victoriaLa designación del ministro Eduardo Medina Mora nos deja una lección clara: con las actuales reglas del juego, el presidente de la República siempre –o casi siempre– gana en el nombramiento de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. El pasado proceso nos confirmó, por una parte, que el Senado tiene pocos incentivos para rechazar la primera terna de candidatos, pues siempre existe la amenaza de que el Presidente envié una segunda terna con perfiles aún más afines y, más importante aún, que realice una designación directa en caso de que ésta sea también rechazada. Por otra parte, la designación del nuevo ministro también nos muestra que, por desgracia, la construcción de un contexto de exigencia en la opinión pública no es condición suficiente para garantizar el procedimiento de designación que nos merecemos.

En las siguientes líneas reflexiono sobre la forma en que reglas, actores y preferencias se conjugaron en la designación del ahora ministro Medina Mora. Me interesa argumentar, principalmente, dos aspectos. Primero, un presidente generalmente podrá designar al candidato de su preferencia siempre y cuando (a) cuente con al menos de un tercio de votos en el Senado y (b) esté dispuesto a asumir los costos derivados de un nombramiento polémico ante la opinión pública. Segundo, en las futuras designaciones muy probablemente seguirán prevaleciendo los perfiles cercanos al titular del Ejecutivo a menos de que modifiquemos las reglas que regulan el nombramiento de ministros.

El procedimiento vigente: una cancha dispareja.

Una lectura apresurada del artículo 96 de la Constitución podría dejar la impresión de que el Senado tiene la última palabra en la designación de ministros: el presidente propone una terna de candidatos y los legisladores designan mediante una mayoría calificada. Sucede, sin embargo, que dicho artículo constitucional en realidad sólo le da a los senadores algunas oportunidades de tener la última palabra. Frente a una primera terna, en el Senado pueden ocurrir tres cosas: (1) que transcurran 30 días sin que el Senado se pronuncie, (2) que dentro de esos 30 días los legisladores voten las propuestas del presidente, pero ninguno de los candidatos obtenga el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, o (3) que dentro de ese plazo un candidato sí obtenga la mayoría calificada. Sólo en este tercer escenario el Senado efectivamente tiene la última palabra, pues en el primero el presidente designa directamente al candidato de su preferencia, mientras que en el segundo se requiere que el titular del Ejecutivo presente una nueva terna.

Aunque en esta segunda terna se presentan las mismas tres alternativas, las consecuencias son distintas. El Senado sólo puede nombrar al candidato de su preferencia si dos terceras partes de los miembros presentes votan por un candidato. En los otros dos escenarios –es decir, si no se produce la votación en el plazo de 30 días o si habiendo votación ninguno de los candidatos obtiene la mayoría calificada– el presidente de la República nombra directamente al nuevo integrante de la Corte.

En pocas palabras, con las reglas del juego vigentes, es el presidente –y no el Senado– quien tiene un papel protagónico en la designación de ministros. El titular del Ejecutivo no sólo selecciona a todos los posibles candidatos, sino que también puede nombrar directamente al candidato a su preferencia en múltiples escenarios. El Senado, en cambio, tiene poco tiempo para consensar una mayoría calificada y sólo se puede dar el “lujo” de rechazar una de las ternas. Ante la demora o falta de consensos, el presidente nombra.

El juego entre poderes: al presidente le basta con un tercio del Senado

La designación de Medina Mora parece confirmar que, cuando el partido del presidente cuenta con al menos un tercio los votos en el Senado, lo más conveniente para el titular del Ejecutivo es enviar “ternas de uno”. De esta forma se minimizan riesgos y se garantiza el nombramiento de un candidato afín. Veamos. Si en la primera terna el presidente incluye a su candidato preferido –junto con otros dos “de relleno”– y su partido lo apoya, entonces los senadores bajo ninguna hipótesis podrá evitar su designación: (1) si tardan más de 30 días en votar las propuestas, el titular del Ejecutivo nombra al candidato de su preferencia; (2) si votan con el partido del presidente y se alcanza la mayoría calificada, se designa al candidato del Ejecutivo; y (3) si no votan con el partido del presidente y no se alcanzan las dos terceras partes, la terna se rechaza. En dos de tres, el presidente gana.

Peor aún, si la primera terna se rechaza, las cosas se complican aún más para la oposición. En la segunda terna, el presidente puede volver a incluir al candidato de su preferencia y sustituir a uno o dos de los candidatos de relleno. Si el Presidente cuenta con el apoyo de su partido, entonces, la oposición siempre pierde. El candidato del titular del Ejecutivo termina siendo designado en todos los casos: (1) si el Senado tarda más de 30 días, se da una designación directa, (2) si suficientes senadores de oposición votan con el partido del presidente, el candidato del Ejecutivo es designado y (3) si la oposición no apoya la candidatura y no se alcanzan las dos terceras partes, también se llega a la designación directa por parte del presidente. Dicho en pocas palabras, en la segunda terna, el presidente gana tres de tres.

Creo que la designación de Medina Mora corrobora lo anterior. Desde un inicio, fue claro que el presidente Peña Nieto envió una “terna de uno”. En el papel, el contraste entre los candidatos era evidente: Medina Mora, un funcionario que había mantenido cargos de primera línea durante tres administraciones, se enfrentaba a dos candidatos con una larga pero poco conocida carrera judicial: Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Horacio Armando Hernández Orozco. Más aún, la distancia entre los candidatos quedó patente en sus comparecencias ante el Senado y, sobre todo, la tarde en que Medina Mora se volvió ministro de la SCJN. Por una parte, Fuentes Barrera mostró una vocación por adoptar el discurso de los nuevos tiempos, pero tuvo pocas intervenciones memorables y dejó la impresión de ser un juzgador relativamente ortodoxo. Por la otra, el caso de Hernández Orozco seguramente será recordado como un ejemplo de las actuaciones que los candidatos deben evitar en un proceso de designación.[1] Frente al pobre desempeño de sus contrincantes, las intervenciones de Medina Mora fueron, por mucho, las mejores.

Asimismo, creo que las votaciones en el Senado siguieron la estrategia que he delineado arriba. Desde el principio quedó claro que el PRI apoyaría la propuesta del presidente. En declaraciones públicas, el senador Omar Fayad fue claro al señalar que el PRI es “un partido que apoya a su Presidente” y que los senadores priistas no tienen “una sana distancia” con el titular del Ejecutivo. Era claro, pues, que el presidente contaba con el apoyo de su partido.

Por otra parte, creo que la mayoría de los senadores del PAN apoyaron la designación por dos razones. Sin duda, algunos senadores habrán votado por Medina Mora por su cercanía o posiciones ideológicas. Pienso, por ejemplo, en el senador Daniel Ávila Ruiz, quien el día de la designación de Medina Mora señaló que la votación era un tema de “principios y valores”, especialmente del “respeto a la vida”. Sin embargo, considero que también pesaron –y mucho– los incentivos perversos que genera el sistema de designaciones. Así lo dio a entender el senador Roberto Gil Zuarth, quien con puntualidad señaló las deficiencias de un procedimiento en el que “la falta de tiempo y acuerdos siempre favorecen al Ejecutivo”.

Los senadores del PAN sabían que, ante el eventual rechazo de la primera propuesta, el presidente podía incluir de nueva cuenta a Medina Mora en la segunda terna. O, peor aún, en la nueva terna Peña Nieto podía enviar a un candidato todavía más afín a su persona pero más lejano a las preferencias ideológicas del PAN. Un día antes de la elección del nuevo ministro, Ciro Gómez Leyva vaticinaba, con su habitual retórica, apuntó:

“otro triunfo de la eficacia política, con un PAN que no está muy animado con la idea de una segunda terna que dejaría al Presidente cerca de la eventualidad de nombrar directamente a uno de los suyos. Porque entre Medina Mora o un priísta tipo Alfredo Castillo, prefieren a alguien que, a fin de cuentas, les cae bien.”

Para debiese seguir: transparencia, costo político y, sobre todo, un nuevo procedimiento.

Es cierto que, de cara a futuras designaciones, hay mucho que hacer tanto en el Senado como en la sociedad civil. Si bien la Comisión de Justicia estableció algunas condiciones de transparencia y apertura, las intervenciones de los candidatos mostraron que un día no es suficiente para desahogar las comparecencias de tres candidatos; que el formato de preguntas y respuestas hace imposible un verdadero examen del perfil de los integrantes de la terna; así como que las preguntas de los senadores no siempre fueron adecuadas. En futuros procesos, los senadores bien podrían aprobar un procedimiento más abierto y más transparente: con comparecencias que se extiendan por varios días; con un formato que permita diversas réplicas entre senadores y candidatos; y quizá con la intervención no sólo de legisladores, sino también de especialistas.

Y, sin duda, en futuros procesos de designación se podría intentar repetir –y superar– la extraordinaria participación de la sociedad civil. Creo que no es exagerado decir que, pese a todo pronóstico, en un par de semanas fue posible construir un auténtico contexto de exigencia. Innumerables figuras públicas dieron seguimiento y analizaron la propuesta presidencial; la prensa dio una cobertura permanente a las distintas etapas del proceso; y las más variadas organizaciones sociales participaron tanto en el debate público y la protesta, como en los espacios formales que abrió el Senado. Las más de 50,000 firmas de la petición iniciada por los académicos Catalina Pérez Correa, Alejando Madrazo y Jorge Javier Romero fue el ejemplo más notable de una sociedad civil que, por primera vez, dio la importancia que amerita el proceso de designación de jueces constitucionales.

Pero mucho me temo que no bastará con mejorar las reglas de las comparecencias en el Senado o con fomentar la participación activa desde la sociedad civil. La designación del ministro Medina Mora es una muestra de los alcances, pero también de los límites del activismo. Las reglas actuales generan un desequilibrio tan pronunciado e imponen tiempos tan limitados que resulta casi imposible que la sociedad civil altere los incentivos del presidente y el Senado. Hemos visto, pues, lo complicado que es elevar el costo político a los poderes que intervienen en la designación.

Por eso creo que un cambio de reglas es casi indispensable. Y si bien podríamos discutir largo y tendido sobre el procedimiento ideal para nombrar a nuestros jueces constitucionales, aquí hago una propuesta modesta: pasemos del sistema de ternas a la nominación de candidatos únicos y, sobre todo, eliminemos por completo las hipótesis que permiten la designación directa por parte del Presidente.[2] Se trata, en síntesis, de contar con un procedimiento que al menos nos dé la posibilidad de darnos el tribunal constitucional que nos merecemos.

Javier Martín Reyes. Abogado por la UNAM y politólogo por el CIDE. Actualmente realiza estudios doctorales en la Universidad de Columbia. Twitter: @jmartinreyes

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[1] En la comparecencia ante el Senado, Hernández Orozco resbaló en más de una ocasión, sosteniendo posturas contradictorias en temas como el aborto y el control jurisdiccional de las reformas constitucionales. Días después, realizó declaraciones a El Universal para denunciar que el Presidente Peña Nieto veía a la SCJN como un “refugio de cuates”, sólo para retractarse a una cuantas horas después en una entrevista radiofónica concedida a Carmen Aristegui. Finalmente, el día en que el Senado votó la designación de Medina Mora, Hernández Orozco estuvo, según la puntual crónica de Juan I. Zavala, “al borde de las lágrimas durante su largo relato autobiográfico contado en tercera persona, que oscil[ó] entre el sentimentalismo, la cursilería y la pretensión de elocuencia.”

[2] En concreto, bastaría con que el artículo 96 constitucional estableciera algo como lo siguiente: “Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República enviará al Senado la propuesta de un candidato que cumpla con todos los requisitos constitucionales y legales. Previa comparecencia de la persona propuesta, el Senado podrá realizar la designación mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. En caso de que la persona propuesta no alcance dicha votación, el Presiente propondrá a otro candidato.”

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Después de un acalorado e inédito debate en redes sociales y diversos medios de comunicación respecto la candidatura de Eduardo Medina-Mora a ministro de la Suprema Corte, fue finalmente ratificado como tal por el Senado de la República. Más allá del indispensable ejercicio de reflexión que debe seguir después de un proceso de designación de este calibre, a continuación se presenta una puntual y aséptica crónica de cómo fue la tarde de hoy en que se nombró a un nuevo ministro de la corte constitucional mexicana. 

12:15. Distintas notas periodísticas revelan que la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en el Senado de la República acuerda brindar su apoyo a Eduardo Medina Mora, uno de los candidatos enviados por el presidente de la República para ocupar la vacante que dejó Sergio Valls con su fallecimiento el año pasado.

12:30. Fuera del recinto parlamentario, un grupo de ciudadanos se manifiesta en contra de Eduardo Medina Mora. “Por una Corte independiente”, se lee en algunas pancartas; “No queremos abortos rápidos y furiosos”, dicen otras.

Al mismo tiempo, activistas sociales y senadores del Partido de la Revolución Democrática entregaron en el Senado más de 50 mil firmas en contra de la designación de Eduardo Medina Mora como ministro de la SCJN. Señalan deficiencias en su labor como procurador General de la República; acusan que durante su gestión al frente de la PGR se violaron de manera sistemática derechos humanos y que, en distintas controversias y acciones constitucionales, se opuso al federalismo y al derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo.

13.50. Miguel Barbosa señala la ruta y el procedimiento que seguirá el proceso de votación del nuevo ministro de la Corte.

13.53. Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia, presenta el dictamen de la Comisión, confirmando que los aspirantes al cargo de ministro de la SCJN cumplen con los requisitos de elegibilidad que exige la Constitución para ocupar el puesto.

Reconoce que, como nunca antes, la sociedad civil participó en el proceso de designación del nuevo ministro. Por otra parte, criticó el mecanismo legislativo de designación de ministros, pues la responsabilidad del presidente de la República se diluye al enviar una terna y no un perfil único.

14:01. Comienzan los posicionamientos. Dolores Padierna se manifiesta en contra de la candidatura de Eduardo Medina Mora. Lo señala como uno de los “inventores de la guerra contra el narcotráfico”. Señala las numerosas recomendaciones que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la PGR que encabezó el entonces procurador. A Padierna se le va la voz; furiosa, pide al presidente de la Mesa Directiva que le deje terminar de leer su documento. Concluye gritando y pidiendo un voto de conciencia a sus colegas senadores.

Terminada la intervención de Padierna, distintos senadores del PRD señalan fallas en la señal del Canal del Congreso a la hora del discurso de la senadora. Angélica de la Peña exige medidas administrativas y eventuales sanciones a los “responsables” de estos hechos. Todo en esta sesión es motivo de litigio.

14:23. El senador Manuel Bartlett, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, recuerda la moción suspensiva que exigieron distintos legisladores durante el día para que no se inicie el proceso de discusión y votación del nuevo ministro. Señala que la Comisión de Justicia no realizó un análisis de idoneidad con respecto a la candidatura de Medina Mora. Angélica de la Peña, desde su escaño, se suma a la petición de una moción suspensiva por parte del PRD.

14:43. La senadora de la Peña hace referencia a las 50 mil firmas que se juntaron en la página change.org Señala que es un motivo para llevar a cabo una moción suspensiva.

14:53. Roberto Gil, desde su asiento, defiende el proceso que llevó a cabo la Comisión de Justicia para la realización del dictamen y recuerda el acuerdo votado por unanimidad para recibir las firmas presentadas ante la Comisión, subirlas al micro-sitio de la Comisión y remitirlas a los grupos parlamentarios.

Manuel Bartlett y Dolores Padierna critican lo dicho por el presidente de la Comisión de Justicia.

Gil replica: ningún integrante del Partido del Trabajo participó en los cuestionamientos a los candidatos al cargo durante las comparecencias de éstos en la Comisión de Justicia. Bartlett señala que el dictamen de la Comisión tiene la finalidad de proteger a Medina Mora.

Se procede a votar sobre la admisión de las mociones suspensivas presentadas. Son rechazadas por una amplia mayoría.

15:09. Manuel Bartlett, del Partido del Trabajo, rechaza la candidatura de Eduardo Medina Mora. Critica las posturas en materia de seguridad que respaldó Medina Mora. También apunta que el embajador no cumple con el requisito de residencia por haber tenido su domicilio fuera del país durante los últimos dos años, siendo embajador en Reino Unido y en Estados Unidos. Lo acusa de haber servido a las empresas petroleras durante su estancia en Estados Unidos.

15:22. Carlos Puente, del Partido Verde, defiende el dictamen de la Comisión de Justicia.

15:29. Luis Sánchez, a nombre del PRD, se opone el nombramiento de Medina Mora. Critica la liberación de las cuentas de Raúl Salinas de Gortari durante su gestión en la PGR; condena su labor como procurador y la violación de distintos derechos desde ese puesto político.

15:35. Fernando Yunes Márquez, a nombre del grupo parlamentario del PAN, exige respeto para los otros dos candidatos propuestos en la terna y exige tomar en cuenta a los perfiles a la hora de votar.

15:41. Ernesto Gándara, a nombre del PRI, defiende la reputación y la “integridad personal” de Medina Mora. Pide hacer a un lado valores y prejuicios que “demeriten” la justicia.

15:48. Más de cinco oradores hablan en contra del dictamen; solamente dos lo defienden: Omar Fayad (PRI) y Daniel Ávila (PAN) –quien anuncia, además, su voto a favor de Medina Mora. Javier Corral (PAN), Angélica de la Peña (PRD), Dolores Padierna (PRD), Layda Sansores (MC) y Alejandro Encinas (MORENA), entre otros, se expresan en contra.

17:15. Se aprueba el dictamen de la Comisión de Justicia, que señala que los tres candidatos cumplen con los requisitos constitucionales de elegibilidad.

17:18. Los tres candidatos entran al Salón de sesiones del Senado.

17:21. Los miembros que integran la terna enviada por Enrique Peña Nieto dan un discurso sobre la idoneidad de sus candidaturas y sobre lo que debe ser la Suprema Corte de Justicia. “La Constitución es norma viva, que debe ser realidad palpable para todos los mexicanos”, afirma Felipe Alfredo Fuentes, que hace un discurso relativamente breve, recordando las últimas transformaciones de la Corte y comentando sus próximos retos; momentos después habla Horacio Hernández, al borde de las lágrimas durante su largo relato autobiográfico contado en tercera persona, que oscila entre el sentimentalismo, la cursilería  y la pretensión de elocuencia.

medina-mora18:00. Medina Mora comienza su discurso reiterando su respeto a quienes le han criticado. Señala que, aunque respeta sus inquietudes, pero no las comparte; punto por punto, contesta a las objeciones que le hicieron distintos senadores. Habla sobre Oaxaca, Atenco, los fondos de Raúl Salinas de Gortari, acciones de inconstitucionalidad promovidas por él como procurador… En pocas palabras: da respuesta a sus críticos. Posteriormente, divaga. Repite un lugar común tras otro. No se compromete con definiciones ni con propuestas. Repite su respeto al orden legal. Habla de la Constitución como máxima norma jurídica y del nuevo rol del derecho internacional. Lugar común tras lugar común, Medina Mora defiende su trayectoria como abogado privado y como servidor público. “Mi único compromiso es con la Constitución y con México”, concluye su discurso el embajador Medina Mora.

18:20. El presidente Barbosa da inicio a la votación. Uno por uno, los senadores pasan a depositar su papel en la urna que está frente a todos los escaños. La tensión en el Pleno crece. Los senadores se voltean a ver, intercambian un par de palabras y ven sus celulares. Inicia el conteo de los votos y quizás también el momento más tenso de toda la tarde.

18:40. Termina la votación. Miguel Barbosa anuncia que, tras la votación, Eduardo Medina Mora ha sido elegido por más de las dos terceras partes como el nuevo ministro de la Corte. Las bancadas del PAN y del PRI aplauden. La bancada del PRD está en silencio; la mayoría de los perredistas cruzan los brazos y miran cómo, otra vez, ganan la votación PRI y PAN.

Esta es la crónica de un nombramiento anunciado: la del ex procurador y ex embajador Eduardo Tomás Medina Mora.

Juan I. ZavalaEstudiante de la licenciatura en Derecho en el ITAM. Twitter: @jzavalagt

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blablabla1Las comparecencias de los candidatos a la Suprema Corte nos quedaron a deber. Más que un vigoroso ejercicio de escrutinio y transparencia, la sesión de la Comisión de Justicia del Senado del pasado martes fue, en el mejor de los casos, un evento plagado de claroscuros. Quienes seguimos las comparecencias ciertamente vimos algunos intentos serios para discutir y analizar el pasado de los nominados a la Corte; algunas respuestas claras y bien articuladas de los integrantes de la terna; y hasta un procedimiento que, por fortuna, abrió la puerta para que los candidatos contestaran directamente cuestionamientos de la sociedad civil.

Pero, por desgracia, en las comparecencias también predominaron los lugares comunes, las preguntas a modo y, sobre todo, la evasión de temas fundamentales por parte de los nominados. La visita al Senado de los magistrados Fuentes Barrera y Hernández Orozco, así como del embajador Medina Mora, nos confirmó que estamos frente a un procedimiento que da poco margen para el debate y, quizá más importante aún, que el sistema de ternas en nada ayuda para el escrutinio de los candidatos. Tuvimos, para decirlo en pocas palabras, unas comparecencias poco alentadoras.

A continuación ofrezco un breve recuento y una reflexión de lo que, para bien y para mal, fue lo más destacado de las comparecencias.

Felipe Alfredo Fuentes Barrera : un discurso tan joven y tan viejo

Con base en lo que dijo en su comparecencia, podríamos decir que el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera es un juzgador que ha hecho suya la retórica de estos tiempos. En su intervenciones habló del “nuevo paradigma” de los derechos humanos, del “control de convencionalidad”, de los “tres pasos del test de proporcionalidad” y, por supuesto, del “principio pro persona”. Pero, al mismo tiempo, parece que al integrante del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito le ganó la inercia de la carrera judicial. Fuentes llamó a no caer en los excesos del “populismo judicial”, celebró que la Suprema Corte ya redacte sentencias con lenguaje mucho más claro y sencillo, y hasta afirmó –categóricamente– que un juez de amparo no pude incurrir en violaciones a derechos humanos.

Ya en la sesión de preguntas y respuestas, Fuentes erró en más de una ocasión. La senadora Dolores Padierna (PRD) le preguntó sobre si el interés legítimo podría tener alcances mayores. El magistrado contestó que ya había algunos precedentes importantes y que incluso la Suprema Corte tenía pendiente de resolución el amparo #YoContribuyente, en el cual los ministros se pronunciarían sobre la legitimación de ciudadanos para controvertir la condonación de ciertos impuestos a estados y municipios. Pero el magistrado pasó por alto –por desconocimiento o mero lapsus– que dicho asunto fue resuelto dese el 9 de julio de 2014, y que la resolución generó un nutrido debate en nuestra conversación pública.[1]

También sorprendió la manera en que contestó la pregunta formulada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre la interpretación de los criterios de interés y trascendencia para el ejercicio de la facultad de atracción. La interrogante se prestaba para que el candidato expusiera su visión sobre una figura que le permite a la Corte resolver asuntos apremiantes que ordinariamente son conocidos por tribunales inferiores. Sin embargo, Fuentes aprovechó la ocasión para hablar de una “Corte paralizada” por la cantidad amparos directos en revisión que anualmente conoce. El mensaje fue colateral pero claro: reducir carga de trabajo de la Suprema Corte como prioridad frente a otras necesidades institucionales.

La comparecencia de Fuentes también tuvo sus momentos positivos. Vale la pena destacar, por ejemplo, su claridad al fijar una postura en contra de la contradicción de tesis 293/2011, en la cual la Suprema Corte se pronunció sobre la jerarquía de las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales. Al responder a la pregunta de la senadora Pilar Ortega (PAN), Fuentes argumentó que, tratándose de derechos humanos, el criterio jerárquico era insuficiente, por lo que las restricciones constitucionales no debían prevalecer siempre sobre las normas convencionales.

También es destacable su respuesta a la pregunta de la asociación Participando por México sobre la constitucionalidad de las legislaciones que limitan el matrimonio igualitario. En este caso, la posición de Fuentes también fue clara. Se pronunció por hacer posibles estas uniones mediante una interpretación conforme de las disposiciones que definen al matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, amén de considerar que son inconstitucionales las normas que establecen que el fin del matrimonio es la perpetuación de la especie.

Horacio Armando Hernández Orozco: como te digo una “cosa” te digo la “otra”

El segundo en comparecer fue el magistrado Horacio Armando Hernández Orozco, integrante del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Su discurso inicial fue articulado, directo y a ratos convincente. Hernández habló sobre la necesidad de generar “un consenso constitucional”, una “argumentación sólida y sencilla” y una jurisprudencia comprometida con los derechos humanos y los grupos vulnerables.

Pero si algo caracterizó a Hernández –además de sus repetidas referencias a su tesis de licenciatura– fue su afán por presentarse como un candidato con visiones “equilibradas”, lo cual en no pocas ocasiones lo llevó a caer en francas contradicciones.

El magistrado en materia penal dijo ser el candidato que “representa a la función jurisdiccional” y enfatizó que sus 28 años en el Poder Judicial de la Federación lo hacían merecedor de la nominación. Sin embargo, en variadas ocasiones no tuvo en empacho en arremeter, precisamente, en contra de dicho poder. Primero dijo que era necesario tener una “Corte cautelosa” pues ya se ha dicho que “un juez corrupto es más peligroso que un delincuente”.

Más aún, al responder la pregunta de Borde Jurídico, el IMDHD e i(dh)eas sobre el estado que guarda la independencia judicial, Hernández de plano dijo que las intromisiones que más dolían eran las que venían “de los jerarcas del poder judicial”, de los consejeros y ministros “que marcan” para decir que conocen a tal o cual parte. Se trató, pues, de una crítica dura y valiente, pero que claramente contrastaba con su apuesta por presumirse como miembro de la familia judicial.

Algo similar le pasó cuando abordó temas relacionados con la igualdad de género. Primero, al contestar a la pregunta de la senadora Angélica de la Peña (PRD) sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, Herrera argumentó que el legislador podía permitir abortos hasta antes de las 12 semanas, pues había parámetros médicos que permitían justificar que en ese periodo el producto de la concepción era un bien jurídico, mas no una persona.

Pero minutos después el magistrado se mostraría menos convencido de su opinión, cuando el senador José María Martínez (PAN) –célebre Presidente de la Comisión de la Familia y el Desarrollo Humano– le recordó que él representaba a un partido que defendía “el derecho a la vida desde la concepción”, por lo que quería conocer su opinión sobre el aborto. La respuesta de Herrera fue todo menos clara. Dijo que personalmente sí estaba a favor de la protección de la vida, pero que tenía que ceñirse a los parámetros de la ley. Y en contra de lo que había manifestado anteriormente, dijo que no podía emitir una opinión, pues tenía que ver “el caso concreto” para determinar si era válido que la protección a la vida iniciara a las 12 semanas, o incluso a las 10.

Fue igualmente ambigua su posición sobre la jerarquía entre la Constitución y las normas de derechos humanos de fuente convencional. Al responder al senador Benjamín Robles (PRD), Hernández hizo un largo recuento de los antecedentes de la contradicción de tesis 293/2011, un asunto “icónico trascendente”, sólo para concluir que, si bien no era la mejor decisión por parte de la Suprema Corte, al menos tenía la virtud de evitar la “anarquía constitucional”. Pero más adelante, cuando el senador Roberto Gil (PAN) lo presionó para que se pronunciara sobre la posibilidad de realizar un control de constitucionalidad sobre la Constitución misma, el magistrado se limitó a decir que no existían actualmente vías para expulsar a las normas constitucionales, pero que seguramente en algún momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos terminaría por condenar a México y que, ahí sí, la Suprema Corte de Justicia tendría que dejar de aplicar las disposiciones constitucionales que fueran incompatibles con normas convencionales.

Eduardo Medina Mora: pasándola (relativamente) bien

Terminada la intervención del magistrado Hernández Orozco vendría el momento más esperado de la noche: la comparecencia de Eduardo Medina Mora. El embajador de México en Estados Unidos fue, por mucho, el candidato que mayor habilidades políticas mostró para hacer frente a los cuestionamientos de los legisladores –algunos durísimos, como en el caso de la senadora Padierna–. Pero su intervención también dejó mucho que desear: Medina Mora eludió responder a temas fundamentales que se le plantearon e hizo una defensa no del todo convincente de su paso por los principales organismos de inteligencia, seguridad y procuración de justicia del país.

Desde su intervención inicial, Medina Mora trató de enfatizar que nuestro tribunal constitucional se beneficiaría con un perfil como el suyo: conocedor de “la perspectiva del mundo productivo”, con una “comprensión jurídica de la economía”, poseedor de una “visión con sentido de Estado” y hasta con “anchura de mundo”. Citó a Jorge Carpizo y alegó que la Suprema Corte era diferente a los tribunales ordinarios, pues el ministro debía tener sensibilidad de índole “política, social, económica y técnica”. Habló en repetidas ocasiones de su experiencia en el ejecutivo federal y no escatimó elogios y saludos a los senadores.

En la sesión de preguntas y respuestas el nivel de la comparecencia mejoró. La senadora Angélica de la Peña (PRD), por ejemplo, señaló que existía la duda sobre si Medina Mora cumplía con el requisito de residencia de dos años y cuestionó que sus convicciones morales hubieran prevalecido cuando presentó, en su carácter de Procurador General de la República, una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas relativas a la interrupción legal del embarazo en el DF.

Medina Mora, por una parte, alegó que sí cumplía con los requisitos constitucionales, pues la propia Constitución distingue entre residencia y residencia efectiva, amén de que el artículo 47 de la Ley del Servicio Exterior señala que los embajadores mantendrán su domicilio. Por otra parte, el embajador de México en EU dijo, sin añadir gran cosa, que la decisión de impugnar la legislación del DF se sustentó “en argumentos estrictamente jurídicos, no morales”. Más aún, afirmó que el aborto sigue siendo un delito y que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había determinado que la vida estaba tutelada “desde el momento de la concepción”.

Medina Mora contestó a un par de preguntas más –Pilar Ortega (PAN) le preguntó sobre los principales retos del sistema penal acusatorio y Miguel Romo (PRI) sobre los controles de confianza para juzgadores– y después vendría la intervención de Dolores Padierna. La senadora del PRD fue, sin duda, quien mayores críticas hizo al candidato. Comenzó cuestionando el uso de testigos protegidos durante la administración de Medina Mora y enfatizó que casos como el llamado “Michoacanazo” evidenciaban el sesgo político de su actuación como Procurador General de la República. También le reprochó que hubiese controvertido la ley antitabaco del Distrito Federal y, en general, que la inmensa mayoría de las acciones de inconstitucionalidad que promovió fue contra congresos locales. Finalmente, señaló que en dos expedientes de la Suprema Corte –Atenco y Oaxaca– Medina Mora aparecía como uno de los responsables de violaciones a derechos humanos.

El todavía embajador de México en EU respondió a los cuestionamientos y apenas aceptó algunas de las críticas. Sobre el uso de testigos protegidos, señaló que se trata de un instrumento contemplado en la Convención de Palermo, aunque reconoció que su instrumentación ciertamente “fue una práctica novedosa en el país”. Dijo que quizá había “lecciones por aprender”, pero que la figura como tal no debía ser rechazada por el hecho de que se hubieran usado “a los mismos testigos en muchos casos”. Sobre el “Michoacanazo” simplemente afirmó que se había actuado “con buena fe” y que en estos casos se había dado la “cabal acreditación del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad”. En el tema de las acciones de inconstitucionalidad repitió la fórmula que antes había empleado y dijo que todas las leyes locales se habían impugnado en razón de su “inconsistencia con la ley fundamental”. Finalmente, se deslindó de los casos de Atenco y Oaxaca al señalar que una cosa es planear un operativo “y dar la orden”, y otra muy diferente es ejecutarlo.

El tono de la comparecencia cambió con la siguiente intervención, pues el senador Enrique Burgos (PRI) le preguntó a Medina Mora su opinión sobre la jerarquía entre tratados internacionales y la Constitución, así como sobre la posibilidad de impugnar reformas constitucionales. El ex Procurador General de la República ignoró esta última pregunta, pero brindó una respuesta –que más adelante repetiría– sobre la primera cuestión. De acuerdo con Medina Mora, la Constitución sigue siendo una norma que se encuentra por encima de los tratados internacionales, y es precisamente esta jerarquía la que explica que las restricciones constitucionales prevalezcan siempre sobre los derechos humanos de fuente convencional.

Siguió en el turno el senador Benjamín Robles (PRD), quien de manera sorpresiva declinó hacer preguntas, pues las respuestas que hasta ese momento había dado Medina Mora lo habían dejado “satisfecho”.

Posteriormente tomó la palabra el senador José María Martínez (PAN), quien se quejó del “intervencionismo” de la Corte en asuntos locales, “al grado de legislar” en cuestiones como el matrimonio y la definición de la familia. Después de hacer una extraña referencia a las 135,000 interrupciones legales del embarazo realizadas en clínicas del Distrito Federal, el senador pidió a Medina Mora su opinión personal sobre el aborto y los matrimonios de personas del mismo sexo. El embajador, por su parte, se limitó a contestar que no creía que hubiera un intervencionismo de la Corte en los estados y señaló que no podía dar su opinión personal sobre el aborto y matrimonio. Finalmente, hizo referencia a su desempeño como Procurador y cerró con la ya conocida fórmula: “todas las acciones que interpuse fueron con criterios técnicos jurídicos”, dijo.

En la comparecencia todavía se realizarían algunas cuantas preguntas y hasta un nuevo intento de Dolores Padierna por cuestionar las credenciales de Medina Mora, ahora con referencia a la operación “Rápido y Furioso”. Pero, para cualquier efecto práctico, ya casi todo estaba dicho. El tiempo pasó entre preguntas genéricas y respuestas igualmente abstractas. Y así, después de unas cuantas horas, terminaron las comparecencias de quienes en unos días podrían ocupar la vacante en nuestro máximo tribunal.

Para terminar: números rojos

Quizá sea cierto que –como especulan los trascendidos y dicen los “enterados”– ya todo está “amarrado” y que, por tanto, el día de mañana el Senado designe al nuevo ministro de la Suprema Corte. De ser así, las comparecencias de poco habrán servido para informar el criterio de los senadores y para legitimar a los nominados frente a la opinión pública. Pero más allá de cuál sea el destino final de la terna enviada por el presidente Peña Nieto, la comparecencia debería servirnos como muestra de las grandes deficiencias de nuestro procedimiento de designación de ministros. Tenemos reglas constitucionales que no incentivan el escrutinio de los candidatos y que rompen con el equilibrio de poderes. Bien haríamos, como ha sugerido Pedro Salazar Ugarte, en plantearnos la necesidad inmediata de cambiar las reglas que norman la designación de ministros. De lo contrario, seguiremos teniendo comparecencias como la de esta semana: con poco ruido y pocas nueces.

Javier Martín Reyes. Abogado por la UNAM y politólogo por el CIDE. Actualmente realiza estudios doctorales en la Universidad de Columbia. Twitter: @jmartinreyes

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[1] Véase, por ejemplo, este artículo de María Marván y la réplica, en dos partes, del ministro Gutiérrez Ortiz Mena.

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justiciaPara ser algo más que un mero trámite, las comparecencias de los integrantes de la terna para la Suprema Corte de Justicia (SCJN) deberían cumplir, al menos, con dos objetivos. Por una parte, el procedimiento debería asegurar que los senadores cuenten con todos los elementos necesarios para determinar si las propuestas de Peña Nieto cumplen con los requisitos que marca la Constitución y, sobre todo, si tienen madera para ser jueces constitucionales. Segundo, el paso de los nominados por el Senado debería constituirse en un auténtico ejercicio de transparencia y deliberación de cara a la ciudadanía. Se trata, pues, de que las comparecencias no sólo garanticen el cumplimiento de los artículos 95 y 96 de la Constitución –que en el presente contexto no es poca cosa–, sino que también abonen a la legitimidad de quien finalmente ocupe el lugar en nuestro tribunal constitucional.

Si bien tenemos reglas constitucionales absurdas que dificultan el cumplimiento de ambos objetivos –el presidente de la República designa directamente al nuevo ministro si el Senado tarda más de 30 días en pronunciarse o si rechaza sus propuestas en dos ocasiones– lo cierto es que la Comisión de Justicia del Senado ha abierto una oportunidad, limitada pero significativa, para que la comparecencia del embajador Eduardo Medina Mora y de los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Horacio Armando Hernández Orozco sean algo más que una simple formalidad. En las siguientes líneas ofrezco una breve reflexión sobre lo bueno, lo malo y lo (potencialmente) trágico de las comparecencias que vienen.

Lo bueno: un piso mínimo de transparencia y apertura

Vale la pena apuntar algunas virtudes del acuerdo de la Comisión de Justicia del Senado. Por una parte, abre la puerta para que actores de la sociedad civil o de la comunidad jurídica participen en el proceso mediante la presentación de opiniones sobre cualquier candidato, preguntas dirigidas a ellos, así como “cualquier información que sea relevante para la designación”.

Por otra parte, el acuerdo exige que los candidatos presenten por escrito sus posiciones sobre aspectos relativamente generales, como los retos de la justicia constitucional o el perfil que deben tener los ministros y sus colaboradores, pero también en temas mucho más concretos, como temas prioritarios para ejercer la facultad de atracción. Asimismo, se les solicitan documentos directamente relacionados con el mandato contenido en el párrafo segundo del artículo 96 constitucional: los candidatos pertenecientes a órganos jurisdiccionales –los magistrados Fuentes Barrera y Hernández Orozco– expondrán sentencias y votos particulares que muestren su entendimiento de la Constitución y los derechos humanos, mientras que Medina Mora deberá explicar contribuciones profesionales que den cuenta de su ejercicio de la actividad jurídica.

Por último, el acuerdo de la Comisión de Justicia promueve la transparencia del proceso en la medida en que se compromete a hacer públicos todos los documentos entregados por los candidatos, así como los que presenten la sociedad civil y el gremio jurídico.[1]

En suma, frente a un proceso escasamente normado –la Constitución sólo señala que el Senado realizará la designación de ministros “previa comparecencia de las personas propuestas” y la legislación secundaria no añade gran cosa– la Comisión de Justicia ha mostrado una vocación por establecer un piso mínimo para las comparecencias. Pero sería por demás ingenuo pensar que las reglas establecidas en acuerdo (o los documentos que reciba el Senado) serán suficientes para garantizar una designación transparente, abierta y razonada.

De poco servirán las comparecencias si los senadores no generan un debate serio y sustantivo sobre el perfil de Medina Mora, Fuentes Barrera y Hernández Orozco. Más que conocer sus posturas genéricas sobre la igualdad, los derechos humanos o la democracia, las comparecencias deberían ser útiles para saber qué piensan los candidatos en temas concretos, como la constitucionalidad de las legislaciones estatales que no permiten los matrimonios igualitarios, las restricciones constitucionales a derechos contemplados en tratados internacionales, o la constitucionalidad de consultas populares relacionadas con la materia energética, los salarios mínimos o el número de legisladores.

Necesitamos, pues, preguntas sustantivas y respuestas precisas para evaluar el perfil de los candidatos. Y si bien es razonable que los candidatos no se pronuncien sobre casos que aún estén pendientes de resolución en la Corte, nada impide que conozcamos su opinión sobre materias en las que ya existe un pronunciamiento de la Corte. De hecho, parece que así lo han entendido los integrantes de la Comisión de Justicia, quienes expresamente han exigido que los aspirantes se pronuncien sobre sentencias de la SCJN que se consideren relevantes “por implicar un retroceso en la interpretación constitucional”.

En pocas palabras, si el Senado se toma en serio su papel, tendremos un debate que permita informar el criterio de los legisladores y que llame la atención de la opinión pública. De lo contario, en las comparecencias del 2 de marzo simplemente presenciaremos monólogos huecos y poco atractivos. La advertencia que hace veinte años hiciera Elena Kagan, actual integrante de la Corte Suprema de Estados Unidos, es también relevante para el caso mexicano: “Cuando el Senado deja de entablar con los nominados una discusión significativa sobre temas legales, el proceso de confirmación adquiere un aire de vacuidad y farsa, y el Senado se vuelve incapaz de evaluar a los nominados o de informar al público”.[2]

Lo malo: plazos insuficientes para un escrutinio exhaustivo

En parte por el plazo de 30 días establecido en la Constitución, pero también por la decisión de los legisladores, sabemos que los tiempos serán insuficientes para realizar un escrutinio exhaustivo de las propuestas presidenciales. Entre la recepción de la terna (17 de febrero) y las comparecencias (2 de marzo) mediarán sólo 13 días, y el Senado contará con poco más de dos semanas después de éstas para realizar un pronunciamiento final. Dicho de otro modo: los legisladores contarán con muy poco tiempo para indagar en el perfil de tres potenciales integrantes de la Corte.

Lo limitado de los plazos queda claro si ponemos el caso mexicano en una perspectiva comparada. En Estados Unidos, por ejemplo, el Senado utiliza mucho más de 30 días para analizar el perfil de un solo candidato. Rutkus y Bearden apuntan, por ejemplo, que entre 1969 y 2009 la mediana entre la recepción de la nominación y la decisión final fue de 69 días.[3] Asimismo, señalan que el Senado suele dejar al menos un mes antes de la realización de las comparecencias, de tal forma que los senadores tengan tiempo suficiente para analizar el perfil del candidato. Y quizá más significativo aún sea el hecho de que las comparecencias del candidato duran varios días (más de cuatro por lo general, e incluso algunas tan extensas como la del actual justice Clarence Thomas, que duró once días).

Contar con plazos extensos es fundamental para que los senadores no sólo analicen los escritos y dichos de los candidatos, sino también su desempeño previo como funcionarios públicos. En el caso de los magistrados Fuentes Barrera y Hernández Orozco, no basta con analizar las tres sentencias y los tres votos particulares que voluntariamente enviarán al Senado. Lo que necesitamos es un análisis exhaustivo de su labor como jueces, no una revisión de las sentencias que ellos consideran más relevantes. Ultimadamente, los jueces se dan a conocer y se (des)legitiman por el conjunto de decisiones que toman; por sus sentencias buenas, pero también por las malas. Más aún, si algo nos ha enseñado el desempeño de los ministros de carrera es que en la familia judicial existe una importantísima variedad de posturas ideológicas –pensemos simplemente en las contrastantes filosofías de la ministra Luna Ramos y del ministro Silva Meza–.

En el caso de Medina Mora el reto quizá es aún mayor, pues 13 días se antojan insuficientes para hacer un análisis de su desempeño de sus más recientes cargos públicos: Director General del CISEN, Secretario de Seguridad Pública, Procurador General de la República, así como Embajador ante el Reino Unido y ante los Estados Unidos. Pensemos, simplemente, en la totalidad de las acciones de inconstitucionalidad que presentó en su carácter de Procurador. ¿Qué nos dicen estas actuaciones sobre su concepción de la justicia constitucional? ¿Serán consistentes estas determinaciones con lo que en su momento exponga Medina Mora ante el Senado?

Más aún, el Senado debería contar con el tiempo necesario para determinar un aspecto fundamental sobre su candidatura. ¿Cumple Medina Mora con el requisito de residencia contemplado en el artículo 95, fracción V, consistente en “[h]aber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación”? No han sido pocos quienes han señalado que la respuesta muy probablemente es negativa, ya que: a) es un hecho público y notorio que desde 2009 Medina Mora reside fuera del país, b) en 1994 se reformó la Constitución para eliminar las excepciones al requisito de residencia,[4] c) no resulta aplicable el artículo 47, fracción I, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano (LSEM), pues éste se refiere a que los miembros del servicio conservarán su domicilio, mas no su residencia, y d) aun si se interpretara que domicilio y residencia son conceptos idénticos, el mencionado artículo de la LSEM sería inconstitucional, pues claramente iría en contra del texto expreso del artículo 95 de la Constitución y de la voluntad del poder reformador de la Constitución.

Existe, en síntesis, una duda razonable sobre si Medina Mora cumple o no con los requisitos para ser ministro. Y dada la complejidad y trascendencia del caso, lo ideal sería que buena parte de nuestra discusión pública se enfocara en contestar a una pregunta que toca temas fundamentales para la justicia constitucional: el sistema de pesos y contrapesos, el papel de la voluntad del legislador democrático en la interpretación constitucional, así como la jerarquía normativa. Desafortunadamente, creo que será difícil que los senadores y la opinión pública le presten la atención que amerita el caso. De entrada, la Presidencia de la República nada dijo sobre este tema al proponer la candidatura de Medina Mora, por lo que en menos de 30 días habrá que discutir, al mismo tiempo, el cumplimiento de los requisitos y la idoneidad de tres candidaturas distintas.

Lo (potencialmente) trágico: el poder desmedido del presidente

Finalmente, conviene apuntar que el desenlace del proceso de designación podría ser un tanto trágico. Supongamos que se presenta un escenario cercano al ideal: los senadores se toman su papel en serio y hacen un escrutinio exhaustivo de los candidatos antes, durante y después de las comparecencias; la sociedad civil y el gremio jurídico intervienen activamente en el proceso, emitiendo opiniones sobre los candidatos y aportando información relevante para la designación; y la opinión pública da un seguimiento puntual a cada una de las etapas del proceso de designación. Supongamos, en suma, que las comparecencias y el proceso de designación cumplen con los objetivos que se han señalado. Pues bien, incluso en este escenario ideal, nada garantizaría que a la Corte llegara un candidato sin el respaldo de la mayoría calificada de los senadores, ya que el artículo 96 constitucional sólo da al Senado una oportunidad para rechazar las propuestas enviadas por el presidente de la República. Dice el párrafo segundo de dicho artículo que, después de un segundo rechazo a la terna enviada por el ejecutivo, “ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.”

Como han apuntado Ana Laura Magaloni y Carlos Elizondo, las disposiciones que permiten la designación directa de ministros por parte del presidente “sólo se pueden explicar en el contexto político en el que se aprobó la reforma constitucional de diciembre de 1994”.[5] De acuerdo con estos autores, el mecanismo permitía guardar las apariencias y, al mismo tiempo, “no renunciar de forma absoluta al control del Ejecutivo en el sistema de nombramientos.” Así, pues, a casi quince años de la alternancia en la Presidencia de la República, seguimos nombrando a nuestros ministros con base en reglas que son herencia de un pasado no democrático.

Peor aún, se trata una regla que rompe con el equilibrio de poderes durante todas las etapas del juego. La posibilidad de realizar una designación directa no sólo se vuelve relevante cuando se analiza una segunda terna. En realidad, la regla debilita la capacidad de negociación del Senado desde el inicio del juego: los legisladores tienen incentivos para aceptar alguna de las primeras propuestas del presidente aun cuando no les satisfagan, pues saben que la segunda terna puede estar conformada por candidatos todavía lejanos a sus preferencias.

En este escenario nos encontramos. Pese a las notas positivas como el acuerdo de la Comisión de Justicia nos encontramos en un contexto normativo francamente adverso. Parece, en consecuencia, que la construcción de un contexto de exigencia sólo será posible si hay una clara voluntad política del Senado. El balón está en la cancha de los senadores. Ojalá no olviden que, tratándose de la designación de ministros de la Corte, son ellos los principales garantes del orden constitucional. Nada más y nada menos.

Javier Martín Reyes. Abogado por la UNAM y politólogo por el CIDE. Actualmente realiza estudios doctorales en la Universidad de Columbia. Twitter: @jmartinreyes

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[1] Aunque, en este punto, el acuerdo es relativamente ambiguo, pues señala que sólo se publicará la información que cumpla con los principios de “veracidad, licitud, oportunidad y transparencia”.

[2] Kagan, Elena. “Confirmation Messes, Old and New”, The University of Chicago Law Review, vol. 62, no. 2, 1995, p. 920.

[3] Todos los datos que cito del caso estadounidense provienen de Rutkus, Denis Steven y Maureen Bearden, “Supreme Court Nominations, 1789 – 2009: Actions by the Senate, the Judiciary Committee, and the President”, CRS Report for Congress, Congressional Research Service , 13 de mayo de 2009.

[4] Antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1994, el artículo 95, fracción V, señalaba que para ser electo ministro de la SCJN se necesitaba “[h]aber residido en el país durante los últimos cinco años, salvo en el caso de ausencia en el servicio de la República, por un tiempo menor de seis meses” (énfasis añadido).

[5] Elizondo Mayer-Serra, Carlos y Ana Laura Magaloni, “La forma es fondo: Cómo se nombran y cómo deciden los ministros de la Suprema Corte de Justicia”, Cuestiones Constitucionales, núm. 23, 2010, pp. 36-37.

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El pasado martes 17 de febrero se envió una terna para designar al próximo ministro que cubrirá la vacante del Ministro Sergio Valls, quien falleció en diciembre pasado. Soy partidaria de cambiar el sistema, pero por ahora es lo que hay, así es que aquí algunas propuestas para mejorarlo.

Discreción no implica falta de justificación

El hecho de que la Constitución disponga que el titular del ejecutivo federal enviará las ternas al Senado, no implica que se trate de una decisión libre y a capricho del presidente.

El envío de la terna por parte del ejecutivo debe cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación, pues aunque la Constitución la disponga como una facultad discrecional tácita, debe cumplir con los requisitos de los artículos 95 y 96 constitucionales, así como con los principios del Estado constitucional. Dentro de estos parámetros, la determinación sobre quiénes integran las ternas no puede ser tomada atendiendo a los caprichos personales o momentáneos del titular del ejecutivo federal, su decisión debe obedecer a más bien criterios razonables y democráticos. Y estos criterios deben ser justificados ante la opinión pública en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, para dar legitimidad tanto al próximo ministro, como a la labor institucional de la Corte.

Para justificar la candidatura a ministro, el presidente de la Republica debiese explicar cómo realizó el ejercicio de toma de decisión explicando los principios y valores que lo guiaron, además de justificar ante la opinión pública cómo es que el candidato en cuestión cumple con los requisitos subjetivos que establece el último párrafo del artículo 95: “Los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.”

La transparencia y la justificación de las decisiones en el proceso entero de nombramiento de ministros, tanto por parte del ejecutivo federal, como por parte del Senado, son indispensables para su legitimación.

Ahora bien, una de las reglas indispensables para la integración de las ternas sería el de la regulación sobre la repetición de candidatos ya rechazados. Pues se han dado ya tres casos en que ministros designados han participado en diversas ternas que han sido en un primer momento rechazadas. La Constitución establece que el presidente enviará una “nueva terna” si la primera fuese rechazada. Debe aclararse si “nueva” implica integrada por tres nuevas (distintas) personas o simplemente el “nuevo” se refiere a enviar una terna que cambien uno o dos candidatos pero se mantenga a uno o dos que estuvieron en la primera terna. Lo lógico sería la primera interpretación, pues si en la primera terna ningún candidato obtuvo el voto de las dos terceras partes del Senado, ¿para qué volver a enviar a un candidato que según la primera votación no cumple con los requisitos constitucionales para ser ministro? De otra forma, ¿por qué no fue electo?

Procedimiento ante el Senado ¿Y las reglas?

question.mark2Una vez que el Senado recibe las ternas, las reglas constitucionales para esta etapa del procedimiento son mínimas y bastante generales. Se establece solamente que los candidatos comparecerán ante el órgano y que éste elegirá a uno de los tres mediante el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. No se establece si las comparecencias deben ser ante el Pleno o ante comisiones, ni tampoco cuál es el objetivo o el formato de éstas. No se dice si deberá comparecer una vez o varias. Si los senadores deben basar su voto en la comparecencia o tomar en cuenta otra información, si las comisiones deben emitir un dictamen y qué contenido debe tener éste. Si las comisiones deben recomendar al Pleno a un candidato o solamente limitarse a verificar los requisitos constitucionales, si debe proporcionar otra información a los senadores. Si debe haber una discusión en las comisiones dictaminadoras o si debe haber un debate en el Pleno. Si en las comparecencias puede haber preguntas o interpelaciones.

Así, pues, la falta de certeza sobre la realización de las comparecencias no abona a la transparencia y rendición de cuentas. El ciudadano interesado en seguirlas no tiene manera de saber con antelación sus formalidades y funcionamiento y a veces la comunicación del procedimiento no es eficaz. La cobertura en medios no es tampoco la deseable, la nota por lo general aparece, pero no de manera destacada. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda precisamente la existencia de reglas claras para las designaciones[1]: “[L]os Estados deben emitir de manera previa y públicamente las convocatorias y procedimientos con los requisitos, criterios y plazos para que cualquier persona que considere satisfechos los requerimientos pueda acceder a los puestos de fiscal, juez, jueza, defensora o defensor público.”

Por otro lado, el cumplimiento de requisitos subjetivos no es un tema de relevancia en las comparecencias y los votos. Hasta ahora, en ninguna designación se ha hecho referencia a éstos –ni en el dictamen, ni en los posicionamientos ante el Pleno-, cuando son los que justamente hacen diferentes a los candidatos.

El voto en el Pleno del Senado. Sus razones y su porcentaje.

Otra cuestión que debiese ser regulada mediante ley reglamentaria es el voto y el quórum. Sería deseable que el Pleno justifique la elección, de manera que se hace necesario un debate en el Senado, donde ya sea que los partidos o los senadores a título particular justificasen el sentido de su voto.

Además, al ser votación por cédula, no se sabe qué partido votó a favor del designado[2]. Se desconocen las razones por las que se votó en contra. En el caso de la designación de los ministros Pérez y Gutiérrez, por ejemplo, no hay inclusive registro en el Diario de los Debates sobre los votos que no fueron para ellos; es decir, no se sabe si se votó por los otros dos candidatos o hubo abstenciones.

Por su parte, en cuanto al quórum de senadores presentes vale recordar que para que pueda trabajar el Senado se exige la mitad más uno de los senadores, de manera que un ministro, ¡un juez constitucional!, podría ser electo con tan solo dos tercios de la mitad: 44 votos.

La fórmula original de designación de ministros disponía un quórum de instalación para la sesión del Congreso de al menos dos terceras partes de los diputados y senadores y quórum de votación que equivalía a la mayoría absoluta de los votos no sería mala idea establecer un quórum más alto para la sesión de designación de ministros: legitimaría su elección.

La política en las designaciones y la oposición

La razón por la que algunos Estados optan por formar comités de designación es la de aislar el proceso de la política. Se razona que si son los partidos políticos quienes tienen injerencia directa en el nombramiento de jueces constitucionales, buscarán entonces ministros adeptos a su ideología, mermando con ello la independencia judicial.

Al parecer, para lograr garantizar la independencia de los jueces constitucionales, se requiere que la política tenga poco peso a la hora de designar jueces, pues con ello resulta un proceso que goza de mayor legitimidad al percibirse que se elige a quienes cumplen con las credenciales necesarias y no a personas fieles a una ideología o que podrían serles incondicionales.

El problema no es una mera teoría, Estados Unidos es un buen ejemplo. Las tendencias con las que la Corte resuelve están relacionadas con el juego de fuerzas políticas en la Casa Blanca y el Capitolio. En Alemania tradicionalmente se han dividido las designaciones entre los dos grandes partidos (Cristianodemócrata y Socialdemócrata).

La participación directa del Senado mexicano en la designación de ministros, con dos partidos fuertes como lo son el PRI y el PAN (a pesar de existir un sistema tripartita, en el Senado de la República la izquierda tiene poco peso en las decisiones) y el sistema de ternas, hacen que la designación de ministros caiga directamente dentro de la arena política, es decir, en el reparto y negociación entre el PRI y el PAN. El proceso se presta a la negociación entre ambos partidos y a la designación de ministros fieles a éstos. Al cooptarse la designación por los dos partidos más fuertes, el sistema necesariamente se cierra y se vuelve incontrolable pues una mayoría calificada secuestra el procedimiento.

En este sentido, sería deseable la participación de la sociedad civil[3] en la nominación de candidatos a integrar las ternas, así como aumentar el quórum para las sesiones, la justificación del voto y que la comisión de justicia del Senado, o la que esté encargada de las comparecencias, tuviese una composición equilibrada, estando obligada a recomendar a un candidato al Pleno por medio de un dictamen razonado y justificado.

Geraldina González de la Vega. Constitucionalista y ensayista. LLM Düsseldorf. Twitter: @geraldinasplace

[1]Mientras esto se escribe, la Comisión de Justicia en el Senado publicó su acuerdo acerca de las reglas a que se someterán las comparecencias para los tres candidatos.

[2]Se entiende que el voto por cédula tendría como finalidad precisamente desvincular al ministro electo de un partido o fracción política, sin embargo, no se logra (es evidente por el número de votos) y resta responsabilidad a los senadores sobre el voto emitido.

[3]El acuerdo de la Comisión de Justicia prevé en sus puntos 7 y 8 la participación indirecta de la sociedad civil a través del envío de información, opiniones y preguntas.

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En medio de quejas y críticas por los casos Ayotzinapa y Tlatlaya, la semana pasada se designó a Luis Raúl González Pérez como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en lugar de Raúl Plascencia, quien buscaba la reelección. Para algunos grupos, la salida de Plascencia es interpretada como un triunfo de la sociedad civil, mientras que otros piden no “personalizar” la situación de la CNDH.

Al acercarse la fecha límite para la designación de este órgano constitucional autónomo, líderes y grupos de la sociedad civil externaron su oposición a la reelección de Plascencia. En este sentido, durante el pasado mes de septiembre, se presentó una demanda de juicio político firmada por 80 organizaciones y líderes, acto que Plascencia calificó como “guerra sucia”. En esta demanda, se le acusaba de omisión, olvido, falta de resultados y poco seguimiento a los casos relacionados con migración, desplazamiento forzado y desaparición y asesinatos ligados con el crimen organizado.

CNDHJorge Israel Hernández, especialista en derechos humanos y uno de los firmantes del desplegado de académicos y periodistas, explicó que el texto se presentó ante la posibilidad de que la Junta de Coordinación Política del Senado decidiese no llevar un proceso de designación serio y se limitase a meramente ratificar a Plascencia en su puesto. Lo cual no era descabellado, ya que el artículo 10 de la ley orgánica de la CNDH está abierto a interpretación ya que si bien habla del proceso de reelección, también abre la posibilidad de una ratificación que implicaría la ausencia de una auscultación de una baraja de candidatos –incluido el presidente de la CNDH que buscase la reelección-.

Evitar una ratificación de este tipo era muy importante para la sociedad civil y fue la razón por la que se publicaron dos desplegados y decenas de columnas de académicos y activistas. En estos desplegados se pidió al Senado que definiera con transparencia el proceso de elección del llamado ombudsman nacional, además de subrayar que Plascencia no contaba con las características necesarias para desempeñarse en dicho puesto.

La posibilidad de ratificar a Plascencia sin que otras personas participaran mantuvo detenido el proceso. Finalmente, se acordó en el Senado que las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia estarían encargadas de llevar a cabo la elección. La senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, apoyó la iniciativa de que Plascencia pudiera reelegirse pero en un proceso abierto a otras candidaturas y frente a una consulta pública.

La sociedad civil presionó al Senado y la opinión pública para evitar que Plascencia continuara en el cargo. Vale subrayar que la coyuntura propia de los asesinatos de civiles en manos de militares en Tlatlaya y la desaparición forzada de los estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa, propiciaron que se abriera el proceso a otras candidaturas y que se diera un tipo de “veto” desde la ciudadanía a la candidatura de Plascencia.

En ese sentido, coincide Iván García Gárate, académico la UNAM y consultor del observatorio Designaciones.org, impulsado por Artículo 19 y FUNDAR, quien señaló que para ellos lo importante es transparentar los procesos de designación de servidores públicos. Desde Designaciones.org se construyó un “perfil ideal” y se determinó que Plascencia no lo cumplía. Afirmó además que gracias a una “buena articulación” de intelectuales y miembros de la sociedad civil se logró que Plascencia no fuese reelegido. Sin embargo, no todo fue triunfo: el proceso mismo a través del cual se eligió finalmente al nuevo presidente de la CNDH, resultó en realidad bastante opaco.

Es decir, si bien la convocatoria es pública y la sociedad civil puede participar, no lo hace de manera decisiva. Las organizaciones pueden presentar preguntas para los candidatos pero estás pueden ser o no tomadas en cuenta por los senadores y no se consulta la decisión a las organizaciones, explica García Gárate. Aunado a esto, los ciudadanos no sabemos por quién vota cada senador ni cuáles son sus razones, lo que en opinión de García Gárate debiese cambiar.

Miguel Moguel, de la organización FUNDAR, coincide en la opacidad del proceso y la falta de legitimidad desde el origen, dado que al darse a conocer el nombre de Luis González, hubo quienes denunciaron que ya se había acordado al ganador previo a la votación, como lo hizo Layda Sansores, senadora del PT. Pero el punto medular, para Moguel, es no dejarse llevar por una política de “perdón y pasado” y creer, “ingenuamente”, que el cambio del presidente de la CNDH significa una mejoría pues eso sería “personalizar” la crisis por la que atraviesa la institución.

El perfil de Luis González ha dejado insatisfechos a varios sectores de la sociedad civil debido a que proviene del sector público —así como el resto de los integrantes de la terna finalista-, apunta Israel Hernández. Pues hay que recordar que antes de ocupar el cargo de abogado general de la UNAM, González trabajó por 12 años en la CNDH.

Pero esa experiencia podría no ser del todo contraproducente, asegura Miguel Moguel, ya que se puede aprovechar ese conocimiento y experiencia para reformar a la CNDH —una idea que ha surgido cada vez con más fuerza-. Lo que es innegable, sin embargo, es que “la condición del país le impondrá al nuevo presidente la dinámica de su gestión”, pues su principal reto no es fortalecer a la institución, sino responder inmediatamente a los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa, dice Moguel. Fue justo este contexto lo que permitió que los representantes de la sociedad civil y los académicos, ganaran más peso en este proceso de designación.

En ese sentido, Israel Hernández señaló que si bien las organizaciones pudieron influir para que se abriera el proceso, no tienen el músculo aún para presentar una candidatura viable desde la sociedad civil.

Por otro lado, Moguel apoya la idea de que la CNDH transite hacia un gobierno colegiado que se represente por su pluralidad, como propuso el senador Roberto Gil Zuarth del PAN. Y donde idealmente participarían las organizaciones de la sociedad civil. Un gobierno colegiado permitiría un ojo más fino para analizar la complejidad de las necesidades del país y, de esta manera, se encaminaría a diluir la influencia del presidente de la República en el proceso de designación de esta institución.

Julene Iriarte y Laura Yaniz. Estudiantes de la Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos del CIDE.

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Ahora que ha concluido el proceso de designación de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es posible hacer un balance del mismo. Como todos los procesos con características similares existen elementos positivos que destacar, así como cuestiones negativas que no pueden dejar de mencionarse. La experiencia que deja este proceso, permite una serie de cuestionamientos respecto de este tipo de designaciones que conviene apuntar al menos brevemente.

En primer lugar, es necesario hacer hincapie en la casi nula publicidad que recibió este proceso de designación. Dejando de lado el poco seguimiento que se dio en medios al mismo, -que aunque consideramos lamentable, no es materia de este breve análisis- tampoco los poderes encargados de desahogar el mismo realizaron un esfuerzo significativo en hacerlo del conocimiento de la opinión pública, de la manera más amplia posible. Ni en la parte del procedimiento que se realizó en sede de la Suprema Corte de Justicia ni en la correspondiente al Senado de la República se efectuó una labor de difusión sobre la designación que se estaba llevando a cabo.

Por otra parte, la transparencia del proceso fue de claroscuros. En general, los tiempos que siguieron tanto ministros de la Corte, como los Senadores no fueron del todo claros. Del mismo modo, la información respecto de las diversas etapas del proceso, los plazos de duración de cada una y los criterios bajo los cuales se determinarían los perfiles idóneos nunca fueron dados a conocer. De nueva cuenta se conocen –a medias- los procedimientos pero no las razones, la parte sustantiva del análisis, lo que nos permitiría saber si quienes llegaron son o no los indicados. En este sentido, destaca penosamente el procedimiento de designación elegido por la Suprema Corte que fue enteramente discrecional y opaco. Sin embargo, es necesario hacer notar el esfuerzo que hizo la comisión de justicia de la Cámara de Senadores publicando los perfiles de los 45 candidatos que lograron llegar a esta parte del procedimiento, así como la comunicación que mantuvieron algunos de sus integrantes con quienes estaban interesados en seguir esta designación. Aunque no es suficiente, constituyen buenos indicios que vale reconocer y tomar como ejemplo para los siguientes procesos de designación.

En segundo lugar, vale es necesario detenerse en uno de los elementos claves del formato elegido tanto por la Corte como por la comisión de justicia: las comparecencias. En general, consideramos que el formato elegido para las mismas, los tiempos designados a cada aspirante y el contenido no generaron convicción suficiente para arribar a conclusiones sobre la capacidad y experiencia de los aspirantes, además de que dejan un amplio margen de discrecionalidad. De la misma forma, tampoco sabemos cuál es su impacto en la decisión final de quienes eran los encargados de elegir a los mejores perfiles, dado que ni en el listado enviado por la Suprema Corte al Senado o el dictamen de la comisión de justicia del Senado, respectivamente, se reflejó la incidencia que éstas tuvieron –si es que lo hicieron- en el resultado final. En este sentido, si tomamos en consideración el tiempo que se tomó en realizar estos ejercicios en ambas sedes frente al impacto de los mismos, llegamos a la conclusión de que son poco útiles. Creemos que es necesario explorar otro tipo de mecanismos más eficientes que logren combinar elementos objetivos de evaluación y ejercicios que abonen en la legitimación tanto de los actores que llevan a cabo la designación como a los funcionarios que sean seleccionados a través de la misma.

Finalmente, vale la pena destacar tres cuestiones fundamentales de la última étapa del procedimiento, es decir, de la realizada en las últimas semanas por la comisión de justicia del Senado de la República. En primer lugar, es de celebrarse la rapidez con la que fue desahogado el procedimiento, tomando en consideración el número de cargos que debían ser evaluados. En segundo lugar, merece destacarse la capacidad y especialización de casi todos los ahora magistrados. Como ya habíamos señalado, desde el inicio de este procedimiento destacó la capacidad y la trayectoria de la mayoría de quienes lograron entrar a la lista de sesenta candidatos propuesta inicialmente por la Suprema Corte, más adelante, el trabajo de discriminación de la comisión de justicia reconoció a una buena parte de estos perfiles. Por último, consideramos que la inclusión de cuota de género dentro de la conformación de las Salas, privilegió injustamente a las pocas mujeres que contestaron a la convocatoria pública  y pasaron las etapas correspondientes (al Senado llegaron únicamente 8 mujeres).

En síntesis, consideramos que, si bien fue un procedimiento de designación exitoso, que logró el cometido de designar a quince funcionarios en un plazo muy breve de tiempo y que los perfiles de quienes integran estas Salas son, en su mayoría, de experiencia y especialización que puede comprobarse, aún quedan aspectos importantes que deben ser mejorados. Entendemos que este tipo de procedimientos no pueden sustraerse del todo del componente político. Sin embargo, considerando que la designación que realicen impactará directamente en la consolidación y legitimación de una institución fundamental para la democracia mexicana, el proceso de designación podría realizarse bajo parámetros más objetivos a fin de limitar el margen discrecional que por la naturaleza del mismo implica a través de procedimientos más claros y razones públicas.

Arturo Espinosa Silis. Abogado especialista en derecho electoral. Twitter: @aesupd

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM. Oficial de Acceso al a Información en Article 19. Twitter: @pauletta_sofia

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Después de un accidentado proceso al interior de la Suprema Corte de Justicia para conformar las ternas de candidatos para elegir a 15 magistrados electorales de Salas Regionales, ahora le corresponde al Senado de la República revisar el perfil de estos abogados y escoger a los nuevos magistrados cuyas votaciones definirán en buena medida el rumbo de los conflictos post-electorales de los próximos años. En este contexto, los autores que le han dado puntual seguimiento a este importante proceso de designación (aquí, aquí y aquí), proponen ahora una serie de preguntas mínimas que los Senadores debiesen formularle a los candidatos para cumplir con su responsabilidad de escrutinio público.

Consideramos que elegir el perfil idóneo para ser magistrado electoral implica dos aspectos fundamentales:

  •  Demostrar un amplio conocimiento de la materia electoral, conocer y entender la legislación en la materia (Constitución, COFIPE, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y legislaciones locales, así como instrumentos internacionales), así como los criterios emitidos por las autoridades electorales y su evolución a lo largo de los más de 20 años de justicia electoral el México.
  • Conocer el manejo institucional del Tribunal Electoral (TEPJF), entender  los retos que enfrenta la institución, los aspectos en los que se debe fortalecer la impartición de justicia y tener un panorama claro de la finalidad primordial de la institución: generar certeza y equidad en los comicios y garantizar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales.

Por ello, planteamos algunas preguntas que consideramos útiles para conocer la idoneidad de los aspirantes respecto de los aspectos anteriores.

1. ¿Cuál el es principal reto que enfrentan las Salas Regionales en la impartición de la justicia electoral de cara a los próximos procesos electorales (federales y locales)?

2. ¿Cuál es su opinión de los criterios de la Sala Superior para ampliar la procedencia del recurso de reconsideración al impugnar las sentencias de las Salas Regionales?

3. ¿Considera que el juicio de inconformidad para impugnar los resultados de las elecciones sigue siendo vigente o propondría alguna modificación?

4. ¿Los medios de impugnación vigentes siguen teniendo utilidad práctica o deberían ser objeto de alguna reforma? ¿Qué propone?

5. ¿Cree que el actual sistema de competencias de las Salas del TEPJF es idóneo de acuerdo a las funciones y facultades de las Salas Regionales respecto de la Superior? ¿Qué le modificaría?

6. ¿De qué forma fortalecería la actuación y definitividad de las Salas Regionales a efecto de que su papel en la impartición de la justicia electoral tenga mayor peso?

7. ¿Qué propone usted para que las sentencias sean más amigables para el ciudadano?

8. ¿Cómo sugiere que se acerque la justicia electoral al ciudadano?

9. ¿De qué manera difundiría el trabajo del TEPJF a fin de que los ciudadanos conozcan mejor sus funciones en la actividad jurisdiccional?

10. ¿Considera que el sistema de nulidades en materia electoral que rige actualmente puede ser modificado? ¿Qué reformas propondría?

11. ¿Cómo podrían llevarse a cabo procesos de selección de candidatos y dirigentes al interior de los partidos políticos de una manera más democrática?

12. ¿Qué puntos considera esenciales para hacer que las candidaturas independientes garanticen de manera eficaz el derecho al voto pasivo de los ciudadanos?

13. Adicionalmente a la resolución de los medios de impugnación que sean de su conocimiento, ¿cómo pueden contribuir las Salas Regionales al fortalecimiento de la democracia en la circunscripción que le corresponde?

14. ¿De qué forma las Salas Regionales pueden contribuir a legitimar a las instituciones democráticas de nuestro país?

15. Las elecciones por usos y costumbres han generado conflictos electorales en diversos municipios, ¿de qué manera deben considerarse estos factores al resolver un asunto vinculado con este tipo de elecciones?

16. La justicia electoral ha evolucionado desde el contencioso-electoral hasta el actual tribunal electoral que pertenece al Poder Judicial de la Federación ¿Cuál sería el siguiente paso para lograr una justicia electoral que contribuya al fortalecimiento de nuestra democracia

17. ¿Qué opina de la pertinencia de tener una ley de partidos en México?

18. En los últimos años hemos visto una gran judicialización de las elecciones, ¿cómo contribuye esto al fortalecimiento del sistema democrático en nuestro país?

19. Ahora el TEPJF tiene facultades para inaplicar legislación en materia electoral por ser contraria a la Constitución, ¿cuál es el papel que debe asumir un magistrado electoral con facultades constitucionales al momento de calificar una elección?

20. ¿El control de convencionalidad es aplicable dentro de la calificación de una elección?

21. ¿Cuál debe ser la posición de una Sala Regional respecto de la consolidación de la jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF?

22. ¿Qué opinión le merece la resolución de la Sala Superior respecto de la no aplicación del párrafo 219 del COFIPE en materia de género?

23. ¿Considera usted que los magistrados deben aceptar audiencias de oídas? ¿De hacerlo, bajo qué parámetros deben ser realizadas?

24. ¿Cuál es su posición respecto de la aplicación de estándares internacionales y jurisprudencia de organismos internacionales en la materia electoral?

25. ¿Cómo mejoraría usted la comunicación y la interacción entre las Salas Regionales y la Sala Superior del TEPJF?

 

Arturo Espinosa Silis. Abogado especialista en derecho electoral. Twitter: @aesupd

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM. Oficial de Acceso al a Información en Article 19. Twitter: @pauletta_sofia

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En días pasados el Senado de la República designó a los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los resultados de la votación evidencian que la decisión fue tomada a partir de un acuerdo entre las fuerzas políticas con mayor peso al interior de la Cámara Alta. Lamentablemente, a pesar del balance que el propio Senado realizó respecto de este proceso, tanto su actuación, -en especial a través de la Comisión de Justicia-, como los términos en los que se realizó la decisión final de los Ministros, son criticables y únicamente exponen a senadores cortos de miras en cuanto a la importancia que revisten estos procesos políticos de designación e irresponsables respecto de la obligación que tienen ellos dentro de los mismos.

La Suprema Corte es el máximo tribunal del país, cabeza del Poder Judicial de la Federación y guardián de la Constitución. Las decisiones de los Ministros deben garantizar los derechos humanos y limitar los actos de autoridad para que se realicen conforme a los preceptos constitucionales. De ahí la importancia de su designación. Sin embargo, para el Senado más que un proceso político trascendental para el Estado mexicano que debería estar acompañado de deliberación pública y análisis minucioso, la designación de los Ministros de la SCJN es un mero trámite que puede desahogarse en siete días, sujeto a la lógica y los tiempos de la transición presidencial.

Designaciones públicas considera que el Senado no tuvo interés en llevar a cabo un proceso público de discusión serio que diera lugar a decisiones políticas fundamentadas y expuestas públicamente. Al contrario, parecería existir la voluntad de hacer un proceso expedito y discrecional en el que no se cumplieron las normas aprobadas por la misma Cámara de Senadores: no se ordenó la distribución de los expedientes de los integrantes de las ternas entre los senadores para su estudio a pesar de estar establecidos en el artículo PRIMERO del Acuerdo de la Mesa Directiva; las sesiones de exposición en el Pleno no fueron transmitidas por televisión en el Canal del Congreso a pesar lo establecido en el artículo SEGUNDO del mismo; durante las comparecencias la Comisión de Justicia sesionó apenas con el quórum necesario de senadores; no hubo uniformidad en tiempo ni en número de preguntas hechas a los candidatos y candidatas; no hubo discusión entre los grupos parlamentarios en el Pleno al momento de votarse, entre otras. Por ello, no es exagerado concluir que el Senado, más que conducir un proceso político de fondo,  tramitó la designación de ministros.

Desde su primer comunicado, Designaciones Públicas  hizo énfasis en la ausencia absoluta de una una fundamentación de las propuestas, así como del más mínimo pronunciamiento respecto a la Corte que a juicio del Senado requiere el país. Sin esta premisa, cualquier proceso, cualquier iniciativa o modificación al procedimiento establecido, es –como ya se evidenció- estéril ya que al no existir una definición respecto del tipo de Corte que se busca, tampoco existía un perfil ideal de Ministro contra el cual contrastar a los candidatos para encontrar al más idóneo. Este punto cobra especial relevancia cuando analizamos el perfil de los candidatos que resultaron electos: Alberto Gelacio Pérez Dayán, rechazado en dos ocasiones anteriores, la última hace apenas una semana (sin explicarse públicamente por qué) y ahora designado casi por unanimidad (104 de 112 votos posibles, sin que tampoco existiese un razonamiento público al respecto). Por otro lado, el caso de Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, cuyo perfil de experto y alto funcionario en materia fiscal no necesariamente es compatible con la justicia constitucional, quien también fue electo casi por unanimidad (103 votos) sin explicarse públicamente las razones que sustenten los votos. El procedimiento de selección de estos perfiles, que no tomó en cuenta cuestiones de la mayor relevancia como la interpretación jurisdiccional o de metodología jurídica de los candidatos, confirma que la decisión del Senado se tomó con base en criterios ajenos a las capacidades profesionales que requerirán al integrarse a la Suprema Corte.

La decisión de quién debe ser ministro debe estar sustentada en razones técnicas y políticas, las cuales en lugar de excluirse del debate público, deben someterse al escrutinio ciudadano obligando a los actores políticos a hacerse responsables de sus decisiones. En el presente caso, la opacidad y el silencio del Ejecutivo federal así como de todos los grupos parlamentarios representados en el Senado no nos permiten saber cuáles fueron las razones que motivaron la integración de las ternas ni la votación que hubo en el Pleno, ello en buena medida porque el proceso no estableció mecanismos indicados para decidir en dichos términos.

Las decisiones de esta índole siempre tienen un componente de racionalidad política, sin embargo, los Senadores tienen la obligación de motivar ésta y exponer públicamente las razones que las sustentan como parte de la rendición de cuentas inherente a la función que desempeñan. Las razones políticas pueden basarse en acuerdos entre partidos pero éstos deben tener un fundamento de interés general.

Procesos de designación deficientes y cortos de miras dañan a las instituciones y pueden generar una crisis de legitimidad como la que actualmente atraviesan otros órganos que componen a nuestro estado democrático constitucional. Los representantes políticos encargados de la designación los funcionarios titulares de estos órganos son responsables de las decisiones que tomen. En esta ocasión, los senadores han pretendido no hacerse responsables de ello, ocultando su razonamiento, sin rendir cuentas  rendir cuentas a la sociedad,  perjudicando con ello a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Designaciones Públicas lamenta la forma en que fueron designados los dos nuevos ministros; consideramos que el Senado ha asestado un golpe duro a la institucionalidad democrática, a la justicia constitucional y a la sociedad mexicana a la que ha tratado de engañar por medio de un proceso de aparente transparencia y poca rendición de cuentas.

Designaciones Públicas (http://designacionespublicas.com/). Observatorio cuyo objetivo es promover la transparencia de los nombramientos de los funcionarios judiciales a través del seguimiento puntual de cada uno de los procesos y contribuir al ejercicio del derecho a la información generando un espacio de deliberación pública sobre la idoneidad de los candidatos. Twitter: @designaciones

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El 17 de octubre de 2012 la Comisión de Justicia del Senado de la República aprobó el Acuerdo para el formato de las comparecencias de las ternas para Ministros de la SCJN propuestas por el Poder Ejecutivo. En dicho acuerdo, la Comisión de Justicia del Senado trata de establecer un proceso público, deliberado y fundamentado que lamentablemente no se concreta y se vuelve insuficiente para decidir de manera fundamentada sobre la designación de un Ministro de la SCJN.

A pesar de que la Comisión de Justicia haya acordado modificaciones relativas a las formas, el proceso de las comparecencias es un proceso sin rumbo en el que se corre el riesgo de caer en una comparsa y no en comparecencia. Además de algunas críticas puntuales hechas sobre las formas del proceso, en Designaciones Públicas consideramos que el Acuerdo aprobado por la Comisión de Justicia carece de un elemento central que es una deliberación sobre: ¿Qué Suprema Corte de Justicia de la Nación necesita el país?

Sin esa deliberación, ausente desde la fundamentación del Poder Ejecutivo respecto de las ternas,  no es posible decidir de manera razonada y fundamentada sobre la idoneidad de quienes habrán de ocupar los cargos de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Acuerdo del Senado carece de una definición del perfil idoneo de ministro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación necesita.

El riesgo del proceso acordado por la Comisión de Justicia es perderse en mar de información judicial porque no hay una meta clara de lo que se está buscando. En otras palabras ¿qué se revisará cuando de la carrera profesional de los magistrados y magistradas? ¿se favorecerán sus logros administrativos o criterios judiciales? ¿Qué revisarán los miembros de la Comisión de Justicia al leer las sentencias que le ha solicitado? ¿Qué buscarán cuando revisen los criterios judiciales de las y los magistrados si no se ha discutido qué tipo de criterios judiciales son los que se necesitan en la Suprema Corte de acuerdo con la realidad del país de estos momentos y del futuro próximo?

Sin la definición previa respecto al perfil ideal de un Ministro -que necesariamente sería la conclusión de un debate sobre a qué Suprema Corte de Justicia de la Nación requiere actualmente el país de acuerdo con los senadores-  cualquier proceso de designación será insuficiente, superficial y repercutirá en la fortaleza e independencia de la SCJN.

En la carta enviada a la Comisión de Justicia por parte de Designaciones Públicas previa a la aprobación del Acuerdo, señalamos la importancia de llevar a cabo un proceso de deliberación amplio que permitiera la definición de indicadores para la evaluación de los candidatos propuestos. Consideramos que este proceso es necesario para fundamentar una decisión a favor o en contra las personas propuestas.

Por otro lado, si desde el principio el tiempo establecido para que los miembros de la Comisión de Justicia del Senado era poco tomando en cuenta el tipo de información que debían de revisar y analizar los miembros de dicha Comisión, el día de hoy 24 de octubre de 2012, la información solicitada no ha sido recibida o por lo menos no se ha hecho pública de acuerdo con el portal web del Senado. Si el acuerdo estableció que las comparecencias se llevarían a cabo el 29 de octubre, deja un margen de 4 días para el “análisis” de la información que necesitarían los miembros de la Comisión de Justicia para las comparecencias.

Insistimos que estamos ante el riesgo de caer en comparsas y no en verdaderas comparecencias para la Designación de Ministros de la SCJN. Para evitarlo la Comisión debe considerar las posibilidades de plantear por algún medio la posibilidad de una deliberación entre sus miembros -y  con la sociedad de manera directa- para definir un perfil idoneo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia que permita una decisión razonada y fundamentada por parte del Senado de la República.

 

Designaciones Públicas (http://designacionespublicas.com/). Observatorio cuyo objetivo es promover la transparencia de los nombramientos de los funcionarios judiciales a través del seguimiento puntual de cada uno de los procesos y contribuir al ejercicio del derecho a la información generando un espacio de deliberación pública sobre la idoneidad de los candidatos. Twitter: @designaciones

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