La debacle fiscal mexicana no se solucionará simplemente aumentando los impuestos. Los bajos niveles de recaudación en el país son en buena medida producto de un sistema legal que ha sido incapaz de crear reglas justas para sus gobernados y que con sobrada razón ha merecido la desconfianza ciudadana. Por ello, hay una omisión fundamental en la reforma hacendaria que propone el gobierno federal. En ella se pasa por alto que garantizar la igualdad de los contribuyentes ante la ley es tan importante para cualquier democracia consolidada como hacerse de los recursos mismos. Esto obliga al equipo del presidente Peña Nieto a repensar el alcance dado hasta ahora ―para bien o para mal, desde la Constitución misma― a los medios de defensa de los ciudadanos.

reforma-hacendariaComo es bien sabido, desde que en México se creó el juicio de amparo, las sentencias dictadas en este procedimiento habían tenido efectos únicamente para las partes en el litigio. De acuerdo con la conocida “fórmula Otero”, una ley considerada inconstitucional lo era sólo para quien lo hubiera alegado ante un tribunal federal pero no así para los demás individuos que se encontraran en el mismo supuesto legal. Así, no era inusual enterarse de algún “suertudo” que estaba amparado contra la tenencia vehicular o contra la Ley del Impuesto sobre la Renta y, por ende, quedaba eximido de estas obligaciones, mientras que el resto de la ciudadanía continuaba sujeto a una legislación de dudosa constitucionalidad. Incluso existiendo jurisprudencia sobre la inconstitucionalidad de una ley, había que promover un amparo para evitar su aplicación.[1] Esta situación generó un incentivo pernicioso a las autoridades mexicanas para violar derechos durante más de siglo y medio. El probable número de amparos contra determinada política pública entraba en el cálculo del legislador para tomar una decisión. Al ciudadano respetuoso de la ley se le trataba como incauto.

A pesar del gran despliegue mediático que han tenido, las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y amparo no modificaron realmente esta situación. Si bien ahora el Pleno de la Suprema Corte puede declarar con efectos generales la inconstitucionalidad de una ley como consecuencia de los amparos promovidos por ciudadanos en lo individual, siempre que se cumpla con el obsoleto requisito de contar con cinco sentencias ininterrumpidas en el mismo sentido y con el casi imposible voto de ocho de los once ministros, la declaratoria general de inconstitucionalidad no procede contra leyes tributarias.[2] Esto contrasta sobremanera con la forma en que las democracias consolidadas abordan cualquier legislación que vulnere derechos fundamentales.

En mayo pasado, por ejemplo, el Tribunal Constitucional de Alemania declaró incompatible con la Constitución de aquel país la ley que excluye a las uniones entre parejas del mismo sexo de los beneficios fiscales otorgados a los matrimonios heterosexuales. Al resolver una serie de quejas iniciadas por ciudadanos afectados, los jueces alemanes consideraron que dicha ley violaba el derecho constitucional de igualdad. Según el fallo, al no poder unir los ingresos de cada cónyuge para determinar una base gravable promedio por hogar, una pareja homosexual terminaba pagando más impuestos que una heterosexual que ganara exactamente lo mismo. Por ello, el tribunal ordenó al parlamento federal elaborar nuevas reglas tributarias que eliminasen ese tipo de discriminación.

Otro ejemplo más sonado: hace un par de meses la Corte Suprema de los Estados Unidos invalidó la controvertida “Ley para defender el matrimonio” (DOMA, por sus siglas en inglés). En tanto que definía la institución marital como enlace entre mujer y hombre, dicha ley impedía a los matrimonios homosexuales obtener, entre otros beneficios, exenciones fiscales federales. El juicio original fue iniciado por una mujer que fue obligada a pagar impuestos por heredar una finca al morir su esposa; obligación que no se hubiera generado si su cónyuge hubiese sido varón. La Corte consideró que la DOMA violaba la igualdad protegida por la Constitución y, por tanto, la hizo inaplicable para todas las autoridades administrativas y judiciales estadounidenses.

El derecho solamente podrá encauzar conductas si existe la certeza de que a una misma acción le seguirá irremediablemente la misma consecuencia jurídica independientemente del destinatario de la norma. Por ello, en sistemas donde los jueces tienen la responsabilidad de controlar que las leyes no violen los derechos de la ciudadanía, también debe garantizarse que las resoluciones judiciales sean uniformes. Justamente, una importantísima implicación práctica de estas decisiones del tribunal alemán y de la corte estadounidense es que la legislación invalidada ya no podrá aplicarse a persona alguna nunca más. Que su naturaleza sea tributaria o no tributaria es completamente irrelevante.

En nuestro país, en cambio, los encargados de “modernizar” el amparo tuvieron temor del “impacto negativo en las finanzas públicas” (pág. 11) y excluyeron expresamente a las leyes fiscales del ya de por sí complicado procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad. Actuaron bajo el mismo razonamiento mezquino de siempre en el que pocas quejas legitiman una medida inconstitucional y dieron la oportunidad al Estado de seguir obteniendo recursos vulnerando derechos fundamentales. ¿Qué diferencia habría ―para seguir con los ejemplos aquí mencionados― entre discriminar por preferencia sexual en un Código Civil o hacerlo en el Código Fiscal? Las parejas homosexuales, igual que las heterosexuales, se casan principalmente para gozar de la protección de leyes; no para mostrar a todo mundo su acta de matrimonio. No solamente es hipócrita reconocer igualdad jurídica y luego no asumirla donde cuesta; es también contraproducente para el Estado de derecho.

El Estado mexicano debe hacer algo si quiere dejar de hacer pensar a sus ciudadanos que el derecho está allí para condonar adeudos a las grandes empresas o a los ayuntamientos irresponsables. Aunque el juicio de amparo siempre se ofrezca como solución, es también parte del problema. Cualquier reforma fiscal que lo deje fuera será simplemente una ilusión.

Alfredo Narváez Medécigo. Abogado, maestro en políticas públicas y candidato a doctor en derecho por la Universidad Humboldt de Berlín.


[2]Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 107, fracción II, párrafo 4.

Leer completo

Esta nota, como su título indica, ofrece al lector una descripción escueta de los aspectos fundamentales del sistema judicial más influyente y con mayor legitimidad en el mundo: el de los Estados Unidos de América

Organismos jurisdiccionales

Suprema Corte de Justicia (Supreme Court). Se integra por un presidente (chief justice) y por ocho ministros (associate justices). Son nombrados por el presidente de los Estados Unidos, con la aprobación del Senado, con carácter vitalicio (life tenure), aunque pueden ser expulsados por sentencia firme tras un proceso de destitución. Tienen tres jurisdicciones: tribunal de primera instancia (procesos que afecten a embajadores, cónsules y miembros del gabinete), tribunal de apelación (la mayor parte de su actividad, por disputas entre dos o más estados, entre ciudadanos de diferentes estados, etc.), y tribunal de revisión judicial (judicial review) en última instancia (mediante la que puede invalidar por inconstitucionales las leyes del Congreso federal y las de las asambleas legislativas de cada estado, y los actos del gobierno, los de la administración y los de los jueces).

Dos son las vías de acceso a la revisión judicial en la Corte Suprema: auto de avocación (writ of certiorati), en el que la Corte tiene la prerrogativa de conocer o no un asunto, y el recurso de apelación (appeal to the court), en el que la Corte debe hacer la revisión correspondiente. Adicionalmente, la Corte Suprema tiene facultad normativa (rulemaking power), que ocasionalmente le otorga el Congreso, sobre todo, para dictar las normas procesales (rules of procedure) que han de seguir los tribunales inferiores (lower courts).

Los actuales Justices son:

JOHN ROBERTS: nació en Nueva York el 27 de enero de 1955. Tras la muerte de William Rehnquist, el presidente Bush lo nominó como presidente de la Corte Suprema, nominación que fue confirmada por el Senado en 2005. Es Jefe de la Conferencia Judicial de los Estados Unidos y del Centro Judicial Federal.

ANTONIN SCALIA: nació el 11 de marzo de 1936 en Trenton, New Jersey. Es ministro desde 1986.

ANTHONY M. KENNEDY: nació en Sacramento, California, el 23 de julio de 1936. Es ministro desde 1988.

CLARENCE THOMAS: nació en Pinpoint Community, cerca de Savannah, Georgia, el 23 de junio de 1948. Es ministro desde 1991. El segundo ministro afroamericano en la historia de la Corte Suprema.

RUTH BADER GINSBURG: nació en Brooklyn, New York, el 15 de marzo de 1933. Es ministra desde 1993.

STEPHEN G. BREYER: nació el 15 de agosto de 1938, en San Francisco, California. Es ministro desde 1994.

SAMUEL ALITO: nació en Nueva Jersey el 1° de abril de 1950. Es ministro desde enero de 2006.

SONIA SOTOMAYOR: nació en Nueva York el 25 de junio de 1954. Es ministra desde agosto de 2009.

ELENA KAGAN: nació en Nueva York el 28 de abril de 1960. Es ministra desde agosto de 2010.

Entre los principales funcionarios adscritos a la Corte Suprema se encuentran: el Clerk, el Reporter of Decisions, el Librarian, y el Marshal.

  • Clerk: es responsable de todos los aspectos jurisdiccionales; es el vínculo entre los Justices y el mundo jurídico. Con excepción de los argumentos orales, todos los demás asuntos con la Corte son llevados a cabo por su conducto. Entre sus deberes se encuentran: la administración de expedientes; la calendarización de actividades; la propuesta a los ministros de los asuntos que se revisarán en la Corte Suprema; la recepción y registro de mociones y peticiones; la distribución de documentación a los ministros; la evaluación de costos; la preparación del orden del día; la elaboración de un boletín; la notificación a los tribunales inferiores de las decisiones de la Corte; brindar información y asesoría sobre las reglas y procedimientos de la Corte Suprema; administrar el funcionamiento del Electronic Case Filing, que es el sistema maestro que incluye la información sobre los expedientes y promociones. Adicionalmente, cada justice cuenta con el apoyo de cuatro law clerks.
  • Marshal: es responsable de supervisar las operaciones del edificio de la Corte Suprema, incluyendo espacio físico, contrataciones, mantenimiento, nómina y telecomunicaciones. También es responsable del protocolo, y acompaña a los ministros a cada evento formal que se lleva a cabo afuera de la Corte. Coordina asimismo la seguridad del edificio. Asiste a todas las sesiones del Pleno y anuncia la llegada de los ministros con esta fórmula:

    The Honorable, the Chief Justice and the Associate Justices of the Supreme Court of the United States. Oyez! Oyez! Oyez! All persons having business before the Honorable, the Supreme Court of the United States, are admonished to draw. Near and give their attention, for the Court in now sitting. God save the United States and this Honorable Court.

  • Librarian:es el responsable de proveer información e investigación de acuerdo a las necesidades de los ministros y sus equipos. Bajo el Librarian se encuentra el archivo con todas las decisiones adoptadas por el máximo tribunal, incluyendo las transcripciones de los argumentos orales.
  • Reporter of Decisions: es el responsable de la publicación de las decisiones de la Corte Suprema. Antes de publicar alguna sentencia, hacen una revisión exhaustiva de cada borrador.

Cortes de Apelación (Courts of Appeals). Los 94 distritos judiciales están organizados en 12 circuitos regionales, cada uno de los cuales tiene una Corte de Apelación. Existen 12 Cortes de Apelación Regional (Regional Circuit Courts of Appeals), y la 13ª es la Corte de Apelación del Circuito Federal (US Court of Appeals for the Federal Circuit), que tiene competencia nacional para conocer apelaciones en causas especializadas, como las referentes a leyes de patentes y las causas resueltas por la Corte de Comercio Internacional (Court of International Trade) y la Corte de Reclamos Federales (Court of Federal Claims).

Cortes de Distrito (Trial Courts). Con competencia general en el sistema judicial federal. Tienen aptitud para conocer toda clase de causas federales. Hay 94 distritos judiciales federales, que incluyen uno o más en cada estado, el Distrito de Columbia (Washington, D.C.), Puerto Rico y los territorios de ultramar. En cada distrito judicial federal existe una Corte de Quiebras (Bankruptcy Court) que funciona como entidad autónoma. Dentro del Poder Judicial, dos tribunales especiales tienen competencia a nivel nacional sobre cierto tipo de causas: Tribunal de Comercio Internacional (Court of International Trade) y el Tribunal de Reclamos Federales (Court of Federal Claims).

Con ciertas excepciones, los tribunales federales en los Estados Unidos son tribunales de competencia general. Los mismos jueces federales conocen causas en materia civil y penal, disputas de derecho privado y de derecho público, causas relacionadas con sociedades mercantiles y entidades gubernamentales, apelaciones de decisiones de las agencias administrativas, entre otros.

No existen los tribunales constitucionales porque todos los tribunales y jueces federales pueden resolver asuntos en lo referente a la constitucionalidad de las leyes federales.

Las actuaciones ante las Cortes de primera instancia las atiende un juez por sí solo o con un jurado de ciudadanos encargados de la determinación de los hechos. El proceso seguido ante Jurado es una garantía constitucional. Esquemáticamente, se representa de la siguiente manera:

judicial-system

Organismos administrativos

Los principales organismos administrativos establecidos en el seno del sistema de justicia federal son las siguientes:

Conferencia Judicial de los Estados Unidos. Es la entidad que dicta las normas para los tribunales federales a nivel nacional y es portavoz de todo el ramo judicial. El presidente de la Corte Suprema preside a la Conferencia, que se integra por otros 26 juzgadores. La Conferencia desempeña sus funciones a través de Comités (por ejemplo, presupuesto, instalaciones y servicios, ética judicial, gestión procesal, etcétera), que hacen recomendaciones respecto a la política y normatividad en todos los aspectos de la administración judicial federal. A cargo de esta instancia se encuentra la publicación semestral de los plazos empleados por los juzgadores federales para la emisión de sentencias. Dicho estudio revela a los juzgadores que actúan con lentitud.

Oficina Administrativa de los Tribunales Federales. Proporciona una gama extensa de servicios a los tribunales federales en lo relacionado a legislación, finanzas, automatización, dirección, administración y programas de apoyo. Esta oficina está supervisada por la Conferencia Judicial, y tiene la responsabilidad de ejecutar las resoluciones de la Conferencia. Su Titular es nombrado por el presidente de la Corte, y de esta Oficina Administrativa depende el Centro Judicial Federal, que es la agencia dedicada a la investigación y capacitación permanente. Se integra por un Consejo, presidido por el Chief Justice. Sus principales responsabilidades son:

  • Capacitación para jueces federales y empleados de tribunales.
  • Investigación sobre la operación e historia de los tribunales federales.
  • Recomendaciones sobre el funcionamiento de los tribunales federales.

Consejos Judiciales. Existe un Consejo judicial en cada circuito geográfico que supervisa la administración de los tribunales ubicados en ese perímetro. Ahora bien, sus normas administrativas no pueden contravenir las de la Conferencia Judicial.

Finalmente, un organismo independiente es la Sociedad Histórica de la Suprema Corteque se constituyó en 1974 con el propósito de expandir el conocimiento público de la historia y herencia del máximo tribunal.

Alejandro Anaya Huertas. Licenciado en Derecho (UNAM); maestro y doctor en administración pública (INAP). Elabora el Reporte sobre la Magistratura en el Mundo; conduce el programa de televisión “Cine Debate.

Anaya Huertas. Licenciado en Derecho (UNAM); Maestro y Doctor en Administración Pública (INAP). Elabora el Reporte sobre la Magistratura en el Mundo; conduce el programa de televisión “Cine Debate” – See more at: http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=2674#sthash.7KRFqNGA.dpuf
Anaya Huertas. Licenciado en Derecho (UNAM); Maestro y Doctor en Administración Pública (INAP). Elabora el Reporte sobre la Magistratura en el Mundo; conduce el programa de televisión “Cine Debate” – See more at: http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=2674#sthash.7KRFqNGA.dpuf
lejandro Anaya Huertas. Licenciado en Derecho (UNAM); Maestro y Doctor en Administración Pública (INAP). Elabora el Reporte sobre la Magistratura en el Mundo; conduce el programa de televisión “Cine Debate”. – See more at: http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=2674#sthash.7KRFqNGA.dpuf

Leer completo

drugs2Con todo y los cambios señalados anteriormente a nivel estatal, el gobierno federal no ha relajado su posición. En julio del 2009 el Director de la Oficina de la Política de Control de Drogas Nacional  (Office of National Drug Control Policy) aclaró la posición del gobierno federal al declarar que “la marihuana es peligrosa y no tiene ningún beneficio médico” y que la “legalización no esta en el vocabulario del presidente ni en el mío”. Después de la elección presidencial del 2012, esta misma oficina  declaró que “se oponían a la legalización de la marihuana y otras drogas porque la legalización incrementaría la disponibilidad y el uso de drogas ilícitas y poseería riesgos de salud y seguridad”.

En estados como California donde la marihuana médica es legal a nivel estatal, hay una batalla continua entre los usuarios y comerciantes de establecimientos lícitos de marihuana médica (dispensaries) y el gobierno federal. Establecimientos que están siguiendo al pie de la letra la ley californiana y cumpliendo con todos los requisitos, están siendo detenidos y sentenciados con penas mínimas de cinco años por el DOJ. Mientras que el estado los ve como comerciantes similares a los de la industria farmacéutica lícita, a nivel federal se toman como narcotraficantes. Las personas que participan en el mercado de marihuana médica, tanto como cultivadores, vendedores o hasta los propios usuarios se enfrentan a grandes problemas desde clausura, expropiación de bienes y encarcelamiento. Aún esta por verse que pasará con los que participen en esas actividades en Colorado y Washington. 

Más recientemente, la administración del Presidente Obama ha indicado que no es prioridad perseguir a los pequeños consumidores, especialmente aquellos usuarios de marihuana médica: “hay peces más grandes que capturar que los usuarios recreativos en Washington y Colorado” y ha declarado también que el Congreso necesita tener una discusión sobre como armonizar  las leyes estatales y federales de marihuana. Sin embargo, aun con estas declaraciones, el DOJ sigue sin decir como va a manejar la nueva legalización en Colorado y Washington. En el caso de marihuana médica han continuado creciendo el número de detenidos y los encarcelamientos. El DOJ ha declarado que están revisando las iniciativas y observando los procesos legislativos y el establecimiento de los sistemas regulatorios antes de actuar y se ha creado una fuerza especial entre varias agencias gubernamentales federales incluyendo el DOJ y la DEA para contemplar como responder ante la disparidad. Mientras tanto, nos encontramos ante un acertijo sobre cómo va seguir actuando el gobierno federal y a qué riesgos se están exponiendo los distintos sujetos en los estados.

Desde la década de los años 90, cuando algunos estados buscaron abolir las normas locales que prohibían la posesión y venta de la marihuana, han existido múltiples esfuerzos de reclasificar a la marihuana en el CSA y de ponerle un fin a esta disparidad legislativa. Todos, sin embargo, han fracasado. En dos ocasiones la Suprema Corte de Estados Unidos (United States v. Oakland Cannabis Buyers’ Cooperative  y Gonzales v. Raich) ha determinado que el gobierno federal tiene el derecho de regular y criminalizar la marihuana, inclusive para motivos médicos. El primer caso de 1996, se dio justo cuando los votantes en California pasaron la Propuesta 215, que legalizaba la marihuana médica. En enero de 1998, el gobierno estadounidense demandó al Oakland Cannabis Buyers’ Cooperative argumentando que se violaban las leyes federales que se habían creado como resultado del CSA. En 2001, la Corte determinó que las leyes federales anti-drogas no permiten una excepción para la marihuana médica. En Gonzales v. Raich en 2005, la Suprema Corte determinó que inclusive en aquellos casos donde las personas están cultivando, poseyendo o distribuyendo marihuana médica bajo las reglas de programas aprobados por los estados, dichas personas están violando las leyes federales de marihuana y pueden ser perseguidos y sentenciados por las autoridades federales. 

Desde que Colorado y Washington legalizaron la marihuana, han vuelto a surgir las iniciativas que buscan derogar el Federal Marijuana Prohibition Act –la ley federal que prohíbe el uso de la marihuana—y que buscan reclasificar la substancia dentro del marco normativo del CSA. El 5 de febrero del 2013, Jared Polis, un congresista del estado de Colorado introdujo una iniciativa titulada “Ending Federal Marijuana Prohibition Act” que pide que el gobierno federal regule la marihuana de forma similar al alcohol. Es decir, descriminalizando[1] la marihuana a nivel federal, permitiendo que los estados sean quienes decidan si legalizar o no la marihuana para usos médicos o recreativos (se mantendría ilegal transportar marihuana a un estado donde es ilegal). El 12 de abril del 2013, la congresista republicana Dana Rohracbacher, introdujo otra iniciativa, “Respect State Marijuana Laws”. Esta iniciativa, respaldada por los dos partidos políticos mayoritarios busca regular de manera federalista la política de drogas.

No existe mucha posibilidad de que pasen estas dos iniciativas, sin embargo parece que la opinión pública está pidiendo un cambio. Cada vez hay más apoyo de la población general al igual que de miembros de ambos partidos políticos. Por un lado, grupos de izquierda y liberales apoyan la despenalización y legalización de la marihuana, mientras que por el otro los conservadores y republicanos que no necesariamente están a favor de la legalización, defienden el derecho de los estados a legislar de manera autónoma. De no respetarse las nuevas legislaciones de los estados se puede argumentar que existe un gobierno central autoritario. 

Es claro que los legisladores locales han tenido que ejercer reformas por la presión de sus ciudadanos y ante la renuencia del gobierno federal de hacer cambios ad hoc a las tendencias globales. La población estadounidense se está uniendo a las voces que piden un cambio de régimen en la política de drogas. Aún es demasiado temprano para medir los efectos de las legislaciones estatales y saber como reaccionará el gobierno federal. Sin embargo, los cambios registrados hasta ahora muestran un cambio significativo del enfoque de la política de drogas de la nación que impulsó el prohibicionismo mundialmente.

Fernanda Alonso Aranda. Abogada por el ITAM, miembro del Programa de Política de Drogas del CIDE. 

[1]La palabra descriminalización (y descriminalizar) no existe dentro del sistema jurídico mexicano. En castellano, delito y crimen son sinónimos (a diferencia de crime y misdemeanor en inglés). Para efectos prácticos se debe entender la despenalización cuando de iure se despenaliza y la descriminalización cuando es de facto.

Leer completo

Tras casi un siglo del prohibicionismo a nivel mundial, su principal impulsor se encuentra con enormes fracturas internas que amenazan con ser la primera piedra del derrumbe de la política de drogas actual. En efecto, a nivel federal, Estados Unidos cuenta con uno de los regímenes más duros y rígidos de política de drogas. Sin embargo, en los últimos años la mayoría de los estados se han desplazado hacía el espectro opuesto, con cambios legislativos sustantivos, que según el caso, legalizan la marihuana médica, despenalizan la posesión y consumo o que inclusive legalizan la marihuana para usos recreativos, como recientemente en Colorado y Washington.

drugsPara analizar la situación a la que se enfrenta EEUU hoy en día observemos el marco normativo federal. Según el Controlled Substance Act de 1970 (en adelante, CSA) –la ley federal que regula la producción, importación, posesión, uso y distribución de ciertas substancias—la marihuana es una substancia de clasificación Schedule I, aquel grupo que incluye las substancias que tienen un alto potencial de abuso, ningún uso médico aceptado y su uso no es seguro, inclusive bajo supervisión médica. A nivel federal la posesión simple de marihuana tiene como sanción hasta un año de cárcel y hasta $5000 dólares de multa. En el caso de la venta, comercio y el cultivo, las penas van de cinco años hasta cadena perpetua para grandes cultivos o casos de narcotráfico. Desde 1993, se han contabilizado alrededor de 8 millones de detenidos y encarcelados por delitos relacionados a la marihuana; aproximadamente el 88% de estos casos ha sido por posesión simple, no por venta o producción. Hoy en día hay un arresto relacionado a la marihuana cada 42 segundos en EEUU. No solo esto, sino que también se puede observar que los detenidos por marihuana son el 49.8% de todos los detenidos por drogas ilícitas en el país. 

A nivel estatal esta situación es completamente opuesta desde hace casi dos décadas. A mediados del 2013, dos estados ya han legalizado la marihuana para usos médicos y recreacionales, 17 han legalizado la marihuana médica (de los cuales ocho también han despenalizado la posesión simple) y siete la han despenalizado para uso personal. En otros tres hay iniciativas que copian el modelo de Colorado y Washington y se espera que varios estados más sigan el ejemplo en los próximos años.  

Ha habido dos rompimientos principales con el gobierno federal en términos de la regulación de la marihuana a nivel estatal. El primero comenzó con la legalización de la marihuana médica en California en 1996, dónde la ley eliminó las sanciones penales para el uso, posesión y cultivo de la marihuana para pacientes con receta médica y establecimientos que proveen esta substancia para estos individuos. Sin embargo a nivel federal, no existe la “marihuana médica”, dándose por tanto la primera contradicción con las legislaciones estatales. La Agencia de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) y el Department of Justice (DOJ) –el equivalente a la PGR—, han dedicado esfuerzos para investigar y clausurar dispensarios de marihuana médica legales a nivel estatal. Después de que se empezó a legalizar en los primeros estados la marihuana médica, el DOJ publicó el Ogden Memo en 2009, que parecería contradictorio. El memo introduce lineamientos para las procuradurías locales señalando que no es “un uso eficiente de recursos federales enfocar esfuerzos de procuración de justicia en personas con enfermedades serias que usan marihuana como parte de un tratamiento recomendado consistente con la legislación estatal aplicable”. No obstante, reitera que todos los que rodean el negocio del cultivo, venta o distribución de la marihuana médica si están violando la ley federal y pueden ser perseguidos. 

El segundo rompimiento entre la legislación federal y estatal—y aun más crítico—se dio con la legalización de usos recreativos en Washington y Colorado. El 20 de mayo de 2013,  Colorado se convirtió en el primer mercado de marihuana completamente regulado legalmente a nivel mundial. El Colorado Amendment 64 reformó la constitución local, estableciendo un marco normativo para la política de drogas de marihuana a nivel estatal. Establece la legislación necesaria para el uso personal de la marihuana para adultos mayores a los 21 años, al igual que las reglas para el comercio, cultivo, producción y venta, regulando de manera similar al alcohol. En el caso de esta ley, los adultos pueden cultivar hasta seis plantas de manera privada, pueden poseer toda la marihuana de estas plantas y hasta una onza (28g) fuera de ese espacio y regalar hasta una onza a otro ciudadano adulto. La regulación de la parte comercial aun está por terminarse, pero abre la opción a que se regule el comercio a través de otorgación de licencias para los lugares de cultivo, producción y locales comerciales. Los impuestos de todas éstas actividades serán acreditados para el presupuesto de educación pública. Con estas reformas el estado prevé una recaudación de $24.1 millones en impuestos y un ahorro de $12 millones en gasto de procuración de justicia en 2014.

De la misma manera que en Colorado, el Washington Initiative 502 legalizó el uso de la marihuana para mayores de 21 en ciertas cantidades. Aunque la iniciativa se pasó en noviembre de 2012, se estableció el plazo de un año para terminar su reglamentación. La posesión legal (una onza) y límites de manejo bajo la influencia (DUI por sus siglas en inglés) se establecieron el 6 de diciembre de 2012 y el estado tiene hasta el 1 de diciembre de 2013 para establecer otras reglas claves como el proceso de otorgación de licencias. Hasta que no esté completa la regulación, la venta al público no estará permitida. El cultivo personal es sólo lícito para uso médico por lo que hasta el momento sólo la regulación de la posesión y la marihuana médica están vigentes. En el caso de Washington, los impuestos se utilizarán para servicios de salud pública y tratamiento y educación de abuso de drogas.

Fernanda Alonso Aranda. Abogada por el ITAM, miembro del Programa de Política de Drogas del CIDE.  

Leer completo

Love is law is love is law is love is law

La Suprema Corte de Estados Unidos resolvió la semana pasada dos casos relacionados con el matrimonio entre personas del mismo sexo: Hollingsworth v. Perry y United States v. Windsor. Estas resoluciones representan un triunfo para los que luchan a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Por virtud de ellas, California se convirtió en el treceavo estado de este país que reconoce esta figura (Perry) y todos los matrimonios pactados en estos estados pueden ya acceder a los más de mil beneficios establecidos en las leyes federales para los casados (Windsor).[i]

Como puede verse, no son resoluciones con un efecto generalizado: no instauran el matrimonio gay en todo el país. Lo único que queda claro con estos fallos es que si las autoridades estatales quieren permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, pueden. Si deben hacerlo o no, queda pendiente. Tampoco tienen el efecto de que los matrimonios pactados en una entidad deban reconocerse en otra. Si Alabama –o uno de los más de treinta estados que prohíben estas uniones– no quiere validar un matrimonio neoyorkino, es aún su prerrogativa federal no hacerlo.[ii]

Si además de los efectos de estas resoluciones, se analizan los argumentos utilizados, el resultado que se obtiene también es limitado para la causa. Perry ni siquiera se ganó por el fondo, sino por una razón procesal: la falta de legitimidad de los quejosos para impugnar el caso.[iii] En Windsor, por su parte, no se estableció un derecho fundamental al matrimonio, ni se determinó que la orientación sexual es una categoría sospechosa para efectos del derecho a la igualdad –herramientas, ambas, que prácticamente resolverían el problema de la falta del reconocimiento del matrimonio gay en el resto de los estados–.

A pesar de su modestia, el mensaje que envía la Corte me parece poderoso, principalmente por una razón: deja en claro que el amor es el amor. Y que el matrimonio –la institución jurídica– es también una cuestión de amor. Quizá hoy esta relación parezca una obviedad, pero históricamente es reciente.[iv] El matrimonio, especialmente para el derecho en Estados Unidos, ha estado relacionado con la filiación, la transmisión de propiedad, la identidad nacional y el orden social y –hasta hace poco– con la integridad racial. Más que el bienestar de las personas, su regulación ha estado preocupada por potenciar sus virtudes, garantizar sus responsabilidades, forjar sus caracteres.[v] La idea de que el matrimonio es valioso por ser el espacio en el que se manifiesta el amor es nueva. Con Windsor, sin embargo, me parece que ha llegado para quedarse.Aunque tampoco éste era un resultado evidente.

“El amor es un millón de cosas”. – Edith Windsor, la quejosa (y ganadora) del caso United States v. Windsor

El vínculo afectivo que surge entre dos personas adultas –sean o no del sexo opuesto– está constitucionalmente protegido para la Suprema Corte de EUA.[vi] El amor es amor para este tribunal.[vii] El matrimonio es una protección estatal más a este amor (siendo la primera protección, claro, la no interferencia). Cuando la federación excluyó a las parejas del mismo sexo de la protección que, en este caso, el estado de Nueva York les daba, las privó del respeto que merecían. Enviaba el mensaje de que eran indignas. Mensaje, para la Corte, inaceptable. Por si no quedaba claro con el fallo, los mensajes del presidente Barack Obama levantaron cualquier duda: en Estados Unidos, love is love.

Este giro me parece interesante porque apunta a la relación compleja entre el derecho y la sociedad. Leí un artículo en el que se relata cómo enfatizar la dimensión emocional del matrimonio para la lucha gay fue producto de una gran investigación social. Históricamente, los activistas gay habían articulado sus demandas en términos de derechos fundamentales. Esto fue percibido, por las parejas heterosexuales, como egoísta. Mientras que los heterosexuales percibían a sus propios matrimonios como basados en el amor y el compromiso, creían que los de las parejas del mismo sexo estaban basados en puro interés. La respuesta de los activistas gay a esta información fue la creación de la campaña Why Marriage Matters, misma que enfatizaba la dimensión afectiva y de compromiso de esta unión. Según dicho artículo, fue entonces que las conquistas legislativas comenzaron a llegar. Por el lenguaje de la Corte, las victorias pasaron también a la sede judicial. 

Sea un derecho fundamental en sí o no, el amor ya se quedó. Love is law.

Estefanía Vela. Abogada por el ITAM; maestra en Derecho por la universidad de Yale. Twitter: @samnbk

Estefanía Vela Barba. Abogada por el ITAM, actualmente estudia la maestría en Derecho en la universidad de Yale. Twitter: @samnbk – See more at: http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=2591#sthash.7cRttyqi.dpuf
Estefanía Vela Barba. Abogada por el ITAM, actualmente estudia la maestría en Derecho en la universidad de Yale. Twitter: @samnbk – See more at: http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=2591#sthash.7cRttyqi.dpuf

[i] Aunque esto, en realidad, es un poco más complicado de lo que parece: muchos beneficios federales cambian conforme al estado en el que las parejas se encuentran. Así, si una pareja se muda a un estado en el que no se reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, tendrán acceso a ciertos beneficios federales, pero no a otros. 

[ii] La Ley para la Defensa del Matrimonio (DOMA, por sus siglas en inglés), que es la ley que se impugnó en Windsor, tenía dos normas: por virtud de la primera, la federación sólo reconocía a los matrimonios entre un hombre y una mujer; por virtud de la segunda, ningún estado estaba obligado a reconocer los matrimonios pactados en los otros estados. En Windsor, sólo se impugnó e invalidó la primera norma, por lo que la segunda aún queda vigente.  

[iii] En Perry se disputaba, de fondo, la constitucionalidad de la Proposition 8, una medida de referéndum popular –aprobada por el 52% de los votantes– que reformó a la Constitución del estado de California para que se dejaran de reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo en el estado y se reconocieran exclusivamente los celebrados entre un hombre y una mujer. Después de que la Corte Suprema de California validó esta medida (en Strauss v. Horton), una pareja del mismo sexo la impugnó ante las cortes federales. En Perry v. Schwarzenegger, Prop 8 fue declarada inconstitucional. El Estado de California se negó a apelar esta decisión (esto es: se negó a defender la reforma constitucional). Esto orilló a los proponentes de la medida –ciudadanos que no son servidores públicos– a intentar apelar esta decisión. La Suprema Corte determinó que no tenían la competencia para hacerlo –sólo el Estado de California la tenía–, por lo que la decisión de Perry v. Schwarzenegger –declarando la inconstitucionalidad de Prop 8– quedó firme.

[iv] Stephanie Coontz, autora de Marriage, a History. How Love Conquered Marriage, sostiene que el amor romántico como parte esencial del matrimonio es una idea de los últimos cien años (aquí un texto breve en el que repasa esta transformación).

[v] No es que al derecho no le interesara el bienestar de las personas. Pero siempre ha sido una preocupación que se manifiesta especialmente en sentido negativo: al derecho le ha importado que las personas no sean, por ejemplo, violentadas o que no sean engañadas. Si son felices o no, si están enamoradas o no, le ha sido indiferente. Para entrar un matrimonio basta quererlo, sin importar las razones (dinero, amor, miedo a la soledad). Para salirse de él, el malestar imperdonable ha sido el criterio.

[vi] “El interés del Estado en definir y regular la relación marital, [siempre] sujeto a las garantías constitucionales, surge del entendimiento de que el matrimonio es más que una rutina de clasificación para efectos de otorgar ciertos beneficios legales. La intimidad sexual privada y consensual entre dos personas adultas del mismo sexo no puede ser castigada por el Estado, y puede ser “un elemento de un vínculo personal que es más duradero”. Al reconocer la validez del matrimonio entre personas del mismo sexo, [el Estado] busca proteger y honrar ese vínculo.” United States v. Windsor, 570 U.S. 19-20 (2013).

[vii] Determinación a la que, curiosamente, llegó en Lawrence v. Texas, el caso del 2003 en el que determinó que las leyes que criminalizaban la sodomía eran inconstitucionales. El que la Corte Suprema haya convertido a un caso de sodomía en un caso de amor ha sido criticado. Para una crítica, sugiero la lectura de Katherine Franke, “The Domesticated Liberty of Lawrence v. Texas”; para un reportaje de la transformación, sugiero “Extreme Makeover”, de Dahlia Lithwick.

Leer completo

En los últimos años, el uso del derecho constitucional comparado -en adelante DCC- en la interpretación jurisdiccional ha generado uno de los debates más fructíferos en la arena constitucional; participando de manera directa y activa, no sólo estudiosos del derecho y de la ciencia política, sino también jueces constitucionales de diversos y disímiles países del mundo.

No es para menos: en el fondo, el tema apunta a preguntas medulares: ¿Cuál debe ser el método de interpretación de los jueces constitucionales? ¿A partir de qué ingredientes debe nutrirse este ejercicio interpretativo? ¿Es posible aprovechar experiencias jurisdiccionales extranjeras, a pesar de las diferencias sociales, culturales y políticas? ¿Son fundados los riesgos que se arguyen en contra del derecho comparado? ¿Estamos, efectivamente, ante un proceso de globalización o cosmopolitismo de la jurisdicción constitucional?

Algunos de los elementos que han fomentado esta discusión a nivel mundial es la construcción, en buena medida gracias al derecho comparado, de una teoría constitucional fresca y novedosa por parte de la Corte Constitucional de Sudáfrica; la polémica que ha desatado el tema en los procesos de nombramiento de los justices en los Estados Unidos, al grado de que en las audiencias ante el Comité Judicial del Senado de aquél país de John Roberts, Samuel Alito y Sonia Sotomayor, el uso del derecho comparado fue una de las cuestiones centrales; los interesantes debates entre también los justices de la Corte Suprema estadounidense Stephen Breyer y Antonin Scalia, así como de éste último con Aharon Barack, quien fuese juez de la Corte Suprema de Israel; el desarrollo de una línea doctrinal que subraya la relevancia del uso del DCC en materia de derechos fundamentales para imprimirles, efectivamente, un carácter universal. Y muchos otros elementos que han nutrido una discusión que gira alrededor de por lo menos dos puntos clave: ¿Se debe utilizar el derecho comparado en un tribunal constitucional? Y en su caso, ¿cuál debe ser la forma más adecuada de aprovecharlo?

En este contexto, este trabajo lo que busca es exponer las coordenadas del debate. Los principales argumentos que se han esgrimido a favor y en contra del uso del DCC, así como una breve evaluación de la posición de nuestra Suprema Corte de Justicia respecto el uso del derecho constitucional comparado.

Vale comenzar comentando los argumentos que rechazan tajantemente el uso del DCC y que se pueden encapsular de la siguiente manera: el argumento democrático, el de la soberanía, el de la voluntad de los padres fundadores y, por último, el argumento de la unicidad del sistema jurídico.

En cuanto a los dos primeros puntos, que son bastante similares, se ha señalado que considerar resoluciones de otros tribunales para declarar inconstitucionales leyes de un ordenamiento jurídico, merma precisamente el principio democrático y de soberanía de una sociedad. Esto se debe a que al usar el DCC, se permite que una determinada cosmovisión del derecho propia de otro país, defina la validez de una norma jurídica. ¿Por qué –se arguye- la interpretación de un tribunal extranjero sobre una libertad fundamental, por ejemplo, se le va imponer a un país al grado de definir la validez de una ley o de un acto de autoridad? Llevado al extremo este mecanismo puede ocasionar un imperialismo o hegemonía jurídica, donde la interpretación de ciertos tribunales domine la labor jurisdiccional del resto. De tal manera, que la soberanía de un país se resguarda sólo cuando su tribunal constitucional invalida una ley o acto de manera autónoma, sin la influencia de ninguna resolución u ordenamiento jurídico extranjero.

Esta posición, asimismo, sostiene que la guía de un tribunal constitucional deben ser sus mismos precedentes. Ahí, en ese cúmulo de decisiones, se encuentra un sinfín de elementos útiles para la creatividad interpretativa del juez constitucional. Y además se ubica el sustrato de su legitimidad democrática. Es decir, aquí este argumento sigue la siguiente lógica: si es difícil justificar en términos plenamente democráticos a las cortes constitucionales, más complicada se vuelve dicha tarea si éstas no siguen y discuten sus propios precedentes. Este es el eslabón que encadena a los órganos jurisdiccionales a un piso mínimo de certeza y, por tanto, legitima su función en una democracia. ¿Cómo justificar, por el contrario, democráticamente a los tribunales constitucionales cuando aprovechan decisiones extranjeras para definir sus propios asuntos? ¿Es posible evitar, al momento de que sentencias extranjeras se erigen en el sostén de las decisiones de una corte, amplios márgenes de discrecionalidad? A juicio de esta posición, ante un escenario de uso del DCC, la discrecionalidad se amplía y, por tanto, la legitimidad democrática de una corte constitucional se tambalea.

Aquí el resto del texto.

Saúl López Noriega. Profesor e investigador de tiempo completo del departamento de Derecho del ITAM. Coordinador del proyector Monitor Judicial (http://monitorjudicial.itam.mx/). Twitter: @slopeznoriega

Leer completo

Democracia Deliberada es un grupo de profesionistas, académicos y activistas de la sociedad civil que buscan cambiar las instituciones y las políticas públicas a través de la izquierda partidista. De ahí que tengan la intención de inscribirse y participar activamente en el PRD para, desde ahí, tratar de transformar la agenda e influir en la acción política para darle un rumbo más igualitario, más sustentable y más abierto.

Desafortunadamente, a pesar de que en el Reglamento de Afiliación del PRD establece que el proceso de afiliación a ese partido político es permanente, desde hace 18 meses no se ha podido afiliar ningún interesado, incluidos diversos miembros de Democracia Deliberada que lo han intentado en ese periodo en más de una ocasión.

Ante este escenario, Democracia Deliberada decidió demandar al PRD ante el Tribnal Electoral del Poder Judicial de la Federación; en concreto, a su Comisión de Afiliación por obstaculizar la afiliación de sus miembros a tal partido político. A continuación se reseñan brevemente los principales hechos y argumentos que presentó este grupo en su demanda –la cual es pública y se puede consultar aquí-.

El pasado 20 de noviembre, diversos miembros de Democracia Deliberada se presentaron, junto con el Notario Público No. 171 para que éste diese fe de los hechos, en las oficinas del PRD con su correspondiente solicitud de afiliación a dicho partido político. Una vez que presentaron sus solicitudes ante el Secretario Técnico de la Comisión de Afiliación del PRD, éste señaló que, aunque el único requisito para la afiliación es presentar junto con su solicitud de afiliación una credencial de elector vigente, no era posible afiliarlos –ni recibir los documentos propios para ese objetivo- pues las campañas de afiliación ya habían concluido y era necesario esperar para tal propósito hasta que se abriera una nueva campaña de afiliación.

Ante el cuestionamiento de los demandantes de que el Estatuto del PRD señala que la afiliación es permanente, el Secretario Técnico de la Comisión de Afiliación respondió que este órgano necesita de la aprobación del Consejo Nacional y de los Funcionarios Nacionales para abrir un proceso de afiliación. En ningún momento mencionó el fundamento legal de dicha afirmación dentro de la normatividad interna del PRD.

Después de aceptar que durante 18 meses no ha habido ninguna campaña de afiliación del PRD y de confirmar que durante ese periodo ni una persona se había afiliado a tal partido político, se le preguntó al Secretario Técnico si había alguna fecha programada para una nueva campaña. Su respuesta fue que no se había establecido ninguna fecha para la afiliación de nuevos militantes, además de que estaban esperando tabletas electrónicas para la firma electrónica, el software para procesar las nuevas filiaciones y la aprobación de la Comisión Política para tal propósito. Ante la insistencia de los demandantes de que les fueran recibidos su documentación para efectos de afiliarse al PRD, el Secretario Técnico se negó a recibirla.

Democracia Deliberada considera que el PRD, a partir de los anteriores hechos descritos en el que se demuestra la obstaculización para que puedan afiliarse a tal partido político, viola sus derechos de asociación y afiliación política establecidos en los artículos 9º, 35, fracción III, y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, el PRD quebranta sus obligaciones de ajustar su conducta a los principios del Estado democrático respetando los derechos de los ciudadanos y de cumplir sus normas de afiliación que señalen sus estatutos, establecidas en los artículos 5, numeral 1, y 38, numeral 1, incisos a) y e), del Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales. Por último, el PRD no respeta su propia política de afiliación de carácter permanente, sin mayor condicionamiento que los requisitos señalados en su propia normatividad, establecida en el artículo 5º de su Reglamento de Afiliación.

Más allá de las disposiciones legales que fueron violadas, Democracia Delibera considera que la lectura contemporánea del derecho de asociación señala que éste se integra por una pluralidad de derechos que a su vez gozan de la protección del texto constitucional de nuestro país. Estos derechos que integran al derecho de asociación son los siguientes: a) derecho a asociarse formando una organización; b) derecho a asociarse sumándose a una asociación ya existente; c) derecho a permanecer en la organización o renunciar a ella; y d) derecho a no asociarse. Por el agravio arriba descrito, el derecho en concreto que interesa es el derecho a asociarse sumándose a una agrupación ya existente; en este caso, a afiliarse a un partido político ya establecido.

La pregunta clave aquí, en este sentido, es si el Estado puede y, eventualmente, debe intervenir y obligar a una agrupación a admitir el ingreso de ciertos solicitantes, cuando éstos cumplen con los requisitos que la propia asociación, de manera libre, se dio a sí misma. Para ello, como señaló la Corte Suprema de los Estados Unidos en su sentencia Roberts v. United States Jaycees, 468 U.S. 609 (1984), es necesario entender que las agrupaciones en una sociedad civil contemporánea se ubican en alguno de los puntos del arco de opciones trazado por los siguientes dos polos: o es una agrupación por demás íntima como la unidad familiar o es una organización que por su tamaño o papel tiene enorme influencia en la vida política y económica de una sociedad. Entre más cerca esté una agrupación al primer extremo, el Estado tendrá una mayor carga justificatoria para intervenir en ésta; por el contrario, mientras una asociación se acerque más al segundo polo el Estado podrá justificar de manera más sencilla su intervención. Esto se debe a que entre más grande e influyente sea económica o políticamente en la vida de una sociedad una organización menos posibilidad tienen de impedir el ingreso de nuevos integrantes a menos que su criterio de selección o discriminación tenga relación directa con su fin.

Es decir, la libertad de asociación abarca en principio la definición de quienes serán los integrantes de una agrupación en cuestión y quienes podrán sumarse a ésta. Pero esta libertad debe ser limitada cuando se esté frente a una organización que, por sus características económicas y/o políticas, tiene enorme impacto en la dinámica de una sociedad. En este último caso, permitir una amplia libertad para definir los criterios de acceso o ingreso a una sociedad de estas características sería tanto como permitirle que ella defina la participación de la ciudadanía en cierta actividad o ámbito social. Vale subrayar que esto no implica que una organización de enorme impacto político, social y económico en una sociedad pierda enteramente su libertad para admitir nuevos integrantes; el núcleo duro de esa libertad se mantendrá protegido por el mismo derecho de asociación bajo el entendido de que cualquier criterio de admisión debe tener una relación directa e instrumental con el fin de la agrupación.

Los partidos políticos, en este sentido, en el ordenamiento jurídico mexicano son entidades de interés público que fungen como puente entre la sociedad civil y los órganos del Estado. El fin de los partidos políticos, de acuerdo al artículo 41 de la Constitución federal, consiste en promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. Esto significa que los partidos políticos son organizaciones de enorme influencia en la vida pública de nuestro país. Son instituciones cuya tarea en buena medida consiste en procesar los intereses de la ciudadanía en preferencias políticas e institucionales, cuyo presupuesto se define a partir del financiamiento público proveído por el Estado a partir del sistema impositivo del país, y de ahí que el Estado deba intervenir en caso de que los partidos políticos nieguen la afiliación de un solicitante sin fundamento en su normatividad o fin. No puede negar, pues, la afiliación si con ello vulneran los fines que les marca la Constitución y si con ello contravienen sus propios estatutos. De otra manera se permitiría que la puerta de entrada a la vida política e institucional del país se abriese o cerrara de manera arbitraria y discrecional.

Siguiendo, entonces, el fin general de los partidos políticos –de acuerdo al texto constitucional-, el fin en concreto del PRD –según su Declaración de Principios, Programa y Línea Política-, la  política de filiación de carácter permanente de este último establecida en el artículo 5º de su Reglamento de Afiliación, así como el resto de requisitos para afiliarse al PRD señalados en los artículos 14 y 15 de su Estatuto y 7º y 8º de su Reglamento de Afiliación, se concluye que los demandantes cumplen con todos los requisitos y formalidades para afiliarse al PRD, no siendo obstáculo el momento en que se presentaron las solicitudes pues el mismo Reglamento de Afiliación señala que el proceso de afiliación será de carácter permanente.

Por este motivo, le negativa del Secretario Técnico de la Comisión de Afiliación de recibir las solicitudes de afiliación, así como la justificación de falta de equipo necesario para llevar acabo el proceso de afiliación (tabletas electrónicas y software) son obstáculos injustificados de acuerdo a la normatividad interna del PRD, así como a la Constitución federal y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), para afiliar a los demandantes. Esto significa, pues, que un derecho constitucional, legal y estatutario como la afiliación política no puede erosionarse por obstáculos fácticos, técnicos u operativos siempre que se cumplan con la normatividad interna del partido político y la pretensión de afiliación no vaya en contra del fin de dicho partido. Eseramos que así lo entienda el TEPJF.

 

Saúl López Noriega. Asesor jurídico de Democracia Deliberada. Twitter: @slopeznoriega

Leer completo

noviembre 1, 2012

Jueces poetas

Se necesitan malos poetas.

Buenas personas, pero poetas

malos. Dos, cien, mil malos poetas

se necesitan más para que estallen

las diez mil flores del poema.

Rodolfo Fogwill

 

No los destruyas.

No los eches

al pozo de los cielos.

Tal vez ellos retornen

después que la belleza

se haya ido.

Juan Gonzalo Rose, Los Malos Poemas

 

 

¡La palabra canta!

En diciembre de 2009, en España, un taxista fue procesado por romper la nariz a otro conductor. En la última parte del proceso, el Juez ofreció al acusado la oportunidad de pronunciar el alegato final en su defensa. Este se acercó al micrófono y dijo que se limitaría a reproducir una frase de Otelo de Shakespeare, aunque en realidad, lo que hizo fue recitar Julio César: aquél fragmento en que Marco Antonio se dirige al pueblo romano en los funerales de César y en el que acusa a Bruto de asesinar al dictador. Es cierto, el taxista confundió la obra, pero, después de todo, la cita era correcta, y eso causó buena impresión en el Juez de Vigo.

En otro espacio hemos dado testimonio del juez que se apoyó en títulos de canciones de los Beatles para dictar sentencia. Pero son más los jueces que citan a Bob Dylan. Entre ellos está Robert S. Lasnik, que se ha dado a conocer por invocar la voz del poeta vagabundo en sus sentencias dictadas en el Tribunal Federal de Seattle. En una audiencia, el Juez Lasnik recitó versos de la canción Chimes of Freedom en un caso que sopesaba la legalidad de la detención por tiempo indefinido; y The Times They Are A-Changin’ —un caballo de batalla del movimiento por los derechos civiles— en un fallo histórico que dicta que excluir a los anticonceptivos de un plan de medicamentos recetados para trabajadores, constituye discriminación sexual.

Bob Dylan está presente en los tribunales (In some courts, Dylan rules), y también en el mundo académico. Por ejemplo, Michael Perlin, un profesor de Derecho neoyorkino, ha utilizado canciones de Dylan como títulos para, al menos, 50 de sus artículos publicados. Y en 2007, tras analizar diversas bases de datos jurídicos, un investigador concluyó que Dylan había sido citado en las resoluciones judiciales 186 veces, por encima de los Beatles (74), Bruce Springsteen (69), Paul Simon (59), Woody Guthrie (43), Rolling Stones (39), The Grateful Dead (32), Simon & Garfunkel (30), Joni Mitchell (28), y REM, (27).

¿Cómo citan Stevens y Rummenigge?

Haciendo esfuerzos para cerrar con broche de oro sus fallos u opiniones, los Ministros y los jueces han solido recurrir a la poesía. Así, en Washington v. Harold Glucksberg et al., el Justice Stevens, en su voto concurrente anotó: Much more than the State’s paternalistic interest in protecting the individual from the irrevocable consequences of an ill advised decision motivated by temporary concerns is at stake. There is truth in John Donne’s observation that “No man is an island.” El Justice Stevens estaba citando Devotions upon Emergent Occasions, “Meditation XVII”, escrita en 1623.

En sus aproximaciones al “arte de citar poemas”, existe una diferencia sustancial entre el Justice John Paul Stevens y el ex futbolista Karl-Heinz Rummenigge. Stevens citó correctamente, Rummenigge, no.

A propósito de un homenaje a Franz Beckenbauer celebrado en noviembre de 2009, el entonces presidente del Bayern Múnich leyó un poema, presuntamente de su autoría, titulado “Gracias Franz”. Pero el texto resultó ser, en realidad el plagio de un poema de Anette Pfeiffer-Klärle. Así, Rummenigge plagió para homenajear al Kaiser, y eso le costó al club 1,000 euros, que se usaron para indemnizar a la poetisa, que suele vender poemas personalizados para todo tipo de eventos por la módica suma de 20 euros.

No fue Stevens, desde luego, el primer Justice atraído por la poesía. Joseph Story (1779-1845), que fue Associate Justice durante la Corte de John Marshall, combinaba la impartición de justicia con la poesía. Pero no le fue bien como poeta: The Power of Solitude recibió críticas tan severas, que el Justice optó por quemar todas las copias posibles. No obstante, su Advice To A Young Lawyer ha sobrevivido.

“Si el fallo es bello además de justo el derecho sale ganando”

Se ha sugerido que las cortes supremas no tendrían que emitir resoluciones extensas sino haikus (acá hay algunos ejemplos de haikus aplicados a la Suprema Corte de Estados Unidos). Pero el sistema judicial puede llegar a confundirse cuando las autoridades administrativas remiten informes en verso.

Eso ocurrió en Brasil, cuando un comisario redactó un informe rimado en el que relata la detención de un acusado por el robo de una motocicleta. Su poético informe dice: “El detenido pidió disculpa/ dijo que no tenía culpa/ pues estaba en la ‘garupa’ (asiento atrás del conductor)”. “Si estaba atrás o al volante/ se que lo pillé en flagrante/ a ese tipo petulante/ que en el delito no es principiante”.

El comisario reconoció que decidió hacer su informe en verso: “…pues cargo en el pecho la magia de quien ama la fantasía/ de luchar por la paz contra la cobardía”. Textualmente, su reporte dice:

O preso pediu desculpa
Disse que não tinha culpa
Pois só estava na garupa
Foi checada a situação
Ele é mesmo sem noção
Estava preso na domiciliar
Não conseguiu mais se explicar
A motocicleta era roubada
A sua boa fé era furada”

Cierto, no es Catulo Cearense, pero responde a la intención del comisario por “hacer un trabajo diferente”. Sin embargo, fue devuelto para evitar mayores confusiones en el sistema judicial.

Pero fue un juez canario, Álvaro Gaspar Pardo, quien ha pasado a la posteridad por sentenciar en verso. Ya en 1999, concluyó un juicio de divorcio anotando en su sentencia: “Procede acceder a la separación que imploran tanto el Sr. XXX, al que no le da la gana de soportar la tensión, como la Sra. XXX que no sufriendo escarmiento, tras su primer tropezón, persiste en el mismo tono, y aduciendo el abandono, suplica solución“.

Posteriormente, el juez Gaspar Pardo condenó a la directora de una agencia de azafatas a indemnizar a una alumna porque ésta consideraba que la academia había incumplido sus expectativas laborales. En su resolución, el juez escribió: “… ¿Por qué asistió la Sra. XXX al juicio si no se había pedido su interrogatorio? Porque le dolía, le duele el corazón. Acaso, ojalá contribuya la presente a derivar tal dolor hacia el bolsillo

Tras recibir severos cuestionamientos de una de las partes, el juez se limitó a decir: “Si el fallo es bello además de justo el derecho sale ganando”.

Gaspar no fue sancionado, pero el Consejo del Poder Judicial concluyó que redactar una sentencia en verso representa el “agravio personal de un juez contra un ciudadano”.

Alejandro Anaya Huertas. Licenciado en Derecho (UNAM); maestro y candidato a doctor en Administración Pública (INAP). Elabora el Reporte sobre la Magistratura en el Mundo.

Leer completo

Iphigenia, nia, nia,

Iphigenia, Iphigenia herself in Brooklyn found

P.D.Q. Bach, Iphigenia in Brooklyn.

Prefiero el Oratorio a la Oratoria

Anónimo

 

 

A manera de Preludio

Cuenta la leyenda que P.D.Q. Bach nació en Leipzig el 1° de abril de 1742 y murió en Baden-Baden-Baden, el 5 de mayo de 1807. Al menos eso decía su primera lápida. Después, la familia Bach la cambió por otra que a la fecha dice “1807-1742″, en un intento por aclarar que P.D.Q. no fue hijo del gran Johann Sebastian, que murió en 1750. Debido a su peculiar estilo musical, en su tiempo, P.D.Q. fue acreedor de diversos apodos y sobrenombres: “una espinilla en el rostro de la música”; “el peor músico en pisar los pedales de un órgano“; “el músico más peligroso desde Nerón”, etcétera.

P.D.Q. solía asegurar que no había recibido ninguna influencia musical de  “su padre” (J. S. Bach), aseveración que, después de escuchar algunas de sus obras, podemos constatar sin reservas. De hecho, P.D.Q. rehuyó a toda actividad relacionada con la música, hasta bien entrados sus treinta años, cuando optó por acercarse a ella, dado que contaba con un apellido que le garantizaría una forma suculentamente lucrativa de vivir.

Durante su periodo más “creativo”, emuló (más bien, plagió) la obra de Haydn y Mozart, pero tanto sus aspiraciones de ser un músico vanguardista, como la idea de ser un músico pre-barroco en su propio tiempo, resultaron más que fallidas. A P.D.Q. Bach se le atribuye ser el causante de la sordera de Beethoven, y asegura la tradición oral que conoció a Mozart cuando éste tenía 3 días de nacido y auguró a su padre Leopold, que Wolfgang llegaría a ser uno de los más grandes billaristas del mundo.

Mujeres, vino y canciones fueron la constante en la vida de P.D.Q. Bach, que murió acaudalado, y año tras año se organizan en el mundo festivales exclusivamente dedicados a su música, como ocurre con Wagner en Bayreuth, y con Mozart en Salzburgo. En suma, —y aquí concluye la leyenda— fue un músico abominable, la deshonra de la familia Bach (algo así como el equivalente musical a Ed Wood, el peor director de la historia del Cine). Algunas de sus obras son: Obertura 1712; Birthday Ode to “Big Daddy” Bach; Canine cantata: Wachet, Arf!; Cantata: Iphigenia in Brooklyn; Concerto for Piano vs. Orchestra; Erotica Variations; Hindenburg Concerto; Oratorio Oedipus Tex, etc.

El Justice que compuso una Misa

Cada año, antes del inicio del periodo de sesiones, varios de los Justices de la Suprema Corte de Estados Unidos concurren a la celebración de la Misa Roja, en Washington, D.C. Si bien, la música utilizada durante la misa es el Gloria de Vivaldi, no hay, propiamente, una composición intitulada La Misa Roja, por lo que se trata, musicalmente hablando, de una asignatura pendiente. No obstante, George Palmer, Justice de la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur, Australia sí compuso una Misa, a propósito de la visita del Papa a aquél país, en 2008. La obra, se intituló “Benedictus qui venit”, con letra en latín y en inglés, para soprano y tenor, acompañados de un coro de 300 voces.

El Chief Justice cuya toga se inspiró en una Opereta

Ruth Bader Ginsburg, Justice de la Suprema Corte de Estados Unidos impartió en agosto de 2012 una conferencia intitulada Arias of Law: The Rule of Law at Work in Opera and the Supreme Court. Fue ahí donde recordó a William Rehnquist, el fallecido Chief Justice, que no solo era un gran fanático de las operetas de Gilbert y Sullivan, sino que se inspiró en una de ellas, Iolanthe, para el diseño de su toga, con cuatro barras doradas en cada manga. El conocido gusto de la Ministra Bader por la ópera ha hecho que sus seguidores le hicieran un pequeño homenaje operístico: una figura que representa a la Justice, mostrando sus resoluciones más relevantes, acompañadas de un fragmento de The Medium, de Gian Carlo Menotti.

Los Justices que actuaron en una Ópera

A pesar de tener filosofías judiciales radicalmente distintas, los Justices Ruth Bader y Antonin Scalia, comparten el gusto operístico, y no solo tienen la costumbre de ir a la ópera juntos, sino que ambos aparecieron —como extras— en Ariadne Auf Naxos, de Richard Strauss. Ninguno de los Justices cantó, pero permanecieron en el escenario durante noventa minutos.

A propósito de su gusto por la ópera, el Justice Scalia concedió una entrevista al programa radiofónico al programa Mad About Music, donde, entre otros temas, compartió lo siguiente:

  • La primera ópera que recuerda haber visto fue Gianni Schicchi, de Puccini.
  • Estudió piano durante 15 años y se solventa en algunas sonatas de Beethoven.
  • Tocó el corno francés en la banda escolar.
  • Su coloratura: tenor.
  • Siendo Magistrado de circuito seguía participando en coros (cantó en el Requiem Alemán de Brahms)
  • Además de Ariadne auf Naxos, entre sus óperas favoritas se encuentra El Caballero de la Rosa, también de Strauss.
  • Le gustaría ser el narrador en Lincoln Portrait de Aaron Copland.
  • No considera que tener sensibilidad para la música clásica o la ópera sea factor para ser un mejor Justice.
  • Asegura que la acústica en el salón de plenos de la Suprema Corte es magnífica.
  • Tiene un Ipod y lo usa durante los vuelos, principalmente con música barroca.
  • No tiene claro qué tipo de música le gustaría que se represente durante su funeral.
  • No le gusta el rock moderno.
  •  Renée Fleming y Plácido Domingo son sus cantantes favoritos.
  • Glenn Gould es uno de sus pianistas predilectos.
  • Solti y Furtwängler son sus directores predilectos.
  • La primera sinfonía de William Boyce está entre sus obras favoritas.
  •  Si pudiera ser estrella de la música elegiría ser un gran tenor. Le gustaría ser Rodolfo en La Bohemia. En segundo término, sería violinista.

Intermezzo y Finale. El Procurador General al que le dedicaron una Cantata

No será La Pasión según San Mateo, pero The Gonzales Cantata, es un referente obligatorio para quien desee tener una explicación musical acerca de la denominada crisis de los fiscales, que dio origen, en 2007, a las audiencias del Comité Judicial del Senado estadounidense que investigaron al Procurador General Alberto González por la remoción de ocho fiscales, y que desembocaron en su renuncia. La Cantata tiene una duración aproximada de 40 minutos. Para la Cantata, los roles se interpretan así: Alberto Gonzáles (Procurador, soprano); Patrick Leahy (Senador, soprano); Arlen Specter (Senador, soprano); Dianne Feinstein (Senadora, tenor). El libreto está aquí.

Finalmente, no sobra decir que la crisis de los fiscales marcó también el grand finale de la carrera de Alberto Gonzáles, a quien el presidente Bush pensó postular para ocupar una vacante en la Suprema Corte.

Alejandro Anaya Huertas. Licenciado en Derecho (UNAM); maestro y candidato a doctor en Administración Pública (INAP). Elabora el Reporte sobre la Magistratura en el Mundo.

Leer completo

(Una nota con final alternativo)

Hoy no salir en televisión es un signo de elegancia. Umberto Eco

Lo que no se vio en TV

En julio de 1928 fue transmitido el primer programa de televisión en la Unión Americana. Ese mismo año, el Justice Charles Evans Hughes dijo que el progreso de la civilización se tendría que reflejar en los procesos argumentativos, en los que hasta entonces, solía perderse mucho tiempo. En la actualidad, salvo que los Justices determinen lo contrario, cada parte dispone de 30 minutos para exponer sus argumentos ante el pleno de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Lo que no vislumbraba el Chief Justice Evans, como tampoco parece vislumbrar en la actualidad el Chief Justice Roberts son los potenciales beneficios de transmitir las sesiones de argumentos orales por televisión.

Como se dio cuenta en este espacio, los pasados 26, 27 y 28 de marzo, la Corte llevó a cabo las sesiones de argumentos orales de los Affordable Care Act Cases. Si bien durante los días previos a las sesiones permeaba en el ambiente un dulzón perfume que auguraba la posible venia de la Corte para permitir el acceso de cámaras de televisión a su salón de plenos, las alas fueron cortadas por un gélido comunicado que ofreció únicamente audios y transcripciones diferidas de las sesiones.

Oyez…¿Veremos a la Corte en TV?

A propósito del Obamacare, no solo llamó nuestra atención la trascendencia jurídica y política de este asunto de dimensiones wagnerianas, sino que, por primera vez en la historia, perecía haberse abierto la oportunidad a que las cámaras de televisión entrasen a la Corte Suprema y transmitieran en vivo las sesiones de argumentos orales.

De haber sido así, lo primero que habríamos visto sería la robusta figura del Marshall recitando la fórmula que sincroniza a la perfección con la coreográfica entrada en escena de los Justices: Oyez! Oyez! Oyez

¿Cómo se ve? ¿Cómo se vería?

Además de México, las cortes supremas de Brasil y del Reino Unido transmiten en vivo las sesiones del Pleno de sus Ministros. Brasil lo lleva a cabo a través de TV Justiça, que  inició sus transmisiones el 11 de agosto de 2002 y que puede verse por internet. Las sesiones del Pleno del Supremo Tribunal Federal son animadas, y entre los videos más vistos en Youtube se encuentra la discusión entre el Ministro Barbosa y el entonces Ministro Presidente Gilmar Mendes a quien acusó —desde luego, al aire—, de no practicar el “joga bonito” y estar destruyendo la justicia en el país.

La flamante Corte Suprema del Reino Unido (inició sus actividades en octubre de 2009), también transmite en vivo sus sesiones, y usted puede, a manera de degustación, ver un fragmento reciente del caso que está por resolver la Suprema Corte relativo a la petición sueca para extraditar a Julian Assange. También es posible consultar las directrices del Tribunal Oral de Salta, Argentina acerca de la transmisión en directo, por televisión, de casos sobre violación a derechos humanos.

¿Cómo se vería en TV la sesión de argumentos orales de la Corte Suprema de Estados Unidos?

Hasta la fecha, no existe registro alguno de cámaras de televisión en el Pleno de los Justices. Por tanto, nuestra primera recomendación al lector será poner en la pantalla de su ordenador algunos de los dibujos que los dibujantes autorizados comparten con nosotros, escuchando el audio de algún caso de su elección, ¿qué tal Roe v. Wade, para empezar?

¿No es suficiente?, ok, recurra entonces al sitio de dibujos animados concebido por la Justice en retiro Sandra Day O´Connor, en el que recrea no sólo la sesión de argumentos orales, sino todo lo que ocurre “tras bambalinas” del más alto tribunal de la nación.

¿Quiere más realismo?, acuda a Hollywood, la “fábrica de sueños”, que pone a su amable disposición un elenco interesante de posibilidades que recrean sesiones de la Corte Suprema, desde la famosa deposición de John Adams en el caso Amistad , hasta los argumentos en defensa del pornógrafo Larry Flynt.

¿No le basta? Entonces convenza al menos a cinco Justices de las bondades de transmitir sus sesiones de argumentos orales por televisión.

¡¡Cámara!! Los Justices de Costa a Costa… y de Poniente a Levante

Si bien es sencillo acceder a los videos de las audiencias de confirmación de quienes a la postre se integrarían a la Corte Suprema de los Estados Unidos, la mera idea de introducir cámaras en el salón en el que se llevan a cabo las sesiones de argumentos orales es lo más parecido a un misterio, envuelto en un enigma.

Ya en 1988, C-SPAN había solicitado al Chief Justice Rehnquist el ingreso de cámaras al alto tribunal; la misma solicitud le hicieron en el 2000, únicamente para los casos Bush v. Palm Beach County Canvassing Board, y Bush v. Gore, pero la simbólica respuesta de la Corte fue un cassette con el audio.

En 2005, aprovechando el impulso del Senador Arlen Specter, volvieron a sugerir al flamante Chief Justice, John Roberts, la posibilidad de transmitir en vivo las sesiones de la Corte. En 2008, el New York Times también alzó la mano, y el 15 de noviembre de 2011 hubo una nueva petición a John Roberts, para que la Corte permitiera la transmisión en vivo de las jugosas seis horas de argumentos orales del 26 al 28 de marzo pasados (muy lejos aún de las dieciséis horas de argumentos orales que la Suprema Corte requirió en 1962 para Arizona v. California).

Si bien el justice en retiro David Souter llegó a decir que las cámaras de televisión ingresarían al Pleno “sobre su cadáver”, existe, al menos, un atisbo de alentadora ambivalencia frente las cámaras por parte de los actuales integrantes de la Corte Suprema:

  • John Roberts: “Mi nuevo mejor amigo, el Senador Thompson, me asegura que no hay nada que temer de las cámaras de televisión”.
  • Samuel Alito: “Si nuestros argumentos fueran televisados, nos enfrentaríamos a una competencia muy dura, pues ya hay un exceso de programación para los aficionados a los tribunales”.
  • Stephen Breyer: “Hay buenas razones a favor y hay buenas razones en contra”.
  • Ruth Bader Ginsburg: “Personalmente, no tengo objeción a la transmisión de las audiencias por televisión”.
  • Elena Kagan: “Sería buena idea, más aún pensando que en la actualidad solo 200 personas por día pueden presenciar las sesiones. Sería muy bueno para el público americano”.
  • Anthony Kennedy: “No creo que sea en el mejor interés de la institución”.
  • Antonin Scalia: “Las cámaras en la Suprema Corte podrían, realmente  educar a la gente, pero también podrían maleducar y desinformar”.
  • Sonia Sotomayor: “Tengo buenas experiencias con cámaras”.
  • Clarence Thomas: “Mi anonimato se iría. Cambiaría el estilo de vida de mis colegas”.

Groucho Marx encontraba a la televisión bastante educativa porque cuando alguien la encendía en casa, él se marchaba a otra habitación para leer un buen libro. Pero frente a la trascendencia de la eventual anuencia de la Corte Suprema para permitir que se transmitan en vivo las sesiones de argumentos orales, la tentación de encender la “caja idiota” se torna apetitosa.

Abrir pues, las plúmbeas puertas institucionales a las cámaras sentaría precedentes saludables para la educación cívica y para el sistema jurídico estadounidense, y con especial énfasis, allanaría el camino para que, aprovechando las fuerzas naturales de aceleración, se transmitan en vivo las sesiones argumentos orales, no solo de los asuntos de mayor relevancia, sino de todos los casos sometidos a la ponderación de la Corte, bajo el vetusto principio: “a maiori ad minus”.

¿No son aún tiempos para una Supreme Court 2.0?

Gallup revela que siete de cada diez estadounidenses opinan que la Corte debiera permitir cámaras de televisión, y diversos termómetros han revelado que la combinación de cámaras y tribunales es buena para la democracia. Por tanto, parecía haber óptimas condiciones a propósito de las sesiones del 26, 27 y 28 de marzo de 2012, para: a) marcar una nueva época en las reglas del juego de la Suprema Corte, b) mostrar al justice Clarence Thomas romper ¡en vivo! seis años de silencio, y, principalmente, c) constatar que los oral arguments reúnen los ingredientes necesarios para “enamorar a la cámara”.

No obstante, parece haber un equilibrio matemático entre el tamaño del anhelo y las dimensiones de la desilusión. A quienes se interesan por las actividades del más alto tribunal estadounidense, por ahora, tendrán que seguir conformándose con los dibujos de las sesiones y los audios correspondientes. No son tiempos aún para pensar en una Corte Suprema 2.0.

Y, como la Sinfonía de Nielsen, la preocupación es expansiva: si no se permitió el acceso de cámaras, Blackberrys, Ipads, Laptops, y otros gadgets, así como hacer llamadas, y mucho menos, twittear durante los argumentos orales de los Affordable Care Act Cases, ¿entonces, cuándo será?, ¿acaso la Corte seguirá atrapada en un flashback sepia?

Entre los escombros de proyectos nonatos que se expanden hasta donde la vista alcanza, la vida sigue, y retomando el epígrafe de esta nota, los Justices, ajenos al acelerado metabolismo institucional de la era digital,  proseguirán por ahora, con su discreta elegancia.

Final alternativo (léase solo si no desea que se transmitan por televisión las sesiones de la Corte Suprema)

Ya es posible contar, el mismo día de la sesión con las transcripciones de los argumentos orales y sus respectivos audios. ¿Cuánta comprensión adicional podría obtenerse con el simple hecho de ver a todo color las caras de los Justices y de los abogados presentes? La transmisión por televisión de los debates del Congreso, como institución eminentemente política, es saludable y perfectamente entendible al ser este la arena de lucha democrática de la que los votantes esperaran obtener la mayor información posible.

Pero televisar los argumentos orales podría ser una punción de consecuencias impredecibles para una institución eminentemente jurídica que necesita trabajar al margen de las más sutiles presiones políticas y mediáticas. Poco abonaría la televisión al prestigio institucional de la Corte, que de suyo, cuenta ya con altos niveles de confianza ciudadana, muy por encima de los otros dos ramos del gobierno.

Por tanto, como dice Charles Lane, las cámaras de televisión en los argumentos orales de la Corte no serían más que una solución en búsqueda de un problema, dando al traste con uno de los pocos procedimientos en Washington DC que aún puede ser considerado como solemne. ¿Realmente le interesa que el Justice Thomas rompa su silencio?

Alejandro Anaya Huertas. Licenciado en Derecho (UNAM); maestro y candidato a doctor en Administración Pública (INAP).

Leer completo