Democracia Deliberada es un grupo de profesionistas, académicos y activistas de la sociedad civil que buscan cambiar las instituciones y las políticas públicas a través de la izquierda partidista. De ahí que tengan la intención de inscribirse y participar activamente en el PRD para, desde ahí, tratar de transformar la agenda e influir en la acción política para darle un rumbo más igualitario, más sustentable y más abierto.

Desafortunadamente, a pesar de que en el Reglamento de Afiliación del PRD establece que el proceso de afiliación a ese partido político es permanente, desde hace 18 meses no se ha podido afiliar ningún interesado, incluidos diversos miembros de Democracia Deliberada que lo han intentado en ese periodo en más de una ocasión.

Ante este escenario, Democracia Deliberada decidió demandar al PRD ante el Tribnal Electoral del Poder Judicial de la Federación; en concreto, a su Comisión de Afiliación por obstaculizar la afiliación de sus miembros a tal partido político. A continuación se reseñan brevemente los principales hechos y argumentos que presentó este grupo en su demanda –la cual es pública y se puede consultar aquí-.

El pasado 20 de noviembre, diversos miembros de Democracia Deliberada se presentaron, junto con el Notario Público No. 171 para que éste diese fe de los hechos, en las oficinas del PRD con su correspondiente solicitud de afiliación a dicho partido político. Una vez que presentaron sus solicitudes ante el Secretario Técnico de la Comisión de Afiliación del PRD, éste señaló que, aunque el único requisito para la afiliación es presentar junto con su solicitud de afiliación una credencial de elector vigente, no era posible afiliarlos –ni recibir los documentos propios para ese objetivo- pues las campañas de afiliación ya habían concluido y era necesario esperar para tal propósito hasta que se abriera una nueva campaña de afiliación.

Ante el cuestionamiento de los demandantes de que el Estatuto del PRD señala que la afiliación es permanente, el Secretario Técnico de la Comisión de Afiliación respondió que este órgano necesita de la aprobación del Consejo Nacional y de los Funcionarios Nacionales para abrir un proceso de afiliación. En ningún momento mencionó el fundamento legal de dicha afirmación dentro de la normatividad interna del PRD.

Después de aceptar que durante 18 meses no ha habido ninguna campaña de afiliación del PRD y de confirmar que durante ese periodo ni una persona se había afiliado a tal partido político, se le preguntó al Secretario Técnico si había alguna fecha programada para una nueva campaña. Su respuesta fue que no se había establecido ninguna fecha para la afiliación de nuevos militantes, además de que estaban esperando tabletas electrónicas para la firma electrónica, el software para procesar las nuevas filiaciones y la aprobación de la Comisión Política para tal propósito. Ante la insistencia de los demandantes de que les fueran recibidos su documentación para efectos de afiliarse al PRD, el Secretario Técnico se negó a recibirla.

Democracia Deliberada considera que el PRD, a partir de los anteriores hechos descritos en el que se demuestra la obstaculización para que puedan afiliarse a tal partido político, viola sus derechos de asociación y afiliación política establecidos en los artículos 9º, 35, fracción III, y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, el PRD quebranta sus obligaciones de ajustar su conducta a los principios del Estado democrático respetando los derechos de los ciudadanos y de cumplir sus normas de afiliación que señalen sus estatutos, establecidas en los artículos 5, numeral 1, y 38, numeral 1, incisos a) y e), del Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales. Por último, el PRD no respeta su propia política de afiliación de carácter permanente, sin mayor condicionamiento que los requisitos señalados en su propia normatividad, establecida en el artículo 5º de su Reglamento de Afiliación.

Más allá de las disposiciones legales que fueron violadas, Democracia Delibera considera que la lectura contemporánea del derecho de asociación señala que éste se integra por una pluralidad de derechos que a su vez gozan de la protección del texto constitucional de nuestro país. Estos derechos que integran al derecho de asociación son los siguientes: a) derecho a asociarse formando una organización; b) derecho a asociarse sumándose a una asociación ya existente; c) derecho a permanecer en la organización o renunciar a ella; y d) derecho a no asociarse. Por el agravio arriba descrito, el derecho en concreto que interesa es el derecho a asociarse sumándose a una agrupación ya existente; en este caso, a afiliarse a un partido político ya establecido.

La pregunta clave aquí, en este sentido, es si el Estado puede y, eventualmente, debe intervenir y obligar a una agrupación a admitir el ingreso de ciertos solicitantes, cuando éstos cumplen con los requisitos que la propia asociación, de manera libre, se dio a sí misma. Para ello, como señaló la Corte Suprema de los Estados Unidos en su sentencia Roberts v. United States Jaycees, 468 U.S. 609 (1984), es necesario entender que las agrupaciones en una sociedad civil contemporánea se ubican en alguno de los puntos del arco de opciones trazado por los siguientes dos polos: o es una agrupación por demás íntima como la unidad familiar o es una organización que por su tamaño o papel tiene enorme influencia en la vida política y económica de una sociedad. Entre más cerca esté una agrupación al primer extremo, el Estado tendrá una mayor carga justificatoria para intervenir en ésta; por el contrario, mientras una asociación se acerque más al segundo polo el Estado podrá justificar de manera más sencilla su intervención. Esto se debe a que entre más grande e influyente sea económica o políticamente en la vida de una sociedad una organización menos posibilidad tienen de impedir el ingreso de nuevos integrantes a menos que su criterio de selección o discriminación tenga relación directa con su fin.

Es decir, la libertad de asociación abarca en principio la definición de quienes serán los integrantes de una agrupación en cuestión y quienes podrán sumarse a ésta. Pero esta libertad debe ser limitada cuando se esté frente a una organización que, por sus características económicas y/o políticas, tiene enorme impacto en la dinámica de una sociedad. En este último caso, permitir una amplia libertad para definir los criterios de acceso o ingreso a una sociedad de estas características sería tanto como permitirle que ella defina la participación de la ciudadanía en cierta actividad o ámbito social. Vale subrayar que esto no implica que una organización de enorme impacto político, social y económico en una sociedad pierda enteramente su libertad para admitir nuevos integrantes; el núcleo duro de esa libertad se mantendrá protegido por el mismo derecho de asociación bajo el entendido de que cualquier criterio de admisión debe tener una relación directa e instrumental con el fin de la agrupación.

Los partidos políticos, en este sentido, en el ordenamiento jurídico mexicano son entidades de interés público que fungen como puente entre la sociedad civil y los órganos del Estado. El fin de los partidos políticos, de acuerdo al artículo 41 de la Constitución federal, consiste en promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. Esto significa que los partidos políticos son organizaciones de enorme influencia en la vida pública de nuestro país. Son instituciones cuya tarea en buena medida consiste en procesar los intereses de la ciudadanía en preferencias políticas e institucionales, cuyo presupuesto se define a partir del financiamiento público proveído por el Estado a partir del sistema impositivo del país, y de ahí que el Estado deba intervenir en caso de que los partidos políticos nieguen la afiliación de un solicitante sin fundamento en su normatividad o fin. No puede negar, pues, la afiliación si con ello vulneran los fines que les marca la Constitución y si con ello contravienen sus propios estatutos. De otra manera se permitiría que la puerta de entrada a la vida política e institucional del país se abriese o cerrara de manera arbitraria y discrecional.

Siguiendo, entonces, el fin general de los partidos políticos –de acuerdo al texto constitucional-, el fin en concreto del PRD –según su Declaración de Principios, Programa y Línea Política-, la  política de filiación de carácter permanente de este último establecida en el artículo 5º de su Reglamento de Afiliación, así como el resto de requisitos para afiliarse al PRD señalados en los artículos 14 y 15 de su Estatuto y 7º y 8º de su Reglamento de Afiliación, se concluye que los demandantes cumplen con todos los requisitos y formalidades para afiliarse al PRD, no siendo obstáculo el momento en que se presentaron las solicitudes pues el mismo Reglamento de Afiliación señala que el proceso de afiliación será de carácter permanente.

Por este motivo, le negativa del Secretario Técnico de la Comisión de Afiliación de recibir las solicitudes de afiliación, así como la justificación de falta de equipo necesario para llevar acabo el proceso de afiliación (tabletas electrónicas y software) son obstáculos injustificados de acuerdo a la normatividad interna del PRD, así como a la Constitución federal y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), para afiliar a los demandantes. Esto significa, pues, que un derecho constitucional, legal y estatutario como la afiliación política no puede erosionarse por obstáculos fácticos, técnicos u operativos siempre que se cumplan con la normatividad interna del partido político y la pretensión de afiliación no vaya en contra del fin de dicho partido. Eseramos que así lo entienda el TEPJF.

 

Saúl López Noriega. Asesor jurídico de Democracia Deliberada. Twitter: @slopeznoriega

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En una de sus últimas conferencias Zizek nos recordó cuál es el papel de los intelectuales en una democracia, esto es, plantear preguntas más que dar respuestas. Esas respuestas, nos dice, deben venir de la propia ciudadanía. Por su parte, en su nota de hace unos días Miguel Carbonell da difusión a una serie de preguntas que un grupo de intelectuales hacen a los candidatos presidenciales, y nos advierte de cómo este tipo de ejercicios no suelen servir de nada y que las campañas en marcha serán superficiales como pocas. De ahí que considera oportuno dar difusión a un desplegado, que en su opinión, puede dar sustancia a las candidaturas. Coincido con el diagnóstico de Carbonell. Desde mi perspectiva, hay quienes quieren llevar esta elección presidencial al campo de la imagen y de la mercadotecnia, pues es ahí y no el intercambio de ideas donde tienen más oportunidad de ganar. Por eso, es que ahora que recién empiezan las campañas no está de más recordar que los candidatos están ahí para responder a estas u otras preguntas -sin que nos podamos conformar con mensajes confusos-, pero sobre todo que nos corresponde a nosotros estar atentos y discutir sus respuestas, pues finalmente seremos nosotros quienes decidamos el rumbo del país.

Para algunos este llamado podría parecer ajeno al derecho constitucional, tema que ocupa principalmente este espacio. Sin embargo esto no es así. Como cierta doctrina se ha cansado de recordarnos el derecho constitucional no puede explicarse si no se tiene una base política e histórica. Y es que no debemos perder de vista que una de las principales funciones de la Constitución es dar una estructura a la política y que sin política la Constitución no tiene sentido. Es verdad que desde la reforma de 1994 nos hemos empeñado en creer que la Constitución es sólo norma jurídica y que la política queda fuera de su alcance, pero para nuestra (des)ilusión la Constitución es una norma jurídico-política que se interpreta y configura día a día en las calles, en las plazas, en las aulas, en el Congreso, en la Consejería Jurídica de la Presidencia, etc. De hecho, de entre las preguntas que se plantean en el desplegado, la primera de ellas es sustancial y formalmente una pregunta sobre la Constitución: ¿Mantendría el Ejército realizando tareas de seguridad pública?

Demos por supuesto que las inquietudes planteadas en el desplegado son las principales preguntas que debemos resolver y pasemos a preguntarnos ¿qué podemos hacer para que este tipo de desplegados empiecen a servir de algo? En mi opinión, ante un diseño institucional adverso a la participación ciudadana, tenemos dos opciones: la movilización política y la deliberación. Es verdad que la movilización política implica para muchos un alto costo económico y/o personal que desafortunadamente muchas veces nos orilla a quedarnos en casa. Sin embargo, la oportunidad que nos brindan las nuevas tecnologías, nos obliga por lo menos a incentivar el debate y a no conformarnos con una democracia que se reduzca a la mera agregación de preferencias.

Así, por ejemplo, si nos circunscribimos a la pregunta constitucional que usé de ejemplo, podemos empezar por discutir los méritos y deficiencias de la actual estrategia de seguridad pública a la luz de un objetivo determinado. Supongamos que un objetivo viable es la reducción del tráfico de drogas y la disminución de la violencia que hay en las calles. Entre los factores que podríamos considerar está el índice de violencia que ha generado la estrategia del presidente Calderón, el número de muertes relacionadas con la guerra al narcotráfico, el combate o no de la desigualdad social como factor que incentiva la delincuencia, los altos índices de corrupción de la policía y de la sociedad en su conjunto, etc. Con ello podríamos contrastar las propuestas de los candidatos y la candidata presidenciales para atacar este terrible mal. Así, por ejemplo, considerar si pretenden continuar utilizando al ejército, si piensan hacer una renovación de los cuerpos policíacos, si tienen alguna política social que brinde mayores oportunidades a los más desaventajados, etc.

En mi opinión, si estos fueran los factores a considerar creo que la estrategia implementada durante estos seis años ha resultado infructuosa, pues tenemos tantas muertes como los que generó la guerra en Irak, según los últimos datos de la OCDE la desigualdad social sigue en aumento, cada vez hay menos ciudades en las que se puede pasear con tranquilidad, y la policía sigue siendo la misma de siempre. Todo eso pasa mientras que las propuestas de los candidatos y la candidata están por llegar.

Es probable que las variables que deben considerarse para resolver el problema del narcotráfico superen nuestras capacidades, sin embargo, no por ello creo que debamos dejar de discutirlas. En pocas palabras, el objetivo de esta entrada es recordarnos la importancia de nuestra participación en una discusión constitucional (que nos define como sociedad) que tome en cuenta todos los intereses involucrados, sobre todo en este período de elecciones en el que decidiremos cómo intentar solucionar una de las crisis más agudas de nuestra historia.

Roberto Niembro. Investigador honorario de la Escuela Libre de Derecho. Actualmente es investigador visitante del Max Planck Institut de Derecho Público Comparado, en Heidelberg, Alemania.

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Si un padre o tutor responsable reincide en la desatención del programa terapéutico y de rehabilitación por alguna adicción, establecido o determinado en favor de sus hijos, pupilos o representados; o si alguien, reincide en impedir u obstaculizar la realización de los actos que tengan por objeto verificar el cumplimiento de las disposiciones de la ley, podrá ser sancionado, por autoridad administrativa, con: “… la realización de trabajos en favor de la comunidad...”[1]

Lo anterior, lo establece la Ley de Prevención de las Adicciones y Consumo Abusivo de Bebidas Alcohólicas y Tabaco de Yucatán. Por su parte, el texto del artículo 21 constitucional señala que:

Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán  en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto…

En días pasados[2], la Corte resolvió, por mayoría de 9 votos, que la primera disposición debe invalidarse, la razón (más o menos) es que los tratados internacionales establecen un mejor derecho que la Constitución.

Los tratados internacionales, en particular, el Convenio 29 de la OIT –se sostuvo- prohíbe la imposición de sanciones administrativas consistentes en trabajos forzosos u obligatorios.

En conclusión, el razonamiento es simple: Se declara la invalidez de la ley porque contradice los tratados internacionales; la ley y la Constitución coinciden; luego entonces, ésta es inconvencional.

Que los tratados establezcan un “mejor derecho” es una manera elegante de decir que se desaplica la Constitución por afectar un derecho fundamental.

El resultado es importante. No solamente se ha resuelto un problema de constitucionalidad de una ley local; si ampliamos el enfoque, se ha resuelto también un caso de conflicto entre la Constitución y el derecho internacional, prevaleciendo, para el caso, este último.

Es relevante también el proceso por el cual se llegó al mismo. Cómo los ministros apreciaron el problema, cómo enfrentaron el conflicto y cómo decidieron.

¿Cómo es que la Constitución fue derrotada? Veamos las posturas de los Ministros.

La Constitución no dice lo que dice…

Tengo la impresión de  ante la inevitable cuestión de que se está ante un conflicto entre la Constitución y el derecho internacional, los ministros en su conjunto procuraron evitar explicitar la derrota constitucional y buscaron atenuarla.

La primera vía, ingeniosa, pero a la vez más evidente, fue decir lo que la Constitución no dice: que la sanción de trabajos comunitarios es alternativa y que requiere el consentimiento del sancionado (Aguirre, Pardo y Luna). El argumento conduce a cambiar el sentido del trabajo comunitario; por medio de la palabra, los ministros convierten una sanción en un beneficio y mutan una potestad o competencia de autoridad en una opción sujeta a la anuencia del sancionado.

Hay en el razonamiento una llamativa idea del “castigo”: el trabajo comunitario es reprochable si la impone el Estado, pero es plausible si la admite el individuo. El mal se convierte en bien. Es más gravosa que la multa y el arresto y, a la vez, un beneficio si es aceptada.

Los tratados, se dice, establecen una mejor protección al derecho ¿respecto a qué?

La anterior es otra ruta de argumentación por la que se evita hacer un contraste explicito entre la Constitución y los tratados, lo que no evita que implícitamente se haga. Veamos.

El argumento (en el que coinciden, más o menos, Zaldívar, Cossío, Franco, Valls,  Sánchez Cordero y Silva), consiste en que el trabajo comunitario es una sanción admisible por los tratados internacionales ante un ilícito penal y  debe ser impuesto por una autoridad judicial. Dicho en otros términos, que el trabajo forzado u obligatorio (eso es el trabajo comunitario), es una sanción de tal magnitud que sólo es razonable si la conducta tiene relevancia penal. Parafraseando lo anterior en lenguaje garantista (discurso adoptado por algunos ministros) tal sanción es propia de la última ratio (penal) y no de la prima ratio (administrativa).

Para apoyar la decisión, se argumentó, además, que el tratado establece una mejor protección del derecho ya que la sanción debe ser razonable según sea ilícito y que se garantiza el debido proceso ante el juez, entre otras razones.

Sin embargo, el argumento central: los tratados establecen un mejor derecho, no dice respecto de qué es mejor. Parto de algo elemental. Un discurso de que algo es mejor, requiere del contraste entre dos o más objetos, condiciones, situaciones, etc., respecto de una misma función. Por ejemplo: “Tu abrigo protege mejor del frio que el mío”. En esta idea si el tratado protege mejor el derecho, debiera decirse respecto de qué: ¿la ley, la Constitución? El pequeño problema es que ambas establecen que la autoridad administrativa puede imponer trabajo comunitario como sanción. El problema mayor es que lo anterior fue valorado no como una protección, sino como su contrario: una violación al derecho de tal magnitud como para declarar la invalidez de la norma.

Si lo que la mayoría de los ministros quiso decir fue que el tratado protege mejor el derecho que la ley, supondría que la ley también lo protegía, pero menos. Y la invalidaron. Si lo que quiso decir fue que lo protegía mejor que la Constitución, el pero, es que siendo consistentes, también lo desprotege.

Por vía de consecuencia, dicho claramente, la Constitución viola derechos fundamentales establecidos en los tratados.

Las dos líneas de argumentación mencionadas creo que tienen el defecto de evitar enfrentar directamente el problema: hay una contradicción entre los tratados y la Constitución. El único ministro que lo dijo claramente y tomó una posición fue Ortiz Mayagoitia, quien defendió la supremacía de la segunda.

¿Los tratados establecen mejor protección al derecho?

El caso en discusión ha sido un extraordinario ejemplo de cómo nuestra Corte aborda en un nuevo escenario constitucional problemas de una complejidad no ordinaria. Muestra la riqueza de la argumentación y también sus límites. Nos dice cómo los ministros entienden el ordenamiento jurídico, la función de la Constitución y sus relaciones con el derecho internacional.

En el debate se aprecia que herramientas metodológicas y cómo las emplean en el entendimiento del problema y la construcción de soluciones.

Una cuestión evidente es que en una cuestión de control abstracto (se trató de una acción de inconstitucionalidad),  el eje articulador fue la “protección al derecho”, “el principio pro homine”, como el tamiz determinante en la regularidad convencional, que no constitucional. Aun cuando el control abstracto lo permite, cuestiones concernientes a la política pública contenidas en la ley, de orden o interés publico, no fueron abordadas en la discusión, salvo el Ministro Ortiz Mayagoitia, quien se quedó solo en la discusión.

Otra cuestión, apreciada entre líneas en la discusión, es que el derecho internacional adquiere cierto principio de autoridad ante el que los jueces son deferentes.

Lo abstracto de la discusión convencional y constitucional permite apeciar cómo se construyen, a diferentes voces, conceptos tales como “el principio pro homine”. La imaginación jurídica, como se aprecia, lleva a decir a los ministros cuestiones que la Constitución no dice o bien a tener un entendimiento del problema cuyos presupuestos y consecuencias no son consistentes.

Veamos algunos problemas de la decisión de la Corte:

El Convenio 29 de la OIT establece como elementos de “convencionalidad” que los trabajos obligatorios, cuando se trate de condenas (refiere a la autoridad judicial), pero también refiere una cuestión de grado (trabajos cívicos, pequeños trabajos comunales) y que los mismos sean decididos con su participación directa o de sus representantes. Está presente también, la proporcionalidad del trabajo y la forma de decisión para establecer la obligación.

La necesidad de salvar la objeción formal del juez como único competente, se combinó con la ausencia de una discusión sobre la gradualidad de los trabajos y su relación de adecuación como respuesta coactiva frente a los actos ilícitos. Esto es, que además de tomarse en serio el principio pro persona tomara en serio la política punitiva.

Los garantistas, dicen como lugar común, que la sanción penal debe reservarse para ilícitos de mayor gravedad y que en la antesala está el derecho administrativo. Estoy de acuerdo.

El quid es si el trabajo comunitario razonablemente debería estar proscrito del derecho administrativo.

Imaginemos el siguiente caso: una persona pinta con grafiti un inmueble público, lo cual es considerado como una falta administrativa. La Corte estaría de acuerdo en que se le multara o se le arrestara, pero no que se le sancionara con trabajo comunitario.

Un criterio valioso en el diseño de sanciones es que la misma debe ser disuasiva de la conducta: debe ser más costosa que los beneficios obtenidos. Es aceptado también que en la imposición de una sanción debe considerarse el daño causado. Suponiendo que se imponga una multa, la determinación de su monto tendría que considerar, entre otras cuestiones, cuánto costaría reparar el daño: pintura, contratación de un pintor, etc.,  Si fuese arresto, sería posible, además, obligarlo a reparar el daño.

La Corte elimina la posibilidad de que quien grafitea, con sus propias manos repinte aquello que de igual manera hizo. ¿Qué hace que el trabajo obligatorio sea más gravoso que una multa o que una privación de la libertad? ¿Acaso que no haya consentimiento? En cualquier sanción se prescinde del consentimiento. Probablemente una sanción como la del ejemplo sea menos costosa que una multa y menos drástica que un arresto. Es una cuestión de proporcionalidad.

La ley yucateca establece como máximo de la multa quinientas veces el salario mínimo y el máximo del trabajo comunitario en cien jornadas[3]. Para alguien que gane el salario mínimo es más costosa la multa. Pero lo cuantitativo es solamente una parte, lo relevante en términos de política pública es si el trabajo comunitario es una respuesta punitiva adecuada para la eficacia de los propósitos, por ejemplo, de salud pública.

Otro de los argumentos de que el procedimiento ante el juez otorga un mejor derecho, porque se observa el debido proceso, parece ser más bien un prejuicio.

El procedimiento administrativo sancionador debe observar igualmente las garantías del debido proceso, si no fuere así, sería una razón específica para invalidarlo, pero no fue el caso. Por el contrario, dependiendo del procedimiento, del tipo de faltas y sanciones, un procedimiento administrativo puede tener ventajas por su sencillez, prontitud en la decisión, bajos costos de defensa, etc.

Una paradoja de la decisión de la Corte es que criminaliza el trabajo comunitario como sanción. Es decir, para que sea váido el trabajo comunitario aun cuando sea pequeño, debe ser la consecuencia de un ilícito penal. Asi por ejemplo, si se estimara que es una consecuencia adecuada para evitar el grafiti, tendría que criminalizarse la práctica o iniciarse un procedimiento por daño en propiedad.

Otra ausencia en la discusión en la Corte fue la conceptualizacion del trabajo comunitario. Su identificación con el trabajo forzoso u obligatorio es precaria. El convenio 29 de la OIT tiene una mayor riqueza que la observada en la discusión. Admite su establecimiento obligatorio, cuando provenga de deberes cívicos o pequeños trabajos comunales, si han sido aprobados directamente o por sus representantes. Si tales trabajos son obligatorios, su incumplimiento puede ser sancionado. Lo anterior conduce a una reflexión de mayor profundidad: qué es el trabajo en la cultura, en la vida de una sociedad. Y en esto, la Corte al definir la validez o invalidez del trabajo, construye una concepcion ideológica y cultural del derecho y del individuo. Hace antropología, define las relaciones del individuo con su sociedad. Construye entendimientos liberales o comunitarios.

¿Qué efecto en la realidad tendría que alguien que grafitea una pared tenga que repintar su obra, qué efecto tendría en la realidad que una comunidad observara que quien pinta repinta? ¿Disuadiría la conducta? ¿Se respetaría el mobiliario urbano? ¿Sería indiferente? Son cuestiones que no escuchamos en el debate.

Procedimientos de control constitucional como la acción de inconstitucionalidad, al ser abstractos, debieran de considerar los diversos aspectos sociales de una ley. Por supuesto, los derechos son condiciones básicas, pero, como construcciones sociales, sus limitaciones, las obligaciones, la adecuabilidad de las restricciones frente a bienes sociales valiosos, no puede dejar de ser considerada.

La anterior es una discusión todavía ausente en la Corte. En su derrota estuvieron ausentes, salvo Ortiz, los defensores de la Constitución.

José Roldán Xopa. Profesor investigador de la División de Administración Publica del CIDE y Consejero Asociado de PdeA Abogados. Twitter: @jrxopa


[1] Arts. 72 fracción V y 73, fracción V .

[2] Sesiones del Pleno en los días 30 y 31 de enero y 2 y 7 de febrero del 2012.

[3] El Artículo 12 del Convenio 29 establece un máximo de sesenta días por un periodo de doce meses.

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