Se necesitan malos poetas.

Buenas personas, pero poetas

malos. Dos, cien, mil malos poetas

se necesitan más para que estallen

las diez mil flores del poema.

Rodolfo Fogwill

 

No los destruyas.

No los eches

al pozo de los cielos.

Tal vez ellos retornen

después que la belleza

se haya ido.

Juan Gonzalo Rose, Los Malos Poemas

 

 

¡La palabra canta!

En diciembre de 2009, en España, un taxista fue procesado por romper la nariz a otro conductor. En la última parte del proceso, el Juez ofreció al acusado la oportunidad de pronunciar el alegato final en su defensa. Este se acercó al micrófono y dijo que se limitaría a reproducir una frase de Otelo de Shakespeare, aunque en realidad, lo que hizo fue recitar Julio César: aquél fragmento en que Marco Antonio se dirige al pueblo romano en los funerales de César y en el que acusa a Bruto de asesinar al dictador. Es cierto, el taxista confundió la obra, pero, después de todo, la cita era correcta, y eso causó buena impresión en el Juez de Vigo.

En otro espacio hemos dado testimonio del juez que se apoyó en títulos de canciones de los Beatles para dictar sentencia. Pero son más los jueces que citan a Bob Dylan. Entre ellos está Robert S. Lasnik, que se ha dado a conocer por invocar la voz del poeta vagabundo en sus sentencias dictadas en el Tribunal Federal de Seattle. En una audiencia, el Juez Lasnik recitó versos de la canción Chimes of Freedom en un caso que sopesaba la legalidad de la detención por tiempo indefinido; y The Times They Are A-Changin’ —un caballo de batalla del movimiento por los derechos civiles— en un fallo histórico que dicta que excluir a los anticonceptivos de un plan de medicamentos recetados para trabajadores, constituye discriminación sexual.

Bob Dylan está presente en los tribunales (In some courts, Dylan rules), y también en el mundo académico. Por ejemplo, Michael Perlin, un profesor de Derecho neoyorkino, ha utilizado canciones de Dylan como títulos para, al menos, 50 de sus artículos publicados. Y en 2007, tras analizar diversas bases de datos jurídicos, un investigador concluyó que Dylan había sido citado en las resoluciones judiciales 186 veces, por encima de los Beatles (74), Bruce Springsteen (69), Paul Simon (59), Woody Guthrie (43), Rolling Stones (39), The Grateful Dead (32), Simon & Garfunkel (30), Joni Mitchell (28), y REM, (27).

¿Cómo citan Stevens y Rummenigge?

Haciendo esfuerzos para cerrar con broche de oro sus fallos u opiniones, los Ministros y los jueces han solido recurrir a la poesía. Así, en Washington v. Harold Glucksberg et al., el Justice Stevens, en su voto concurrente anotó: Much more than the State’s paternalistic interest in protecting the individual from the irrevocable consequences of an ill advised decision motivated by temporary concerns is at stake. There is truth in John Donne’s observation that “No man is an island.” El Justice Stevens estaba citando Devotions upon Emergent Occasions, “Meditation XVII”, escrita en 1623.

En sus aproximaciones al “arte de citar poemas”, existe una diferencia sustancial entre el Justice John Paul Stevens y el ex futbolista Karl-Heinz Rummenigge. Stevens citó correctamente, Rummenigge, no.

A propósito de un homenaje a Franz Beckenbauer celebrado en noviembre de 2009, el entonces presidente del Bayern Múnich leyó un poema, presuntamente de su autoría, titulado “Gracias Franz”. Pero el texto resultó ser, en realidad el plagio de un poema de Anette Pfeiffer-Klärle. Así, Rummenigge plagió para homenajear al Kaiser, y eso le costó al club 1,000 euros, que se usaron para indemnizar a la poetisa, que suele vender poemas personalizados para todo tipo de eventos por la módica suma de 20 euros.

No fue Stevens, desde luego, el primer Justice atraído por la poesía. Joseph Story (1779-1845), que fue Associate Justice durante la Corte de John Marshall, combinaba la impartición de justicia con la poesía. Pero no le fue bien como poeta: The Power of Solitude recibió críticas tan severas, que el Justice optó por quemar todas las copias posibles. No obstante, su Advice To A Young Lawyer ha sobrevivido.

“Si el fallo es bello además de justo el derecho sale ganando”

Se ha sugerido que las cortes supremas no tendrían que emitir resoluciones extensas sino haikus (acá hay algunos ejemplos de haikus aplicados a la Suprema Corte de Estados Unidos). Pero el sistema judicial puede llegar a confundirse cuando las autoridades administrativas remiten informes en verso.

Eso ocurrió en Brasil, cuando un comisario redactó un informe rimado en el que relata la detención de un acusado por el robo de una motocicleta. Su poético informe dice: “El detenido pidió disculpa/ dijo que no tenía culpa/ pues estaba en la ‘garupa’ (asiento atrás del conductor)”. “Si estaba atrás o al volante/ se que lo pillé en flagrante/ a ese tipo petulante/ que en el delito no es principiante”.

El comisario reconoció que decidió hacer su informe en verso: “…pues cargo en el pecho la magia de quien ama la fantasía/ de luchar por la paz contra la cobardía”. Textualmente, su reporte dice:

O preso pediu desculpa
Disse que não tinha culpa
Pois só estava na garupa
Foi checada a situação
Ele é mesmo sem noção
Estava preso na domiciliar
Não conseguiu mais se explicar
A motocicleta era roubada
A sua boa fé era furada”

Cierto, no es Catulo Cearense, pero responde a la intención del comisario por “hacer un trabajo diferente”. Sin embargo, fue devuelto para evitar mayores confusiones en el sistema judicial.

Pero fue un juez canario, Álvaro Gaspar Pardo, quien ha pasado a la posteridad por sentenciar en verso. Ya en 1999, concluyó un juicio de divorcio anotando en su sentencia: “Procede acceder a la separación que imploran tanto el Sr. XXX, al que no le da la gana de soportar la tensión, como la Sra. XXX que no sufriendo escarmiento, tras su primer tropezón, persiste en el mismo tono, y aduciendo el abandono, suplica solución“.

Posteriormente, el juez Gaspar Pardo condenó a la directora de una agencia de azafatas a indemnizar a una alumna porque ésta consideraba que la academia había incumplido sus expectativas laborales. En su resolución, el juez escribió: “… ¿Por qué asistió la Sra. XXX al juicio si no se había pedido su interrogatorio? Porque le dolía, le duele el corazón. Acaso, ojalá contribuya la presente a derivar tal dolor hacia el bolsillo

Tras recibir severos cuestionamientos de una de las partes, el juez se limitó a decir: “Si el fallo es bello además de justo el derecho sale ganando”.

Gaspar no fue sancionado, pero el Consejo del Poder Judicial concluyó que redactar una sentencia en verso representa el “agravio personal de un juez contra un ciudadano”.

Alejandro Anaya Huertas. Licenciado en Derecho (UNAM); maestro y candidato a doctor en Administración Pública (INAP). Elabora el Reporte sobre la Magistratura en el Mundo.

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Iphigenia, nia, nia,

Iphigenia, Iphigenia herself in Brooklyn found

P.D.Q. Bach, Iphigenia in Brooklyn.

Prefiero el Oratorio a la Oratoria

Anónimo

 

 

A manera de Preludio

Cuenta la leyenda que P.D.Q. Bach nació en Leipzig el 1° de abril de 1742 y murió en Baden-Baden-Baden, el 5 de mayo de 1807. Al menos eso decía su primera lápida. Después, la familia Bach la cambió por otra que a la fecha dice “1807-1742″, en un intento por aclarar que P.D.Q. no fue hijo del gran Johann Sebastian, que murió en 1750. Debido a su peculiar estilo musical, en su tiempo, P.D.Q. fue acreedor de diversos apodos y sobrenombres: “una espinilla en el rostro de la música”; “el peor músico en pisar los pedales de un órgano“; “el músico más peligroso desde Nerón”, etcétera.

P.D.Q. solía asegurar que no había recibido ninguna influencia musical de  “su padre” (J. S. Bach), aseveración que, después de escuchar algunas de sus obras, podemos constatar sin reservas. De hecho, P.D.Q. rehuyó a toda actividad relacionada con la música, hasta bien entrados sus treinta años, cuando optó por acercarse a ella, dado que contaba con un apellido que le garantizaría una forma suculentamente lucrativa de vivir.

Durante su periodo más “creativo”, emuló (más bien, plagió) la obra de Haydn y Mozart, pero tanto sus aspiraciones de ser un músico vanguardista, como la idea de ser un músico pre-barroco en su propio tiempo, resultaron más que fallidas. A P.D.Q. Bach se le atribuye ser el causante de la sordera de Beethoven, y asegura la tradición oral que conoció a Mozart cuando éste tenía 3 días de nacido y auguró a su padre Leopold, que Wolfgang llegaría a ser uno de los más grandes billaristas del mundo.

Mujeres, vino y canciones fueron la constante en la vida de P.D.Q. Bach, que murió acaudalado, y año tras año se organizan en el mundo festivales exclusivamente dedicados a su música, como ocurre con Wagner en Bayreuth, y con Mozart en Salzburgo. En suma, —y aquí concluye la leyenda— fue un músico abominable, la deshonra de la familia Bach (algo así como el equivalente musical a Ed Wood, el peor director de la historia del Cine). Algunas de sus obras son: Obertura 1712; Birthday Ode to “Big Daddy” Bach; Canine cantata: Wachet, Arf!; Cantata: Iphigenia in Brooklyn; Concerto for Piano vs. Orchestra; Erotica Variations; Hindenburg Concerto; Oratorio Oedipus Tex, etc.

El Justice que compuso una Misa

Cada año, antes del inicio del periodo de sesiones, varios de los Justices de la Suprema Corte de Estados Unidos concurren a la celebración de la Misa Roja, en Washington, D.C. Si bien, la música utilizada durante la misa es el Gloria de Vivaldi, no hay, propiamente, una composición intitulada La Misa Roja, por lo que se trata, musicalmente hablando, de una asignatura pendiente. No obstante, George Palmer, Justice de la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur, Australia sí compuso una Misa, a propósito de la visita del Papa a aquél país, en 2008. La obra, se intituló “Benedictus qui venit”, con letra en latín y en inglés, para soprano y tenor, acompañados de un coro de 300 voces.

El Chief Justice cuya toga se inspiró en una Opereta

Ruth Bader Ginsburg, Justice de la Suprema Corte de Estados Unidos impartió en agosto de 2012 una conferencia intitulada Arias of Law: The Rule of Law at Work in Opera and the Supreme Court. Fue ahí donde recordó a William Rehnquist, el fallecido Chief Justice, que no solo era un gran fanático de las operetas de Gilbert y Sullivan, sino que se inspiró en una de ellas, Iolanthe, para el diseño de su toga, con cuatro barras doradas en cada manga. El conocido gusto de la Ministra Bader por la ópera ha hecho que sus seguidores le hicieran un pequeño homenaje operístico: una figura que representa a la Justice, mostrando sus resoluciones más relevantes, acompañadas de un fragmento de The Medium, de Gian Carlo Menotti.

Los Justices que actuaron en una Ópera

A pesar de tener filosofías judiciales radicalmente distintas, los Justices Ruth Bader y Antonin Scalia, comparten el gusto operístico, y no solo tienen la costumbre de ir a la ópera juntos, sino que ambos aparecieron —como extras— en Ariadne Auf Naxos, de Richard Strauss. Ninguno de los Justices cantó, pero permanecieron en el escenario durante noventa minutos.

A propósito de su gusto por la ópera, el Justice Scalia concedió una entrevista al programa radiofónico al programa Mad About Music, donde, entre otros temas, compartió lo siguiente:

  • La primera ópera que recuerda haber visto fue Gianni Schicchi, de Puccini.
  • Estudió piano durante 15 años y se solventa en algunas sonatas de Beethoven.
  • Tocó el corno francés en la banda escolar.
  • Su coloratura: tenor.
  • Siendo Magistrado de circuito seguía participando en coros (cantó en el Requiem Alemán de Brahms)
  • Además de Ariadne auf Naxos, entre sus óperas favoritas se encuentra El Caballero de la Rosa, también de Strauss.
  • Le gustaría ser el narrador en Lincoln Portrait de Aaron Copland.
  • No considera que tener sensibilidad para la música clásica o la ópera sea factor para ser un mejor Justice.
  • Asegura que la acústica en el salón de plenos de la Suprema Corte es magnífica.
  • Tiene un Ipod y lo usa durante los vuelos, principalmente con música barroca.
  • No tiene claro qué tipo de música le gustaría que se represente durante su funeral.
  • No le gusta el rock moderno.
  •  Renée Fleming y Plácido Domingo son sus cantantes favoritos.
  • Glenn Gould es uno de sus pianistas predilectos.
  • Solti y Furtwängler son sus directores predilectos.
  • La primera sinfonía de William Boyce está entre sus obras favoritas.
  •  Si pudiera ser estrella de la música elegiría ser un gran tenor. Le gustaría ser Rodolfo en La Bohemia. En segundo término, sería violinista.

Intermezzo y Finale. El Procurador General al que le dedicaron una Cantata

No será La Pasión según San Mateo, pero The Gonzales Cantata, es un referente obligatorio para quien desee tener una explicación musical acerca de la denominada crisis de los fiscales, que dio origen, en 2007, a las audiencias del Comité Judicial del Senado estadounidense que investigaron al Procurador General Alberto González por la remoción de ocho fiscales, y que desembocaron en su renuncia. La Cantata tiene una duración aproximada de 40 minutos. Para la Cantata, los roles se interpretan así: Alberto Gonzáles (Procurador, soprano); Patrick Leahy (Senador, soprano); Arlen Specter (Senador, soprano); Dianne Feinstein (Senadora, tenor). El libreto está aquí.

Finalmente, no sobra decir que la crisis de los fiscales marcó también el grand finale de la carrera de Alberto Gonzáles, a quien el presidente Bush pensó postular para ocupar una vacante en la Suprema Corte.

Alejandro Anaya Huertas. Licenciado en Derecho (UNAM); maestro y candidato a doctor en Administración Pública (INAP). Elabora el Reporte sobre la Magistratura en el Mundo.

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(Una nota con final alternativo)

Hoy no salir en televisión es un signo de elegancia. Umberto Eco

Lo que no se vio en TV

En julio de 1928 fue transmitido el primer programa de televisión en la Unión Americana. Ese mismo año, el Justice Charles Evans Hughes dijo que el progreso de la civilización se tendría que reflejar en los procesos argumentativos, en los que hasta entonces, solía perderse mucho tiempo. En la actualidad, salvo que los Justices determinen lo contrario, cada parte dispone de 30 minutos para exponer sus argumentos ante el pleno de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Lo que no vislumbraba el Chief Justice Evans, como tampoco parece vislumbrar en la actualidad el Chief Justice Roberts son los potenciales beneficios de transmitir las sesiones de argumentos orales por televisión.

Como se dio cuenta en este espacio, los pasados 26, 27 y 28 de marzo, la Corte llevó a cabo las sesiones de argumentos orales de los Affordable Care Act Cases. Si bien durante los días previos a las sesiones permeaba en el ambiente un dulzón perfume que auguraba la posible venia de la Corte para permitir el acceso de cámaras de televisión a su salón de plenos, las alas fueron cortadas por un gélido comunicado que ofreció únicamente audios y transcripciones diferidas de las sesiones.

Oyez…¿Veremos a la Corte en TV?

A propósito del Obamacare, no solo llamó nuestra atención la trascendencia jurídica y política de este asunto de dimensiones wagnerianas, sino que, por primera vez en la historia, perecía haberse abierto la oportunidad a que las cámaras de televisión entrasen a la Corte Suprema y transmitieran en vivo las sesiones de argumentos orales.

De haber sido así, lo primero que habríamos visto sería la robusta figura del Marshall recitando la fórmula que sincroniza a la perfección con la coreográfica entrada en escena de los Justices: Oyez! Oyez! Oyez

¿Cómo se ve? ¿Cómo se vería?

Además de México, las cortes supremas de Brasil y del Reino Unido transmiten en vivo las sesiones del Pleno de sus Ministros. Brasil lo lleva a cabo a través de TV Justiça, que  inició sus transmisiones el 11 de agosto de 2002 y que puede verse por internet. Las sesiones del Pleno del Supremo Tribunal Federal son animadas, y entre los videos más vistos en Youtube se encuentra la discusión entre el Ministro Barbosa y el entonces Ministro Presidente Gilmar Mendes a quien acusó —desde luego, al aire—, de no practicar el “joga bonito” y estar destruyendo la justicia en el país.

La flamante Corte Suprema del Reino Unido (inició sus actividades en octubre de 2009), también transmite en vivo sus sesiones, y usted puede, a manera de degustación, ver un fragmento reciente del caso que está por resolver la Suprema Corte relativo a la petición sueca para extraditar a Julian Assange. También es posible consultar las directrices del Tribunal Oral de Salta, Argentina acerca de la transmisión en directo, por televisión, de casos sobre violación a derechos humanos.

¿Cómo se vería en TV la sesión de argumentos orales de la Corte Suprema de Estados Unidos?

Hasta la fecha, no existe registro alguno de cámaras de televisión en el Pleno de los Justices. Por tanto, nuestra primera recomendación al lector será poner en la pantalla de su ordenador algunos de los dibujos que los dibujantes autorizados comparten con nosotros, escuchando el audio de algún caso de su elección, ¿qué tal Roe v. Wade, para empezar?

¿No es suficiente?, ok, recurra entonces al sitio de dibujos animados concebido por la Justice en retiro Sandra Day O´Connor, en el que recrea no sólo la sesión de argumentos orales, sino todo lo que ocurre “tras bambalinas” del más alto tribunal de la nación.

¿Quiere más realismo?, acuda a Hollywood, la “fábrica de sueños”, que pone a su amable disposición un elenco interesante de posibilidades que recrean sesiones de la Corte Suprema, desde la famosa deposición de John Adams en el caso Amistad , hasta los argumentos en defensa del pornógrafo Larry Flynt.

¿No le basta? Entonces convenza al menos a cinco Justices de las bondades de transmitir sus sesiones de argumentos orales por televisión.

¡¡Cámara!! Los Justices de Costa a Costa… y de Poniente a Levante

Si bien es sencillo acceder a los videos de las audiencias de confirmación de quienes a la postre se integrarían a la Corte Suprema de los Estados Unidos, la mera idea de introducir cámaras en el salón en el que se llevan a cabo las sesiones de argumentos orales es lo más parecido a un misterio, envuelto en un enigma.

Ya en 1988, C-SPAN había solicitado al Chief Justice Rehnquist el ingreso de cámaras al alto tribunal; la misma solicitud le hicieron en el 2000, únicamente para los casos Bush v. Palm Beach County Canvassing Board, y Bush v. Gore, pero la simbólica respuesta de la Corte fue un cassette con el audio.

En 2005, aprovechando el impulso del Senador Arlen Specter, volvieron a sugerir al flamante Chief Justice, John Roberts, la posibilidad de transmitir en vivo las sesiones de la Corte. En 2008, el New York Times también alzó la mano, y el 15 de noviembre de 2011 hubo una nueva petición a John Roberts, para que la Corte permitiera la transmisión en vivo de las jugosas seis horas de argumentos orales del 26 al 28 de marzo pasados (muy lejos aún de las dieciséis horas de argumentos orales que la Suprema Corte requirió en 1962 para Arizona v. California).

Si bien el justice en retiro David Souter llegó a decir que las cámaras de televisión ingresarían al Pleno “sobre su cadáver”, existe, al menos, un atisbo de alentadora ambivalencia frente las cámaras por parte de los actuales integrantes de la Corte Suprema:

  • John Roberts: “Mi nuevo mejor amigo, el Senador Thompson, me asegura que no hay nada que temer de las cámaras de televisión”.
  • Samuel Alito: “Si nuestros argumentos fueran televisados, nos enfrentaríamos a una competencia muy dura, pues ya hay un exceso de programación para los aficionados a los tribunales”.
  • Stephen Breyer: “Hay buenas razones a favor y hay buenas razones en contra”.
  • Ruth Bader Ginsburg: “Personalmente, no tengo objeción a la transmisión de las audiencias por televisión”.
  • Elena Kagan: “Sería buena idea, más aún pensando que en la actualidad solo 200 personas por día pueden presenciar las sesiones. Sería muy bueno para el público americano”.
  • Anthony Kennedy: “No creo que sea en el mejor interés de la institución”.
  • Antonin Scalia: “Las cámaras en la Suprema Corte podrían, realmente  educar a la gente, pero también podrían maleducar y desinformar”.
  • Sonia Sotomayor: “Tengo buenas experiencias con cámaras”.
  • Clarence Thomas: “Mi anonimato se iría. Cambiaría el estilo de vida de mis colegas”.

Groucho Marx encontraba a la televisión bastante educativa porque cuando alguien la encendía en casa, él se marchaba a otra habitación para leer un buen libro. Pero frente a la trascendencia de la eventual anuencia de la Corte Suprema para permitir que se transmitan en vivo las sesiones de argumentos orales, la tentación de encender la “caja idiota” se torna apetitosa.

Abrir pues, las plúmbeas puertas institucionales a las cámaras sentaría precedentes saludables para la educación cívica y para el sistema jurídico estadounidense, y con especial énfasis, allanaría el camino para que, aprovechando las fuerzas naturales de aceleración, se transmitan en vivo las sesiones argumentos orales, no solo de los asuntos de mayor relevancia, sino de todos los casos sometidos a la ponderación de la Corte, bajo el vetusto principio: “a maiori ad minus”.

¿No son aún tiempos para una Supreme Court 2.0?

Gallup revela que siete de cada diez estadounidenses opinan que la Corte debiera permitir cámaras de televisión, y diversos termómetros han revelado que la combinación de cámaras y tribunales es buena para la democracia. Por tanto, parecía haber óptimas condiciones a propósito de las sesiones del 26, 27 y 28 de marzo de 2012, para: a) marcar una nueva época en las reglas del juego de la Suprema Corte, b) mostrar al justice Clarence Thomas romper ¡en vivo! seis años de silencio, y, principalmente, c) constatar que los oral arguments reúnen los ingredientes necesarios para “enamorar a la cámara”.

No obstante, parece haber un equilibrio matemático entre el tamaño del anhelo y las dimensiones de la desilusión. A quienes se interesan por las actividades del más alto tribunal estadounidense, por ahora, tendrán que seguir conformándose con los dibujos de las sesiones y los audios correspondientes. No son tiempos aún para pensar en una Corte Suprema 2.0.

Y, como la Sinfonía de Nielsen, la preocupación es expansiva: si no se permitió el acceso de cámaras, Blackberrys, Ipads, Laptops, y otros gadgets, así como hacer llamadas, y mucho menos, twittear durante los argumentos orales de los Affordable Care Act Cases, ¿entonces, cuándo será?, ¿acaso la Corte seguirá atrapada en un flashback sepia?

Entre los escombros de proyectos nonatos que se expanden hasta donde la vista alcanza, la vida sigue, y retomando el epígrafe de esta nota, los Justices, ajenos al acelerado metabolismo institucional de la era digital,  proseguirán por ahora, con su discreta elegancia.

Final alternativo (léase solo si no desea que se transmitan por televisión las sesiones de la Corte Suprema)

Ya es posible contar, el mismo día de la sesión con las transcripciones de los argumentos orales y sus respectivos audios. ¿Cuánta comprensión adicional podría obtenerse con el simple hecho de ver a todo color las caras de los Justices y de los abogados presentes? La transmisión por televisión de los debates del Congreso, como institución eminentemente política, es saludable y perfectamente entendible al ser este la arena de lucha democrática de la que los votantes esperaran obtener la mayor información posible.

Pero televisar los argumentos orales podría ser una punción de consecuencias impredecibles para una institución eminentemente jurídica que necesita trabajar al margen de las más sutiles presiones políticas y mediáticas. Poco abonaría la televisión al prestigio institucional de la Corte, que de suyo, cuenta ya con altos niveles de confianza ciudadana, muy por encima de los otros dos ramos del gobierno.

Por tanto, como dice Charles Lane, las cámaras de televisión en los argumentos orales de la Corte no serían más que una solución en búsqueda de un problema, dando al traste con uno de los pocos procedimientos en Washington DC que aún puede ser considerado como solemne. ¿Realmente le interesa que el Justice Thomas rompa su silencio?

Alejandro Anaya Huertas. Licenciado en Derecho (UNAM); maestro y candidato a doctor en Administración Pública (INAP).

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Las coordenadas del debate jurídico   

El próximo lunes 26, martes 27 y miércoles 28 de marzo, la Corte Suprema de los Estados Unidos llevará a cabo las sesiones de argumentos orales en torno a la revisión del asunto conocido por la opinión pública como la reforma sanitaria impulsada por la Administración de Barack Obama.

En el marco de los Affordable Care Act Cases, el 26 y el 27 de marzo se llevarán sendas sesiones de argumentos orales, con duraciones de 90 y 120 minutos, respectivamente, en las que el Department of Health and Human Services y el Gobierno de Florida (11-398) expondrán sus argumentos ante los nueve Justices de la Corte. Este dato inicial es muy relevante porque, normalmente, las sesiones de argumentos orales tienen una duración promedio de una hora por cada caso, destinándose 30 minutos a cada parte involucrada.

“Monsieur de Villefort”, en su blog, y Bill Mears, de CNN, han desmenuzado con mucha claridad los pormenores que deben ser resueltos por la Corte Suprema. Partiendo de que el ordenamiento impugnado, la Patient Protection and Affordable Care Act, entrará en vigor en 2014 e impone a cada ciudadano estadounidense la obligación de contratar un seguro sanitario, penalizando el incumplimiento con una sanción económica. Así, a propósito de las sesiones del 26 y 27 de marzo, la Corte deberá pronunciarse sobre:

  1. Si el Congreso ostenta constitucionalmente la potestad para aprobar la cobertura mínima sanitaria con base en el artículo 1º de la Constitución, y
  2. Si la Anti-Injuction Act prohíbe a quienes cuestionaron la cobertura mínima sanitaria el ejercicio de dicha acción procesal, pues ha de tenerse en cuenta que la Anti-Injuction Act prohíbe a los contribuyentes impugnar judicialmente un impuesto hasta que la ley que aprueba el mismo entre en vigor y el mismo se haya devengado –lo cual sucederá sino hasta el año 2014-.

El 28 de marzo, en una sesión de 90 minutos, la Corte Suprema llevará a cabo la sesión de argumentos orales de la National Federation of Independent Business v. Sebelius (11-393), que al igual que en el asunto de los días previos, proviene del  Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito Judicial. La Corte deberá resolver si, en caso de que se declare que el Congreso no tiene atribuciones para obligar a los ciudadanos a contratar un seguro con una cobertura sanitaria mínima, ello conlleva la declaración de inconstitucionalidad de todo el texto legal al ser dicha previsión inseparable del resto de preceptos normativos de la ley. Y ese mismo día maratónico, la Corte escuchará los argumentos orales en Florida v. Department of Health and Human Services (11-400), con dos cuestiones a ser resueltas:

  1. Si el Congreso ostenta la potestad para aprobar dicha norma o si, por el contrario, ha vulnerado los principios básicos del federalismo cuando presiona a las entidades federativas para que ejecuten las previsiones de la norma bajo la amenaza coactiva de perder recursos federales en el caso de no hacerlo, y
  2. Hasta qué punto la anulación de una previsión de la ley (cobertura sanitaria mínima) ha de conllevar necesariamente la nulidad de todo el texto legal.

Por la mayúscula trascendencia del caso, diversas han sido las peticiones al Chief Justice para que permitiera la transmisión en vivo de las maratónicas seis horas de argumentos orales del 26 al 28 de marzo. La Suprema Corte, fiel a su renuencia a las cámaras se negó a estas peticiones. En cambio, ofreció poner los audios a disposición del público, durante la misma tarde de las sesiones.

Los vaivenes políticos

Este asunto, sin embargo, como otros más que resuelven las cortes constitucionales, tiene una lectura política de enorme relevancia. Más allá del peloteo de argumentos jurídicos y de la presión que hubo para que se transmitieran por televisión las audiencias orales, este examen de constitucionalidad de la reforma de salud del gobierno de Obama, se ubica en el corazón de la polarización de la vida política de los Estados Unidos.

En efecto, la reforma de salud ha sido un tema que ha dividido a los partidos republicano y demócrata desde hace varias décadas. Al grado de que el senador Ted Kennedy hiciese de este tema una de las batallas que marcarían su carrera política. Esto explica que la victoria legislativa de Obama de aprobar esta reforma fuese efímera: apenas los demócratas celebraban este paso mayúsculo para la seguridad social de la sociedad estadounidense, el caldo político se sobrecalentó. Y los republicanos, en particular su brazo extremo conocido como Tea Party, iniciaron una batalla mediática, de movilización civil y ahora litigiosa en contra de esta reforma.

Algo por demás interesante es que el punto neurálgico de esta ley que divide a estas fuerzas políticas, y a la sociedad norteamericana, tiene que ver justo con una de las discusiones culturales que en los últimos años, desde la crisis financiera de 2008, se ha exacerbado: el papel del Estado frente a la libertad de los individuos –y que precisamente es uno de los temas que tendrá que definir la Corte estadounidense-. En términos generales, la posición republicana sostiene que el Estado debe tener una intervención minúscula en la vida de los individuos, pues de otra manera se trataría de una vulneración de la libertad. Por ello, exigirle a las personas que tengan un seguro médico y, en su caso, deban pagar como sanción una multa, es un perfeccionismo que no sólo atenta en contra el valor de la libertad, sino los cimientos mismos de la sociedad estadounidense: el individuo, la sociedad civil y el mercado como jardines que han florecido gracias a la ausencia del Estado.

Los demócratas, por su parte, consideran que la única sociedad civil es aquella que justo es civilizada por el Estado –el cual, por supuesto, debe organizarse a partir de toda una maquinaria de controles y límites-. Por tanto, la única libertad viable es la libertad limitada y de ahí que esta imposición de seguro médico se trate de un paternalismo justificado que no elimina la libertad de los individuos a elegir proyectos de vida (lo cual sí hace el perfeccionismo). Por el contrario, al establecer un mecanismo institucional que asegura un mínimo de salud de los individuos, les abre un abanico de opciones de vida mucho más amplio.

Ahora bien, si a esto le agregamos el ingrediente de que en noviembre de este año se definirá si Barack Obama se logra reelegir como presidente de los Estados Unidos, tenemos un asunto judicial con diversos matices de enorme impacto político.

En primer lugar, está el momento en que la Corte dará a conocer la decisión. Pues lo que estos días se va a discutir es apenas las audiencias orales donde, como se explicó líneas arriba, las partes expondrán su posición frente a los justices y estos les harán las preguntas que consideren pertinentes. Después, según el procedimiento de decisión del máximo tribunal estadounidense, los justices discutirán en privado para finalmente dar a conocer la sentencia al respecto: el documento donde se plasmará el sentido de la decisión y sus correspondientes argumentos. No obstante, el momento en que se da a conocer la sentencia es enteramente estratégico. En este sentido, en un interesante estudio sobre la relación que ha mantenido esta Corte con los periodistas: Justices and journalists. The U.S. Supreme Court and the media, el académico Richard Davis ha detectado que la Corte estadounidense a lo largo de su historia ha sido muy cuidadosa de lanzar a la opinión pública una sentencia con fuerte carga política previa a un proceso electoral federal. Su lógica es que tal movimiento propiciaría una fricción con los poderes representativos, crearía la percepción en la ciudadanía de que es un jugador más buscando influir en el resultado electoral y, en ese sentido, su legitimidad estaría en juego.

No obstante, todo indica que esta decisión se dará a conocer en junio de este año, a unos cuantos meses del día de la elección federal, con el correspondiente efecto en la arena política. La Corte al ratificar o no la constitucionalidad de esta controvertida ley estaría zanjando una discusión institucional compleja pero más importante aún: simbólica y políticamente también le estaría dando la razón al polo republicano o demócrata. Erigiéndose automáticamente esta sentencia en un dardo político de enorme provecho para el cierre de la batalla electoral. Lo más prudente, en este escenario, sería demorar la entrega de la decisión hasta después del proceso electoral. Se trataría del manejo de tiempo para dar a conocer una sentencia más adecuado para una corte constitucional.

Otro aspecto relevante es la participación en la discusión y decisión de este asunto del justice Clarence Thomas, el segundo afroamericano que llega a la Corte estadounidense. Pues varios grupos a favor de la reforma de salud están presionando para que se excuse del caso debido al activismo político de su esposa Virgina Thomas. El punto aquí es que Virginia desde la aprobación de esta reforma ha sido promotor clave en contra de esta ley –organizando mítines, eventos y sobre todo litigios para examinar su constitucionalidad- desde la trinchera del Tea Party, del cual es miembro por demás activo. Las actividades políticas del matrimonio Thomas, como demuestra el excelente perfil de esta pareja de Jeffrey Toobin para The New Yorker, por lo menos hacen dudar de la imparcialidad de Thomas al resolver este asunto. El problema medular es que, según la regulación interna de la Corte estadounidense, para que un justice se excuse de participar en un asunto depende enteramente de su conciencia ética. No es un tema que se someta a votación del resto de sus colegas o que se pueda denunciar con alguna consecuencia institucional, sino sólo de su fuero interno. Y, hasta el momento, todo parece indicar que Thomas no se va a excusar, con las implicaciones que esto tendrá en la percepción de imparcialidad y legitimidad de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Por último, vale mencionar que la Corte estadounidense desde la entrada de John Roberts como su Chief justice ha sido marcada por un dominio de la mayoría conservadora en casos de enorme impacto como Citizens United vs. FCC pero también en varios asuntos más de menos interés mediático-político pero de igual o más relevancia en el diseño institucional de aquél país –sobre temas tan diversos como libertad religiosa, impuestos, debido proceso, libertad de empresa, derechos fundamentales frente a particulares, acciones colectivas, equidad y género, etc.-. Por lo cual no es descabellado que la mayoría conservadora considerará inconstitucional la reforma de salud de Obama -sobre todo si vemos que en las últimas encuestas la mayoría de la población considera que dicha ley es contraria al texto constitucional-, aun cuando tal decisión iría en contra de una historia centenaria de precedentes. En ese caso, como apuntó Dworkin en su agudo librito The Supreme Court phalanx: the Court’s new right-wing bloc, los republicanos habrían dado un paso más en su estrategia perfilada desde hace un par de décadas consistente colocar abogados en posiciones judiciales clave (incluida, por supuesto, la Corte Suprema) para desahogar la más rancia agenda conservadora.

Aquí la transcripción y audio de los argumentos orales del lunes 26 de marzo

Aquí la transcripción de los argumentos orales del martes 27 de marzo

Aquí la transcripción de los argumentos orales del miércoles 28 de marzo

 

Alejandro Anaya Huertas. Licenciado en Derecho (UNAM); maestro y candidato a doctor en Administración Pública (INAP).

Saúl López Noriega. Profesor e investigador de tiempo completo del departamento de derecho del ITAM. Twitter: @slopeznoriega

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El Juez, la niña y el Protocolo del Chocolate

Sucedió en Calcuta, un Juez llamado Mukopadhaya encabezaba un juicio para resolver la custodia de una niña de 10 años, que hasta la fecha de la audiencia estaba viviendo con la madre. En un momento crucial de la diligencia, el Juez le preguntó a la niña si quería vivir con su padre o con su madre. La niña respondió inmediatamente que quería vivir con su papá. Tras las consabidas objeciones de la mamá y de su equipo jurídico, con el consecuente desorden en la Sala, el Juez se levantó de su silla, se dirigió a donde estaba sentada la nena y la llevó a una tienda donde le compró un chocolate. Ahí mismo, Mukopadhaya habló de manera amistosa con ella, preguntándole acerca de la escuela, sus amigos y sus aficiones. A continuación, regresó al juzgado y le preguntó nuevamente si quería vivir con su papá o con su mamá. La niña dijo que su madre no la cuidaba, y que le dedicaba más tiempo a conversar con sus amistades que a estar con ella. También expresó ella su deseo de estar con el padre. Tras seguir este peculiar protocolo, el Juez no dudó en conferir la custodia al padre.

El Jurado que regalaba miembros de chocolate

En enero de 2010 la Corte Suprema de Estados Unidos, al resolver Marcus A. Wellons v. Hilton Hall, ordenó a un tribunal de apelaciones en Atlanta que reconsiderara la solicitud de Marcus Wellons para realizar un nuevo juicio, tras detectarse impropiedad en la conducta del jurado y de diversos funcionarios judiciales. Wellons fue sentenciado en primera instancia a la pena capital por la violación y asesinato de una niña de 15 años. Durante el juicio, varios miembros del jurado se pusieron de acuerdo para regalar al juez, al custodio y a otros funcionarios, chocolates con forma de pene. En la decisión dividida del máximo tribunal se resolvió que el procedimiento que rodea a un caso relacionado con la pena de muerte debe “realizarse con dignidad y respeto”. En sus votos disidentes, los justices Alito, Scalia y Thomas consideraron que no había mayor inconveniente en que los funcionarios judiciales reciban penes de chocolate como obsequio.

No era esta, empero, la primera ocasión que el chocolate se filtraba en el más alto tribunal estadounidense. En 1931 los justices se enfrascaron en una espesita discusión para resolver si el chocolate debía ser considerado un alimento o un dulce (McCaughn v. Hershey Chocolate Co. 282 US. 827): La Suprema Corte concluyó que:

Chocolate is a solid or plastic mass, made by mixing sugar with chocolate, which is the powdered cacao nib or bean, with or without the addition of flavoring material, and that sweet milk chocolate also contains milk solids; that the type of sweet chocolate manufactured and sold by respondents is commonly sold in small bars, sometimes containing nuts, or in blocks, ‘attractively dressed up’ for sale under names which would appeal to candy consumers, and is usually consumed in the same manner as candy, that is, eaten in small quantities from the hand as a sweetmeat.

Acertó la Corte Suprema, el chocolate no solamente es sabroso perse, sino que suele ser vestido con atractivas envolturas que desafían la contención, tanto de los ascetas más avanzados como de la gente común que no tiene reparo en exponer su integridad física, como el iraní al que amputaron la mano por robar un chocolatín.

Ferrero Rocher vs. Montresor

Judicialmente, Italia es el ejemplo perfecto que en litigios relacionados con el chocolate, ha transitado por los gustos dulce y semiamargo hasta el amargo. Hace pocos años, Ferrero Rocher ganó un pleito judicial a la marca china Montresor, por lanzar al mercado un bombón igual al italiano, confeccionado a base de chocolate y nueces, empaquetado con el mismo elegante papel dorado y distribuido en cajas transparentes como las originales. Los descendientes de Pietro Ferrero obtuvieron de un tribunal chino una indemnización cercana a los 90 mil dólares.

Pero los italianos recibieron en noviembre de 2010 un golpe amargo de manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al resolver que los italianos infringieron la normatividad comunitaria al permitir la denominación “chocolate puro” para productos que contienen más de un 5% de materias grasas vegetales distintas a la manteca del cacao. La Corte de Luxemburgo considera que las regulaciones italianas que permiten dos tipos de menciones en la etiqueta sobre la composición del chocolate pueden inducir a error a los consumidores, y dañar de ese modo su derecho a una información correcta y neutra. Por tanto, en Europa, el chocolate 100% puro sigue siendo un apetitoso enigma envuelto en un misterio.

Milka vs. Milka

Judicialmente, el chocolate también puede estar en el centro de una confrontación equivalente a la de David contra Goliat. En marzo de 2005, Milka Budimir, una costurera francesa de 58 años, fue condenada por un tribunal de Nanterre a ceder los derechos de su sitio en Internet, www.milka.fr, al gigante agroalimentario estadounidense Kraft, propietario de la marca de chocolate Milka. La multinacional había demandado a la mujer, que explotaba desde hacía varios años ese sitio en Internet, por lo que consideraba un perjuicio económico y de imagen para el grupo, pues aseguraba que ese nombre está mundialmente vinculado a la vaca símbolo de sus chocolates.

El Tribunal consideró que “al reservarse y utilizar el nombre del sitio www.milka.fr, la señora Milka Budimir ha usado injustificadamente marcas denominativas de Milka, de las que la sociedad Kraft es la propietaria”. Es más, subrayan que el nombre de Milka “existía mucho antes del nacimiento de la señora Budimir”. Por ello, le prohibieron seguir utilizando el sitio www.milka.fr y la condenaron a transferir el nombre del sitio en la red a Kraft en el plazo de un mes desde la fecha del veredicto, bajo pena de una multa de 150 euros por día de retraso en la restitución. Para algunos, la señora Budimir era una “paracaidista informática”, para otros, la sentencia del tribunal era un atentado contra todas las personas que se llaman Milka, que en hebreo significa “pequeña reina”. Para la anciana costurera, tal vez lo más denigrante era ver su nombre inmensamente tatuado en una inverosímil vaca violeta. Las resoluciones concernientes a Milka vs. Milka pueden consultarse aquí y aquí.

Es entendible la indignación de la señora Budimir al sentirse involuntariamente asociada a una marca de chocolates. ¿El legado de Sara García es más importante en la cinematografía o en el Chocolate Abuelita? ¿Qué pensaría Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico al ver que su imagen es ofrecida en cada esquina de una de sus antiguas colonias en formato cajetoso, cacahuatoso o galletoso?

Alejandro Anaya Huertas. Licenciado en Derecho (UNAM); maestro y candidato a doctor en Administración Pública (INAP).

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“Nunca”, fue la respuesta de la justice Sonia Sotomayor cuando en su proceso de confirmación se le cuestionó si en algún caso migratorio había fallado por compasión a favor del migrante. Una pregunta de este tipo, a quien se convertiría en la primera hispana[i] y tercera mujer en llegar a la Corte Suprema estadounidense, refleja la enorme relevancia que el tema migratorio ha adquirido en ese país, cuyo número de inmigrantes ilegales asciende hasta 11 millones de inmigrantes ilegales, pero también vislumbraba un escenario donde los jueces se ubicarán en el centro del debate en dicho tema.

Y, efectivamente, la tormenta no tardó en desatarse: con el argumento de que el gobierno federal había sido omiso en atender lo que denominó como crisis de la migración ilegal[ii], la gobernadora de Arizona, Janice Brewer, firmó el pasado 23 de abril la ley SB1070 que criminaliza a quien se encuentre ilegalmente en el estado, y que exige a la policía revisar el estatus migratorio de todo aquél que parezca ‘razonablemente sospechoso’. Sin duda, hasta el momento, se trata de la ley más estricta en materia migratoria en los Estados Unidos. Y de ahí que represente un claro desafío a la administración de Barack Obama[iii], que había manifestado en varias ocasiones su rechazo a una medida con éstas características.

Así, la ley SB1070 lanzó nuevamente el tema migratorio al centro de la agenda nacional norteamericana, abriendo diferentes frentes que definirán durante los próximos las coordenadas de la discusión. En el plano político, las reacciones han ocurrido en dos niveles: en el federal, altos funcionarios han cuestionado la validez legal de la ley, destacando lo onerosa que podría resultar para el país[iv]. Incluso se ha mencionado que la polémica que ha propiciado esta ley afecta cuestiones prioritarias para el gobierno como el tema de la política energética. Por su parte, a nivel estatal, diversas organizaciones sociales se han movilizado para protestar públicamente e impulsar un boicot económico al estado. Con todo, al interior de Arizona, cuya población de origen hispano ciertamente asciende hasta un 30%, pero de la cual sólo vota el 12%, pareciese que la medida cuenta con gran popularidad y podría conseguir el efecto que la gobernadora Brewer espera en este año de elecciones[v].

La batalla más dura y larga ocurrirá, sin embargo, en el terreno legal –que no deja de ser también político- y donde el objetivo prioritario es conseguir una respuesta contundente de los tribunales respecto la validez de la ley SB1070. Hasta ahora organizaciones sociales como  American Civil Liberties Union, Mexican American Legal Defense and Educational Fund y  National Immigration Law Center, todas ellas con experiencia en este tipo de litigios, han hecho públicas sus intenciones de proceder judicialmente contra la reforma.  A ello hay que sumarle la decisión del alcalde de Phoenix, Phil Gordon, de recurrir a los tribunales locales, así como el proyecto de llevar la ley a referéndum con el propósito de al menos postergar su entrada en vigor hasta 2012. No obstante, la mayor amenaza para la ley podría estar gestándose en el Departamento de Justicia, donde en este momento se analiza la posibilidad de que el mismo gobierno federal ataque esta ley ante los tribunales federales.

Ahora bien: ¿En qué consisten en concreto las regulaciones de la ley SB1070? ¿Cuáles podrían ser, en ese sentido, los blancos de ataque del gobierno federal en su contra? En primer lugar, esta nueva regulación establece como delito estatal el que una persona no sea capaz de proporcionar pruebas de su residencia legal en los Estados Unidos cuando así le sea requerido por la autoridad. Asimismo, exige a la policía hacer un ‘esfuerzo razonable’ para determinar el estatus migratorio de una persona respecto la cual ‘razonablemente se sospeche’ que se encuentra ilegalmente en los Estados Unidos. Establece también como delito que los inmigrantes ilegales trabajen, busquen empleo y, para los no migrantes, que alberguen, protejan u oculten a un inmigrante ilegal. Por último, autoriza a los residentes de Arizona para demandar a algún oficial que falle en aplicar esta ley.

En suma, lo polémico de la nueva regulación antimigrante de Arizona reside en criminalizar la inmigración ilegal al definirla como allanamiento de morada; otorgar excesiva discrecionalidad a la policía en la detención de presuntos criminales; promover detenciones basadas en la raza, tez u origen; y  establecer regulaciones en materia migratoria lo cual no es facultad de los estados.

En este contexto, entre los diversos aspectos que podrían ser motivo de una disputa legal, dos son los principales: la distribución de competencias para legislar en materia migratoria y las violaciones a derechos civiles establecidos en la constitución y la declaración de derechos. Sobre la cuestión de las competencias, el asunto radica en una interpretación del artículo 1º de la constitución norteamericana que determina que solamente el congreso federal puede legislar en materia migratoria. Esta posición encuentra apoyo en la llamada ’supremacy clause’ que indica que sobre las leyes estatales están las federales y la propia constitución, pero sobre todo en precedentes judiciales. Uno de estos es fruto de la propuesta 187 en el estado de California que pretendió negar servicios sociales, médicos y de educación pública a los inmigrantes indocumentados y que fue declarada inconstitucional por una jueza federal por infringir la jurisdicción exclusiva del gobierno federal en materia migratoria[vi]. Otro caso caso es Lozano v. City of Hazleton, en el que un juez federal invalidó, por motivos también competenciales, una ley que establecía penas a los habitantes de esta ciudad del estado de Pennsylvania que rentaran propiedades a inmigrantes ilegales.

En lo que se refieren a las violaciones a los derechos constitucionales, la ley SB1070 podría violar las garantías de igualdad ante la ley y de no cateos y aprehensiones arbitrarias, establecidas por las enmiendas 14ª y 4ª, respectivamente. Quienes objetan la SB1070 refieren que en el caso Plyler v. Doe la Suprema Corte declaró inconstitucional una ley del estado de Texas que privaba a hijos de indocumentados de educación pública y gratuita, por considerar que ésta violaba la garantía de igualdad ante la ley establecida en la 14ª enmienda constitucional. Aquella fue una decisión 5-4 en la que un ministro nominado por Nixon, Lewis F. Powell, cambió al bando liberal y permitió que se invalidara la norma. El único ministro que participó en el asunto Plyler v. Doe y que sigue en activo es John Paul Stevens. Se trata del líder del ala liberal de la Corte Suprema estadounidense. Stevens, sin embargo, recién anunció su renuncia al cargo de justice, efectiva hasta el próximo mes de junio.

¿Cuál es, entonces, el futuro jurisdiccional de esta ley? ¿Llegará su escrutinio hasta la Corte Suprema? Diversos factores políticos y jurídicos en juego determinarán el futuro jurisdiccional de la ley SB1070. Lo cierto es que en mayo la administración de Obama presentará la nominación para reemplazar Stevens en la corte y cambiar nuevamente la integración y correlación de fuerzas al interior de ese órgano colegiado. No sería extraño que en las audiencias escucháramos a los senadores hacer énfasis en la cuestión migratoria. Tampoco sería extraño que viéramos en futuro próximo, tal vez al analizar la constitucionalidad precisamente de la ley SB1070, a esta nueva corte debatiendo si reafirma o desecha criterios establecidos en casos como Plyler v. Doe.

Camilo Emiliano Saavedra Herrera. Candidato a doctor en gobierno por la London School of Economics and Political Science. www.twitter.com/camilosaavedra


[i] A pesar de que han quienes ha dicho que el primer ministro de origen hispano fue Benjamin N. Cardozo, existe hoy consenso respecto de que Sotomayor fue la primera.

[ii] Justo antes de firmar la ley SB1070, Brewer declaró “la iniciativa que estoy por firmar, SB1070, representa otra herramienta que nuestro estado puede usar en su esfuerzo de resolver una crisis que no creamos y que el gobierno federal ha rehusado a resolver: la crisis causada por la inmigración ilegal en la porosa frontera de Arizona”.

[iii] La mañana del 23 de abril Obama había lanzado una última advertencia –o quizá una muy temprana respuesta- a la promulgación de la ley SB1070, al declarar que: el gobierno es quien tiene la responsabilidad de aplicar la ley en materia de inmigración; que las empresas son responsables de obedecer dicha ley no afectar a los trabajadores, especialmente en momentos de desempleo; y que los inmigrantes ilegales tienen, antes que esperar obtener su ciudadanía, hacer su responsabilidad de haber violado la ley y tener una sanción por ello, además de tener la obligación de pagar impuestos y aprender inglés.

[iv] Las reacciones y efectos ante la aprobación de esta ley no se hicieron esperar. En el pleno estrictamente político, el gobierno de Obama ha sido especialmente crítico haciendo ver a través tanto de la Secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, como del Fiscal General Eric Holder, que la medida podría estar malgastando recursos que se requieren combatir al crimen y que la administración está considerando impugnar judicialmente la medida

[v] Lo anterior resulta especialmente relevante para Brewer pues ella debe su cargo a la renuncia de Janet Napolitano, la cual presentó cuando fue designada por Barack Obama como Secretaria de Seguridad Nacional. Dado que la normatividad de Arizona indica que en caso de falta del gobernador, éste deberá ser sustituido por el Secretario de Estado, Brewer pasó a ser gobernadora con la renuncia de Napolitano.

[vi] La propuesta 187 fue llevado por el gobierno de California a una segunda instancia judicial, pero con el triunfo del partido demócrata en la elección de 1999, fue retirada de la corte de apelación por el entonces recientemente electo Gray Davis.

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