La comparecencia de la sexta terna se llevó a cabo el día de hoy por la tarde. La terna se encuentra integrada por Indalfer Infante González, Eugenio Reyes Contreras y Angel Zarazua Martínez, todos con experiencia como juzgadores.

El primero en comparecer fue Indalfer Infante, quien tiene una larga carrera judicial, ha sido juez de distrito, magistrado de circuito y consejero de la judicatura. Expuso sobre los criterios de la SCJN y de la Sala Superior respecto paridad de género horizontal y vertical. Al exponer su candidatura a la Sala Superior ofreció ser un juez electoral de tiempo completo, juzgar a partir del caso concreto y no a partir de sus ideas o criterio.

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Al responder las preguntas formuladas por los senadores expuso con bastante claridad y seguridad la diferencia entre los criterios emitidos por la SCJN y la Sala Superior sobre temas de género; sin comprometer su criterio, señaló que quienes integren próximamente la Sala Superior deben confirmar los criterios que amplían derechos de la ciudadanía, aunque estimó que el debate sobre el alcance del principio de paridad de género le corresponde al constituyente y no a los jueces. También explicó el criterio sostenido por la SCJN respecto del caso Radilla Pacheco y el impacto que tuvo en el control de constitucionalidad que ejercen los jueces. Sobre el recurso de reconsideración señaló la necesidad de revisar los criterios de procedencia emitidos hasta ahora por la Sala Superior y acotarlos. Sostuvo que en su concepto las Salas Regionales son independientes de la Superior y ésta no es su superior jerárquico.

Indalfer Infante justificó su idoneidad para ocupar el cargo en su experiencia como juzgador en diferentes materias, señalando que independiente de la materia que se trate lo relevante es el estudio que cada quien realiza de los casos y la interpretación que le da a la ley, lo cual ha realizado en los últimos 20 años.

Angel Zarazua Martinez fue el segundo en comparecer, él fue magistrado de la Sala Regional Ciudad de México, expuso de manera descriptiva sobre temas relacionados con el modelo de comunicación política, concretamente sobre la prohibición de difundir propaganda denigratoria y propaganda personalizada de servidores públicos. En ningún momento manifestó su criterio sobre los casos resueltos respecto de dichos temas y tampoco expresó la idoneidad de su candidatura o alguna propuesta en caso de asumir como magistrado electoral.

Fue cuestionado sobre las sanciones en materia de fiscalización, uno de los temas favoritos del día, también sobre libertad de expresión y nulidades de elecciones en caso de rebase de topes de gastos de campaña. Sus respuestas fueron descriptivas de la ley y del contenido de las sentencias, mostrando que conoce los criterios emitidos por la Sala Superior y la ley electoral. Sin embargo, no emitió algún criterio propio sobre los temas, ello aduciendo que no conocía los expedientes y que como juzgador debe ceñirse al expediente. Señaló que falta precisión en el sistema normativo electoral. También expresó la necesidad de hacer un uso eficiente de los recursos del TEPJF, así como la importancia de las tareas administrativas que tendrán quienes lleguen a la Sala Superior.

Finalmente llegó el turno de Eugenio Reyes Contreras, quien cuenta con 19 años como juzgador de distrito y magistrado de circuito. Es uno de los tres aspirantes que no ha presentado su declaración de conflicto de interés, respecto de lo cual no fue cuestionado. Justificó su idoneidad para ocupar el cargo en su experiencia y desempeño como juzgador en el Poder Judicial de la Federación.

Al responder las preguntas de los senadores, Eugenio Reyes señaló que un juez garantista debe atender a lo dispuesto en la Constitución, se manifestó a favor de que los juzgadores reciban pensión al culminar su cargo, aclarando que ello no implica recibir un haber de retiro. Poco abundó sobre temas propios de la materia, la mayoría de los temas sobre los que fue cuestionado los encaminó a cuestiones relativas al ejercicio de sus funciones como juzgador. Concluyó señalando que ha participado dos veces para ser magistrado de Sala Regional ya que busca poder servir al país, consideró que puede aportar conocimientos jurisdiccionales y experiencia a la justicia electoral.

En el balance: vimos tres comparecencias completamente distintas. La primera con un aspirante muy seguro, con criterios y convicciones definidas, si bien no tiene experiencia en la materia electoral, sí tiene nociones claras sobre temas electorales. El segundo compareciente tiene experiencia en la materia electoral y un conocimiento puntual de la misma, aunque su visión de la justicia electoral es formalista ya que sus posiciones siempre fueron apegada al texto legal, desafortunadamente optó por no comprometer sus criterios sobre temas específicos. El último compareciente centró su exposición en la experiencia que tiene como juzgador, en todo momento evito abordar los temas electorales, por lo que mostró nulo conocimiento en la materia, en las pocas preguntas que le hicieron sobre temas electorales ni siquiera demostró estar familiarizado con ellos.

Así termina el cuarto día de comparecencias, hasta ahora ha sido claro quienes tienen conocimientos en la materia y quienes apuestan por su experiencia en el terreno jurisdiccional, también quienes cuentan con talante para ser juzgadores de la máxima instancia jurisdiccional. Sólo falta la séptima terna, quien comparecerá el día de mañana y, de esta manera, podremos hacer un balance final.

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La Comisión de Justicia desahogó en la mañana del día de hoy la comparecencia de la segunda terna integrada exclusivamente por mujeres —la quinta de la siete de este proceso renovación de magistrados electorales. Dos de ellas provienen del TEPJF, Berenice García Huante quien ha sido funcionara de carrera de la Sala Superior en los últimos 14 años y Janine Madeline Otálora Parra, ex magistrada de la Sala Regional Ciudad de México, ex secretaria instructora de la ponencia del Magistrado Manuel González Oropeza y, actualmente, titular de la recién creada Defensoría de los Pueblos Indígenas. La otra compareciente, María del Pilar Parra Parra cuenta con una amplia carrera en el Poder Judicial, es Magistrada de Tribunal de Circuito.

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En una exposición clara y concreta, poco común en este proceso, Berenice García propuso impulsar la paridad de género desde adentro del TEPJF, promoviendo mujeres para que ocupen altos cargos en la estructura institucional, señaló la necesidad de hacer una revisión al Protocolo de Género elaborado recientemente y de crear una agenda para atender a grupos vulnerables, entre ellos a personas con discapacidad. Dijo que es partidaria de impulsar un tribunal abierto a través de sentencias claras y lenguaje ciudadano, así como para garantizar el acceso a la justicia y la transparencia en el manejo de los recursos públicos. También propuso la creación de un Colegio de Secretarios de Estudio y Cuenta del TEPJF y resaltó los retos que enfrentará la próxima integración de la Sala Superior ante los 30 procesos electorales que se llevarán a cabo en 2018, por ello sostuvo que los próximos magistrados electorales requieren tener experiencia y conocimientos en la materia.

Al responder las preguntas, muchas de ellas un tanto confusas, mostró tener conocimiento en la materia electoral. En cuanto a la imparcialidad en las resoluciones señaló que la mejor garantía para ser un buen juzgador son los conocimientos y el estudio de los asuntos. Sobre el tema de género consideró que más que buscar integrar los órganos a partir de cuotas, se deben integrar en virtud de las capacidades de las mujeres. Fue critica respecto de la Sala Superior, especialmente en cuanto a los criterios que amplían la procedencia del recurso de reconsideración. También expuso que la justicia electoral requiere generar vínculos con la ciudadanía y, por ello, es necesario socializar las sentencias de manera clara. Resaltó que en asuntos sobre sistemas normativos internos de las comunidades indígenas se deben desahogar pruebas periciales antropológicas. Expresó la importancia de tener claridad en los conceptos sobre violencia política y violencia de género para no confundir los temas al momento de resolver asuntos que involucren dichos conceptos. Finalmente, consideró que el control de constitucionalidad abstracto en materia electoral debe seguir haciéndolo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que México no sea parte deben considerarse como una referencia para los órganos que imparten justicia.

La segunda en comparecer fue María del Pilar Parra Parra; con un lenguaje rebuscado expuso sobre la importancia de lograr una paridad de género a partir de las cuotas de género, hizo una amplia narrativa sobre los criterios que hasta ahora ha emitido la Sala Superior y la SCJN sobre el tema. También habló sobre la importancia de la labor del juzgador, la cual en su concepto consiste en desentrañar el punto central de la controversia y valorar el contexto, fijando criterios jurídicos claros y consistentes.

Al responder las preguntas de los senadores mostró escaso conocimiento sobre temas electorales, aunque un dominio de las cuestiones de la judicatura. Centro su idoneidad en la experiencia que tiene como juzgadora. Habló sobre el uso de lenguaje de género, el cual no lo considera prioritario, también expuso sobre el proceso de nombramiento de juzgadores de distrito y las magistraturas de circuito, así como la transparencia y rectitud que deben observar los juzgadores en el ejercicio de sus funciones. Las preguntas que le hicieron sobre particularidades de la materia electoral las respondió de manera genérica e imprecisa.

La tercera compareciente, Janine Madeline Otálora Parra, expuso sobre criterios de fiscalización, específicamente la proporcionalidad de la sanción en el caso de presentación extemporánea de los informes de gastos y habló sobre las cualidades que deben tener los juzgadores electorales, entre ellos capacidad de diálogo, adaptabilidad y creatividad. Consideró que la justicia electoral es un espacio de construcción y consolidación de quienes intervienen en la arena jurídica electoral y que debe privilegiarse el trabajo colectivo y coordinado. Propuso la creación del mediador electoral al interior de los partidos políticos para evitar la judicialización de los asuntos partidistas y también la implementación de un juicio en línea. Señaló la necesidad de reflexionar sobre la definitividad de las sentencias de las Salas Regionales y los supuestos de procedencia del recurso de reconsideración. Concluyó proponiendo la implementación de un vocero del TEPJF para explicar los alcances de las sentencias.

Fue cuestionada sobre temas de género y candidaturas independientes, así como de comunidades indígenas, causas de nulidad de la elección y las sanciones en materia de fiscalización, entre otros múltiples temas. Sus respuestas fueron claras y detalladas, dejando ver en muchas de ellas su criterio jurídico y su posición frente a los precedentes de la Sala Superior, así como su amplio conocimiento en la materia electoral. Destacó que es partidaria de resolver las impugnaciones a través del consenso. Explicó a detalle el caso de la presidenta municipal de Chenalhó, el cual fue planteado por la Defensoría a su cargo, para lo cual señaló que centró su planteamiento en la violencia política de género.

En el balance: insistimos nuevamente en la calidad de las preguntas, pues muchas veces es difícil entender lo que pretenden los senadores con sus cuestionamientos, además, la mayoría versan sobre los mismos temas: equidad de género y candidaturas independientes. En cuanto a las comparecientes, probablemente hoy escuchamos a las dos aspirantes que han demostrado tener mayor dominio y conocimiento de la materia electoral, al menos en las comparecencias. Berenice García y Janine Otálora hicieron propuestas concretas para mejorar la justicia electoral y hacerla más accesible, fueron criticas respecto de los criterios de la Sala Superior y mostraron tener conocimiento y experiencia suficiente en temas electorales. María del Pilar Parra hizo énfasis en su amplia experiencia en distintos cargos en el Poder Judicial, pero mostró poco dominio sobre la materia electoral.

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En esta sesión de comparecencias tuvimos la oportunidad —válgase el eufemismo— de presenciar las exposiciones de la terna integrada por Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Jorge Meza Pérez y Ricardo Ojeda Bohorquez, todos magistrados de circuito del Poder Judicial de la Federación.

Las comparecencias fueron breves y peor aún: carentes de sustancia. En conjunto, los magistrados comparecientes —todos con sendas carreras dentro de la judicatura en México— fueron poco elocuentes, elementales respecto de los criterios, análisis jurídicos y capacidad expositiva de la que echaron mano en esta sesión.

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El primer turno tocó a Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Su exposición fue atinada, tocó temas torales sobre el funcionamiento y la orientación que deberá tener el Tribunal Electoral, guiado bajo los criterios de “una justicia incluyente, equitativa, sensible y eficiente” que debería contribuir a “la democracia, la estabilidad social, la gobernanza y los derechos humanos”. Al respecto, señaló —a modo de crítica velada, podemos asumir— la falta de uniformidad de criterios jurídicos y certeza, al respecto, sostuvo que el juzgador “sólo debe apartarse del precedente por razones suficientes”. Asimismo, expuso que, de ser electo como magistrado, empujaría un análisis comprehensivo de precedentes, especialmente aquellos producto de recursos de consideración. También expuso que fomentaría la colaboración con otras instituciones electorales como el INE y los OPLES.

Sin embargo, al llegar al momento de las preguntas y respuestas, el magistrado se hizo agua. Ante preguntas sobre violencia de género, el procedimiento de designaciones, algunos criterios de fiscalización, representación proporcional y el papel que debe tener la consulta realizada por la SCJN al TEPJF cuando se trata de acciones de inconstitucionalidad en materia electoral —otras preguntas, fueron confusas e intelegibles, lo que también pone en evidencia el pobrísimo conocimiento que tienen los propios Senadores para realizar la comparecencia. En todos los casos, el Magistrado contestó con variaciones de una misma línea argumentativa: el poder y la importancia del derecho constitucional, la interpretación constitucional y los criterios de derechos humanos para resolver conflictos en materia electoral. En sus respuestas no se evidenció ningún conocimiento a profundidad del derecho electoral o de las funciones específicas que realiza el TEPJF para cada uno de los temas.

En segundo lugar, compareció el magistrado Jorge Meza Pérez. En su ponencia se refirió a cómo debe conducirse un magistrado “con independencia, objetividad, imparcialidad” y señaló tener la fortaleza emocional e intelectual para desempeñarse como magistrado electoral. Dentro de sus propuestas, destaca la formación de una “defensoría electoral pública” —que valdría preguntarse a quién atendería si, en su mayoría, los casos que llegan ante el Tribunal Electoral tienen como actores a los partidos políticos, entidades que reciben una cantidad sustantiva de dinero público para su funcionamiento— de generar sinergias positivas entre los miembros del colegiado, así como hacer una revisión de los criterios de selectividad con los que actúa el Tribunal. De nuevo, la necesidad de certeza jurídica en la materia se puso sobre la mesa. Aunque sin ahondar a profundidad en ningún tema específicamente electoral, su ponencia resultó inteligente y propositiva.

Pero, de nueva cuenta, en la ronda de preguntas, Meza se evidenció por su incapacidad —o falta de voluntad— para generar, al vuelo, argumentos jurídicos con solidez técnica y teórica. Por ejemplo, al ser interrogado sobre el voto de los mexicanos en el extranjero y los retos que conllevaba la operación del mismo, el magistrado se limitó a reiterar que se trataba de un reto mayúsculo, que había que tener cuidado con su implementación y a hacer referencia a datos generales respecto del tema. Lo mismo sucedió cuando se le preguntó respecto del modelo de comunicación política, de la revisión del criterio de conservación de actos válidamente celebrados en materia de nulidades de elección, elementos para redistritación o perspectiva de género, en todos los casos las respuestas del magistrado fueron titubeantes, poco claras y, lo más importante, con poca técnica jurisdiccional y un pobre conocimiento de la materia electoral. Por último, resulta relevante mencionar que al ser interrogado expresamente sobre su declaración 3 de 3, Meza respondó que “estaría dispuesto a hacerla”; sin embargo, no estableció ningún compromiso para hacerlo de forma inmediata, como la sociedad ha solicita.

Por último, tocó el turno a Ricardo Ojeda Bohórquez quien centró su ponencia en hacer una extensa lectura de su currículum y basó su idoneidad para ocupar el cargo de magistrado electoral en su experiencia jurisdiccional y su desempeño como juez con una “conducta imparcial, honesta y profesional”. Su exposición, más retórica que sustantiva, versó —como otras comparecientes— en los criterios de paridad establecidos por el Tribunal Electoral. Por tercera vez en la tarde, las preguntas y respuestas evidenciaron que el magistrado Bohórquez conoce muy poco de derecho electoral, al dar respuesta a cuestionamientos sobre los criterios de paridad, nulidad de una elección o retos futuros del TEPJF, se limitó a contestar que “los criterios eran atinados”, “se requieren análisis profundos sobre el tema” o “que era necesario atender a lo establecido en la Constitución”. Incluso, en dos de las preguntas, prefirió desviarse hacia la anécdota de sus propias resoluciones —no a la construcción jurisdiccional o al análisis jurídico, cosa que hubiera sido deseable— y a un recuento histórico del caudillismo mexicano. Como parte de sus respuestas desestimó la labor jurisdiccional electoral al considerar que no era un verdadero ejercicio de juzgador —lo que nos hace preguntarnos, por qué entonces busca ser integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral.

En síntesis, los comparecientes cuentan con una muy amplia experiencia como juzgadores, por lo que no se puede dudar de su capacidad argumentantiva o para elaborar una sentencia, pero lamentablemente no cuentan, ni tampoco demostraron, conocimientos o experiencia en la materia electoral. El nivel de desempeño de esta cuarta terna sólo nos sirve para recordarles a los Senadores que tienen la valiosa posibilidad de rechazar, por falta de idoneidad, ternas completas. Y, sin duda, en este caso, valdría la pena ponerlo a consideración, pues como se ha señalado 2018 y los 30 procesos electorales de ese año están a la vuelta de la esquina, por lo que la Sala Superior no se puede darse el lujo de contar con integrantes sin ningún conocimiento solido en derecho electoral.

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Una frase conocida entre quienes estudiamos el comportamiento de los jueces, comúnmente atribuida a Jerome Frank, dice que para explicar la resolución tomada por un juez en un caso, es determinante conocer “lo que desayunó esa mañana”. Esta exagerada frase, cercana al absurdo, en general nos sirve para concentrar en unas cuantas palabras el genio de los realistas, al quitar la máscara de un apego exclusivo al derecho en la labor judicial y mostrar que en su criterio influyen una cantidad de aspectos más allá de sus conocimientos jurídicos.

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Lo anterior viene al caso porque en las comparecencias de la primera semana de los candidatos a magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el énfasis ha sido puesto en las capacidades “técnico-electorales” de los comparecientes. Los senadores los han abordado con una batería de preguntas técnicas sobre casos y supuestos que nos permiten conocer sus capacidades técnicas en la materia electoral. En general, la mayoría de los candidatos ha salido bien librados de este ejercicio debido a su sólida trayectoria, pero también porque en general la discusión es desbalanceada. Es decir, el entrevistado tiene mayores conocimientos técnicos que el entrevistador y eso provoca que la discusión no pueda seguir cauces de mayor profundidad en donde se perciban las deficiencias que podrían tener algunas de las respuestas.

En mayor medida los conocimientos y capacidades técnicas de los candidatos ya fueron analizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al reducir la lista en un inicio de poco más de 120 aspirantes a 21 candidatos. Lo que queremos ver, entonces, en el Senado no son ejercicios de erudición respecto de la materia electoral, sino una verdadera auscultación de la idoneidad de los candidatos. Parece ser que los senadores son tímidos y no se atreven a profundizar en analizar los perfiles dando muchas cosas por sentado, cuando es la única posibilidad de revisar con lupa a los candidatos, sin olvidar que es su obligación constitucional realizarlo.

En días pasados, un grupo de académicos comprometidos con la tarea de observar el proceso de designación desde nuestra posición de ciudadanos hicimos un llamado mediante una carta dirigida a la Comisión de Justicia del Senado de la República para lograr una integración del TEPJF con diversidad de perfiles y cuidar que no existan conflicto de intereses de los candidatos en cuatro temas principales: cercanía con los partidos políticos, con los medios de comunicación, con asociaciones religiosas y con poderes económicos. El Senado dio un buen paso, en este sentido, al solicitar una declaración voluntaria de posible conflicto de intereses, la cual aún no han presentado cinco de los candidatos. Pero el ejercicio debe ir más allá.  Los senadores realizarán un mal ejercicio de escrutinio si continúan poniendo todo el énfasis en las capacidades “técnico-electorales” y, sobre todo, estarán desperdiciando la única oportunidad que tienen (tenemos) de conocer las filias y fobias de los candidatos, sus pertenencias, preferencias políticas, religiosas, etc. En breve, hace falta preguntarle a los candidatos: ¿Qué desayunaron hoy?

Alberto Abad Suárez Ávila. Investigador del IIJ-UNAM. Twitter @abadsuarez

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Dentro de la maratónica sesión de comparecencias del jueves pasado, en la tarde fue el turno de los aspirantes de la tercera terna, integrada por Marco Antonio Zavala Arredondo, Rodolfo Terrazas Salgado y Felipe de la Mata Pizaña, todos ellos con un perfil de amplia experiencia como juzgadores en materia electoral.

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Los tres aspirantes de esta terna han sido magistrados electorales. Marco Zavala fungió como magistrado regional en Monterrey de 2013 a 2016, Rodolfo Terrazas fue magistrado en el Tribunal Electoral del Distrito Federal de 1999 a 2007 y Felipe de la Mata actualmente es magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) –su cargo concluye en 2020. Los tres aspirantes han sido Secretarios de Estudio y Cuenta en la Sala Superior; Felipe de la Mata y Marco Zavala también fueron Secretarios Generales de Acuerdos, entre otros cargos ocupados en el TEPJF. Rodolfo Terrazas fue Director del Centro de Capacitación Judicial Electoral, actualmente es visitador del TEPJF.

Felipe de la Mata cuenta con dos doctorados en Derecho, uno por la Universidad Panamericana y otro por la Universidad de Castilla la Mancha; Marco Zavala y Rodolfo Terrazas son licenciados en Derecho por la UNAM. Los tres aspirantes cuentan con múltiples publicaciones sobre temas electorales.

Los tres aspirantes presentaron su declaración de conflicto de interés, Rodolfo Terrazas es el único de los aspirantes que además presentó de manera completa su 3de3 y solicitó se hiciera pública.

Por el gran bagaje electoral que tienen los aspirantes de esta terna, la misma generaba muchas expectativas, pues como lo demuestran sus trayectorias los tres cuentan con una extensa experiencia en la justicia electoral, conocen a fondo al TEPJF; en particular, a su Sala Superior. De ahí que esperábamos escuchar posturas claras y definidas sobre el papel de la justicia electoral en los últimos años y los retos que enfrentará a futuro.

En el desarrollo de la comparecencia, Marco Zavala habló sobre la necesidad de contar con un TEPJF que genere certeza, señaló como uno de los retos de la justicia electoral el mejorar las sentencias para que sean estas las protagonistas y no los jueces. Habló sobre la transparencia que debe haber en las audiencias de alegatos y el proceso para emitir una sentencia. Se comprometió a concluir su cargo como magistrado de Sala Superior sin aspirar antes de que termine éste.

Zavala fue cuestionado al menos en tres ocasiones sobre temas de género, respecto de los cuales si bien no definió una postura clara, sí señaló que es un tema con el que se tiene que tener cuidado. Mostró tener un amplio conocimiento de la materia, dejó ver que conoce a profundidad el procedimiento especial sancionador y tiene un amplio dominio de los criterios emitidos por la Salas Regionales y la Sala Superior; sin embargo, fue poco critico respecto de la actuación que ha tenido el máximo órgano jurisdiccional del país en los últimos diez años.

La comparecencia de Rodolfo Terrazas se distinguió del resto, ha sido el único aspirante que habló de aspectos administrativos del TEPJF, manifestó la necesidad de reestructurar su presupuesto, lamentablemente poco abundo sobre el tema. También propuso la necesidad de una redefinición de competencias de las Salas Regionales. En la mayoría de los temas sobre los cuales se le cuestionó dejó ver un criterio propio y definido, especialmente cuando señaló que en su concepto las elecciones no se debían anular en caso de que el candidato ganador rebasara el tope de gastos de campaña.

Felipe de la Mata centró gran parte de su comparecencia en los valores éticos que deben tener los juzgadores para garantizar la imparcialidad en su función. Señaló que la justicia electoral debe ser efectiva, transparente y cercana a la gente, también sostuvo que se debe conceder un valor fundamental a los precedentes.

De la Mata se pronunció sobre una plena suplencia de la queja en todas las impugnaciones, también sostuvo que el TEPJF debe emitir opiniones consultivas que sean vinculantes y señaló que se debe considerar la creación de un juicio electoral indígena.

A pesar de que los senadores le preguntaron sobre su postura respecto de los constantes cambios de criterios de la Sala Superior en diversos casos, sus respuestas fueron genéricas pues en ningún momento sostuvo alguna posición concreta o crítica hacia la integración actual.

En el balance, los tres comparecientes mostraron conocer la justicia electoral; no obstante, vitaron criticar a la actual integración de la Sala Superior y sus resoluciones. A pesar de que por los cargos que han tenido deberían conocer a fondo el TEPJF, poco expusieron respecto al camino institucional que buscarían para el órgano electoral en caso de llegar a ser magistrados electorales.

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El jueves pasado la Comisión de Justicia del Senado de la República desahogó el segundo día de comparecencias de los aspirantes a integrar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Por la mañana comparecieron las integrantes de la segunda terna, una de las dos conformadas exclusivamente por mujeres.

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En primer lugar habría que destacar el formato de las comparecencias: una exposición inicial de los aspirantes en el que justifican su idoneidad para ocupar el cargo, el contenido de los ensayos presentados y el papel que piensan desempeñar en caso de llegar a ocupar la magistratura. Posteriormente, se realizan siete rondas de preguntas, entre las que se incluyen las elaboradas por la sociedad civil. La duración de cada comparecencia oscila entre 1:30 y 2 horas, tiempo suficiente para hacer un escrutinio minucioso sobre el conocimiento que cada aspirante tienen en materia electoral, su criterio jurídico y su visión general sobre la justicia electoral y el sistema electoral mexicano.

Desafortunadamente, en las comparecencias hasta ahora realizadas no se ha aprovechado el formato para conocer el criterio jurídico de los aspirantes, ni su visión sobre la justicia electoral, ello en buena medida se debe a la baja calidad de las preguntas que realizan los senadores, mismas que se centran en temas que no son propios de las funciones y atribuciones que desempeña quienes ocupan una magistratura en la Sala Superior. Por ejemplo, en numerosas ocasiones les han cuestionado sobre delitos electorales, otras veces los temas han sido sumamente repetitivos, equidad de género y candidaturas independientes han ocupado la mayor parte de la discusión e, inclusive, se han aprovechado las preguntas para exponer situaciones personales ocurridas en campaña y en las que la justicia electoral no falló de manera favorable.

Los comparecientes tampoco han contribuido al escrutinio necesario para conocer cada perfil, ya que en algunos casos las respuestas son vagas y genéricas, aunado a que la crítica al desempeño de la actual integración de la Sala Superior ha sido mínima, ello a pesar de que los senadores han enfatizado sobre los constantes cambios de criterios.

En ese sentido, nos gustaría que se presentaran preguntas más puntuales que permitan conocer el criterio jurídico de quienes aspiran a integrar la Sala Superior, e inclusive conocer su visión sobre el balance de la justicia electoral en los últimos 10 años, los retos que tienen hacia los próximos nueve (que será cuando se renueve totalmente la integración que ahora se designe), además de identificar las fortalezas y debilidades de las dos integraciones anteriores.

En cuanto a la terna integrada por Claudia Mavel Curiel, Silvia Gabriela Ortiz Rascón y Mónica Aralí Soto Fregoso, podemos destacar que todas cuentan con una amplia experiencia en órganos jurisdiccionales, incluyendo los electorales. Claudia Mavel tiene estudios de doctorado, desde 1992 ha ocupado distintos cargos en el Poder Judicial de la Federación, siendo designada en 2009 como Jueza de Distrito y, en 2013, Magistrada de Circuito. Silvia Gabriela Ortiz, es licenciada en Derecho, nunca ha sido jueza, pero ha ocupado diferentes cargos en el TEPJF, entre ellos Secretaria General de Acuerdos, actualmente es Secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Mónica Soto tiene una maestría y 22 años de experiencia en la materia electoral, de 1994 a 2007 trabajó en el IFE y desde ese año ha sido juzgadora electoral a nivel local y en la Sala Regional Guadalajara.

En la comparecencia, Claudia Mavel Curiel dejó ver que estudió de manera muy minuciosa las sentencias que le sirvieron de base para elaborar sus ensayos, pues habló clara y ampliamente sobre candidaturas independientes y los tweets difundidos durante la veda electoral a favor del Partido Verde Ecologista de México, pero también se percibió que a pesar de haber sido Secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior en la integración que concluyó en 2006, desconoce los criterios de la actual integración, ya que cuando se le preguntó sobre casos relevantes y polémicos resueltos en últimas fechas, no pudo hacer referencia a ninguno en concreto, respondiendo de manera genérica y vaga.

Silvia Gabriela Ortiz Rascón fue cuestionada sobre temas de género, representación proporcional, elecciones bajo sistemas normativos internos, diseño de distritos electorales y designación de integrantes de los organismos públicos locales. En la mayoría de sus respuestas demostró que tenía un amplio dominio y conocimiento sobre los temas, explicó detalladamente los procesos para la asignación por el principio de representación proporcional, el proceso de diseño de los distritos electorales, así como las responsabilidades de los consejeros electorales locales. Lamentablemente poco pudimos conocer sobre su criterio jurídico, ya que sus respuestas se limitaron a ser descriptivas del contenido de la ley y poco profundas en cuanto a su posición sobre el tema cuestionado. El único momento en que Silvia Gabriela Ortiz fue crítica respecto de los criterios de la Sala Superior fue cuando señalaba que alguno de ellos se contraponían con los de la SCJN –lo cual, en sentido estricto, es también una mera descripción.

Fue la única aspirante a la que se le cuestionó sobre el desempeño de sus cargos anteriores, concretamente sobre su salida como Secretaria General de Acuerdos de la Sala Superior en 2007, cuya respuesta fue que se debió al cambio de la presidencia, pues ella fue designada por el Magistrado Flavio Galván Rivera y en ese año la presidencia la asumió la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa; no obstante, enfatizó que su conducta y desempeño siempre ha sido intachable.

Finalmente, Mónica Aralí Soto comenzó su comparecencia destacando sus logros como Presidenta de la Sala Regional Guadalajara, los cuales dejó ver como propios y no institucionales, señaló que instituyó las audiencias virtuales. Los senadores le hicieron diversas preguntas sobre temas de género, las cuales le permitieron explayarse ya que es uno de las banderas que ha adoptado como magistrada.

Llamó la atención que Mónica Soto señaló estar en desacuerdo con que los jueces modifiquen la legislación “a punta de sentencias”; sin embargo, cuando se le cuestionó sobre los criterios de la Sala Superior para ampliar la procedencia del recurso de reconsideración y crear de facto una segunda instancia electoral, manifestó estar de acuerdo con que a partir de jurisprudencias se establecieran nuevos supuestos de procedencia del llamado REC.

En el balance, las comparecientes mostraron conocer la materia electoral, aunque fueron demasiado cuidadosas en sus exposiciones a efecto de no comprometer su criterio, evitaron en la medida de lo posible la critica hacia la Sala Superior y poco dejaron ver sobre su visión de la justicia electoral a futuro.

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Como muchas democracias, México ha experimentado una creciente judicialización en varias arenas. Es el caso de la materia electoral, en donde además los jueces electorales -sobre todo los de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)- han acumulado un amplísimo poder. Esto, más las críticas que en diversos espacios -incluido el de los senadores- han cuestionado una actuación inconsistente e impropia de los integrantes de esta Sala Superior, convierte el proceso de designación de los magistrados de dicho órgano en asunto de enorme interés público.

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El procedimiento de examinación de los candidatos ante la Comisión de Justicia del Senado inició el pasado 20 de septiembre. Aunque el Senado debería darle la mayor publicidad posible, no ha sido así. Las comparecencias de los aspirantes no se están transmitiendo en el canal televisivo del Canal del Congreso, sólo se pueden ver por Internet, como si se tratará de una sesión o reunión ordinaria de alguna comisión.

En este contexto, durante cerca de seis horas los aspirantes que integran la primera terna comparecieron antes los miembros de la Comisión de Justicia. Hay que decir que esta primera terna está integrada por un litigante, un magistrado (es presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León) y un asesor de la presidencia del TEPJF (de 2015 a la fecha).

El primer compareciente fue el litigante José Luis Vargas Valdez (44 años), siguió el magistrado Carlos Emilio Arenas Bátiz (59 años) y, por último, el asesor Daniel Cabeza de Vaca Hernández (60 años).

Pese a que dos de los tres ocuparon cargos relevantes en las administraciones de los presidentes panistas no fueron cuestionados sobre sus relaciones o posibles conflictos de interés con el Partido Acción Nacional o con cualquier otro partido político o actor político relevante. Hay que recordar que José Luis Vargas fue Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Desarrollo Político de la Secretaria de Gobernación, pasando por un cargo en el CISEN y, posteriormente, fue nombrado por Felipe Calderón como titular de la Fiscalía de Delitos Electorales (FEPADE). Daniel Cabeza de Vaca pasó de Director Jurídico a Subsecretario de Asuntos Jurídicos, también fue Consejero Jurídico de la Presidencia de la República (en dos ocasiones), Procurador General de la República, incluso llego a ser Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación.

A José Luis Vargas tampoco se le cuestionó sobre los motivos que llevaron al entonces presidente de la República a destituirlo de la FEPADE. En este contexto, es relevante un dato: José Luis Vargas no presentó su declaración de conflicto de intereses y a la pregunta de la Senadora que lo hizo notar, su respuesta fue que no había tenido tiempo. Este aspirante es el único de los tres que no presentó dicha declaración y que además no mencionó su estado civil.

Los tres tienen algún tipo de estudios de doctorado, el currículo de José Luis Vargas indica que es candidato a doctor desde 2001, Carlos Emilio Arenas Bátiz es el único que tiene grado de doctor (2014) y Daniel Cabeza de Vaca es estudiante de doctorado desde 2013. Aunque no consideramos que sea un dato relevante para determinar al mejor para el cargo en disputa, sí es un dato que está a la vista en sus currículums y que da cuenta de estudios no concluidos y estudios que sí están concluidos.

Carlos Emilio Arenas Bátiz es el único que cuenta con experiencia y trayectoria como juzgador. Ingresó al TEPJF en 1995 y su trayectoria en asuntos jurisdiccionales comenzó en 1996 cuando fue magistrado Regional del Tribunal Electoral. Ni José Luis Vargas ni Daniel Cabeza de Vaca tienen experiencia como juzgadores. Vargas refiere que fue Secretario Instructor en la ponencia de la magistrada María del Carmen Alanís en los meses o el año que va de 2006 a 2007 (sin precisar los meses). Cabeza de Vaca refiere que de 1978 a 1981 fue auxiliar de defensor de oficio del poder judicial, y que de 2009 a 2014 ocupó el cargo de Consejero en el Consejo de la Judicatura y un lugar en la Comisión de Administración del TEPJF, y que desde 2015 (no precisa mes) a la fecha es asesor de la presidencia del TEPJF. En síntesis, no cuenta con experiencia jurisdiccional, pues aun y cuando ha formado parte de la nómina del Poder Judicial Federal, todos los cargos que ha ocupado han sido en áreas administrativas y no jurisdiccionales.

Esta falta de experiencia como juzgadores tampoco ameritó una evaluación y reflexiones de los Senadores, ni preguntas para indagar cómo suplirían, de ser nombrados, esa ausencia. Tampoco fueron examinados sobre lo que de acuerdo con su formación e ideas consideran que deben privilegiar los jueces tanto de legalidad como constitucionales en su desempeño, así como sobre cuáles son, en su opinión, preferibles y por qué.

En cuanto a su experiencia en la práctica electoral, José Luis Vargas fue asesor de Juan Molinar Horcasitas en el IFE (1996 a 2000), asesor de Rodrigo Morales Manzanares del Instituto Electoral del DF de 1999 a 2000  y de Luis Carlos Ugalde en el IFE de 2005 a 2006 (en ningún caso precisa qué meses). Por su parte, Carlos Emilio Arenas Bátiz fue magistrado electoral de Sala Regional del TEPJF de los años 1996 a 2004. Mientras que Daniel Cabeza de Vaca es asesor del Presidente del TEPJF desde el año 2015, aunque no precisa si en temas electorales o administrativos (área en la que cuenta con experiencia por haber sido miembro de la Comisión de Administración), salvo por este último cargo no cuenta con experiencia electoral previa.

La actitud de los comparecientes evidenció su cercanía o no con los criterios rectores de la practica judicial electoral, mientras que José Luis Vargas fue muy crítico de la actuación de la Sala Superior, Carlos Emilio Arenas Bátiz fue poco crítico y Daniel Cabeza de Vaca nada crítico. Sobra mencionar que ser crítico requiere conocer el funcionamiento de aquello sujeto a observación o escrutinio.

La actitud de los Senadores tampoco tuvo ayudó a indagar sobre las fortalezas y debilidades de los candidatos como posibles juzgadores constitucionales electorales. En el mejor momento del escrutinio, a Vargas se le cuestionó sobre casos que ha resuelto la Sala Superior del TEPJF, mientras que a Cabeza de Vaca se le preguntó su opinión de temas generales (tales como género, candidaturas independientes, entre otros), pero lo cierto es que no se le cuestionó de casos o decisiones que han sido tomadas y que merecen revisarse o fijar una postura al respecto. Ojalá en la siguientes comparecencias tengan un mejor desempeñado tanto los candidatos a magistrados como los Senadores.

Strategia Electoral. Equipo de observación electoral. Twitter: @eleccionesymas

 

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Ciudad de México a 19 de septiembre de 2016

H. Comisión de Justicia del Senado de la República

P R E S E N T E

Quienes suscribimos esta misiva somos académicos, profesores universitarios, especializados en cuestiones jurídicas e interesados —como estudiosos y ciudadanos— en la inminente renovación de la Sala Superior del TEPJF. En esa calidad nos permitimos pronunciarnos porque el Senado de la República designe a los nuevos magistrados y magistradas observando las siguientes directrices:

• El Senado debe procurar una composición de la Sala Superior del TEPJF con perfiles y experiencias equilibradas. Esto supone elegir personas que tengan experiencia jurisdiccional especializada en la materia, personas con carrera judicial y personas con experiencia en el ejercicio de la profesión jurídica de manera complementaria. Esto es posible si se toma en cuenta el perfil diverso de las personas que integran las siete ternas confeccionadas por la SCJN.

• El Senado debe garantizar que las personas que integren la Sala Superior del TEPJF sean independientes de los partidos políticos.

• El Senado debe garantizar que las personas que integren la Sala Superior del TEPJF sean independientes de los otros sujetos obligados. En particular de los medios masivos de comunicación.

• El Senado debe garantizar que las personas que integren la Sala Superior tengan un compromiso con el principio constitucional de la laicidad. El Tribunal es el órgano constitucional garante de este principio fundamental para nuestro Estado democrático y, por lo mismo, los magistrados y magistradas deben comprometerse con el mismo. Sabemos que existen otros aspectos relevantes para la debida conformación de un tribunal constitucional pero pensamos que, de cubrirse al menos estas cuestiones, México contará con el órgano jurisdiccional especializado en materia electoral que necesita en este momento de su historia.

Alberto Abad Suárez. Investigador del IIJ-UNAM

Hugo Concha Cantú. Investigador del IIJ-UNAM.

Sergio López Ayllón. Director General del CIDE.

Saúl López Noriega. Profesor asociado del CIDE.

Pedro Salazar Ugarte. Director e investigador del IIJ-UNAM.

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“No comparto las razones para rechazar la terna.” En la recta final de su comparecencia en el Senado, Javier Laynez Potisek cometió un lapsus brutus que seguramente arrancó más de una sonrisa de los legisladores. El senador Mario Delgado le había preguntado su opinión sobre el criterio de la Corte según el cual la reforma energética no podía ser objeto de consulta popular por tratarse de un asunto fiscal. Es claro, pues, que lo que Laynez quería decir es que no compartía las razones por las que se rechazó la consulta. Pero más allá de que el yerro sirvió para amenizar una de por sí larga comparecencia, lo cierto es que quizá Laynez tenga razón. Después de ver las comparecencias de Alejandro Gómez y Álvaro Castro, los otros dos integrantes de la terna, la verdad es que sería una lástima que Laynez no alcanzara la votación para ocupar un espacio en nuestro tribunal constitucional.

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Durante las más de cinco horas que duró la comparecencia los senadores ofrecieron pocas sorpresas. Algunos de ellos se enfrascaron en una disputa, un tanto estéril, sobre si Laynez había participado o no en la representación del Estado mexicano en el caso Radilla Pacheco. ¿El motivo de la discordia? Una de las últimas líneas de un documento relacionado con su –fallida– candidatura a la Corte Penal Internacional, en el cual se afirma que Laynez “participó activamente en el litigio del caso Radilla Pacheco vs. México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.” Laynez tuvo que repetir, una y otra vez, que él no había participado en dicho litigio, ni emitido una opinión alguna sobre el caso, ni asistido a ninguna reunión en donde se tratara el asunto. Vaya, hasta tuvo la puntada decir que jamás había puesto un pie en San José.

También hubo, para no variar la costumbre, preguntas que muestran que si las comparecencias suelen dejar mucho que desear es, al menos en parte, por la calidad de las preguntas. El senador Fernando Yunes, por ejemplo, le preguntó a Laynez si le parecía adecuado el porcentaje (33%) que la Constitución establece para que las minorías parlamentarias presenten acciones de inconstitucionalidad. La duda consiste, por supuesto, por qué sería sensato gastar el de por sí limitado tiempo de las comparecencias para que un senador –que sí puede participar en el proceso de reforma a la Constitución– le pregunte a un candidato a ministro sobre un tema en el que (esperemos) jamás tendrá que pronunciarse.

Tampoco hicieron falta preguntas relativamente técnicas que, no sin alguna dificultad, los legisladores formularon a Laynez. Aquí se repitió las historias de comparecencias pasadas. Primer acto: los senadores formulan una pregunta “compleja”, en la que se entremezclan conceptos como “supremacía constitucional”, “pro persona”, “test de proporcionalidad”, “control de convencionalidad” y los etcéteras de costumbre. Segundo acto: el candidato contesta con mayor o menor precisión a la pregunta. Tercer acto: el legislador intenta revirar pero fracasa en su intento, mostrando que, en repetidas ocasiones, simplemente no entiende la pregunta que formuló. El caso de Laynez no fue la excepción: por lo general dio respuesta a las preguntas, buenas y malas, e incluso tuvo la amabilidad de recordarle a diversos legisladores que sus preocupaciones habían sido contestadas unos minutos antes.

A ratos daba la impresión de que, más que una comparecencia, estábamos presenciando una clase, donde los alumnos se esforzaban en realizar preguntas sesudas a un profesor que contestaba con paciencia y amabilidad. Laynez no sólo se mostró como un candidato por demás calificado en cuestiones fiscales –algo esperable dado sus más recientes cargos–. Si de algo sirvió la comparecencia fue para mostrar que el actual magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un jurista que puede hablar con conocimiento y versatilidad sobre derechos sociales, económicos y culturales; el salario mínimo y su desindexación; la implementación del sistema penal acusatorio; el gobierno judicial y el Consejo de la Judicatura; los protocolos para juzgar en casos que involucren comunidades indígenas; el sistema federal mexicano, o la simplificación de las resoluciones judiciales.

En algunos casos parecía –para usar un símil prestado– que Laynez contaba a las preguntas como si le estuviesen preguntando “la tabla del uno.” Pero también es cierto que el ex Procurador Fiscal de la Federación de plano evitó hablar sobre casos espinosos como Ayotzinapa o el de Lydia Cacho. Sobre el primero, dijo no conocer más que lo ventilado en los medios de comunicación, lo cual le valió el reproche por parte de la senadora Dolores Padierna, a quien la pareció inaceptable que no conociera el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Sobre el asunto de Lydia Cacho, Laynez se limitó a decir que no había profundizando lo suficiente en el tema.

Con todo, sería injusto decir que la comparecencia no sirvió para conocer los puntos de vista de Laynez en temas por demás relevantes. Expresó cierto escepticismo con relación a la más reciente decisión de la Primera Sala relacionada con el uso recreacional de la marihuana; dijo no compartir el criterio del Pleno en materia de consultas populares; y en repetidas ocasiones tuvo la oportunidad de dar ejemplos concretos sobre su visión de la justicia constitucional.

Ciertamente no faltaron reproches por parte de legisladores. Manuel Bartlett, por ejemplo, dijo que la única razón por la que había sido propuesto era por su pertenencia al grupo del “inefable” Huberto Castillejos, actual Consejero Jurídico de la Presidencia. Por su parte, Layda Sansores dijo que, para ser imparcial, Laynez tendría que volver a nacer. Pese a todo, incluso los legisladores más críticos no dejaron de reconocer las cualidades técnicas y la competencia de Laynez como jurista.

La comparecencia de Javier Laynez nos dejó, pues, con un sabor agridulce. Por una parte, parece claro que el actual formato de las comparecencias, pese a ciertas mejoras, está lejos de garantizar una auscultación abierta de los candidatos a ministro. Por la otra, no deja de ser una buena noticia que, al fin, hayamos presenciado una comparecencia de un candidato con madera de juez constitucional. Si se valora el mérito y la trayectoria, parece que los senadores no enfrentarán una decisión particularmente difícil en los siguientes días —al menos en esta terna—.

Javier Martín Reyes. Abogado por la UNAM y politólogo por el CIDE. Actualmente realiza estudios doctorales en la Universidad de Columbia. Twitter: @jmartinreyes

 

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La comparecencia de la magistrada Verónica Judith Sánchez Valle empezó y terminó con una defensa. Desde que se presentó en la terna, que integra junto con las magistradas Norma Piña y Sara Patricia Olea, salieron a la luz algunos antecedentes polémicos que marcaron, definitivamente, su comparecencia: (i) el caso Sauceda Guerra, a quien se le acusaba de lavado de dinero en los Estados Unidos y cuya solicitud de arresto para extradición fue negada por la entonces juez Sánchez Valle; (ii) el del expresidente guatemalteco Alfonso Portillo, caso en el cual la juez consideró que no procedía la extradición; y (iii) la liberación de José Gerardo Ortaga Amaya, ex asesor del Secretario de Marina, acusado del delito de delincuencia organizada.

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La comparecencia de la magistrada Sánchez Valle, en este contexto, inició con cuestionamientos directos de la Senadora Martha Tagle respecto esos casos y concluyó con una interpelación en el mismo sentido por parte del Senador Armando Ríos Piter. La magistrada agradeció el espacio y sostuvo que era su oportunidad para exponer su versión de los hechos. En relación con el caso Sauceda Guerra, la magistrada explicó que emitió un fallo contrario a la Procuraduría General de la República (PGR), ya que ésta le presentó una persona cuyos apellidos y media filiación diferían de aquella respecto de la cual había sido solicitada una orden de arresto para fines de extradición. Por ello —justificó— su decisión fue ordenar la liberación inmediata de la persona presentada. Al respecto, sostuvo que en ese caso su papel como juzgadora federal se limitó a proteger la libertad personal de una persona distinta de Sauceda Guerra.

Como consecuencia de su decisión en el caso Sauceda Guerra, la PGR inició averiguación previa contra la entonces juez Sánchez Valle por delitos contra la administración de justicia. En su comparecencia ante el Senado, explicó que la orden de aprehensión fue negada en primera instancia y que dicha negativa fue confirmada en apelación. A pesar de reconocer la incomodidad que pasó entonces, Sánchez Valle dijo “estar en paz” y convencida de haber actuado bien e, incluso, destacó que con posterioridad a ese incidente el Consejo de la Judicatura Federal le ratificó en el cargo y, después, la ascendió a magistrada de Circuito.

La magistrada, quien mañana cumple 45 años, tuvo también la oportunidad de explicar que en el caso de la extradición de Portillo no se cumplían los requisitos señalados en el tratado de extradición respectivo –lo cual hizo saber, en su momento, a la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el caso de Ortega Maya, Sánchez Valle dijo estar imposibilitada para hacer muchos comentarios ya que el caso sigue pendiente de resolución, pero sostuvo que su actuar como juez de proceso penal fue limitado por una ejecutoria de amparo a la cual tuvo que dar cumplimiento.

Como parte de la defensa que la magistrada hizo de su papel como juzgadora federal, casi al final de su intervención, destacó la necesidad de revisar la comunicación social del Consejo de la Judicatura Federal. Manifestó que, en muchas ocasiones, los ciudadanos no tenemos información completa o cierta sobre las resoluciones judiciales federales y, en consecuencia, se hacen juicios incorrectos respecto los mismos.

A la largo de su comparecencia, la magistrada Sánchez Valle mostró mayor seguridad al responder preguntas relativas a la materia penal. Es más: dijo preferir la materia penal sobre la administrativa —en la cual trabaja actualmente—. En particular, explicó que el derecho del enemigo es una doctrina que justifica la imposición de penas por encima de los derechos humanos, dentro de esa doctrina identificó los casos de la punibilidad anticipada y la extinción de dominio. Por otra parte, sostuvo que, en su labor como jueza penal, había encontrado una gran dificultad para acreditar todos los elementos que integran el tipo penal de trata de personas, por lo cual hizo un llamado a revisarlo en sede legislativa.

Asimismo, en cuanto a su perspectiva acerca del alcance y protección de los derechos humanos, al igual que acerca de las limitaciones a los que éstos pueden ser sujetos, la magistrada expresó estar comprometida con su protección y maximización. Sin embargo, en cuanto al arraigo, expresó que debe ponderarse la seguridad pública y la libertad personal, manifestando que la primera tiene mayor peso. De igual forma expresó la importancia de las resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; sin embargo, erróneamente afirmó que cuando el Estado mexicano no es parte en una resolución emitida por dicha Corte, los criterios únicamente son orientadores, pero no obligatorios —criterio que ya fue superado por la Suprema Corte—.

En cuanto al tema de interrupción legal del embarazo, la magistrada manifestó que debe de existir una ponderación entre el “derecho a una vida digna del menor” y los derechos de libertad y a la salud de la madre —dejando ver su oposición al derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo—.

Después de la intervención de la Senadora Angélica de la Peña, la magistrada Sánchez Valle dijo entender la responsabilidad que implica ser propuesta para sentarse en la silla de la ministra Sánchez Cordero. Además, dijo no conocer a nadie ni estar apadrinada por un grupo político y recordó sus sencillos orígenes en el Poder Judicial de la Federación.

En general, la magistrada se vio segura en sus respuestas y, con lenguaje coloquial —“el negrito en el arroz” y “a ojo de buen cubero”—, expuso su punto de vista sobre diversas problemáticas jurídicas a las cuales se enfrenta el Poder Judicial de la Federación. No obstante, el eje central de la comparecencia fue su propia defensa, lo cual opacó temas de mayor trascendencia para el orden jurídico nacional.

Julio Martínez Rivas. Abogado (ITAM) y colaborador de la ponencia del ministro Cossío en la Suprema Corte. Twitter: @julio_mr1

Mariana Aziz Pico. Estudiante de la licenciatura en derecho en el ITAM y colaboradora de la ponencia del ministro Cossío en la Suprema Corte. Twitter: @marianaaziz

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