“No comparto las razones para rechazar la terna.” En la recta final de su comparecencia en el Senado, Javier Laynez Potisek cometió un lapsus brutus que seguramente arrancó más de una sonrisa de los legisladores. El senador Mario Delgado le había preguntado su opinión sobre el criterio de la Corte según el cual la reforma energética no podía ser objeto de consulta popular por tratarse de un asunto fiscal. Es claro, pues, que lo que Laynez quería decir es que no compartía las razones por las que se rechazó la consulta. Pero más allá de que el yerro sirvió para amenizar una de por sí larga comparecencia, lo cierto es que quizá Laynez tenga razón. Después de ver las comparecencias de Alejandro Gómez y Álvaro Castro, los otros dos integrantes de la terna, la verdad es que sería una lástima que Laynez no alcanzara la votación para ocupar un espacio en nuestro tribunal constitucional.

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Durante las más de cinco horas que duró la comparecencia los senadores ofrecieron pocas sorpresas. Algunos de ellos se enfrascaron en una disputa, un tanto estéril, sobre si Laynez había participado o no en la representación del Estado mexicano en el caso Radilla Pacheco. ¿El motivo de la discordia? Una de las últimas líneas de un documento relacionado con su –fallida– candidatura a la Corte Penal Internacional, en el cual se afirma que Laynez “participó activamente en el litigio del caso Radilla Pacheco vs. México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.” Laynez tuvo que repetir, una y otra vez, que él no había participado en dicho litigio, ni emitido una opinión alguna sobre el caso, ni asistido a ninguna reunión en donde se tratara el asunto. Vaya, hasta tuvo la puntada decir que jamás había puesto un pie en San José.

También hubo, para no variar la costumbre, preguntas que muestran que si las comparecencias suelen dejar mucho que desear es, al menos en parte, por la calidad de las preguntas. El senador Fernando Yunes, por ejemplo, le preguntó a Laynez si le parecía adecuado el porcentaje (33%) que la Constitución establece para que las minorías parlamentarias presenten acciones de inconstitucionalidad. La duda consiste, por supuesto, por qué sería sensato gastar el de por sí limitado tiempo de las comparecencias para que un senador –que sí puede participar en el proceso de reforma a la Constitución– le pregunte a un candidato a ministro sobre un tema en el que (esperemos) jamás tendrá que pronunciarse.

Tampoco hicieron falta preguntas relativamente técnicas que, no sin alguna dificultad, los legisladores formularon a Laynez. Aquí se repitió las historias de comparecencias pasadas. Primer acto: los senadores formulan una pregunta “compleja”, en la que se entremezclan conceptos como “supremacía constitucional”, “pro persona”, “test de proporcionalidad”, “control de convencionalidad” y los etcéteras de costumbre. Segundo acto: el candidato contesta con mayor o menor precisión a la pregunta. Tercer acto: el legislador intenta revirar pero fracasa en su intento, mostrando que, en repetidas ocasiones, simplemente no entiende la pregunta que formuló. El caso de Laynez no fue la excepción: por lo general dio respuesta a las preguntas, buenas y malas, e incluso tuvo la amabilidad de recordarle a diversos legisladores que sus preocupaciones habían sido contestadas unos minutos antes.

A ratos daba la impresión de que, más que una comparecencia, estábamos presenciando una clase, donde los alumnos se esforzaban en realizar preguntas sesudas a un profesor que contestaba con paciencia y amabilidad. Laynez no sólo se mostró como un candidato por demás calificado en cuestiones fiscales –algo esperable dado sus más recientes cargos–. Si de algo sirvió la comparecencia fue para mostrar que el actual magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un jurista que puede hablar con conocimiento y versatilidad sobre derechos sociales, económicos y culturales; el salario mínimo y su desindexación; la implementación del sistema penal acusatorio; el gobierno judicial y el Consejo de la Judicatura; los protocolos para juzgar en casos que involucren comunidades indígenas; el sistema federal mexicano, o la simplificación de las resoluciones judiciales.

En algunos casos parecía –para usar un símil prestado– que Laynez contaba a las preguntas como si le estuviesen preguntando “la tabla del uno.” Pero también es cierto que el ex Procurador Fiscal de la Federación de plano evitó hablar sobre casos espinosos como Ayotzinapa o el de Lydia Cacho. Sobre el primero, dijo no conocer más que lo ventilado en los medios de comunicación, lo cual le valió el reproche por parte de la senadora Dolores Padierna, a quien la pareció inaceptable que no conociera el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Sobre el asunto de Lydia Cacho, Laynez se limitó a decir que no había profundizando lo suficiente en el tema.

Con todo, sería injusto decir que la comparecencia no sirvió para conocer los puntos de vista de Laynez en temas por demás relevantes. Expresó cierto escepticismo con relación a la más reciente decisión de la Primera Sala relacionada con el uso recreacional de la marihuana; dijo no compartir el criterio del Pleno en materia de consultas populares; y en repetidas ocasiones tuvo la oportunidad de dar ejemplos concretos sobre su visión de la justicia constitucional.

Ciertamente no faltaron reproches por parte de legisladores. Manuel Bartlett, por ejemplo, dijo que la única razón por la que había sido propuesto era por su pertenencia al grupo del “inefable” Huberto Castillejos, actual Consejero Jurídico de la Presidencia. Por su parte, Layda Sansores dijo que, para ser imparcial, Laynez tendría que volver a nacer. Pese a todo, incluso los legisladores más críticos no dejaron de reconocer las cualidades técnicas y la competencia de Laynez como jurista.

La comparecencia de Javier Laynez nos dejó, pues, con un sabor agridulce. Por una parte, parece claro que el actual formato de las comparecencias, pese a ciertas mejoras, está lejos de garantizar una auscultación abierta de los candidatos a ministro. Por la otra, no deja de ser una buena noticia que, al fin, hayamos presenciado una comparecencia de un candidato con madera de juez constitucional. Si se valora el mérito y la trayectoria, parece que los senadores no enfrentarán una decisión particularmente difícil en los siguientes días —al menos en esta terna—.

Javier Martín Reyes. Abogado por la UNAM y politólogo por el CIDE. Actualmente realiza estudios doctorales en la Universidad de Columbia. Twitter: @jmartinreyes

 

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La comparecencia de la magistrada Verónica Judith Sánchez Valle empezó y terminó con una defensa. Desde que se presentó en la terna, que integra junto con las magistradas Norma Piña y Sara Patricia Olea, salieron a la luz algunos antecedentes polémicos que marcaron, definitivamente, su comparecencia: (i) el caso Sauceda Guerra, a quien se le acusaba de lavado de dinero en los Estados Unidos y cuya solicitud de arresto para extradición fue negada por la entonces juez Sánchez Valle; (ii) el del expresidente guatemalteco Alfonso Portillo, caso en el cual la juez consideró que no procedía la extradición; y (iii) la liberación de José Gerardo Ortaga Amaya, ex asesor del Secretario de Marina, acusado del delito de delincuencia organizada.

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La comparecencia de la magistrada Sánchez Valle, en este contexto, inició con cuestionamientos directos de la Senadora Martha Tagle respecto esos casos y concluyó con una interpelación en el mismo sentido por parte del Senador Armando Ríos Piter. La magistrada agradeció el espacio y sostuvo que era su oportunidad para exponer su versión de los hechos. En relación con el caso Sauceda Guerra, la magistrada explicó que emitió un fallo contrario a la Procuraduría General de la República (PGR), ya que ésta le presentó una persona cuyos apellidos y media filiación diferían de aquella respecto de la cual había sido solicitada una orden de arresto para fines de extradición. Por ello —justificó— su decisión fue ordenar la liberación inmediata de la persona presentada. Al respecto, sostuvo que en ese caso su papel como juzgadora federal se limitó a proteger la libertad personal de una persona distinta de Sauceda Guerra.

Como consecuencia de su decisión en el caso Sauceda Guerra, la PGR inició averiguación previa contra la entonces juez Sánchez Valle por delitos contra la administración de justicia. En su comparecencia ante el Senado, explicó que la orden de aprehensión fue negada en primera instancia y que dicha negativa fue confirmada en apelación. A pesar de reconocer la incomodidad que pasó entonces, Sánchez Valle dijo “estar en paz” y convencida de haber actuado bien e, incluso, destacó que con posterioridad a ese incidente el Consejo de la Judicatura Federal le ratificó en el cargo y, después, la ascendió a magistrada de Circuito.

La magistrada, quien mañana cumple 45 años, tuvo también la oportunidad de explicar que en el caso de la extradición de Portillo no se cumplían los requisitos señalados en el tratado de extradición respectivo –lo cual hizo saber, en su momento, a la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el caso de Ortega Maya, Sánchez Valle dijo estar imposibilitada para hacer muchos comentarios ya que el caso sigue pendiente de resolución, pero sostuvo que su actuar como juez de proceso penal fue limitado por una ejecutoria de amparo a la cual tuvo que dar cumplimiento.

Como parte de la defensa que la magistrada hizo de su papel como juzgadora federal, casi al final de su intervención, destacó la necesidad de revisar la comunicación social del Consejo de la Judicatura Federal. Manifestó que, en muchas ocasiones, los ciudadanos no tenemos información completa o cierta sobre las resoluciones judiciales federales y, en consecuencia, se hacen juicios incorrectos respecto los mismos.

A la largo de su comparecencia, la magistrada Sánchez Valle mostró mayor seguridad al responder preguntas relativas a la materia penal. Es más: dijo preferir la materia penal sobre la administrativa —en la cual trabaja actualmente—. En particular, explicó que el derecho del enemigo es una doctrina que justifica la imposición de penas por encima de los derechos humanos, dentro de esa doctrina identificó los casos de la punibilidad anticipada y la extinción de dominio. Por otra parte, sostuvo que, en su labor como jueza penal, había encontrado una gran dificultad para acreditar todos los elementos que integran el tipo penal de trata de personas, por lo cual hizo un llamado a revisarlo en sede legislativa.

Asimismo, en cuanto a su perspectiva acerca del alcance y protección de los derechos humanos, al igual que acerca de las limitaciones a los que éstos pueden ser sujetos, la magistrada expresó estar comprometida con su protección y maximización. Sin embargo, en cuanto al arraigo, expresó que debe ponderarse la seguridad pública y la libertad personal, manifestando que la primera tiene mayor peso. De igual forma expresó la importancia de las resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; sin embargo, erróneamente afirmó que cuando el Estado mexicano no es parte en una resolución emitida por dicha Corte, los criterios únicamente son orientadores, pero no obligatorios —criterio que ya fue superado por la Suprema Corte—.

En cuanto al tema de interrupción legal del embarazo, la magistrada manifestó que debe de existir una ponderación entre el “derecho a una vida digna del menor” y los derechos de libertad y a la salud de la madre —dejando ver su oposición al derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo—.

Después de la intervención de la Senadora Angélica de la Peña, la magistrada Sánchez Valle dijo entender la responsabilidad que implica ser propuesta para sentarse en la silla de la ministra Sánchez Cordero. Además, dijo no conocer a nadie ni estar apadrinada por un grupo político y recordó sus sencillos orígenes en el Poder Judicial de la Federación.

En general, la magistrada se vio segura en sus respuestas y, con lenguaje coloquial —“el negrito en el arroz” y “a ojo de buen cubero”—, expuso su punto de vista sobre diversas problemáticas jurídicas a las cuales se enfrenta el Poder Judicial de la Federación. No obstante, el eje central de la comparecencia fue su propia defensa, lo cual opacó temas de mayor trascendencia para el orden jurídico nacional.

Julio Martínez Rivas. Abogado (ITAM) y colaborador de la ponencia del ministro Cossío en la Suprema Corte. Twitter: @julio_mr1

Mariana Aziz Pico. Estudiante de la licenciatura en derecho en el ITAM y colaboradora de la ponencia del ministro Cossío en la Suprema Corte. Twitter: @marianaaziz

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Al momento de ser emitidas las ternas enviadas por el presidente de la República, el primer nombre que llamó la atención a la opinión pública fue el de Alejandro Jaime Gómez Sánchez. Actual Procurador del Estado de México y cercano en especial al consejero jurídico de la presidencia de la República, Humberto Castillejos. Su nombre, en razón de su cargo y trayectoria, se encuentra ligado a casos de posibles violaciones a derechos humanos de enorme relevancia: Atenco y Tlatlaya.

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En consecuencia, esta ha sido hasta el momento la comparecencia más larga de todas, aunque, por desgracia, no por ello la más rica en contenidos, exposición de ideas y posibilidades de satisfacer su objetivo primordial: conocer el potencial de un aspirante para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte, su postura ideológica, su capacidad de argumentación jurídica y su posición en temas de vital importancia.

Para comenzar y de acuerdo con el procedimiento, el aspirante hizo lectura de su carta de intenciones. Redactada en un lenguaje técnico, razonablemente bien sustentado y, aunque cumplidora, ninguno de sus contenidos resultó particularmente atractivo. Llama la atención la mención a la existencia y lógica de la división de poderes, pero combinada con la necesidad de cooperación y armonía entre los mismos para “garantizar la unidad política del Estado”. Recuerda, con su matiz a cierta ministra de la Corte Constitucional Venezolana que, de acuerdo con Pedro Salazar, pidió “olvidar la noción burguesa de la división de poderes”.

Más adelante se refirió en específico a la reciente sentencia en materia de producción y consumo de cannabis de la Corte mexicana. Y bajita la tenaza, anotó que la sentencia podría tener vicios en materia de convencionalidad a partir de algunas interpretaciones acerca de los compromisos internacionales que tiene México en materia de combate a las drogas. Además de que en una nota al pie un tanto catastrofista, también anotó que la resolución puede tener problemas de ponderación entre derechos humanos, políticas públicas, seguridad y bien común.

Por su parte, las preguntas de los Senadores, en su mayoría se refirieron al  trabajo del aspirante como Procurador del Estado de México, especialmente en temas como derechos humanos, fuero militar y violencia de género. En general, las preguntas fueron, como suelen ser, más políticas que jurídicas pero ayudaron a evidenciar tres características fundamentales del candidato que fueron los signos transversales de la comparecencia:

1) Su comparecencia giró en torno a una explicación, en distintos momentos y matices, acerca de la solución de los casos controvertidos a lo largo de su trayectoria y actual cargo: Tlatlaya, Atenco y los diversos feminicidios ocurridos en el Estado de México.  Por eso, como señaló la Senadora Martha Tagle, más que una comparecencia podemos decir que lo que vimos fue una mezcla entre un informe de labores y… una clase de derecho procesal penal con perspectiva de género.

2) Sánchez Gómez tiene un problema serio de comprensión. En la primer ronda de preguntas, sobre diversos temas y realizadas por las Senadoras Tagle, de la Peña y Ortega, no fue capaz de contestar, sin necesidad de una explicación posterior ninguna de las inteorrgantes que se le hicieron.

3) El aspirante estuvo en todo momento más ocupado en justificar su trabajo actual y en convencer a los Senadores de la no existencia de ningún posible conflicto de interés devenido de sus relaciones y trabajos anteriores, que en analizar y responder las preguntas que se le realizaron. Una de sus frases más repetidas a lo largo de la comparecencia fue “todo mi trabajo lo he realizado en estricto apego a la legalidad”. Inclusive,  más adelante, hizo la ya conocida exposición sobre por qué los posibles conflictos de interés no son tales “tomando en cuenta la legislación en materia de responsabilidad de los servidores públicos”.

En el plano jurídico los problemas son un tanto más graves. Aunque la primer ronda de preguntas de los Senadores estuvo enfocada en temas políticos, las preguntas realizadas por la sociedad civil, ya sea en el formato de foro abierto o en el aquellas que fueron retomadas por algunos Senadores como Layda Sansores y Alejandro Encinas -y que habían sido elaboradas por expertos constitucionalistas-, se enfocaron más en tratar de conocer las capacidades como jurista de Sánchez Gómez.

En un balance general, y por demás generoso, podemos decir que Sánchez Gómez tiene “apenas algunos conocimientos básicos de derecho constitucional”.  Es evidente que sus años como Procurador y analista en temas de justicia penal le han dado amplios conocimientos, especialmente procedimentales, en la materia. Pero en derecho constitucional le falta mucho por aprender. Su respuesta a la mayoría de las preguntas, sin importar si éstas se encontraran referidas al (falso) dilema entre la salvaguarda de los derechos de las víctimas y de los presuntos culpables, la regulación del cannabis en México o medidas de reparación del daño, para Sánchez Gómez todo puede resolverse a partir de la ponderación entre derechos. Ponderación, que, a su juicio, debe tener en cuenta también “el orden público y la preservación del bienestar social”.

En segundo término, Sánchez Gómez evidenció que conoce poco de la labor que realizará en caso de ser ministro. A lo largo de la comparecencia, en especial frente a ciertas preguntas “de rescate” del tipo “que aportaría usted a la Suprema Corte en caso de llegar a ser ministro”, el Procurador Sánchez se limitó a señalar que iba a hacer lo que la Constitución le obliga a hacer “realizar su labor con profesionalismo, independencia, apego a la legalidad… etc., etc.”. Incluso, cuando se le preguntó directamente por el trabajo de uno de sus posibles futuros colegas, el ministro José Ramón Cossío, no dudó en contestar –con mucha honestidad, eso sí- “que no conocía el trabajo al que se le hacía referencia”.

Y eso nos lleva al último punto problemático de la comparecencia de Sánchez Gómez: su constante remisión a “lo que dice la ley” como solución a las preguntas que se plantearon en distintos temas. Pareciera ser, de acuerdo con la visión de Sánchez Gómez, que la corrupción en el poder judicial, las ejecuciones extrajudiciales, los feminicidios, las prebendas excesivas que obtienen los funcionares judiciales y las deficiencias en los procesos institucionales, tienen su raíz y su solución en los textos jurídicos. Estrechez de miras que, si bien es preocupante en la clase política, resulta imperdonable en un aspirante a tener un trabajo que estriba, precisamente, en interpretar “lo que dice la ley”.

En síntesis, la comparecencia de Sánchez Gómez nos deja dos lecciones: por un lado, que a pesar de todas las fallas como Procurador de Justicia, es mejor fiscal que aspirante a ministro y; por el otro, que no tiene ni la trayectoria, ni el conocimiento, ni la independencia del poder ejecutivo —sin importar al grupo político al que este pertenezca— para llenar los zapatos del ministro Silva Meza.

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM. Twitter: @pauletta_sofia

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El día de hoy, dentro del calendario de comparecencias de los candidatos a ministros de la Suprema Corte, tocó el turno de la magistrada federal Norma Piña. Las reglas de este ejercicio ante la Comisión de Justicia del Senado de la República fueron las mismas que el día de ayer.

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Así, la magistrada Piña aprovechó sus veinte minutos de exposición para explicar, en buena medida, las características del modelo de justicia constitucional de nuestro país. Al respecto, mencionó que se trata de un modelo concentrado en los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación que, si bien ha sufrido algunos cambios en los últimos años, su esencia es concentrarse en tres diferentes órganos: jueces de distrito, magistrados de circuito y ministros de la Suprema Corte. Esto significa, subrayó la magistrada Piña, que los jueces de distrito y los magistrados de circuito realizan tareas propias de un juez constitucional e, inclusive, en ocasiones, estos últimos son órganos terminales. Es decir, en ellos concluyen ciertos asuntos. La estrategia de Piña, al plantear esta exposición, no fue mala: su objetivo era subrayar que ella, en su calidad de magistrada de circuito, ya lleva años realizando las tareas propias de una jueza constitucional. No obstante, hubiese sido más persuasiva si su exposición la hubiese limpiado de tantos formalismos y, en vez de ello, ofreciese aspectos cualitativos de lo que ha sido su trabajo justo como jueza constitucional.

Después iniciaron las rondas de preguntas. A diferencia de la actuación de ayer de la magistrada Orea, Piña fue segura en sus respuestas. En casi ninguna ocasión titubeo ni mostró desconocimiento de qué es lo que le estaban preguntando. Sin embargo, esto sirvió para evidenciar la pobre preparación de prácticamente cada uno de los Senadores que participaron en la comparecencia. Salvo un puñado de Senadores, que claramente sí tienen una idea de lo que está en juego en esta designación y de los flancos a partir de los cuales se debe escudriñar a los candidatos, el resto no supo qué hacer con una candidata que en ningún momento tuvo un momento particular de lucidez pero sí ofreció respuestas ágilmente evasivas y terminantes.

Así, los Senadores lanzaron preguntas que ante las magras respuestas de la magistrada Piña, y justo por no entender del todo tales preguntas, dejaron ir la oportunidad de lanzar contrarréplicas que pusieran en aprietos a la candidata. Por ejemplo: se le preguntó su opinión sobre el informe del Comité en contra de la tortura de la ONU, que recién señaló que la tortura en el país es una práctica generalizada para obtener confesiones de los detenidos. La respuesta de la magistrada Piña fue que ella no podía descalificar ese reporte de la ONU y que se estaban tomando medidas para acabar con la tortura. ¿Alguna contrarréplica respecto los criterios de la Suprema Corte en materia de tortura? ¿Cómo se deberían alinear los incentivos institucionales para realmente atar la actuación de la policía? ¿En qué consiste la tarea del juez de control en el nuevo sistema penal? Los Senadores no fueron capaces de formularle ninguna de éstas u otras preguntas a la candidata en un tema de enorme relevancia. Sobre todo porque no hay que olvidar que Piña está en la terna de candidatas para sustituir a Sánchez Cordero y, en su caso, integrarse a la Primera Sala de la Corte (la cual ve precisamente los casos sobre tortura).

También se le preguntó cuáles debiesen ser, en su opinión, los límites jurídicos al concepto de seguridad nacional como candado para reservar cierta información pública. La respuesta de la magistrada Piña fue: “Los límites jurídicos son las violaciones graves a las garantías.” Ante uno de los temas más peliagudos de la discusión constitucional alrededor del mundo, esta fue la respuesta que ofreció la candidata. Peor aún: fue la que aceptó sin reparar la Comisión de Justicia. Un ejemplo más: se le preguntó su opinión respecto que el Estado autorice, y defina un procedimiento, para la eutanasia activa. Piña, lacónicamente, dijo: No hay valores absolutos. Estamos ante un conflicto entre el valor de la vida y el de la dignidad de las personas. La educación ayuda a resolver este tipo de problemas.

Pero también hubo preguntas enteramente erróneas por parte de los Senadores. ¿Un mecanismo de control del poder legislativo hacia el poder judicial vulneraría la autonomía de éste?  ¿Cree que la Suprema Corte se ha excedido en algunas decisiones como intérprete de la Constitución?  ¿Cuál es la diferencia entre el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad? Preguntas vagas, ancladas en lugares comunes y con un blanco de ataque equivocado.

Algo que es necesario destacar es que, desde la comparecencia del día de ayer, los Senadores básicamente han centrado sus preguntas en temas de derechos. Pero no han lanzado ninguna interrogante respecto ese otro gran filón de casos que resuelve la Corte día a día: la organización del poder. Es decir, el proceso de escrutinio ha dejar escapar temas de enorme relevancia como el federalismo, la división de poderes y la estructura de nuestro texto constitucional. ¿Cuál es la naturaleza de los artículos transitorios de nuestra Constitución? ¿Cómo ordenar esa madeja normativa que es nuestro federalismo cooperativo? ¿De qué manera darle una lectura sistemática a las diferentes concepciones de autonomía orgánica otorgada a diversos poderes en el texto constitucional? Es posible que los Senadores se estén limitando a los temas de derechos debido a que son más taquilleros. Pero inclusive profundizar en el tema de derechos exige involucrarse, por ejemplo, en los problemas de nuestro federalismo que dificultan que ciertos derechos ya instrumentalizados en política pública no aterricen de manera adecuada en los diferentes ordenes de gobierno.

Pero lo que más llama la atención es que la magistrada Piña ante este calibre de preguntas no las aprovechara para lucirse. En alguna de las rondas, por ejemplo, se le preguntó cuál era su filosofía judicial. Se trata de una interrogante que le abrió una enorme oportunidad para brillar. Ofrecer una muestra de su cultura constitucional, su conocimiento de sentencias de nuestra Corte pero también de otros países, así como algunos de los retos de la narrativa constitucional en el país y el mundo. Por el contrario, su respuesta fue: “No aplicar de manera formal el derecho, sino conforme a los valores y principios de la Constitución.”

Es cierto: hubo algunas buenas esgrimas por parte de ciertos Senadores. Insistieron en el tema de la corrupción en el Poder Judicial de la Federación; la tesis de jurisprudencia de la Corte que sostiene la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública; así como, en su desempeño como magistrada de circuito. Pero no fue suficiente. La magistrada Piña esquivó los cuestionamientos con respuestas breves, evasivas y formalistas. ¿En verdad el Senado va a permitir que una candidata a la Suprema Corte pueda librar este escrutinio con tal tipo de respuestas?

Saúl López Noriega. Profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Twitter: @slopeznoriega

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El día de hoy, inició la serie de comparecencias de los candidatos a ministros de la Suprema Corte ante la Comisión de Justicia del Senado –en su caso, dos de estos seis candidatos sustituirán a los ministros Silva Meza y Sánchez Cordero, quienes justo el día de hoy concluyeron su cargo.

Respecto las reglas que definieron el rumbo de esta comparecencia, vale destacar algunos puntos no menores: este ejercicio de escrutinio fue transmitido por el Canal del Congreso; se integró por tres rondas de preguntas formuladas por Senadores de los diversos partidos políticos e, inclusive, de miembros de la sociedad civil que previamente enviaron sus cuestionamientos a la Comisión de Justicia; hubo posibilidad de que, después de plantear su pregunta, el Senador en cuestión pudiese lanzar una contrarréplica si no quedaba satisfecho con la respuesta de la candidata y; por último, no se estableció un límite de tiempo ni para la participación de los Senadores ni para las respuestas de la candidata.

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Así, bajo este conjunto de reglas, la comparecencia inició con una intervención de 20 minutos de la magistrada Orea, quien integra la terna para sustituir a Sánchez Cordero. Sobra mencionar que esta exposición era una oportunidad valiosísima para explicar a los integrantes de la Comisión de Justicia, y a la opinión pública, su visión de lo que debe ser la justicia constitucional y sus habilidades para coadyuvar a la consolidación de ésta. Lo que ofreció, por el contrario, la magistrada Orea fue un ramillete de lugares comunes. Un recorrido por divagaciones respecto conceptos como democracia, Estado de derecho, seguridad pública y su relación con la Suprema Corte; asimismo, al plantear los que a su juicio son los retos de nuestra corte constitucional simplemente se limitó a enumerar las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, sistema penal, juicio de amparo; por último, la magistrada Orea ofreció un breve recuento de la evolución del derecho en el mundo occidental y la etapa en la que se encuentra la Corte mexicana: el Estado constitucional y democrático de derecho.

Una vez que concluyó esta exposición por parte de la candidata, comenzaron las rondas de preguntas. E inició, a su vez, un espectáculo francamente bochornoso. La magistrada Orea demostró en más de una ocasión que desconoce enteramente lo que significa la justicia constitucional y el sinfín de temas que giran alrededor de ésta. No se trata de que personalmente no hayan gustado sus respuestas. No. Más bien, se trata de una ignorancia constitucional que sólo sirvió para evidenciar la irresponsabilidad mayúscula del presidente Peña Nieto al incluirla en la terna de candidatas a ministra de la Suprema Corte.

Aquí algunos ejemplos: Desde el inicio se le preguntó si el INAI debía tener o no la facultad de determinar si cierta investigación en materia penal era una violación grave de derechos humanos y, por tanto, proceder a calificar tal investigación como información pública. Después de la insistencia de dos Senadoras para que contestara esta interrogante, y demostrar su claro desconocimiento en el tema, afirmó que el INAI sí debía tener esta facultad pero sin ninguna argumentación al respecto. Otro miembro del Senado le lanzó esta interrogante: ¿cómo impulsar una relación armónica entre el juicio de amparo y el nuevo sistema penal? Se limitó a afirmar que en efecto era necesario construir una relación armónica entre ambos instrumentos normativos y, para ello, probablemente habría que reformar algunos aspectos de la Ley de amparo. Sobre el caso de Campeche y matrimonio entre personas de mismo sexo, resuelto por la Suprema Corte, se le preguntó su opinión del voto del ministro disidente en tal sentencia. No conocía el caso, ni mucho menos tal voto, de ahí que sólo se pronunció a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y señaló que éste no afectaba el interés superior del niño, pero una vez más no ofreció una exposición de los eslabones argumentativos que sostuviesen su postura al respecto. También se le preguntó su posición sobre la contradicción de tesis 293/2011 y otros casos similares; en concreto, sobre la jerarquía entre normas internacionales y constitucionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se trata de un caso de enorme relevancia para cualquiera que aspire a ser ministro de la Suprema Corte. No obstante, la magistrada Orea no lo conocía. Fue necesario que la Senadora que le formuló esta pregunta le diera más de una pista para que Orea al final pudiese ofrecer una respuesta vacua y sin un mínimo de coherencia. El mismo tipo de respuesta que ofreció, ante la interrogante de qué opinaba del arraigo y del principio pro persona.

Ante estas respuestas, los Senadores parecían unos expertos en justicia constitucional. Pero en realidad no fue así: sin preguntas particularmente sofisticadas –inclusive varias de ellas francamente mediocres-, la magistrada Orea se desmoronó. Nerviosa, desarticulada, acabó su comparecencia clavando su mirada en el pódium buscando respuestas en un torbellino de tarjetas. No las encontró. Y, por ello, lo único que se puede esperar, después de esta primera comparecencia, es que haya sido el episodio más penoso de este proceso de designación y lo que venga sea mucho mejor.

Saúl López Noriega. Profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Twitter: @slopeznoriega

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Finalmente, el presidente Peña Nieto envió al Senado de la República las dos ternas para sustituir los ministros de la Suprema Corte de Justicia que están a días de concluir su encargo: Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, quienes son los dos últimos integrantes del máximo tribunal de la generación que resultó de la reforma de 1995. Con su salida, la Corte cumple un ciclo de su historia y se consolida como tribunal constitucional.

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Desde su transformación hace 20 años, la Suprema Corte ha jugado un papel positivo para la construcción del Estado de derecho del que México ha adolecido a lo largo de su historia. Sus fallos, si bien frecuentemente controvertidos, han mostrado una independencia respecto al Ejecutivo federal antes desconocida. Esa autonomía —que la ha llevado ya en varias ocasiones a sentencias contrarias a la opinión presidencial en temas cruciales como el aborto, el matrimonio igualitario o, recientemente, la mariguana— han contribuido a una gradual legitimación del Poder Judicial, aunque todavía estemos lejos de contar con una judicatura reconocida por la sociedad como un poder autónomo e imparcial, al que se puede recurrir con facilidad para dirimir controversias y obtener justicia.

La consolidación del sistema judicial es una condición indispensable para que México deje atrás el orden social de acceso limitado que ha caracterizado a su Estado desde su etapa formativa y dé el paso definitivo hacia un orden social de acceso abierto, con mejores condiciones para lograr un crecimiento sostenido y atemperar su secular desigualdad. Si bien ese proceso no se agota en la independencia de la Suprema Corte —pues debe abarcar a todos los tribunales y juzgados, tanto del fuero común como del orden federal— entre más sea socialmente reconocida ésta como un tribunal profesional, técnicamente capacitado, sin sujeción a intereses particulares y honrado, más fácil será recuperar la confianza general en el papel de los jueces.

De ahí la importancia del proceso de nombramiento de los ministros. El papel de la Suprema Corte como cabeza del Poder Judicial de la Federación y como tribunal de constitucionalidad le da al nombramiento de sus integrantes una relevancia que no tuvo en el pasado, cuando la dominancia de la presidencia de la República hacía que la integración del máximo tribunal fuera uno más de los atributos del ejecutivo omnímodo. Hoy, en cambio, cada posición en la Corte tiene un valor enorme, de ahí que la primera intención de los políticos sea colonizarla con representantes de sus intereses particulares y que, a pesar del papel primordial que tiene el presidente de la República en la selección de los candidatos, cada designación sea resultado de un complejo proceso de negociación e intercambios políticos.

La novedad en las designaciones por venir radica en que la deliberación sobre las candidaturas se ha vuelto pública, con lo que se ha elevado sustancialmente el nivel de exigencia sobre los candidatos y el escrutinio de sus perfiles se ha vuelto minucioso. El proceso que llevó al nombramiento de Eduardo Medina Mora provocó que grupos relevantes de la sociedad civil se involucraran y opinaran, y que esos mismos sectores estuvieran alertas para restringir la arbitrariedad política en un proceso que de origen está marcado por el carácter político de las instancias de nominación y decisión.

La preselección de los candidatos se hace en una caja negra —presidente de la República y su consejero jurídico— que, sin embargo, tuvo que considerar la resistencia de diversas corrientes de opinión que se manifestaron en contra de una designación con claro sesgo partidista o de complicidad. Así, el candidato que se perfilaba como el ungido de Los Pinos fue apeado de la posible candidatura y tuvo que volver al Senado del que se había separado con licencia como subterfugio para ser elegido como ministro de la Corte. .

Las ternas finalmente presentadas por el presidente de la República se cuidaron de tener un sesgo partidista tan conspicuo; sin embargo, al menos en un caso, el de Alejandro Jaime Gómez Sánchez, sí se incurrió en la designación de un válido integrante del propio grupo de relaciones de reciprocidad. Los méritos profesionales del Procurador General de Justicia del estado de México para estar en la terna de varones presentada por el ejecutivo son, al menos, dudosos y su inclusión responde más a la lealtad política esperable de él que a su trayectoria como jurista o funcionario público.

Sin duda, la protección irrestricta de los derechos humanos es una de las obligaciones centrales de un ministro de la Suprema Corte, por lo que el escrutinio público se debe enfocar en revisar con detalle el compromiso de los candidatos con este ámbito tan relevante y tan sensible en las circunstancias actuales del país. La trayectoria de Alejandro Jaime Gómez muestra una seria mancha al respecto, pues ya era Procurador cuando ocurrieron los acontecimientos de Tlatlaya. La actuación de la Procuraduría de Justicia del estado de México fue objeto de esta recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual —después de narrar actuaciones que pueden ser consideradas al menos como negligencia, por la tardanza en la llegada a la escena, pues no hay que olvidar que los agentes ministeriales tardaron más de seis horas en personarse en el lugar de los hechos— considera en el párrafo 353 del documento que “la actuación del personal ministerial adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México que estuvo presente el día de los hechos en la bodega, también transgredió los derechos humanos de las víctimas indirectas del caso, al no tomar medidas adecuadas para preservar el lugar de los hechos”. El responsable de la actuación de los agentes ministeriales es, en última instancia el Procurador.

Pero éste no sólo fue negligente respecto a la actuación de sus agentes, sino que incurrió en un presunto delito de encubrimiento cuando declaró, al hacerse públicas las presuntas ejecuciones extrajudiciales, que “no hay evidencias para suponer que las 22 personas que perdieron la vida por disparos de miembros del Ejército Mexicano, registrados el 30 de junio en el poblado Cuadrilla Nueva del municipio de Tlatlaya, hayan sido ejecutadas o fusiladas como algún medio de comunicación lo refirió” y se explayó en defensa de la versión del enfrentamiento como única causa de las muertes en el lugar, lo que ha sido ya desmentido con pruebas que han llevado a procesar a varios militares.

La actuación del funcionario tampoco ha sido demasiado diligente para enfrentar la crisis de feminicidios que enfrenta su estado. ¿Es de esperarse que un funcionario con ese desempeño pueda cumplir con el principio de integridad establecido en los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial, que establecen que un juez deberá asegurarse de que su conducta está por encima de cualquier reproche a los ojos de un observador razonable?

Otro de los integrantes de la terna, Álvaro Castro Estrada, no parece un candidato idóneo para defender el principio de laicidad del Estado establecido en el artículo 24 constitucional, pues ostenta en su currículum que “en 2007 recibió la Condecoración del Orden Ecuestre de San Gregorio Magno en el Grado de Conmmendatore otorgada por el Papa Benedicto XVI”.

Así, el candidato que mayores méritos muestra por su formación académica, su trayectoria como funcionario es Javier Laynez Potisek, ex Procurador Fiscal de la Federación y actual magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

La primera terna, formada exclusivamente por mujeres, es menos controversial. En ella se incluyó a tres integrantes de carrera judicial: dos magistradas de circuito y una magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal con antecedentes en el Poder Judicial Federal. Con todo, hay detalles en la trayectoria publicada de Verónica Judith Sánchez Valle que deben ser objeto de un análisis muy cuidadoso por parte del Senado, ya que fue acusada por la Procuraduría General de la República de supuestos delitos contra la administración de justicia y ha recibido sanciones disciplinarias por parte del Consejo de la Judicatura Federal. Esto si bien no la inhabilita para ocupar el cargo, pues fue exonerada del delito, si opaca su trayectoria y ponen en duda que cumpla con el principio de corrección del documento de Bangalore, el cual establece que un juez evitará la incorrección y la apariencia de incorrección en todas sus actividades. Las trayectorias de las otras dos candidatas, Sara Patricia Orea Ochoa y Norma Lucía Piña Hernández, parecen a primera vista adecuadas para ocupar el cargo.

Debe ser ahora el Senado el que valore a profundidad los méritos y defectos de cada uno de los postulados, en un proceso donde debe imperar el principio de máxima publicidad y que debe incluir una auscultación pública donde se escuchen las voces de la sociedad sobre las candidaturas. Ya que el proceso de nombramiento de ministros establecido en la Constitución no cumple plenamente con los Lineamientos para una selección de integrantes de altas cortes de carácter transparente y basada en méritos, recomendados por la Due Process of Law Foundation. Bien haría, en este sentido, el Senado de la República en retomar los elementos más relevantes de éstos para incluirlos en su proceso de análisis de las ternas.

La legitimidad plena de los nombramientos va a depender, en buena medida, del trabajo y la responsabilidad de los senadores. Es de esperarse que al menos se les exija a cada uno de los aspirantes la presentación bajo protesta de una declaración de conflicto de intereses, pues tal como lo plantean tanto los Principios de Bangalore como los Lineamientos de la Due Process of Law Foudation, una de las garantías del comportamiento independiente de un juez radica en su autonomía frente a los grupos de presión y los intereses económicos y políticos. En ello se juega México la posibilidad de construir un auténtico orden legal democrático plenamente aceptado por la sociedad.

Jorge Javier Romero.  Profesor-investigador de la UAM Xochimilco. Twitter: @Giorgioromero 

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victoriaLa designación del ministro Eduardo Medina Mora nos deja una lección clara: con las actuales reglas del juego, el presidente de la República siempre –o casi siempre– gana en el nombramiento de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. El pasado proceso nos confirmó, por una parte, que el Senado tiene pocos incentivos para rechazar la primera terna de candidatos, pues siempre existe la amenaza de que el Presidente envié una segunda terna con perfiles aún más afines y, más importante aún, que realice una designación directa en caso de que ésta sea también rechazada. Por otra parte, la designación del nuevo ministro también nos muestra que, por desgracia, la construcción de un contexto de exigencia en la opinión pública no es condición suficiente para garantizar el procedimiento de designación que nos merecemos.

En las siguientes líneas reflexiono sobre la forma en que reglas, actores y preferencias se conjugaron en la designación del ahora ministro Medina Mora. Me interesa argumentar, principalmente, dos aspectos. Primero, un presidente generalmente podrá designar al candidato de su preferencia siempre y cuando (a) cuente con al menos de un tercio de votos en el Senado y (b) esté dispuesto a asumir los costos derivados de un nombramiento polémico ante la opinión pública. Segundo, en las futuras designaciones muy probablemente seguirán prevaleciendo los perfiles cercanos al titular del Ejecutivo a menos de que modifiquemos las reglas que regulan el nombramiento de ministros.

El procedimiento vigente: una cancha dispareja.

Una lectura apresurada del artículo 96 de la Constitución podría dejar la impresión de que el Senado tiene la última palabra en la designación de ministros: el presidente propone una terna de candidatos y los legisladores designan mediante una mayoría calificada. Sucede, sin embargo, que dicho artículo constitucional en realidad sólo le da a los senadores algunas oportunidades de tener la última palabra. Frente a una primera terna, en el Senado pueden ocurrir tres cosas: (1) que transcurran 30 días sin que el Senado se pronuncie, (2) que dentro de esos 30 días los legisladores voten las propuestas del presidente, pero ninguno de los candidatos obtenga el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, o (3) que dentro de ese plazo un candidato sí obtenga la mayoría calificada. Sólo en este tercer escenario el Senado efectivamente tiene la última palabra, pues en el primero el presidente designa directamente al candidato de su preferencia, mientras que en el segundo se requiere que el titular del Ejecutivo presente una nueva terna.

Aunque en esta segunda terna se presentan las mismas tres alternativas, las consecuencias son distintas. El Senado sólo puede nombrar al candidato de su preferencia si dos terceras partes de los miembros presentes votan por un candidato. En los otros dos escenarios –es decir, si no se produce la votación en el plazo de 30 días o si habiendo votación ninguno de los candidatos obtiene la mayoría calificada– el presidente de la República nombra directamente al nuevo integrante de la Corte.

En pocas palabras, con las reglas del juego vigentes, es el presidente –y no el Senado– quien tiene un papel protagónico en la designación de ministros. El titular del Ejecutivo no sólo selecciona a todos los posibles candidatos, sino que también puede nombrar directamente al candidato a su preferencia en múltiples escenarios. El Senado, en cambio, tiene poco tiempo para consensar una mayoría calificada y sólo se puede dar el “lujo” de rechazar una de las ternas. Ante la demora o falta de consensos, el presidente nombra.

El juego entre poderes: al presidente le basta con un tercio del Senado

La designación de Medina Mora parece confirmar que, cuando el partido del presidente cuenta con al menos un tercio los votos en el Senado, lo más conveniente para el titular del Ejecutivo es enviar “ternas de uno”. De esta forma se minimizan riesgos y se garantiza el nombramiento de un candidato afín. Veamos. Si en la primera terna el presidente incluye a su candidato preferido –junto con otros dos “de relleno”– y su partido lo apoya, entonces los senadores bajo ninguna hipótesis podrá evitar su designación: (1) si tardan más de 30 días en votar las propuestas, el titular del Ejecutivo nombra al candidato de su preferencia; (2) si votan con el partido del presidente y se alcanza la mayoría calificada, se designa al candidato del Ejecutivo; y (3) si no votan con el partido del presidente y no se alcanzan las dos terceras partes, la terna se rechaza. En dos de tres, el presidente gana.

Peor aún, si la primera terna se rechaza, las cosas se complican aún más para la oposición. En la segunda terna, el presidente puede volver a incluir al candidato de su preferencia y sustituir a uno o dos de los candidatos de relleno. Si el Presidente cuenta con el apoyo de su partido, entonces, la oposición siempre pierde. El candidato del titular del Ejecutivo termina siendo designado en todos los casos: (1) si el Senado tarda más de 30 días, se da una designación directa, (2) si suficientes senadores de oposición votan con el partido del presidente, el candidato del Ejecutivo es designado y (3) si la oposición no apoya la candidatura y no se alcanzan las dos terceras partes, también se llega a la designación directa por parte del presidente. Dicho en pocas palabras, en la segunda terna, el presidente gana tres de tres.

Creo que la designación de Medina Mora corrobora lo anterior. Desde un inicio, fue claro que el presidente Peña Nieto envió una “terna de uno”. En el papel, el contraste entre los candidatos era evidente: Medina Mora, un funcionario que había mantenido cargos de primera línea durante tres administraciones, se enfrentaba a dos candidatos con una larga pero poco conocida carrera judicial: Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Horacio Armando Hernández Orozco. Más aún, la distancia entre los candidatos quedó patente en sus comparecencias ante el Senado y, sobre todo, la tarde en que Medina Mora se volvió ministro de la SCJN. Por una parte, Fuentes Barrera mostró una vocación por adoptar el discurso de los nuevos tiempos, pero tuvo pocas intervenciones memorables y dejó la impresión de ser un juzgador relativamente ortodoxo. Por la otra, el caso de Hernández Orozco seguramente será recordado como un ejemplo de las actuaciones que los candidatos deben evitar en un proceso de designación.[1] Frente al pobre desempeño de sus contrincantes, las intervenciones de Medina Mora fueron, por mucho, las mejores.

Asimismo, creo que las votaciones en el Senado siguieron la estrategia que he delineado arriba. Desde el principio quedó claro que el PRI apoyaría la propuesta del presidente. En declaraciones públicas, el senador Omar Fayad fue claro al señalar que el PRI es “un partido que apoya a su Presidente” y que los senadores priistas no tienen “una sana distancia” con el titular del Ejecutivo. Era claro, pues, que el presidente contaba con el apoyo de su partido.

Por otra parte, creo que la mayoría de los senadores del PAN apoyaron la designación por dos razones. Sin duda, algunos senadores habrán votado por Medina Mora por su cercanía o posiciones ideológicas. Pienso, por ejemplo, en el senador Daniel Ávila Ruiz, quien el día de la designación de Medina Mora señaló que la votación era un tema de “principios y valores”, especialmente del “respeto a la vida”. Sin embargo, considero que también pesaron –y mucho– los incentivos perversos que genera el sistema de designaciones. Así lo dio a entender el senador Roberto Gil Zuarth, quien con puntualidad señaló las deficiencias de un procedimiento en el que “la falta de tiempo y acuerdos siempre favorecen al Ejecutivo”.

Los senadores del PAN sabían que, ante el eventual rechazo de la primera propuesta, el presidente podía incluir de nueva cuenta a Medina Mora en la segunda terna. O, peor aún, en la nueva terna Peña Nieto podía enviar a un candidato todavía más afín a su persona pero más lejano a las preferencias ideológicas del PAN. Un día antes de la elección del nuevo ministro, Ciro Gómez Leyva vaticinaba, con su habitual retórica, apuntó:

“otro triunfo de la eficacia política, con un PAN que no está muy animado con la idea de una segunda terna que dejaría al Presidente cerca de la eventualidad de nombrar directamente a uno de los suyos. Porque entre Medina Mora o un priísta tipo Alfredo Castillo, prefieren a alguien que, a fin de cuentas, les cae bien.”

Para debiese seguir: transparencia, costo político y, sobre todo, un nuevo procedimiento.

Es cierto que, de cara a futuras designaciones, hay mucho que hacer tanto en el Senado como en la sociedad civil. Si bien la Comisión de Justicia estableció algunas condiciones de transparencia y apertura, las intervenciones de los candidatos mostraron que un día no es suficiente para desahogar las comparecencias de tres candidatos; que el formato de preguntas y respuestas hace imposible un verdadero examen del perfil de los integrantes de la terna; así como que las preguntas de los senadores no siempre fueron adecuadas. En futuros procesos, los senadores bien podrían aprobar un procedimiento más abierto y más transparente: con comparecencias que se extiendan por varios días; con un formato que permita diversas réplicas entre senadores y candidatos; y quizá con la intervención no sólo de legisladores, sino también de especialistas.

Y, sin duda, en futuros procesos de designación se podría intentar repetir –y superar– la extraordinaria participación de la sociedad civil. Creo que no es exagerado decir que, pese a todo pronóstico, en un par de semanas fue posible construir un auténtico contexto de exigencia. Innumerables figuras públicas dieron seguimiento y analizaron la propuesta presidencial; la prensa dio una cobertura permanente a las distintas etapas del proceso; y las más variadas organizaciones sociales participaron tanto en el debate público y la protesta, como en los espacios formales que abrió el Senado. Las más de 50,000 firmas de la petición iniciada por los académicos Catalina Pérez Correa, Alejando Madrazo y Jorge Javier Romero fue el ejemplo más notable de una sociedad civil que, por primera vez, dio la importancia que amerita el proceso de designación de jueces constitucionales.

Pero mucho me temo que no bastará con mejorar las reglas de las comparecencias en el Senado o con fomentar la participación activa desde la sociedad civil. La designación del ministro Medina Mora es una muestra de los alcances, pero también de los límites del activismo. Las reglas actuales generan un desequilibrio tan pronunciado e imponen tiempos tan limitados que resulta casi imposible que la sociedad civil altere los incentivos del presidente y el Senado. Hemos visto, pues, lo complicado que es elevar el costo político a los poderes que intervienen en la designación.

Por eso creo que un cambio de reglas es casi indispensable. Y si bien podríamos discutir largo y tendido sobre el procedimiento ideal para nombrar a nuestros jueces constitucionales, aquí hago una propuesta modesta: pasemos del sistema de ternas a la nominación de candidatos únicos y, sobre todo, eliminemos por completo las hipótesis que permiten la designación directa por parte del Presidente.[2] Se trata, en síntesis, de contar con un procedimiento que al menos nos dé la posibilidad de darnos el tribunal constitucional que nos merecemos.

Javier Martín Reyes. Abogado por la UNAM y politólogo por el CIDE. Actualmente realiza estudios doctorales en la Universidad de Columbia. Twitter: @jmartinreyes

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[1] En la comparecencia ante el Senado, Hernández Orozco resbaló en más de una ocasión, sosteniendo posturas contradictorias en temas como el aborto y el control jurisdiccional de las reformas constitucionales. Días después, realizó declaraciones a El Universal para denunciar que el Presidente Peña Nieto veía a la SCJN como un “refugio de cuates”, sólo para retractarse a una cuantas horas después en una entrevista radiofónica concedida a Carmen Aristegui. Finalmente, el día en que el Senado votó la designación de Medina Mora, Hernández Orozco estuvo, según la puntual crónica de Juan I. Zavala, “al borde de las lágrimas durante su largo relato autobiográfico contado en tercera persona, que oscil[ó] entre el sentimentalismo, la cursilería y la pretensión de elocuencia.”

[2] En concreto, bastaría con que el artículo 96 constitucional estableciera algo como lo siguiente: “Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República enviará al Senado la propuesta de un candidato que cumpla con todos los requisitos constitucionales y legales. Previa comparecencia de la persona propuesta, el Senado podrá realizar la designación mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. En caso de que la persona propuesta no alcance dicha votación, el Presiente propondrá a otro candidato.”

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Después de un acalorado e inédito debate en redes sociales y diversos medios de comunicación respecto la candidatura de Eduardo Medina-Mora a ministro de la Suprema Corte, fue finalmente ratificado como tal por el Senado de la República. Más allá del indispensable ejercicio de reflexión que debe seguir después de un proceso de designación de este calibre, a continuación se presenta una puntual y aséptica crónica de cómo fue la tarde de hoy en que se nombró a un nuevo ministro de la corte constitucional mexicana. 

12:15. Distintas notas periodísticas revelan que la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en el Senado de la República acuerda brindar su apoyo a Eduardo Medina Mora, uno de los candidatos enviados por el presidente de la República para ocupar la vacante que dejó Sergio Valls con su fallecimiento el año pasado.

12:30. Fuera del recinto parlamentario, un grupo de ciudadanos se manifiesta en contra de Eduardo Medina Mora. “Por una Corte independiente”, se lee en algunas pancartas; “No queremos abortos rápidos y furiosos”, dicen otras.

Al mismo tiempo, activistas sociales y senadores del Partido de la Revolución Democrática entregaron en el Senado más de 50 mil firmas en contra de la designación de Eduardo Medina Mora como ministro de la SCJN. Señalan deficiencias en su labor como procurador General de la República; acusan que durante su gestión al frente de la PGR se violaron de manera sistemática derechos humanos y que, en distintas controversias y acciones constitucionales, se opuso al federalismo y al derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo.

13.50. Miguel Barbosa señala la ruta y el procedimiento que seguirá el proceso de votación del nuevo ministro de la Corte.

13.53. Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia, presenta el dictamen de la Comisión, confirmando que los aspirantes al cargo de ministro de la SCJN cumplen con los requisitos de elegibilidad que exige la Constitución para ocupar el puesto.

Reconoce que, como nunca antes, la sociedad civil participó en el proceso de designación del nuevo ministro. Por otra parte, criticó el mecanismo legislativo de designación de ministros, pues la responsabilidad del presidente de la República se diluye al enviar una terna y no un perfil único.

14:01. Comienzan los posicionamientos. Dolores Padierna se manifiesta en contra de la candidatura de Eduardo Medina Mora. Lo señala como uno de los “inventores de la guerra contra el narcotráfico”. Señala las numerosas recomendaciones que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la PGR que encabezó el entonces procurador. A Padierna se le va la voz; furiosa, pide al presidente de la Mesa Directiva que le deje terminar de leer su documento. Concluye gritando y pidiendo un voto de conciencia a sus colegas senadores.

Terminada la intervención de Padierna, distintos senadores del PRD señalan fallas en la señal del Canal del Congreso a la hora del discurso de la senadora. Angélica de la Peña exige medidas administrativas y eventuales sanciones a los “responsables” de estos hechos. Todo en esta sesión es motivo de litigio.

14:23. El senador Manuel Bartlett, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, recuerda la moción suspensiva que exigieron distintos legisladores durante el día para que no se inicie el proceso de discusión y votación del nuevo ministro. Señala que la Comisión de Justicia no realizó un análisis de idoneidad con respecto a la candidatura de Medina Mora. Angélica de la Peña, desde su escaño, se suma a la petición de una moción suspensiva por parte del PRD.

14:43. La senadora de la Peña hace referencia a las 50 mil firmas que se juntaron en la página change.org Señala que es un motivo para llevar a cabo una moción suspensiva.

14:53. Roberto Gil, desde su asiento, defiende el proceso que llevó a cabo la Comisión de Justicia para la realización del dictamen y recuerda el acuerdo votado por unanimidad para recibir las firmas presentadas ante la Comisión, subirlas al micro-sitio de la Comisión y remitirlas a los grupos parlamentarios.

Manuel Bartlett y Dolores Padierna critican lo dicho por el presidente de la Comisión de Justicia.

Gil replica: ningún integrante del Partido del Trabajo participó en los cuestionamientos a los candidatos al cargo durante las comparecencias de éstos en la Comisión de Justicia. Bartlett señala que el dictamen de la Comisión tiene la finalidad de proteger a Medina Mora.

Se procede a votar sobre la admisión de las mociones suspensivas presentadas. Son rechazadas por una amplia mayoría.

15:09. Manuel Bartlett, del Partido del Trabajo, rechaza la candidatura de Eduardo Medina Mora. Critica las posturas en materia de seguridad que respaldó Medina Mora. También apunta que el embajador no cumple con el requisito de residencia por haber tenido su domicilio fuera del país durante los últimos dos años, siendo embajador en Reino Unido y en Estados Unidos. Lo acusa de haber servido a las empresas petroleras durante su estancia en Estados Unidos.

15:22. Carlos Puente, del Partido Verde, defiende el dictamen de la Comisión de Justicia.

15:29. Luis Sánchez, a nombre del PRD, se opone el nombramiento de Medina Mora. Critica la liberación de las cuentas de Raúl Salinas de Gortari durante su gestión en la PGR; condena su labor como procurador y la violación de distintos derechos desde ese puesto político.

15:35. Fernando Yunes Márquez, a nombre del grupo parlamentario del PAN, exige respeto para los otros dos candidatos propuestos en la terna y exige tomar en cuenta a los perfiles a la hora de votar.

15:41. Ernesto Gándara, a nombre del PRI, defiende la reputación y la “integridad personal” de Medina Mora. Pide hacer a un lado valores y prejuicios que “demeriten” la justicia.

15:48. Más de cinco oradores hablan en contra del dictamen; solamente dos lo defienden: Omar Fayad (PRI) y Daniel Ávila (PAN) –quien anuncia, además, su voto a favor de Medina Mora. Javier Corral (PAN), Angélica de la Peña (PRD), Dolores Padierna (PRD), Layda Sansores (MC) y Alejandro Encinas (MORENA), entre otros, se expresan en contra.

17:15. Se aprueba el dictamen de la Comisión de Justicia, que señala que los tres candidatos cumplen con los requisitos constitucionales de elegibilidad.

17:18. Los tres candidatos entran al Salón de sesiones del Senado.

17:21. Los miembros que integran la terna enviada por Enrique Peña Nieto dan un discurso sobre la idoneidad de sus candidaturas y sobre lo que debe ser la Suprema Corte de Justicia. “La Constitución es norma viva, que debe ser realidad palpable para todos los mexicanos”, afirma Felipe Alfredo Fuentes, que hace un discurso relativamente breve, recordando las últimas transformaciones de la Corte y comentando sus próximos retos; momentos después habla Horacio Hernández, al borde de las lágrimas durante su largo relato autobiográfico contado en tercera persona, que oscila entre el sentimentalismo, la cursilería  y la pretensión de elocuencia.

medina-mora18:00. Medina Mora comienza su discurso reiterando su respeto a quienes le han criticado. Señala que, aunque respeta sus inquietudes, pero no las comparte; punto por punto, contesta a las objeciones que le hicieron distintos senadores. Habla sobre Oaxaca, Atenco, los fondos de Raúl Salinas de Gortari, acciones de inconstitucionalidad promovidas por él como procurador… En pocas palabras: da respuesta a sus críticos. Posteriormente, divaga. Repite un lugar común tras otro. No se compromete con definiciones ni con propuestas. Repite su respeto al orden legal. Habla de la Constitución como máxima norma jurídica y del nuevo rol del derecho internacional. Lugar común tras lugar común, Medina Mora defiende su trayectoria como abogado privado y como servidor público. “Mi único compromiso es con la Constitución y con México”, concluye su discurso el embajador Medina Mora.

18:20. El presidente Barbosa da inicio a la votación. Uno por uno, los senadores pasan a depositar su papel en la urna que está frente a todos los escaños. La tensión en el Pleno crece. Los senadores se voltean a ver, intercambian un par de palabras y ven sus celulares. Inicia el conteo de los votos y quizás también el momento más tenso de toda la tarde.

18:40. Termina la votación. Miguel Barbosa anuncia que, tras la votación, Eduardo Medina Mora ha sido elegido por más de las dos terceras partes como el nuevo ministro de la Corte. Las bancadas del PAN y del PRI aplauden. La bancada del PRD está en silencio; la mayoría de los perredistas cruzan los brazos y miran cómo, otra vez, ganan la votación PRI y PAN.

Esta es la crónica de un nombramiento anunciado: la del ex procurador y ex embajador Eduardo Tomás Medina Mora.

Juan I. ZavalaEstudiante de la licenciatura en Derecho en el ITAM. Twitter: @jzavalagt

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blablabla1Las comparecencias de los candidatos a la Suprema Corte nos quedaron a deber. Más que un vigoroso ejercicio de escrutinio y transparencia, la sesión de la Comisión de Justicia del Senado del pasado martes fue, en el mejor de los casos, un evento plagado de claroscuros. Quienes seguimos las comparecencias ciertamente vimos algunos intentos serios para discutir y analizar el pasado de los nominados a la Corte; algunas respuestas claras y bien articuladas de los integrantes de la terna; y hasta un procedimiento que, por fortuna, abrió la puerta para que los candidatos contestaran directamente cuestionamientos de la sociedad civil.

Pero, por desgracia, en las comparecencias también predominaron los lugares comunes, las preguntas a modo y, sobre todo, la evasión de temas fundamentales por parte de los nominados. La visita al Senado de los magistrados Fuentes Barrera y Hernández Orozco, así como del embajador Medina Mora, nos confirmó que estamos frente a un procedimiento que da poco margen para el debate y, quizá más importante aún, que el sistema de ternas en nada ayuda para el escrutinio de los candidatos. Tuvimos, para decirlo en pocas palabras, unas comparecencias poco alentadoras.

A continuación ofrezco un breve recuento y una reflexión de lo que, para bien y para mal, fue lo más destacado de las comparecencias.

Felipe Alfredo Fuentes Barrera : un discurso tan joven y tan viejo

Con base en lo que dijo en su comparecencia, podríamos decir que el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera es un juzgador que ha hecho suya la retórica de estos tiempos. En su intervenciones habló del “nuevo paradigma” de los derechos humanos, del “control de convencionalidad”, de los “tres pasos del test de proporcionalidad” y, por supuesto, del “principio pro persona”. Pero, al mismo tiempo, parece que al integrante del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito le ganó la inercia de la carrera judicial. Fuentes llamó a no caer en los excesos del “populismo judicial”, celebró que la Suprema Corte ya redacte sentencias con lenguaje mucho más claro y sencillo, y hasta afirmó –categóricamente– que un juez de amparo no pude incurrir en violaciones a derechos humanos.

Ya en la sesión de preguntas y respuestas, Fuentes erró en más de una ocasión. La senadora Dolores Padierna (PRD) le preguntó sobre si el interés legítimo podría tener alcances mayores. El magistrado contestó que ya había algunos precedentes importantes y que incluso la Suprema Corte tenía pendiente de resolución el amparo #YoContribuyente, en el cual los ministros se pronunciarían sobre la legitimación de ciudadanos para controvertir la condonación de ciertos impuestos a estados y municipios. Pero el magistrado pasó por alto –por desconocimiento o mero lapsus– que dicho asunto fue resuelto dese el 9 de julio de 2014, y que la resolución generó un nutrido debate en nuestra conversación pública.[1]

También sorprendió la manera en que contestó la pregunta formulada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre la interpretación de los criterios de interés y trascendencia para el ejercicio de la facultad de atracción. La interrogante se prestaba para que el candidato expusiera su visión sobre una figura que le permite a la Corte resolver asuntos apremiantes que ordinariamente son conocidos por tribunales inferiores. Sin embargo, Fuentes aprovechó la ocasión para hablar de una “Corte paralizada” por la cantidad amparos directos en revisión que anualmente conoce. El mensaje fue colateral pero claro: reducir carga de trabajo de la Suprema Corte como prioridad frente a otras necesidades institucionales.

La comparecencia de Fuentes también tuvo sus momentos positivos. Vale la pena destacar, por ejemplo, su claridad al fijar una postura en contra de la contradicción de tesis 293/2011, en la cual la Suprema Corte se pronunció sobre la jerarquía de las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales. Al responder a la pregunta de la senadora Pilar Ortega (PAN), Fuentes argumentó que, tratándose de derechos humanos, el criterio jerárquico era insuficiente, por lo que las restricciones constitucionales no debían prevalecer siempre sobre las normas convencionales.

También es destacable su respuesta a la pregunta de la asociación Participando por México sobre la constitucionalidad de las legislaciones que limitan el matrimonio igualitario. En este caso, la posición de Fuentes también fue clara. Se pronunció por hacer posibles estas uniones mediante una interpretación conforme de las disposiciones que definen al matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, amén de considerar que son inconstitucionales las normas que establecen que el fin del matrimonio es la perpetuación de la especie.

Horacio Armando Hernández Orozco: como te digo una “cosa” te digo la “otra”

El segundo en comparecer fue el magistrado Horacio Armando Hernández Orozco, integrante del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Su discurso inicial fue articulado, directo y a ratos convincente. Hernández habló sobre la necesidad de generar “un consenso constitucional”, una “argumentación sólida y sencilla” y una jurisprudencia comprometida con los derechos humanos y los grupos vulnerables.

Pero si algo caracterizó a Hernández –además de sus repetidas referencias a su tesis de licenciatura– fue su afán por presentarse como un candidato con visiones “equilibradas”, lo cual en no pocas ocasiones lo llevó a caer en francas contradicciones.

El magistrado en materia penal dijo ser el candidato que “representa a la función jurisdiccional” y enfatizó que sus 28 años en el Poder Judicial de la Federación lo hacían merecedor de la nominación. Sin embargo, en variadas ocasiones no tuvo en empacho en arremeter, precisamente, en contra de dicho poder. Primero dijo que era necesario tener una “Corte cautelosa” pues ya se ha dicho que “un juez corrupto es más peligroso que un delincuente”.

Más aún, al responder la pregunta de Borde Jurídico, el IMDHD e i(dh)eas sobre el estado que guarda la independencia judicial, Hernández de plano dijo que las intromisiones que más dolían eran las que venían “de los jerarcas del poder judicial”, de los consejeros y ministros “que marcan” para decir que conocen a tal o cual parte. Se trató, pues, de una crítica dura y valiente, pero que claramente contrastaba con su apuesta por presumirse como miembro de la familia judicial.

Algo similar le pasó cuando abordó temas relacionados con la igualdad de género. Primero, al contestar a la pregunta de la senadora Angélica de la Peña (PRD) sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, Herrera argumentó que el legislador podía permitir abortos hasta antes de las 12 semanas, pues había parámetros médicos que permitían justificar que en ese periodo el producto de la concepción era un bien jurídico, mas no una persona.

Pero minutos después el magistrado se mostraría menos convencido de su opinión, cuando el senador José María Martínez (PAN) –célebre Presidente de la Comisión de la Familia y el Desarrollo Humano– le recordó que él representaba a un partido que defendía “el derecho a la vida desde la concepción”, por lo que quería conocer su opinión sobre el aborto. La respuesta de Herrera fue todo menos clara. Dijo que personalmente sí estaba a favor de la protección de la vida, pero que tenía que ceñirse a los parámetros de la ley. Y en contra de lo que había manifestado anteriormente, dijo que no podía emitir una opinión, pues tenía que ver “el caso concreto” para determinar si era válido que la protección a la vida iniciara a las 12 semanas, o incluso a las 10.

Fue igualmente ambigua su posición sobre la jerarquía entre la Constitución y las normas de derechos humanos de fuente convencional. Al responder al senador Benjamín Robles (PRD), Hernández hizo un largo recuento de los antecedentes de la contradicción de tesis 293/2011, un asunto “icónico trascendente”, sólo para concluir que, si bien no era la mejor decisión por parte de la Suprema Corte, al menos tenía la virtud de evitar la “anarquía constitucional”. Pero más adelante, cuando el senador Roberto Gil (PAN) lo presionó para que se pronunciara sobre la posibilidad de realizar un control de constitucionalidad sobre la Constitución misma, el magistrado se limitó a decir que no existían actualmente vías para expulsar a las normas constitucionales, pero que seguramente en algún momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos terminaría por condenar a México y que, ahí sí, la Suprema Corte de Justicia tendría que dejar de aplicar las disposiciones constitucionales que fueran incompatibles con normas convencionales.

Eduardo Medina Mora: pasándola (relativamente) bien

Terminada la intervención del magistrado Hernández Orozco vendría el momento más esperado de la noche: la comparecencia de Eduardo Medina Mora. El embajador de México en Estados Unidos fue, por mucho, el candidato que mayor habilidades políticas mostró para hacer frente a los cuestionamientos de los legisladores –algunos durísimos, como en el caso de la senadora Padierna–. Pero su intervención también dejó mucho que desear: Medina Mora eludió responder a temas fundamentales que se le plantearon e hizo una defensa no del todo convincente de su paso por los principales organismos de inteligencia, seguridad y procuración de justicia del país.

Desde su intervención inicial, Medina Mora trató de enfatizar que nuestro tribunal constitucional se beneficiaría con un perfil como el suyo: conocedor de “la perspectiva del mundo productivo”, con una “comprensión jurídica de la economía”, poseedor de una “visión con sentido de Estado” y hasta con “anchura de mundo”. Citó a Jorge Carpizo y alegó que la Suprema Corte era diferente a los tribunales ordinarios, pues el ministro debía tener sensibilidad de índole “política, social, económica y técnica”. Habló en repetidas ocasiones de su experiencia en el ejecutivo federal y no escatimó elogios y saludos a los senadores.

En la sesión de preguntas y respuestas el nivel de la comparecencia mejoró. La senadora Angélica de la Peña (PRD), por ejemplo, señaló que existía la duda sobre si Medina Mora cumplía con el requisito de residencia de dos años y cuestionó que sus convicciones morales hubieran prevalecido cuando presentó, en su carácter de Procurador General de la República, una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas relativas a la interrupción legal del embarazo en el DF.

Medina Mora, por una parte, alegó que sí cumplía con los requisitos constitucionales, pues la propia Constitución distingue entre residencia y residencia efectiva, amén de que el artículo 47 de la Ley del Servicio Exterior señala que los embajadores mantendrán su domicilio. Por otra parte, el embajador de México en EU dijo, sin añadir gran cosa, que la decisión de impugnar la legislación del DF se sustentó “en argumentos estrictamente jurídicos, no morales”. Más aún, afirmó que el aborto sigue siendo un delito y que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había determinado que la vida estaba tutelada “desde el momento de la concepción”.

Medina Mora contestó a un par de preguntas más –Pilar Ortega (PAN) le preguntó sobre los principales retos del sistema penal acusatorio y Miguel Romo (PRI) sobre los controles de confianza para juzgadores– y después vendría la intervención de Dolores Padierna. La senadora del PRD fue, sin duda, quien mayores críticas hizo al candidato. Comenzó cuestionando el uso de testigos protegidos durante la administración de Medina Mora y enfatizó que casos como el llamado “Michoacanazo” evidenciaban el sesgo político de su actuación como Procurador General de la República. También le reprochó que hubiese controvertido la ley antitabaco del Distrito Federal y, en general, que la inmensa mayoría de las acciones de inconstitucionalidad que promovió fue contra congresos locales. Finalmente, señaló que en dos expedientes de la Suprema Corte –Atenco y Oaxaca– Medina Mora aparecía como uno de los responsables de violaciones a derechos humanos.

El todavía embajador de México en EU respondió a los cuestionamientos y apenas aceptó algunas de las críticas. Sobre el uso de testigos protegidos, señaló que se trata de un instrumento contemplado en la Convención de Palermo, aunque reconoció que su instrumentación ciertamente “fue una práctica novedosa en el país”. Dijo que quizá había “lecciones por aprender”, pero que la figura como tal no debía ser rechazada por el hecho de que se hubieran usado “a los mismos testigos en muchos casos”. Sobre el “Michoacanazo” simplemente afirmó que se había actuado “con buena fe” y que en estos casos se había dado la “cabal acreditación del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad”. En el tema de las acciones de inconstitucionalidad repitió la fórmula que antes había empleado y dijo que todas las leyes locales se habían impugnado en razón de su “inconsistencia con la ley fundamental”. Finalmente, se deslindó de los casos de Atenco y Oaxaca al señalar que una cosa es planear un operativo “y dar la orden”, y otra muy diferente es ejecutarlo.

El tono de la comparecencia cambió con la siguiente intervención, pues el senador Enrique Burgos (PRI) le preguntó a Medina Mora su opinión sobre la jerarquía entre tratados internacionales y la Constitución, así como sobre la posibilidad de impugnar reformas constitucionales. El ex Procurador General de la República ignoró esta última pregunta, pero brindó una respuesta –que más adelante repetiría– sobre la primera cuestión. De acuerdo con Medina Mora, la Constitución sigue siendo una norma que se encuentra por encima de los tratados internacionales, y es precisamente esta jerarquía la que explica que las restricciones constitucionales prevalezcan siempre sobre los derechos humanos de fuente convencional.

Siguió en el turno el senador Benjamín Robles (PRD), quien de manera sorpresiva declinó hacer preguntas, pues las respuestas que hasta ese momento había dado Medina Mora lo habían dejado “satisfecho”.

Posteriormente tomó la palabra el senador José María Martínez (PAN), quien se quejó del “intervencionismo” de la Corte en asuntos locales, “al grado de legislar” en cuestiones como el matrimonio y la definición de la familia. Después de hacer una extraña referencia a las 135,000 interrupciones legales del embarazo realizadas en clínicas del Distrito Federal, el senador pidió a Medina Mora su opinión personal sobre el aborto y los matrimonios de personas del mismo sexo. El embajador, por su parte, se limitó a contestar que no creía que hubiera un intervencionismo de la Corte en los estados y señaló que no podía dar su opinión personal sobre el aborto y matrimonio. Finalmente, hizo referencia a su desempeño como Procurador y cerró con la ya conocida fórmula: “todas las acciones que interpuse fueron con criterios técnicos jurídicos”, dijo.

En la comparecencia todavía se realizarían algunas cuantas preguntas y hasta un nuevo intento de Dolores Padierna por cuestionar las credenciales de Medina Mora, ahora con referencia a la operación “Rápido y Furioso”. Pero, para cualquier efecto práctico, ya casi todo estaba dicho. El tiempo pasó entre preguntas genéricas y respuestas igualmente abstractas. Y así, después de unas cuantas horas, terminaron las comparecencias de quienes en unos días podrían ocupar la vacante en nuestro máximo tribunal.

Para terminar: números rojos

Quizá sea cierto que –como especulan los trascendidos y dicen los “enterados”– ya todo está “amarrado” y que, por tanto, el día de mañana el Senado designe al nuevo ministro de la Suprema Corte. De ser así, las comparecencias de poco habrán servido para informar el criterio de los senadores y para legitimar a los nominados frente a la opinión pública. Pero más allá de cuál sea el destino final de la terna enviada por el presidente Peña Nieto, la comparecencia debería servirnos como muestra de las grandes deficiencias de nuestro procedimiento de designación de ministros. Tenemos reglas constitucionales que no incentivan el escrutinio de los candidatos y que rompen con el equilibrio de poderes. Bien haríamos, como ha sugerido Pedro Salazar Ugarte, en plantearnos la necesidad inmediata de cambiar las reglas que norman la designación de ministros. De lo contrario, seguiremos teniendo comparecencias como la de esta semana: con poco ruido y pocas nueces.

Javier Martín Reyes. Abogado por la UNAM y politólogo por el CIDE. Actualmente realiza estudios doctorales en la Universidad de Columbia. Twitter: @jmartinreyes

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[1] Véase, por ejemplo, este artículo de María Marván y la réplica, en dos partes, del ministro Gutiérrez Ortiz Mena.

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justiciaPara ser algo más que un mero trámite, las comparecencias de los integrantes de la terna para la Suprema Corte de Justicia (SCJN) deberían cumplir, al menos, con dos objetivos. Por una parte, el procedimiento debería asegurar que los senadores cuenten con todos los elementos necesarios para determinar si las propuestas de Peña Nieto cumplen con los requisitos que marca la Constitución y, sobre todo, si tienen madera para ser jueces constitucionales. Segundo, el paso de los nominados por el Senado debería constituirse en un auténtico ejercicio de transparencia y deliberación de cara a la ciudadanía. Se trata, pues, de que las comparecencias no sólo garanticen el cumplimiento de los artículos 95 y 96 de la Constitución –que en el presente contexto no es poca cosa–, sino que también abonen a la legitimidad de quien finalmente ocupe el lugar en nuestro tribunal constitucional.

Si bien tenemos reglas constitucionales absurdas que dificultan el cumplimiento de ambos objetivos –el presidente de la República designa directamente al nuevo ministro si el Senado tarda más de 30 días en pronunciarse o si rechaza sus propuestas en dos ocasiones– lo cierto es que la Comisión de Justicia del Senado ha abierto una oportunidad, limitada pero significativa, para que la comparecencia del embajador Eduardo Medina Mora y de los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Horacio Armando Hernández Orozco sean algo más que una simple formalidad. En las siguientes líneas ofrezco una breve reflexión sobre lo bueno, lo malo y lo (potencialmente) trágico de las comparecencias que vienen.

Lo bueno: un piso mínimo de transparencia y apertura

Vale la pena apuntar algunas virtudes del acuerdo de la Comisión de Justicia del Senado. Por una parte, abre la puerta para que actores de la sociedad civil o de la comunidad jurídica participen en el proceso mediante la presentación de opiniones sobre cualquier candidato, preguntas dirigidas a ellos, así como “cualquier información que sea relevante para la designación”.

Por otra parte, el acuerdo exige que los candidatos presenten por escrito sus posiciones sobre aspectos relativamente generales, como los retos de la justicia constitucional o el perfil que deben tener los ministros y sus colaboradores, pero también en temas mucho más concretos, como temas prioritarios para ejercer la facultad de atracción. Asimismo, se les solicitan documentos directamente relacionados con el mandato contenido en el párrafo segundo del artículo 96 constitucional: los candidatos pertenecientes a órganos jurisdiccionales –los magistrados Fuentes Barrera y Hernández Orozco– expondrán sentencias y votos particulares que muestren su entendimiento de la Constitución y los derechos humanos, mientras que Medina Mora deberá explicar contribuciones profesionales que den cuenta de su ejercicio de la actividad jurídica.

Por último, el acuerdo de la Comisión de Justicia promueve la transparencia del proceso en la medida en que se compromete a hacer públicos todos los documentos entregados por los candidatos, así como los que presenten la sociedad civil y el gremio jurídico.[1]

En suma, frente a un proceso escasamente normado –la Constitución sólo señala que el Senado realizará la designación de ministros “previa comparecencia de las personas propuestas” y la legislación secundaria no añade gran cosa– la Comisión de Justicia ha mostrado una vocación por establecer un piso mínimo para las comparecencias. Pero sería por demás ingenuo pensar que las reglas establecidas en acuerdo (o los documentos que reciba el Senado) serán suficientes para garantizar una designación transparente, abierta y razonada.

De poco servirán las comparecencias si los senadores no generan un debate serio y sustantivo sobre el perfil de Medina Mora, Fuentes Barrera y Hernández Orozco. Más que conocer sus posturas genéricas sobre la igualdad, los derechos humanos o la democracia, las comparecencias deberían ser útiles para saber qué piensan los candidatos en temas concretos, como la constitucionalidad de las legislaciones estatales que no permiten los matrimonios igualitarios, las restricciones constitucionales a derechos contemplados en tratados internacionales, o la constitucionalidad de consultas populares relacionadas con la materia energética, los salarios mínimos o el número de legisladores.

Necesitamos, pues, preguntas sustantivas y respuestas precisas para evaluar el perfil de los candidatos. Y si bien es razonable que los candidatos no se pronuncien sobre casos que aún estén pendientes de resolución en la Corte, nada impide que conozcamos su opinión sobre materias en las que ya existe un pronunciamiento de la Corte. De hecho, parece que así lo han entendido los integrantes de la Comisión de Justicia, quienes expresamente han exigido que los aspirantes se pronuncien sobre sentencias de la SCJN que se consideren relevantes “por implicar un retroceso en la interpretación constitucional”.

En pocas palabras, si el Senado se toma en serio su papel, tendremos un debate que permita informar el criterio de los legisladores y que llame la atención de la opinión pública. De lo contario, en las comparecencias del 2 de marzo simplemente presenciaremos monólogos huecos y poco atractivos. La advertencia que hace veinte años hiciera Elena Kagan, actual integrante de la Corte Suprema de Estados Unidos, es también relevante para el caso mexicano: “Cuando el Senado deja de entablar con los nominados una discusión significativa sobre temas legales, el proceso de confirmación adquiere un aire de vacuidad y farsa, y el Senado se vuelve incapaz de evaluar a los nominados o de informar al público”.[2]

Lo malo: plazos insuficientes para un escrutinio exhaustivo

En parte por el plazo de 30 días establecido en la Constitución, pero también por la decisión de los legisladores, sabemos que los tiempos serán insuficientes para realizar un escrutinio exhaustivo de las propuestas presidenciales. Entre la recepción de la terna (17 de febrero) y las comparecencias (2 de marzo) mediarán sólo 13 días, y el Senado contará con poco más de dos semanas después de éstas para realizar un pronunciamiento final. Dicho de otro modo: los legisladores contarán con muy poco tiempo para indagar en el perfil de tres potenciales integrantes de la Corte.

Lo limitado de los plazos queda claro si ponemos el caso mexicano en una perspectiva comparada. En Estados Unidos, por ejemplo, el Senado utiliza mucho más de 30 días para analizar el perfil de un solo candidato. Rutkus y Bearden apuntan, por ejemplo, que entre 1969 y 2009 la mediana entre la recepción de la nominación y la decisión final fue de 69 días.[3] Asimismo, señalan que el Senado suele dejar al menos un mes antes de la realización de las comparecencias, de tal forma que los senadores tengan tiempo suficiente para analizar el perfil del candidato. Y quizá más significativo aún sea el hecho de que las comparecencias del candidato duran varios días (más de cuatro por lo general, e incluso algunas tan extensas como la del actual justice Clarence Thomas, que duró once días).

Contar con plazos extensos es fundamental para que los senadores no sólo analicen los escritos y dichos de los candidatos, sino también su desempeño previo como funcionarios públicos. En el caso de los magistrados Fuentes Barrera y Hernández Orozco, no basta con analizar las tres sentencias y los tres votos particulares que voluntariamente enviarán al Senado. Lo que necesitamos es un análisis exhaustivo de su labor como jueces, no una revisión de las sentencias que ellos consideran más relevantes. Ultimadamente, los jueces se dan a conocer y se (des)legitiman por el conjunto de decisiones que toman; por sus sentencias buenas, pero también por las malas. Más aún, si algo nos ha enseñado el desempeño de los ministros de carrera es que en la familia judicial existe una importantísima variedad de posturas ideológicas –pensemos simplemente en las contrastantes filosofías de la ministra Luna Ramos y del ministro Silva Meza–.

En el caso de Medina Mora el reto quizá es aún mayor, pues 13 días se antojan insuficientes para hacer un análisis de su desempeño de sus más recientes cargos públicos: Director General del CISEN, Secretario de Seguridad Pública, Procurador General de la República, así como Embajador ante el Reino Unido y ante los Estados Unidos. Pensemos, simplemente, en la totalidad de las acciones de inconstitucionalidad que presentó en su carácter de Procurador. ¿Qué nos dicen estas actuaciones sobre su concepción de la justicia constitucional? ¿Serán consistentes estas determinaciones con lo que en su momento exponga Medina Mora ante el Senado?

Más aún, el Senado debería contar con el tiempo necesario para determinar un aspecto fundamental sobre su candidatura. ¿Cumple Medina Mora con el requisito de residencia contemplado en el artículo 95, fracción V, consistente en “[h]aber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación”? No han sido pocos quienes han señalado que la respuesta muy probablemente es negativa, ya que: a) es un hecho público y notorio que desde 2009 Medina Mora reside fuera del país, b) en 1994 se reformó la Constitución para eliminar las excepciones al requisito de residencia,[4] c) no resulta aplicable el artículo 47, fracción I, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano (LSEM), pues éste se refiere a que los miembros del servicio conservarán su domicilio, mas no su residencia, y d) aun si se interpretara que domicilio y residencia son conceptos idénticos, el mencionado artículo de la LSEM sería inconstitucional, pues claramente iría en contra del texto expreso del artículo 95 de la Constitución y de la voluntad del poder reformador de la Constitución.

Existe, en síntesis, una duda razonable sobre si Medina Mora cumple o no con los requisitos para ser ministro. Y dada la complejidad y trascendencia del caso, lo ideal sería que buena parte de nuestra discusión pública se enfocara en contestar a una pregunta que toca temas fundamentales para la justicia constitucional: el sistema de pesos y contrapesos, el papel de la voluntad del legislador democrático en la interpretación constitucional, así como la jerarquía normativa. Desafortunadamente, creo que será difícil que los senadores y la opinión pública le presten la atención que amerita el caso. De entrada, la Presidencia de la República nada dijo sobre este tema al proponer la candidatura de Medina Mora, por lo que en menos de 30 días habrá que discutir, al mismo tiempo, el cumplimiento de los requisitos y la idoneidad de tres candidaturas distintas.

Lo (potencialmente) trágico: el poder desmedido del presidente

Finalmente, conviene apuntar que el desenlace del proceso de designación podría ser un tanto trágico. Supongamos que se presenta un escenario cercano al ideal: los senadores se toman su papel en serio y hacen un escrutinio exhaustivo de los candidatos antes, durante y después de las comparecencias; la sociedad civil y el gremio jurídico intervienen activamente en el proceso, emitiendo opiniones sobre los candidatos y aportando información relevante para la designación; y la opinión pública da un seguimiento puntual a cada una de las etapas del proceso de designación. Supongamos, en suma, que las comparecencias y el proceso de designación cumplen con los objetivos que se han señalado. Pues bien, incluso en este escenario ideal, nada garantizaría que a la Corte llegara un candidato sin el respaldo de la mayoría calificada de los senadores, ya que el artículo 96 constitucional sólo da al Senado una oportunidad para rechazar las propuestas enviadas por el presidente de la República. Dice el párrafo segundo de dicho artículo que, después de un segundo rechazo a la terna enviada por el ejecutivo, “ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.”

Como han apuntado Ana Laura Magaloni y Carlos Elizondo, las disposiciones que permiten la designación directa de ministros por parte del presidente “sólo se pueden explicar en el contexto político en el que se aprobó la reforma constitucional de diciembre de 1994”.[5] De acuerdo con estos autores, el mecanismo permitía guardar las apariencias y, al mismo tiempo, “no renunciar de forma absoluta al control del Ejecutivo en el sistema de nombramientos.” Así, pues, a casi quince años de la alternancia en la Presidencia de la República, seguimos nombrando a nuestros ministros con base en reglas que son herencia de un pasado no democrático.

Peor aún, se trata una regla que rompe con el equilibrio de poderes durante todas las etapas del juego. La posibilidad de realizar una designación directa no sólo se vuelve relevante cuando se analiza una segunda terna. En realidad, la regla debilita la capacidad de negociación del Senado desde el inicio del juego: los legisladores tienen incentivos para aceptar alguna de las primeras propuestas del presidente aun cuando no les satisfagan, pues saben que la segunda terna puede estar conformada por candidatos todavía lejanos a sus preferencias.

En este escenario nos encontramos. Pese a las notas positivas como el acuerdo de la Comisión de Justicia nos encontramos en un contexto normativo francamente adverso. Parece, en consecuencia, que la construcción de un contexto de exigencia sólo será posible si hay una clara voluntad política del Senado. El balón está en la cancha de los senadores. Ojalá no olviden que, tratándose de la designación de ministros de la Corte, son ellos los principales garantes del orden constitucional. Nada más y nada menos.

Javier Martín Reyes. Abogado por la UNAM y politólogo por el CIDE. Actualmente realiza estudios doctorales en la Universidad de Columbia. Twitter: @jmartinreyes

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[1] Aunque, en este punto, el acuerdo es relativamente ambiguo, pues señala que sólo se publicará la información que cumpla con los principios de “veracidad, licitud, oportunidad y transparencia”.

[2] Kagan, Elena. “Confirmation Messes, Old and New”, The University of Chicago Law Review, vol. 62, no. 2, 1995, p. 920.

[3] Todos los datos que cito del caso estadounidense provienen de Rutkus, Denis Steven y Maureen Bearden, “Supreme Court Nominations, 1789 – 2009: Actions by the Senate, the Judiciary Committee, and the President”, CRS Report for Congress, Congressional Research Service , 13 de mayo de 2009.

[4] Antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1994, el artículo 95, fracción V, señalaba que para ser electo ministro de la SCJN se necesitaba “[h]aber residido en el país durante los últimos cinco años, salvo en el caso de ausencia en el servicio de la República, por un tiempo menor de seis meses” (énfasis añadido).

[5] Elizondo Mayer-Serra, Carlos y Ana Laura Magaloni, “La forma es fondo: Cómo se nombran y cómo deciden los ministros de la Suprema Corte de Justicia”, Cuestiones Constitucionales, núm. 23, 2010, pp. 36-37.

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