Una frase conocida entre quienes estudiamos el comportamiento de los jueces, comúnmente atribuida a Jerome Frank, dice que para explicar la resolución tomada por un juez en un caso, es determinante conocer “lo que desayunó esa mañana”. Esta exagerada frase, cercana al absurdo, en general nos sirve para concentrar en unas cuantas palabras el genio de los realistas, al quitar la máscara de un apego exclusivo al derecho en la labor judicial y mostrar que en su criterio influyen una cantidad de aspectos más allá de sus conocimientos jurídicos.

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Lo anterior viene al caso porque en las comparecencias de la primera semana de los candidatos a magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el énfasis ha sido puesto en las capacidades “técnico-electorales” de los comparecientes. Los senadores los han abordado con una batería de preguntas técnicas sobre casos y supuestos que nos permiten conocer sus capacidades técnicas en la materia electoral. En general, la mayoría de los candidatos ha salido bien librados de este ejercicio debido a su sólida trayectoria, pero también porque en general la discusión es desbalanceada. Es decir, el entrevistado tiene mayores conocimientos técnicos que el entrevistador y eso provoca que la discusión no pueda seguir cauces de mayor profundidad en donde se perciban las deficiencias que podrían tener algunas de las respuestas.

En mayor medida los conocimientos y capacidades técnicas de los candidatos ya fueron analizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al reducir la lista en un inicio de poco más de 120 aspirantes a 21 candidatos. Lo que queremos ver, entonces, en el Senado no son ejercicios de erudición respecto de la materia electoral, sino una verdadera auscultación de la idoneidad de los candidatos. Parece ser que los senadores son tímidos y no se atreven a profundizar en analizar los perfiles dando muchas cosas por sentado, cuando es la única posibilidad de revisar con lupa a los candidatos, sin olvidar que es su obligación constitucional realizarlo.

En días pasados, un grupo de académicos comprometidos con la tarea de observar el proceso de designación desde nuestra posición de ciudadanos hicimos un llamado mediante una carta dirigida a la Comisión de Justicia del Senado de la República para lograr una integración del TEPJF con diversidad de perfiles y cuidar que no existan conflicto de intereses de los candidatos en cuatro temas principales: cercanía con los partidos políticos, con los medios de comunicación, con asociaciones religiosas y con poderes económicos. El Senado dio un buen paso, en este sentido, al solicitar una declaración voluntaria de posible conflicto de intereses, la cual aún no han presentado cinco de los candidatos. Pero el ejercicio debe ir más allá.  Los senadores realizarán un mal ejercicio de escrutinio si continúan poniendo todo el énfasis en las capacidades “técnico-electorales” y, sobre todo, estarán desperdiciando la única oportunidad que tienen (tenemos) de conocer las filias y fobias de los candidatos, sus pertenencias, preferencias políticas, religiosas, etc. En breve, hace falta preguntarle a los candidatos: ¿Qué desayunaron hoy?

Alberto Abad Suárez Ávila. Investigador del IIJ-UNAM. Twitter @abadsuarez

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Dentro de la maratónica sesión de comparecencias del jueves pasado, en la tarde fue el turno de los aspirantes de la tercera terna, integrada por Marco Antonio Zavala Arredondo, Rodolfo Terrazas Salgado y Felipe de la Mata Pizaña, todos ellos con un perfil de amplia experiencia como juzgadores en materia electoral.

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Los tres aspirantes de esta terna han sido magistrados electorales. Marco Zavala fungió como magistrado regional en Monterrey de 2013 a 2016, Rodolfo Terrazas fue magistrado en el Tribunal Electoral del Distrito Federal de 1999 a 2007 y Felipe de la Mata actualmente es magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) –su cargo concluye en 2020. Los tres aspirantes han sido Secretarios de Estudio y Cuenta en la Sala Superior; Felipe de la Mata y Marco Zavala también fueron Secretarios Generales de Acuerdos, entre otros cargos ocupados en el TEPJF. Rodolfo Terrazas fue Director del Centro de Capacitación Judicial Electoral, actualmente es visitador del TEPJF.

Felipe de la Mata cuenta con dos doctorados en Derecho, uno por la Universidad Panamericana y otro por la Universidad de Castilla la Mancha; Marco Zavala y Rodolfo Terrazas son licenciados en Derecho por la UNAM. Los tres aspirantes cuentan con múltiples publicaciones sobre temas electorales.

Los tres aspirantes presentaron su declaración de conflicto de interés, Rodolfo Terrazas es el único de los aspirantes que además presentó de manera completa su 3de3 y solicitó se hiciera pública.

Por el gran bagaje electoral que tienen los aspirantes de esta terna, la misma generaba muchas expectativas, pues como lo demuestran sus trayectorias los tres cuentan con una extensa experiencia en la justicia electoral, conocen a fondo al TEPJF; en particular, a su Sala Superior. De ahí que esperábamos escuchar posturas claras y definidas sobre el papel de la justicia electoral en los últimos años y los retos que enfrentará a futuro.

En el desarrollo de la comparecencia, Marco Zavala habló sobre la necesidad de contar con un TEPJF que genere certeza, señaló como uno de los retos de la justicia electoral el mejorar las sentencias para que sean estas las protagonistas y no los jueces. Habló sobre la transparencia que debe haber en las audiencias de alegatos y el proceso para emitir una sentencia. Se comprometió a concluir su cargo como magistrado de Sala Superior sin aspirar antes de que termine éste.

Zavala fue cuestionado al menos en tres ocasiones sobre temas de género, respecto de los cuales si bien no definió una postura clara, sí señaló que es un tema con el que se tiene que tener cuidado. Mostró tener un amplio conocimiento de la materia, dejó ver que conoce a profundidad el procedimiento especial sancionador y tiene un amplio dominio de los criterios emitidos por la Salas Regionales y la Sala Superior; sin embargo, fue poco critico respecto de la actuación que ha tenido el máximo órgano jurisdiccional del país en los últimos diez años.

La comparecencia de Rodolfo Terrazas se distinguió del resto, ha sido el único aspirante que habló de aspectos administrativos del TEPJF, manifestó la necesidad de reestructurar su presupuesto, lamentablemente poco abundo sobre el tema. También propuso la necesidad de una redefinición de competencias de las Salas Regionales. En la mayoría de los temas sobre los cuales se le cuestionó dejó ver un criterio propio y definido, especialmente cuando señaló que en su concepto las elecciones no se debían anular en caso de que el candidato ganador rebasara el tope de gastos de campaña.

Felipe de la Mata centró gran parte de su comparecencia en los valores éticos que deben tener los juzgadores para garantizar la imparcialidad en su función. Señaló que la justicia electoral debe ser efectiva, transparente y cercana a la gente, también sostuvo que se debe conceder un valor fundamental a los precedentes.

De la Mata se pronunció sobre una plena suplencia de la queja en todas las impugnaciones, también sostuvo que el TEPJF debe emitir opiniones consultivas que sean vinculantes y señaló que se debe considerar la creación de un juicio electoral indígena.

A pesar de que los senadores le preguntaron sobre su postura respecto de los constantes cambios de criterios de la Sala Superior en diversos casos, sus respuestas fueron genéricas pues en ningún momento sostuvo alguna posición concreta o crítica hacia la integración actual.

En el balance, los tres comparecientes mostraron conocer la justicia electoral; no obstante, vitaron criticar a la actual integración de la Sala Superior y sus resoluciones. A pesar de que por los cargos que han tenido deberían conocer a fondo el TEPJF, poco expusieron respecto al camino institucional que buscarían para el órgano electoral en caso de llegar a ser magistrados electorales.

Strategia electoral. Equipo de observación electoral. Twitter: @eleccionesymas

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El jueves pasado la Comisión de Justicia del Senado de la República desahogó el segundo día de comparecencias de los aspirantes a integrar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Por la mañana comparecieron las integrantes de la segunda terna, una de las dos conformadas exclusivamente por mujeres.

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En primer lugar habría que destacar el formato de las comparecencias: una exposición inicial de los aspirantes en el que justifican su idoneidad para ocupar el cargo, el contenido de los ensayos presentados y el papel que piensan desempeñar en caso de llegar a ocupar la magistratura. Posteriormente, se realizan siete rondas de preguntas, entre las que se incluyen las elaboradas por la sociedad civil. La duración de cada comparecencia oscila entre 1:30 y 2 horas, tiempo suficiente para hacer un escrutinio minucioso sobre el conocimiento que cada aspirante tienen en materia electoral, su criterio jurídico y su visión general sobre la justicia electoral y el sistema electoral mexicano.

Desafortunadamente, en las comparecencias hasta ahora realizadas no se ha aprovechado el formato para conocer el criterio jurídico de los aspirantes, ni su visión sobre la justicia electoral, ello en buena medida se debe a la baja calidad de las preguntas que realizan los senadores, mismas que se centran en temas que no son propios de las funciones y atribuciones que desempeña quienes ocupan una magistratura en la Sala Superior. Por ejemplo, en numerosas ocasiones les han cuestionado sobre delitos electorales, otras veces los temas han sido sumamente repetitivos, equidad de género y candidaturas independientes han ocupado la mayor parte de la discusión e, inclusive, se han aprovechado las preguntas para exponer situaciones personales ocurridas en campaña y en las que la justicia electoral no falló de manera favorable.

Los comparecientes tampoco han contribuido al escrutinio necesario para conocer cada perfil, ya que en algunos casos las respuestas son vagas y genéricas, aunado a que la crítica al desempeño de la actual integración de la Sala Superior ha sido mínima, ello a pesar de que los senadores han enfatizado sobre los constantes cambios de criterios.

En ese sentido, nos gustaría que se presentaran preguntas más puntuales que permitan conocer el criterio jurídico de quienes aspiran a integrar la Sala Superior, e inclusive conocer su visión sobre el balance de la justicia electoral en los últimos 10 años, los retos que tienen hacia los próximos nueve (que será cuando se renueve totalmente la integración que ahora se designe), además de identificar las fortalezas y debilidades de las dos integraciones anteriores.

En cuanto a la terna integrada por Claudia Mavel Curiel, Silvia Gabriela Ortiz Rascón y Mónica Aralí Soto Fregoso, podemos destacar que todas cuentan con una amplia experiencia en órganos jurisdiccionales, incluyendo los electorales. Claudia Mavel tiene estudios de doctorado, desde 1992 ha ocupado distintos cargos en el Poder Judicial de la Federación, siendo designada en 2009 como Jueza de Distrito y, en 2013, Magistrada de Circuito. Silvia Gabriela Ortiz, es licenciada en Derecho, nunca ha sido jueza, pero ha ocupado diferentes cargos en el TEPJF, entre ellos Secretaria General de Acuerdos, actualmente es Secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Mónica Soto tiene una maestría y 22 años de experiencia en la materia electoral, de 1994 a 2007 trabajó en el IFE y desde ese año ha sido juzgadora electoral a nivel local y en la Sala Regional Guadalajara.

En la comparecencia, Claudia Mavel Curiel dejó ver que estudió de manera muy minuciosa las sentencias que le sirvieron de base para elaborar sus ensayos, pues habló clara y ampliamente sobre candidaturas independientes y los tweets difundidos durante la veda electoral a favor del Partido Verde Ecologista de México, pero también se percibió que a pesar de haber sido Secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior en la integración que concluyó en 2006, desconoce los criterios de la actual integración, ya que cuando se le preguntó sobre casos relevantes y polémicos resueltos en últimas fechas, no pudo hacer referencia a ninguno en concreto, respondiendo de manera genérica y vaga.

Silvia Gabriela Ortiz Rascón fue cuestionada sobre temas de género, representación proporcional, elecciones bajo sistemas normativos internos, diseño de distritos electorales y designación de integrantes de los organismos públicos locales. En la mayoría de sus respuestas demostró que tenía un amplio dominio y conocimiento sobre los temas, explicó detalladamente los procesos para la asignación por el principio de representación proporcional, el proceso de diseño de los distritos electorales, así como las responsabilidades de los consejeros electorales locales. Lamentablemente poco pudimos conocer sobre su criterio jurídico, ya que sus respuestas se limitaron a ser descriptivas del contenido de la ley y poco profundas en cuanto a su posición sobre el tema cuestionado. El único momento en que Silvia Gabriela Ortiz fue crítica respecto de los criterios de la Sala Superior fue cuando señalaba que alguno de ellos se contraponían con los de la SCJN –lo cual, en sentido estricto, es también una mera descripción.

Fue la única aspirante a la que se le cuestionó sobre el desempeño de sus cargos anteriores, concretamente sobre su salida como Secretaria General de Acuerdos de la Sala Superior en 2007, cuya respuesta fue que se debió al cambio de la presidencia, pues ella fue designada por el Magistrado Flavio Galván Rivera y en ese año la presidencia la asumió la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa; no obstante, enfatizó que su conducta y desempeño siempre ha sido intachable.

Finalmente, Mónica Aralí Soto comenzó su comparecencia destacando sus logros como Presidenta de la Sala Regional Guadalajara, los cuales dejó ver como propios y no institucionales, señaló que instituyó las audiencias virtuales. Los senadores le hicieron diversas preguntas sobre temas de género, las cuales le permitieron explayarse ya que es uno de las banderas que ha adoptado como magistrada.

Llamó la atención que Mónica Soto señaló estar en desacuerdo con que los jueces modifiquen la legislación “a punta de sentencias”; sin embargo, cuando se le cuestionó sobre los criterios de la Sala Superior para ampliar la procedencia del recurso de reconsideración y crear de facto una segunda instancia electoral, manifestó estar de acuerdo con que a partir de jurisprudencias se establecieran nuevos supuestos de procedencia del llamado REC.

En el balance, las comparecientes mostraron conocer la materia electoral, aunque fueron demasiado cuidadosas en sus exposiciones a efecto de no comprometer su criterio, evitaron en la medida de lo posible la critica hacia la Sala Superior y poco dejaron ver sobre su visión de la justicia electoral a futuro.

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Como muchas democracias, México ha experimentado una creciente judicialización en varias arenas. Es el caso de la materia electoral, en donde además los jueces electorales -sobre todo los de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)- han acumulado un amplísimo poder. Esto, más las críticas que en diversos espacios -incluido el de los senadores- han cuestionado una actuación inconsistente e impropia de los integrantes de esta Sala Superior, convierte el proceso de designación de los magistrados de dicho órgano en asunto de enorme interés público.

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El procedimiento de examinación de los candidatos ante la Comisión de Justicia del Senado inició el pasado 20 de septiembre. Aunque el Senado debería darle la mayor publicidad posible, no ha sido así. Las comparecencias de los aspirantes no se están transmitiendo en el canal televisivo del Canal del Congreso, sólo se pueden ver por Internet, como si se tratará de una sesión o reunión ordinaria de alguna comisión.

En este contexto, durante cerca de seis horas los aspirantes que integran la primera terna comparecieron antes los miembros de la Comisión de Justicia. Hay que decir que esta primera terna está integrada por un litigante, un magistrado (es presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León) y un asesor de la presidencia del TEPJF (de 2015 a la fecha).

El primer compareciente fue el litigante José Luis Vargas Valdez (44 años), siguió el magistrado Carlos Emilio Arenas Bátiz (59 años) y, por último, el asesor Daniel Cabeza de Vaca Hernández (60 años).

Pese a que dos de los tres ocuparon cargos relevantes en las administraciones de los presidentes panistas no fueron cuestionados sobre sus relaciones o posibles conflictos de interés con el Partido Acción Nacional o con cualquier otro partido político o actor político relevante. Hay que recordar que José Luis Vargas fue Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Desarrollo Político de la Secretaria de Gobernación, pasando por un cargo en el CISEN y, posteriormente, fue nombrado por Felipe Calderón como titular de la Fiscalía de Delitos Electorales (FEPADE). Daniel Cabeza de Vaca pasó de Director Jurídico a Subsecretario de Asuntos Jurídicos, también fue Consejero Jurídico de la Presidencia de la República (en dos ocasiones), Procurador General de la República, incluso llego a ser Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación.

A José Luis Vargas tampoco se le cuestionó sobre los motivos que llevaron al entonces presidente de la República a destituirlo de la FEPADE. En este contexto, es relevante un dato: José Luis Vargas no presentó su declaración de conflicto de intereses y a la pregunta de la Senadora que lo hizo notar, su respuesta fue que no había tenido tiempo. Este aspirante es el único de los tres que no presentó dicha declaración y que además no mencionó su estado civil.

Los tres tienen algún tipo de estudios de doctorado, el currículo de José Luis Vargas indica que es candidato a doctor desde 2001, Carlos Emilio Arenas Bátiz es el único que tiene grado de doctor (2014) y Daniel Cabeza de Vaca es estudiante de doctorado desde 2013. Aunque no consideramos que sea un dato relevante para determinar al mejor para el cargo en disputa, sí es un dato que está a la vista en sus currículums y que da cuenta de estudios no concluidos y estudios que sí están concluidos.

Carlos Emilio Arenas Bátiz es el único que cuenta con experiencia y trayectoria como juzgador. Ingresó al TEPJF en 1995 y su trayectoria en asuntos jurisdiccionales comenzó en 1996 cuando fue magistrado Regional del Tribunal Electoral. Ni José Luis Vargas ni Daniel Cabeza de Vaca tienen experiencia como juzgadores. Vargas refiere que fue Secretario Instructor en la ponencia de la magistrada María del Carmen Alanís en los meses o el año que va de 2006 a 2007 (sin precisar los meses). Cabeza de Vaca refiere que de 1978 a 1981 fue auxiliar de defensor de oficio del poder judicial, y que de 2009 a 2014 ocupó el cargo de Consejero en el Consejo de la Judicatura y un lugar en la Comisión de Administración del TEPJF, y que desde 2015 (no precisa mes) a la fecha es asesor de la presidencia del TEPJF. En síntesis, no cuenta con experiencia jurisdiccional, pues aun y cuando ha formado parte de la nómina del Poder Judicial Federal, todos los cargos que ha ocupado han sido en áreas administrativas y no jurisdiccionales.

Esta falta de experiencia como juzgadores tampoco ameritó una evaluación y reflexiones de los Senadores, ni preguntas para indagar cómo suplirían, de ser nombrados, esa ausencia. Tampoco fueron examinados sobre lo que de acuerdo con su formación e ideas consideran que deben privilegiar los jueces tanto de legalidad como constitucionales en su desempeño, así como sobre cuáles son, en su opinión, preferibles y por qué.

En cuanto a su experiencia en la práctica electoral, José Luis Vargas fue asesor de Juan Molinar Horcasitas en el IFE (1996 a 2000), asesor de Rodrigo Morales Manzanares del Instituto Electoral del DF de 1999 a 2000  y de Luis Carlos Ugalde en el IFE de 2005 a 2006 (en ningún caso precisa qué meses). Por su parte, Carlos Emilio Arenas Bátiz fue magistrado electoral de Sala Regional del TEPJF de los años 1996 a 2004. Mientras que Daniel Cabeza de Vaca es asesor del Presidente del TEPJF desde el año 2015, aunque no precisa si en temas electorales o administrativos (área en la que cuenta con experiencia por haber sido miembro de la Comisión de Administración), salvo por este último cargo no cuenta con experiencia electoral previa.

La actitud de los comparecientes evidenció su cercanía o no con los criterios rectores de la practica judicial electoral, mientras que José Luis Vargas fue muy crítico de la actuación de la Sala Superior, Carlos Emilio Arenas Bátiz fue poco crítico y Daniel Cabeza de Vaca nada crítico. Sobra mencionar que ser crítico requiere conocer el funcionamiento de aquello sujeto a observación o escrutinio.

La actitud de los Senadores tampoco tuvo ayudó a indagar sobre las fortalezas y debilidades de los candidatos como posibles juzgadores constitucionales electorales. En el mejor momento del escrutinio, a Vargas se le cuestionó sobre casos que ha resuelto la Sala Superior del TEPJF, mientras que a Cabeza de Vaca se le preguntó su opinión de temas generales (tales como género, candidaturas independientes, entre otros), pero lo cierto es que no se le cuestionó de casos o decisiones que han sido tomadas y que merecen revisarse o fijar una postura al respecto. Ojalá en la siguientes comparecencias tengan un mejor desempeñado tanto los candidatos a magistrados como los Senadores.

Strategia Electoral. Equipo de observación electoral. Twitter: @eleccionesymas

 

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Ciudad de México a 19 de septiembre de 2016

H. Comisión de Justicia del Senado de la República

P R E S E N T E

Quienes suscribimos esta misiva somos académicos, profesores universitarios, especializados en cuestiones jurídicas e interesados —como estudiosos y ciudadanos— en la inminente renovación de la Sala Superior del TEPJF. En esa calidad nos permitimos pronunciarnos porque el Senado de la República designe a los nuevos magistrados y magistradas observando las siguientes directrices:

• El Senado debe procurar una composición de la Sala Superior del TEPJF con perfiles y experiencias equilibradas. Esto supone elegir personas que tengan experiencia jurisdiccional especializada en la materia, personas con carrera judicial y personas con experiencia en el ejercicio de la profesión jurídica de manera complementaria. Esto es posible si se toma en cuenta el perfil diverso de las personas que integran las siete ternas confeccionadas por la SCJN.

• El Senado debe garantizar que las personas que integren la Sala Superior del TEPJF sean independientes de los partidos políticos.

• El Senado debe garantizar que las personas que integren la Sala Superior del TEPJF sean independientes de los otros sujetos obligados. En particular de los medios masivos de comunicación.

• El Senado debe garantizar que las personas que integren la Sala Superior tengan un compromiso con el principio constitucional de la laicidad. El Tribunal es el órgano constitucional garante de este principio fundamental para nuestro Estado democrático y, por lo mismo, los magistrados y magistradas deben comprometerse con el mismo. Sabemos que existen otros aspectos relevantes para la debida conformación de un tribunal constitucional pero pensamos que, de cubrirse al menos estas cuestiones, México contará con el órgano jurisdiccional especializado en materia electoral que necesita en este momento de su historia.

Alberto Abad Suárez. Investigador del IIJ-UNAM

Hugo Concha Cantú. Investigador del IIJ-UNAM.

Sergio López Ayllón. Director General del CIDE.

Saúl López Noriega. Profesor asociado del CIDE.

Pedro Salazar Ugarte. Director e investigador del IIJ-UNAM.

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“No comparto las razones para rechazar la terna.” En la recta final de su comparecencia en el Senado, Javier Laynez Potisek cometió un lapsus brutus que seguramente arrancó más de una sonrisa de los legisladores. El senador Mario Delgado le había preguntado su opinión sobre el criterio de la Corte según el cual la reforma energética no podía ser objeto de consulta popular por tratarse de un asunto fiscal. Es claro, pues, que lo que Laynez quería decir es que no compartía las razones por las que se rechazó la consulta. Pero más allá de que el yerro sirvió para amenizar una de por sí larga comparecencia, lo cierto es que quizá Laynez tenga razón. Después de ver las comparecencias de Alejandro Gómez y Álvaro Castro, los otros dos integrantes de la terna, la verdad es que sería una lástima que Laynez no alcanzara la votación para ocupar un espacio en nuestro tribunal constitucional.

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Durante las más de cinco horas que duró la comparecencia los senadores ofrecieron pocas sorpresas. Algunos de ellos se enfrascaron en una disputa, un tanto estéril, sobre si Laynez había participado o no en la representación del Estado mexicano en el caso Radilla Pacheco. ¿El motivo de la discordia? Una de las últimas líneas de un documento relacionado con su –fallida– candidatura a la Corte Penal Internacional, en el cual se afirma que Laynez “participó activamente en el litigio del caso Radilla Pacheco vs. México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.” Laynez tuvo que repetir, una y otra vez, que él no había participado en dicho litigio, ni emitido una opinión alguna sobre el caso, ni asistido a ninguna reunión en donde se tratara el asunto. Vaya, hasta tuvo la puntada decir que jamás había puesto un pie en San José.

También hubo, para no variar la costumbre, preguntas que muestran que si las comparecencias suelen dejar mucho que desear es, al menos en parte, por la calidad de las preguntas. El senador Fernando Yunes, por ejemplo, le preguntó a Laynez si le parecía adecuado el porcentaje (33%) que la Constitución establece para que las minorías parlamentarias presenten acciones de inconstitucionalidad. La duda consiste, por supuesto, por qué sería sensato gastar el de por sí limitado tiempo de las comparecencias para que un senador –que sí puede participar en el proceso de reforma a la Constitución– le pregunte a un candidato a ministro sobre un tema en el que (esperemos) jamás tendrá que pronunciarse.

Tampoco hicieron falta preguntas relativamente técnicas que, no sin alguna dificultad, los legisladores formularon a Laynez. Aquí se repitió las historias de comparecencias pasadas. Primer acto: los senadores formulan una pregunta “compleja”, en la que se entremezclan conceptos como “supremacía constitucional”, “pro persona”, “test de proporcionalidad”, “control de convencionalidad” y los etcéteras de costumbre. Segundo acto: el candidato contesta con mayor o menor precisión a la pregunta. Tercer acto: el legislador intenta revirar pero fracasa en su intento, mostrando que, en repetidas ocasiones, simplemente no entiende la pregunta que formuló. El caso de Laynez no fue la excepción: por lo general dio respuesta a las preguntas, buenas y malas, e incluso tuvo la amabilidad de recordarle a diversos legisladores que sus preocupaciones habían sido contestadas unos minutos antes.

A ratos daba la impresión de que, más que una comparecencia, estábamos presenciando una clase, donde los alumnos se esforzaban en realizar preguntas sesudas a un profesor que contestaba con paciencia y amabilidad. Laynez no sólo se mostró como un candidato por demás calificado en cuestiones fiscales –algo esperable dado sus más recientes cargos–. Si de algo sirvió la comparecencia fue para mostrar que el actual magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un jurista que puede hablar con conocimiento y versatilidad sobre derechos sociales, económicos y culturales; el salario mínimo y su desindexación; la implementación del sistema penal acusatorio; el gobierno judicial y el Consejo de la Judicatura; los protocolos para juzgar en casos que involucren comunidades indígenas; el sistema federal mexicano, o la simplificación de las resoluciones judiciales.

En algunos casos parecía –para usar un símil prestado– que Laynez contaba a las preguntas como si le estuviesen preguntando “la tabla del uno.” Pero también es cierto que el ex Procurador Fiscal de la Federación de plano evitó hablar sobre casos espinosos como Ayotzinapa o el de Lydia Cacho. Sobre el primero, dijo no conocer más que lo ventilado en los medios de comunicación, lo cual le valió el reproche por parte de la senadora Dolores Padierna, a quien la pareció inaceptable que no conociera el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Sobre el asunto de Lydia Cacho, Laynez se limitó a decir que no había profundizando lo suficiente en el tema.

Con todo, sería injusto decir que la comparecencia no sirvió para conocer los puntos de vista de Laynez en temas por demás relevantes. Expresó cierto escepticismo con relación a la más reciente decisión de la Primera Sala relacionada con el uso recreacional de la marihuana; dijo no compartir el criterio del Pleno en materia de consultas populares; y en repetidas ocasiones tuvo la oportunidad de dar ejemplos concretos sobre su visión de la justicia constitucional.

Ciertamente no faltaron reproches por parte de legisladores. Manuel Bartlett, por ejemplo, dijo que la única razón por la que había sido propuesto era por su pertenencia al grupo del “inefable” Huberto Castillejos, actual Consejero Jurídico de la Presidencia. Por su parte, Layda Sansores dijo que, para ser imparcial, Laynez tendría que volver a nacer. Pese a todo, incluso los legisladores más críticos no dejaron de reconocer las cualidades técnicas y la competencia de Laynez como jurista.

La comparecencia de Javier Laynez nos dejó, pues, con un sabor agridulce. Por una parte, parece claro que el actual formato de las comparecencias, pese a ciertas mejoras, está lejos de garantizar una auscultación abierta de los candidatos a ministro. Por la otra, no deja de ser una buena noticia que, al fin, hayamos presenciado una comparecencia de un candidato con madera de juez constitucional. Si se valora el mérito y la trayectoria, parece que los senadores no enfrentarán una decisión particularmente difícil en los siguientes días —al menos en esta terna—.

Javier Martín Reyes. Abogado por la UNAM y politólogo por el CIDE. Actualmente realiza estudios doctorales en la Universidad de Columbia. Twitter: @jmartinreyes

 

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La comparecencia de la magistrada Verónica Judith Sánchez Valle empezó y terminó con una defensa. Desde que se presentó en la terna, que integra junto con las magistradas Norma Piña y Sara Patricia Olea, salieron a la luz algunos antecedentes polémicos que marcaron, definitivamente, su comparecencia: (i) el caso Sauceda Guerra, a quien se le acusaba de lavado de dinero en los Estados Unidos y cuya solicitud de arresto para extradición fue negada por la entonces juez Sánchez Valle; (ii) el del expresidente guatemalteco Alfonso Portillo, caso en el cual la juez consideró que no procedía la extradición; y (iii) la liberación de José Gerardo Ortaga Amaya, ex asesor del Secretario de Marina, acusado del delito de delincuencia organizada.

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La comparecencia de la magistrada Sánchez Valle, en este contexto, inició con cuestionamientos directos de la Senadora Martha Tagle respecto esos casos y concluyó con una interpelación en el mismo sentido por parte del Senador Armando Ríos Piter. La magistrada agradeció el espacio y sostuvo que era su oportunidad para exponer su versión de los hechos. En relación con el caso Sauceda Guerra, la magistrada explicó que emitió un fallo contrario a la Procuraduría General de la República (PGR), ya que ésta le presentó una persona cuyos apellidos y media filiación diferían de aquella respecto de la cual había sido solicitada una orden de arresto para fines de extradición. Por ello —justificó— su decisión fue ordenar la liberación inmediata de la persona presentada. Al respecto, sostuvo que en ese caso su papel como juzgadora federal se limitó a proteger la libertad personal de una persona distinta de Sauceda Guerra.

Como consecuencia de su decisión en el caso Sauceda Guerra, la PGR inició averiguación previa contra la entonces juez Sánchez Valle por delitos contra la administración de justicia. En su comparecencia ante el Senado, explicó que la orden de aprehensión fue negada en primera instancia y que dicha negativa fue confirmada en apelación. A pesar de reconocer la incomodidad que pasó entonces, Sánchez Valle dijo “estar en paz” y convencida de haber actuado bien e, incluso, destacó que con posterioridad a ese incidente el Consejo de la Judicatura Federal le ratificó en el cargo y, después, la ascendió a magistrada de Circuito.

La magistrada, quien mañana cumple 45 años, tuvo también la oportunidad de explicar que en el caso de la extradición de Portillo no se cumplían los requisitos señalados en el tratado de extradición respectivo –lo cual hizo saber, en su momento, a la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el caso de Ortega Maya, Sánchez Valle dijo estar imposibilitada para hacer muchos comentarios ya que el caso sigue pendiente de resolución, pero sostuvo que su actuar como juez de proceso penal fue limitado por una ejecutoria de amparo a la cual tuvo que dar cumplimiento.

Como parte de la defensa que la magistrada hizo de su papel como juzgadora federal, casi al final de su intervención, destacó la necesidad de revisar la comunicación social del Consejo de la Judicatura Federal. Manifestó que, en muchas ocasiones, los ciudadanos no tenemos información completa o cierta sobre las resoluciones judiciales federales y, en consecuencia, se hacen juicios incorrectos respecto los mismos.

A la largo de su comparecencia, la magistrada Sánchez Valle mostró mayor seguridad al responder preguntas relativas a la materia penal. Es más: dijo preferir la materia penal sobre la administrativa —en la cual trabaja actualmente—. En particular, explicó que el derecho del enemigo es una doctrina que justifica la imposición de penas por encima de los derechos humanos, dentro de esa doctrina identificó los casos de la punibilidad anticipada y la extinción de dominio. Por otra parte, sostuvo que, en su labor como jueza penal, había encontrado una gran dificultad para acreditar todos los elementos que integran el tipo penal de trata de personas, por lo cual hizo un llamado a revisarlo en sede legislativa.

Asimismo, en cuanto a su perspectiva acerca del alcance y protección de los derechos humanos, al igual que acerca de las limitaciones a los que éstos pueden ser sujetos, la magistrada expresó estar comprometida con su protección y maximización. Sin embargo, en cuanto al arraigo, expresó que debe ponderarse la seguridad pública y la libertad personal, manifestando que la primera tiene mayor peso. De igual forma expresó la importancia de las resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; sin embargo, erróneamente afirmó que cuando el Estado mexicano no es parte en una resolución emitida por dicha Corte, los criterios únicamente son orientadores, pero no obligatorios —criterio que ya fue superado por la Suprema Corte—.

En cuanto al tema de interrupción legal del embarazo, la magistrada manifestó que debe de existir una ponderación entre el “derecho a una vida digna del menor” y los derechos de libertad y a la salud de la madre —dejando ver su oposición al derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo—.

Después de la intervención de la Senadora Angélica de la Peña, la magistrada Sánchez Valle dijo entender la responsabilidad que implica ser propuesta para sentarse en la silla de la ministra Sánchez Cordero. Además, dijo no conocer a nadie ni estar apadrinada por un grupo político y recordó sus sencillos orígenes en el Poder Judicial de la Federación.

En general, la magistrada se vio segura en sus respuestas y, con lenguaje coloquial —“el negrito en el arroz” y “a ojo de buen cubero”—, expuso su punto de vista sobre diversas problemáticas jurídicas a las cuales se enfrenta el Poder Judicial de la Federación. No obstante, el eje central de la comparecencia fue su propia defensa, lo cual opacó temas de mayor trascendencia para el orden jurídico nacional.

Julio Martínez Rivas. Abogado (ITAM) y colaborador de la ponencia del ministro Cossío en la Suprema Corte. Twitter: @julio_mr1

Mariana Aziz Pico. Estudiante de la licenciatura en derecho en el ITAM y colaboradora de la ponencia del ministro Cossío en la Suprema Corte. Twitter: @marianaaziz

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Al momento de ser emitidas las ternas enviadas por el presidente de la República, el primer nombre que llamó la atención a la opinión pública fue el de Alejandro Jaime Gómez Sánchez. Actual Procurador del Estado de México y cercano en especial al consejero jurídico de la presidencia de la República, Humberto Castillejos. Su nombre, en razón de su cargo y trayectoria, se encuentra ligado a casos de posibles violaciones a derechos humanos de enorme relevancia: Atenco y Tlatlaya.

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En consecuencia, esta ha sido hasta el momento la comparecencia más larga de todas, aunque, por desgracia, no por ello la más rica en contenidos, exposición de ideas y posibilidades de satisfacer su objetivo primordial: conocer el potencial de un aspirante para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte, su postura ideológica, su capacidad de argumentación jurídica y su posición en temas de vital importancia.

Para comenzar y de acuerdo con el procedimiento, el aspirante hizo lectura de su carta de intenciones. Redactada en un lenguaje técnico, razonablemente bien sustentado y, aunque cumplidora, ninguno de sus contenidos resultó particularmente atractivo. Llama la atención la mención a la existencia y lógica de la división de poderes, pero combinada con la necesidad de cooperación y armonía entre los mismos para “garantizar la unidad política del Estado”. Recuerda, con su matiz a cierta ministra de la Corte Constitucional Venezolana que, de acuerdo con Pedro Salazar, pidió “olvidar la noción burguesa de la división de poderes”.

Más adelante se refirió en específico a la reciente sentencia en materia de producción y consumo de cannabis de la Corte mexicana. Y bajita la tenaza, anotó que la sentencia podría tener vicios en materia de convencionalidad a partir de algunas interpretaciones acerca de los compromisos internacionales que tiene México en materia de combate a las drogas. Además de que en una nota al pie un tanto catastrofista, también anotó que la resolución puede tener problemas de ponderación entre derechos humanos, políticas públicas, seguridad y bien común.

Por su parte, las preguntas de los Senadores, en su mayoría se refirieron al  trabajo del aspirante como Procurador del Estado de México, especialmente en temas como derechos humanos, fuero militar y violencia de género. En general, las preguntas fueron, como suelen ser, más políticas que jurídicas pero ayudaron a evidenciar tres características fundamentales del candidato que fueron los signos transversales de la comparecencia:

1) Su comparecencia giró en torno a una explicación, en distintos momentos y matices, acerca de la solución de los casos controvertidos a lo largo de su trayectoria y actual cargo: Tlatlaya, Atenco y los diversos feminicidios ocurridos en el Estado de México.  Por eso, como señaló la Senadora Martha Tagle, más que una comparecencia podemos decir que lo que vimos fue una mezcla entre un informe de labores y… una clase de derecho procesal penal con perspectiva de género.

2) Sánchez Gómez tiene un problema serio de comprensión. En la primer ronda de preguntas, sobre diversos temas y realizadas por las Senadoras Tagle, de la Peña y Ortega, no fue capaz de contestar, sin necesidad de una explicación posterior ninguna de las inteorrgantes que se le hicieron.

3) El aspirante estuvo en todo momento más ocupado en justificar su trabajo actual y en convencer a los Senadores de la no existencia de ningún posible conflicto de interés devenido de sus relaciones y trabajos anteriores, que en analizar y responder las preguntas que se le realizaron. Una de sus frases más repetidas a lo largo de la comparecencia fue “todo mi trabajo lo he realizado en estricto apego a la legalidad”. Inclusive,  más adelante, hizo la ya conocida exposición sobre por qué los posibles conflictos de interés no son tales “tomando en cuenta la legislación en materia de responsabilidad de los servidores públicos”.

En el plano jurídico los problemas son un tanto más graves. Aunque la primer ronda de preguntas de los Senadores estuvo enfocada en temas políticos, las preguntas realizadas por la sociedad civil, ya sea en el formato de foro abierto o en el aquellas que fueron retomadas por algunos Senadores como Layda Sansores y Alejandro Encinas -y que habían sido elaboradas por expertos constitucionalistas-, se enfocaron más en tratar de conocer las capacidades como jurista de Sánchez Gómez.

En un balance general, y por demás generoso, podemos decir que Sánchez Gómez tiene “apenas algunos conocimientos básicos de derecho constitucional”.  Es evidente que sus años como Procurador y analista en temas de justicia penal le han dado amplios conocimientos, especialmente procedimentales, en la materia. Pero en derecho constitucional le falta mucho por aprender. Su respuesta a la mayoría de las preguntas, sin importar si éstas se encontraran referidas al (falso) dilema entre la salvaguarda de los derechos de las víctimas y de los presuntos culpables, la regulación del cannabis en México o medidas de reparación del daño, para Sánchez Gómez todo puede resolverse a partir de la ponderación entre derechos. Ponderación, que, a su juicio, debe tener en cuenta también “el orden público y la preservación del bienestar social”.

En segundo término, Sánchez Gómez evidenció que conoce poco de la labor que realizará en caso de ser ministro. A lo largo de la comparecencia, en especial frente a ciertas preguntas “de rescate” del tipo “que aportaría usted a la Suprema Corte en caso de llegar a ser ministro”, el Procurador Sánchez se limitó a señalar que iba a hacer lo que la Constitución le obliga a hacer “realizar su labor con profesionalismo, independencia, apego a la legalidad… etc., etc.”. Incluso, cuando se le preguntó directamente por el trabajo de uno de sus posibles futuros colegas, el ministro José Ramón Cossío, no dudó en contestar –con mucha honestidad, eso sí- “que no conocía el trabajo al que se le hacía referencia”.

Y eso nos lleva al último punto problemático de la comparecencia de Sánchez Gómez: su constante remisión a “lo que dice la ley” como solución a las preguntas que se plantearon en distintos temas. Pareciera ser, de acuerdo con la visión de Sánchez Gómez, que la corrupción en el poder judicial, las ejecuciones extrajudiciales, los feminicidios, las prebendas excesivas que obtienen los funcionares judiciales y las deficiencias en los procesos institucionales, tienen su raíz y su solución en los textos jurídicos. Estrechez de miras que, si bien es preocupante en la clase política, resulta imperdonable en un aspirante a tener un trabajo que estriba, precisamente, en interpretar “lo que dice la ley”.

En síntesis, la comparecencia de Sánchez Gómez nos deja dos lecciones: por un lado, que a pesar de todas las fallas como Procurador de Justicia, es mejor fiscal que aspirante a ministro y; por el otro, que no tiene ni la trayectoria, ni el conocimiento, ni la independencia del poder ejecutivo —sin importar al grupo político al que este pertenezca— para llenar los zapatos del ministro Silva Meza.

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM. Twitter: @pauletta_sofia

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El día de hoy, dentro del calendario de comparecencias de los candidatos a ministros de la Suprema Corte, tocó el turno de la magistrada federal Norma Piña. Las reglas de este ejercicio ante la Comisión de Justicia del Senado de la República fueron las mismas que el día de ayer.

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Así, la magistrada Piña aprovechó sus veinte minutos de exposición para explicar, en buena medida, las características del modelo de justicia constitucional de nuestro país. Al respecto, mencionó que se trata de un modelo concentrado en los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación que, si bien ha sufrido algunos cambios en los últimos años, su esencia es concentrarse en tres diferentes órganos: jueces de distrito, magistrados de circuito y ministros de la Suprema Corte. Esto significa, subrayó la magistrada Piña, que los jueces de distrito y los magistrados de circuito realizan tareas propias de un juez constitucional e, inclusive, en ocasiones, estos últimos son órganos terminales. Es decir, en ellos concluyen ciertos asuntos. La estrategia de Piña, al plantear esta exposición, no fue mala: su objetivo era subrayar que ella, en su calidad de magistrada de circuito, ya lleva años realizando las tareas propias de una jueza constitucional. No obstante, hubiese sido más persuasiva si su exposición la hubiese limpiado de tantos formalismos y, en vez de ello, ofreciese aspectos cualitativos de lo que ha sido su trabajo justo como jueza constitucional.

Después iniciaron las rondas de preguntas. A diferencia de la actuación de ayer de la magistrada Orea, Piña fue segura en sus respuestas. En casi ninguna ocasión titubeo ni mostró desconocimiento de qué es lo que le estaban preguntando. Sin embargo, esto sirvió para evidenciar la pobre preparación de prácticamente cada uno de los Senadores que participaron en la comparecencia. Salvo un puñado de Senadores, que claramente sí tienen una idea de lo que está en juego en esta designación y de los flancos a partir de los cuales se debe escudriñar a los candidatos, el resto no supo qué hacer con una candidata que en ningún momento tuvo un momento particular de lucidez pero sí ofreció respuestas ágilmente evasivas y terminantes.

Así, los Senadores lanzaron preguntas que ante las magras respuestas de la magistrada Piña, y justo por no entender del todo tales preguntas, dejaron ir la oportunidad de lanzar contrarréplicas que pusieran en aprietos a la candidata. Por ejemplo: se le preguntó su opinión sobre el informe del Comité en contra de la tortura de la ONU, que recién señaló que la tortura en el país es una práctica generalizada para obtener confesiones de los detenidos. La respuesta de la magistrada Piña fue que ella no podía descalificar ese reporte de la ONU y que se estaban tomando medidas para acabar con la tortura. ¿Alguna contrarréplica respecto los criterios de la Suprema Corte en materia de tortura? ¿Cómo se deberían alinear los incentivos institucionales para realmente atar la actuación de la policía? ¿En qué consiste la tarea del juez de control en el nuevo sistema penal? Los Senadores no fueron capaces de formularle ninguna de éstas u otras preguntas a la candidata en un tema de enorme relevancia. Sobre todo porque no hay que olvidar que Piña está en la terna de candidatas para sustituir a Sánchez Cordero y, en su caso, integrarse a la Primera Sala de la Corte (la cual ve precisamente los casos sobre tortura).

También se le preguntó cuáles debiesen ser, en su opinión, los límites jurídicos al concepto de seguridad nacional como candado para reservar cierta información pública. La respuesta de la magistrada Piña fue: “Los límites jurídicos son las violaciones graves a las garantías.” Ante uno de los temas más peliagudos de la discusión constitucional alrededor del mundo, esta fue la respuesta que ofreció la candidata. Peor aún: fue la que aceptó sin reparar la Comisión de Justicia. Un ejemplo más: se le preguntó su opinión respecto que el Estado autorice, y defina un procedimiento, para la eutanasia activa. Piña, lacónicamente, dijo: No hay valores absolutos. Estamos ante un conflicto entre el valor de la vida y el de la dignidad de las personas. La educación ayuda a resolver este tipo de problemas.

Pero también hubo preguntas enteramente erróneas por parte de los Senadores. ¿Un mecanismo de control del poder legislativo hacia el poder judicial vulneraría la autonomía de éste?  ¿Cree que la Suprema Corte se ha excedido en algunas decisiones como intérprete de la Constitución?  ¿Cuál es la diferencia entre el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad? Preguntas vagas, ancladas en lugares comunes y con un blanco de ataque equivocado.

Algo que es necesario destacar es que, desde la comparecencia del día de ayer, los Senadores básicamente han centrado sus preguntas en temas de derechos. Pero no han lanzado ninguna interrogante respecto ese otro gran filón de casos que resuelve la Corte día a día: la organización del poder. Es decir, el proceso de escrutinio ha dejar escapar temas de enorme relevancia como el federalismo, la división de poderes y la estructura de nuestro texto constitucional. ¿Cuál es la naturaleza de los artículos transitorios de nuestra Constitución? ¿Cómo ordenar esa madeja normativa que es nuestro federalismo cooperativo? ¿De qué manera darle una lectura sistemática a las diferentes concepciones de autonomía orgánica otorgada a diversos poderes en el texto constitucional? Es posible que los Senadores se estén limitando a los temas de derechos debido a que son más taquilleros. Pero inclusive profundizar en el tema de derechos exige involucrarse, por ejemplo, en los problemas de nuestro federalismo que dificultan que ciertos derechos ya instrumentalizados en política pública no aterricen de manera adecuada en los diferentes ordenes de gobierno.

Pero lo que más llama la atención es que la magistrada Piña ante este calibre de preguntas no las aprovechara para lucirse. En alguna de las rondas, por ejemplo, se le preguntó cuál era su filosofía judicial. Se trata de una interrogante que le abrió una enorme oportunidad para brillar. Ofrecer una muestra de su cultura constitucional, su conocimiento de sentencias de nuestra Corte pero también de otros países, así como algunos de los retos de la narrativa constitucional en el país y el mundo. Por el contrario, su respuesta fue: “No aplicar de manera formal el derecho, sino conforme a los valores y principios de la Constitución.”

Es cierto: hubo algunas buenas esgrimas por parte de ciertos Senadores. Insistieron en el tema de la corrupción en el Poder Judicial de la Federación; la tesis de jurisprudencia de la Corte que sostiene la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública; así como, en su desempeño como magistrada de circuito. Pero no fue suficiente. La magistrada Piña esquivó los cuestionamientos con respuestas breves, evasivas y formalistas. ¿En verdad el Senado va a permitir que una candidata a la Suprema Corte pueda librar este escrutinio con tal tipo de respuestas?

Saúl López Noriega. Profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Twitter: @slopeznoriega

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El día de hoy, inició la serie de comparecencias de los candidatos a ministros de la Suprema Corte ante la Comisión de Justicia del Senado –en su caso, dos de estos seis candidatos sustituirán a los ministros Silva Meza y Sánchez Cordero, quienes justo el día de hoy concluyeron su cargo.

Respecto las reglas que definieron el rumbo de esta comparecencia, vale destacar algunos puntos no menores: este ejercicio de escrutinio fue transmitido por el Canal del Congreso; se integró por tres rondas de preguntas formuladas por Senadores de los diversos partidos políticos e, inclusive, de miembros de la sociedad civil que previamente enviaron sus cuestionamientos a la Comisión de Justicia; hubo posibilidad de que, después de plantear su pregunta, el Senador en cuestión pudiese lanzar una contrarréplica si no quedaba satisfecho con la respuesta de la candidata y; por último, no se estableció un límite de tiempo ni para la participación de los Senadores ni para las respuestas de la candidata.

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Así, bajo este conjunto de reglas, la comparecencia inició con una intervención de 20 minutos de la magistrada Orea, quien integra la terna para sustituir a Sánchez Cordero. Sobra mencionar que esta exposición era una oportunidad valiosísima para explicar a los integrantes de la Comisión de Justicia, y a la opinión pública, su visión de lo que debe ser la justicia constitucional y sus habilidades para coadyuvar a la consolidación de ésta. Lo que ofreció, por el contrario, la magistrada Orea fue un ramillete de lugares comunes. Un recorrido por divagaciones respecto conceptos como democracia, Estado de derecho, seguridad pública y su relación con la Suprema Corte; asimismo, al plantear los que a su juicio son los retos de nuestra corte constitucional simplemente se limitó a enumerar las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, sistema penal, juicio de amparo; por último, la magistrada Orea ofreció un breve recuento de la evolución del derecho en el mundo occidental y la etapa en la que se encuentra la Corte mexicana: el Estado constitucional y democrático de derecho.

Una vez que concluyó esta exposición por parte de la candidata, comenzaron las rondas de preguntas. E inició, a su vez, un espectáculo francamente bochornoso. La magistrada Orea demostró en más de una ocasión que desconoce enteramente lo que significa la justicia constitucional y el sinfín de temas que giran alrededor de ésta. No se trata de que personalmente no hayan gustado sus respuestas. No. Más bien, se trata de una ignorancia constitucional que sólo sirvió para evidenciar la irresponsabilidad mayúscula del presidente Peña Nieto al incluirla en la terna de candidatas a ministra de la Suprema Corte.

Aquí algunos ejemplos: Desde el inicio se le preguntó si el INAI debía tener o no la facultad de determinar si cierta investigación en materia penal era una violación grave de derechos humanos y, por tanto, proceder a calificar tal investigación como información pública. Después de la insistencia de dos Senadoras para que contestara esta interrogante, y demostrar su claro desconocimiento en el tema, afirmó que el INAI sí debía tener esta facultad pero sin ninguna argumentación al respecto. Otro miembro del Senado le lanzó esta interrogante: ¿cómo impulsar una relación armónica entre el juicio de amparo y el nuevo sistema penal? Se limitó a afirmar que en efecto era necesario construir una relación armónica entre ambos instrumentos normativos y, para ello, probablemente habría que reformar algunos aspectos de la Ley de amparo. Sobre el caso de Campeche y matrimonio entre personas de mismo sexo, resuelto por la Suprema Corte, se le preguntó su opinión del voto del ministro disidente en tal sentencia. No conocía el caso, ni mucho menos tal voto, de ahí que sólo se pronunció a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y señaló que éste no afectaba el interés superior del niño, pero una vez más no ofreció una exposición de los eslabones argumentativos que sostuviesen su postura al respecto. También se le preguntó su posición sobre la contradicción de tesis 293/2011 y otros casos similares; en concreto, sobre la jerarquía entre normas internacionales y constitucionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se trata de un caso de enorme relevancia para cualquiera que aspire a ser ministro de la Suprema Corte. No obstante, la magistrada Orea no lo conocía. Fue necesario que la Senadora que le formuló esta pregunta le diera más de una pista para que Orea al final pudiese ofrecer una respuesta vacua y sin un mínimo de coherencia. El mismo tipo de respuesta que ofreció, ante la interrogante de qué opinaba del arraigo y del principio pro persona.

Ante estas respuestas, los Senadores parecían unos expertos en justicia constitucional. Pero en realidad no fue así: sin preguntas particularmente sofisticadas –inclusive varias de ellas francamente mediocres-, la magistrada Orea se desmoronó. Nerviosa, desarticulada, acabó su comparecencia clavando su mirada en el pódium buscando respuestas en un torbellino de tarjetas. No las encontró. Y, por ello, lo único que se puede esperar, después de esta primera comparecencia, es que haya sido el episodio más penoso de este proceso de designación y lo que venga sea mucho mejor.

Saúl López Noriega. Profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Twitter: @slopeznoriega

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