es muy exigua, incluso dentro de los sectores más progresistas.

Es entonces en el diferente enfoque en el que quizá diferimos con Pou. En nuestra opinión, el activismo dialógico requiere de una academia que le dé más importancia a la sociedad civil como generadora de sentido constitucional, y no que incentive exclusivamente un mayor activismo de los jueces, aun cuando sea para favorecer la participación popular. En este mismo espacio, nos hemos manifestado en varias ocasiones a favor de darle un papel más preponderante a la ciudadanía como intérprete constitucional, precisamente porque creemos que en México hemos recibido acríticamente el constitucionalismo de la posguerra europea, en el que la democracia está deviniendo cada vez más en un mecanismo de selección de élites y la participación popular se ha dejado en un segundo plano (Pisarello, 2011).

Por estas razones es que, consideramos más adecuado un diálogo horizontal que, por un lado, no invade las competencias de los otros poderes, ni pone en peligro las bases financieras del Estado (Landau, 2012) y por el otro, recuerda a los políticos el compromiso constitucional con la transformación social en beneficio de los que se encuentran en situación más vulnerable, obligándolos a deliberar sobre el tema y tomar medidas; empoderando así los procesos populares fuera de las Cortes, los movimientos sociales, ONG´s y activistas en derechos humanos.

Micaela Alterio. Doctoranda en derechos humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Becaria MAEC-AECI.

Roberto Niembro. Investigador honorario de la Escuela Libre de Derecho.


[1] Por razones de espacio, nos es imposible detenernos sobre el diálogo horizontal tratándose de derechos sociales, por lo que permítasenos remitir a nuestro trabajo sobre “La exigibilidad de los derechos sociales desde un modelo deliberativo de justicia constitucional: El caso vacantes”, por publicarse en la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional.

[2] Roberto Niembro, “Una aproximación a la justicia constitucional deliberativa” de próxima publicación en el Homenaje a la ELD por su primer centenario)

[3] Esta categoría fue creada por la Corte Constitucional Colombiana para referirse a estados de cosas que resultan inconstitucionales. Véanse las sentencias SU-559 de 1997, T-068 de 1998, T-153 de 1998, entre otras.

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  • Primera dama de Guatemala se divorcia de Alvaro Colom para ser candidata. La Constitución de este país prohíbe, que familiares del Presidente aspiren al cargo. El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, y su esposa, Sandra Torres de Colom, ponen fin a su matrimonio de once años y se divorcian de “mutuo acuerdo” para que la primera dama pueda ser candidata a la presidencia del país en las elecciones del próximo septiembre. La decisión, nunca antes vista en la historia política de América Latina, fue confirmada por Edwin Escobar, portavoz de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, quien precisó a los periodistas que la demanda de “divorcio de mutuo acuerdo” es conocida por un Juzgado de Familia de la capital guatemalteca desde el pasado 11 de marzo.

  • Un soldado estadounidense es condenado a 24 años de cárcel por matar a afganos por diversión. El soldado estadounidense Jeremy Morlock, acusado de matar a afganos simplemente por diversión, fue condenado a 24 años de cárcel por un tribunal militar de Washington después de declararse culpable y acceder a testificar contra otras personas acusadas en ese mismo caso. Morlock es uno de los cinco soldados de una misma brigada acusados de fingir situaciones de combate para matar a tres civiles en Afganistán el año pasado.

  • Primera condena a Uruguay en la Corte IDH por crímenes de la dictadura. Uruguay fue condenada por primera vez por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que la responsabilizó de la desaparición de María Claudia García y la supresión de identidad de su hija Macarena Gelman, nuera y nieta respectivamente del poeta argentino Juan Gelman.

  • Garzón demanda al Tribunal Supremo de España ante Tribunal de Derechos Humanos por el caso de la Memoria Histórica. El ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por entender que sus derechos fundamentales se han visto vulnerados durante el proceso que se tramita contra él en el Tribunal Supremo (TS) por haber investigado la Memoria Histórica. Fuentes de la defensa de Garzón han explicado que la demanda no se refiere a ningún magistrado en particular y que en ella el juez suspendido denuncia que en la tramitación de la causa en el Supremo, en la que está imputado por prevaricación, se han vulnerado determinados preceptos de la Convención Europea de Derechos Humanos.

  • Berlusconi comparece por primera vez en ocho años ante un tribunal. El primer ministro, Silvio Berlusconi, se presentó ante el Tribunal de Milán como imputado en el proceso ‘Mediatrade’, su primera comparecencia ante un tribunal en casi ocho años, ya que la última vez que se presentó fue en el año 2003. El mandatario está acusado en este proceso por fraude fiscal en la compra de los derechos televisivos de varias películas norteamericanas que se retransmitieron a través de los canales que forman su empresa televisiva “Mediatrade”.

  • La Suprema Corte de Estados Unidos examina colosal demanda colectiva contra Wal-Mart. La Suprema Corte de Estados Unidos examinó en la sesión de argumentos orales la validez de la mayor demanda colectiva de la historia, en la que 1,5 millones de empleadas y ex empleadas acusan al distribuidor estadounidense Wal-Mart de discriminación ante sus colegas hombres. Si la mayor instancia judicial estadounidense da el visto bueno a esta colosal demanda, establecerá un precedente inédito en la lucha contra la discriminación sexual laboral. Si, al contrario, falla a favor del principal empleador privado del país, podría estar condenando cualquier otro intento de demanda colectiva por discriminación.

  • Cárcel a ex juez colombiano que pidió favores sexuales. Un ex juez del municipio del Espinal (Tolima) que le exigió tener relaciones sexuales a una mujer a cambio de ayudarla con un proceso que manejaba en su despacho, perdió su cargo y ahora deberá pagar una condena de 90 meses de prisión. La providencia de la sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, con ponencia de la magistrada María Mercedes Mejía Botero, dictó la condena contra el ex Juez Segundo Promiscuo de Familia, Luis Alberto Villamarín Acevedo, como autor del delito de concusión.

  • Senado dominicano aprueba Tribunal Constitucional sin límite de edad. El Senado acogió a unanimidad las observaciones que hizo el Poder ejecutivo, a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (TC) y de los Procedimientos Constitucionales que rechaza el establecimiento de 75 años como la edad para el retiro de los magistrados del nuevo organismo. Las observaciones fueron aprobadas en única lectura por los 22 senadores presentes en el hemiciclo. También la Cámara Alta eliminó el párrafo del artículo 13 que establece en 75 años la edad de retiro para los jueces, con el argumento de que la Constitución no establece una edad de retiro para los magistrados del TC.

  • La justicia internacional no juzgará el caso de limpieza étnica en Georgia. La Corte Internacional de Justicia no tiene jurisdicción para tramitar la demanda que Georgia presentó contra Rusia, en agosto del 2008, acusándola de haber llevado a cabo una limpieza étnica en los territorios separatistas georgianos de Osetia del Sur y Abjasia desde los años 90. La CIJ tomó esta decisión por 10 votos a favor y seis en contra. El motivo fue que las partes no mantuvieron las negociaciones oportunas que establece el artículo 22 de la Convención contra Discriminación Racial, de 1965, en la que Georgia basa su demanda. Sin embargo, los jueces reconocen que existe una disputa entre ambos países que, efectivamente, se trata de una discriminación racial.

Alejandro Anaya Huertas. Licenciado en Derecho (UNAM); maestro y candidato a doctor en Administración Pública (INAP).

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