El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Suprema Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos.

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1. Debido proceso. Certeza Jurídica1

En razón de hacer efectiva la garantía que se impuso en una suspensión dentro de un juicio de amparo, ¿que notificación marca el inicio del cómputo del plazo de seis meses,2 para la interposición del incidente de reparación de daños y perjuicios, una vez causada ejecutoria la sentencia dictada en un recursos de revisión en un amparo indirecto?

Existían dos posibilidades: primera, aquella realizada por el juez de distrito, una vez recibida la copia de la ejecutoria dictada en la revisión y; la segunda, como resolvería la Corte, es aquella que lleva a cabo la Suprema Corte y/o el Tribunal Colegiado de Circuito, sobre la sentencia dictada en el recurso de revisión, haciéndolo de acuerdo con las reglas generales para las notificaciones.3

2. Justicia fiscal4

A las normas que rigen la condonación de deudas tributarias, ¿se les aplican los principios de justicia fiscal?

La Corte definiría que la condonación de deudas fiscales pertenece al ámbito de los beneficios otorgados por razones no estructurales a la contribución; en ese sentido, se trata de una acción unilateral del Estado encaminada a no hacer efectiva la deuda fiscal, renunciándose a recibir el pago. Por esa razón, ella no obedece a una exigencia constitucional de justicia tributaria,5 lo que no se traduce en una amplia discrecionalidad de las autoridades, ya que debe observarse bajo el principio general de igualdad.6

3. Trata de personas7

La legislación local consideraba en torno al delito de trata de personas varios temas: cuál sería la legislación aplicable de manera supletoria; distribución de competencias para investigar, perseguir y sancionar ese delito; procedimientos en materia de reparación del daño.

La Corte definiría que el marco constitucional y las leyes generales reglamentarias de la materia, si bien dejan facultades a las legislaturas locales, estas no pueden legislar en materia de investigación, procedimiento y sanciones, porque ello significaría estar invadiendo la competencia de regulación del Congreso de la Unión.8

4. Autonomía judicial, ahorro y austeridad9

Se debía verificar si la nueva legislación local sobre austeridad estaba violentando la autonomía del Poder Judicial del estado. Para ello se analizarían cinco argumentos.

Primero. La necesidad por parte del Poder Judicial de anexar al anteproyecto de presupuesto, el informe de austeridad. En tal informe debía destacarse el monto de lo ahorrado en gasto operativo durante el ejercicio y hacerlo del conocimiento de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno, perteneciente al Ejecutivo local, a efecto de contemplar el ahorro en el paquete presupuestal del siguiente ejercicio fiscal, en los términos de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de la entidad.

La Corte indicaría que estas disposiciones no violentaban la autonomía e independencia judicial, ya que se daban en respeto del marco constitucional y legal mexicano, a fin de facilitar las atribuciones del Congreso en materia de contabilidad y gasto público y la verificación a través de la instancia técnica especializada, del manejo de los recursos públicos, los cuales deben estar apegados a los principios de “eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”.10

Segundo. Se indicaba que la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno debía dirigir los recursos derivados del ahorro, con preferencia al capítulo de inversión pública. A tal efecto se preveía la intervención de esta Secretaría en la determinación de castigos y premios derivados del cumplimiento o incumplimiento a los lineamientos y políticas en la materia de austeridad y ahorro.

Ahora bien, diría la Corte que el mecanismo descrito no violaba la autonomía e independencia del Poder Judicial, puesto que esta actividad no se realizaba tratándose de la elaboración del presupuesto de egresos del Poder Judicial y la determinación del destino de los recursos que le corresponden. En este caso, la intervención se limitaba a incluir en el paquete presupuestal, el anteproyecto de presupuesto relativo.11

Tercero. Prohibición de pagos no contemplados en el presupuesto. En esto casos concretos, no había afectación ya que estas prohibiciones a pagos a las remuneraciones de los servidores públicos, en cuanto y a los principios que rigen la administración de los recursos económicos del Estado, incluidas las entidades federativas, se referían a los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, con lo cual se satisfacen los objetivos a los que están destinados.12

Cuarto. Se consideraba inexacto que se obstaculizara el conocimiento de las obligaciones y reglas impuestas en materia de austeridad y ahorro. Por un lado, el uso de palabras y términos de fácil entendimiento y comprensión para el común de las personas, como ocurre con las expresiones: titulares de los sujetos obligados, montos autorizados, mecanismos de control y seguimiento del ejercicio presupuestal, optimizar estructuras orgánicas y ocupacionales, mínimo indispensable, planes de modernización, tabulador de cuotas que fije topes, etcétera.

Por otro lado, las normas impugnadas precisan a los servidores públicos responsables de actuar o a quienes se les puede atribuir la omisión de actuar, los encargados de tramitar el procedimiento por el incumplimiento de ley y de dictar las sanciones aplicables, etc.13

Quinto. Un artículo transitorio establecía el plazo de 180 días naturales para que los sujetos obligados determinaran y aprobaran las modificaciones presupuestales necesarias para el cumplimiento de los objetivos de austeridad y ahorro. Se determinaría que la obligación era posible de acatar por dos razones.

Muchas de sus prescripciones no requerían para su cumplimiento e implementación de la modificación del presupuesto de egresos, tales como el establecimiento de medidas de control y seguimiento del ejercicio del presupuesto y la implementación de medidas y acciones tendientes a eliminar trámites innecesarios, la de agilizar procesos internos y reducir costos de operación y administración, la elaboración del Programa de Austeridad y Ahorro y del reglamento relativo, la abstención de autorización de bonos y percepciones extraordinarias y de contratación de seguros de gastos médicos privados y secretarios privados, salvo las excepciones autorizadas, la de optimizar estructuras orgánicas y ocupacionales, la de elaborar tabuladores de gastos tope en algunos rubros, y algunas otras más.

Por otro lado, en relación a los cambios que requerían de modificaciones en el presupuesto de egresos, se determinaba con toda claridad que tales modificaciones debían hacerse en los términos de la legislación vigente y, por tanto, los sujetos obligados quedaban constreñidos a actuar conforme a las prescripciones en la materia en aplicación.14

5. Tortura15

Como se expresaría, no se estaba analizando específicamente el concepto del delito de tortura, su construcción típica, sino más bien, el argumento principal era que el nuevo marco estatal sobre tortura, legitimaba el ejercicio del uso de la fuerza, cuando se tratara de la aplicación de sanciones de orden penal.

Sin embargo, para definir si existía una violación debía atenderse a la definición de tortura que se daba en el marco jurídico en estudio, al tipo penal y las excepciones que el mismo marco indicaba.

En ese sentido, por un lado, por tortura se indicaba: “todo acto u omisión por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica”.

De igual manera se indicaba que: “Comete el delito de tortura el servidor público que realice cualquier acto u omisión por el cual se inflija a una persona dolores o sufrimientos físicos 10 o mentales u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes con fines de investigación, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin”; así como que “Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de cualquier acto u omisión que persiga o conduzca a disminuir o anular la personalidad de la víctima, su capacidad física o mental, aunque no le cause dolor físico o angustia psíquica”.

Sobre ello se diría que es acorde con el marco constitucional e internacional, centrándose ahora en el tema de los actos que no se considerarían tortura y que podrían estar afectando.

En ese sentido decía la norma: “No se considera tortura, los sufrimientos físicos o mentales que sean consecuencia de sanciones penales, medidas incidentales a éstas o derivadas de un acto legítimo de autoridad, siempre que exista proporcionalidad en el uso de la fuerza y no se encuentren dentro de las prohibidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, la legislación aplicable o los criterios emitidos por el Poder Judicial”.

Esto último daba cuatro criterios de validación que hacía a la Corte concluir que aunque la redacción no era la más satisfactoria, debía calificarse de válida. El hecho de que se incluyeran como criterios: la legitimidad, proporcionalidad, su no contravención con el marco constitucional e internacional, al mismo tiempo que su alineación con los criterios jurisprudenciales, harían a la Corte aceptar que el marco jurídico en estudio resultaba adecuado.16

6. Derecho a la consulta. Municipios indígenas17

En Oaxaca se hizo una reforma que afectaba al ámbito municipal, específicamente en el tema de autoridades conducidas por sistemas normativos indígenas. Mediante esta reforma, se preveían facultades para la asamblea general comunitaria -máxima autoridad en los municipios indígenas para elegir a sus autoridades- y, de igual manera, se predecía la terminación anticipada del mandato de los integrantes de los ayuntamientos electos mediante sistemas normativos internos.

Importante subrayar que la Corte debatiría una vez más sobre el tema la existencia misma del municipio indígena y legitimación de los mismos (derechos o no a defender), aunque decidiría en la presente ocasión, ser neutral en estas expresiones.

Ahora bien, quedaba claro a la Corte que, reconociendo la existencia de una consulta con motivo de la reforma constitucional en estudio, una modificación al marco normativo bajo el que se gobiernan estos municipios gobernados por sistemas normativos indígenas, exigía una consulta a los pueblos indígenas destinatarios, lo cual no sucedió. Por otro lado, la existencia misma de la Asamblea General Comunitaria, como máxima autoridad para los municipios indígenas, ya había sido declarada inválida por la propia Corte.18

Víctor Manuel Collí Ek. Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche y responsable del proyecto de investigación: “La vigencia de la Constitución en la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional” 154998, CONACYT-SEP, del cual el presente estudio es un producto. www.victorcolliek.com vimcolli@uacam.mx Agradezco la colaboración y comentarios de mis compañeros del Cuerpo Académico: Derechos Humanos y Problemas Constitucionales de la UAC.


1 Contradicción de Tesis 542/2012. Ponente Min. Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena. Sesionada el 3 de mayo de 2016. Mayoría de seis votos a favor de la propuesta del proyecto, p. 45.

2 Concedido por la Ley de Amparo abrogada, artículo 129.

3 Artículo 29.

4 Contradicción de Tesis 276/2015. Sesionada el 9 de mayo de 2016. Ponente Min. José Ramón Cossío Díaz.

5 Artículo 31, fracción IV.

6 Mayoría de ocho votos a favor de la propuesta modificada del proyecto, p. 49.

7 Acción de Inconstitucionalidad 6/2015. Ponente Min. Alberto Pérez Dayán. Sesionada los días: 12, 16, 17 y 19 de mayo de 2016.

8 Unanimidad de votos a favor del proyecto modificado. Sesión del 17 de mayo de 2016, p. 27.

9 Controversia Constitucional 8/2015. Ponente Min. Alberto Pérez Dayán. Sesionada el 23 de mayo de 2016.

10 Votación favorable, sesión del 23 de mayo de 2016, p. 9

11 Votación favorable, p. 10.

12 Unanimidad de 9 votos, p. 14.

13 Votación favorable, p. 16.

14 Votación favorable, p. 18.

15 Acción de Inconstitucionalidad 32/2015. Ponente Min. Jorge Mario Pardo Rebolledo. Sesionada el día 24 de mayo de 2016. Artículos 2, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley para Prevenir, Sancionar, Erradicar y Reparar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles e Inhumanos o Degradantes del Estado de Jalisco, así como el artículo 154-H, fracción II, quinto párrafo, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco.

16 Unanimidad de votos a favor de la propuesta modificada del proyecto, p. 30.

17 Controversia Constitucional 60/2015 y otras. Ponente Min. Margarita Luna Ramos. Sesionadas el 26 de mayo de 2016. Decreto 1291, publicado el veintiuno de agosto de dos mil quince: Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, adiciona un Capítulo Sexto denominado: “De la terminación anticipada del periodo de las autoridades en los municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas” al Título Tercero, denominado “Del Gobierno Municipal”.

18 Ocho votos a favor de la propuesta del proyecto, p. 23.

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El pasado lunes 18 de abril, la organización Alto al Secuestro, dirigida por Isabel Miranda de Wallace, llevó a cabo una conferencia de prensa sobre la liberación de una persona que había sido sentenciada por el secuestro de un empresario. Este individuo también había sido acusado por Nelson Vargas por el asesinato de su hija, pero en ese caso no había pruebas suficientes, por lo que la sentencia no estaba relacionada con él. En días posteriores, varios medios de comunicación dieron seguimiento a la historia y abrieron sus páginas y sus micrófonos a Nelson Vagas, además de otras autoridades del Poder Ejecutivo, siguiendo una línea editorial que les daba completamente la razón y abonaba al sentimiento de ira.

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La conferencia de prensa presentó una acusación preocupante: la culpa de la liberación de los criminales es del poder judicial. Como lo puso el periódico Reforma en una nota del 20 de abril, “Delincuentes peligrosos o acusados de delitos de alto impacto han logrado su liberación por tecnicismos o interpretaciones muy estrictas de la ley”. Varias declaraciones de Nelson Vargas en diferentes medios muestran la ferocidad de las acusaciones:

¿Cuáles son las evidencias? ¿Qué esperamos del poder judicial? Magistrado José Mercedes Pérez Rodríguez: es indignante lo que acaba de hacer. Desgraciadamente, [los] Ministros de la Suprema Corte, máximas autoridades judiciales, a todos los juzgan igual por un infeliz como este Magistrado (Conferencia de prensa)

Estoy casi seguro que después de [mi muerte] seguirá el juicio por la incapacidad, por el valemadrismo del poder judicial. No digo que todos son así, pero aquí hay un juez, aquí se dejó en libertad a una gente que estaba implicado en el caso de mi niña. Y por eso levanto la voz . . . [Primero] sentencia [un] juez federal, confirma [un] magistrado unitario, [y] lo deja libre el colegiado. Así se maneja la justicia en México . . . [El] diez de septiembre [de 2008] levantaron a mi niña y estamos en 2016. ¿Qué pasa con la justicia mexicana? ¿Seguiremos esperando que salgan los demás delincuentes que asesinaron a mi hija? No creo que sea justo. (Entrevista a Foro TV)

Que toda la sociedad sepa que por los tecnicismos del Magistrado José Mercedes Pérez Rodríguez salió. . . . Tecnicismos del debido proceso que realmente es ridículo, que desgraciadamente para la sociedad es un golpe muy fuerte. . . . Es una banda muy poderosa, no encuentro otra explicación. (Entrevista a MVS Noticias)

Ahora bien, la liberación del sentenciado al que se refieren estas declaraciones ocurrió porque el caso contenía una inconsistencia grave: se probó la existencia de los hechos a través de varias pruebas y testimonios, pero el nexo entre el imputado y los hechos se dio únicamente por la identificación que hizo una víctima en la cámara de Gessell y por la confesión del imputado. El problema fue que el abogado defensor no estuvo presente en el momento en que se realizaron ambos procedimientos.

El Tercer Tribunal Colegiado en materia penal del Segundo Distrito, compuesto por los magistrados José Pérez Rodríguez, Selina Avante Juárez y Juan Pedro Contreras Navarro, determinó por unanimidad que la identificación y la confesión no podían ser aceptadas como pruebas y, por tanto, se debía otorgar un amparo al imputado que anulara la sentencia en su contra (este es el texto del amparo).

Para esta resolución el tribunal se basó en jurisprudencias de la Suprema Corte, además de otras tesis aisladas. Dichos textos se refieren a que la identificación en la cámara de Gessell y la declaración del imputado deben realizarse ante la presencia de un defensor, y que las pruebas viciadas que violan el derecho a una defensa adecuada deben ser consideradas como nulas porque si no se dejaría al imputado sin un juicio justo.

. . . [E]n todas las actuaciones, diligencias y etapas del procedimiento penal en que participe directa y físicamente la persona imputada en la comisión de un delito, como podría ser la diligencia de reconocimiento a través dela Cámara de Gesell, se requerirá también la presencia y asistencia efectiva de su defensor para asegurar que formal y materialmente se cumplan los requisitos legales en su desarrollo, así como la salvaguarda de los derechos de defensa adecuada, debido proceso legal y obtención lícita dela prueba. (1ª/J.6/2015)

. . . Esto es así, porque la defensa adecuada representa un derecho instrumental cuya finalidad es asegurar que el poder punitivo del Estado se desplegará a través de un proceso justo, lo que además busca asegurar que pueda tener garantizados en su integridad sus derechos fundamentales. Así, tratándose de la diligencia de reconocimiento que se lleva a través de la cámara de Gesell, como acto formal, en virtud del cual se identifica a una persona mediante la intervención de otra, quien al verla afirma o niega conocerla o haberla visto en determinadas circunstancias, y ser un acto en el cual participa físicamente de forma activa y directa el inculpado, resulta necesaria la presencia del defensor, para asegurar que material y formalmente se cumplan los requisitos legales en el desarrollo de tal diligencia; de lo contrario se dejaría en estado de indefensión a la persona que se acusa y, por ende, se violarían sus derechos fundamentales, al no existir la plena certeza jurídica de que efectivamente se presentaron los testigos o denunciantes, que lo reconocieron y que no fueron inducidos al efecto. (1ª/J.10 /2015)

. . . [S]i se pretende el respeto al derecho de ser juzgado por tribunales imparciales y el derecho a una defensa adecuada, es claro que una prueba cuya obtención ha sido irregular (ya sea por contravenir el orden constitucional o el legal), no puede sino ser considerada inválida. De otra forma, es claro que el inculpado estaría en condición de desventaja para hacer valer su defensa. Por ello, la regla de exclusión de la prueba ilícita se encuentra implícitamente prevista en nuestro orden constitucional.  (1ª/J.139/2011)

. . . La violación al derecho humano de defensa adecuada, que se actualiza cuando el imputado (lato sensu) declara sin la asistencia jurídica de un defensor que tenga el carácter de profesional en derecho (abogado particular o defensor público), no puede concurrir con circunstancias que en apariencia la convaliden, de manera que transformen la realidad jurídicamente observable como si no hubiera acontecido. Lo cual implica que la declaratoria de ilicitud de la diligencia no debe supeditarse a actos posteriores que puedan interpretarse como el consentimiento o superación de la actuación que se realizó de forma contraria a derecho y que dejó en estado de indefensión al imputado. En consecuencia la diligencia practicada en los términos resaltados, no deberá considerarse para efectos de valoración al dictar cualquier resolución por la que se determine la situación jurídica de la persona sujeta a un procedimiento penal, sino que tendrá que excluirse como medio de prueba, con independencia de su contenido.  (1ª/J.27/2015)

Por lo tanto, puede apreciarse que la resolución del Tribunal se apegó a la jurisprudencia existente y que protegió al imputado de una violación a sus derechos. No se trató de una ocurrencia, de un mero tecnicismo ni de una interpretación demasiado estricta de la ley.

De ahí el riesgo de las campañas mediáticas contra el Poder Judicial que hacen organizaciones como Alto al Secuestro, pues debilitan la confianza de los ciudadanos en los jueces y ponen en peligro los avances que se han hecho en la última década a favor de los derechos humanos, especialmente de los derechos procesales y el principio de presunción de inocencia. Con campañas como ésta se abre la puerta para que legisladores irresponsables aprovechen la ola mediática para proponer contrarreformas que busquen devolvernos al viejo sistema, donde la justicia se hacía de manera autoritaria y abusiva.

La sed de justicia es perfectamente comprensible, todos podemos empatizar con el dolor de las víctimas de delitos tan terribles como el secuestro. Sin embargo, esa ira se vuelve completamente reprobable cuando se transforma en un deseo de venganza a toda costa, en una cacería de brujas en lugar de una búsqueda imparcial de la verdad.

Los argumentos de organizaciones como Alto al Secuestro se basan en la idea falaz de que “los criminales” no merecen tener derechos. Que no debe existir la presunción de inocencia y que basta con que el ministerio público le muestre una persona detenida a la sociedad para que todos concluyamos que es un criminal, que es culpable, que es escoria a la que debe caerle un castigo fuerte. Ellos abogan por un régimen legal en el que no se busque a quién se las hizo, sino quién se las pague, sin importar todas las arbitrariedades e injusticias que se cometan en el camino.

Los derechos del debido proceso no son una forma de “proteger al delincuente” por encima de la justicia para la víctima. Son derechos que nos protegen a todos contra acusaciones injustas y actos autoritarios. ¿Cómo se sentiría el lector si lo acusaran falsamente de un delito grave y le fabricaran pruebas en su contra o las obtuvieran de manera viciada? ¿Cómo se sentiría si el juicio no se hiciera con pruebas duras en una corte imparcial, sino como un linchamiento en los medios de comunicación, ante la opinión pública, y sin posibilidad de defenderse?

Aquí la fuente de la injusticia no son los jueces. Ellos están aquí para proteger los derechos de todos los ciudadanos, las víctimas y los imputados. Muchos de ellos hacen un gran trabajo en ese respecto. La ira debe estar enfocada, más bien, en contra de las autoridades del ministerio público que fallan siempre en las investigaciones y en el litigio de los casos. Su incapacidad institucional para hacer investigaciones profesionales es lo que causa los altos índices de impunidad y la sensación de la sociedad de que la justicia es imposible. Y, por ello, a ellos les conviene culpar a los jueces para no enfrentar su responsabilidad.

Es importante señalar que la investigación en contra del imputado se realizó mientras éste se encontraba arraigado. Es decir, estaba detenido sin una acusación formal y sin el control de un juez que protegiera sus derechos. Dentro de este contexto de arbitrariedad y violación de derechos humanos, el ministerio público se sintió en libertad de crear pruebas ilegales en contra del imputado. Según la lógica del ministerio público, con eso ya no hubo necesidad de realizar cualquier otra diligencia de investigación para relacionarlo con los hechos.

¿Qué debemos hacer los ciudadanos ante esta situación? Por un lado, nos toca exigirles a nuestros medios de comunicación que sean más rigurosos con la información que publican. Las notas con este tono de indignación venden, pero están llenas de sesgos e ideas incorrectas. Se prefiere exaltar las emociones en lugar de presentar una visión responsable que esté basada en los derechos humanos. No es ético, porque viola todos los estándares del periodismo y porque le hace daño sin causa justificada a las instituciones judiciales. Para ser imparciales, los medios deben incluir también las voces de quienes defienden la presunción de inocencia y el debido proceso, para que el público pueda ver la razonabilidad de los argumentos que están del otro lado.

Por el otro lado, es necesario que repudiemos el populismo criminal, especialmente el que proviene del Poder Ejecutivo para tapar su incapacidad. En su lugar, debemos exigir que el ministerio público se reforme completamente. Que se creen políticas criminales efectivas, con investigadores capaces que puedan armar casos sólidos, y que se abandonen todas las prácticas autoritarias. Si todos aprendemos defender la importancia de los derechos y si entendemos que los jueces están ahí para defenderlos, entonces avanzaremos a ser una sociedad más justa y más desarrollada.

Alberto Toledo Urbina. Investigador Asociado del Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C.

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El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Suprema Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos. En esta edición se presentan los asuntos conocidos en el período enero-febrero 2015.

1. Derechos del debido proceso[1]

¿Afecta el derecho al debido proceso y otros derechos constitucionales, que un juez de amparo niegue a una persona información clasificada por la autoridad responsable como reservada o que requiere a las propias responsables para que sea presentada?

La Corte resolvería afirmativamente y, en ese sentido, las personas podrían interponer un recurso de queja contra la decisión del juez. Entendido en sentido contrario, se podría presentar un daño grave y trascendental, debido a que dichos documentos podrían impactar en el sentido de la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo, por lo que negar el acceso al quejoso se le dejaría en estado de indefensión, no permitiéndosele acciones como la ampliación de su demanda o bien rebatir lo sentado en tales documentos. De igual forma, por lo que hace al requerimiento a las responsables, la naturaleza propia de la información, clasificada como reservada, justificaría que por un recurso de queja se analice la posibilidad de exhibir dicha información en un juicio de amparo.

2. Derecho de audiencia[2]

¿En qué momento debe darse vista al quejoso cuando el órgano colegiado advierte una causal de improcedencia diferente a la advertida por el Juzgado de Distrito? Respondería la Corte, el asunto debe quedar en lista y ahí, darle vista al quejoso, para proceder en los términos respectivos y posteriormente retomar el asunto, analizando los argumentos expuestos.

3. ¿Procede el juicio de amparo contra actos del Consejo de la Judicatura Federal?[3]

En este caso se analizaba el tema del régimen laboral del Poder Judicial Federal, a través del la posibilidad de revisar una decisión del Consejo de la judicatura Federal, sobre un conflicto de naturaleza laboral con una de sus empleadas. El problema se planteaba en dos niveles.

Primero. La ley de amparo señala que las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal son inatacables, por lo que se solicitaba el análisis de constitucionalidad de esta disposición.

Segundo. El análisis de constitucionalidad tenía que pasar por definir, qué lectura se debía de hacer al texto fundamental en esta materia.

derechosLa Corte aceptaría, retomando el concepto de restricción constitucional, la hipótesis de improcedencia constitucional, en ese sentido las decisiones del CJF son inatacables, cuando estén referidas al ejercicio de las facultades que le fueron conferidas –administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación- y aquellas vinculadas con los conflictos de trabajo entre el Poder Judicial de la Federación y sus trabajadores, emitidas funcionando en Pleno o en Comisiones. Igualmente, abona en la interpretación a la hipótesis cuando el CFJ actúe como particular en una relación de coordinación –y no de supra-subordinación- donde igual será improcedente el juicio de amparo, por existir el procedimiento ordinario previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

4. Derechos laborales y factores de producción[4]

Este asunto tiene su origen en la modificación de un contrato colectivo de trabajo –disminuyendo los derechos de los trabajadores- determinada por una Junta de Conciliación y Arbitraje, bajo el argumento de que se acreditaba la necesidad de la medida, en razón de la difícil situación económica de la empresa.

Sobre ello, el Sindicato de Trabajadores solicitó que el laudo fuera declarado improcedente. La Corte declaró procedente el amparo.

El ponente en su exposición señalaría la importancia de este asunto en los siguientes términos: “El proceso de resolución que hemos seguido en este asunto responde claramente al interés de salvaguardar, primordialmente, los derechos constitucionales establecidos para los trabajadores dentro del equilibrio de los factores de la producción, pero sin desconocer que las condiciones económicas generales del país y, en particular, de una determinada industria, pueden afectar a las empresas, al grado de hacer imposible su operación y poner en riesgo lo más importante de la relación laboral que, es la fuente de trabajo.”

Ahora bien, el tema central lo pondría la Corte en definir bajo qué estándar se determinaría la necesidad de la modificación del contrato, y ello pasaba por responder lo siguientes: ¿Por qué los derechos de los trabajadores tienen que disminuirse? Y ¿por qué en esa forma determinada por la Junta de Conciliación?

Al definir la Junta la disminución de las prestaciones de los trabajadores, diría la Corte, más allá de significar que la empresa se encontraba en una situación económica apremiante –lo cual era insuficiente- debió de fundar y motivar cómo esto significaría un elemento que garantizara la subsistencia de la empresa, pero no lo hizo así.

5. Discapacidad y discriminación[5]

La legislación de Baja California, definía los Centros de Desarrollo Infantil como: “el establecimiento donde se brinda cuidado temporal, alimentación y que en su caso brinden educación inicial, a menores en edad lactante, maternal, preescolar y menores con discapacidad no dependientes, cualquiera que sea su denominación”. En ese sentido se debía analizar si la especificidad de “menores con discapacidad no dependientes” estaba creando una discriminación hacia otro tipo de discapacidad.

Diría la ministra ponente, no hay necesidad de la distinción, ni razonabilidad porque las desventajas resultan de mayor gravedad que las hipotéticas ventajas de aceptar la validez de la norma.

En los Sistemas Universal e Interamericano de Derechos Humanos, no se ha distinguido entre tipos de discapacidad, aceptar tal diferencia, sería contrario a los mismos y al principio pro persona reconocido en el sistema constitucional mexicano

Es importante indicar de que en los efectos de la declaratoria de invalidez, se le dio al Congreso de Baja California, hasta el siguiente periodo de sesiones para legislar sobre ello.

6. Sistema penitenciario[6]

El objetivo de este asunto, era tratar de definir y dar contenido, al principio de reinserción social establecido en la Constitución, originalmente el proyecto era un poco más ambicioso, pero conforme se fueron dando las votaciones, se fueron restringiendo lo temas analizados y resueltos, para quedar considerados aquí, los de manera más claramente definidos.

¿La participación de la víctima en la audiencia de beneficios ante el juez de ejecución es congruente con el principio de reinserción social?[7]

Es constitucional, pero la Corte no avaló el argumento propuesto por la ministra ponente, sobre la coherencia con el principio de reinserción social.

De igual manera se aprobaría que no hay ninguna vulneración, porque en delitos graves, a personas que han sido condenadas con una sanción, dada la gravedad de los mismos, la propia ley establezca que no tienen derecho a los beneficios de preliberación –tratamiento preliberacional y libertad preparatoria-[8].

La Corte declararía válido que: “La Autoridad Ejecutora podrá suprimir el libre acceso a un derecho o prerrogativa de los sentenciados en los Centros Penitenciarios cuando su ejercicio tenga fines ilícitos”[9]

Refrendando decisiones de este tipo tomadas en la Sala –no gozar de algún beneficio, por la comisión de determinados delitos-, declararía que la improcedencia de los beneficios de tratamiento preliberacional y libertad preparatoria, cuando se trata de delitos considerados como graves -lo cual se da de manera independiente de los tratamientos técnicos o de los estudios que se practiquen- es una medida constitucional, donde no se impide la reinserción social ya que cualquier otra medida puede ser aplicada.

¿Qué se deberá considerar para la ubicación de los sentenciados en los centros penitenciarios?

Diría la Corte, al no lograr la votación necesaria para declarar inconstitucional la última parte del artículo respectivo: “la mayor información posible sobre cada uno de ellos a través de datos documentales, entrevistas y observación directa de su comportamiento; información que complementará a los estudios técnicos”[10].

Medidas disciplinarias: ¿Cuál es su naturaleza? ¿Se requiere que sea el juez de ejecución de sanciones penales quien las imponga al sentenciado o es posible que lo haga la autoridad administrativa?[11]

El problema radicaba en definir si las medidas disciplinarias como amonestación, exclusión temporal de ciertas diversiones, suspensión de visitas familiares, aislamiento por no más de 30 días, resultaban al final de cuentas en una modificación de la pena, porque de ser así, debían ser tomadas por una autoridad judicial y no administrativa.

Se entenderían estas medidas como actos de molestia y no de privación, pues su contenido supondría una afectación en la esfera jurídica del sentenciado; sin embargo, dicha afectación en los derechos de éste sería temporal y preventiva, y tendría como finalidad conservar el orden y el respeto al interior del Centro en el que el sentenciado se encontrare ejecutando su pena.

Acorde con lo anterior, se definiría que tales medidas pueden ser impuestas por una autoridad administrativa, como el caso del Consejo Técnico propuesto por la ley en análisis; no obstante, reconoció que se debe respetar y satisfacer ciertos requisitos acordes con el objetivo de las medidas.

¿La incorporación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal al Comité de Visita General previsto en la ley impugnada, supone una violación a la autonomía de esta Comisión?[12]

No, aquello no supone una limitación en su actuar, conserva su libertad y autonomía, ya que se considera las funciones encomendadas se encuentran dentro de las que constitucionalmente desempeña, de defensores de derechos humanos, en este caso en el régimen de reinserción social.

¿El requisito de cubrir el costo del dispositivo de monitoreo electrónico, que permite gozar del beneficio de reclusión domiciliaria, supone una violación al derecho a la igualdad y a la no discriminación de los sentenciados?

El proyecto propondría que es una acción afirmativa necesaria que impide privar a una persona de un beneficio legal y el establecimiento de obstáculos para el logro de los fines del principio de readaptación social, pero el argumento fue desestimado[13].

7. Acceso a la justicia. Acciones afirmativas. Núcleos ejidales[14]

En este asunto se analizaba el problema de los plazos para la interposición de una demanda de amparo en relación con los núcleos ejidales o comunales de población. El punto en análisis era que la ley de amparo anterior -aunque como diría uno de los ponentes, la hipótesis se trasladó a la ley vigente- no determinaba un plazo y con esto, diría el promotor del juicio de amparo en análisis, se podría estar generando un trato discriminatorio y violentaba las formalidades del procedimiento.

Se resolvería que esta decisión de la falta de plazo, se traducía en una acción afirmativa o positiva, que se había dado por el contexto histórico de vulnerabilidad de los ejidos, lo que se traducía en una medida proporcional.

Señalaría la Corte: “entraña una norma que establece un tratamiento diferenciado, en tanto prevé de manera excepcional y acotada para los núcleos de población, sujetos al régimen ejidal o comunal, que puedan promover el juicio de amparo en cualquier tiempo; y constituye una medida temporal de discriminación positiva, que fue creada al haberse reconocido todo un contexto de circunstancias generadoras de un estado de desigualdad material entre tales entes tutelados”.

Víctor Manuel Collí Ek. Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche y responsable del proyecto de investigación: “La vigencia de la Constitución en la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional” 154998, CONACYT-SEP, del cual el presente estudio es un producto. www.victorcolliek.com

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[1] Contradicción de Tesis 157/2014. Sesionada el día 20 de enero de 2015. Ponente Min. Jorge Mario Pardo Rebolledo. Votación favorable, p. 40.

[2] Contradicción de Tesis 325/2014. Sesionada el día 22 de enero de 2015. Ponente Min. Olga Sánchez Cordero. Votación económica unánime, p. 71.

[3] Amparo Directo en Revisión 1312/2014. Sesionado el día 27 de enero de 2015. Ponente. Min. José Fernando Franco González Salas. Engrose consultable aquí.  

[4] Amparo directo 4/2009. Sesionado el 28 de septiembre de 2009, 18 de febrero de 2010, 17, 19 y 23 de agosto de 2010 –todas las anteriores fue ponente el Min. Cossío Díaz-, el 29 de enero de 2015. Ponente Min. Alberto Pérez Dayán. Mayoría de 8 votos por la concesión del Amparo. Consultable aquí.

[5] Acción de Inconstitucionalidad 86/2009. Ponente Min. Olga Sánchez Cordero. Sesionada el 7 de noviembre de 2013; 3, 5, 9 y 10 de febrero de 2015. Ley de Salud Pública para el Estado de Baja California –reformas 13 de noviembre de 2009-; CPEUM; Convención de los Derechos del Niño y Convención Americana de Derechos Humanos.

[6] Acción de Inconstitucionalidad 16/2011 y su acumulada 18/2011. Ponente Min. Olga Sánchez Cordero. 10, 12, 16, 17 y 19 de febrero de 2015. Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal. CPEUM. Convención Americana de Derechos Humanos.

[7] Sesión de 19 de febrero de 2015, pág. 12. Unanimidad por el proyecto modificado.

[8] Sesión del 17 de febrero de 2015, p. 15. 7 votos en contra de la propuesta.

[9] Sesión del 17 de febrero de 2015, p. 23, 7 votos en contra de la propuesta.

[10] Sesión del 17 de febrero de 2015, p. 33. Se votarían dos propuestas que pretendían declarar inconstitucionalidad: Primera, sobre “y observación directa de su comportamiento”, 8 votos en contra de la propuesta. Segunda, “información que complementará a los estudios técnicos”, 6 votos en contra de la propuesta.

[11] Sesión del 19 de febrero de 2012, pág. 28. 8 votos a favor de la propuesta modificada.

[12] Sesión del 19 de febrero de 2015, pág. 46. 8 votos a favor de la propuesta modificada

[13] Sesión del 19 de febrero de 2015, pág. 65. 6 votos a favor de la propuesta del proyecto, por lo que es desestimada y se declaró válido el artículo.

[14] Amparo directo en revisión 466/2011. Ponente Min. Jorge Mario Pardo Rebolledo,  Sesionado el día 21, 25 y 26 de noviembre de 2013 (Pon. Min. Margarita Luna Ramos); 23 de febrero de 2015.

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Contar la historia de Alfonso Martín del Campo Dodd no sólo implica hablar de 23 años que le fueron robados a un hombre por el sistema de procuración de justicia de nuestro país. Su historia y su proceso, desde que tuvo contacto con las autoridades mexicanas, nos proporciona un testimonio paradigmático sobre los riesgos que corren los ciudadanos diariamente, al entrar en contacto con las instituciones encargadas de investigar los delitos en México. En este sentido, el doloroso caso Martín del Campo -quien publicó para este blog el testimonio de su caso- permite visibilizar lo que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura, Juan Ernesto Méndez, denominó hace unas semanas -al presentar su informe sobre México ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza- como una práctica generalizada, que se usa como castigo y como medio de investigación por las autoridades mexicanas.[1]

La persistencia sistematizada de la tortura como herramienta para resolver y dar carpetazo a las numerosas investigaciones penales que se llevan a cabo diariamente, alrededor de toda la República, invitan a realizar un estudio detenido de este caso. En este sentido, el caso de Alfonso nos ofrece una radiografía de la situación de los derechos humanos en México, particularmente, en materia de tortura, en un momento turbio y de crisis, como el que atraviesa nuestro país.

tortura1El asunto es complejo, pues el expediente de investigación está plagado de inconsistencias que confunden fácilmente la razón por la que la única prueba que pudo ser utilizada para responsabilizar a Alfonso fue una declaración firmada por él, en la que confiesa la comisión de los hechos. Asimismo, un proceso de 23 años de duración implica la intervención de diferentes instancias judiciales, que han acumulado más de 10 tomos en el expediente. Por ello, emitir una opinión implica un acto de gran responsabilidad, sobre todo, cuando para conocer del caso a profundidad, se requiere un serio y profundo análisis de las pruebas.[2] Aunado a lo anterior, el caso se debe examinar, tomando en cuenta que durante la investigación que realizaron las autoridades ministeriales, gran parte de las evidencias que se habían acumulado, fueron incineradas, otras manipuladas y otras más, fundamentales para la investigación, no fueron tomadas en cuenta para el esclarecimiento de los hechos.[3]

En 1992, Alfonso Martín del Campo Dodd, entonces estudiante universitario y de apenas 19 años de edad, fue acusado y sentenciado a 50 años de prisión por la comisión del delito de homicidio perpetrado en contra de su hermana y su cuñado. Alfonso fue torturado física y psicológicamente por agentes ministeriales durante varias horas -mediante golpes e insultos, entre otras formas de humillación- hasta arrancarle la confesión por la comisión del delito mencionado. La declaración fue firmada en circunstancias que violan los derechos humanos que tiene toda persona detenida durante un proceso de investigación penal. Es importante resaltar, además, que Alfonso fue condenado a 50 anos de cárcel, sin haber conocido, ni contado con el acompañamiento y asesoramiento de un abogado defensor.[4]

Dos años más tarde, los actos de tortura fueron comprobados cuando uno de los policías judiciales fue sancionado e inhabilitado, después de confesar al haber golpeado y asfixiado a Alfonso. Asimismo, en el 2002, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal determinó que, de conformidad con el Protocolo de Estambul, Alfonso había sido víctima de tortura y de graves violaciones a sus derechos durante el proceso penal.[5] A pesar de lo anterior, la acusación y la sentencia se mantuvieron y, como resultado, Alfonso permaneció privado de su libertad hasta ahora, acusado de un delito en el que no existe prueba alguna que lo responsabilice.

Durante todo este tiempo, Alfonso luchó incansablemente por su libertad y por el reconocimiento de su inocencia. Desde entonces han sido muchos los medios de defensa que se iniciaron, buscando una y otra vez, que la voz de Alfonso se hiciera escuchar, reclamando la tortura de la cual fue víctima. Se promovieron apelaciones y amparos. Además, diversos organismos internacionales confirmaron las violaciones y la tortura a las que fue sometido Alfonso, entre ellos se encuentra el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Debe decirse, que este fue el primer caso que México enfrentó en el sistema interamericano, concluyendo con un informe que recomienda su liberación.

El pasado 18 de marzo a las 22:30 horas Alfonso abandonó la prisión, como resultado de la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida en el amparo en revisión 631/2013; la historia de este último procedimiento se remonta al 2010. Quienes participamos en la defensa, pasamos los últimos cinco años insistiendo, entre otras cosas, que la serie de pruebas emitidas por órganos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos eran suficientes para acreditar la tortura y, por lo tanto, invalidar la sentencia. Por fin esta voz fue escuchada.

Es cierto que la decisión de la Corte no expresa, de manera explícita, que Alfonso “es inocente”. Sin embargo, esto es sólo un juego de palabras y, por consiguiente, no debemos dejar de exigir que cualquier persona que haya sido encarcelada, como resultado de una confesión obtenida bajo tortura, deba ser liberada de manera inmediata. De no ser así, permitimos que nuestro sistema de justicia continúe replicando la violencia, el abuso, la discrecionalidad y la ilegalidad que lo han llevado a tener resultados de un casi 99% de impunidad. De castigar y denunciar la libertad de Alfonso, alimentaríamos un sistema en el que los que se encuentran pagando largas y desproporcionales sentencias, son aquellos que no cuentan con los recursos para defenderse, en igualdad de armas, ante un aparato que obedece a estructuras de poder y arbitrariedad. Justificaríamos, de igual forma, a aquellas instituciones que predican la presunción de inocencia, pero que, en realidad, operan estricta y obedientemente bajo la presunción de culpabilidad. Bajo este esquema institucional, la carga de la prueba se sitúa como responsabilidad de los ciudadanos y de no tener éxito en demostrar nuestra inocencia, arriesgamos pasar 23 años de nuestras vidas en una cárcel, con la posibilidad de ser sometidos a golpes para firmar un documento en el que entregamos nuestra libertad al turbio sistema penitenciario.

Con esto afirmamos que Alfonso no es más culpable, que lo que pudiéramos ser cualquiera de nosotros por la comisión de los delitos que le fueron imputados. El principio de presunción de inocencia establece que somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario y, en este caso, como resultado de la decisión de la Corte, no se ha demostrado la culpabilidad de nadie. Además, quienes sostienen que se ha liberado a un criminal olvidan o desconocen –quizás porque no estudiaron el caso- que los propios juzgadores del Distrito Federal[6] que confirmaron la sentencia en 1993, reconocieron, textualmente, que la declaración auto inculpatoria de Alfonso era el único indicio de prueba relevante existente.

Así, en el contexto de violencia y corrupción que se vive en México, todos deberíamos celebrar la resolución de la Corte que, en el fondo, cumplió con la esencia de sus funciones al representar una garantía que busca proteger nuestra libertad. Muchas personas más se encuentran en la misma situación que Alfonso y, sin duda alguna, ninguno de nosotros quisiera ser el siguiente. Por ello, la sentencia de nuestro máximo tribunal es un avance en el respeto de los derechos humanos en México. Recordemos que una de las garantías mínimas en torno a la seguridad de las personas que viven en un Estado de Derecho, es la existencia de instituciones de persecución de delitos y de impartición de justicia capaces y eficientes, que actúen en un marco de protección a los derechos humanos.

En este sentido, es de gran relevancia anotar que las inconsistencias en el proceso también han violentado los derechos de las víctimas sobrevivientes: las tres hijas del matrimonio, que al momento en que ocurrieron los hechos, tenían dos, cuatro y seis años de edad. A ellas, el Estado les ha asegurado que la persona responsable del asesinato de sus padres es su tío; ello, nuevamente, sin contar con pruebas plenas que confirmen esta imputación y que permitan alcanzar la verdad detrás de este caso y, como resultado, un verdadero ejercicio de justicia.

Finalmente, los límites y candados que establecen los derechos humanos al actuar de las instituciones del Estado, implican que las autoridades deban proteger el derecho a la justicia y a la verdad de las víctimas, imputados y de la ciudadanía. Esto es, el saber con certeza y más allá de cualquier duda razonable, quién y cómo se cometió el delito e imponer la sanción correspondiente.

Jimena Suarez Ibarrola. Maestra en Derecho por la Universidad de California, Berkeley. Es especialista en derechos humanos y, actualmente, labora en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Alex Alí Méndez Díaz. Licenciado en Derecho, Maestrante en Derecho por la UNAM, especialista en derechos humanos y amparo, actualmente es el abogado de Alfonso Martín del Campo Dood.

Marisol Escudero Martínez. Abogada del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y especialista en derechos humanos.

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[1] El informe presentado el pasado 9 de marzo de 2015, fue elaborado tras una visita a México del 21 de abril al 2 de mayo de 2014 y se puede consultar aquí.

[2] El engrose de la sentencia aun no está disponible; sin embargo, para un resumen completo del caso se recomienda consultar la resolución de la facultad de atracción 198/2013 mediante la cual por unanimidad de cinco votos, a petición del Ministro Arturo   Zaldivar Lelo de Larrea, la Primera Sala se avoca al conocimiento y resolución del caso. Este documento puede consultarse aquí.

[3] Durante las investigaciones, se encontró cabello humano en la habitación donde fueron asesinados la hermana y el cuñado de Alfonso. Las autoridades declararon que no pertenia a las victimas o al imputado, es decir, a Alfonso. Sin embargo, esta prueba no fue utilizada por las instancias judiciales para el estudio del caso.

[4] El defensor de oficio que le fue asignado a Martin del Campo era ingeniero en sistemas y no un abogado.

[5] CDHDF, recomendación número 13/2002.

[6]Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

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El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Suprema Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos. En esta edición se presentan los asuntos conocidos en este período.

1. Consulta Popular. Eliminación de Diputados y Senadores plurinominales[1]

La Corte analizaría la constitucionalidad de la Consulta Popular, sobre la pregunta: “¿Estás de acuerdo en que se modifique la Constitución para que se eliminen 100 de las 200 diputaciones federales plurinominales y las 32 senadurías plurinominales?”

derechoshumanos1Tras estudiar los diversos temas que pueden generar impedimento para realizarla, el estudio se centró en definir, si se podía encuadrar dentro de la restricción por “materia electoral”. En ese sentido, se abocó a analizar ¿qué es material electoral?

Se definiría que si bien, la reducción de Diputados y Senadores de representación proporcional, constituye un tema de tipo orgánico del Poder Legislativo, igualmente advirtió un tema electoral, en tanto que se vería reducida la participación de los partidos políticos y, en su caso, candidatos independientes y, por otro, se tocarían los efectos de la votación de la ciudadanía, en cuanto a la representatividad, al igual que tendría un impacto sobre la forma como operarían los principios de mayoría relativa y representación proporcional, como candado para evitar la sobre o sub-representación.

2. Deuda Pública Nacional[2]

Se analizó el mecanismo de aprobación de la Deuda Pública Nacional[3]. En resumen diría la Corte, este caso se trató de lo siguiente: Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, los argumentos eran: vulneración del artículo 73, fracción VIII, de la Constitución Federal por otorgar al Poder Ejecutivo Federal una supuesta autorización a priori para la contratación de deuda, sin que dicha celebración sea aprobada posteriormente por el Congreso; a que autoriza la celebración de empréstitos con un fin distinto a lo previsto por ese precepto; a que transgrede los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y legalidad del gasto de los recursos económicos públicos, previstos en el artículo 134 constitucional, y a que genera un despilfarro de estos recursos al autorizarse la contratación de deuda sin que exista la necesidad para ello.

Para resolver la controversia diría el ponente: ¿Es constitucional el artículo 2º de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014? ¿Qué es lo que debe autorizar el Congreso de la Unión en la ley de ingresos? ¿Le corresponde o no autorizar de manera general la contratación de deuda vía montos límite o se requiere una autorización específica para cada uno de los empréstitos? A lo anterior respondería la Corte.

La función de una norma general dentro del sistema financiero no puede ser la de autorizar actos concretos, entender de otra manera la función de la ley de ingresos, implicaría –considera el proyecto– tergiversar el sistema financiero constitucional y condicionar la autorización de cada uno de los actos administrativos, en una ley general, esto es, administrar a través de la ley, lo que no sólo rompe con la naturaleza propia de la ley, sino con el principio, de división de poderes.

Además no se estaba autorizando la celebración de empréstitos con un fin distinto a lo previsto por la Constitución, ya que los fines de financiamiento, se encontraban explicitados de manera pormenorizada; a lo que se adicionaba que, funcionalmente, el ejercicio y gestión del gasto no se encuentran en la ley de ingresos, sino en las partidas del presupuesto de egresos.

De tal forma, que los montos generales de endeudamiento neto, interno y externo que se estaban autorizando, no sobrepasaban el monto presupuestado para inversión física, al igual que la aplicación y destino de este monto se encontraba desglosado, de manera pormenorizada, en los demás tomos del presupuesto y justificada en la estrategia programática del gasto.

Se consideró infundada la supuesta violación a los principios de gastos sobre los recursos públicos previstos en la Constitución, ya que no es sino hasta que el gasto ha sido ejercido, cuando pueden realizarse las evaluaciones correspondientes y determinar si su administración se realizó conforme a los principios referidos

Se reforzó lo establecido con anterioridad sobre los principios constitucionales, en el sentido de que deben ser evaluados con la administración del gasto y realizado por la entidad técnica.

Igualmente se estableció, la imposibilidad de exigir una motivación reforzada, y se señaló que en el caso sí existe una motivación suficiente, misma que se advierte en la exposición de motivos de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de dos mil catorce.

3. Hacienda Municipal y recursos que la integran[4]

En primera instancia se determinó que es facultad de los ayuntamientos elaborar su iniciativa de ley de ingresos y enviarla a los Congresos para su análisis y aprobación, lo cual, una vez logrado, el Ayuntamiento elabora su presupuesto de egresos.

En el caso concreto, el ayuntamiento elaboró su ley de ingresos y solicitó por el rubro de “participaciones federales”, ciento setenta y seis millones de pesos por concepto de “laudos laborales y administrativos”.

El Congreso al analizar la ley, determinó eliminar ese rubro, pues no podía ser considerado ingreso, al no tener una fuente del cual se pudiere obtener. Esta decisión podría estar afectando la autonomía municipal, pues el Congreso, bajo el criterio de vinculatoriedad debía respetar lo mandado por el ayuntamiento.

Sin embargo, señalaría la Corte, dicho criterio, tratándose de leyes de ingresos no es aplicable, porque no se trataba de un rubro sobre conceptos propios de los ayuntamientos, tales como: cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y tablas de valores unitarios del suelo y construcciones, que sirvan de base para el cobro de contribuciones sobre propiedad inmobiliaria, derechos por servicios prestados por los municipios.

La ley de ingresos aprobada por el Congreso local, se consideró fundada y motivada.

Por otro lado, el Congreso no podía haber resuelto la solicitud de una partida extraordinaria, cuyo objetivo fuera hacer frente a las obligaciones del ayuntamiento, como deuda pública, ya que ello es sólo procedente para inversiones públicas productivas, lo cual no era el caso.

Finalmente, el dictamen en sentido negativo de ampliación de presupuesto, se consideró fundado y motivado, indicando que las partidas para solventar sus pasivos por las condenas en laudos, debían ser contempladas en el presupuesto de egresos.

4. Debido proceso. Justicia expedita y economía procesal[5]

¿Puede un Tribunal Colegiado estar integrado por un magistrado titular, un Secretario en funciones de magistrado por designación del Consejo, y un Secretario en funciones que suple a un magistrado por designación del propio Tribunal Colegiado?

Existen dos supuestos, bajo los cuales un secretario puede desempeñar las funciones de Magistrado: Primero, para cubrir ausencias temporales de los magistrados de Circuito. Segundo, para cubrir a los magistrados que han sido declarados legalmente impedidos, que falten accidentalmente, o que falten por más de un mes.

La designación por ausencia temporal, la hace el Consejo de la Judicatura Federal y la designación por impedimento, falta accidental o por más de un mes, lo hace el propio Tribunal Colegiado.

Se resolvería. En primer término, no es adecuada la solución jurídica de enviar los autos a un Tribunal Colegiado más próximo, pues dicha solución sólo está prevista para el caso de que dos magistrados estuviesen impedidos.

En ese sentido, se consideró que el legislador previó figuras alternas para cubrir excepcionalmente las ausencias e impedimentos de los magistrados, lo que llevó a la Corte a la afirmación de que nada impedía que en situaciones excepcionales, como la ausencia de un magistrado y el impedimento de otro, un Tribunal Colegiado pudiera válidamente estar integrado por dos secretarios en funciones; solución, además que, encuentra refuerzos en el mandato de justicia expedita y en el principio de economía procesal.

5. Debido proceso. Equilibrio procesal entre las partes, acceso a la justicia, justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, principio de progresividad[6]

La pregunta a resolver era: ¿Cuál es la normatividad que rige la oportunidad para promover el juicio de amparo indirecto en contra de autos que afecten la libertad personal dentro del procedimiento, dictados y notificados a partir del tres de abril de dos mil trece, o sea con la entrada en vigor de la nueva ley de amparo?

La propuesta indicaba, que el plazo de quince días, señalado en la ley de amparo vigente, podría estar afectando, entre otros derechos humanos, el principio de progresividad. Pero en razón de que, la votación fue mayoritaria en contra de la propuesta, se puede presumir la validez de dicho término.

6. Taxatividad. Seguridad jurídica[7]

Se analizaba el siguiente texto de la ley general de salud: “Al que venda o suministre a menores de edad o incapaces, mediante cualquier forma, substancias que se encuentren comprendidas dentro de los supuestos a que se refieren las fracciones IV y V del artículo 245 de esta Ley, se aplicará de 7 a 15 años de prisión.” El problema era que en la lista referida, se encuentran sustancias que sirven para el tratamiento de diversos padecimientos -obesidad, psicosis, antidepresivos, tratamiento contra migraña, sedantes, entre otros- cuya venta y suministro sí están permitidos.

Diría la Corte, sostener el artículo como constitucional, crearía inseguridad jurídica por no saber si la venta y suministro de estas sustancias está permitida, igual estaría afectando el derecho a la salud, porque su prohibición no consentiría los tratamientos indicados, al igual que sería contrario al principio de exacta aplicación de la ley.

7. Municipios, aportaciones federales[8]

El punto conflictivo fueron los montos finales asignados al municipio, devenidos de los fondos para la infraestructura social municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, lo que se hace con el fin constitucionalmente legítimo de abordar el problema de la pobreza extrema de las distintas regiones del país.

En ese sentido, el municipio se inconformaba porque la cantidad entregada, la consideraba insuficiente para cubrir y satisfacer los derechos y garantías sociales, elevados a rango constitucional, que tienen encomendados.

La Corte resolvería que la configuración de las aportaciones federales, es una potestad de la Federación, en ejercicio de sus facultades de dirección de política pública de naturaleza redistributiva, y que los montos habían sido emitidos en cumplimiento de esta facultad.

Víctor Manuel Collí Ek. Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche y responsable del proyecto de investigación: “La vigencia de la Constitución en la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional” 154998

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[1] Revisión de constitucionalidad de la materia de una consulta popular 4/2014. Sesionada el 3 de noviembre de 2014. Ponente Min. José Fernando Franco González Salas. Unanimidad de 9 votos, p. 27.

[2] Acción de inconstitucionalidad 38/2013, sesionada el 4 de noviembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente Min. José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de votos a favor de la propuesta, p. 37. Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil catorce y reforma al primer párrafo del artículo 2º de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil trece. CPEUM: 134, 73 fracción VIII y 31 fracción IV.

[3] Una explicación la encontramos en “La Suprema Corte frente a la deuda pública nacional”, en este mismo espacio.

[4] Controversia Constitucional 19/2014. Sesionada el 4 de noviembre de 2014. Ponente Min. José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de votos, p. 55.

[5] *Contradicción de Tesis, 218/2014. Ponente Min. Sergio Valls Hernández, sesionada los días 11 y 13 de noviembre de 2014. Seis votos a favor de la propuesta del proyecto, sesión del 13 de noviembre de 2014, p. 7.

[6] Contradicción de tesis 248/2014. Ponente Min. Olga Sánchez Cordero. Sesionada el día 6 y 13 de noviembre de 2014. Mayoría de seis votos en contra de la propuesta, sesión del 13 de noviembre de 2014, p. 29.

[7] Acción de Inconstitucionalidad 2/2014. Ponente Min. Jorge Mario Pardo Rebolledo, sesionada los días 27 de noviembre y 1 de diciembre de 2014. Ocho votos a favor de la propuesta, p. 6.

[8] Controversia Constitucional 28/2014, sesionada los días 1, 2 y 8 de diciembre de 2014. Ponente Min. Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena. Mayoría de 7 votos a favor de la propuesta del proyecto, p. 6., CONACYT-SEP, del cual el presente estudio es un producto. www.victorcolliek.com

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El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Suprema Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos. En esta edición se presentan los asuntos conocidos en octubre de 2014.

1. Nuevo Sistema Electoral

Durante las primeras sesiones, la Corte continuaría la discusión sobre los parámetros del nuevo sistema electoral mexicano, en esta ocasión sobre asuntos relativos a las entidades federativas, como Querétaro, Chiapas, Nuevo León.

Se reiterarían las decisiones en torno a candidaturas independientes, financiamiento público, etc. Presentamos decisiones, que no se dieron en los asuntos de septiembre y resultan significativas.

Requisito consistente en constituir una asociación civil para el registro de candidaturas independientes, se consideró que la exigencia era una medida razonable y no constituía un requisito excesivo, desproporcionado, pues provee de una estructura mínima que facilita la actuación del candidato independiente, a través de los distintos miembros de la asociación y abona a la transparencia, al permitir distinguir claramente, entre los actos jurídicos del candidato y los relacionados con su candidatura, que guarda proporción con la finalidad de acceder al cargo de elección popular[1].

Existe una restricción injustificada a la libertad de expresión, por límites adicionales a los establecidos en la Constitución, al deber de abstenerse de denigrar a las instituciones, a otros partidos. Primero, constitucionalmente sólo se protege a las personas frente a la propaganda política o electoral que las calumnie, pero no a las expresiones que las denigre; segundo, porque la medida no tiene cabida dentro de las limitaciones expresas en el 6º constitucional[2].

derechos-humanos2Restricción injustificada y arbitraria del derecho al voto como elector, por diversas categorías sospechosas, como impedir ser elector a la persona que esté sujeta a un proceso penal, por delito que merezca pena privativa de libertad, desde que se dicte el auto de formal prisión. La Corte decidiría hacer una interpretación conforme, en el sentido de que se diera el impedimento, sólo tratándose de personas privadas efectivamente de su libertad, y no de aquellas que aún con un auto de formal prisión, se encuentren gozando de su libertad.[3]

No es aceptable excluir como electores a las personas con discapacidad y aquéllas con enfermedades mentales, ya que la norma impugnada, se aparta de los compromisos internacionales, principalmente de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Tampoco es aceptable excluir a los “ebrios consuetudinarios” y a las personas toxicómanos, ambos “fármaco-dependientes”, la Corte haría un estudio detallado del carácter histórico, teleológico, integral y competencial de la Constitución, los precedentes jurisprudenciales y diversos tratados de derechos humanos y de fiscalización de drogas, para sostener que actualmente no es posible excluir a las personas por condición de salud[4].

Disminución de la remuneración de los magistrados del Tribunal Electoral del estado. La Constitución establece un principio de seguridad económica de los magistrados y jueces, para percibir una remuneración adecuada e irrenunciable, la que no puede ser disminuía durante su encargo[5].

La jurisprudencia emitida por los órganos del Poder Judicial de la Federación es de aplicación obligatoria y no supletoria para todos los operadores jurídicos del Estado mexicano, el legislador local no tiene facultad para fijar reglas de aplicación, de la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación[6].

2. Consejos de la Judicatura[7]

Se analizaba la relación jerárquica de los Consejos de la Judicatura locales, con los órganos jurisdiccionales de su entidad, dentro del ámbito del cumplimiento de las sentencias de amparo.

Para determinar la superioridad jerárquica, diría la Corte, hay dos supuestos: poder ordenar que se actúe o deje de actuar en un sentido; segundo, dé cumplimiento a la sentencia de amparo.

En el caso, para los Consejos de la Judicatura, no se cumple ninguno. Ellos no cumplen una función de mando sobre órganos jurisdiccionales, pues esta última función no puede estar sujeta a un mandato de índole administrativa y además por sí sólo, el Consejo no podría cumplir una sentencia de amparo, pues invadiría la esfera jurisdiccional.

3. Debido proceso[8]

En el auto admisorio de una demanda de amparo directo, la Corte determinaría que es conveniente contener la orden del presidente del Tribunal Colegiado de Circuito para señalar en él, expresamente a las partes, que tienen quince días, a partir de la notificación por lista, para formular alegatos o interponer amparo adhesivo, con esto se pretende dar certeza y facilita la defensa de las partes en el juicio.

4. Jurisprudencia de la Corte, control de convencionalidad o constitucionalidad[9]

El problema a determinar era, si la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, puede ser objeto de control de constitucionalidad o convencionalidad ex officio[10] a cargo de los jueces nacionales, cuando se detecte que resulte violatoria de un derecho humano, contenido en la Constitución, o en los tratados internacionales en que el Estado mexicano sea parte.

La Corte resolvería que no y es la propia ley, la que prevé mecanismos, que podrán ser utilizados por los órganos inferiores, cuando se estimare que la jurisprudencia no resulta acorde al nuevo modelo de control de regularidad constitucional de derechos humanos, surgido a partir de la reforma de 10 de junio de 2011.

5. Fueros[11]

¿Cuándo subsiste el fuero militar? Los delitos contra la salud pueden juzgarse por el Tribunal Militar, cuando se comete por un miembro del ejército al realizar las funciones encomendadas. Lo anterior lleva a actualizarse la competencia de los tribunales militares, para juzgar los delitos del orden federal, cuando son cometidos por militares en servicio, siempre y cuando esos delitos no sean cometidos contra civiles, individualmente considerados, o se encuentren involucrados en el procesamiento.

Los elementos de la milicia, en el caso concreto, fueron acusados por permitir la extracción de narcóticos del país, lo que vulnera el Código de Justicia Militar por atentar contra la disciplina militar. En el caso concreto, igualmente se consideró al Estado como sujeto pasivo, pues es la sociedad la que resiente un menoscabo por haberse vulnerado normas de orden público, por la comisión de un ilícito.

6. Arraigo[12]

El Código de Procedimientos Penales del Estado de Baja California Sur, contemplaba el arraigo como una medida cautelar, para el caso de delitos graves. La Corte ya se había pronunciado en diversos asuntos, que el Congreso de la Unión es el único con facultades para legislar en la materia de delincuencia organizada, única vía de procedencia del arraigo.

7. División de Poderes y Poderes Sui generis. Sistema Nacional de Seguridad Pública[13]

Este asunto analizaba la constitucionalidad del nombramiento del Comisionado Nacional de Seguridad Pública y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como la obligación impuesta al Secretario de Gobernación, del Gobierno Federal, para comparecer cada seis meses ante determinadas comisiones del Senado de la República, sobre los asuntos en materia de seguridad nacional.

Primero. Requisitos de nombramiento del Comisionado Nacional de Seguridad Pública y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El problema es que se contempla la intervención del Senado en dichos nombramientos.

En cuanto al primero, se consideró que esas facultades de nombramiento, son propiamente del Secretario de Gobernación, esto llevaba a advertir un grado de subordinación y jerarquía directa e inmediata en la toma de decisiones entre el Comisionado y el Secretario de Estado, característica propia de la administración pública centralizada. Ahora, en los precedentes de la Corte se encontraba, que sin disposición expresa constitucional, no puede admitirse injerencia de otro poder en el nombramiento de los miembros de la administración pública centralizada.

En cuanto al segundo, su nombramiento como está considerado en el sistema normativo especial y constitucional, generaba una “especialidad o reserva de fuente”, donde no se contemplaba la intervención del Senado.[14]

Segundo. Obligación impuesta al Secretario de Gobernación federal, para comparecer cada seis meses ante determinadas comisiones del Senado de la República, a fin de presentar y dar seguimiento a la política criminal e informar sobre los asuntos de su competencia en materia de seguridad nacional.

La Corte definiría que no existe una prohibición absoluta para que el Secretario de Gobernación informe por comparecencia, en esos temas, al Senado de la República. Pero sí considera desproporcional la medida contemplada en la ley en comento.

La comparecencia cada seis meses ante las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, se considera atentatoria del principio de división de poderes, pues la comparecencia en esos términos no está prevista en la Constitución, de acuerdo con  los términos de la Carta Magna, la comparecencia tiene que provenir de un acuerdo parlamentario dado en un tiempo determinado, mientras que la contemplada en la ley en estudio, se da en una obligación irrestricta y sujeta a una periodicidad preestablecida.

El mismo razonamiento sucede cuando la ley en estudio establece, que el Secretario de Gobernación, debe “Informar al Poder Legislativo Federal sobre los asuntos de su competencia en materia de seguridad nacional, a través de una comparecencia semestral ante la comisión bicameral prevista…”

7. La Consulta Popular

La Corte resolvería sobre la constitucionalidad de la Consulta Popular[15] en tres asuntos.

Primero. La pregunta planteada era la siguiente: ¿Estás de acuerdo en que la Ley Federal del Trabajo establezca que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fije un nuevo salario mínimo que cubra todas las necesidades de una familia para garantizar al menos la línea de bienestar determinada por el CONEVAL?[16]

Se definió que la misma no podía ser objeto de consulta popular, por las siguientes razones:

1. La materia tiene que ver con los ingresos y gastos –tema no permitido para consultar- del Estado, al tener como finalidad, determinar nuevas bases para fijar el salario mínimo, pues si bien este es un derecho de los trabajadores, no podría desvincularse de aspectos, elementos y ordenamientos que hacen referencia al concepto mismo, ya sea de manera directa o indirecta, puesto que este concepto ha sido utilizado como referencia de una gran cantidad de legislación de orden tributaria y financiera.

2. Se consideró que la materia de consulta, igualmente caía en la prohibición relativa al tema de la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución, ya que la pregunta planteada pretendía sustituir una base constitucional, por una base de legalidad, dejando de lado el derecho humano social de los trabajadores al salario.

Segundo. La pregunta a formular: ¿Estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares nacionales o extranjeros para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica?

Se definiría que igualmente se actualizaba uno de los supuestos constitucionales que impide realizar una consulta popular, por relacionarse con los ingresos del Estado[17], por tratarse de analizar el sistema de contrataciones y asignaciones para las áreas estratégicas eléctrica, petrolera y de hidrocarburos.

Tercero. La pregunta a formular: ¿Está de acuerdo en que se mantengan las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética? [18]

Se determinó inconstitucional la consulta, porque al estar formulada en términos integrales, respecto de todas las previsiones constitucionales en materia energética, contenidas en el Decreto que reformó los citados artículos[19], su desahogo necesariamente incidiría con relación a la vigencia de determinadas disposiciones constitucionales que regulan el origen y destino de los recursos derivados de los ingresos de la industria petrolera[20].

Víctor Manuel Collí Ek. Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche y responsable del proyecto de investigación: “La vigencia de la Constitución en la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional” 154998, CONACYT-SEP, del cual el presente estudio es un producto. www.victorcolliek.com

______________________

[1] Sesión del 2 de octubre, p. 55.

[2] Sesión del 2 de octubre, p. 111.

[3] Sesión del 2 de octubre de 2014, p. 158.

[4] Sesión del 2 de octubre de 2014, p. 160.

[5] Sesión del 2 de octubre de 2014, p. 198.

[6] Sesión del 2 de octubre de 2014, p. 201.

[7] Contradicción de Tesis 57/2014, sesionada el 6 de octubre de 2014. Ponente Min. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Votación favorable, p. 10.

[8] Contradicción de Tesis 55/2014. Sesionada los días 7 y 13 de octubre. Ponente Min. Luis María Aguilar Morales. Unanimidad de votos, p. 28, sesión del 13 de octubre.

[9] Contradicción de Tesis 299/2013. Sesionada los días 13 y 14 de octubre de 2014. Ponente Min. Jorge Mario Pardo Rebolledo. Mayoría de 7 votos, sesión del 14 de octubre de 2014, p. 40.

[10] Un discusión que no se puede perder para tener un contexto claro de las implicaciones de esta decisión, la encontramos en “Último round: por qué la Corte sí debe controlar su jurisprudencia” consultable aquí. Este artículo es el final de una serie de análisis, a modo de ejercicio dialéctico, publicado en este mismo espacio, y ahí mismo referenciado.

[11] Amparo Directo en Revisión 3633/2013. Sesionado los días 16 y 20 de octubre de 2014. Ponente Min. Jorge Mario Pardo Rebolledo. Art. 57 del Código de Justicia Militar y 13 de la CPEUM. Mayoría de 6 votos, sesión del 20 de octubre de 2014, p. 6.

[12] Acción de Inconstitucionalidad 20/2013, sesionada el día 21 de octubre de 2014. Ponente Min. Luis María Aguilar Morales. Antecedentes en las Acciones de Inconstitucionalidad 29/2012 y 22/2013, del 25 y 27 de febrero de 2014. Mayoría de nueve votos.

[13] Acción de Inconstitucionalidad 1/2013. Sesionada los días 21 y 23 de octubre de 2014. Ponente Min. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Primero: ocho votos en relación con el nombramiento del Comisionado y siete votos en relación con el nombramiento de Secretario Ejecutivo. Segundo: Unanimidad de votos. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: 27 fracciones XII, XVI  último párrafo y XXX. CPEUM: 93 párrafo segundo.

[14] Sesión del 23 de octubre de 2014, p. 10.

[15] En este mismo espacio, se han hecho estudios más particulares y muy valiosos, sobre este tema, tales como: El futuro de la Consulta Popular, ¿Cómo la Suprema Corte hizo de la Consulta Popular letra muerta? y Consultas populares: La Suprema Corte entra a la discusión.

[16] 2/2014. Revisión de constitucionalidad de la materia de una consulta popular. Sesionada el 29 de octubre de 2014. Ponente Min. José Ramón Cossío Díaz. Seis votos en contra de la propuesta, p. 63. La exposición de arriba indica la posición vencedora. Consultable aquí.

[17] 1/2014. Revisión de constitucionalidad de la materia de una consulta popular. Sesionada el 30 de octubre de 2014. Ponente Min. Olga Sánchez Cordero. Diez votos a favor de la propuesta, sesión del 30 de octubre de 2014, p. 42. Consultable aquí.

[18] 3/2014. Revisión de constitucionalidad de la materia de una consulta popular. Sesionada el 30 de octubre de 2014. Ponente Min. Margarita Luna Ramos. Diez votos a favor de la propuesta, sesión del 30 de octubre de 2014, p. 58. Consultable aquí.

[19] Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013.

[20] Consultable aquí.

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La Suprema Corte de Justicia ha comenzado una serie de discusiones sobre la aplicación de la figura del arraigo en México. En el centro del debate se encuentra la aplicación de esta figura a nivel local, a raíz de dos acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (29/2012 y 22/2013) en las que se cuestiona la constitucionalidad de su incorporación en los nuevos códigos procesales de Aguascalientes e Hidalgo.

Ya desde 1999, la Suprema Corte de Justicia había sostenido que el arraigo domiciliario era inconstitucional por vulnerar la libertad personal y el derecho a la libertad de movimiento. Sin embargo, a pesar de esta decisión de la máxima autoridad judicial del país, el presidente Calderón insistió en que la figura del arraigo fuera constitucionalizada, aunque ninguna de las deficiencias identificadas entonces por la Corte hubieran sido subsanadas.

Con la aprobación de la reforma constitucional al sistema de justicia penal de 2008, con fundamento en esta figura y bajo el argumento de su necesidad para el éxito de las investigaciones, se ha permitido la aplicación regular del arraigo como una medida federal preventiva para privar de libertad hasta por 80 días a personas sospechosas de pertenecer al crimen organizado y, hasta 2016, por la comisión de delitos graves del fuero común.[1]

Por 8 votos contra 2, el Pleno de la Corte resolvió sobre la invalidez del arraigo a nivel local (Aguascalientes). La mayoría de los ministros consideraron que la reforma constitucional de 2008 fue muy clara al señalar la competencia exclusiva de la federación para la persecución de delitos de delincuencia organizada y la aplicación exclusiva del arraigo a ese nivel. Varios ministros criticaron la mala técnica legislativa que abrió la posibilidad interpretativa de que funcionarios y legisladores de los estados pudieran utilizar la figura del arraigo. El artículo décimo primero transitorio de dicha reforma constitucional, a juicio de los ministros, extendió las disposiciones constitucionales más allá de lo que el propio artículo 16 constitucional señala.

A través de una lectura equivocada de dicho artículo transitorio, algunos estados determinaron que les facultaba hasta el 2016 para arraigar personas por haber cometido delitos graves del fuero común, facultando a las autoridades estatales a utilizar el arraigo para perseguir delitos que van desde el homicidio y el secuestro, hasta el robo de casas y vehículos o incluso atentados contra la estética pública, como es el caso de Aguascalientes.

Organizaciones de la sociedad civil han documentado cómo la figura del arraigo ha sido utilizada de forma excesiva y extensiva,[2] generando incentivos perversos para el sistema de procuración de justicia. Según información que ha sido recopilada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), más del 50% de los arraigos que se han llevado a cabo por autoridades estatales por delitos del fuero común. En los últimos años, los estados que registraron el mayor número de arraigos locales fueron Nuevo León, Distrito Federal, Veracruz y Jalisco.[3] Incluso en estados donde ya ha entrado en vigor el nuevo sistema de justicia, como Yucatán, el arraigo continúa siendo utilizado.

Las autoridades han señalado que el arraigo es utilizado como un medio para investigar a presuntos delincuentes, pero en la práctica se ha convertido en una herramienta de las instituciones de procuración de justicia para incrementar el tiempo disponible con el que cuenta la autoridad para reunir pruebas contra la persona detenida. Con el arraigo no se busca determinar si una persona es inocente o culpable, sino que se priva a la persona de su libertad con el fin de obtener información que pudiera ser utilizada con posterioridad para la etapa de juicio, la cual en muchas ocasiones es obtenida bajo tortura.

Ello se traduce en que la investigación no se lleva a cabo para detener a una persona, sino que la persona es detenida arbitrariamente para ser investigada, y en la gran mayoría de los casos, obtener una confesión inculpatoria, contraviniendo así los principios básicos de justicia en una democracia. La persona afectada queda así sin garantías ni situación jurídica clara, ya que no es ni indiciada ni inculpada y ni siquiera está vinculada a proceso penal alguno. Simplemente se le ha privado de la libertad para ponerla a plena disposición de la autoridad investigadora, negando con ello la presunción de inocencia, el derecho a la libertad personal y el derecho de toda persona a contar con un abogado defensor.

Más aún, los limitados controles legales y la nula revisión judicial de su aplicación, así como la manera frívola en que las procuradurías han solicitado a los jueces su aplicación, han permitido que se cometan actos de tortura en contra de personas bajo arraigo, que se hayan violado diversos derechos humanos y que incluso personas hayan sido arraigadas en cuarteles militares. La CNDH informó que entre 2008 y 2011 se presentaron 405 quejas por violaciones de derechos humanos relacionadas al arraigo,[4] de las cuales 41% se refirieron a tortura y malos tratos.[5] El propio Subcomité de para la Prevención de la Tortura (SPT) señaló, tras su visita a México, que cerca del 50% de las personas bajo arraigo mostraban signos de tortura.[6]

Las constantes violaciones a derechos humanos derivadas del uso del arraigo han llevado a más de nueve mecanismos internacionales a condenar su práctica e instar al Estado mexicano a eliminarla tanto de la práctica como de la legislación, a nivel federal y local. Varios años antes de su constitucionalización, en 2002 el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias instó a poner fin a su uso. El Comité Contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitieron posteriormente señalamientos similares condenando su utilización.[7]

Lamentablemente, la Suprema Corte se ha limitado a discutir las cuestiones relativas a la competencia de las autoridades locales para la aplicación del arraigo. La invalidez de la aplicación del arraigo a nivel local es, sin lugar a dudas, un paso importante hacia la eliminación total del arraigo, pero la discusión no termina ahí. Hasta ahora, la Corte ha evadido una discusión de fondo que permita analizar los impactos que esta figura tiene sobre los derechos humanos y no ha realizado un control de convencionalidad que permita estudiar el arraigo a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos.[8]

Ello ha derivado en que, por mayoría, la Corte determinara que la invalidez de la norma del arraigo a nivel local no tenga efectos por sí misma sobre los procesos penales en que se han obtenido confesiones bajo arraigo. Con ello, la Corte está convalidando una serie de procesos penales que de inicio han estado viciados por las condiciones de la detención, ignorando que la figura del arraigo, por sí misma, es violatoria de los derechos humanos.

Daniel Joloy. Director de Incidencia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). Twitter: @danieljoloy


[1] De acuerdo con el Artículo Décimo Primero transitorio de la reforma constitucional publicada en el diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008. Décimo Primero. En tanto entra en vigor el sistema procesal acusatorio, los agentes del Ministerio Público que determine la ley podrán solicitar al juez el arraigo domiciliario del indiciado tratándose de delitos graves y hasta por un máximo de cuarenta días. Esta medida será procedente siempre que sea necesaria para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.

[2] CMDPDH. La figura del arraigo penal en México: El uso del arraigo y su impacto en los derechos humanos. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, 2012.

[3] CMDPDH. La figura del arraigo en México, contraria a los derechos humanos. Informe presentado ante el CAT, octubre 2012.

[4] Solicitud de acceso a la información pública, Respuesta de Comisión Nacional de Derechos Humanos vía Oficio no. CNDH/PVG/DG/138/2010, misma que otorgó la información a través de la Primera (oficio CNDH/PVG/DG/138/2010), Segunda (oficio CNDH/2VG/08012010), Tercera (oficio TVG/000709) y Quinta (oficio QVG/CNDH/108/2010), Visitadurías de dicho organismo público.

[5]Información obtenida mediante solicitud de acceso a la información pública, folio CI/38/287/2011.

[6] Informe sobre la visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, tras su visita a México en 2009, párr. 225

[7] Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, 2002, párr. 50; Comité Contra la Tortura, 2007, párr. 15; Subcomité de Prevención de la Tortura, 2009, párr. 238; Consejo de Derechos Humanos, Examen Periódico Universal, 2009; Comité de Derechos Humanos, 2010, párr. 15; Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, 2010, párr. 92-94; Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, 2011, párr. 88; Comité Contra la Tortura, 2012, párr. 11.

[8] Para más información, ver amicus curiae presentado por la CMDPDH con motivo de las Acciones de Inconstitucionalidad 29/2012 y 22/2013. Disponible en aquí.

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Después de casi cuatro sesiones, la Suprema Corte finalizó la discusión en torno a la acción de inconstitucionalidad 32/2012 interpuesta por la CNDH en contra de diversas disposiciones que facultan a la Procuraduría General de la República a requerir a las concesionarias la geolocalización, en tiempo real, de equipos de comunicación móvil. Esto con el propósito de investtigar ciertos delitos sin la necesidad de obtener una autorización de un juez u otro mecanismo de control para inhibir los riesgos de abuso.

celulares

En los medios de comunicación se ha difundido, sin más, que con una mayoría de ocho votos contra tres, la Corte ha validado las normas impugnadas y se ha atribuido a esa mayoría diversos argumentos esgrimidos en favor de la geolocalización de celulares sin controles, principalmente expresados por la ministra Luna Ramos, encargada de elaborar el proyecto de sentencia.

Ciertamente, la postura que votó por la inconstitucionalidad se quedó lejos de obtener los ocho votos necesarios para expulsar las disposiciones impugnadas del ordenamiento jurídico mexicano. Sin embargo, de un análisis más detallado de la discusión, emergen distintas posturas y matices entre los ministros que votaron por la validez de los preceptos impugnados que contradicen muchas de las aseveraciones que han sido difundidas por los medios de comunicación. Y que además es necesario analizar para poder entender el sentido y alcance de las disposiciones validadas y predecir las actitudes de los ministros para futuros casos que involucren medidas de vigilancia encubierta.

Para entender lo decidido en este asunto, es necesario, primero, establecer de manera general los puntos que fueron discutidos (que no necesariamente son los que debieron serlo). En concreto, la Corte fue llamada a decidir si la facultad otorgada a través de las normas impugnadas:

  1. Constituye una interferencia o invasión en un ámbito protegido por el derecho a la privacidad.
  2. Se encuentra justificada constitucionalmente (a la luz de principios y parámetros que fueron definidos de muy distinta forma por varios ministros).

¿La geolocalización de celulares interfiere con el derecho a la privacidad?

Una mayoría de siete ministros respondió enfáticamente que sí, la geolocalización de teléfonos móviles constituye una interferencia en el derecho a la privacidad de una persona.

Sólo los ministros Luna Ramos, Aguilar Morales, Pérez Dayán y Gutierrez Ortiz Mena consideraron que no existía interferencia en el derecho a la privacidad. Dentro de esta minoría, se exhibieron argumentos como, por ejemplo, que  las normas se refieren a la geolocalización de objetos y no de personas por lo que no se invade el derecho a la privacidad. En algún momento se arguyó inclusive que ni siquiera se geolocaliza un objeto sino “algo intangible”, refiriéndose a los datos de geolocalización. En este sentido, para Gutiérrez Ortiz Mena las personas no poseen una expectativa razonable de privacidad respecto de los datos de localización de su teléfono móvil. Según su postura, el hecho de que los datos sean transmitidos a un tercero (el concesionario) y el que los datos circulen a través del espectro radioeléctrico, un bien público, hace que las personas no puedan razonablemente esperar que dichos datos no serán accesados y registrados por las autoridades.

Afortunadamente, una mayoría de siete ministros rechazó estos argumentos. Por ejemplo, para Cossío Díaz, aceptar la distinción objeto/persona para efectos de determinar si existe una injerencia a un ámbito protegido por el derecho a la privacidad produciría resultados absurdos, pues sería como afirmar que lo que protege el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia es el sobre y la carta, y no a la persona que emite una comunicación.

De igual manera, Sánchez Cordero refutó la noción de que al permitir que concesionarias accedan a datos de localización para la prestación del servicio, las personas pierdan la expectativa de privacidad respecto de esos datos para ser utilizados por el Estado en labores de vigilancia al señalar que: “Las personas no compran celulares para ser rastreados por terceros o por la policía sino compran celulares para comunicarse”.

De esta forma se reconoce que las personas poseemos una expectativa razonable de que los datos de localización en posesión de particulares (que revelan una gran cantidad de información altamente sensible) serán utilizados solamente para los fines expresamente consentidos y cualquier otro uso distinto constituye una interferencia, que bien puede ser legítima, con el derecho a la privacidad, pero que debe cumplir con una serie de requisitos para que pueda ser considerada justificada constitucionalmente.

¿La geolocalización de celulares está justificada constitucionalmente?

En cuanto al análisis concreto de la constitucionalidad de las disposiciones que facultan la geolocalización en tiempo real de equipos de comunicación móvil, se pudieron observar una pluralidad de métodos y parámetros para realizar dicho análisis y, de igual manera, pueden detectarse tres posturas distintas en cuanto al resultado.

Para un grupo de tres ministros (Sánchez Cordero, Cossío Díaz y Valls Hernández) la disposiciones deberían ser declaradas inconstitucionales en atención a que no se establecen salvaguardas suficientes, como la necesidad de obtener autorización judicial para llevar a cabo la medida de vigilancia encubierta, en aras de inhibir los riesgos de abuso. Para este grupo, dado que el conocimiento de datos de localización puede revelar información sensible sobre las personas y que la vigilancia por geolocalización se lleva a cabo, por su propia naturaleza, en secreto, es indispensable que existan salvaguardas adecuadas, similares a las existentes para otras formas de vigilancia, como lo es la intervención de comunicaciones privadas.

Para otro grupo (Luna Ramos, Pérez Dayán, Aguilar Morales y Pardo Rebolledo), las disposiciones resultan perfectamente constitucionales. Para ellos, lo relevante para realizar el análisis de constitucionalidad es básicamente el interés legítimo que persigue la medida y la gravedad de los delitos para los cuáles puede resultar útil la geolocalización de celulares. Consideraron suficiente que se limite en la ley el uso de la medida para ciertos delitos y que se contemple el castigo para el uso indebido de la medida. No obstante, rechazaron la posibilidad de requerir el control judicial previo pues consideraron que este es supuestamente incompatible con la necesidad de inmediatez para la efectividad de la geolocalización.

Otro grupo de cuatro ministros (Franco González, Zaldívar, Silva Meza y, extrañamente, Gutierrez Ortiz Mena), consideraron que las disposiciones, de manera lisa y llana, resultarían problemáticas desde el punto de vista constitucional, pero que es posible subsanar esos vicios mediante la realización de una interpretación conforme que dilucide el alcance de la medida y establezca una serie de lineamientos encaminados a establecer límites y salvaguardas para reducir las posibilidades de abuso.

El engrose –sentencia- final recogería algunas de las preocupaciones de este último grupo; sin embargo, varios ministros anunciaron que votarían en favor del sentido del proyecto más no por las consideraciones del mismo, por lo tanto, el análisis de los votos particulares podría ser determinante para la dilucidación de las posturas mayoritarias.

No resulta completamente claro en qué consistirían los lineamientos y acotaciones añadidos mediante la interpretación conforme de las disposiciones, pero puede vislumbrarse que, en el engrose, se interpretaría que la medida solamente faculta la obtención de un dato de localización efímero, es decir, en un solo momento y no de manera continua. También se contemplaría la necesidad de que la medida solamente pueda ser utilizada en casos de urgencia en que se encuentre en riesgo la vida o la integridad física de una persona o sea necesaria para preservar el instrumento del delito. No se vislumbra que se establezca un control judicial, ya sea previo o posterior sin dilación. No obstante, algunos ministros como Silva Meza o Zaldívar realizaron sugerencias que bien podrían llevarlos a considerar en sus votos particulares la necesidad de algún tipo de control o notificación judicial.

Análisis final

A pesar de que una mayoría consideró que la geolocalización en tiempo real de equipos de comunicación móvil constituye una interferencia en el derecho a la privacidad de los usuarios y que una mayoría reconoció los riesgos de abuso no mitigados por las disposiciones que establecen esta medida de vigilancia encubierta, las disposiciones fueron validadas, en gran medida, sobre la base de argumentos falaces y técnicamente equivocados.

En particular, resulta decepcionante la postura de los ministros Silva Meza, Zaldívar Lelo de Larrea y Franco González, quienes, a pesar de reconocer las fallas de las disposiciones impugnadas, estuvieron satisfechos con la adición de límites cosméticos a la medida a través de la interpretación conforme que lleva al límite, si no es que transgrede, la delgada línea entre la interpretación y la legislación. Se incumple, de cualquier forma, el requisito ampliamente establecido en la jurisprudencia, de que las medidas de vigilancia encubierta deben estar establecidas de manera clara, precisa y detallada en una ley en el sentido formal y material.

Resulta preocupante que, aparentemente, se acepte prescindir del control judicial previo o sin dilación como medida necesaria para la constitucionalidad de la medida. Sin este requisito indispensable, el cumplimiento de los límites y requerimientos para el uso de la medida y la detección de abusos se convierte en una ilusión sustentada por la fe y no en la garantía otorgada por un contrapeso institucional. Sobre todo dado que una cantidad enorme de averiguaciones previas no superan la fase inicial y, por tanto, nunca se someten al escrutinio judicial ni del conocimiento del afectado.

Considero que sería un grave error de estos ministros aceptar el falaz argumento de que el control judicial obstaculiza de manera irremediable la eficacia de esta medida de vigilancia. Pues, como ha sido explicado, existen alternativas para casos de emergencia, en los que el Ministerio Público pueda llevar a cabo la medida notificando a la autoridad judicial, la cual podría autorizar con efectos retroactivos o negar, disponiéndose entonces la destrucción de los datos obtenidos y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Esta decisión no parece fijar parámetros claros que orienten al legislador en la regulación de medidas de vigilancia encubierta. Lo anterior cobra especial relevancia dado que las disposiciones impugnadas previsiblemente dejarán de tener vigencia en el futuro reciente, pues serán sustituidas por la legislación secundaria derivada de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, así como por el Código Nacional de Procedimientos Penales. El cual ya fue aprobado por el Senado y que además contiene una disposición sobre geolocalización de celulares que contiene, incluso, menos salvaguardas que la disposición vigente, pues no contempla la limitación de su uso para ciertos tipos de delitos graves.

Sin duda, la decisión de la Suprema Corte debería llevar a los Diputados a modificar la minuta del Senado, pues incluso para algunos ministros que consideraron la validez lisa y llana, el uso de la medida solamente estaría justificado respecto de delitos de alto impacto. Lo anterior representa una oportunidad para que se introduzcan otras salvaguardas necesarias para controlar la legalidad del uso de ésta y otras herramientas de vigilancia encubierta. Ojalá el poder legislativo no desperdicie la oportunidad que, desgraciadamente, la Suprema Corte sí desaprovechó.

Luis Fernando García. Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y candidado a maestro en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Lund. Twitter: @tumbolian

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Camera-Cell-Phone-PrivacyLa semana pasada, la Corte culminó el debate sobre el caso “geolocalización de teléfonos móviles” (acción de inconstitucionalidad 32/2012). Por razones diversas, la mayoría de los ministros consideró válida la autorización legislativa a la Procuraduría General de la República para solicitar dicha localización, en tiempo real, y por simple oficio o medios electrónicos cuando se trate de investigaciones sobre delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas.

Aun cuando el análisis del caso versó sobre la localización geográfica de equipos móviles, la decisión sienta algunas bases para comprender los parámetros que nuestra jurisdicción constitucional encuentra exigibles al concierto de los poderes públicos en materia de comunicaciones privadas. Al mismo tiempo, el asunto permite reflexiones más generales sobre el sistema de derechos humanos que está construyéndose en nuestro país.

Uno de los signos más representativos del constitucionalismo democrático es que los derechos humanos se imponen a todos los poderes públicos, incluido el legislador. Así lo entiende nuestra propia Constitución con la fórmula general de su artículo 1º que establece que en la aplicación de normas de derechos humanos debe imperar la protección más amplia para las personas, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos.

El derecho a mantener la privacidad del sitio en el que se encuentra un equipo de comunicación móvil forma parte del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas a que se refiere el artículo 16 constitucional. En dicha inviolabilidad se entiende incluida la prohibición de su intervención o su intercepción. Bajo el principio pro persona podríamos comprender que se incluye también su mera localización. La garantía máxima que ofrecería la Constitución a la privacidad de las comunicaciones constituiría una verdadera garantía de intangibilidad de éstas frente al Estado y frente a particulares.

En lo que toca a su oponibilidad frente al Estado, como todo derecho humano, el de la privacidad debiera gozar de múltiples garantías en función de cada componente del poder público. Ni el legislador, ni los jueces, ni el resto de autoridades, tales como las administrativas, debieran desentenderse de su tutela. En condiciones democráticas, del legislador se esperan normas limitadas por órdenes jurídicos superiores a la ley, no sólo para regular el derecho, sino también para protegerlo. El artículo 11.3 de la Convención Americana, por ejemplo, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra injerencias a la vida privada.

De los jueces se espera, en primer lugar, la constatación de que dicha regulación legal existe (que el derecho no pretenda regularse por un mero reglamento, por ejemplo); y, en segundo lugar, la verificación de que la actuación ministerial se encuentra apegada a lo que dicha regulación legal dispone (principio de legalidad).

Por su parte, los órganos administrativos y, específicamente, los de procuración de justicia, se encuentran también sujetos al principio de legalidad, y se estimarían obligados a ceñirse a una autorización judicial que, en su caso, les permitiera incidir en las esferas privadas de las personas (reserva de jurisdicción).

Pero los niveles de exigencia en estos casos son aún mayores en sistemas regionales, internacionales y comparados: al legislador se le han exigido normas ciertas, previsibles, preventoras de riesgos de abuso por autoridades ministeriales, relativamente precisas en sus supuestos, tiempos y circunstancias. Estas autoridades se encuentran subordinadas a una determinación judicial previa, lo que implica, a su vez, que la falta de previsión legal de ese control judicial redunda en la imperfección de la ley. Visto así, la carencia de este elemento (el control judicial previo) en la ley, no resistiría ningún test de proporcionalidad, por más deferente que éste fuera hacia el legislador.

El caso sobre la “geolocalización” debe llevarnos a la reflexión sobre si ese conjunto de garantías sustantivas del derecho a la privacidad debe tener un peso en nuestra difícil transición democrática. Desde un punto de vista estructural, también nos plantea el interrogante acerca del lugar que toca a los jueces en un proceso que creíamos dirigido hacia el protagonismo del poder judicial, con el reconocimiento de un control difuso de constitucionalidad y convencionalidad en materia de derechos.

Nadie podría dudar que los propósitos de la norma impugnada respondan a hondas preocupaciones sociales por un eficaz combate a conductas reprobables por todos. Pero no debe perderse de vista que, en este caso, la ley insuficiente resulta aplicable a quienes no han pasado el tamiz de un criterio imparcial e independiente, esto es, un criterio que haya validado, en términos estrictamente jurisdiccionales, la sospecha ministerial.

En el estado democrático, el goce y ejercicio de los derechos fundamentales debe encontrarse sustraído de decisiones no-judiciales principalmente por una razón: dicho goce y ejercicio quedan reforzados con la debida fundamentación y motivación del órgano jurisdiccional, imparcial e independiente, antes que con criterios de oportunidad y de conveniencia, según la convicción unilateral de autoridades persecutoras e investigadoras de conductas delictivas, en grado de sospecha. En ello se juega una diferencia no desdeñable entre el Estado democrático de derecho y el Estado policial.

Alfonso Herrera García. Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Autor de La interpretación de los derechos humanos y sus garantías por la Suprema Corte de Justicia. Una aproximación jurisprudencial, México, CNDH, 2014 [en prensa]. Twitter: @jAlfonsoHerrera

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bad-arguments2Continúa la discusión en la Suprema Corte de respecto de la acción de inconstitucionalidad 32/2012 promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de disposiciones que permiten a procuradurías la geolocalización de celulares sin autorización judicial u otros contrapesos institucionales.

Desafortunadamente, la discusión tanto en la Suprema Corte como en los medios se ha encontrado plagada de argumentos falaces sobre lo que está a debate. En particular, las posturas en favor de la constitucionalidad de la geolocalización de celulares sin controles y, en cierta medida, las que proponen una interpretación conforme para subsanar las deficiencias que acarrearían su inconstitucionalidad, han esgrimido los siguientes argumentos:

1) La geolocalización es muy útil para la investigación de delitos y eso la hace constitucional

La utilidad de la geolocalización de celulares para la investigación de ciertos delitos y la gravedad de los mismos ha sido explotada de manera constante por algunos ministros y comentaristas para justificar la constitucionalidad de las normas. Su lógica ha sido que ante la gravedad del delito y el sufrimiento de las víctimas del mismo no hay que escatimar en el otorgamiento de facultades a las autoridades investigadoras. Lo anterior, además de peligroso, exhibe una total confusión sobre lo que verdaderamente se encuentra a debate.

La cuestión constitucional no es si una autoridad investigadora puede solicitar a concesionarios la geolocalización de celulares para la investigación de, por ejemplo, un secuestro. La cuestión constitucional es si las normas impugnadas poseen la claridad y precisión sobre las circunstancias en que esta medida debe ser llevada a cabo y si existen salvaguardas suficientes que impidan que la facultad, lejos de ser utilizada en favor de víctimas de un delito, sea abusada y utilizada en contra de la ciudadanía.

De aceptarse la utilidad de una técnica de investigación como parámetro de constitucionalidad prácticamente se valida cualquier acto de investigación y se transita a un sistema en el que el fin justifica cualquier medio.

2) La geolocalización es de los equipos no de las personas

Uno de los argumentos más absurdos dentro de la discusión, pero también de los más repetidos, es la noción de que en virtud de que la geolocalización es de celulares y no de personas, la geolocalización no es susceptible de constituir una interferencia en el derecho a la privacidad de persona alguna.

Bajo este argumento la protección constitucional del domicilio, los papeles o del contenido de comunicaciones no tendría razón de ser, pues al final se afectan objetos y señales, no personas. Lo anterior exhibe un total desconocimiento sobre el contenido y alcance del derecho a la privacidad, pues es claro que lo que debe atenderse para determinar si existe una interferencia en la vida privada es si de manera directa o a través de objetos se accede y registra a información sobre una persona.

En el caso de la localización geográfica de celulares es claro que se accede y registra información respecto de una persona. Primero, porque es posible que la autoridad investigadora sepa de antemano o pueda determinar fácilmente con actos de investigación posteriores la identidad asociada a determinado equipo de comunicación móvil; segundo, porque el objetivo de una investigación criminal es la investigación y eventual sanción de conductas llevadas a cabo por personas. Precisamente el objetivo de las normas impugnadas es la sustitución del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil que obligaba a asociar la identidad de un teléfono móvil a un usuario determinado; y tercero, porque del monitoreo continuo de la geolocalización de un celular es posible deducir la identidad del usuario del mismo y una cantidad enorme de información sensible. Al conocer y registrar los lugares de descanso, trabajo y rutas de movimiento, la identidad del usuario emerge de manera natural. Lo anterior ha sido confirmado por algunos estudios que incluso sugieren la identificación de usuarios al analizar masiva e indiscriminadamente datos de localización.[i]

La noción de que los datos de localización de un objeto constituyen interferencias en la vida privada de una persona ha sido reconocida por diversos tribunales como la Suprema Corte de Estados Unidos en el caso U.S. v. Jones[ii] y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Uzun vs. Alemania[iii], en donde el monitoreo de un auto (un objeto de uso significativamente menos personal que un teléfono móvil) a través de dispositivos GPS fue considerado una interferencia en el derecho a la privacidad de una persona.

Afortunadamente, la mayoría de los ministros se ha apartado rotundamente de este argumento irrisorio del proyecto de la ministra Luna Ramos.

3) Los datos de localización geográfica de un teléfono celular no revelan información tan sensible como la que puede revelar el contenido de comunicaciones

Algunos ministros han intentado minimizar la gravedad de la invasión a la privacidad a través de la geolocalización de teléfonos celulares comparándola, por ejemplo, al contenido de comunicaciones privadas. Sin embargo, esta aseveración es altamente cuestionable.

El monitoreo continuo de los datos de localización de un teléfono celular puede registrar si una persona frecuenta un lugar de culto, un bar gay, una clínica de atención a personas con VIH, una marcha, visita un motel después de estar en la oficina, cuales son las rutas que habitualmente utiliza en sus trayectos y mucha otra información que revela las preferencias religiosas, sexuales, políticas, datos sobre la salud, la vida personal y familiar en un grado de intensidad tan o más detallada de lo que el mero contenido de las comunicaciones revela.

Si a estos datos se le agregan los datos que identifican comunicaciones, como los números marcados y la duración de las llamadas, los cuales la ley (de manera inconstitucional) también permite a las procuradurías acceder sin autorización judicial previa, es claro que la vigilancia de datos de localización y datos que identifican una comunicación, de manera separada o conjunta, resulta tan o más invasiva que la intervención de comunicaciones privadas por lo que merece una protección constitucional del mismo calibre.[iv]

4) La geolocalización es efímera y se agota en un solo momento por lo que no es tan invasiva

Algunos ministros han sugerido que la facultad analizada solamente implica la geolocalización de un teléfono celular de manera efímera, es decir, quee se agota en un solo momento. Esta presunción se ha motivado desde una aparente confusión sobre lo que implica la facultad hasta un deliberado intento de interpretar las normas de manera que se subsanen las características que, de una lectura lisa y llana, harían inconstitucionales las disposiciones impugnadas.

En efecto, de la lectura de las disposiciones impugnadas, en particular del artículo 133 quáter del Código Federal de Procedimientos Penales, no se establece con claridad y precisión la temporalidad con que la geolocalización puede llevarse a cabo. Precisamente esta falta de claridad sobre un aspecto fundamental de la medida de vigilancia encubierta convierte a las disposiciones en inconstitucionales; sin embargo, este aspecto ha sido ignorado por varios ministros.

No obstante lo anterior, la disposición señala que la geolocalización debe ser “en tiempo real”. La interpretación de esta frase, ha llevado a algunos a concluir que se trata de una facultad de vigilancia efímera y no continua. Para algunos, una lectura más natural de lo que “en tiempo real” significa, sería un monitoreo continuo, pues la localización de un teléfono móvil, por definición, es altamente susceptible de cambiar de un momento a otro. Si lo que el legislador pretendía, era la localización en un solo momento no se entiende porque era necesario agregar la frase “en tiempo real”, máxime que la localización geográfica de las líneas telefónicas ya se encuentra disponible a través de otra disposición, el artículo 44 fracción XII de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que establece el registro de comunicaciones (de constitucionalidad altamente cuestionable, por cierto).

Reiterando que esta falta de precisión y claridad son uno de los aspectos que precisamente convierten a la facultad impugnada en inconstitucional, sería importante que, en el caso de realizarse una interpretación conforme, se acotara el alcance de la medida aclarando que la misma no se refiere a un monitoreo continuo. Sin embargo, también debe advertirse que lo anterior no resulta suficiente para rescatar las disposiciones impugnadas de su notoria inconstitucionalidad.

5) Las personas no poseen una expectativa razonable de privacidad respecto de los datos de localización geográfica de su teléfono celular

Un argumento más sofisticado, pero también falaz, es el que fue esgrimido por el ministro Gutiérrez Ortiz Mena relativo a que las personas, por diversos motivos, no poseen una expectativa razonable de privacidad sobre los datos de localización de su equipo de comunicación móvil.

El concepto de “expectativa razonable de privacidad” constituye un test desarrollado en la doctrina constitucional estadunidense a partir del caso Katz v. United States[v] que, en esencia, establece que si una persona posee una expectativa de que determinada información o ámbito no sea conocido por terceros y si puede entenderse que la sociedaden su conjunto considera esta expectativa como legítima, entonces resultan aplicables los requisitos que establece la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

En este caso, para el ministro Ortiz Mena, las personas no poseen una expectativa razonable de privacidad sobre los datos de localización geográfica que revela la geolocalización de su celular en atención a que:

1) Las personas voluntariamente comparten los datos de localización con los concesionarios para la prestación del servicio de telefonía, por lo tanto han perdido toda expectativa de que esos datos se mantengan alejados del conocimiento de otras personas.

2) Los datos de localización de un teléfono móvil son esencialmente públicos porque son similares a los datos de identificación de una placa de automóvil, los cuales no se encuentran protegidos y porque las señales de localización de un teléfono móvil utilizan el espectro radioeléctrico el cual es un bien público.

El primer argumento se basa en la cuestionada “doctrina de terceros” desarrollada en 1979 por la Suprema Corte de los Estados Unidos en el caso Smith v. Maryland[vi]. El debate sobre la superación de este antiguo test en los Estados Unidos se encuentra en auge. Como la justice Sotomayor lo indicó en su voto concurrente del caso U.S. v. Jones[vii]:

Puede ser necesario reconsiderar la premisa de que un individuo no posee una expectativa razonable de privacidad sobre información voluntariamente revelada a terceros. Esta noción es inadecuada para la era digital, en donde las personas revelan unagran cantidad de información sobre sí mismos a terceros mientras llevan a cabo tareas mundanas (…) Yo no asumiría que toda la información voluntariamente revelada a un miembro del público con un propósito limitado es, por esa sola razón, sin merecimiento de protección por parte de la Cuarta Enmienda.

Además de que “la doctrina de terceros” se encuentra ampliamente cuestionada, incluso por miembros del tribunal que le dio origen, resulta particularmente inadecuada su importación a nuestro país, sobre todo, porque el sistema de protección de datos personales en posesión de particulares que ha adoptado nuestro país se encuentra inspirado y alineado con la doctrina europea de protección a los mismos. En este sistema recogido en las leyes mexicanas, se reconoce el derecho a la autodeterminación informativa, es decir, la información que las personas comparten con un particular, por ejemplo, para la prestación de un servicio, se encuentra limitada para esos fines u otros específicamente consentidos y, en todo caso, se preserva el derecho a remover dicho consentimiento. En este sentido, es que la ministra Olga Sánchez Cordero refutó la aplicabilidad de la “doctrina de terceros” al señalar que “las personas no compran celulares para ser rastreados por terceros o por la policía, sino compran celulares para comunicarse”.

El segundo argumento radica principalmente en la noción de que los datos y actividades que se llevan a cabo en público en ningún caso poseen protección del derecho a la privacidad. La anterior no ha sido la conclusión a la que distintos tribunales han arribado. Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos Rotaru vs. Rumania[viii] y Amann vs. Suiza[ix] ha considerado que la información sobre una persona, obtenida incluso de fuentes públicas, constituye una interferencia en el derecho a la vida privada de la persona si esta información se registra y sistematiza por un ente estatal para construir un perfil del mismo.

De esta forma existe una gran diferencia entre que, por un lado, se comparta información con un tercero para efectos de la prestación de un servicio o que la ubicación y movimientos de una persona sean llevados a cabo en público y alguna persona pueda constatarlo y, por el otro, que el Estado registre y sistematice la localización geográfica de una persona por un tiempo indefinido. Las personas claramente poseemos una expectativa razonable de que el Estado no va monitorear todos nuestros movimientos. Dicha expectativa solamente puede ser superada en atención a los requisitos para la limitación del derecho a la privacidad, especialmente tomando en cuenta los estándares relativos a medidas de vigilancia encubierta.

De cualquier manera resultan improcedentes las manifestaciones en el sentido de que los datos de localización geográfica de celulares se asemejan en forma alguna a la identidad del registrante de una placa vehicular, pues como ya ha sido explicado, el monitoreo por geolocalización produce una cantidad de información amplia sobre una persona, no así el caso de las placas vehiculares.

Igualmente no es razonable sugerir que dado que las señales de localización utilizan el espectro radioeléctrico y este es un bien público, el Estado puede válidamente obtenerlos sin que la persona tenga expectativa alguna de privacidad. Lo anterior resulta francamente absurdo en tanto a través del espectro radioeléctrico, se transmite una gran cantidad de información respecto de la cual ha sido claramente reconocido que existe una expectativa de privacidad, como es el caso de las comunicaciones privadas.

6) La geolocalización de celulares es un acto de molestia que se perfecciona hasta que la información obtenida es utilizada en una investigación

Algunos ministros han sugerido que, en todo caso, la geolocalización de equipos móviles no constituye un acto de molestia hasta que los datos obtenidos son utilizados como prueba dentro de un juicio penal. Lo anterior no compagina con lo que la propia Suprema Corte ha definido al analizar actos de investigación con implicaciones en el derecho a la privacidad, como la intervención de comunicaciones privadas. En este sentido, la Suprema Corte ha dejado claro que la violación al derecho a la inviolabilidad de comunicaciones privadas se consuma en el momento en que se escucha, graba, almacena, lee o registra una comunicación de manera antijurídica, independientemente del uso o difusión del contenido.[x]

De esta forma, la interferencia con el derecho a la privacidad se perfecciona en el momento en que la procuraduría accede, registra o analiza los datos obtenidos mediante la geolocalización en tiempo real de equipos de comunicación móvil, independientemente del ejercicio de la acción penal por parte de la procuraduría o que se verifique alguna transmisión o uso de dicha información

7) La facultad de geolocalización no es arbitraria

Una cantidad importante de ministros ha justificado su inclinación por considerar constitucionales las normas impugnadas, aduciendo que la facultad no resulta arbitraria en tanto el uso de la facultad se encuentra reservado a investigaciones sobre ciertos delitos de especial gravedad; es necesario que la solicitud al concesionario sea transmitida por escrito y quede constancia de la misma; resulta aplicable el requisito de fundamentación y motivación; y se contempla el castigo por el uso indebido de la facultad.

Las anteriores medidas, aunque no son del todo desdeñables por sí mismas, resultan ilusorias sin la existencia de mecanismos de supervisión del cumplimiento de esos requisitos.

Por un lado, no se contempla la necesaria participación de un juez de manera previa o al menos pronta para verificar el cumplimiento de los requisitos de necesidad y proporcionalidad.

Igualmente, no se contempla la notificación al usuario afectado de manera que el propio interesado pueda someter el uso de la facultad al escrutinio de las autoridades correspondientes. Si bien, es evidente que para que la medida de vigilancia sea eficaz, es necesario que el sujeto no sea consciente de que está siendo sujeto de vigilancia, como el TEDH lo ha establecido en casos como Ekimdzhiev vs. Bulgaria[xi], una vez que la vigilancia ha cesado y ha transcurrido el tiempo estrictamente necesario para que el propósito legítimo de vigilancia no sea puesto en riesgo, la notificación al afectado debe llevarse a cabo sin dilación.

De igual manera no existen mecanismos de supervisión independientes u obligaciones de emitir reportes estadísticos de transparencia que permitan a la sociedad llevar a cabo un mínimo ejercicio de rendición de cuentas. La ausencia de estas salvaguardas en su conjunto hacen improbable, sino imposible en algunos casos, que los abusos sean detectados y sancionados o que la facultad sea efectivamente utilizada dentro de los límites de la norma, especialmente en los casos en los que la averiguación previa permanece abierta por tiempos prolongados o indefinidos y nunca existe un ejercicio de la acción penal.

En estos casos, un Ministerio Público bien podría haber utilizado la facultad de geolocalización para espiar a su pareja, a un periodista o defensor de derechos humanos, nunca existir ejercicio de la acción penal y la utilización abusiva de esta herramienta altamente invasiva quedaría irremediablemente excluida de cualquier control judicial o cualquier posibilidad de que el afectado tenga conocimiento de que fue sujeto de vigilancia y pueda buscar la reparación ante cualquier violación a su derecho a la privacidad.

8) La inmediatez de la geolocalización hace irrazonable exigir control judicial y otras salvaguardas contra potenciales abusos

Finalmente, algunos ministros han pretendido validar la ausencia del requisito de autorización judicial bajo el argumento de que la geolocalización en tiempo real de equipos de comunicación móvil puede perder su eficacia si no se lleva a cabo de inmediato. Bajo esta lógica la participación del poder judicial en el control inmediato de la legalidad y constitucionalidad de soliticud de geolocalización anula las posibilidades de éxito de la misma.

Independientemente de que dicha aseveración puede resultar exagerada en tanto los jueces de control típicamente resuelven solicitudes similares en cuestión de horas, resulta falaz afirmar que la inmediatez y el control judicial son irreconciliables.

Al respecto vale la pena hacer referencia a los Principios Internacionales sobre la Aplicación de las Comunicaciones a los Derechos Humanos[xii] y a una iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión[xiii] recientemente introducida al Senado de la República en donde se contempla un mecanismo en el que se reconcilian tanto los intereses de acción pronta de la autoridad investigadora como el derecho a la privacidad a través de la existencia del control judicial necesario.

Bajo esas iniciativas, el ente autorizado, en este caso la Procuraduría General de la República, podría, en casos de emergencia, solicitar y obtener de manera directa e inmediata de los concesionarios la geolocalización en tiempo real de equipos de comunicación móvil, sin embargo, de manera simultánea notificaría al juez de control competente, el cual en el menor tiempo posible autorizaría o negaría la solicitud. En el primer caso, la autorización tendría efectos retroactivos y en caso de que el juez considere injustificada la solicitud ordenaría a la procuraduría la destrucción de los datos obtenidos. De esta forma se garantizaría tanto la efectividad de la actuación del Ministerio Público como el derecho a la privacidad y el uso debido de las facultades de vigilancia encubierta.

Cabe señalar que otras salvaguardas necesarias como la notificación diferida al afectado o los mecanismos independientes de supervisión y transparencia no obstaculizan de forma alguna las labores de investigación de las procuradurías, sin embargo tampoco se establecen respecto de las normas que permiten la geolocalización en tiempo real de equipos de comunicación móvil.

De esta forma es que los argumentos en favor de validar la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas que facultan la geolocalización en tiempo real de equipos de comunicación móvil sin las salvaguardas adecuadas me parece que son irremediablemente inconstitucionales.

Luis Fernando García Muñoz. Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Candidato a maestro en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Lund. Twitter: @tumbolian


[i] De Montjoye, Hidalgo, Verleysen y Blondel. Unique in the Crowd: The privacy bounds of human mobility. Disponible: http://www.nature.com/srep/2013/130325/srep01376/full/srep01376.html#ref20

[ii] Suprema Corte de los Estados Unidos de América. Estados Unidos vs. Jones. 10 U.S. 1259 (2011).

[iii] TEDH. Caso de Uzun vs. Alemania. Aplicación No. 35623/05. Sentencia de 2 de Septiembre de 2010.

[iv] Ver el ejercicio realizado por ZEIT  ONLINE y el diputado alemán Malte Spitz sobre la información que puede revelar la vigilancia de datos de localización y otros datos distintos al contenido de las comunicaciones. Disponible en: http://www.zeit.de/datenschutz/malte-spitz-data-retention

[v] Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967)

[vi] Smith v. Maryland, 442 US 735 (1969)

[vii]  Suprema Corte de los Estados Unidos de América. Estados Unidos vs. Jones. 10 U.S. 1259 (2011), J. Sotomayor concurring.

[viii] TEDH. Rotaru vs. Rumania. Aplicación No. 28341/95. Sentencia de 4 de Mayo de 2000.

[ix] TEDH. Amann vs. Suiza. Aplicación No. 27798/95. Sentencia de 15 de Febrero de 2000.

[x] SCJN. 1a Sala. Contradicción de Tesis 194/2012.

[xi] TEDH. Caso de la Asociación para la Integración Europea y los Derechos Humaos y Ekimdzhiev vs. Bulgaria. Aplicación No. 62540/00. Sentencia de 28 de Junio de 2007.            

[xiii] Iniciativa de  varios Senadores que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; y se reforman y adicionan la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley del Impuesto sobre la Renta,el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley de Vías Generales de Comunicación, la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley de Inversión Extranjera. Disponible en: http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=44300 

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