El día de hoy, inició la serie de comparecencias de los candidatos a ministros de la Suprema Corte ante la Comisión de Justicia del Senado –en su caso, dos de estos seis candidatos sustituirán a los ministros Silva Meza y Sánchez Cordero, quienes justo el día de hoy concluyeron su cargo.

Respecto las reglas que definieron el rumbo de esta comparecencia, vale destacar algunos puntos no menores: este ejercicio de escrutinio fue transmitido por el Canal del Congreso; se integró por tres rondas de preguntas formuladas por Senadores de los diversos partidos políticos e, inclusive, de miembros de la sociedad civil que previamente enviaron sus cuestionamientos a la Comisión de Justicia; hubo posibilidad de que, después de plantear su pregunta, el Senador en cuestión pudiese lanzar una contrarréplica si no quedaba satisfecho con la respuesta de la candidata y; por último, no se estableció un límite de tiempo ni para la participación de los Senadores ni para las respuestas de la candidata.

verguenza

Así, bajo este conjunto de reglas, la comparecencia inició con una intervención de 20 minutos de la magistrada Orea, quien integra la terna para sustituir a Sánchez Cordero. Sobra mencionar que esta exposición era una oportunidad valiosísima para explicar a los integrantes de la Comisión de Justicia, y a la opinión pública, su visión de lo que debe ser la justicia constitucional y sus habilidades para coadyuvar a la consolidación de ésta. Lo que ofreció, por el contrario, la magistrada Orea fue un ramillete de lugares comunes. Un recorrido por divagaciones respecto conceptos como democracia, Estado de derecho, seguridad pública y su relación con la Suprema Corte; asimismo, al plantear los que a su juicio son los retos de nuestra corte constitucional simplemente se limitó a enumerar las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, sistema penal, juicio de amparo; por último, la magistrada Orea ofreció un breve recuento de la evolución del derecho en el mundo occidental y la etapa en la que se encuentra la Corte mexicana: el Estado constitucional y democrático de derecho.

Una vez que concluyó esta exposición por parte de la candidata, comenzaron las rondas de preguntas. E inició, a su vez, un espectáculo francamente bochornoso. La magistrada Orea demostró en más de una ocasión que desconoce enteramente lo que significa la justicia constitucional y el sinfín de temas que giran alrededor de ésta. No se trata de que personalmente no hayan gustado sus respuestas. No. Más bien, se trata de una ignorancia constitucional que sólo sirvió para evidenciar la irresponsabilidad mayúscula del presidente Peña Nieto al incluirla en la terna de candidatas a ministra de la Suprema Corte.

Aquí algunos ejemplos: Desde el inicio se le preguntó si el INAI debía tener o no la facultad de determinar si cierta investigación en materia penal era una violación grave de derechos humanos y, por tanto, proceder a calificar tal investigación como información pública. Después de la insistencia de dos Senadoras para que contestara esta interrogante, y demostrar su claro desconocimiento en el tema, afirmó que el INAI sí debía tener esta facultad pero sin ninguna argumentación al respecto. Otro miembro del Senado le lanzó esta interrogante: ¿cómo impulsar una relación armónica entre el juicio de amparo y el nuevo sistema penal? Se limitó a afirmar que en efecto era necesario construir una relación armónica entre ambos instrumentos normativos y, para ello, probablemente habría que reformar algunos aspectos de la Ley de amparo. Sobre el caso de Campeche y matrimonio entre personas de mismo sexo, resuelto por la Suprema Corte, se le preguntó su opinión del voto del ministro disidente en tal sentencia. No conocía el caso, ni mucho menos tal voto, de ahí que sólo se pronunció a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y señaló que éste no afectaba el interés superior del niño, pero una vez más no ofreció una exposición de los eslabones argumentativos que sostuviesen su postura al respecto. También se le preguntó su posición sobre la contradicción de tesis 293/2011 y otros casos similares; en concreto, sobre la jerarquía entre normas internacionales y constitucionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se trata de un caso de enorme relevancia para cualquiera que aspire a ser ministro de la Suprema Corte. No obstante, la magistrada Orea no lo conocía. Fue necesario que la Senadora que le formuló esta pregunta le diera más de una pista para que Orea al final pudiese ofrecer una respuesta vacua y sin un mínimo de coherencia. El mismo tipo de respuesta que ofreció, ante la interrogante de qué opinaba del arraigo y del principio pro persona.

Ante estas respuestas, los Senadores parecían unos expertos en justicia constitucional. Pero en realidad no fue así: sin preguntas particularmente sofisticadas –inclusive varias de ellas francamente mediocres-, la magistrada Orea se desmoronó. Nerviosa, desarticulada, acabó su comparecencia clavando su mirada en el pódium buscando respuestas en un torbellino de tarjetas. No las encontró. Y, por ello, lo único que se puede esperar, después de esta primera comparecencia, es que haya sido el episodio más penoso de este proceso de designación y lo que venga sea mucho mejor.

Saúl López Noriega. Profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Twitter: @slopeznoriega

Leer completo

El sistema jurídico mexicano es fundamentalmente escrito. Si un ciudadano se dirige a los órganos de gobierno debe hacerlo mediante un escrito, según el artículo 8º constitucional. De igual forma, cuando la autoridad se dirige al gobernado su mandamiento deberá contenerse en un escrito, según indica también el texto de la Constitución. En pocas palabras, la interacción entre el particular y la autoridad siempre deberá tener un respaldo documental.

internet

Esto, junto con otras causas, explica por qué los expedientes judiciales son voluminosos y de difícil comprensión, pues una a una se va glosando diversas constancias que reflejan el problema jurídico en cuestión. Todo aspecto de la realidad, desde la descripción de la escena del crimen y las pruebas ahí halladas o las contiendas entre familiares que disputan una herencia, necesariamente deben obrar en escritos.

Naturalmente las partes desean saber qué ocurre en su asunto y requieren fotocopias de su expediente para tener un respaldo. Ahí subyace la dinámica abogadil de solicitar fotocopias, donde hay dos escenarios: existen tribunales donde el manejo de los expedientes es relajado, pues materialmente entregan el expediente a la parte y, reteniéndole su identificación, permiten que el justiciable se encargue de llevar el expediente a la máquina copiadora; pero también hay tribunales menos permisivos, que exigen que haya un acuerdo formal que autorice la expedición de la copia.

Entonces deberá mediar una solicitud por escrito del justiciable, esperar a que se dé contestación al escrito mediante un auto, comparecer a los estrados del juzgado –muchas veces en un horario restringido, que fija discrecional y arbitrariamente el propio tribunal-, ir acompañado de un funcionario a la máquina copiadora, pagar el importe de las fotocopias –que suele ser oneroso, pues hay expedientes que sobrepasan el millar de fojas- y finalmente levantar una constancia donde se dé razón de la entrega-recepción de las fotocopias. Este proceso, dependiendo de la eficacia y rapidez de la emisión del acuerdo por parte del juzgado, mínimo demorará dos días. Además del tiempo invertido por el justiciable, el funcionario judicial también ocupa su tiempo en acordar una petición fútil, que bien pudiese dedicarlo a otras cuestiones más trascendentales y no de mero trámite.

Ante este escenario, entonces, vale plantear la siguiente pregunta: ¿la reproducción de constancias procesales mediante la tradicional fotocopia es la única vía para que el justiciable tenga conocimiento de su expediente? Nos parece que no, pues hoy en día existen otros recursos tecnológicos que darían el mismo resultado pero inclusive con mayor eficiencia, gratuidad e inmediatez. Sin embargo, la judicatura no lo entiende así, porque en la práctica muchos tribunales celosamente prohíben que, por ejemplo, las personas fotografíen o reproduzcan de manera digital el contenido del expediente y exigen que por escrito se solicite y luego se autorice.

Un ejemplo: en el fuero federal se invoca el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que dispone: “Las partes, en cualquier asunto judicial, pueden pedir, en todo tiempo, a su costa, copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos, la que les mandará expedir el tribunal, sin audiencia previa de las demás partes.”1

Al margen de la deficiente redacción que tiene este artículo desde el punto de vista de los signos de puntuación (observemos que en un precepto de 40 palabras se usaron 6 comas), hay un inconveniente clave en la aplicación que dan los tribunales a este precepto, pues aunque éste se refiere sólo a fotocopias certificadas, es común que los jueces condición inclusive la expedición de copias simples a su autorización. Por el contrario, a nuestro entender, debiese existir decreto judicial únicamente cuando se soliciten fotocopias certificadas pero no cuando se pidan fotocopias simples, pues no hay norma jurídica específica que así lo exija.2 Además de que si revisamos la fecha de expedición de tal norma, evidentemente hace 72 años el legislador ni siquiera imaginaba que en la segunda década del siglo XXI el mundo estaría plagado de aparatos tecnológicos que permitieran, de forma instantánea y cómoda, reproducir íntegramente un expediente judicial en un aparato celular.

¿Por qué no adoptar, entonces, interpretaciones innovadoras que vayan progresando paralelamente a la realidad? Sobra subrayarlo: el ordenamiento jurídico no debe estar alejado de los desarrollos tecnológicos, las prácticas judiciales también debieran actualizarse. Se menciona esto porque justo el día hoy se encuentra en la Suprema Corte la contradicción de tesis 122/2015, bajo la ponencia del ministro Franco.3 La cual se suscitó debido a que un tribunal colegiado del Distrito Federal,4 en 2007 y siendo ponente del asunto el entonces magistrado Pérez Dayán (hoy ministro de la Corte), resolvió que no se le agravia a un justiciable la negativa de autorizarle que utilice medios tecnológicos para reproducir constancias de autos, cuando el propio tribunal le autorizó la expedición de la fotocopia. En contraposición, en 2015, un tribunal colegiado de Jalisco5 resolvió que la negativa de un juez de distrito de permitirle al quejoso que fotografíe constancias de autos sí le genera un agravio, pues el acceso a la justicia expedita implica la remoción de aquellos obstáculos formales que le impidan tener conocimiento inmediato del avance de su asunto.

Con este caso, por tanto, los ministros tienen ante sí la posibilidad de refrescar interpretativamente una práctica en la judicatura que, si bien es de mero trámite, es trascendente para que el justiciable apuntale su estrategia judicial. Y más allá del mero gusto o comodidad que implica tener una fotografía de una actuación judicial, hay elementos trascendentes que la Corte debiese ponderar, porque atendiendo al principio de previsibilidad todo tribunal debe echar un vistazo a los efectos futuros que tendrá su resolución. Veamos.

Desde la inmediatez en el acceso a la justicia, se evitaría la dinámica de promoción-acuerdo-expedición de la copia, pues es crucial evitar días de espera cuando se tiene un término para hacer valer algún otro derecho dentro del proceso. Desde la gratuidad, al justiciable que ya tenga un aparato tecnológico –que son muchísimos-6 se le evitaría erogar un gasto innecesario en pagar la copia documental. Y desde la progresividad, se oxigenaría una práctica judicial a favor de las personas, pues en nada afecta al tribunal ni a los derechos de la contraparte que una parte autorizada reproduzca digitalmente un expediente que ya vio con sus propios ojos.

Sobre todo, esta contradicción de tesis 122/2015 es relevante porque el Código Federal de Procedimientos Civiles es omiso sobre el uso de medios tecnológicos, siendo un claro ejemplo de cómo la realidad ha desfasado las regulaciones que el legislador pudo imaginar cuando creó la norma. De ahí que la Corte tiene ante sí la opción de regular una práctica en la judicatura, y mediante precedentes jurisprudenciales mejorar el status quo, sin necesidad de esperar pasivamente a que llegue una reforma legal. No hay que olvidar que los tribunales constitucionales, al ser un catalizador de la cultura legal de una nación, permiten afinar el ordenamiento y sus prácticas a través de interpretaciones.

Ojalá la Suprema Corte emita una sentencia innovadora que aleccione a todos los juzgadores mexicanos sobre la pertinencia de ser abiertos –el afamado tema del open government- y dejar dogmatismos leguleyos y cerrados en un tema tan simple como la expedición de una copia.

Jesús Manuel Orozco P. Abogado por la Universidad de Guadalajara y postulante en la firma Orozco & Pulido´s Abogados.
Sergio A. Villa Ramos. Pasante en Derecho por la Universidad de Guadalajara y postulante en la firma Ochoa Cuétara y Asociados.


1 Diario Oficial de la Federación, 24 de febrero de 1943.

2 Por vía de ejemplo, el artículo 1067, párrafo segundo, del Código de Comercio, prevé que la sola petición verbal del justiciable es suficiente para expedir una fotocopia simple, pues se engloba en la noción misma de “imponerse de autos”.

3 Contradicción de tesis 122/2015, suscitada entre el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito. Denunciante: Jesús Manuel Orozco Pulido.

4 Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, queja 12/2007, resuelta en sesión de 28 de febrero de 2007.

5 Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, queja 29/2015, resuelta en sesión de 26 de marzo de 2015.

6 En México, el 49% de los usuarios de internet acceden a la red mediante aparatos Smartphone, lo que de suyo indica el alto impacto que tienen tales dispositivos en la vida cotidiana; cfr. Asociación Mexicana de Internet, “Estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México 2014”, consultado aquí.

Leer completo

Recientemente ha sido publicado el engrose de la contradicción de tesis 299/2013 (CT-299) resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Vale recordar que el tema central de esta contradicción era valorar la posibilidad de que los jueces inferiores no aplicaran, en un caso concreto, la jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte, en términos de la Ley de Amparo, por considerarla inconstitucional o inconvencional.

Hay que tener presente también que entorno a las sesiones públicas ordinarias del Pleno del mes de octubre del año pasado, en el que se decidió la CT-299, en este espacio, El Juego de la Suprema Corte, se presentó un debate iniciado por Juan Luis Hernández Macías (aquí), el cual fue atendido por Geraldina González de la Vega (aquí y aquí) y por mí (aquí). En ese peloteo, González de la Vega defendió la solución adoptada por la mayoría de ministros: la jurisprudencia obligatoria de la Corte no puede ser inaplicada por los jueces inferiores. En esta oportunidad, con sentencia en mano, pretendo mencionar las razones por las que reafirmo mi postura de admitir la posibilidad de inaplicación.

Primero, a partir de lectura de la sentencia ésta resulta insatisfactoria. Se podría esperar una argumentación desarrollada y suficiente que diera razones sustanciales para sostener la imposibilidad de inaplicación de la jurisprudencia obligatoria. En cambio, el sustento ofrecido por la Corte gira en torno a un argumento circular que señala únicamente dos motivos, y que se reducen a lo siguiente: no es posible inaplicar porque 1) la jurisprudencia es obligatoria, de acuerdo a la Ley de Amparo y 2) ello es así porque de otra forma no habría seguridad jurídica ni certeza sobre qué decisión esperar de un juez inferior.

Segundo, no solamente se trata de insuficiencia de razones, sino del tipo de razones ofrecidas: la primera es un argumento legalista (que suena algo así como: “porque la ley lo dice”), mientras que la segunda se disfraza de un derecho fundamental (el de la seguridad jurídica) pero que se utiliza para vaciar de contenido el mandato constitucional sustancial, dirigido al juzgador que le ordena aplicar la norma (el significado de la disposición normativa) que más favorezca a las personas y a sus derechos.

Es decir, utilizando básicamente la Ley de Amparo, y con el objetivo de no hacer nugatorio un sistema constitucional de jurisprudencia obligatoria, la Corte hace nugatorio, en este contexto, el principio pro persona. Con ello, sin embargo, contradice lo resuelto por ella misma anteriormente en la contradicción de tesis 293/2011 (CT-293), donde admitió la posibilidad de inaplicar criterios jurídicos nacionales, siendo una razón fundamental para ello este principio. En palabras de la Corte: «En todo caso, lo importante será que la inaplicación de un criterio jurisprudencial, nacional o interamericano, se justifique a la aplicación de otro que resulte más favorecedor a la persona”. [i] [cursivas del original].

En sí, las razones de la Suprema Corte tienen un tufo autoritario, basadas no en el qué de la decisión sino en el quién. No en la sustancia de la razón, sino en la forma en que es presentada –de manera obligatoria-. La Corte es consciente (al menos eso parece) de que hay criterios jurisprudenciales por ella sostenidos que podrían no ajustarse a los derechos constitucionalizados, pero, de nuevo, se preocupa más por el quién hará algo al respecto: que sean los jueces quienes pregunten a la Corte para que sea ella misma quien decida.

Podría decirse –como se ha dicho- que esto último es algo propio de la configuración de nuestro sistema de control constitucional, el cual se ha fundado en la fuerza obligatoria de los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte para todos los demás juzgadores, de quienes se espera una observancia irrestricta, y que todo ello en su conjunto se traduce en una pretensión de unidad y coherencia del sistema constitucional en su conjunto.

Sin embargo, recurrir a un argumento de la “naturaleza de un sistema” es insuficiente cuando nos encontramos frente a un escenario en el que no sólo el sistema de control, sino el ordenamiento constitucional en su totalidad, ha modificado su base de legitimidad: ya no se encuentra ésta en razones autoritativas, que atienden a la forma de producción de los mandatos jurídicos, sino que ahora se ha trasladado a la esfera de la sustancia. Esto es, a que tales mandatos (como lo son las jurisprudencias) sean conformes y coherentes con los derechos fundamentales protegidos por el orden constitucional.

razonIgualmente, el argumento de la certeza y seguridad jurídicas deviene insuficiente y contradictorio cuando se acepta el ejercicio del control de legitimidad de las leyes. ¿Cuál es la certeza que tendremos en la práctica jurídica si los jueces pueden inaplicar los criterios de la Corte? Esta pregunta puede fácilmente modificarse por otra: ¿cuál es la certeza que tendremos si los jueces pueden inaplicar las normas del legislador? Para responder a la primera tendremos que responder a la segunda. O, ¿será acaso que, simplemente, desconfiamos de nuestros jueces ordinarios? No dudo que muchos tengamos razones para hacerlo, pero si eso es motivo suficiente para que no puedan inaplicar la jurisprudencia, entonces, tampoco debemos confiarles la facultad[ii] de inaplicar las leyes. De nuevo, la única forma de ser congruentes con esta línea argumentativa es si se niega a los jueces el control de constitucionalidad de las normas.

Es más, admitir el control judicial de las leyes en un sistema de derecho positivo, como el nuestro, conduce a la posibilidad regulada de un control de las interpretaciones que se hacen de esas leyes. Esto nace de distinguir netamente que el derecho positivo es tanto el signo como el significado, tanto el «derecho vigente» (positivo, objetivo o empíricamente existente) como el «derecho viviente» (interpretado, argumentado o aplicado)[iii]. Esta distinción ha sido incluso advertida por la Corte en la CT-293, donde explicó que una cosa es la «disposición normativa» y otra es la «norma», la primera «el texto de un determinado ordenamiento», mientras que la segunda es el «significado que se le atribuye a ese texto»[iv].

En consonancia con lo anterior, en realidad son los significados más que los signos los que pueden contrariar los derechos constitucionales. De hecho, esa es la idea que inspira a una herramienta constitucional como lo es la interpretación conforme: a través de ella, lo que se busca es compatibilizar los significados (la norma) de una disposición, sin tener que cambiar los signos (el enunciado normativo). Por ello, la razón fundamental del control judicial está en regular las normas derivadas de las interpretaciones que se hacen de las disposiciones o enunciados normativos. Así, más que sobre las disposiciones legislativas, el control de constitucionalidad se ejerce sobre los significados a ellas atribuidas, es decir, sobre sus interpretaciones.

Finalmente, la contrapropuesta: tomarse en serio el principio pro persona y la sustancia del Estado constitucional de derecho, que son los derechos fundamentales, abre las posibilidades al diálogo jurisprudencial y a la pluralidad de argumentos y perspectivas. ¿Cómo evitar que eso no se convierta en arbitrariedad? A través de garantías y de reglas, cuya configuración tendría que explorarse detenidamente.

Sin embargo, se puede comenzar por lo siguiente: la primera de las garantías tendría que ser la exigencia al juzgador de argumentar de manera razonable y suficiente su decisión de inaplicar un criterio jurisprudencial por considerarlo contrario a los principios constitucionales o a los derechos convencionales. La segunda de ellas, como expone el ministro José Ramón Cossío en su voto particular de la CT-299, tendría que ser una vía de revisión de la decisión de inaplicación, en la que se valoraran los razonamientos de la misma hechos por los jueces inferiores.

Es de esta manera, que la discusión se abre, puesto que tanto los jueces supremos como los ordinarios tienen voz y aportan argumentaciones distintas, siempre en aras de una mejor protección de los derechos de las personas. Sólo de esta manera el debate no está terminado desde el principio, porque así no solamente se trata de quién tiene la última palabra, sino de cuál es la solución que asegura de mejor manera la finalidad del Estado: la tutela de los derechos fundamentales.

Gerardo Mata Quintero. Estudiante de la maestría en derechos humanos por la facultad de jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila.

_____________________

[i] Resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 3 de septiembre de 2014. Ministro Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Pág. 59.

[ii] Aunque más que facultad, los jueces ordinarios tienen la obligación de verificar la conformidad de las normas que están llamados a aplicar con los principios constitucionales. Véase el expediente varios 912/2010 resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 14 de julio de 2011. Ministra Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ministro encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. §§31-ss.

[iii] Véase: Ferrajoli, L. (2014). La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista como modelo teórico y como proyecto político. Trad. P. Andrés Ibáñez. Madrid: Trotta. Págs. 126-128.

[iv] CT-293/2011, supra nota 1; pág. 57.

Leer completo

Admitir, tramitar, resolver y archivar un juicio de amparo supone hacer uso de un enorme acervo de categorías, abstracciones y reglas técnicas. Por lo menos desde enero de 1936[i]  y hasta marzo de 2013[ii], los jueces y magistrados federales operaban a la luz de las mismas reglas de origen legislativo y jurisprudencial; las sentencias federales pudieron ajustarse gradualmente y sin complicaciones a las reformas legislativas y los cambios de criterio que se dieron en dicho periodo. Sin embargo, la introducción de una nueva Ley de Amparo en 2013 impuso a los juzgadores federales el enorme reto de ajustarse, no sólo a nuevas reglas de trámite sino a nuevas figuras procesales.

adhesivo1El juicio de amparo directo corresponde a quien considera que una autoridad jurisdiccional, al dictar una sentencia en sede ordinaria, ha violado sus derechos humanos. Si tiene razón el quejoso, el Tribunal Colegiado de Circuito que resuelva el asunto, habrá de conceder el amparo y, naturalmente, ordenar el dictado de una nueva sentencia en la cual se corrijan los vicios constitucionales de la anterior. No obstante, en todos los procesos litigiosos intervienen dos partes y una siempre será desfavorecida por la decisión de la autoridad jurisdiccional y, en consecuencia, tendrá incentivos para promover una demanda de amparo, reclamando que se violaron sus derechos. La segunda sentencia ordinaria, dictada en cumplimiento del primer amparo, será igualmente combatida y podrá ser motivo de una nueva concesión de amparo. Probablemente la autoridad tenga que dictar una nueva sentencia, la tercera. Ésta, a su vez, puede ser objeto de otra demanda de amparo directo. El proceso parece interminable.

Imaginemos, por ejemplo, a dos padres capitalinos reclamando la guarda y custodia de su hijo menor. El juez familiar del Distrito Federal dará la razón a uno de los padres con base en las pocas pruebas que fueron aportadas al proceso. Uno de los padres estará inconforme con la sentencia dictada por el juez del Distrito Federal y, en consecuencia, solicitará el amparo argumentando que el juez de lo familiar no explicó las razones por las cuales otorgó poco valor probatorio a cierta prueba. El amparo será concedido: una nueva sentencia será dictada. De nuevo, uno de los padres estará molesto y es probable que promueva un nuevo amparo afirmando una violación a sus derechos humanos. El amparo será concedido: una nueva sentencia será dictada. Tal vez venga un nuevo amparo. En el litigo constitucional, tres strikes no bastan.

Para resolver el problema anterior, se ideó una nueva figura: el amparo adhesivo. Esta nueva acción procesal corresponde a quien obtuvo sentencia favorable en sede ordinaria. Ante la promoción de un amparo directo por su contraparte, la parte vencedora podrá mostrar al Tribunal Colegiado las bondades de la sentencia que le dio la razón y tendrá que hacer valer aquellas violaciones procesales que, en caso de concederse el amparo al quejoso principal, pudieran perjudicarle en el dictado de una nueva sentencia. De esta forma, la parte vencedora podrá armarse ante la eventual concesión del amparo a su contraparte y el Tribunal Colegiado podrá estudiar, de una sola vez, todas las posibles violaciones de derechos.

La solución parece sencilla; sin embargo, en la práctica, ha causado severas inquietudes en los Tribunales Colegiados del país. ¿Qué tipo de argumentos deben hacerse en la demanda del adherente?[iii] ¿Cómo deben estudiarse los argumentos que no se ajusten a lo dispuesto por la Constitución y la nueva Ley de Amparo? ¿Puede el quejoso adherente criticar la demanda de su contraparte, sin aportar nada sustancial? ¿Merece un punto resolutivo independiente?

Ante los cuestionamientos anteriores, Tribunales Colegiados de Michoacán, Quintana Roo, el Distrito Federal, Puebla, Coahuila y Tabasco han emitido criterios contradictorios. Por ello, en las semanas pasadas, la Primera Sala de la Suprema Corte ha resuelto algunas contradicciones de tesis, buscando dar certeza a los magistrados federales respecto a los límites y alcances del amparo adhesivo[iv].

En primer lugar, hay que destacar que la Primera Sala ha establecido que los Tribunales Colegiados de Circuito deben atender a las características argumentativas de cada amparo adhesivo del que conozcan[v]. Así, no merece un mismo tratamiento el amparo adhesivo que enuncia lo buena que resultó la labor del juez ordinario, de otro en el que se denuncien violaciones al procedimiento. Cada amparo adhesivo tendrá características propias, acordes a la finalidad que persigue quien lo promueve.

Por otra parte, la Sala ha enfatizado que el amparo adhesivo es una acción procesal que depende de la procedencia del amparo principal. Así, si el amparo resulta extemporáneo y el único objetivo del quejoso adherente es que la sentencia ordinaria que le dio la razón permanezca viva, es evidente que no existirá necesidad de que el Tribunal Colegiado se pronuncie respecto a esta nueva figura procesal. La sola negativa de amparo al principal implica la subsistencia de la sentencia que dio razón al adherente; en términos procesales: su pretensión ha sido colmada.

Además, la Sala ha dicho que cuando el amparo adhesivo se limita a cuestionar la corrección jurídica de los argumentos de su contraparte, el quejoso adherente en nada ayuda al Tribunal Colegiado. Esos argumentos necios no podrán ser atendidos por el Tribunal que resuelva la causa, éste deberá calificarlos de “inoperantes”.

Al resolver las contradicciones de tesis a que hago referencia, la Primera Sala ha abordado cuestiones técnico-procesales cuya delimitación resulta importante. Mediante la construcción jurisprudencial de lo que debe hacerse con un amparo adhesivo, los Tribunales Colegiados del país podrán resolver con mayor celeridad y certeza los asuntos que se someten a su jurisdicción. Además, los Tribunales podrán enfocarse en atender las cuestiones relevantes de cada proceso de amparo, sin hacerse cargo de argumentos necios, irrelevantes o, sencillamente, improcedentes.

Julio Manuel Martínez Rivas. Estudiante de Derecho en el ITAM y colaborador de la ponencia del ministro Cossío en la Suprema Corte.

___________________________

[i] La vieja Ley de Amparo fue publicada y entró en vigor el 10 de enero de 1936.

[ii] La nueva Ley de Amparo fue publicada el 2 de abril de 2013 y entró en vigor al día siguiente.

[iii] Anticipo una cuestión que si bien no ha sido resuelta directamente por la Suprema Corte, ha sido abordada por algunos Tribunales Colegiados: ¿puede el quejoso adherente impugnar los puntos decisorios que le perjudiquen de la sentencia reclamada? Para ello, ¿no podría promover un amparo principal? Lo anterior, ¿no sería tanto como darle una segunda oportunidad procesal para combatir la sentencia?

[iv] Contradicciones de tesis 32/2014 (28 de mayo de 2014), 89/2014 (27 de agosto de 2014), 110/2014 (10 de septiembre de 2014) y 136/2014 (15 de octubre de 2014), todas elaboradas bajo la Ponencia del Ministro Cossío y resueltas por unanimidad de votos.

[v] “[…] dada la diversidad de formas que puede adoptar la argumentación de un amparo adhesivo —considerando que el artículo 182 de la Ley de Amparo señala las tres finalidades de dicha figura procesal—  la decisión judicial que recaiga al mismo debe acoplarse a la pretensión particular del quejoso adherente.” Contradicción de tesis 32/2014, párrafo 48.

Leer completo

Afirma con tino Manuel Atienza[1], que el formalismo no es el único mal que acecha en estos tiempos a quienes interpretan y aplican el Derecho, pero sí es quizás la característica más distintiva —y además nociva— de la cultura jurídica latina.

Ayer, 13 de octubre, la Suprema Corte comenzó a discutir en el Pleno la contradicción de tesis 299/2013, bajo la ponencia del ministro Pardo Rebolledo. La disyuntiva es si los jueces mexicanos, de cualesquiera órdenes jerárquicos, pueden inaplicar la jurisprudencia del Pleno o las Salas de la Suprema Corte por considerarla inconstitucional o inconvencional en los términos en que el expediente Varios 912/2010 “Caso Radilla”, los obliga.

Dado que la polémica suscitada entre ambos Tribunales Colegiados deriva en un cuestionamiento abstracto, omitiré el análisis de las razones que cada juzgado esgrimió para efectos de agilidad en la exposición, y me abocaré —consciente de las limitaciones en las que incurro— a los argumentos que el ministro ponente y el ministro Cossío expresaron en la sesión pública del día de ayer.

jurisprudenciaEl ponente afirma que no es deseable que los jueces de cualquier orden jerárquico sometan a un test de regularidad ex officio a la jurisprudencia de la Corte, ya que ello desvirtuaría el carácter unificador de la jurisprudencia. Lo cual devendría en un caos e inseguridad que terminarían por sufrir los justiciables, al encontrarse ante la incertidumbre que —dicen— la jurisprudencia unificada evita. Finalmente, el ministro Pardo afirma que si algún tribunal advierte la irregularidad de la jurisprudencia de la Corte, no debe inaplicarla, sino hacer uso de los medios que la propia Ley de Amparo prevé para la sustitución y abandono de criterios jurisprudenciales. En conclusión, cualquier inconformidad que controvierta la jurisprudencia de la Corte, debe resultar inoperante, pues su aplicación es inexcusablemente obligatoria.

Así, el ministro Cossío se pronunció en contra del proyecto por estimar que la jurisprudencia de la Corte si bien goza de una presunción de constitucionalidad —al igual que las normas jurídicas emitidas por el legislador democrático—, esta presunción es derrotable en el caso concreto. De ahí que el criterio unificador pueda ser falible e inacabado ante la imposibilidad de que éste abarque todos los supuestos de hecho. Igualmente argumenta que negar la facultad de los jueces para inaplicar estos criterios sería continuar con la construcción de un sistema formalista y vertical de aplicación sistémica de normas, ello sin detenerse a pensar si éstas benefician o perjudican al justiciable.

Los argumentos del ministro Cossío me parecen suficientemente razonables, excepto por la última aclaración que hace. Y donde afirma que el caos e inseguridad a la que alude el ministro ponente no es un tema de preocupación, pues finalmente el sistema permite que la abrumadora mayoría de estas decisiones acaben en manos de los juzgadores de amparo y, en algún momento, el sistema piramidal los lleve a las salas y al pleno de la Corte.

Ahora bien, esta disyuntiva ya ha sido ventilada anteriormente en la primera y segunda sala. Si el lector es asiduo auscultador de la actividad de la Corte, ya podrá adelantar que se trata de criterios discordantes. Tengo noticia de al menos dos: el de la primera sala bajo la ponencia del ministro Cossío, el cual citó ayer en su intervención y donde traza las razones que expuse en líneas anteriores, es decir, está a favor de la inaplicación difusa de la jurisprudencia. Por supuesto, dicha inaplicación no está exenta de la argumentación que para ello se requiere, ni de los parámetros que las tesis del Caso Radilla exigen paso a paso.[2] Valga decir, que este proyecto fue desechado en la sala por votación de cuatro contra uno.

El segundo, por parte de la segunda sala, bajo la ponencia de la ministra Luna Ramos fue el amparo directo en revisión 2126/2012. En esa resolución se dijo que no existe norma alguna que faculte a un juez inferior a poner en tela de juicio la jurisprudencia de la Corte, entre sus líneas puede deducirse que dicha inaplicación supone una falta de respeto a la palabra de la Suprema Corte. Igualmente se afirma que de ser irregular debe acudirse a los parámetros legales de sustitución de jurisprudencia, lo cual tampoco parece muy conveniente, pues persistiría el carácter vertical de la polémica. Y enviaría la Corte un mensaje no menor: si hay dudas sobre mis criterios, yo misma resolveré sobre ello. Por si no fuese suficiente, lo que más resalta de aquella sentencia es que el último resolutivo da vista al Consejo de la Judicatura para la investigación de una probable responsabilidad disciplinaria.

Muchas instituciones decimonónicas son las que todavía venimos arrastrando en el diseño judicial mexicano, y los remiendos que se les ha hecho terminan por mezclar ideas que me parece son incompatibles. Cuando en México no existía la independencia judicial, la jurisprudencia servía muy bien para un propósito: limitar la creatividad y discreción de los jueces. El ideal constitucional que hoy se propone, con facultades de control difuso en todos los jueces aplicando las disposiciones del artículo primero constitucional, ya no parece concordar con esos fines.

El argumento toral del proyecto no parece resistir un análisis riguroso. Pareciera que la palabra de la Corte fuera un espacio blindado e incontrovertible, para el ponente y quienes hoy lo secunden, el argumento de autoridad y de seguridad jurídica son valores absolutos, característica que —según Atienza— es esencial para identificar a un formalista. Además resulta curioso que la Corte promueva un discurso bajo el cual se puede inaplicar las consideraciones del legislador democrático, pero no las un grupo de once jueces. O todavía más, considerar que la jurisprudencia es diferente a una norma y, por lo tanto, no le aplican los supuestos del control de convencionalidad.

La Corte Suprema de Estados Unidos suele lidiar con este tipo de problemas haciendo uso de lo que ellos llaman percolation, que consiste en dejar que los jueces de todas las jerarquías digan todo lo que tengan que decir sobre un tema. En esta actividad participa también el foro con los planteamientos que lleva a los propios tribunales y también la academia con sus puntos de vista respectivos. Una vez ventiladas y maduradas todas las razones y argumentos, entonces, la Corte Suprema emitirá su resolución. No obstante, quizás sea el diseño tan vertical lo que en México no nos permite tener estos experimentos. Ni hablar del abuso del foro por la suplencia de la queja o la indiferencia de buena parte de la academia.

Es cierto que el Derecho no sólo se conforma por razones sustantivas sino también por las formales, esto es lo que lo distingue de otros instrumentos de control social como la moral. El Derecho es también un fenómeno de autoridad, empero, la alusión a la autoridad es —como cualquier otro— un principio derrotable, que puede ceder ante otros que en el caso concreto resulte más conveniente priorizar. Así, formalista no es aquel que aplica las normas, sino quien lo hace sin detenerse a analizar las razones que a éstas subyacen.

Juan Luis Hernández Macías. Estudiante de Derecho por la Universidad de Guanajuato. Mail: jlhernandezmacias@gmail.com

_____________________________

[1] Atienza, M., “Cómo desenmascarar a un formalista”, Isonomía, núm. 34, abril de 2011, pp. 199-201.

[2] Véase: Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Décima Época, tomo 1, diciembre de 2011, P. LXIX/2011, p. 552, cuyo rubro reza: PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.

Leer completo

derechos2El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos fundamentales en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Suprema Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos. En esta edición se presentan los asuntos conocidos en junio de 2014.

1. Acceso a la justicia. Consejo de la Judicatura 1
¿Quién puede revisar los Acuerdos Generales –AG- que dicta el Consejo de la Judicatura Federal? Este asunto analizaba la posibilidad de que la revisión de estos AG los hiciera además de la Suprema Corte, los Tribunales Federales y los Juzgados de Distrito.

Empezó concretamente por AG en donde se estableció la posibilidad de que las promociones, recursos y notificaciones se pudieran hacer a través de firma electrónica, debido al número elevado de casos de amparo –como en los asuntos del IETU o de la Ley del ISSSTE-. Cuando llegaron los recursos de amparo a un Tribunal Colegiado, éste resolvió que los AG eran inconstitucionales y, por tanto, desechó el recurso, mientras que los demás Tribunales Colegiados los admitieron. Los Colegiados entendían que podían pronunciarse sobre la constitucionales de los AG, tal como sucedió.

En ese sentido, como la propia Corte afirmó, la contradicción de tesis se presenta: “De acuerdo con lo anterior, el punto de contradicción a resolver consiste en determinar si es válida la interposición del recurso de revisión vía electrónica, esto es, por medio de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), en términos de los acuerdos generales 21/2007 y 43/2008, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal”.

Pero, por otro lado, se resolvió un problema más de fondo, de acuerdo con el marco normativo constitucional y legal, es la Suprema Corte, a través del procedimiento planteado en la ley y con la aprobación de cuando menos 8 votos, quien puede derogar los AG, y no lo puede hacer algún otro tribunal más.

2. Acceso a la Justicia. Interés legítimo 2
¿Qué es el interés legítimo como presupuesto para promover amparo? Las Salas de la Corte habían definido en sentido diverso cómo debía entenderse este concepto, qué tipos de intereses debía proteger, en especial sobre la base del sujeto afectado. La Primera Sala aceptaba la protección de intereses individuales y colectivos. La Segunda se inclinaba sólo a la dimensión difusa o colectiva.

La decisión de la Corte involucraría intereses individuales y colectivos. Ahora bien, ¿cómo se identifica este interés legítimo? Dice la Corte, tiene que haber una vinculación con una norma jurídica, bastando que establezca un derecho objetivo. Y se apura a explicar, es un concepto jurídico indeterminado, un concepto abierto que debe ir cambiando y adecuándose a cada caso concreto.

Para mejor entenderlo, se exponen sus características distintivas, éstas engloban lo que debe ser, subrayándose que deben observarse en conjunto:

a) La existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso;

b) El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico;

c) Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad, como ocurre con el interés simple, lo que implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos;

d) La concesión del amparo es un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso se llegara a dictar;

e) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciar bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad;

f) El quejoso tiene un interés propio distinto de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito del interés propio;

g) La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial;

h) Si bien en una situación jurídica concreta, pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta ni tampoco indetectable;

i) El interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas.

3. Autonomía Municipal 3
El asunto analizaba las implicaciones del gasto de recursos obtenidos por la vía de deuda para los municipios y el grado de intervención sobre la autorización y manejo de los mismos por parte de las legislaturas locales, desde la posibilidad de emitir una ley, hasta la introducción de requisitos para la autorización de la deuda. Se discutirían dos grandes temas, que generaron cada uno su votación particular.

1. Libertad Hacendaria. ¿Cuáles son las limitaciones de la legislatura local para contratar deuda pública? Se retoma lo resuelto en la controversia constitucional 44/2009. Los municipios no tienen autorizado manejar, aplicar y priorizar libremente los recursos obtenidos por la vía de endeudamiento, por lo que no se puede considerar que el poder legislativo local se convierta en órgano de decisión en el manejo de la hacienda, ya que la Constitución federal lo faculta para que a través de leyes, establezca las bases, conceptos y montos, aplicables a la deuda pública.

Lo anterior implica que la propia legislatura puede establecer distintas modalidades y formalidades para la aprobación de la deuda pública, pues la Constitución federal no establece limitantes en este sentido, pudiendo la legislatura local determinar el número de votos requeridos, los montos prohibidos para contratación o los casos en que se justifique acudir a obtener estos recursos.

De igual manera, no existe una contradicción entre la Constitución local y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en especial a la definición de deuda pública, porque tienen finalidades distintas, en ésta última se persigue la unificación de criterios que rigen la contabilidad gubernamental y la presentación homogénea de informes financieros entre los distintos niveles de gobierno.

2. Autoridades intermedias. Es válido que se establezca una obligación a los municipios de informar trimestralmente sobre el ejercicio y destino de los recursos provenientes de deuda, pues además de que el legislativo local puede determinar las modalidades o mecanismos, bajo los cuales debe rendirse esta información, es una obligación determinada en la Constitución federal.

No hay falta de claridad de los conceptos de contratación de obligaciones financieras y de deuda. No es necesario definir qué debe entenderse por deudas de corto, mediano y largo plazo, pues dependerá del tipo de instrumento por el que se contrate la deuda pública.

El hecho de que los proyectos de inversión pública productiva se utilicen en zonas de mayor marginación del estado y municipio, con base en la categorización de marginación emitida por el Consejo Nacional de Población, no viola la autonomía municipal, máxime que la actividad de ese organismo no se dirige a establecer de forma exclusiva los casos en que procede el endeudamiento, sino a establecer criterios demográficos generales, para ubicar la población que requiere de mayor protección del Estado. En este sentido, el legislativo fija un condicionamiento esencial de procedencia –cubriendo el marco de la CPEUM y con libertad de configuración a partir de ello- que debe observarse por los municipios, pero no crea una autoridad intermedia.

Víctor Manuel Collí Ek. Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche y responsable del proyecto de investigación: “La vigencia de la Constitución en la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional” 154998, CONACYT-SEP, del cual el presente estudio es un producto.


1 Contradicción de tesis467/2012. Ponente Min. Margarita Luna Ramos. Sesionada los días 29 de mayo y 2 de junio. Mayoría de 7 votos. Se analizaron los alcances del artículo 100 de la CPEUM y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

2 Contradicción de tesis 111/2013. Ponente, Min. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Sesionada el 3 y5 de junio. Mayoría de ocho votos. Se analizaba entre otras cosas, la Ley de Amparo y el Principio pro persona del artículo 1º de la CPEUM.

3 Controversia Constitucional 57/2013. Ponente Min. José Fernando Franco González Salas. Sesionada el día 9 de junio. Se analizaba la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro y los artículos 115 y 117 de la CPEUM. Primera votación, mayoría de ocho votos. Segunda votación, unanimidad de 9 votos.

Leer completo

Entre la publicación de las reformas constitucionales de 2011 y la publicación de la nueva ley de amparo, pasaron 2 años. El concepto de interés legítimo es abierto e indeterminado que requiere de la labor jurisdiccional para su delimitación y contenido. Para ello, se requiere flexibilidad con la finalidad de permitir la protección y garantía de los derechos humanos, de acuerdo con el nuevo paradigma constitucional. Así, toca al juez constitucional irlo definiendo caso por caso.

La semana pasada, el Pleno debatió una contradicción de tesis (CT 111/2013) pues se encontraron discrepancias entre la primera y segunda salas de la Corte en sus resoluciones acerca del concepto y los alcances del interés legítimo para la procedencia del juicio de amparo, adoptando cada una soluciones distintas y contradictorias:

…al resolver el amparo en revisión 366/2012, la Primera Sala de este Alto Tribunal definió al interés legítimo como un interés personal –ya sea individual o colectivo–, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, mismo que podría traducirse en un beneficio al quejoso en caso de que se le concediera el amparo. Así, dicho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo y deberá referirse a una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio –económica, profesional, de salud pública, o de cualquier índole–. Por su parte, la Segunda Sala, al resolver los amparos en revisión 553/2012, 684/2012 y 29/2013 –en los cuales la argumentación sobre el tema es idéntica–, sostuvo que el interés legítimo lo tutelan normas que no generan derechos subjetivos sino que establecen intereses difusos. En consecuencia, para que el quejoso tenga interés legítimo deberá acreditar: (i) la presencia de una norma que establece o tutela algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada; (ii) afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama; y (iii) la pertenencia del quejoso a dicha colectividad.

Es decir, mientras la primera Sala indentifica el interés legítimo con un interés amplio fundamentado en un derecho objetivo que puede ser tanto individual como colectivo, la segunda Sala lo identifica, siempre, como un interés difuso o colectivo, desterrando con ello la posibilidad de acreditar un interés no jurídico individual.

La mayoría de los ministros determinó la existencia de la contradicción, aunque algunos de éstos (Luna y Pérez fundamentalmente) aceptaron el planteamiento solo porque consideraron muy relevante la determinación de un criterio unívoco para el resto de juzgadores sobre este concepto indeterminado.

Así, al debatir el fondo, la ministra Luna[1] defendió su postura como parte de la segunda sala[2], argumentando que “…las normas que no generan derechos subjetivos, son precisamente aquellas que se refieren a los intereses difusos y que están encaminadas a producir ciertos resultados en la sociedad o en algunos grupos que la integran, y que como ella, carecen de personalidad, es decir, regulan a un grupo de personas, no a una persona en sí determinada [...] tutelan intereses colectivos, pero no le otorgan derechos subjetivos…”

batallaDe manera que, para la segunda Sala, el interés legítimo tendría los siguientes requisitos: “que esté en una ley, que no tenga la capacidad de generar derechos subjetivos y que se refiera a la esfera jurídica del particular como individuo, es decir, no supone una afectación directa a su estatus jurídico, sino a una afectación indirecta.” Además, su criterio se sustenta en los efectos particulares del amparo, pues se aclara que el interés legítimo al ser indirecto y no un derecho subjetivo, se basa en un interés difuso. Sin embargo, el principio de relatividad de la sentencia sigue operando, por lo que no puede hablarse de una especie de acción colectiva, sino que sigue siendo, individual.

El proyecto debatido se fundamentó en el entendimiento de la primera Sala, la que no restringe el concepto al interés difuso o colectivo, sino que prevé la posibilidad de que se finque en un interés particular. Así, el proyecto explica lo siguiente: “…la posición especial en el ordenamiento jurídico, también puede referirse a una persona en particular. Esto es, si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible.”

Lo anterior, con base en la redacción expresa de la fracción I del artículo 107 constitucional[3] que expresamente establece que el interés legítimo podrá ser “individual o colectivo” y a que

…la existencia de intereses difusos y colectivos por una parte, y del interés legítimo por otra, responde a dos supuestos distintos: en el primer caso, el interés se refiere al número de personas que tienen el mismo, mientras que el segundo término se refiere al nivel de intromisión o afectación en la esfera jurídica del gobernado… [De tal forma que] … no resulta jurídicamente factible equiparar el interés legítimo con el diverso colectivo o difuso, pues tal circunstancia no resultaría armónica con la naturaleza del juicio de amparo ni con el principio pro persona, ya que ello significaría restringir de forma excesiva el acceso al mismo, al impedir que ciertas personas que posean un interés individual y diferenciable pero que no derive de la titularidad de un derecho subjetivo, puedan acceder al juicio de amparo…

El proyecto propone delinear el interés legítimo conforme a las siguientes notas (aunque se hace énfasis en que no se pretende ofrecer un concepto acabado ni cerrado de interés legítimo):

a) Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso.

b) El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante.

c) Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple. Es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos.

d) La concesión del amparo, se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse.

e) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad.

f) Así, el quejoso tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio.

g) La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial.

h) Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible.

i) Debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica.

j) Finalmente, el interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas.

La votación del proyecto defendido por el ministro Zaldívar, quedó con ocho votos a favor y uno en contra de la ministra Luna (los ministros Pardo y Gutérrez, estuvieron ausentes).

Aunque la diferencia entre los criterios podría parecer menor, no lo es, pues el concepto de interés legítimo es el “boleto de entrada” al juicio de amparo, de manera que una interpretación amplia, como la que construyó la primera Sala –criterio que prevaleció en esta contradicción- permite mayor acceso para solicitar la protección y garantía de los derechos humanos. Equiparar de forma estricta el interés legítimo con el interés difuso como lo propone la ministra Luna, cierra la puerta a casos en donde la categoría no cumpla con dicho requisito, ello sería contrario al principio pro persona, pues negaría prima facie la posibilidad de solicitar un amparo en esos casos límite que ni el legislador ni el juez pueden prever.

El planteamiento realizado por el ministro Cossío[4], apoyado por el ministro Franco, resulta de especial relevancia y es, desde mi punto de vista, algo sobre lo que la academia, y los propios jueces, deberán avanzar: la delimitación de lo que se entiende por derecho para la definición del tipo de interés. ¿Cuál es la diferencia entre el derecho que fundamenta el interés jurídico y el derecho que fundamenta al legítimo? ¿Y cuáles son las notas distintivas de ambos intereses? ¿Es desafortunada la diferencia que hace el Poder Revisor en la fracción I del 107?

Geraldina Gónzalez de la Vega. Constitucionalista y ensayista. Actualmente realiza estudios de postgrado en Alemania. Twitter: @geraldinasplace

_______________________

[1] Vale la pena leer su intervención en las páginas 7 a 27 de la versión taquigráfica: La ministra realizó una exposición amplia e interesante sobre su postura respecto del interés en el juicio de amparo, así como del principio de relatividad de las sentencias, habrá que estar antentos a su voto particular.
[2] Tanto el ministro Pérez, como el ministro Aguilar si bien sostuvieron el criterio de la segunda Sala, aclararon que no se trataba de un concepto acabado y acogieron el proyecto por considerar que lo amplía en beneficio de las personas. Los ministros Valls y Franco no compartían el criterio mayoritario de la segunda Sala, por lo que estuvieron de acuerdo con el proyecto. El ministro Franco fue quién denunció la contradicción.
[3] Texto de la fracción I del artículo 107 constitucional: “El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.”

[4] Vale la pena leer la intervención del ministro Cossío y habrá que estar atentos a su voto concurrente anunciado (página 46 en adelante de la versión taquigráfica).

Leer completo

El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos fundamentales en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Suprema Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos. En esta edición se presentan los asuntos conocidos en abril de 2014.

1. Independencia Judicial y Autonomía Municipal

En el Municipio de San Pedro Garza García estableció un sistema de justicia municipal administrativa, con el que Nuevo León pretendía cumplir con una obligación constitucional devenida de 1999. Básicamente la reforma indicaba que los municipios de esa entidad federativa tenían la facultad de crear organismos para la solución de controversias entre los particulares y la administración pública municipal, en el entendido de que, en caso de que decidan no crearlos, el competente para conocer de estos asuntos, debía ser el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. En ese sentido, se solicitaba el análisis del diseño de justicia implementado y la potencial violación: del principio de independencia, propia de un tribunal, y la autonomía municipal. Dentro de los aspectos analizados, se encontraron los siguientes.
1) Falta de certeza en el proceso de designación de los magistrados, porque ni se establecen los principios de publicidad y transparencia exigidos a través de la participación ciudadana y vecinal, ni se prevé la existencia de una convocatoria pública o de un concurso de aptitudes para el proceso de selección y nombramiento. Sobre esto, la Corte resolvería que sí existe esta certeza, pues se diseñó un proceso complejo de designación de magistrados, en donde intervienen el Presidente Municipal, se exige la aprobación de dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento y las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado. A su vez, se establecen otras garantías de independencia judicial, tales como: la garantía de no reducción del salario de los magistrados; las incompatibilidades del cargo; un período para el ejercicio del cargo, que excede el del Ayuntamiento.
2) La ley coloca a los magistrados como inferiores jerárquicos dependientes del Ayuntamiento, pues éste tiene libre decisión en cuanto a la creación y determinación del órgano, su composición e integración, la determinación de su estructura jurídico-administrativa, su presupuesto y el otorgamiento de licencias a los magistrados. A esto, la Corte decidiría que son cuestiones inherentes al hecho de que se trata de órganos insertos en la estructura municipal, en donde la ley provee los lineamientos bajo los cuales esas facultades deben ejercerse y se establecen suficientes mecanismos para que los órganos tengan garantizada su independencia.
3) La creación de los tribunales administrativos municipales como órganos descentralizados de la administración municipal, se presumiría contraria a la independencia judicial. Se estableció, por un lado, que existe libertad de configuración o diseño, al igual que, se entiende que la descentralización no atenta contra la independencia judicial, porque evita la dependencia jerárquica. Además se debe entender que las reglas propias de la descentralización, serán aplicables siempre que no atenten con la especialidad del órgano jurisdiccional creado y con su independencia.
4) La remuneración de los magistrados se encuentra sujeta a la discreción del Presidente Municipal y del Ayuntamiento, quienes la deciden anualmente. Esta facultad debe entenderse como debidamente acotada, en tanto que los magistrados recibirán un emolumento que no excederá las dos terceras partes de lo que percibe el Presidente Municipal, pero no podrá ser disminuido durante su encargo.
5) La legislación impugnada no garantiza la permanencia ni estabilidad en el cargo de magistrado, especialmente se delineaban dos motivos: primero, una de las causas de terminación del cargo de magistrado, residía en el nombramiento de otra persona en su lugar; segundo, el Ayuntamiento podía decidir cuándo crear y desaparecer el tribunal. El establecimiento de la designación de otro magistrado como causa de terminación de nombramiento, sin que exista una causa objetiva en la ley, más allá del acto simple de designación en sustitución, efectivamente atenta contra el principio de autonomía, pues deja esta decisión sin referencia objetiva, en manos del Ayuntamiento y del Congreso. A su vez, la decisión de creación y desaparición, puede en términos prácticos concebirse como una causa de remoción de los magistrados sin causa justificada, consecuentemente atentatoria a la independencia, pero si se entiende que la facultad es fundada y motivada, lo cual podría ser viable (por razones de presupuesto, falta de asuntos, el hecho de que no sea costeable, etc.) entonces sí tiene una justificación no lesiva de la independencia judicial.
6) La intervención del Congreso en la designación de los magistrados, atentaría contra la autonomía municipal, el Congreso debe ratificar por las dos terceras partes de sus integrantes. Esto se podría entender como una garantía adicional y acorde con el principio de libertad de configuración de las entidades federativas.
7) No se establece a la autoridad que determine las causas de responsabilidad de los magistrados, lo cual de una lectura al sistema jurídico-constitucional del Estado de Nuevo León, se podría afirmar con la ministra Luna Ramos: “también considero que desde un punto de vista de interpretación legal, si quienes tienen la facultad de nombrar lo que son, a propuesta del Presidente Municipal, el Congreso del Estado, en mi opinión, el Congreso del Estado también puede asumir con mayoría de razón ser el encargado de tramitar y resolver estos procedimientos de responsabilidades”. Se reconoce en consecuencia la laguna y la Corte da un plazo al Congreso para legislar sobre ello –dentro del próximo periodo ordinario-.

* Controversia Constitucional 79/2013. Discutida el día 1 de abril de 2014. Ponente ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Se analizaban diversos aspectos de la Ley de justicia alternativa para el Estado y municipios de Nuevo León. El artículo 17 y 115 de la CPEUM. Mayoría de 10 votos. Antecedente en la Controversia Constitucional 61/2010, resuelta el 14 de junio de 2012.

2. Derechos Laborales-Libertad de configuración

ministos votación abril 2014¿Cuál es el marco constitucional de las relaciones laborales de los trabajadores de la Comisiones Estatales de Derechos Humanos? Una ley emitida por el Congreso del Estado de Hidalgo, determinó que era el apartado A del 123 de la Constitución. El apartado A comúnmente se entiende aplicable a la relación capital-trabajo o sea al ámbito de las empresas particulares, mientras que el B regula la remuneración y responsabilidades de los servidores públicos dentro de los poderes del Estado, esto quiere decir la burocracia. En ese entendido, los trabajadores de los poderes públicos en los Estados se rigen por una ley emitida en los Congresos estatales, pero teniendo como referencia el apartado B. Una pregunta clave, en este sentido, fue: ¿debía suceder lo mismo en el caso de una Comisión estatal de derechos humanos?
Para responder, la Corte recurriría a la categoría de “Autónoma” de la CEDH, determinada desde la Constitución mexicana, esto es, no se encuentra inmersa en los poderes locales, por lo que no tendría que abordar el tema de la misma. La Corte definiría que la ley estatal era adecuada, las entidades federativas tendrían libertad de configuración y margen de apreciación para “la experimentación democrática”. En resumen, los estados pueden decidir, para este caso, cualquiera de los dos apartados del 123 constitucional (A o B) y determinar la legislación aplicable.

* Acción de Inconstitucionalidad 1/2012. Ponente ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Artículo 123 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Artículos 116-VI, 124, 123 de la CPEUM. Discutida el jueves 3 de abril de 2014. Siete votos.

3. Derechos Humanos a las Personas Morales

En este asunto, a partir de un problema de tipo fiscal, personas morales estaban solicitando que se les reconocieran derechos humanos. En ese sentido, se trataba de responder a la pregunta ¿las personas morales pueden gozar de estos derechos? La Corte resolvería que sí, a partir de determinados supuestos. Primero, el orden jurídico mexicano reconoce la existencia de personas morales, que tienen personalidad jurídica y son sujetos de derechos y obligaciones.
En un análisis del 1º constitucional, al afirmarse que todos los mexicanos gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados, se incluye a las personas morales. Igualmente, se reconoce que les es aplicable el principio pro persona. Un punto fundamental, se reconocen los derechos humanos para las personas morales, pero con el presupuesto de que éstos sean los consecuentes a su naturaleza y fines.

* Contradicción de tesis 360/2013. Ponencia ministra Margarita Luna Ramos. Discutida el día 21 de abril de 2014. Relacionada con la contradicción de tesis 56/2011. Unanimidad de 11 votos.

4. Principio de Progresividad de los Derechos Humanos

Debía determinarse cuál era la norma aplicable para fijar el plazo de promoción de un juicio de amparo directo, en el que se impugna una sentencia definitiva privativa de libertad personal, dictada en anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, esto es, antes del 3 de abril de 2013. En este sentido, las normas jurídicas potencialmente aplicables eran: las relativas a la Ley de Amparo derogada –que no requería un plazo-, o las de la nueva Ley -en específico el plazo de ocho años previsto en la fracción II del artículo 17-. Se determinaría que la norma aplicable es la nueva. Ahora bien, decidido esto, se tenía que analizar si la interposición de un plazo, cuando en la ley anterior no exigía alguno, no resultaba lesivo de derechos humanos, y era conforme con el principio de progresividad de los mismos.
Para determinar esto último, se propuso la realización de un “test de proporcionalidad”, para definir el fin constitucionalmente válido, la necesidad y proporcionalidad de la medida. Lo primero que debía considerarse, es la existencia de una interdependencia entre el derecho de acceso a la justicia, los derechos a la reparación del daño, el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas. En el test debía considerarse esta interdependencia.
Primer punto, uno de los fines principales del plazo, es el de brindar seguridad jurídica a las víctimas del delito. En especial, el derecho a la reparación del daño. De acuerdo con la ley anterior, la falta de término era lesiva, al existir una indefinición sobre el disfrute de los derechos derivados de la reparación, al igual que afectaba prerrogativas a la verdad y la justicia. En ese sentido, la limitación del plazo tiene una finalidad constitucionalmente legítima. Por otro lado, la restricción del plazo es razonable, permite preparar la defensa y dejar un equilibrio entre el derecho de los sentenciados y los de la víctima.
La proporcionalidad de la medida se determina atendiendo a la existencia del plazo razonable de 8 años, un plazo mayor a los que permiten controvertir otro tipo de sentencias y actos. Sobre la progresividad se afirmó, que es importante contar con un plazo, lo cual es compatible con el derecho de acceso a la justicia. La previsión del plazo de ocho años no implica una medida legislativa regresiva, no es un obstáculo desproporcionado, porque permite contar con un tiempo adecuado para ejercitar este derecho y tutelar la libertad deambulatoria.

* Contradicción de Tesis 366/2013. Ponente ministra Olga Sánchez Cordero. Discutida los días 28 y 29 de abril de 2014. 8 votos. Se analizaban artículos transitorios de la Nueva Ley de Amparo y el 17 de CPEUM.

Víctor Manuel Collí Ek. Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche y responsable del proyecto de investigación: “La vigencia de la Constitución en la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional” 154998, CONACYT-SEP, del cual el presente estudio es un producto.

Leer completo

“ […] la primacía del orden jurídico internacional […] es compatible con el hecho de que la Constitución de un Estado contenga una disposición según la cual el derecho internacional general debe valer como parte integrante del orden jurídico estatal.”

Hans Kelsen en “La teoría pura del derecho”

Le roi est mort, vive le roi, decían en las monarquías europeas en los momentos en que un monarca muere y otro se unge. En la discusión de si, en caso de restricciones a los derechos, prevalecen las disposiciones constitucionales nativas, el debate se recondujo a una disputa acerca de las técnicas de decisión de un conflicto: o prevalece la regla decidida por el constituyente o se decide atendiendo al principio pro persona (lo que sea que eso signifique). Jerarquía o ponderación, fueron los referentes en la discusión entre los ministros y los groupies, en la feliz expresión de Rodrigo Díez. En tal contexto, aquello que en un inicio parecía ser la muerte de la jerarquía normativa (la pirámide, se dice) y el advenimiento de la ponderación, terminó por fortalecer a la primera. Como competencia bibliográfica, Kelsen le ganó a Alexy.[1]

Detrás de los referentes, se encuentra una discusión con una diversidad de matices y lecturas: avance/retroceso; progresista/conservador, etc. Pero, independientemente de las lecturas que se centran en la valoración de la decisión –en función de posturas, banderas, preferencias o cofradías académicas–, hay otro aspecto que me interesa destacar en esta colaboración: la configuración de las reglas y los roles institucionales para la decisión. La resolución de la Corte define roles institucionales, marcos del constituyente nacional (ahora también, por decisión del nacional, hay “constituyente” internacional), de la propia Corte, de los otros órganos estatales, así como los espacios institucionales o marcos normativos en los que se realiza la definición de lo que son los derechos humanos y de otros valores constitucionales. Para tal propósito, iniciaré por la forma en que el asunto llegó a la Corte.

Las contradicciones de tesis, la incertidumbre, los juegos rudos y la técnica de la ponderación

Una primera cuestión en la que hay que reparar es el mecanismo judicial del que provino la decisión: la contradicción de tesis 293/2011. El mecanismo es una pieza importante en un entramado jurisdiccional en el que la jurisprudencia es obligatoria para los tribunales del país. Al existir mandatos contradictorios, los obligados no solamente viven en la esquizofrenia, sino en riesgo de responsabilidad. Luego del Caso Radilla se desencadenó un interesante activismo judicial que se topó con decisiones de la Segunda Sala, seguida de posibles procedimientos de responsabilidad (las declaraciones de la ministra Luna aludiendo a la “traición a la Patria”, fueron el aderezo que fotografía los ánimos y los extremos de la discusión). Ante tal panorama, como destaca la profesora Magaloni en una colaboración en el periódico Reforma, la decisión (independientemente de su sentido) era necesaria para la certidumbre y la previsibilidad, tanto para los jueces como para otros operadores. La contradicción no era ya mera cuestión de “criterios”, sino de cuestiones más rudas como la responsabilidad.

kelsenAdemás de lo anterior, la resolución de contradicciones tiene un sentido constructivista de una interpretación “sistemática”: supone la posibilidad de construir judicialmente un sistema interpretativo coherente, en el cual sea posible purgar las contradicciones (en esta idea, Kelsen no tendría inconveniente en ser el autor de la música de fondo). Para tal propósito, la técnica mexicana lleva a plantearlas “en abstracto”, como si fuesen reglas y no decisiones sobre terrenales hechos.

Así, cuando una tesis de un caso “A” contradice a otra de un caso “B”, la tesis “triunfadora” (en abstracto, o sea, sin hechos) se convierte en regla para casos -con hechos- “C”, “D”, etc. Si se repara en el mecanismo, no resulta muy compatible con la técnica de ponderación cuya aplicación llevaría a que en un caso prevalezca “A” y en otro “B” y que ambas soluciones sean aceptables dependiendo del caso (de ahí el atractivo del particularismo). Si el problema se hubiese tratado solamente de “criterios”, la técnica de la ponderación tiene un cierto costo de incertidumbre, pues dependiendo del caso podría prevalecer uno u otro, atendiendo a las circunstancias.

Dependiendo del tipo de contradicción, los efectos son diversos: no es el mismo cuando se trata de la definición de la regla aplicable (como en este caso), o de distintas interpretaciones sobre lo que es un derecho o una restricción a su ejercicio.

La jerarquía o ponderación como roles institucionales para la decisión

La contradicción de tesis decidida por la Corte, determina la mecánica para aplicar reglas cuyos contenidos chocan (el “choque” tiene expresiones formales para un análisis más fino: si se trata de una antinomía o una restricción o un límite y si son lo mismo o son cuestiones diversas). La decisión de que en caso de conflicto, prevalezcan los límites establecidos en la Constitución, tiene el efecto práctico de desplazar a la fuente internacional. Tal desplazamiento, conlleva una reconfiguración de los roles: se fortalece el poder de decisión del “constituyente” (y lo que hay detrás: los grupos parlamentarios, las dirigencias, y la forma en que deciden -negociaciones, acuerdos coyunturales, pactos, quid pro quo, etc.) y, correlativamente, disminuye el riesgo de que sus decisiones constitucionales sean cuestionadas judicialmente. Por otra parte, la Corte y con ella, el resto de los jueces, se auto restringen en sus capacidades de desaplicación de normas constitucionales nacionales (y con esto solamente me refiero a la mecánica de creación y aplicación de normas, sin adelantar juicios sobre los derechos humanos).

Antes de la decisión, por ejemplo, la Corte había desaplicado el artículo 21 constitucional que posibilitaba la sanción de trabajos en favor de la comunidad por autoridad administrativa. Si tal caso se hubiese presentado ahora, las reglas de decisión cambian, y, en principio, (según se interprete como antinomía, límite, restricción) debería aceptarse el trabajo comunitario por autoridad administrativa.

En tanto roles, la Corte da un paso atrás en el rango de sus alcances de control, se auto restringió.

Por otro lado, el constituyente (léase, los políticos) consolidan la firmeza en las decisiones constitucionales. En una lectura contextual, si se comparte, como lo dice María Amparo Casar, que en estos tiempos se gobierna a punta de reforma constitucional, la autorrestricción jurisdiccional abre también una interesante línea de reflexión sobre los efectos de la resolución como incentivo para seguirla empleando. Otra faceta es que con la decisión carece de sentido la iniciativa de reforma constitucional presentada por el diputado Arroyo Vieyra, lo cual no es una mala noticia.

Ahora, que la decisión de la Suprema sea más o menos favorable a los derechos humanos, tiene sus asegunes. Primero, supone que los jueces son más proclives a ellos, lo cual es relativo. La experiencia dice que que hay casos en que la Corte –incluidos los ministros “conservadores”, que para el caso fueron “progresistas”- han desaplicado el artículo 21 constitucional haciendo prevalecer un tratado (yendo más allá de sus precedentes, incluida la improcedencia del amparo contra reforma constitucional). ¿Que ésta haya sido una sentencia pro persona o progresista?, al menos, quien esto escribe, lo duda seriamente.

En lo que tienen razón los críticos (p.e., Geraldina González de la Vega) es que la decisión de la Corte disminuye las posibilidades de la ponderación como técnica y, por tanto, los márgenes interpretativos que tendrían los jueces para sopesar, no solamente la mayor protección a la persona, sino la menor restricción a un derecho (Karlos Kastilla dixit)[2], así como el peso, en la decisión de otros bienes constitucionalmente protegidos.[3] Así pues, si se llegaran a discutir cuestiones como las del arraigo, la postulación de ministros de culto para cargos de elección o su libertad de expresión en asuntos electorales, es más probable que la discusión se cierre con un argumento del tipo “porque así lo dice la Constitución”, que examinando las razones de interés general, de política criminal, o de protección de otros derechos, por las cuales se justifiquen los límites.

Que se sobresea o se entre al fondo del asunto, hace la diferencia.

Sobre la vinculatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana ¿Menos diálogo y más monólogo entre jurisdicciones?  ¿Hacia menos copipasteo y más ratio decidendi?

El primer problema es el significado de “vinculatoriedad” pues en la decisión del pleno se destacó que el ponente no la identificaba con “obligatoriedad”. Así pues, la siguiente cuestión a la que nos lleva la decisión, es el análisis de las repercusiones en la forma de decidir. Según el encabezado de la tesis aprobada, la vinculatoriedad se dirige a los jueces. De lo anterior se derivan dos cuestiones: la forma en que los jueces la incorporarán en sus decisiones y las consecuencias de hacerlo o no y cómo.

Si es vinculatoria, pero no obligatoria, los efectos pueden ser diferenciados (quizás) según se trate de la decisión o de la responsabilidad del juez. Es decir, tener consecuencias para la validez o corrección de la decisión, pero no para destituirlos del cargo.

La jurisprudencia mexicana y la interamericana son “productos distintos”. La primera se lee como enunciados abstractos que se agrupan en el IUS; la interamericana, son sentencias que tienen la narrativa de una historia y construyen la solución jurídica al caso. En las primeras hay abstracción, en las segundas hay concreción y particularidad. Ante productos distintos debería seguir lecturas distintas.

En efecto, como lo dice Carbonell, hay que leer más jurisprudencia interamericana, pero lo más interesante es elegir y construir la regla aplicable al caso. Los artículos de Karlos Castilla han destacado las vacilaciones que la propia CoIDH ha tenido en la autoproclamación de la vinculatoriedad de sus decisiones y los cambios y conflictos que tiene la propia jurisprudencia interamericana. Hay incluso resoluciones contradictorias, por ejemplo, en candidaturas independientes en el caso Castañeda se apoya más en el margen de apreciación nacional, para negarle el derecho; en cambio, en Yatama reconoce directamente el derecho a postularlos.

La vinculatoriedad, más no obligatoriedad, podría conducir a una muy interesante evolución del pensamiento judicial si se asume en su peso estimativo (más que como argumento de autoridad), y por tanto, se “dialogue” con la ratio decidendi y, a la vez, sea creativo para considerar los “márgenes de apreciación nacional”. La relación entre las decisiones de la Corte interamericana y las cuestiones nacionales es de la mayor seriedad y ha sido abordado, entre otros, por Jorge Contesse. Si bien, la jurisprudencia de la CoIDH contribuye a crear un corpus común, la consideración de las condiciones, cultura y otras peculiaridades nacionales, es lo que posibilita tal diálogo.

Una de las cuestiones a observar, es la asimilación de la vinculatoriedad dados ciertos “hábitos judiciales”. La lectura de las sentencias mexicanas muestra un gremio judicial inclinado a aplicar la jurisprudencia como si se tratase de reglas abstractas -más que de piezas jurídicas en las que encuentren razones para la decisión- y frecuentemente inclinado a la técnica del “copiar y pegar”, más que a sofisticar los razonamientos.

La definición de los derechos humanos o más allá de los jueces

El desplazamiento de la decisión creo tiene tambén otro efecto: replantear a quiénes miramos, demandamos, exigimos o ante quiénes actuamos. Que sean los jueces o el constituyente quien ponga los límites a los derechos, lleva a una discusión académica y política interesante sobre los poderes, la función democrática de los congresos y los límites del control por los jueces.

Pero, por otra parte, y esto es de lo mas relevante, cómo se conduce la acción social hacia el fin último de los derechos o de los buenos diseños institucionales: el de la sociedad desable. Los jueces son garantes de los derechos, pero no lo son menos los congresos o las administraciones. Si los órganos políticos establecen los límites (y la configuración) de los derechos, se requieren acciones hacia ellos, desde a quiénes elegimos, cómo se desarrolla el proceso legislativo, cuáles son los estándares para hacer viables los derechos, la proporcionalidad de las restricciones, la eficacia de las políticas públicas, los presupuestos, etc. En la sede legislativa, “la decisión de las mayorías”, la cuestión está en “la calidad democrática” como lo acentúan Alterio y Niembro.

La decisión de la Corte es también una invitación a la acción política.

José Roldán Xopa. Profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C.


[1] La alusión a las bibliografías viene a cuento por la referencia hecha por Pedro Salazar quien relaciona lo dicho por la ministra Luna Ramos con Kelsen. Por otra parte, la influencia de Alexy en las técnicas de ponderación empleadas incluso por la Corte mexicana es innegable. En mi opinión, y como muestra la cita hecha al inicio, el tratamiento que Kelsen hace del problema es mucho más rica y compleja.

[2] El principio propersona como se ha abordado en México, metodológicamente destaca “la mayor protección”, pero no integró, como lo enfatiza Karlos Castilla, “la menor restricción”

[3] La cuestión de “otros bienes constitucionalmente protegidos” es destacada por Moreso en el libro referido, como algo de lo que “Ferrajoli no se ocupa”. (p. 328)

Leer completo

door2El debate de la contradicción de tesis 293/2011 en la Suprema Corte ha sido ampliamente comentado en este blog. Como se sabe, en ese asunto se concluyó que los derechos humanos de fuente internacional tienen rango constitucional pero, en caso, de que éstos se enfrenten a una restricción expresa de la Constitución, ésta debe aplicarse. Además, se determinó que toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluida aquélla emanada de casos en los cuales el Estado mexicano no fuese parte, es obligatoria en el orden jurídico mexicano siempre que resulte más favorable para las personas.

Con estas premisas, en las sesiones del pasado 5 y 9 de septiembre de 2013, la Corte discutió otro tema de gran relevancia al resolver la contradicción de tesis 21/2011-PL. Aunque este asunto siguió la línea argumentativa de la contradicción previa, su problemática presentó particularidades propias de notable complejidad técnica y con un impacto inmediato en la práctica del juicio de amparo. En este caso, se discutió la repercusión de la nueva condición jurídica de los derechos humanos de fuente internacional en el ejercicio de una de las principales competencias de la Suprema Corte: el amparo directo en revisión.

En concreto, el punto a resolver en esta contradicción ―en la que fueron las dos Salas de la propia Corte los órganos jurisdiccionales en colisión― fue el siguiente: si el problema de compatibilidad entre una ley y un tratado internacional es una “cuestión de constitucionalidad” o una “cuestión de legalidad” a efecto de decidir la procedencia de un amparo directo en revisión. La primera sala sustentó la tesis de que ese problema resultaba en una cuestión de constitucionalidad y, por tanto, la revisión era procedente. Por el contrario, la segunda sala consideró que ese problema era una cuestión de mera legalidad y, por ello, no era posible admitir su revisión. Desde que emitieron sus respectivos criterios, ambas salas los venían aplicando en los asuntos de sus respectivas competencias, con lo cual las líneas jurisprudenciales que fueron desarrollándose, marcaron una riesgosa incertidumbre para las personas que decidieron proponer ante la Corte la revisión de sus correspondientes sentencias de amparo directo.

Vale la pena destacar la importancia del recurso de revisión para la defensa de los derechos de las personas. Se trata de la única competencia prescriptiva para la Suprema Corte a efecto de que analice los agravios planteados por aquellas personas que consideran que fueron afectados por la sentencia de amparo emitida por un Tribunal Colegiado de Circuito. Que esa competencia sea “prescriptiva” significa que es la única vía para “obligar” a la Corte a revisar una sentencia de amparo en una segunda instancia. De esta manera, en principio, si se cumplen los requisitos señalados en la Constitución y en la ley de amparo, la Corte no puede rehusar emitir una resolución de fondo. El elemento estadístico también es revelador de la relevancia de este recurso de revisión ante la Corte. Si acudimos al informe de labores de su presidente en el último año judicial (2012), veremos que de un total de 6,002 asuntos resueltos, 1,100 correspondieron a amparos directos en revisión. Así, la suerte de este asunto se traducía en la definición de un estándar elemental a partir del cual la Corte, de ahora en adelante, debe analizar las pretensiones jurídicas que soliciten la revisión de sentencias de los Tribunales Colegiados, en materia de derechos humanos.

La Corte, entonces, con base en lo decidido en la contradicción de tesis 293/2011, resolvió que un problema de compatibilidad entre un tratado internacional y una ley es una “cuestión de constitucionalidad” si está en juego determinar el alcance de un derecho humano. Esta decisión precisó de una acotación: si ese problema de fuentes no involucra la aplicación de un derecho humano, entonces debe considerarse que el problema permanece en la condición de “cuestión de legalidad”, terreno en el cual las sentencias de los Tribunales Colegiados son definitivas e inatacables.

El artículo 103 constitucional, modificado con la reforma del 6 de junio de 2011, expresamente estableció que el amparo procede contra normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen “los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por (la) Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte” (fracción I). Sin embargo, en cuanto al recurso de revisión, el artículo 107 sigue expresando que la materia del recurso “se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras” (fracción IX).

La Corte interpretó que ahí donde el artículo 107 señala que en la revisión deben tratarse cuestiones “propiamente constitucionales”, debe leerse en el sentido de que abarca las “cuestiones propiamente convencionales de derechos humanos”. Es decir, ahora este precepto debe leerse en el sentido de que procede la revisión contra sentencias de amparo que resuelvan sobre la convencionalidad de normas generales, o establezcan la interpretación directa del precepto de un tratado de derechos humanos, u omitan hacerlo, habiéndose planteado en la demanda. A ello debe añadirse que la cuestión planteada debe revestir un criterio de importancia y trascendencia (por ejemplo, si no existe jurisprudencia de la Corte aplicable al tema de que se trata). Así, se formaliza la interpretación del Pleno en el sentido de que para la Corte no es indiferente lo resuelto por los Tribunales Colegiados respecto a la interpretación de derechos humanos de fuente internacional en un juicio de amparo directo. Algo no menor para impulsar la agenda de derechos fundamentales en el país.

>Alfonso Herrera García. Profesor de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Es coordinador de la obra, junto con Eduardo Ferrer: Diálogo jurisprudencial en derechos humanos entre tribunales constitucionales y cortes internacionales, Tirant Lo Blanch, Valencia (en prensa). Twitter: @jAlfonsoHerrera

Leer completo