Presento a los lectores del Juego de la Suprema Corte una selección personal de las noticias —principalmente, relacionadas con la impartición de justicia— que, entre octubre y diciembre del año en curso, se han registrado en otras partes del mundo.

diarios

Octubre

· Japón: Histórico fallo contra productora porno ayudará a víctimas de explotación. La decisión del Tribunal de Distrito de Tokio de fallar a favor de una actriz porno que deseaba abandonar la industria allana el camino para que otras personas puedan alejarse de la pornografía sin tener que preocuparse por las sanciones. En la primera causa judicial de este tipo, el Tribunal de Tokio desestimó una demanda presentada por una productora porno contra una joven mujer, que exigía más de 24 millones de yenes en compensación por daños y perjuicios debido a que la chica decidió repentinamente dar por terminado su contrato.

· España: Una mujer de 94 años, responsable de su atropello por cruzar por delante de un camión. La magistrada María Elena González, titular del Juzgado de lo penal número 2 de Oviedo, ha dictado sentencia absolutoria respecto a L. M. V. Á., un camionero acusado de causar graves lesiones a una anciana de 94 años (perdió el brazo izquierdo) al arrollarla en la confluencia de las calles Matemático Pedrayes y Cervantes, en junio de 2013. La magistrada considera que el atropello se debió a la “falta de diligencia” de la mujer, que cruzó la carretera muy pegada al vehículo pesado, imposibilitando que el conductor se percatase de su presencia.

· Unión Europea: Tribunal de Justicia de la UE invalida acuerdo sobre transferencia datos con EEUU. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea invalidó el acuerdo que permitía a compañías tecnológicas estadounidenses como Facebook transferir datos de usuarios de la UE a EEUU.

· Estados Unidos: La Suprema Corte rehusó revisar un notorio caso de delito de información privilegiada. Esto es un fuerte revés a la administración del presidente Barack Obama en su lucha contra la delincuencia de cuello blanco. Esta decisión del Máximo Tribunal podría alentar una serie de anulaciones de resoluciones contra empresarios, banqueros, operadores y gerentes de portafolios inculpados por haber obtenido o recibido informaciones confidenciales sobre una empresa que les reportó beneficios.

· Francia: Tribunal resuelve mantener vivo a un paciente en estado vegetativo. La Justicia francesa rechazó el requerimiento impuesto por un sobrino del paciente terminal Vincent Lambert, símbolo de la lucha por la eutanasia en Francia, en el que este pedía aplicar la decisión judicial europea de dar inicio al procedimiento de poner fin a su vida. Con su dictamen, el Tribunal Administrativo de Châlons-en-Champagne, en el este de Francia, dio el visto bueno de facto al mantenimiento artificial con vida de ese paciente, de 39 años, y en estado vegetativo desde 2008 tras un accidente de moto.

· Estados Unidos: Tía intenta demandar a sobrino por derribarla en un festejo. Un jurado de Connecticut rechazó el intento de una mujer de demandar a su sobrino por provocarle lesiones que asegura sufrió tras un saludo efusivo durante la fiesta de cumpleaños del menor hace cuatro años. Jennifer Connell, residente de la ciudad de Nueva York, acusó al niño de Westport de actuar de manera irracional cuando le brincó a los brazos durante su fiesta de 8 años, provocándole una caída en la que se fracturó la muñeca. Entabló la demanda en la Corte Superior de Bridgeport buscando una compensación de 127,000 dólares. De acuerdo con un reporte del Connecticut Post, los seis miembros del jurado hallaron que el niño no era responsable.

· Reino Unido: Tribunal ratifica que el bridge no es un deporte. Legiones de jugadores de bridge en Gran Bretaña pueden sentir que les ha tocado una mala mano luego de un fallo judicial que ratificó una decisión previa de que el juego de cartas no es un deporte. El Tribunal Superior respaldó un dictamen previo de Sport England que asegura que el bridge no es un deporte porque no implica actividad física.

· Japón: Pareja que no puede casarse ni registrar el nacimiento de su hijo demanda al Estado. Una joven pareja en Japón presentó una demanda para impugnar la constitucionalidad de un artículo del Código Civil que prohíbe a las mujeres volver a casarse dentro de los seis meses siguientes a su divorcio (la restricción no rige para los hombres). Los jóvenes tienen un hijo de cinco meses y residen en Shizuoka. La demanda contra el Estado fue interpuesta en el Tribunal de Distrito de Tokio, detalló la NHK. Cuando intentaron registrar su matrimonio en julio, fueron rechazados porque solo habían transcurrido dos meses desde el divorcio de la mujer.

· Estados Unidos: Tribunal respalda a Google y asegura que su biblioteca en línea no infringe derechos de autor. Google no está incurriendo en violaciones de derechos de autor al digitalizar libros para su gran biblioteca en línea, según ordenó una corte de apelaciones federal, en una disputa que se ha extendido por cerca de una década. La segunda Corte de Apelaciones en Manhattan estuvo de acuerdo con un juez que concluyó que los extractos que Google muestra a sus usuarios desde su base de datos, no constituyen una violación a las leyes de protección de derechos de autor.

· Austria: Tribunal admite demanda contra Facebook por uso de datos personales. Un tribunal de apelación austríaco consideró admisible “a título personal” una querella del abogado austríaco Max Schrems contra Facebook, abriendo la vía a un primer proceso civil sobre utilización de datos personales. El tribunal de Viena contradijo la sentencia de otra corte de primera instancia, que no admitió la querella y se declaró incompetente sobre el fondo.

· Brasil: Las tres novias que desafían el modelo de ‘familia tradicional brasileña’. Una empresaria y una dentista, de 32 años, y una gerente administrativa, de 34, acaban de poner “patas arriba” el concepto de familia brasileño al oficializar su relación en una notaría de Río de Janeiro. Es el segundo trío registrado en Brasil, después de que en 2012 una cajera, una auxiliar administrativa y un arquitecto formasen en São Paulo la primera unión poliafectiva estable del país, el equivalente a la pareja de hecho que, desde 2003, rige las uniones civiles brasileñas. La escritura firmada por las tres mujeres, que viven juntas hace tres años, las reconoce como familia, establece la separación de bienes y da potestad a cada una de ellas para decidir sobre posibles cuestiones médicas de sus cónyuges. El trío, además, declaró en el documento su intención de que la empresaria tenga un hijo por inseminación artificial y que en el certificado de nacimiento del bebé se contemplen los apellidos de las tres.

· Polonia: Tribunal resuelve que sería ilegal extraditar a Polanski. Un tribunal en Polonia determinó que sería ilegal extraditar a Roman Polanski a Estados Unidos, donde el cineasta se declaró culpable de violar a una menor hace casi cuatro décadas. La decisión del juez en Cracovia implica el cierre del caso contra Polanski a menos que Estados Unidos presente una apelación.

· España: El Tribunal Supremo establece la primera condena de cárcel por emisiones ilegales con efecto invernadero. La Sala II del Tribunal Supremo ha condenado a dos años y medio de cárcel por delito contra el medio ambiente a dos empresarios de Madrid por triturar de forma ilegal y sin autorización administrativa 2,236 frigoríficos, con lo que liberaron a la atmósfera 3,378 toneladas de CO2, generando un gran riesgo para el medio ambiente y las personas. Además de los dos empresarios, un padre y su hijo, han sido condenados a 14 meses de prisión el encargado de la empresa y dos responsables de empresas que abastecían de frigoríficos a los primeros.

Noviembre

· Colombia: Belisario Betancur pide perdón por ‘errores’ sobre Palacio de Justicia. El expresidente Belisario Betancur reiteró que le pide perdón a Colombia si llegó a cometer algún error durante la retoma del Palacio de Justicia, ocasionada luego de la toma a sangre y fuego por parte del M-19 en noviembre de 1985. Betancur, quien era el jefe de Estado para la época de los hechos, aseguró que sus actuaciones no obedecieron a nada distinto que al deseo de lograr la paz.

· Colombia: Corte Constitucional da vía libre a adopción por parte de parejas del mismo sexo. La Sala Plena de la Corte Constitucional votó a favor una ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio que le da vía libre a la adopción igualitaria en Colombia. El resultado quedó con seis votos a favor de la ponencia y dos en contra de los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza y Luis Guillermo Guerrero. La ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio sostiene que “la adopción de niños por personas con orientación sexual diversa, en general, y por parejas del mismo sexo, en particular, no afecta por sí misma el interés superior del menor, ni compromete de manera negativa su salud física y mental o su desarrollo integral”.

· Japón: Por primera vez un municipio reconoce unión de personas del mismo sexo. El municipio de Shibuya, Tokio, se convirtió en el primer gobierno local en Japón en emitir certificados que reconocen la unión de personas del mismo sexo como equivalente al matrimonio. Aunque los documentos no son jurídicamente vinculantes (la Constitución de Japón no reconoce las uniones homosexuales), en la práctica lo serán, pues las empresas y los hospitales, por disposición del municipio de Shibuya, deberán tratar a los poseedores de los certificados de la misma manera que a un matrimonio. Si discriminan a las parejas del mismo sexo sus nombres se harán públicos.

· Alemania: Parlamento prohíbe suicidio asistido remunerado. El Parlamento alemán aprobó una ley que prohíbe el suicidio asistido organizado y con fines lucrativos, pero que no penalizará las decisiones por parte de los médicos en casos individuales. El Bundestag ilegalizó así a las asociaciones, fundaciones, empresas o personas que ofrezcan como un servicio remunerado la asistencia al suicidio de enfermos terminales.

· Estados Unidos: Tribunal falla en contra de la acción ejecutiva en materia migratoria de Obama. El plan del presidente Barack Obama para proteger de la deportación a unos 5 millones de personas que viven en Estados Unidos sin permiso, sufrió un fuerte revés en la corte. En una decisión de 2-1, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans respaldó un mandato de un juez de Texas que bloquea la iniciativa migratoria del gobierno de Obama. En su primera reacción al fallo, la Casa Blanca dijo que “difiere profundamente” con la decisión de la Corte, pero no precisó detalles sobre sus próximos pasos.

· Corea del Sur: La Suprema Corte confirma la cadena perpetua al capitán del Sewol. Se Sur confirmó la sentencia de cadena perpetua para el capitán del ferri Sewol, cuyo hundimiento hace un año causó 304 muertos, la mayoría estudiantes de bachillerato, en una de las mayores tragedias de la historia del país. La máxima instancia judicial surcoreana confirmó que Lee Joon-seok, de 70 años, es culpable de asesinato por no cumplir deliberadamente con sus responsabilidades como capitán durante el suceso acaecido el 16 de abril de 2014 en la costa suroriental del país, según la sentencia.

· Corea del Sur: Tribunal ordena a firma japonesa compensar a trabajadores forzados. Un tribunal de Seúl ordenó a una empresa siderúrgica japonesa indemnizar a ocho surcoreanos que realizaron trabajos forzados en sus plantas durante la II Guerra Mundial. El Tribunal Central de Seúl alegó que la movilización forzosa de los trabajadores fue ilegal y sentenció a la firma Nippon Steel & Sumitomo Metal a pagar 100 millones de wones (86,100 dólares) a cada uno de los demandantes, informó la agencia local Yonhap.

· Estados Unidos: Tribunal Federal avala la constitucionalidad de la pena de muerte en California. Una corte federal de apelaciones de Estados Unidos revocó la decisión de un juez que el año pasado declaró inconstitucional la pena capital en California debido al tiempo de espera en el corredor de la muerte. Los tres magistrados del panel de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito decretaron de forma unánime que los largos retrasos que enfrentan los reos no provocan un castigo cruel e inusual, en contra de la Octava Enmienda de la Constitución.

· Brasil: Supremo Tribunal Federal veta donaciones anónimas en las campañas políticas. La Justicia brasileña vetó las donaciones anónimas a los candidatos a cualquier cargo público, hasta ahora permitido y que según la sentencia puede facilitar la corrupción. La decisión, tomada por el Supremo Tribunal Federal (STF), máxima corte brasileña, entrará a valer inmediatamente y se aplicará ya en las elecciones municipales del año que viene. La sentencia considera que las donaciones ocultas, permitidas por ley desde 1997, violan los principios de la transparencia y de la moralidad y dificulta el rastreo de las donaciones por parte de las autoridades electorales.

· India: Tribunal ordena mover un crematorio para proteger el Taj Mahal. El gobierno del estado de Uttar Pradesh tendrá que trasladar un crematorio ubicado cerca del Taj Mahal para proteger el icónico momento del humo, según el fallo de un alto tribunal de India. La corte actuó tras una carta remitida por un juez del Tribunal Supremo que decía que el mausoleo de mármol blanco estaba amenazado por la contaminación del humo y las cenizas que salían del crematorio.

· OEA: La CIDH publica informe sobre estándares jurídicos sobre igualdad de género. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe “Estándares jurídicos: igualdad de género y derechos de las mujeres”. Esta es una edición especial del informe, elaborada para conmemorar el 20 aniversario de la Convención de Belém do Pará, que tuvo lugar en 2015. Esta edición especial incluye el texto original aprobado por la CIDH el 3 de noviembre de 2011 y una actualización aprobada el 26 de enero de 2015. El informe resume y analiza los estándares jurídicos adoptados por el sistema interamericano de derechos humanos sobre igualdad de género y derechos de las mujeres, y analiza el grado de impacto de las recomendaciones y decisiones del sistema interamericano en las sentencias emitidas a nivel interno en los países de la región.

· Irán/Estados Unidos: Condenan a prisión a periodista del Washington Post. Sentenciaron en Irán a un periodista del Washington Post a purgar una pena de prisión no especificada tras ser condenado por varios delitos, incluso el de espionaje, informó una agencia iraní de noticias. El periodista del Washington Post fue detenido el 22 de julio de 2014 junto con su esposa Yeganeh Salehi y dos fotoperiodistas.

· OEA: La CIDH publica informe “Acceso a la información, violencia contra las mujeres y la administración de justicia en las Américas”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe “Acceso a la información, violencia contra las mujeres y la administración de justicia en las Américas”. El informe procura ofrecer una primera aproximación a los desafíos que enfrentan las mujeres en las Américas para tener un acceso adecuado a la información controlada por el Estado en materia de violencia y discriminación. Asimismo, busca sistematizar los estándares internacionales que se han desarrollado en el Sistema Interamericano sobre esta materia e identificar las buenas prácticas en la región respecto de la aplicación y cumplimiento de dichos estándares.

· España: El Tribunal Constitucional determina la aplicación preferente de la normativa europea cuando ya ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. El TC explica que, si bien las normas del Derecho de la Unión Europea no tienen “rango y fuerza constitucionales”, el Tribunal Constitucional tiene el deber de valorar los actos de los poderes públicos sometidos a su enjuiciamiento, tanto cuando dichos actos aplican las normas de la UE como cuando se plantea que son contrarios a las mismas. Y, desde la perspectiva más concreta del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho a un proceso con todas las garantías, el Tribunal debe velar por que los jueces y tribunales resuelvan “conforme al sistema de fuentes establecido”.

· Unión Europea: El TEDH respalda prohibición de Francia al velo islámico. La principal corte europea de derechos humanos respaldó la prohibición de Francia al uso del velo islámico en el caso de una trabajadora social que perdió su empleo en un hospital porque no quiso quitárselo. El gobierno laico de Francia les prohíbe a los empleados públicos hacer muestra de sus creencias religiosas mientras están laborando.

· OEA: Roberto F. Caldas (Brasil) elegido Presidente de la Corte IDH y Eduardo Ferrer Mac-Gregor (México) elegido Vicepresidente. El pleno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos eligió como su nuevo Presidente al Juez y actual Vicepresidente Roberto F. Caldas de nacionalidad brasileña. En el mismo acto se eligió como Vicepresidente al Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot de nacionalidad mexicana. La elección se llevó a cabo durante el 112 Período de Sesiones de la Corte. El Presidente y Vicepresidente electos iniciarán su mandato el 1 de enero de 2016.

· El Salvador: Desarticulan una red de corrupción judicial. La Fiscalía General de la República aseguró que desarticuló una red de jueces, abogados y un fiscal que manipulaban los fallos judiciales para favorecer a los delincuentes a cambio de dinero. Un informe de la Fiscalía confirmó que tras un operativo con la Policía Nacional Civil a nivel nacional, capturaron a siete personas, mientras que otras cinco huyen de la justicia.

Diciembre

· Colombia: Corte Suprema advierte que no hay condiciones para inicio de oralidad en pleno. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia advirtió graves fallas en los medios y herramientas con los que cuenta el sistema judicial para que entre en vigencia el nuevo Código General del Proceso. La declaración de la Corte se da después de un informe publicado por un diario sobre el atraso en ese proyecto que el presidente Juan Manuel Santos consideró la “verdadera reforma de la justicia”. Este sistema entrará a operar plenamente en el país en los procesos civiles, de familia y agrarios a partir del primero de enero del próximo año, según un acuerdo de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

· España: El Tribunal Constitucional anula la declaración soberanista por unanimidad. El Pleno del Tribunal Constitucional ha anulado por unanimidad la declaración independentista aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado 9 de noviembre. En uno de los fallos más rápidos de su historia, el Constitucional ha dejado sin efecto el texto aprobado por los diputados de Junts pel Sí y la CUP, que iniciaba el camino para romper con España. El Tribunal considera que tanto la resolución independentista como su anexo vulnera cinco preceptos de la Constitución y dos del Estatuto de Cataluña.

· República Dominicana: Jueza involucra en corrupción al presidente de la Suprema Corte. La jueza Awilda Reyes Beltré, acusada de corrupción y suspendida de sus funciones, involucró al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de República Dominicana, Mariano Germán Mejía, en un escándalo por la existencia de una supuesta red corrupta en el Poder Judicial.

· Bolivia: El Tribunal Constitucional sustituye a magistrado por revelar viaje de tribunos. La polémica por el viaje de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) durante un mes a China, desembocó en la destitución del magistrado Oswaldo Valencia de la presidencia de la Comisión de Admisión y de la dirección de la Academia Plurinacional de Estudios Constitucionales, tras la cual, éste denunció represalias por haber revelado la falta de quórum en Sala Plena para dictar fallos y pedir la convocatoria de suplentes.

· Sudáfrica: Un tribunal concede a Pistorius la libertad bajo fianza tras la condena por asesinato. El Tribunal Superior de Pretoria ha concedido la libertad bajo fianza de 10,000 rands al atleta paralímpico Oscar Pistorius tras haber sido condenado por el asesinato de su novia, Reeva Steemkamp. El vicepresidente del tribunal, Aubrey Ledwaba, ha dictaminado que el atleta deberá estar controlado con un dispositivo electrónico. Solo estará autorizado a desplazarse en un radio de 20 kilómetros en torno a la casa de su tío en Waterkloof, en Pretoria, donde ya había estado viviendo bajo supervisión cuando cumplía su condena inicial. Pistorius estará autorizado a salir de la vivienda entre las 7:00 horas y el mediodía y necesitará permiso de las autoridades si quiere salir de la casa fuera de ese horario.

· Alemania: Tribunal Constitucional abrirá proceso de ilegalización de partido neonazi. El Tribunal Constitucional alemán anunció que las vistas del proceso de ilegalización del ultraderechista Partido Nacional Democrático (NPD) iniciarán en marzo de 2016, tras la demanda impuesta por el Bundesrat (Senado). El Constitucional dio un nuevo paso en el proceso al fijar tres sesiones para el 1, 2 y 3 de marzo.

· Rusia: Senado aprueba la supremacía de la ley rusa sobre las cortes internacionales. El Consejo de la Federación de Rusia aprobó una ley que otorga al Tribunal Constitucional el derecho a reconocer imposible el cumplimiento de decisiones de las cortes internacionales si estas violan la supremacía de la constitución rusa. El documento fue elaborado de acuerdo con una decisión del Tribunal Constitucional.

· Estados Unidos: La Suprema Corte rechaza demanda de derechos humanos contra Occidental Petroleum Corp y un contratista de seguridad, acusados de complicidad en un ataque mortal cometido en 1998 por militares en un pueblo del noreste de Colombia. El Alto Tribunal dejó intacto un fallo del 2014 del noveno Tribunal de Circuito de Apelaciones que precisa que las familias de las víctimas no pueden presentar demandas contra Occidental y AirScan Inc., con sede en Florida.

· Argentina: El presidente Mauricio Macri eligió dos candidatos para ocupar las vacantes de la Corte Suprema. Se trata de Carlos Rosatti y Carlos Rozencrantz, dos abogados especialistas en Derecho Constitucional con antecedentes en la política. Serán designados en comisión, sin acuerdo del Senado hasta el próximo año. La designación se efectuó mediante el mecanismo conocido como nombramiento en Comisión, estipulado en el artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional, que permite que el Presidente “puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”. El nombramiento por comisión de ministros de la Corte Suprema no tiene antecedentes directos en la historia desde su creación en 1862.

Alejandro Anaya Huertas. Licenciado en derecho (UNAM); maestro y doctor en administración pública (INAP).

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Hace ya más de un mes, fuimos testigos de un par de resoluciones históricas por parte de dos tribunales constitucionales en países diferentes: el caso de  Obergefell v. Hodges  en la Corte Suprema de Estados Unidos (SCOTUS) y la jurisprudencia 43/2015 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia mexicana (SCJN).

poligamia

Respecto el primer país, vale recordar que el ordenamiento jurídico de Estados Unidos ha tenido distintas fracturas anteriormente respecto a situaciones complejas de igualdad y derechos fundamentales. Pensemos en la sentencia paradigmática Brown v. Board of Education, que declaró inconstitucional la segregación racial en las escuelas en 1954 y marcó el inicio de un rico desarrollo jurisprudencial en materia de igualdad, que trajo a deliberación pública un conjunto de creencias y prejuicios añejos sobre los cuales se había construido todo un ordenamiento jurídico y se impartía “justicia”: el racismo. En nuestro país, por su parte, la SCJN emitió un criterio jurisprudencial novedoso que tiene ya tiempo cristalizándose, cuyo origen es una revolución de derechos resultado de las luchas de liberación sexual del siglo pasado y que son el antecedente inmediato de las batallas judiciales ganadas en nuestro país respecto al tema.

Ambas sentencias abordan la cualidad del sexo del sujeto hombre/mujer como no relevante al contraer matrimonio civil. Sin embargo, no discuten el tema de la cantidad de integrantes que debe tener la unión, una temática que no implicaría cuestionar la heteronormatividad de los derechos, sino la monogamia que presumen éstos.

Algunos blogs y diarios de la prensa estadounidense, tocaron justamente ese tema que a mi parecer es crucial, y que no se ha abordado del todo en nuestra prensa nacional –ignoro si por miedo a tocar puntos frágiles dentro del discurso de aquellos que están en contra del matrimonio igualitario y radicalizar la oposición o por mera distracción colectiva–, tal es el caso del diario The New York Times y su entrada Is Poligamy Next?, en la que el autor, William Baude, nos invita a pensar a la poligamia1 como una posibilidad dentro del matrimonio.

La revista Slate a su vez publicó la opinión de Richard Posner sobre la sentencia estadounidense, un día después de que fuera emitida por la Corte Suprema. Posner abordó, aunque de manera breve, la inexactitud sobre el presupuesto del matrimonio como unión exclusiva de un hombre con una mujer (en singular) pues se ha visto que varias civilizaciones fueron polígamas, inclusive llega a afirmar que la poligamia tendría “costos” para la sociedad reduciendo el número de mujeres casables.2

Nuestro país vecino, ya tiene un precedente de 2014 que es importante señalar. Kody Brown del programa televisivo Sister Wives y su feliz familia polígama comenzó a ser investigada por el estado de Utah justo cuando recién inició la serie televisiva que transmite la vida de esta singular familia. Kody no está legalmente unido en matrimonio con las cuatro mujeres con las que vive, su relación se reduce a la mera cohabitación en un hogar.

Tras la investigación, Kody y su familia se inconformaron y decidieron denunciar al estado por tener una ley que prohíbe 1) el matrimonio múltiple y 2) la cohabitación polígama. Este caso lo ganaron “parcialmente” cuando el juez Clarck Waddoups  declaró como inconstitucional la prohibición de la cohabitación polígama, teniendo esta un carácter religioso, ya que Kody y su familia son mormones y gozan del derecho constitucional a ejercer la religión que desean practicar. El sustento para la resolución dictada por Waddoups es que violaba los derechos y libertades señaladas en la Primera Enmienda, ademas de retomar el criterio que SCOTUS adoptó en la sentencia Lawrence v. Texas -criterio fundamental en los logros de la comunidad gay consolidando el derecho a la privacidad.

Así, me parece crucial traer a cuenta lo que Engels escribió en 1897 en su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Para Engels, la monogamia “de ninguna manera fue fruto del amor sexual individual, con el que no tenía nada en común, siendo el cálculo, ahora como antes, el móvil de los matrimonios. Fue la primera forma de familia que no se basaba en condiciones naturales, sino económicas, y concretamente en el triunfo de la propiedad privada sobre la propiedad común primitiva, originada espontáneamente […] La monogamia no aparece de ninguna manera en la historia como una reconciliación entre el hombre y la mujer, y menos aún como la forma más elevada de matrimonio. Por el contrario, entra en escena bajo la forma del esclavizamiento de un sexo por el otro, como la proclamación de un conflicto entre los sexos, desconocido hasta entonces en la prehistoria”.3

La monogamia, continúa Engels, nace en la última etapa de la barbarie, trae una serie de sumisiones y desigualdades de un género frente al otro. El origen de este tipo de relación humano es meramente económico. Fue, pues, una transformación –de la poligamia primitiva a la monogamia pre-moderna– que llevó varios siglos. Las tribus combatían, se expandían y mejoraban sus técnicas. La producción y evolución de los instrumentos con los que hacían las actividades primarias como la agricultura y la ganadería fueron mejorando y esto dio como resultado sociedades más complejas y desarrolladas, lo que trajo como consecuencia nuevas formas de relacionarse los/las unos/unas con otros/otras.

A todo esto, volviendo a las resoluciones de SCOTUS y de la SCJN, ambas sentencias sin duda trajeron deliberaciones en sujetos de relevancia pública que son novedosas y que sin duda pueden –en potencia– especular sobre los discursos que actualmente se están construyendo como verdades. Es decir los jueces, algunos representantes pertenecientes al poder legislativo y ciertos pronunciamientos por parte del ejecutivo están siendo productores de argumentos influyentes desde sus posiciones como peritos o expertos en sus respectivas materias.4 Desde el derecho, sin duda, serán referentes obligatorios para argumentar, criticar y desarticular nuevamente estas “nuevas” concepciones de instituciones (el matrimonio homosexual).

Si los derechos fundamentales no pueden estar limitados por rígidas concepciones históricas, como afirmó el juez Anthony M. Kennedy, ¿es una embestida en contra del matrimonio monogámico los argumentos utilizados en las sentencias mencionadas? Ya incluso el ministro José Ramón Cossío, aseveró respecto al matrimonio que “es un producto cultural, dinámico y variable, construido de diversas representaciones y anhelos individuales que terminan por darle contenido social y, finalmente, forma jurídica”. Entonces, ¿es también la cantidad de personas que pueden integrar el matrimonio dinámica y variable?

Si la cantidad es una construcción social que en determinado momento fue útil, ¿acaso hoy existe alguna razón para impedir su variación? Aquellos adultos que comunitariamente se amen (si es que es o no pensable que puedan generar sentimientos de amor más de dos personas, en conjunto y ser recíprocamente correspondidas), ¿pueden o no aspirar a ser incluidas dentro del matrimonio?

En nuestro propio país, en el estado de Jalisco, por ejemplo, tenemos la breve y contradictoria Ley de Libre Convivencia que entró en vigor el 1 de enero de 2014, en su artículo tercero señala que: “La libre convivencia es un contrato civil que se constituye cuando dos o más personas físicas, mayores de edad, con capacidad de goce y ejercicio, se asocian con el objeto de otorgarse ayuda mutua.”5 El único requerimiento es tener la voluntad de cohabitar, no estar en alguna relación matrimonial, e ir ante un notario público para celebrar el feliz nacimiento de una relación polígama permitida por el ordenamiento jurídico mexicano.

Hace cincuenta años era inimaginable pensar que dos hombres o dos mujeres lograran unirse en matrimonio, ¿por qué no podría ser similar con el hecho de que tres o más personas puedan hacerlo bajo una misma unión marital? Y si quisiéramos defender a capa y espada las uniones monogámicas –como ya es típico—bajo el interés superior de la niñez. ¿Ello no supondría mayor amor, recursos económicos y cuidado para los niños?

Sentencias como Obergefell v. Hodges y la jurisprudencia 43/2015, nos guste o no, fracturan un sistema tan añejo como la heteronormatividad y, en este caso, la monogamia como presunción aceptada por el derecho. Ambas nos obligan a cuestionarnos la finitud y contingencia de nuestras instituciones y, por consecuencia, de nuestros propios modos de vida. Al final, quizá sea nada más y nada menos acostumbrarse a los cambios y entender que estos no son más que lecciones de humildad.

Cuitláhuac Castillo Camarena. Estudiante de Derecho por la Universidad de Guanajuato. Asistente de investigación en el ITAM. Twitter: @castillocc15


1 La palabra poligamia se refiere tanto a la poliginia, o sea al sistema en el que a un hombre se le autoriza tener varias esposas, como a la poliandria, o sistema en el cual una mujer tiene varios esposos. Véase, Lévi Strauss, Claude, “La familia”¸ Polémica sobre el origen de la Familia, México, Siglo XXI, 1974, p.15.

2 La traducción es mía.

3 Engels, Friedrich, El origen de la familia, la propiedad privada y el estado, México, Pensamiento Crítico, 2010, pp. 93.

4 Esos pronunciamientos, provienen de actores e instituciones políticas, peritos todos, en sus propias materias. Están emitiendo  nuevos argumentos que desembocarán en ciertas instituciones como la clínica, y la pericia. Esta última, en las instituciones jurídicas está siendo productora de verdades, y en base a ello construyendo “realidades”, continuamente está normalizando. Foucault, Michel, Los Anormales, 1a. ed., trad. de Horacio Pons, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2014, pp. 15-59.

5 Las cursivas son mías.

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El pasado viernes 26 de junio, la Suprema Corte de los Estados Unidos anunció su decisión en el caso Obergefell v. Hodges, el blockbuster del año. La fecha es muy especial para la comunidad gay, no solo porque junio es el mes del orgullo LGBTTIQ, sino porque, además, el 26 de junio de 2003, hace sólo 12 años, la propia Corte estadounidense declaró inconstitucional la ley penal de Texas que criminalizaba la sodomía.1

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La decisión en Obergefell fue adoptada por mayoría de 5 votos de los jueces Ginsburg, Breyer, Sotomayor, Kagan y Kennedy. Éste último, quien otorgó el voto decisivo para la toma de esta decisión, fue el encargado de escribir la sentencia.2 En este artículo pretendo sintetizar el contenido fundamental de la misma, así como de los votos disidentes.

Empecemos por los antecedentes del caso: el asunto fue llevado a la Corte Suprema por 14 parejas del mismo sexo y dos hombres gay viudos,3 quienes cuestionaron la constitucionalidad de la legislación de los estados de Michigan, Kentucky, Ohio y Tennessee, en las cuales se definía el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. En esos estados, se negó a las parejas el reconocimiento de sus matrimonios, contraídos en otros estados de la Unión americana.

El resultado todos los conocemos: la Suprema Corte dio la razón a los actores, expandió el derecho constitucional de contraer matrimonio a las parejas del mismo sexo y dio inicio a una alentadora cadena de mensajes, estados, tweets y arcoíris en las redes sociales.

En Obergefell, la litis del caso se centraba en dilucidar: (i) si conforme a la 14ª Enmienda de la Constitución estadounidense, los estados tienen la obligación de permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo y (ii) si la misma Enmienda obliga a los estados a reconocer los matrimonios gay celebrados en otros estados. Estas preguntas no habían sido abordadas expresamente por la Corte en asuntos anteriores.4

Para considerar la primera pregunta, la sentencia de Kennedy (quien insistió en el tema durante los argumentos orales5) partió de un breve recuento sobre la historia del matrimonio. Al respecto, sostuvo que de los antecedentes históricos de dicha institución, se desprende su enorme importancia para la vida las personas y la necesidad de que algo tan importante para los individuos sea protegido por el Estado. Sin embargo, y reconociendo que la historia moldeó tradicionalmente la institución como la unión de un hombre y una mujer, la sentencia precisa que la tradición pueden ayudar a entender una institución, pero no puede significar un límite a las libertades constitucionales.

En esta última afirmación, la sentencia de Kennedy combate frontalmente la doctrina del originalismo, según la cual la interpretación constitucional debe partir de las consideraciones hechas por las personas que participaron en el proceso de construcción del documento constitucional (1789 y sus enmiendas). De hecho, la sentencia de Kennedy ataca la doctrina de los jueces Scalia y Thomas en más de una ocasión, por ejemplo al afirmar que quienes escribieron y ratificaron el Bill of Rights y la 14ª Enmienda no tenían la pretensión de conocer la amplitud de las libertades constitucionalmente protegidas, sino que delegaron el desarrollo de las mismas a generaciones futuras, conforme éstas fueran “aprendiendo cuál es su significado”.6

Por supuesto, el ataque frontal (y brutal) de Kennedy a la doctrina de Scalia merecía un revés. En su voto disidente, Scalia no sólo llamó a la decisión un “golpe de Estado”,7 “pretenciosa” y “egocéntrica”,8 así como atentatoria de la reputación de la Corte para “pensar claro” y “ejercer un análisis sobrio”,9 sino que también la cuestionó por pretender dotar a los jueces de un poder “super-legislativo”10 y asumir que encontraba un derecho constitucional olvidado por generaciones enteras de jueces y abogados.

En realidad, contrario a lo que afirmó Scalia, la Corte no pretendió establecer un “derecho constitucional al matrimonio gay”, sino que, considerando la existencia (no cuestionada) de un derecho a casarse, la Corte desentrañó el sentido del mismo y lo hizo extensivo a las parejas del mismo sexo. La distinción es sutil e inteligente.

Thomas, también inconforme con la postura de la mayoría frente a la doctrina del originalismo, escribió un disenso cáustico, acusando a la Corte de emprender una postura revisionista de la historia y la tradición jurisdiccional.11

Ahora bien, la mayoría, conforme a la doctrina de stare decisis, sustentó su decisión en casos pasados, a fin de demostrar que Obergefell era la consecuencia natural de un proceso evolutivo de criterios jurisprudenciales.12 Así, recordó que la protección de la 14ª Enmienda se extendía no sólo a los derechos y libertades consagrados en el Bill of Rights, sino también a otros derechos importantes relativos a la dignidad y la autonomía humana. Asimismo, recordó el famoso caso Loving v. Virginia (1967), en el cual invalidó la prohibición al matrimonio interracial por restringir la autonomía de las personas para establecer relaciones afectivas. Finalmente, insistió en retomar las consideraciones centrales del ya mencionado Lawrence, tanto para reafirmar la libertad sexual de las personas, como para abonar a la interpretación del derecho a contraer matrimonio como una decisión personal esencialmente íntima.13

Me interesa detenerme en dos temas más, mismos que suscitaron un enfrentamiento no menor entre la mayoría y minoría de este caso: el vínculo entre el matrimonio y la procreación, así como las facultades del Poder Judicial para entrar en el debate relativo al matrimonio gay.

En relación con el primer tema, la sentencia de Kennedy simplemente establece que “la habilidad, deseo o promesa de procrear no es y nunca ha sido un prerrequisito para contraer un matrimonio válido en un estado.”14 Sin embargo, la opinión disidente de Alito se sustenta esencialmente en ese vínculo reproductivo y afirma que, con independencia de la postura que considera al matrimonio como algo fundado en la felicidad de las personas, lo esencial del matrimonio es el coito y la perpetuación de la especie, visión que, a su juicio, los estados pueden adoptar legítimamente.

Por otra parte, dentro de un debate interno interesante, la posición de la mayoría afirma que pudiese pensarse que el asunto merece más legislación, litigio y debate, pero lo cierto es que: (i) ha habido discusión suficiente y (ii) la propia Constitución estadounidense ha garantizado el acceso al proceso jurisdiccional a fin de garantizar ciertos derechos de los ciudadanos y evitar que los mismos sean sometidos al voto y al resultado de las elecciones. Sin embargo, todos los disidentes (Scalia, Roberts, Alito y Thomas) insisten en que la cuestión debió dejarse a consideración del proceso legislativo y la discusión política de los estados de la Unión. Los disidentes cuestionan el que cinco jueces constitucionales decidieran la cuestión, arrebatando de las personas la libertad de decidir en democracia.15

La sentencia de Kennedy es un buen documento jurídico y, claro está, una victoria para las personas gay y sus familias. El mensaje de la Corte Suprema estadunidense no sólo es realmente positivo a nivel político, sino que representa algo aún más relevante: un ambicioso proyecto de construcción doctrinal de los derechos y libertades de autonomía, privacidad e igualdad.

Julio Martínez Rivas. Abogado (ITAM) y colaborador de la ponencia del ministro Cossío en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.


1 Lawrence v. Texas (2003). Decisión adoptada por mayoría de 6 votos de los jueces Kennedy, Stevens, Souter, Breyer, Ginsburg y O’Connor (voto concurrente). Los jueces Scalia, Thomas y Rehnquist votaron en contra.

2 La facultad de asignar la responsabilidad de escribir la sentencia correspondió a la juez decano de la mayoría, Ruth B. Ginsburg, quien, asumo, asignó el caso a Kennedy por razones estratégicas.

3 Tomemos en cuenta el caso de James Obergefell, quien dio nombre al caso en comento. La pareja sentimental de Obergefell, con quien contrajo matrimonio en Maryland, murió de esclerosis lateral amiotrófica. Sin embargo, el estado de residencia de la pareja, Ohio, no permitía al supérstite ser considerado tal para efectos legales.

4 En United States v. Windsor (2013), por ejemplo, la Suprema Corte declaró inconstitucional la exclusión de los beneficios materiales previstos en la legislación federal a las parejas del mismo sexo. Sin embargo, al decidir aquel asunto, la Corte no abordó las preguntas planteadas el Obergefell, sino que se limitó a considerar si era o no válida la exclusión de beneficios a parejas casadas legalmente conforme a la legislación de los estados más progresistas del país.

5 Los audios están disponibles aquí.

6 “… as we learn its meaning.” Página 11.

7Putsch“. Página 6 del voto disidente del juez Scalia.

8 Página 7 del voto disidente del juez Scalia.

9 Página 9 del voto disidente del juez Scalia.

10 Página 5 del voto disidente del juez Scalia.

11 Página 3 del voto disidente del juez Thomas.

12 “The gay-marriage decision is no outlier. It stands in a long line of prior decisions, all of which were highly controversial at the time, but most of which are now widely celebrated, even taken as iconic.” Sunstein, Cass. “Gay Marriage Shows Court at its Best”. Bloomberg View, June 26, 2015. Disponible aquí.

13 Recordemos que el derecho a la intimidad es considerado por el sector conservador de la Suprema Corte como un constructo artificial derivado de los casos de aborto y anticoncepción.

14 Página 15.

15 “But why should the people who control a state have the right to deny the right of some of their fellow citizens to marry, without a reason? Alito has no answer.” Posner, Richard A. “The chief justice’s dissent is heartless”. Slate, June 26, 2015. Disponible aquí.

Lithwick, Dahlia. “Where was all this “five unelected judges” chatter when they handed down Citizens United?”. Slate, June 26, 2015. Disponible aquí.

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La debacle fiscal mexicana no se solucionará simplemente aumentando los impuestos. Los bajos niveles de recaudación en el país son en buena medida producto de un sistema legal que ha sido incapaz de crear reglas justas para sus gobernados y que con sobrada razón ha merecido la desconfianza ciudadana. Por ello, hay una omisión fundamental en la reforma hacendaria que propone el gobierno federal. En ella se pasa por alto que garantizar la igualdad de los contribuyentes ante la ley es tan importante para cualquier democracia consolidada como hacerse de los recursos mismos. Esto obliga al equipo del presidente Peña Nieto a repensar el alcance dado hasta ahora ―para bien o para mal, desde la Constitución misma― a los medios de defensa de los ciudadanos.

reforma-hacendariaComo es bien sabido, desde que en México se creó el juicio de amparo, las sentencias dictadas en este procedimiento habían tenido efectos únicamente para las partes en el litigio. De acuerdo con la conocida “fórmula Otero”, una ley considerada inconstitucional lo era sólo para quien lo hubiera alegado ante un tribunal federal pero no así para los demás individuos que se encontraran en el mismo supuesto legal. Así, no era inusual enterarse de algún “suertudo” que estaba amparado contra la tenencia vehicular o contra la Ley del Impuesto sobre la Renta y, por ende, quedaba eximido de estas obligaciones, mientras que el resto de la ciudadanía continuaba sujeto a una legislación de dudosa constitucionalidad. Incluso existiendo jurisprudencia sobre la inconstitucionalidad de una ley, había que promover un amparo para evitar su aplicación.[1] Esta situación generó un incentivo pernicioso a las autoridades mexicanas para violar derechos durante más de siglo y medio. El probable número de amparos contra determinada política pública entraba en el cálculo del legislador para tomar una decisión. Al ciudadano respetuoso de la ley se le trataba como incauto.

A pesar del gran despliegue mediático que han tenido, las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y amparo no modificaron realmente esta situación. Si bien ahora el Pleno de la Suprema Corte puede declarar con efectos generales la inconstitucionalidad de una ley como consecuencia de los amparos promovidos por ciudadanos en lo individual, siempre que se cumpla con el obsoleto requisito de contar con cinco sentencias ininterrumpidas en el mismo sentido y con el casi imposible voto de ocho de los once ministros, la declaratoria general de inconstitucionalidad no procede contra leyes tributarias.[2] Esto contrasta sobremanera con la forma en que las democracias consolidadas abordan cualquier legislación que vulnere derechos fundamentales.

En mayo pasado, por ejemplo, el Tribunal Constitucional de Alemania declaró incompatible con la Constitución de aquel país la ley que excluye a las uniones entre parejas del mismo sexo de los beneficios fiscales otorgados a los matrimonios heterosexuales. Al resolver una serie de quejas iniciadas por ciudadanos afectados, los jueces alemanes consideraron que dicha ley violaba el derecho constitucional de igualdad. Según el fallo, al no poder unir los ingresos de cada cónyuge para determinar una base gravable promedio por hogar, una pareja homosexual terminaba pagando más impuestos que una heterosexual que ganara exactamente lo mismo. Por ello, el tribunal ordenó al parlamento federal elaborar nuevas reglas tributarias que eliminasen ese tipo de discriminación.

Otro ejemplo más sonado: hace un par de meses la Corte Suprema de los Estados Unidos invalidó la controvertida “Ley para defender el matrimonio” (DOMA, por sus siglas en inglés). En tanto que definía la institución marital como enlace entre mujer y hombre, dicha ley impedía a los matrimonios homosexuales obtener, entre otros beneficios, exenciones fiscales federales. El juicio original fue iniciado por una mujer que fue obligada a pagar impuestos por heredar una finca al morir su esposa; obligación que no se hubiera generado si su cónyuge hubiese sido varón. La Corte consideró que la DOMA violaba la igualdad protegida por la Constitución y, por tanto, la hizo inaplicable para todas las autoridades administrativas y judiciales estadounidenses.

El derecho solamente podrá encauzar conductas si existe la certeza de que a una misma acción le seguirá irremediablemente la misma consecuencia jurídica independientemente del destinatario de la norma. Por ello, en sistemas donde los jueces tienen la responsabilidad de controlar que las leyes no violen los derechos de la ciudadanía, también debe garantizarse que las resoluciones judiciales sean uniformes. Justamente, una importantísima implicación práctica de estas decisiones del tribunal alemán y de la corte estadounidense es que la legislación invalidada ya no podrá aplicarse a persona alguna nunca más. Que su naturaleza sea tributaria o no tributaria es completamente irrelevante.

En nuestro país, en cambio, los encargados de “modernizar” el amparo tuvieron temor del “impacto negativo en las finanzas públicas” (pág. 11) y excluyeron expresamente a las leyes fiscales del ya de por sí complicado procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad. Actuaron bajo el mismo razonamiento mezquino de siempre en el que pocas quejas legitiman una medida inconstitucional y dieron la oportunidad al Estado de seguir obteniendo recursos vulnerando derechos fundamentales. ¿Qué diferencia habría ―para seguir con los ejemplos aquí mencionados― entre discriminar por preferencia sexual en un Código Civil o hacerlo en el Código Fiscal? Las parejas homosexuales, igual que las heterosexuales, se casan principalmente para gozar de la protección de leyes; no para mostrar a todo mundo su acta de matrimonio. No solamente es hipócrita reconocer igualdad jurídica y luego no asumirla donde cuesta; es también contraproducente para el Estado de derecho.

El Estado mexicano debe hacer algo si quiere dejar de hacer pensar a sus ciudadanos que el derecho está allí para condonar adeudos a las grandes empresas o a los ayuntamientos irresponsables. Aunque el juicio de amparo siempre se ofrezca como solución, es también parte del problema. Cualquier reforma fiscal que lo deje fuera será simplemente una ilusión.

Alfredo Narváez Medécigo. Abogado, maestro en políticas públicas y candidato a doctor en derecho por la Universidad Humboldt de Berlín.


[2]Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 107, fracción II, párrafo 4.

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Esta nota, como su título indica, ofrece al lector una descripción escueta de los aspectos fundamentales del sistema judicial más influyente y con mayor legitimidad en el mundo: el de los Estados Unidos de América

Organismos jurisdiccionales

Suprema Corte de Justicia (Supreme Court). Se integra por un presidente (chief justice) y por ocho ministros (associate justices). Son nombrados por el presidente de los Estados Unidos, con la aprobación del Senado, con carácter vitalicio (life tenure), aunque pueden ser expulsados por sentencia firme tras un proceso de destitución. Tienen tres jurisdicciones: tribunal de primera instancia (procesos que afecten a embajadores, cónsules y miembros del gabinete), tribunal de apelación (la mayor parte de su actividad, por disputas entre dos o más estados, entre ciudadanos de diferentes estados, etc.), y tribunal de revisión judicial (judicial review) en última instancia (mediante la que puede invalidar por inconstitucionales las leyes del Congreso federal y las de las asambleas legislativas de cada estado, y los actos del gobierno, los de la administración y los de los jueces).

Dos son las vías de acceso a la revisión judicial en la Corte Suprema: auto de avocación (writ of certiorati), en el que la Corte tiene la prerrogativa de conocer o no un asunto, y el recurso de apelación (appeal to the court), en el que la Corte debe hacer la revisión correspondiente. Adicionalmente, la Corte Suprema tiene facultad normativa (rulemaking power), que ocasionalmente le otorga el Congreso, sobre todo, para dictar las normas procesales (rules of procedure) que han de seguir los tribunales inferiores (lower courts).

Los actuales Justices son:

JOHN ROBERTS: nació en Nueva York el 27 de enero de 1955. Tras la muerte de William Rehnquist, el presidente Bush lo nominó como presidente de la Corte Suprema, nominación que fue confirmada por el Senado en 2005. Es Jefe de la Conferencia Judicial de los Estados Unidos y del Centro Judicial Federal.

ANTONIN SCALIA: nació el 11 de marzo de 1936 en Trenton, New Jersey. Es ministro desde 1986.

ANTHONY M. KENNEDY: nació en Sacramento, California, el 23 de julio de 1936. Es ministro desde 1988.

CLARENCE THOMAS: nació en Pinpoint Community, cerca de Savannah, Georgia, el 23 de junio de 1948. Es ministro desde 1991. El segundo ministro afroamericano en la historia de la Corte Suprema.

RUTH BADER GINSBURG: nació en Brooklyn, New York, el 15 de marzo de 1933. Es ministra desde 1993.

STEPHEN G. BREYER: nació el 15 de agosto de 1938, en San Francisco, California. Es ministro desde 1994.

SAMUEL ALITO: nació en Nueva Jersey el 1° de abril de 1950. Es ministro desde enero de 2006.

SONIA SOTOMAYOR: nació en Nueva York el 25 de junio de 1954. Es ministra desde agosto de 2009.

ELENA KAGAN: nació en Nueva York el 28 de abril de 1960. Es ministra desde agosto de 2010.

Entre los principales funcionarios adscritos a la Corte Suprema se encuentran: el Clerk, el Reporter of Decisions, el Librarian, y el Marshal.

  • Clerk: es responsable de todos los aspectos jurisdiccionales; es el vínculo entre los Justices y el mundo jurídico. Con excepción de los argumentos orales, todos los demás asuntos con la Corte son llevados a cabo por su conducto. Entre sus deberes se encuentran: la administración de expedientes; la calendarización de actividades; la propuesta a los ministros de los asuntos que se revisarán en la Corte Suprema; la recepción y registro de mociones y peticiones; la distribución de documentación a los ministros; la evaluación de costos; la preparación del orden del día; la elaboración de un boletín; la notificación a los tribunales inferiores de las decisiones de la Corte; brindar información y asesoría sobre las reglas y procedimientos de la Corte Suprema; administrar el funcionamiento del Electronic Case Filing, que es el sistema maestro que incluye la información sobre los expedientes y promociones. Adicionalmente, cada justice cuenta con el apoyo de cuatro law clerks.
  • Marshal: es responsable de supervisar las operaciones del edificio de la Corte Suprema, incluyendo espacio físico, contrataciones, mantenimiento, nómina y telecomunicaciones. También es responsable del protocolo, y acompaña a los ministros a cada evento formal que se lleva a cabo afuera de la Corte. Coordina asimismo la seguridad del edificio. Asiste a todas las sesiones del Pleno y anuncia la llegada de los ministros con esta fórmula:

    The Honorable, the Chief Justice and the Associate Justices of the Supreme Court of the United States. Oyez! Oyez! Oyez! All persons having business before the Honorable, the Supreme Court of the United States, are admonished to draw. Near and give their attention, for the Court in now sitting. God save the United States and this Honorable Court.

  • Librarian:es el responsable de proveer información e investigación de acuerdo a las necesidades de los ministros y sus equipos. Bajo el Librarian se encuentra el archivo con todas las decisiones adoptadas por el máximo tribunal, incluyendo las transcripciones de los argumentos orales.
  • Reporter of Decisions: es el responsable de la publicación de las decisiones de la Corte Suprema. Antes de publicar alguna sentencia, hacen una revisión exhaustiva de cada borrador.

Cortes de Apelación (Courts of Appeals). Los 94 distritos judiciales están organizados en 12 circuitos regionales, cada uno de los cuales tiene una Corte de Apelación. Existen 12 Cortes de Apelación Regional (Regional Circuit Courts of Appeals), y la 13ª es la Corte de Apelación del Circuito Federal (US Court of Appeals for the Federal Circuit), que tiene competencia nacional para conocer apelaciones en causas especializadas, como las referentes a leyes de patentes y las causas resueltas por la Corte de Comercio Internacional (Court of International Trade) y la Corte de Reclamos Federales (Court of Federal Claims).

Cortes de Distrito (Trial Courts). Con competencia general en el sistema judicial federal. Tienen aptitud para conocer toda clase de causas federales. Hay 94 distritos judiciales federales, que incluyen uno o más en cada estado, el Distrito de Columbia (Washington, D.C.), Puerto Rico y los territorios de ultramar. En cada distrito judicial federal existe una Corte de Quiebras (Bankruptcy Court) que funciona como entidad autónoma. Dentro del Poder Judicial, dos tribunales especiales tienen competencia a nivel nacional sobre cierto tipo de causas: Tribunal de Comercio Internacional (Court of International Trade) y el Tribunal de Reclamos Federales (Court of Federal Claims).

Con ciertas excepciones, los tribunales federales en los Estados Unidos son tribunales de competencia general. Los mismos jueces federales conocen causas en materia civil y penal, disputas de derecho privado y de derecho público, causas relacionadas con sociedades mercantiles y entidades gubernamentales, apelaciones de decisiones de las agencias administrativas, entre otros.

No existen los tribunales constitucionales porque todos los tribunales y jueces federales pueden resolver asuntos en lo referente a la constitucionalidad de las leyes federales.

Las actuaciones ante las Cortes de primera instancia las atiende un juez por sí solo o con un jurado de ciudadanos encargados de la determinación de los hechos. El proceso seguido ante Jurado es una garantía constitucional. Esquemáticamente, se representa de la siguiente manera:

judicial-system

Organismos administrativos

Los principales organismos administrativos establecidos en el seno del sistema de justicia federal son las siguientes:

Conferencia Judicial de los Estados Unidos. Es la entidad que dicta las normas para los tribunales federales a nivel nacional y es portavoz de todo el ramo judicial. El presidente de la Corte Suprema preside a la Conferencia, que se integra por otros 26 juzgadores. La Conferencia desempeña sus funciones a través de Comités (por ejemplo, presupuesto, instalaciones y servicios, ética judicial, gestión procesal, etcétera), que hacen recomendaciones respecto a la política y normatividad en todos los aspectos de la administración judicial federal. A cargo de esta instancia se encuentra la publicación semestral de los plazos empleados por los juzgadores federales para la emisión de sentencias. Dicho estudio revela a los juzgadores que actúan con lentitud.

Oficina Administrativa de los Tribunales Federales. Proporciona una gama extensa de servicios a los tribunales federales en lo relacionado a legislación, finanzas, automatización, dirección, administración y programas de apoyo. Esta oficina está supervisada por la Conferencia Judicial, y tiene la responsabilidad de ejecutar las resoluciones de la Conferencia. Su Titular es nombrado por el presidente de la Corte, y de esta Oficina Administrativa depende el Centro Judicial Federal, que es la agencia dedicada a la investigación y capacitación permanente. Se integra por un Consejo, presidido por el Chief Justice. Sus principales responsabilidades son:

  • Capacitación para jueces federales y empleados de tribunales.
  • Investigación sobre la operación e historia de los tribunales federales.
  • Recomendaciones sobre el funcionamiento de los tribunales federales.

Consejos Judiciales. Existe un Consejo judicial en cada circuito geográfico que supervisa la administración de los tribunales ubicados en ese perímetro. Ahora bien, sus normas administrativas no pueden contravenir las de la Conferencia Judicial.

Finalmente, un organismo independiente es la Sociedad Histórica de la Suprema Corteque se constituyó en 1974 con el propósito de expandir el conocimiento público de la historia y herencia del máximo tribunal.

Alejandro Anaya Huertas. Licenciado en Derecho (UNAM); maestro y doctor en administración pública (INAP). Elabora el Reporte sobre la Magistratura en el Mundo; conduce el programa de televisión “Cine Debate.

Anaya Huertas. Licenciado en Derecho (UNAM); Maestro y Doctor en Administración Pública (INAP). Elabora el Reporte sobre la Magistratura en el Mundo; conduce el programa de televisión “Cine Debate” – See more at: http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=2674#sthash.7KRFqNGA.dpuf
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drugs2Con todo y los cambios señalados anteriormente a nivel estatal, el gobierno federal no ha relajado su posición. En julio del 2009 el Director de la Oficina de la Política de Control de Drogas Nacional  (Office of National Drug Control Policy) aclaró la posición del gobierno federal al declarar que “la marihuana es peligrosa y no tiene ningún beneficio médico” y que la “legalización no esta en el vocabulario del presidente ni en el mío”. Después de la elección presidencial del 2012, esta misma oficina  declaró que “se oponían a la legalización de la marihuana y otras drogas porque la legalización incrementaría la disponibilidad y el uso de drogas ilícitas y poseería riesgos de salud y seguridad”.

En estados como California donde la marihuana médica es legal a nivel estatal, hay una batalla continua entre los usuarios y comerciantes de establecimientos lícitos de marihuana médica (dispensaries) y el gobierno federal. Establecimientos que están siguiendo al pie de la letra la ley californiana y cumpliendo con todos los requisitos, están siendo detenidos y sentenciados con penas mínimas de cinco años por el DOJ. Mientras que el estado los ve como comerciantes similares a los de la industria farmacéutica lícita, a nivel federal se toman como narcotraficantes. Las personas que participan en el mercado de marihuana médica, tanto como cultivadores, vendedores o hasta los propios usuarios se enfrentan a grandes problemas desde clausura, expropiación de bienes y encarcelamiento. Aún esta por verse que pasará con los que participen en esas actividades en Colorado y Washington. 

Más recientemente, la administración del Presidente Obama ha indicado que no es prioridad perseguir a los pequeños consumidores, especialmente aquellos usuarios de marihuana médica: “hay peces más grandes que capturar que los usuarios recreativos en Washington y Colorado” y ha declarado también que el Congreso necesita tener una discusión sobre como armonizar  las leyes estatales y federales de marihuana. Sin embargo, aun con estas declaraciones, el DOJ sigue sin decir como va a manejar la nueva legalización en Colorado y Washington. En el caso de marihuana médica han continuado creciendo el número de detenidos y los encarcelamientos. El DOJ ha declarado que están revisando las iniciativas y observando los procesos legislativos y el establecimiento de los sistemas regulatorios antes de actuar y se ha creado una fuerza especial entre varias agencias gubernamentales federales incluyendo el DOJ y la DEA para contemplar como responder ante la disparidad. Mientras tanto, nos encontramos ante un acertijo sobre cómo va seguir actuando el gobierno federal y a qué riesgos se están exponiendo los distintos sujetos en los estados.

Desde la década de los años 90, cuando algunos estados buscaron abolir las normas locales que prohibían la posesión y venta de la marihuana, han existido múltiples esfuerzos de reclasificar a la marihuana en el CSA y de ponerle un fin a esta disparidad legislativa. Todos, sin embargo, han fracasado. En dos ocasiones la Suprema Corte de Estados Unidos (United States v. Oakland Cannabis Buyers’ Cooperative  y Gonzales v. Raich) ha determinado que el gobierno federal tiene el derecho de regular y criminalizar la marihuana, inclusive para motivos médicos. El primer caso de 1996, se dio justo cuando los votantes en California pasaron la Propuesta 215, que legalizaba la marihuana médica. En enero de 1998, el gobierno estadounidense demandó al Oakland Cannabis Buyers’ Cooperative argumentando que se violaban las leyes federales que se habían creado como resultado del CSA. En 2001, la Corte determinó que las leyes federales anti-drogas no permiten una excepción para la marihuana médica. En Gonzales v. Raich en 2005, la Suprema Corte determinó que inclusive en aquellos casos donde las personas están cultivando, poseyendo o distribuyendo marihuana médica bajo las reglas de programas aprobados por los estados, dichas personas están violando las leyes federales de marihuana y pueden ser perseguidos y sentenciados por las autoridades federales. 

Desde que Colorado y Washington legalizaron la marihuana, han vuelto a surgir las iniciativas que buscan derogar el Federal Marijuana Prohibition Act –la ley federal que prohíbe el uso de la marihuana—y que buscan reclasificar la substancia dentro del marco normativo del CSA. El 5 de febrero del 2013, Jared Polis, un congresista del estado de Colorado introdujo una iniciativa titulada “Ending Federal Marijuana Prohibition Act” que pide que el gobierno federal regule la marihuana de forma similar al alcohol. Es decir, descriminalizando[1] la marihuana a nivel federal, permitiendo que los estados sean quienes decidan si legalizar o no la marihuana para usos médicos o recreativos (se mantendría ilegal transportar marihuana a un estado donde es ilegal). El 12 de abril del 2013, la congresista republicana Dana Rohracbacher, introdujo otra iniciativa, “Respect State Marijuana Laws”. Esta iniciativa, respaldada por los dos partidos políticos mayoritarios busca regular de manera federalista la política de drogas.

No existe mucha posibilidad de que pasen estas dos iniciativas, sin embargo parece que la opinión pública está pidiendo un cambio. Cada vez hay más apoyo de la población general al igual que de miembros de ambos partidos políticos. Por un lado, grupos de izquierda y liberales apoyan la despenalización y legalización de la marihuana, mientras que por el otro los conservadores y republicanos que no necesariamente están a favor de la legalización, defienden el derecho de los estados a legislar de manera autónoma. De no respetarse las nuevas legislaciones de los estados se puede argumentar que existe un gobierno central autoritario. 

Es claro que los legisladores locales han tenido que ejercer reformas por la presión de sus ciudadanos y ante la renuencia del gobierno federal de hacer cambios ad hoc a las tendencias globales. La población estadounidense se está uniendo a las voces que piden un cambio de régimen en la política de drogas. Aún es demasiado temprano para medir los efectos de las legislaciones estatales y saber como reaccionará el gobierno federal. Sin embargo, los cambios registrados hasta ahora muestran un cambio significativo del enfoque de la política de drogas de la nación que impulsó el prohibicionismo mundialmente.

Fernanda Alonso Aranda. Abogada por el ITAM, miembro del Programa de Política de Drogas del CIDE. 

[1]La palabra descriminalización (y descriminalizar) no existe dentro del sistema jurídico mexicano. En castellano, delito y crimen son sinónimos (a diferencia de crime y misdemeanor en inglés). Para efectos prácticos se debe entender la despenalización cuando de iure se despenaliza y la descriminalización cuando es de facto.

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Tras casi un siglo del prohibicionismo a nivel mundial, su principal impulsor se encuentra con enormes fracturas internas que amenazan con ser la primera piedra del derrumbe de la política de drogas actual. En efecto, a nivel federal, Estados Unidos cuenta con uno de los regímenes más duros y rígidos de política de drogas. Sin embargo, en los últimos años la mayoría de los estados se han desplazado hacía el espectro opuesto, con cambios legislativos sustantivos, que según el caso, legalizan la marihuana médica, despenalizan la posesión y consumo o que inclusive legalizan la marihuana para usos recreativos, como recientemente en Colorado y Washington.

drugsPara analizar la situación a la que se enfrenta EEUU hoy en día observemos el marco normativo federal. Según el Controlled Substance Act de 1970 (en adelante, CSA) –la ley federal que regula la producción, importación, posesión, uso y distribución de ciertas substancias—la marihuana es una substancia de clasificación Schedule I, aquel grupo que incluye las substancias que tienen un alto potencial de abuso, ningún uso médico aceptado y su uso no es seguro, inclusive bajo supervisión médica. A nivel federal la posesión simple de marihuana tiene como sanción hasta un año de cárcel y hasta $5000 dólares de multa. En el caso de la venta, comercio y el cultivo, las penas van de cinco años hasta cadena perpetua para grandes cultivos o casos de narcotráfico. Desde 1993, se han contabilizado alrededor de 8 millones de detenidos y encarcelados por delitos relacionados a la marihuana; aproximadamente el 88% de estos casos ha sido por posesión simple, no por venta o producción. Hoy en día hay un arresto relacionado a la marihuana cada 42 segundos en EEUU. No solo esto, sino que también se puede observar que los detenidos por marihuana son el 49.8% de todos los detenidos por drogas ilícitas en el país. 

A nivel estatal esta situación es completamente opuesta desde hace casi dos décadas. A mediados del 2013, dos estados ya han legalizado la marihuana para usos médicos y recreacionales, 17 han legalizado la marihuana médica (de los cuales ocho también han despenalizado la posesión simple) y siete la han despenalizado para uso personal. En otros tres hay iniciativas que copian el modelo de Colorado y Washington y se espera que varios estados más sigan el ejemplo en los próximos años.  

Ha habido dos rompimientos principales con el gobierno federal en términos de la regulación de la marihuana a nivel estatal. El primero comenzó con la legalización de la marihuana médica en California en 1996, dónde la ley eliminó las sanciones penales para el uso, posesión y cultivo de la marihuana para pacientes con receta médica y establecimientos que proveen esta substancia para estos individuos. Sin embargo a nivel federal, no existe la “marihuana médica”, dándose por tanto la primera contradicción con las legislaciones estatales. La Agencia de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) y el Department of Justice (DOJ) –el equivalente a la PGR—, han dedicado esfuerzos para investigar y clausurar dispensarios de marihuana médica legales a nivel estatal. Después de que se empezó a legalizar en los primeros estados la marihuana médica, el DOJ publicó el Ogden Memo en 2009, que parecería contradictorio. El memo introduce lineamientos para las procuradurías locales señalando que no es “un uso eficiente de recursos federales enfocar esfuerzos de procuración de justicia en personas con enfermedades serias que usan marihuana como parte de un tratamiento recomendado consistente con la legislación estatal aplicable”. No obstante, reitera que todos los que rodean el negocio del cultivo, venta o distribución de la marihuana médica si están violando la ley federal y pueden ser perseguidos. 

El segundo rompimiento entre la legislación federal y estatal—y aun más crítico—se dio con la legalización de usos recreativos en Washington y Colorado. El 20 de mayo de 2013,  Colorado se convirtió en el primer mercado de marihuana completamente regulado legalmente a nivel mundial. El Colorado Amendment 64 reformó la constitución local, estableciendo un marco normativo para la política de drogas de marihuana a nivel estatal. Establece la legislación necesaria para el uso personal de la marihuana para adultos mayores a los 21 años, al igual que las reglas para el comercio, cultivo, producción y venta, regulando de manera similar al alcohol. En el caso de esta ley, los adultos pueden cultivar hasta seis plantas de manera privada, pueden poseer toda la marihuana de estas plantas y hasta una onza (28g) fuera de ese espacio y regalar hasta una onza a otro ciudadano adulto. La regulación de la parte comercial aun está por terminarse, pero abre la opción a que se regule el comercio a través de otorgación de licencias para los lugares de cultivo, producción y locales comerciales. Los impuestos de todas éstas actividades serán acreditados para el presupuesto de educación pública. Con estas reformas el estado prevé una recaudación de $24.1 millones en impuestos y un ahorro de $12 millones en gasto de procuración de justicia en 2014.

De la misma manera que en Colorado, el Washington Initiative 502 legalizó el uso de la marihuana para mayores de 21 en ciertas cantidades. Aunque la iniciativa se pasó en noviembre de 2012, se estableció el plazo de un año para terminar su reglamentación. La posesión legal (una onza) y límites de manejo bajo la influencia (DUI por sus siglas en inglés) se establecieron el 6 de diciembre de 2012 y el estado tiene hasta el 1 de diciembre de 2013 para establecer otras reglas claves como el proceso de otorgación de licencias. Hasta que no esté completa la regulación, la venta al público no estará permitida. El cultivo personal es sólo lícito para uso médico por lo que hasta el momento sólo la regulación de la posesión y la marihuana médica están vigentes. En el caso de Washington, los impuestos se utilizarán para servicios de salud pública y tratamiento y educación de abuso de drogas.

Fernanda Alonso Aranda. Abogada por el ITAM, miembro del Programa de Política de Drogas del CIDE.  

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Love is law is love is law is love is law

La Suprema Corte de Estados Unidos resolvió la semana pasada dos casos relacionados con el matrimonio entre personas del mismo sexo: Hollingsworth v. Perry y United States v. Windsor. Estas resoluciones representan un triunfo para los que luchan a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Por virtud de ellas, California se convirtió en el treceavo estado de este país que reconoce esta figura (Perry) y todos los matrimonios pactados en estos estados pueden ya acceder a los más de mil beneficios establecidos en las leyes federales para los casados (Windsor).[i]

Como puede verse, no son resoluciones con un efecto generalizado: no instauran el matrimonio gay en todo el país. Lo único que queda claro con estos fallos es que si las autoridades estatales quieren permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, pueden. Si deben hacerlo o no, queda pendiente. Tampoco tienen el efecto de que los matrimonios pactados en una entidad deban reconocerse en otra. Si Alabama –o uno de los más de treinta estados que prohíben estas uniones– no quiere validar un matrimonio neoyorkino, es aún su prerrogativa federal no hacerlo.[ii]

Si además de los efectos de estas resoluciones, se analizan los argumentos utilizados, el resultado que se obtiene también es limitado para la causa. Perry ni siquiera se ganó por el fondo, sino por una razón procesal: la falta de legitimidad de los quejosos para impugnar el caso.[iii] En Windsor, por su parte, no se estableció un derecho fundamental al matrimonio, ni se determinó que la orientación sexual es una categoría sospechosa para efectos del derecho a la igualdad –herramientas, ambas, que prácticamente resolverían el problema de la falta del reconocimiento del matrimonio gay en el resto de los estados–.

A pesar de su modestia, el mensaje que envía la Corte me parece poderoso, principalmente por una razón: deja en claro que el amor es el amor. Y que el matrimonio –la institución jurídica– es también una cuestión de amor. Quizá hoy esta relación parezca una obviedad, pero históricamente es reciente.[iv] El matrimonio, especialmente para el derecho en Estados Unidos, ha estado relacionado con la filiación, la transmisión de propiedad, la identidad nacional y el orden social y –hasta hace poco– con la integridad racial. Más que el bienestar de las personas, su regulación ha estado preocupada por potenciar sus virtudes, garantizar sus responsabilidades, forjar sus caracteres.[v] La idea de que el matrimonio es valioso por ser el espacio en el que se manifiesta el amor es nueva. Con Windsor, sin embargo, me parece que ha llegado para quedarse.Aunque tampoco éste era un resultado evidente.

“El amor es un millón de cosas”. – Edith Windsor, la quejosa (y ganadora) del caso United States v. Windsor

El vínculo afectivo que surge entre dos personas adultas –sean o no del sexo opuesto– está constitucionalmente protegido para la Suprema Corte de EUA.[vi] El amor es amor para este tribunal.[vii] El matrimonio es una protección estatal más a este amor (siendo la primera protección, claro, la no interferencia). Cuando la federación excluyó a las parejas del mismo sexo de la protección que, en este caso, el estado de Nueva York les daba, las privó del respeto que merecían. Enviaba el mensaje de que eran indignas. Mensaje, para la Corte, inaceptable. Por si no quedaba claro con el fallo, los mensajes del presidente Barack Obama levantaron cualquier duda: en Estados Unidos, love is love.

Este giro me parece interesante porque apunta a la relación compleja entre el derecho y la sociedad. Leí un artículo en el que se relata cómo enfatizar la dimensión emocional del matrimonio para la lucha gay fue producto de una gran investigación social. Históricamente, los activistas gay habían articulado sus demandas en términos de derechos fundamentales. Esto fue percibido, por las parejas heterosexuales, como egoísta. Mientras que los heterosexuales percibían a sus propios matrimonios como basados en el amor y el compromiso, creían que los de las parejas del mismo sexo estaban basados en puro interés. La respuesta de los activistas gay a esta información fue la creación de la campaña Why Marriage Matters, misma que enfatizaba la dimensión afectiva y de compromiso de esta unión. Según dicho artículo, fue entonces que las conquistas legislativas comenzaron a llegar. Por el lenguaje de la Corte, las victorias pasaron también a la sede judicial. 

Sea un derecho fundamental en sí o no, el amor ya se quedó. Love is law.

Estefanía Vela. Abogada por el ITAM; maestra en Derecho por la universidad de Yale. Twitter: @samnbk

Estefanía Vela Barba. Abogada por el ITAM, actualmente estudia la maestría en Derecho en la universidad de Yale. Twitter: @samnbk – See more at: http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=2591#sthash.7cRttyqi.dpuf
Estefanía Vela Barba. Abogada por el ITAM, actualmente estudia la maestría en Derecho en la universidad de Yale. Twitter: @samnbk – See more at: http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=2591#sthash.7cRttyqi.dpuf

[i] Aunque esto, en realidad, es un poco más complicado de lo que parece: muchos beneficios federales cambian conforme al estado en el que las parejas se encuentran. Así, si una pareja se muda a un estado en el que no se reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, tendrán acceso a ciertos beneficios federales, pero no a otros. 

[ii] La Ley para la Defensa del Matrimonio (DOMA, por sus siglas en inglés), que es la ley que se impugnó en Windsor, tenía dos normas: por virtud de la primera, la federación sólo reconocía a los matrimonios entre un hombre y una mujer; por virtud de la segunda, ningún estado estaba obligado a reconocer los matrimonios pactados en los otros estados. En Windsor, sólo se impugnó e invalidó la primera norma, por lo que la segunda aún queda vigente.  

[iii] En Perry se disputaba, de fondo, la constitucionalidad de la Proposition 8, una medida de referéndum popular –aprobada por el 52% de los votantes– que reformó a la Constitución del estado de California para que se dejaran de reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo en el estado y se reconocieran exclusivamente los celebrados entre un hombre y una mujer. Después de que la Corte Suprema de California validó esta medida (en Strauss v. Horton), una pareja del mismo sexo la impugnó ante las cortes federales. En Perry v. Schwarzenegger, Prop 8 fue declarada inconstitucional. El Estado de California se negó a apelar esta decisión (esto es: se negó a defender la reforma constitucional). Esto orilló a los proponentes de la medida –ciudadanos que no son servidores públicos– a intentar apelar esta decisión. La Suprema Corte determinó que no tenían la competencia para hacerlo –sólo el Estado de California la tenía–, por lo que la decisión de Perry v. Schwarzenegger –declarando la inconstitucionalidad de Prop 8– quedó firme.

[iv] Stephanie Coontz, autora de Marriage, a History. How Love Conquered Marriage, sostiene que el amor romántico como parte esencial del matrimonio es una idea de los últimos cien años (aquí un texto breve en el que repasa esta transformación).

[v] No es que al derecho no le interesara el bienestar de las personas. Pero siempre ha sido una preocupación que se manifiesta especialmente en sentido negativo: al derecho le ha importado que las personas no sean, por ejemplo, violentadas o que no sean engañadas. Si son felices o no, si están enamoradas o no, le ha sido indiferente. Para entrar un matrimonio basta quererlo, sin importar las razones (dinero, amor, miedo a la soledad). Para salirse de él, el malestar imperdonable ha sido el criterio.

[vi] “El interés del Estado en definir y regular la relación marital, [siempre] sujeto a las garantías constitucionales, surge del entendimiento de que el matrimonio es más que una rutina de clasificación para efectos de otorgar ciertos beneficios legales. La intimidad sexual privada y consensual entre dos personas adultas del mismo sexo no puede ser castigada por el Estado, y puede ser “un elemento de un vínculo personal que es más duradero”. Al reconocer la validez del matrimonio entre personas del mismo sexo, [el Estado] busca proteger y honrar ese vínculo.” United States v. Windsor, 570 U.S. 19-20 (2013).

[vii] Determinación a la que, curiosamente, llegó en Lawrence v. Texas, el caso del 2003 en el que determinó que las leyes que criminalizaban la sodomía eran inconstitucionales. El que la Corte Suprema haya convertido a un caso de sodomía en un caso de amor ha sido criticado. Para una crítica, sugiero la lectura de Katherine Franke, “The Domesticated Liberty of Lawrence v. Texas”; para un reportaje de la transformación, sugiero “Extreme Makeover”, de Dahlia Lithwick.

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En los últimos años, el uso del derecho constitucional comparado -en adelante DCC- en la interpretación jurisdiccional ha generado uno de los debates más fructíferos en la arena constitucional; participando de manera directa y activa, no sólo estudiosos del derecho y de la ciencia política, sino también jueces constitucionales de diversos y disímiles países del mundo.

No es para menos: en el fondo, el tema apunta a preguntas medulares: ¿Cuál debe ser el método de interpretación de los jueces constitucionales? ¿A partir de qué ingredientes debe nutrirse este ejercicio interpretativo? ¿Es posible aprovechar experiencias jurisdiccionales extranjeras, a pesar de las diferencias sociales, culturales y políticas? ¿Son fundados los riesgos que se arguyen en contra del derecho comparado? ¿Estamos, efectivamente, ante un proceso de globalización o cosmopolitismo de la jurisdicción constitucional?

Algunos de los elementos que han fomentado esta discusión a nivel mundial es la construcción, en buena medida gracias al derecho comparado, de una teoría constitucional fresca y novedosa por parte de la Corte Constitucional de Sudáfrica; la polémica que ha desatado el tema en los procesos de nombramiento de los justices en los Estados Unidos, al grado de que en las audiencias ante el Comité Judicial del Senado de aquél país de John Roberts, Samuel Alito y Sonia Sotomayor, el uso del derecho comparado fue una de las cuestiones centrales; los interesantes debates entre también los justices de la Corte Suprema estadounidense Stephen Breyer y Antonin Scalia, así como de éste último con Aharon Barack, quien fuese juez de la Corte Suprema de Israel; el desarrollo de una línea doctrinal que subraya la relevancia del uso del DCC en materia de derechos fundamentales para imprimirles, efectivamente, un carácter universal. Y muchos otros elementos que han nutrido una discusión que gira alrededor de por lo menos dos puntos clave: ¿Se debe utilizar el derecho comparado en un tribunal constitucional? Y en su caso, ¿cuál debe ser la forma más adecuada de aprovecharlo?

En este contexto, este trabajo lo que busca es exponer las coordenadas del debate. Los principales argumentos que se han esgrimido a favor y en contra del uso del DCC, así como una breve evaluación de la posición de nuestra Suprema Corte de Justicia respecto el uso del derecho constitucional comparado.

Vale comenzar comentando los argumentos que rechazan tajantemente el uso del DCC y que se pueden encapsular de la siguiente manera: el argumento democrático, el de la soberanía, el de la voluntad de los padres fundadores y, por último, el argumento de la unicidad del sistema jurídico.

En cuanto a los dos primeros puntos, que son bastante similares, se ha señalado que considerar resoluciones de otros tribunales para declarar inconstitucionales leyes de un ordenamiento jurídico, merma precisamente el principio democrático y de soberanía de una sociedad. Esto se debe a que al usar el DCC, se permite que una determinada cosmovisión del derecho propia de otro país, defina la validez de una norma jurídica. ¿Por qué –se arguye- la interpretación de un tribunal extranjero sobre una libertad fundamental, por ejemplo, se le va imponer a un país al grado de definir la validez de una ley o de un acto de autoridad? Llevado al extremo este mecanismo puede ocasionar un imperialismo o hegemonía jurídica, donde la interpretación de ciertos tribunales domine la labor jurisdiccional del resto. De tal manera, que la soberanía de un país se resguarda sólo cuando su tribunal constitucional invalida una ley o acto de manera autónoma, sin la influencia de ninguna resolución u ordenamiento jurídico extranjero.

Esta posición, asimismo, sostiene que la guía de un tribunal constitucional deben ser sus mismos precedentes. Ahí, en ese cúmulo de decisiones, se encuentra un sinfín de elementos útiles para la creatividad interpretativa del juez constitucional. Y además se ubica el sustrato de su legitimidad democrática. Es decir, aquí este argumento sigue la siguiente lógica: si es difícil justificar en términos plenamente democráticos a las cortes constitucionales, más complicada se vuelve dicha tarea si éstas no siguen y discuten sus propios precedentes. Este es el eslabón que encadena a los órganos jurisdiccionales a un piso mínimo de certeza y, por tanto, legitima su función en una democracia. ¿Cómo justificar, por el contrario, democráticamente a los tribunales constitucionales cuando aprovechan decisiones extranjeras para definir sus propios asuntos? ¿Es posible evitar, al momento de que sentencias extranjeras se erigen en el sostén de las decisiones de una corte, amplios márgenes de discrecionalidad? A juicio de esta posición, ante un escenario de uso del DCC, la discrecionalidad se amplía y, por tanto, la legitimidad democrática de una corte constitucional se tambalea.

Aquí el resto del texto.

Saúl López Noriega. Profesor e investigador de tiempo completo del departamento de Derecho del ITAM. Coordinador del proyector Monitor Judicial (http://monitorjudicial.itam.mx/). Twitter: @slopeznoriega

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Democracia Deliberada es un grupo de profesionistas, académicos y activistas de la sociedad civil que buscan cambiar las instituciones y las políticas públicas a través de la izquierda partidista. De ahí que tengan la intención de inscribirse y participar activamente en el PRD para, desde ahí, tratar de transformar la agenda e influir en la acción política para darle un rumbo más igualitario, más sustentable y más abierto.

Desafortunadamente, a pesar de que en el Reglamento de Afiliación del PRD establece que el proceso de afiliación a ese partido político es permanente, desde hace 18 meses no se ha podido afiliar ningún interesado, incluidos diversos miembros de Democracia Deliberada que lo han intentado en ese periodo en más de una ocasión.

Ante este escenario, Democracia Deliberada decidió demandar al PRD ante el Tribnal Electoral del Poder Judicial de la Federación; en concreto, a su Comisión de Afiliación por obstaculizar la afiliación de sus miembros a tal partido político. A continuación se reseñan brevemente los principales hechos y argumentos que presentó este grupo en su demanda –la cual es pública y se puede consultar aquí-.

El pasado 20 de noviembre, diversos miembros de Democracia Deliberada se presentaron, junto con el Notario Público No. 171 para que éste diese fe de los hechos, en las oficinas del PRD con su correspondiente solicitud de afiliación a dicho partido político. Una vez que presentaron sus solicitudes ante el Secretario Técnico de la Comisión de Afiliación del PRD, éste señaló que, aunque el único requisito para la afiliación es presentar junto con su solicitud de afiliación una credencial de elector vigente, no era posible afiliarlos –ni recibir los documentos propios para ese objetivo- pues las campañas de afiliación ya habían concluido y era necesario esperar para tal propósito hasta que se abriera una nueva campaña de afiliación.

Ante el cuestionamiento de los demandantes de que el Estatuto del PRD señala que la afiliación es permanente, el Secretario Técnico de la Comisión de Afiliación respondió que este órgano necesita de la aprobación del Consejo Nacional y de los Funcionarios Nacionales para abrir un proceso de afiliación. En ningún momento mencionó el fundamento legal de dicha afirmación dentro de la normatividad interna del PRD.

Después de aceptar que durante 18 meses no ha habido ninguna campaña de afiliación del PRD y de confirmar que durante ese periodo ni una persona se había afiliado a tal partido político, se le preguntó al Secretario Técnico si había alguna fecha programada para una nueva campaña. Su respuesta fue que no se había establecido ninguna fecha para la afiliación de nuevos militantes, además de que estaban esperando tabletas electrónicas para la firma electrónica, el software para procesar las nuevas filiaciones y la aprobación de la Comisión Política para tal propósito. Ante la insistencia de los demandantes de que les fueran recibidos su documentación para efectos de afiliarse al PRD, el Secretario Técnico se negó a recibirla.

Democracia Deliberada considera que el PRD, a partir de los anteriores hechos descritos en el que se demuestra la obstaculización para que puedan afiliarse a tal partido político, viola sus derechos de asociación y afiliación política establecidos en los artículos 9º, 35, fracción III, y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, el PRD quebranta sus obligaciones de ajustar su conducta a los principios del Estado democrático respetando los derechos de los ciudadanos y de cumplir sus normas de afiliación que señalen sus estatutos, establecidas en los artículos 5, numeral 1, y 38, numeral 1, incisos a) y e), del Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales. Por último, el PRD no respeta su propia política de afiliación de carácter permanente, sin mayor condicionamiento que los requisitos señalados en su propia normatividad, establecida en el artículo 5º de su Reglamento de Afiliación.

Más allá de las disposiciones legales que fueron violadas, Democracia Delibera considera que la lectura contemporánea del derecho de asociación señala que éste se integra por una pluralidad de derechos que a su vez gozan de la protección del texto constitucional de nuestro país. Estos derechos que integran al derecho de asociación son los siguientes: a) derecho a asociarse formando una organización; b) derecho a asociarse sumándose a una asociación ya existente; c) derecho a permanecer en la organización o renunciar a ella; y d) derecho a no asociarse. Por el agravio arriba descrito, el derecho en concreto que interesa es el derecho a asociarse sumándose a una agrupación ya existente; en este caso, a afiliarse a un partido político ya establecido.

La pregunta clave aquí, en este sentido, es si el Estado puede y, eventualmente, debe intervenir y obligar a una agrupación a admitir el ingreso de ciertos solicitantes, cuando éstos cumplen con los requisitos que la propia asociación, de manera libre, se dio a sí misma. Para ello, como señaló la Corte Suprema de los Estados Unidos en su sentencia Roberts v. United States Jaycees, 468 U.S. 609 (1984), es necesario entender que las agrupaciones en una sociedad civil contemporánea se ubican en alguno de los puntos del arco de opciones trazado por los siguientes dos polos: o es una agrupación por demás íntima como la unidad familiar o es una organización que por su tamaño o papel tiene enorme influencia en la vida política y económica de una sociedad. Entre más cerca esté una agrupación al primer extremo, el Estado tendrá una mayor carga justificatoria para intervenir en ésta; por el contrario, mientras una asociación se acerque más al segundo polo el Estado podrá justificar de manera más sencilla su intervención. Esto se debe a que entre más grande e influyente sea económica o políticamente en la vida de una sociedad una organización menos posibilidad tienen de impedir el ingreso de nuevos integrantes a menos que su criterio de selección o discriminación tenga relación directa con su fin.

Es decir, la libertad de asociación abarca en principio la definición de quienes serán los integrantes de una agrupación en cuestión y quienes podrán sumarse a ésta. Pero esta libertad debe ser limitada cuando se esté frente a una organización que, por sus características económicas y/o políticas, tiene enorme impacto en la dinámica de una sociedad. En este último caso, permitir una amplia libertad para definir los criterios de acceso o ingreso a una sociedad de estas características sería tanto como permitirle que ella defina la participación de la ciudadanía en cierta actividad o ámbito social. Vale subrayar que esto no implica que una organización de enorme impacto político, social y económico en una sociedad pierda enteramente su libertad para admitir nuevos integrantes; el núcleo duro de esa libertad se mantendrá protegido por el mismo derecho de asociación bajo el entendido de que cualquier criterio de admisión debe tener una relación directa e instrumental con el fin de la agrupación.

Los partidos políticos, en este sentido, en el ordenamiento jurídico mexicano son entidades de interés público que fungen como puente entre la sociedad civil y los órganos del Estado. El fin de los partidos políticos, de acuerdo al artículo 41 de la Constitución federal, consiste en promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. Esto significa que los partidos políticos son organizaciones de enorme influencia en la vida pública de nuestro país. Son instituciones cuya tarea en buena medida consiste en procesar los intereses de la ciudadanía en preferencias políticas e institucionales, cuyo presupuesto se define a partir del financiamiento público proveído por el Estado a partir del sistema impositivo del país, y de ahí que el Estado deba intervenir en caso de que los partidos políticos nieguen la afiliación de un solicitante sin fundamento en su normatividad o fin. No puede negar, pues, la afiliación si con ello vulneran los fines que les marca la Constitución y si con ello contravienen sus propios estatutos. De otra manera se permitiría que la puerta de entrada a la vida política e institucional del país se abriese o cerrara de manera arbitraria y discrecional.

Siguiendo, entonces, el fin general de los partidos políticos –de acuerdo al texto constitucional-, el fin en concreto del PRD –según su Declaración de Principios, Programa y Línea Política-, la  política de filiación de carácter permanente de este último establecida en el artículo 5º de su Reglamento de Afiliación, así como el resto de requisitos para afiliarse al PRD señalados en los artículos 14 y 15 de su Estatuto y 7º y 8º de su Reglamento de Afiliación, se concluye que los demandantes cumplen con todos los requisitos y formalidades para afiliarse al PRD, no siendo obstáculo el momento en que se presentaron las solicitudes pues el mismo Reglamento de Afiliación señala que el proceso de afiliación será de carácter permanente.

Por este motivo, le negativa del Secretario Técnico de la Comisión de Afiliación de recibir las solicitudes de afiliación, así como la justificación de falta de equipo necesario para llevar acabo el proceso de afiliación (tabletas electrónicas y software) son obstáculos injustificados de acuerdo a la normatividad interna del PRD, así como a la Constitución federal y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), para afiliar a los demandantes. Esto significa, pues, que un derecho constitucional, legal y estatutario como la afiliación política no puede erosionarse por obstáculos fácticos, técnicos u operativos siempre que se cumplan con la normatividad interna del partido político y la pretensión de afiliación no vaya en contra del fin de dicho partido. Eseramos que así lo entienda el TEPJF.

 

Saúl López Noriega. Asesor jurídico de Democracia Deliberada. Twitter: @slopeznoriega

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