En el Senado de la República fue aprobado con 58 votos a favor y 10 en contra el decreto que reforma diversas disposiciones de la ley de propiedad industrial y el artículo 232 de la ley federal de derechos de autor (LFDA).

En el dictamen aprobado se ha puesto como centro, de manera equivocada, el combate a la piratería, partiendo del argumento que ésta se acaba con medidas penales o civiles (multas) en lugar de verlo desde el enfoque de un modelo de negocio desgastado y disfuncional. Esta reforma da facultades policiacas al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)  al eliminar la vista judicial de las denuncias de presuntas violaciones a derechos de autor y traslada todo el procedimiento al poder ejecutivo por la vía administrativa.

Art. 183 de la Ley de Propiedad Industrial:

El personal comisionado a las visitas de inspección podrá, durante el desarrollo de las diligencias, tomar fotografías o video filmaciones o recabar cualquier otro instrumento considerado admisible como prueba en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y del Código Federal de Procedimientos Civiles. Las fotografías que se tomen, los videos que se filmen y los demás instrumentos recabados en términos de este artículo, podrán ser utilizados por el Instituto como elementos con pleno valor probatorio.

Además de las multas excesivas estipuladas en el decreto, hasta 2 millones 392 mil 800 pesos[1] (art. 232 fracción I), hay problemas más graves que son contrarios al orden constitucional, uno de ellos se encuentra en la reforma al segundo párrafo del artículo 206 de la Ley de Propiedad Industrial que queda de la siguiente forma:

Si se negara el acceso del personal comisionado a los establecimientos a los que se refiere el párrafo previo o si de cualquier manera hubiera oposición a la realización de la visita de inspección, dicha circunstancia se hará constar en el acta respectiva y se presumirán ciertos los hechos que se le imputen en los procedimientos de declaración administrativa correspondiente

Lo anterior es contrario al orden constitucional al presumir culpabilidad de quien, en uso de sus derechos, se niegue a una revisión por parte del IMPI sin orden judicial de por medio, en suma: todos somos criminales en potencia, México pirata. Esta reforma tiene efectos negativos colaterales en otros derechos fundamentales como el de libertad de expresión, datos personales y privacidad. ¿Quién garantiza que el IMPI no hará revisiones arbitrarias o “a modo”? ¿Por qué en lugar de forzar a usar “software legal” no promueve el uso del software libre empezando por el Gobierno Federal?

El caso da para una discusión profunda e incluyente, con todos los actores involucrados, sobre el futuro de los derechos de propiedad intelectual en México. Criminalizar no es ni ha sido la solución a la piratería en ninguna parte del mundo, sobre todo cuando se parte de una concepción equivocada[2]. Es ingenuo asumir que con facultades policiacas el IMPI hará un mejor trabajo, no lo ha hecho como lo muestra su opaca participación en la negociación de ACTA, rechazada por el Senado Mexicano,  así también en su asignación de patentes y marcas como se ha revelado en el caso de Agave.

Demos algunos pasos atrás. Esta discusión se inscribe en un contexto mundial en donde está en juego la libertad del internet como lo conocemos so pretexto de defender de manera agresiva los derechos de propiedad intelectual; en Estados Unidos, las iniciativas SOPA (Stop Online Piracy Act) y PIPA (Protect IP Act) han generado gran oposición por parte de usuarios, medios de comunicación, sociedad civil y empresarios, pues al querer “controlar” la piratería en línea se compromete la posibilidad de acceso a la información, al conocimiento y al libre flujo de datos por la red.

Los derechos de propiedad intelectual no están por encima de ningún otro derecho. Imaginemos que a partir de esta aprobación cualquier día y sin orden judicial de por medio se pueden presentar agentes del IMPI a revisar tu negocio, si en uso de tus derechos no les permites el paso serás culpable de facto y la información recabada será considerada prueba plena en juicio. ¿Y si no tienes nada ilegal? ¿Por qué sería más importante el derecho de una empresa que tu privacidad? Es poner al ciudadano en el falso dilema de obstruir la privacidad de los que “no tienen nada que esconder”, el académico Daniel J. Solove concluye que en este falso intercambio de derechos debe buscarse el balance entre la seguridad y la privacidad[3] pues no son mutuamente excluyentes. Esta ley no está balanceada.

Esta reforma es parte de un problema mucho más profundo, el problema de una industria que no está dispuesta a ceder y de un gobierno abierto a la corrupción institucional cuya salida al fenómeno de la piratería es la criminalización y promover la ausencia de certeza jurídica. Las disqueras insisten en que una descarga es una venta perdida cuando la evidencia indica lo contrario, recientemente un juez en Logroño, España emitió una sentencia al respecto:

[...] los clientes de música y películas en copias piratas, cuando efectúan la compra de copias piratas, exteriorizan su decisión de no ser clientes de música y películas en soporte original, de forma que nunca se está ante una ganancia dejada de percibir. Dicho de otro modo, esos clientes o compran al precio vil de la copia pirata o no compran al precio del soporte original de entre 15 y 20 euros

Con esos antecedentes y a expensas de conocer el monto del lobbying realizado por la BSA para promover esta ley, hoy estamos en el peor de los escenarios: sin certeza jurídica. México dando pasos para acrecentar la brecha digital. Promoviendo los “derechos de la industria” a costa de los derechos humanos.

Antonio Martínez Velázquez. Twitter: @antoniomarvel


[1]Cuarenta mil días de salario mínimo, calculado en  Zona “A”: $59.82 M.N

[2] Como se señala en el estudio realizado por el Social Science Research Council llamado Media Piracy in Emerging Economies, en cuyo primer capítulo “rethinking piracy” se invita a pensar desde otro enfoque el fenómeno para abordarlo con políticas públicas adecuadas y respetuosas de derechos fundamentales. http://piracy.ssrc.org/

[3] SOLOVE J. Daniel, Nothing to hide: the false tradeoff between privacy and security. Yale University Press, 2011.

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