El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Suprema Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos. En esta edición se presentan los asuntos conocidos en este período.

derechos-humanos


Taxatividad, expresión e información1

Se estaba analizando lo siguiente: “Se impondrá prisión de cuatro a doce años y multa de cien a seiscientos días de salario mínimo general vigente, al que mediante la vigilancia obtenga y proporcione información, sobre la ubicación, las actividades, operativos y en general cualquier acción realizada por las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad pública”.

Lo primero que se analizó fue si se trataba de una invasión de facultades exclusivas del Congreso de la Unión a legislar respecto de las Fuerzas Armadas y faltas a la federación. La Corte decidiría que lo que hizo el Congreso local fue legislar en materia de seguridad pública, lo que es una facultad concurrente2.

Seguido entraría a analizar si por la forma en que estaba redactada la norma, se afectaba el principio de taxatividad, de lo que concluiría imprecisiones como: 1. Se dirige a toda persona, sin establecer alguna cualidad específica en el sujeto activo, al establecer “al que”. 2. Utiliza la locución ambigua “mediante vigilancia”, no estableciendo elemento alguno, que delimite o describa dicha acción. 3. Se penaliza la mera obtención de información. 4. No acota los sujetos a los que les es penado proporcionar información. 5. Refiere ambiguamente cualquier acción realizada por las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad pública. 6. Se incluye el vocablo “en general” respecto de las acciones de las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad pública. 7. No conecta el verbo rector del tipo con la intencionalidad dolosa de quien pudiera realizar actos tendentes a obtener información”.

Aunado a lo anterior se anexaría en una serie de votaciones inmediatas, que refieren igualmente la afectación los derechos de expresión e información.

Facultades federales. Delincuencia organizada3

En este asunto se analizaban una serie de reformas a la legislación orgánica de la Fiscalía del estado de Morelos, donde se otorgaban diversas facultades a dichas autoridades que fueron analizadas en dos partes:

Primero: Facultades para legislar sobre la investigación y persecución del delito de trata de personas y remitir a los tipos de trata locales. Se resolvió que la norma es inválida, porque esta materia es competencia exclusiva de la federación, donde no se deja ningún margen de regulación, ni siquiera de carácter procesal para las entidades federativas4.

Segundo: ¿Tiene competencia el estado de Morelos para legislar en materia de técnicas de investigación y cadena de custodia? Se resolvería que en base a la reforma constitucional que introdujo el sistema preponderantemente acusatorio, se definió que el Congreso de la Unión es el competente para expedir la legislación única en materia de procedimiento penal, por lo que queda a los estados únicamente aplicar la legislación penal existente antes de dicha reforma, pero ya no la facultad de legislar sobre ella.

En ese sentido, el Congreso de la Unión ya ha expedido el Código Nacional de Procedimientos Penales, estableciendo que su entrada en vigor se hará de manera gradual sin que pueda exceder del 18 de junio de 2016; y de conformidad con el artículo 2º de dicho código, su objeto es establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, por lo que todos los aspectos que se encuentren ahí regulados no pueden ser parte de las normas estatales ni siquiera en forma de reiteración.5

Legalidad. Taxatividad6

Se penalizaba con prisión de siete a quince años y multa de doscientos a cuatrocientos días de salario, a quien sin causa justificada posea o porte en su persona, en el vehículo en el que se encuentre o se le relacione con éste, o en el lugar donde se le capture, uno o varios instrumentos fabricados con clavos, varillas o cualquier otro material que puedan ser utilizados para dañar o impedir el paso de los vehículos conducidos por particulares o por los elementos de las Fuerzas Armadas o las instituciones de seguridad pública.

La Corte resolvería que esto es inconstitucional, por las siguientes razones. Basta con que alguien –sujeto indeterminado– posea o porte uno o varios instrumentos fabricados con clavos, varillas o cualquier otro material para que pudiera ser objeto de sanción penal por parte del Estado, lo que lleva a la violación al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad.

El tipo penal es impreciso, ya que deja al arbitrio de la autoridad investigadora o jurisdiccional, decidir qué persona o personas, pueden llegar a ser detenidas y enjuiciadas por el simple hecho de traer consigo o en un vehículo motor, uno o varios instrumentos fabricados con los materiales descritos.

La redacción literal del precepto evidencia que basta con que la simple portación o posesión de los instrumentos referidos sea constatada para que se colmen los elementos típicos de la conducta. Sobre esto último, se hizo especial énfasis relacionado con la clasificación de los delitos en de daño y de peligro, el “puedan” genera una situación de absoluta inseguridad.

Se sanciona la portación o posesión de cualquier otro material distinto a los clavos y varillas, lo que es ambiguo y genérico.

La norma descalifica la portación o posesión de estos instrumentos no sólo en el vehículo en el que se encuentre la persona o se le relacione con éste, sino igual donde se le capture, como su trabajo o domicilio donde es posible que existan muchos objetos fabricados con clavos, varillas o cualquier otro material, que pudiera dar lugar a impedir el paso de cualquier vehículo, en el caso, posiblemente una cerca metálica diría el ponente.7

Federalismo. Secuestro y trata de personas8

La normatividad local en estudio, pretendía regular aspectos sustanciales en relación con los delitos de secuestro y trata de personas. Sin embargo, como se ha decidido con anterioridad, estos delitos son competencia exclusiva del Congreso de la Unión, por lo que la legislatura local estaba actuando fuera de sus competencias9

Derecho a la propiedad privada y garantía de no confiscación de bienes10

Se analizaba una legislación local que preveía sobre la procedencia de la extinción de dominio contra los delitos de de desaparición forzada de personas, fraude, delitos cometidos por fraccionadores, extorsión, encubrimiento por receptación y por favorecimiento, peculado, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

La Corte establecería que esta figura resulta una excepción o restricción al derecho a la no confiscación de bienes, porque implica la extinción de la propiedad privada a favor del Estado sin contraprestación alguna. Resolvería que considerarla procedente en esos casos, es algo que va más allá de lo establecido por la Constitución federal11. Algunas otras voces de la Corte, subrayaría que no debía ser aceptado por falta de competencia local para legislar sobre ello.

Igualdad y no discriminación. Sociedades de convivencia12

Este alto tribunal estudió la figura de “Sociedades de convivencia”, única figura en el sistema jurídico del estado de Campeche, a las que pueden acceder las parejas homosexuales para unirse en términos de formación de la familia, pero importante señalar, que igualmente la pueden conformar parejas heterosexuales.

Primeramente, la Corte definió las características de estas sociedades de la siguiente manera: a) la unión de dos personas; b) con voluntad de permanencia; c) ayuda mutua; d) vida en común; y, e) domicilio común. Además se concluyó que estas asociaciones generan derechos alimentarios, sucesorios, de tutela, etc.

En razón de estas características, se concluyó que las sociedades de convivencia se debían entender como un grupo familiar, al igual que el matrimonio y el concubinato, y en ese sentido, debían estar protegidas constitucionalmente.

Definido lo anterior, se pasó al análisis de la diferencia sustancial de este grupo familiar con los demás, en específico, la negativa de adoptar a las personas que se conformaran dentro de una sociedad de convivencia, con independencia de sus características personales.

El trato campechano o mejor dicho la prohibición de adoptar cuando se está dentro de una sociedad de convivencia, se consideró, por parte de la Corte, violatorio de derechos humanos, por diversos motivos que generaron diferentes posiciones entre los ministros.

Las primeras razones por las que declaró inconstitucional el sistema campechano fueron por dañar el interés superior del menor y la forma de integración de una familia. Este razonamiento tuvo un consenso amplio en la Corte mexicana.

Ahora bien, un segundo criterio para declarar inadecuada la norma analizada, era porque resultaba discriminatoria en términos generales, sobre ello no había discrepancia.

Donde existió una escisión en la decisión de la Corte, más bien era en la razón concreta que al pensar de los jueces, daba la discriminación. Unos ministros afirmaron que la razón era discriminación por orientación sexual, mientras que otros, lo hicieron porque discriminaba a las sociedades de convivencia, como forma de integración de la familia en sí misma.

Pensiones13

El tema principal estaba en la determinación que había hecho la ley para establecer un sistema de cuotas sobre el tema de mantenimiento de los servicios de pensiones en el Estado, que estarían a cargo de los trabajadores, pensionistas y el patrón. Sobre ello se analizó.

Primero. La obligación a los pensionados de aportar el 12% de su percepción para el fondo de pensiones. Se decidió que esto era inadecuado, atendiendo a la existencia de una clara diferencia entre trabajadores en activo y pensionados y no encontrarse una justificación constitucional, para un trato que no reconozca esta diferencia. Se pudo observar en la manifestación de los ministros, que resultaba injustificado que los pensionados siguieran viendo afectado su patrimonio mediante estas aportaciones o reducciones, cuando ya lo habían hecho durante el tiempo que fueron trabajadores activos14.

Segundo. La condición para el trabajador o sus familiares derechohabientes de estar al corriente en el pago de las cuotas o aportaciones, para realizar cualquier trámite ante el instituto. Se determinó que esta condición era inadecuada, porque podía dar lugar a violaciones al derecho a la seguridad social, aún más cuando el que debe efectuar los descuentos y notificarlo al Instituto Estatal de Pensiones es el patrón15.

Tercero. La norma en estudio decía: “El trabajador que se retire del trabajo sin derecho a pensión, o sus familiares derechohabientes podrán solicitar el monto total de las cuotas que realizó al Instituto, lo anterior sin considerar los intereses que generaron dichas cuotas”. En ese sentido, lo que se estaba analizando era si la exclusión de los intereses era justificada. Partiendo de que se trata, como diría el ministro Franco, de un “Sistema de Reparto” donde las aportaciones se van a un fondo común y no a una cuenta individual, y que inclusive en otros modelos de este sistema ni siquiera se contempla la posibilidad de otorgamiento de la devolución de cuotas, considerar igualmente anexar a esa devolución los intereses, iría contra la dinámica del sistema mismo16.

Autonomía Municipal. Servicio público de transporte17

¿Quiénes pueden emitir las normas generales en materia de servicio público de transporte? El Ejecutivo del estado había emitido una serie de disposiciones para la implementación del Formato Único de Permisos Provisionales para Circular sin Placas, y el Municipio argumentaba que con ello se estaba invadiendo facultades que le corresponden, máximo que no se trataba de una ley expedida por el Congreso del estado, sino por una autoridad administrativa.

La Corte argumentaría que los estados sí pueden emitir estas normas generales a fin de crear un marco normativo homogéneo, quedando a los municipios la emisión de las normas sobre administración, organización, planeación y operación del servicio, con el objetivo de prestarlo de manera continua, permanente, uniforme y regular, al igual que las relativas al sentido, disposición para control de tránsito, seguridad vial, horarios de oficinas administrativas, entre otros temas18.

Federalismo. Proceso penal19

Reformas a la legislación local, abordaron dos temas. Primero. Regular el procedimiento de notificación del aseguramiento y abandono de bienes, otorgando facultades para que los órganos jurisdiccionales notifiquen el aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito a los interesados. Segundo, regular los plazos para la sustanciación de dicho procedimiento. Sin embargo, diría la Corte, estas disposiciones ya se encuentran contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y es facultad del Congreso de la Unión de manera exclusiva20.

Federalismo. Pensiones ayuntamientos21

¿Quién debe regir el sistema de pensiones de los trabajadores municipales? La Suprema Corte en diversas controversias constitucionales promovidas por municipios de la entidad, había declarado inválido el modelo donde el Congreso del estado era el encargado de determinar la procedencia y montos de las pensiones, así como de expedir los decretos de autorización respectivos, esto por considerarse una violación al principio de libertad hacendaria municipal.

Con motivo de esas decisiones, se rediseñó el otorgamiento de pensiones a los trabajadores y elementos de seguridad pública municipales, dotando de facultades a los ayuntamientos de la entidad, para que fueran éstos quienes expidieran las pensiones a sus trabajadores.

En ese sentido, la legislación hizo a la Corte determinar que la regulación del sistema de pensiones a los trabajadores de los municipios es competencia del estado, y no se aplican los estándares relativos a las leyes de bases generales en materia municipal.

De ahí que regular las prestaciones de seguridad social, específicamente las pensiones respecto de los trabajadores de los municipios, sí se encuentra dentro de las facultades de los Congresos estatales22.

Sistema electoral. Legislación local23

Se analizaron las modificaciones al la legislación electoral local, bajo seis temas. Primero. El Congreso local había legislado sobre el tema de distritación, en ese sentido, se argumentaba que con ello se daba una invasión a la competencia del Congreso de la Unión y del Instituto Nacional Electoral, en específico la relativa a la determinación de la geografía electoral. La Corte resolvió que la normatividad en estudio, determinaba que era el Consejo General del Instituto Nacional Electoral quien aprobaba la distritación en el estado, debiendo hacerlo antes de que inicie el proceso electoral. Con ello estaba adecuando lo dispuesto por la Constitución mexicana. En este caso, se definió que las normas electorales locales, pueden reiterar los contenidos generales24.

Segundo25. Paridad de género en el cargo de presidentes municipales. Se argumentaba que la legislación era omisa en contemplar la paridad horizontal, por no garantizar que el cincuenta por ciento de las candidaturas a un mismo cargo, en todas las planillas pudiere recaer en mujeres, a efecto de que exista igual porcentaje de candidaturas a presidentes municipales, sindicaturas y regidurías en todos los ayuntamientos del estado.

Por un lado, diría la Corte que las entidades federativas tienen competencia residual para legislar en materia de paridad de género, sin obligación de regular en el mismo sentido que las normas electorales federales. En seguida señalaría que los órganos de gobierno de los municipios son los ayuntamientos, y se conforman por diversos cargos con competencias diferenciadas, pero que por sí no son una instancia de gobierno. De esta forma, se entiende que la paridad de género no podría ser extendida judicialmente, a la posibilidad de integrar cargos en específico, sino en relación con el acceso paritario a las candidaturas que permitan la integración de órganos de representación legislativos o municipales. En conclusión, la legislación era constitucional.

Tercero. Sobrerrepresentación. Se argumentaba que se estaban definiendo mayores requisitos que la Constitución mexicana para la asignación de diputaciones de representación proporcional. Sin embargo, la Corte se decantaría por la definición de que la legislación en estudio, al prever el límite de sobrerrepresentación, estaba favoreciendo de manera injustificada al partido político que hubiese obtenido la mayoría de la votación estatal emitida, haciéndolo llegar al tope máximo fijado26.

Cuarto. Se regulaban diversas cuestiones relativas a la prohibición a los partidos de nuevo registro de participar en coalición en las elecciones, sin embargo, esto ha sido definido como una materia exclusiva del Congreso de la Unión27.

Quinto. Se debía estudiar que el Congreso local estaba excediendo sus atribuciones, al establecer que las funciones correspondientes a la capacitación electoral, la integración y ubicación de las casillas, así como la designación de funcionarios de la mesa directiva en el proceso electoral del dos mil dieciséis, se mantendrían delegadas al Organismo Público Local Electoral, hasta en tanto el Instituto Nacional Electoral no decidiera reasumirlas.

La Corte resolvería que el artículo octavo transitorio de la reforma a la Constitución federal en materia electoral de 2014, determinó delegar el ejercicio de las atribuciones al orden local, salvo que existiera una determinación de reasunción competencial por parte del órgano administrativo electoral nacional28.

Sexto. Derecho de Réplica. Se afirmaba que el Congreso local carecía de competencia para legislar en materia de derecho de réplica, sobre la información presentada en los medios de comunicación, por corresponder a una cuestión que compete exclusivamente al Congreso de la Unión

Se establecía un supuesto a través del cual se pretendía regular el derecho de réplica en materia electoral, hasta en tanto se expidiera la norma federal correspondiente.

Se expondría por la Corte que las entidades federativas únicamente pueden intervenir y legislar para regular los medios de comunicación locales en cuestiones electorales. En ese sentido, la norma impugnada debía entenderse en el sentido de que los Estados pueden regular el ejercicio del derecho de réplica durante un proceso electoral exclusivamente sobre medios de comunicación que pueden ser reglamentados por ellos, como periódicos y revistas, sin que puedan incluirse medios de comunicación que sólo pueden ser regulados a nivel federal, como la televisión o la radio29.

Víctor Manuel Collí Ek. Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche y responsable del proyecto de investigación: “La vigencia de la Constitución en la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional” 154998, CONACYT-SEP, del cual el presente estudio es un producto. www.victorcolliek.com Agradezco los acertados comentarios recibidos por parte de mis compañeros del Grupo de Investigación “Derechos Humanos y Problemas Constitucionales”, radicado en la UAC.


1 Acción de Inconstitucionalidad 9/2014. Ponente Min. José Fernando Franco González Salas. Sesionada los días 26 de junio y 6 de julio de 2015. Artículo 133 quinquies del Código Penal del Estado de Michoacán, que se adicionó mediante Decreto 276, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veintiuno de enero de dos mil catorce.

2 Mayoría de siete votos en el sentido del proyecto, sesión del 16 de junio de 2015, p. 65.

3 Acción de Inconstitucionalidad 12/2014. Ponente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Sesionada el día 7 de julio de 2014. Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintiséis de marzo de dos mil catorce. Antecedentes: acciones de inconstitucionalidad 21/2013, 56/2012, y 26/2012.

4 Mayoría de nueve votos a favor de la propuesta contenida en el considerando quinto del proyecto, p. 14.

5 Unanimidad de votos a favor de la propuesta, p. 23.

6 Acción de Inconstitucionalidad 95/2014. Ponente Min. Alberto Pérez Dayán. Sesionada el día 7 de julio de 2015. Decreto Número LXII-256, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el nueve de julio de dos mil catorce, por el cual se reformó el artículo 171 Quáter, fracción I, del Código Penal de Tamaulipas.

7 Unanimidad de votos a favor de la propuesta del proyecto, p. 55.

8 Acción de Inconstitucionalidad 1/2014. Ponente Min. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Sesionada el 3 de agosto de 2015. Código Penal y Código de Procedimientos Penales del Estado de Sonora, reformados mediante el Decreto 64, publicado en el Boletín Oficial del Estado el veintiocho de noviembre de dos mil trece. Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, reformado mediante el Decreto 61, publicado el dos de diciembre de dos mil trece. Precedentes: Acción de inconstitucionalidad 21/2013.

9 Unanimidad de once votos a favor de la propuesta, p. 26.

10 Acción de Inconstitucionalidad 3/2015. Ponente Min. José Fernando Franco González Salas Sesionada el 4 de agosto de 2015. Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Colima. Antecedentes en las Acciones de Inconstitucionalidad 33/2013 y 20/2014.

11 Unanimidad de once votos a favor del sentido de la propuesta, p. 59.

12 Acción de Inconstitucionalidad 8/2014, ponente Min. Margarita Luna Ramos. Sesionada los días 6, 10 y 11 de agosto de 2015, por el Pleno de la Corte. Las sesiones pueden ser consultadas aquí.

13 Acción de Inconstitucionalidad 101/2014. Ponente José Ramón Cossío. Sesionada los días 17 y 18 de agosto de 2015. Ley de Pensiones del Estado de Veracruz.

14 Hubieron dos votaciones (p. 37) en relación con la propuesta de invalidez del artículo 19 hay unanimidad de diez votos, y por lo que se refiere a la porción que se propone invalidar el artículo 16, mayoría de ocho votos y mayoría de ocho votos a favor de la propuesta modificada de declarar la invalidez de la porción respectiva.

15 Votación favorable, p. 40, sesión del 17 de agosto de 2015.

16 Seis votos a favor de la propuesta modificada del proyecto, sesión del 18 de agosto de 2015, p. 24.

17 Controversia Constitucional 32/2014. Ponente Min. Margarita Luna Ramos. Sesionada el 18 de agosto de 2015. Oficio y Disposiciones de Carácter General para la aplicación del Formato Único de Permisos Provisionales para Circular sin Placas de los Vehículos de Particulares en este Estado. Antecedente en la Controversia Constitucional 22/2012, cuya explicación la hicimos en el estudio de marzo-abril 2015, numeral 1 consultable aquí.

18 Nueve votos a favor de la propuesta modificada del proyecto, p. 43.

19 Acción de Inconstitucionalidad 107/2014. Ponente Min. Jorge Pardo Rebolledo. Sesionada el 20 de agosto de 2015. Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados para el Estado de Hidalgo, publicados mediante Decreto 222 en el Periódico Oficial del referido Estado el diez de noviembre de dos mil catorce.

20 Unanimidad de diez votos a favor de la propuesta modificada, p. 10.

21 Controversia Constitucional 25/2014. Ponente Min. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Sesionada el 20 de agosto de 2015. Ley Orgánica Municipal, reformados mediante Decreto 1874, publicado en el Periódico Oficial local el veintidós de enero de dos mil catorce.

22 Votación favorable, p. 24.

23 Acción de Inconstitucionalidad 36/2015. Ponente Min. Eduardo Medina Mora. Sesionada los días 27 y 31 de agosto de 2015. Ley Electoral del Estado de Zacatecas.

24 Mayoría de seis votos a favor de la propuesta modificada del proyecto, sesión del 27 de agosto, p. 24.

25 Unanimidad de votos a favor del sentido del proyecto, sesión del 27 de agosto, p. 58.

26 Unanimidad de diez votos a favor de la propuesta, sesión del 31 de agosto, de 2015, p. 13.

27 Unanimidad de diez votos a favor de la propuesta, sesión del 31 de agosto de 2015, p. 19.

28 Mayoría de ocho votos a favor de la propuesta del proyecto, sesión del 31 de agosto de 2015, p. 24.

29 Mayoría de ocho votos a favor de la propuesta del proyecto, sesión del 31 de agosto de 2015, p. 30.

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Hace unos días, finalmente concluyó la Suprema Corte de discutir algunos de los aspectos neurálgicos de la reforma educativa impulsada por el gobierno de Peña Nieto. Más allá de la postura que se tenga respecto esta reforma, es de suma relevancia desmenuzar los argumentos de los ministros de la Corte para resolver estos asuntos. Se trata, sin más, de la primera reforma estructural sometida a escrutinio constitucional, con todo lo que esto implica para el futuro de la educación en el país.


constitucional

El 26 de febrero de 2013, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que modificó los artículos 3°, fracciones II, III, VII, VIII, IX, y 73, fracción XXV, de la Constitución. El primero fija los criterios del sistema educativo —democrático, nacional, de calidad, etcétera— y establece la obligatoriedad de la evaluación docente para garantizarlos. El segundo atribuye la competencia exclusiva al Congreso federal para establecer el servicio profesional docente.

Esta reforma constitucional suscitó un número elevado de amparos, interpuestos durante marzo y abril de 2013, radicados en juzgados de Puebla y declarados improcedentes.1 Más tarde, el 11 de septiembre de 2013, fue publicado el decreto mediante el que se reformaron varios preceptos de la Ley General de Educación y se expidieron dos nuevas leyes: la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Este segundo decreto también dio lugar a cientos de juicios de amparo indirecto durante el mes de octubre de 2013. Los jueces de distrito admitieron las demandas, sobreseyeron y negaron el amparo a los quejosos, quienes presentaron el recurso de revisión en marzo de 2014. En general, los demandantes estimaban que tal ley violaba los artículos 1°, 3°, 5°, 14, 16 y 123 de la Constitución; así como, ciertas disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional De Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de la Carta De Los Estados Americanos.

Sólo 26 asuntos que contenían los planteamientos de constitucionalidad más trascendentes fueron remitidos a la Corte. La Comisión 69, a cargo del ministro Fernando Franco, fue creada para su resolución y los proyectos se hicieron públicos. El principal paquete de asuntos fue discutido del 22 al 29 de junio de 2015.2

La resolución de la Corte se sustentó en tres nociones básicas: 1) los derechos humanos no son absolutos y pueden estar sujetos a límites frente a otros derechos, bienes o principios; 2) es necesario hallar un equilibrio mediante exámenes o tests de proporcionalidad;3 y 3) el principio del interés superior de la niñez debe observarse en toda decisión de Estado.

Los docentes combatieron la totalidad del decreto de la nueva LGSPD, pero la litis se fijó en el estudio de los artículos 52, 53, Octavo y Noveno transitorios de esta ley, relativos al proceso evaluativo.

Para hacer un estudio adecuado de los agravios, la Corte realizó una distinción necesaria de supuestos normativos según los ámbitos temporales y personales de validez. Así, primero, se distinguió al personal que desease ingresar al servicio después de la entrada en vigor de la ley, de aquel que ya se encontrase en funciones.

En los casos analizados, todos los docentes demostraron ubicarse en el segundo supuesto. Por lo tanto, ya estaban sometidos a las nuevas disposiciones sustantivas y transitorias. Es decir, tenían la obligación de sujetarse al proceso de evaluación, la posibilidad de ser examinados hasta en tres ocasiones e incorporados a los programas de regularización en caso de mostrar resultados insuficientes.

En segundo lugar, la Corte diferenció al personal que contara con un nombramiento provisional de aquel que ostentara uno definitivo. En el caso de los provisionales, en el supuesto de no sujetarse a la evaluación, a la regularización o de no aprobar el tercer examen, serían separados de su cargo por causa justificada. Pero si aprobaban, entonces, obtendrían un nombramiento definitivo. En el segundo supuesto, de nombramientos definitivos, en caso de tener un resultado insuficiente en la evaluación, no se produciría la separación del cargo, sino la readscripción a una función distinta a la docencia, dirección o supervisión o, eventualmente, a la incorporación a programas de retiro.

En este escenario, los demandantes concentraron su argumentación en torno a la posible violación al derecho humano a la estabilidad en el empleo (artículo 123, apartado B, fracción IX, constitucional), ya que, como vimos, la ley justo prevé la posibilidad de separación del cargo. En respuesta, la Suprema Corte sostuvo que tal derecho no es absoluto,4 pues “pueden ocurrir casos justificados de separación o suspensión del servicio, siempre y cuando se encuentren previstos en ley” (p. 75).5

Entonces, para analizar si las limitaciones a este derecho impuestas por la nueva legislación resultaban objetivamente razonables, constitucionalmente válidas, idóneas, necesarias y proporcionales para el fin que persiguen, la Corte realizó un juicio de proporcionalidad y afirmó que:

1) La finalidad legislativa es constitucionalmente legítima, ya que obedece a las siguientes exigencias: crear un servicio profesional docente que mejore la calidad de la educación “en aras de lograr el máximo logro de aprendizaje de los educandos, en específico de los niños” (p. 78), atender al principio del interés superior del menor y dignificar la profesión al garantizar la capacidad de los docentes.

2) Las limitaciones son idóneas y necesarias, pues “es precisamente a través de mecanismos de evaluación que puede asegurarse la calidad en la preparación de los docentes, sin que dicho objetivo pudiera alcanzarse con un costo menor” (p. 79).

3) Las limitaciones resultan proporcionales, ya que se permite a los docentes que se preparen para someterse a los exámenes hasta en tres ocasiones. Además, la separación del personal con nombramiento provisional no es inmediata, sino hasta que se actualice la tercera muestra de insuficiencia; a los que cuenten con nombramiento definitivo se les adscribirá a un área administrativa o incorporará a algún programa de retiro.6

En términos similares, los demandantes estimaron vulnerada su libertad de trabajo (artículo 5° constitucional). Bajo la misma línea argumentativa, la Corte reiteró que este derecho tampoco es absoluto ni ilimitado, y que las condiciones de permanencia del personal docente son justificadas y razonables a la luz de las funciones que realiza.

El requisito de obtención de resultados favorables y las consecuencias de incumplirlo, no impiden que los docentes se dediquen al trabajo que decidan, sino que tienden a proteger el mismo derecho al garantizar la calidad del trabajo y protegen el interés superior del menor al garantizar que recibirá una educación adecuada. Además, el interés de la sociedad en una buena educación supera, en este caso, cualquier prerrogativa individual o particular.7

Otro argumento de los demandantes consistió en que la posibilidad de separación del empleo viola los principios de dignidad humana, nivel de vida adecuado y no regresividad en materia de derechos humanos.8 Pero la Corte tampoco pescó este anzuelo y sostuvo la constitucionalidad y convencionalidad de las disposiciones legales combatidas.

A juicio de la mayoría de los ministros, las normas internacionales justifican que el orden nacional condicione el derecho, “en tanto que se busca a la vez garantizar el derecho de los educandos a recibir un servicio de calidad impartido por docentes calificados, a efecto de cumplir con la característica de ‘disponibilidad’, derivada de la Observación General número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU” (p. 97).9 Así, la Corte concluyó que no se viola la obligación estatal de no regresividad y, más bien, se desarrolla de manera progresiva el derecho humano a la educación de calidad.

Otro argumento que los docentes plantearon es que las relaciones laborales entre éstos y el Estado deben ser reguladas exclusivamente por leyes de materia laboral. La Corte respondió que si bien tradicionalmente tales relaciones en efecto habían sido reguladas por la Ley federal de los trabajadores al servicio del Estado, la reforma al artículo 3º constitucional introdujo nuevos procesos y criterios para el ingreso, promoción, permanencia y reconocimiento laboral de los docentes. Y, por ello, estableció la necesidad de una ley reglamentaria que los especificara; en este sentido, la LGSPD encuentra su validez en dicha disposición de la Constitución.10

Otro dardo de los demandantes consistió en la violación al principio de irretroactividad en su perjuicio. La Corte sostuvo lo contrario, por tres razones. 1) Si el nuevo sistema evaluativo se deriva de preceptos constitucionales, resulta inoperante el argumento que cuestione su retroactividad, pues éstos no pueden serlo. 2) Conforme a la teoría de los componentes de la norma,11 los preceptos legales combatidos regularon supuestos nuevos, no normados ni ejecutados anteriormente (obligación de todos los docentes de sujetarse al proceso evaluativo). 3) Conforme a la teoría derechos adquiridos, los docentes con nombramiento provisional no fueron despojados de derecho alguno, ya que sólo contaban con una expectativa de derecho para obtener eventualmente una plaza.

Respecto del personal docente que ya contaba con un nombramiento definitivo, se estableció el mecanismo adecuado para el respeto de sus derechos adquiridos y para que la separación no fuese automática. Esto es, la tercera insuficiencia en el proceso de evaluación sólo conllevaría las consecuencias ya declaradas justificadas y razonables.12

Por otra parte, los demandantes argumentaron la vulneración al derecho de audiencia, toda vez que a su juicio no se les permitía impugnar la resolución de separación del cargo. Sin embargo, la LGSPD sí prevé los procedimientos que dan participación al trabajador docente. Conforme a los artículos 80, 81 y 82 de la LGSPD, cualquier aspecto relativo a la aplicación correcta del proceso de evaluación, es impugnable mediante un recurso de revisión ante la misma autoridad educativa. O bien, es posible iniciar un procedimiento en sede contenciosa administrativa. Si se trata exclusivamente de la determinación de separación del servicio, entonces, ésta se podrá atacar ante el órgano jurisdiccional competente en materia laboral. Por ello, ante la previsión legal de las vías para combatir las determinaciones de la autoridad, la Corte estimó respetada la garantía de audiencia.13

Por último, se adujo una violación a derechos laborales caracterizados por la bilateralidad individual y colectiva de la relación laboral. Los quejosos consideraron, grosso modo, que el nuevo régimen creado por el legislador incorporaba elementos administrativos a la relación, caracterizados por la unilateralidad de la actuación patronal.

La Corte respondió que las prerrogativas enunciadas por los quejosos no son derechos previstos en la Constitución, sino en la LFTSE14 y que el argumento no es de constitucionalidad, porque sólo contrasta dos normas secundarias entre sí. Además, reiteró que el artículo 3°, fracción III, constitucional otorga al legislador la competencia para especificar las normas que regulan las relaciones laborales de los trabajadores del servicio profesional docente.

Con ésta última determinación, la Suprema Corte decidió negar este grupo de juicios de amparo que atacaban uno de los puntos neurálgicos de la reforma educativa. Sin embargo, para conocer a cabalidad la interpretación que han hecho los ministros sobre esta reforma educativa, es necesario considerar también el régimen de competencias en la materia. En un siguiente texto, justo se abordará esta otra discusión.

Gustavo Eduardo Marín Hernández. Egresado de la carrera de Derecho del ITAM.


1 El sobreseimiento se sustentó, fundamentalmente, en el principio de supremacía constitucional y la fracción I del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del amparo en contra de adiciones o reformas constitucionales. Ver las correspondientes notas informativas aquí y aquí.

2 El asunto principal discutido y aquí analizado es el amparo en revisión 295/2014, cuyas consideraciones rigieron las de los diversos 311/2014, 317/2014, 298/2014, 316/2014, 327/2014, 328/2014, 297/2014, 312/2014, 313/2014, 400/2014, 402/2014, 381/2014, 397/2014, 315/2014, 399/2014, 426/2014, 429/2014, 403/2014, 382/2014, 430/2014, 428/2014, 427/2014, 384/2014, 385/2014 y 383/2014, resueltos el 30 de junio y 2 de julio de 2015.

3 En éste caso, no todos estuvieron de acuerdo en realizarlo. Seis ministros lo consideraron necesario (Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza y Sánchez Cordero), y cinco (Luna Ramos, Franco González Salas, Medina Mora, Pérez Dayán y Aguilar Morales), no.

4 Vid. jurisprudencia: P./J. 42/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, junio de 2014, Libro 7, Tomo I, p. 43, registro 2006591, que señala el carácter no absoluto de los derechos humanos.

5 Criterio que dio lugar a la jurisprudencia P./J. 31/2015 (10a.), Semanario Judicial de la Federación (SJF), Pleno, publicada el viernes 25 de septiembre de 2015, registro 2009989 (11 votos).

6 Criterio que dio lugar a la tesis aislada P. XV/2015 (10a.), SJF, Pleno, publicada el viernes 25 de septiembre de 2015, registro 2010002 (6 votos).

7 Criterio que dio lugar a la jurisprudencia P./J. 33/2015 (10a.), SJF, Pleno, publicada el viernes 25 de septiembre de 2015, registro 2009991 (11 votos).

8 Art. 13.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece el derecho de toda persona a la educación; el art. 7, inciso d) del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que prevé la separación del empleo por causa justificada; el diverso 6°, párr. 2°, que establece que los Estados deberán adoptar medidas para lograr la plena efectividad del derecho al trabajo, debiendo figurar la orientación y formación técnico profesional (pp. 93-97).

9 Criterio que dio lugar a las jurisprudencias P./J. 34/2015 y P./J. 35/2015 (10a.), SJF, Pleno, publicada el viernes 25 de septiembre de 2015, registros 2009992 y 2009990 (11 votos).

10 Criterio que dio lugar a la jurisprudencia P./J. 30/2015 (10a.), SJF, Pleno, publicada el viernes 25 de septiembre de 2015, registro 2009987 (11 votos).

11 Jurisprudencia P./J. 123/2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,Tomo XIV, octubre de 2001, p. 16. de rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA”.

12 Criterio que dio lugar a las jurisprudencias P./J. 36/2015 y P./J. 37/2015 (10a.), SJF, Pleno, publicada el viernes 25 de septiembre de 2015, registros 2009994 y 2009993 (11 votos).

13 Criterio que dio lugar a la jurisprudencia P./J. 33/2015 (10a.), SJF, Pleno, publicada el viernes 25 de septiembre de 2015, registro 2009988 (11 votos).

14 Arts. 46, fr. V, 46 bis, 87, 88 y 89.

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Ha llegado finalmente la oportunidad para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comience a analizar el impacto que la actual política de drogas ha tenido sobre los derechos humanos. En los próximos días, la Primera Sala de nuestro tribunal constitucional discutirá el amparo en revisión 273/2014 en que se cuestiona la estrategia prohibicionista imperante en nuestro país.

recreativas

Por más de 50 años la llamada “guerra contra las drogas” ha privilegiado un enfoque punitivo que prevé terminar con la oferta de drogas a nivel mundial por encima de la vigencia propia de los derechos humanos. Sus consecuencias, ampliamente documentadas por múltiples organizaciones de la sociedad civil e incluso recientemente por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, han repercutido negativamente sobre la vida de millones de individuos alrededor del mundo. No obstante, a pesar de los miles de millones de dólares que dicha guerra ha implicado y los altos costos humanitarios asociados, no se ha logrado prevenir el incremento en el suministro y consumo de drogas.

México ha sido uno de los países que más ha resentido los efectos perversos del prohibicionismo, donde la situación de derechos humanos es crítica a causa de la militarización de la seguridad pública y el uso de la fuerza con el fin de combatir a los cárteles de la droga. Desde 2006, los casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada han aumentado alarmantemente,1 mientras que se ha consolidado un marco legal de excepción que se ha convertido en la norma.2

Por ello, desde Espolea A.C., junto con más de 20 organizaciones de la sociedad civil en las Américas, presentamos un amicus curiaeante la SCJN para argumentar que, a la luz de los estándares internacionales, la actual política contra el uso de marihuana basada en la fiscalización y la prohibición constituye una restricción indebida al derecho a la vida privada, incluyendo los derechos a la identidad, a la autonomía, al desarrollo personal y, por consiguiente, que el uso del derecho penal para sancionar su uso deviene en violaciones a la libertad personal.

La utilización del sistema penal en un Estado democrático de derecho, tal como lo ha señalado en reiteradas ocasiones la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), es el medio más restrictivo y severo para establecer responsabilidades respecto a una conducta ilícita3 e implica el menoscabo, privación o alteración de los derechos de las personas.4 Para que su utilización sea compatible con un régimen democrático, éste debe respetar y responder a los principios de mínima intervención y ultima ratio.5

Sin embargo, el régimen de prohibición se ha basado primordialmente en el uso del sistema penal como herramienta central para responder al problema del consumo de drogas para supuestamente proteger con ello la salud pública. La utilización del sistema penal como instrumento principal para su control revela importantes incompatibilidades con un régimen democrático basado en los derechos humanos. Con ello, la supuesta excepcionalidad del uso del sistema penal ha sido menoscabada en el contexto de la llamada “guerra contra las drogas”, en que el consumo de marihuana se vuelve por sí mismo punible. El sistema de sanciones penales se ha convertido así en regla y no la excepción.

Con ello, la criminalización del uso de marihuana ha resultado en una intromisión indebida en el derecho a la intimidad y la vida privada que todo individuo goza.6 El derecho a la vida privada, tal como lo ha reconocido la CoIDH, va más allá del mero respeto a la privacidad que implica la confidencialidad o inviolabilidad del hogar, de las comunicaciones y de las relaciones familiares. Así, al ser un concepto amplio que no es susceptible de definiciones exhaustivas, la vida privada comprende también la forma en que el individuo se ve a sí mismo, y cómo y cuándo decide proyectarse ante los demás.7

En este sentido, la CoIDH ha entendido que el concepto de libertad protegido por la Convención Americana va incluso ligado a la posibilidad de todo ser humano de autodeterminarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias opciones y convicciones.8 De ello se desprende que el derecho a la vida privada engloba aspectos del derecho a la identidad física y social, el desarrollo de la personalidad y la autonomía personal, componentes interrelacionados entre sí que se encuentran igualmente protegidos por la Convención.9

Ello implica que, con el fin de no incurrir en restricciones abusivas o arbitrarias y proteger el ámbito de la privacidad de invasiones arbitrarias o abusivas por parte de terceros o de la autoridad pública, cualquier injerencia en la vida privada debe estar prevista en ley, perseguir un fin legítimo y cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Es decir, deben ser necesarias en una sociedad democrática.10 La decisión de una persona de consumir marihuana debe, por lo tanto, entenderse en el contexto del derecho de todo individuo a definir libremente el desarrollo de su personalidad, como parte de las decisiones que una persona puede tomar sobre sí misma.

Ante los impactos negativos que ha tenido la criminalización del consumo de marihuana, merece la pena comparar el actuar del Estado frente a otra serie de actividades que implican más riesgos para la persona que las emprendidas bajo su propia decisión, tales como la práctica de deportes de riesgo, relaciones sexuales sin protección o incluso el consumo de drogas legales como el alcohol y el tabaco. Estas actividades pueden no ser inteligentes e incluso pueden llegar a ser dañinas, pero no deben recaer bajo el actuar represivo del Estado y su criminalización. Por el contrario, requieren de una serie de políticas públicas para disminuir sus riesgos y daños, incluidas políticas de salud y educación al respecto.

Tras más de 50 años de políticas represivas y prohibicionistas, y frente a una situación que a diario se deteriora elevando los costos humanos y sociales, resulta imperativo cambiar la política internacional de drogas para avanzar hacia una nueva política basada en un enfoque de salud y de respeto a los derechos humanos, alejado del paradigma de la seguridad pública. En este sentido, la discusión que se dará en la Suprema Corte es una oportunidad de suma relevancia para estudiar los impactos que dicha estrategia ha tenido en los derechos humanos y dar los primeros pasos para delinear una nueva política pública sobre drogas que sea respetuosa de los derechos humanos. El proyecto que ha presentado el ministro Zaldívar va en esta dirección, abriendo así una nueva oportunidad para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos en el país.

Daniel Joloy. Analista de derechos humanos en Espolea, A.C.


1 Human Rights Watch. Ni seguridad, ni derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México. Nueva York, 2011. Amnistía Internacional. Fuera de Control: Tortura y malos tratos en México. Londres, 2014.

2 Madrazo, Alejandro. “The Constitutional costs of the ‘war on drugs’”. En: Ending the war on drugs: Report of the LSE Expert Group on the Economics of Drug Policy. LSE-IDEAS. Mayo, 2014.  Cantú, Silvano. et. al. La figura del arraigo penal en México: El uso del arraigo y su impacto en los derechos humanos. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. México, 2012.

3 CorteIDH. Caso Ricardo Canese vs. Paraguay. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C, No. 111. párr. 104; CorteIDH. Caso Palamara Iribarne vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C, No. 135. párr. 79; CorteIDH. Caso Kimel vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C, No. 177. párr. 76

4 CorteIDH. Caso Lori Berenson vs. Perú. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C, No. 119. párr. 101; CorteIDH. Caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C, No. 137. párr. 223

5 CorteIDH. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C, No. 107. párr. 22

6 Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 11; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 17

7 Ver caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, Op. Cit. párr. 162

8 Ver caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, Op. Cit. párr. 136

9 Ver caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, Op. Cit. párr. 135. Así ha sido interpretado también de forma amplia por diversos tribunales internacionales de derechos humanos, tal como lo destaca la misma Corte Interamericana en su sentencia. Cfr. T.E.D.H., Caso Laskey, Jaggard y Brown Vs. Reino Unido, (No. 21627/93; 21826/93; 21974/93), Sentencia de 19 de febrero de 1997, párr. 36. Caso Dudgeon Vs. Reino Unido, (No. 7525/76), Sentencia de 22 de octubre de 1981, párr. 52, y Caso A.D.T. Vs. Reino Unido, (No. 35765/97), Sentencia de 31 de Julio de 2000. Final, 31 de octubre de 2000, párr. 23.

10 Ver caso Atala Riffo y niñas vs. Chile, Op. Cit. párr. 161, 164

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Las reformas constitucionales de junio de 2011, colocaron a los derechos fundamentales y su defensa en el centro de la ingeniería constitucional. El nuevo paradigma implica que en el ejercicio de la función jurisdiccional, los jueces de toda la República están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior.

Esta nueva forma de entender el derecho, fue lo que motivó que profesores de posgrado en derecho de la Universidad de Guadalajara impulsaran la creación de la Clínica de derechos humanos y amparo. La idea clave consiste en poner de relieve en las aulas que es prioritario dejar de ver a la Constitución, y en particular a los derechos humanos reconocidos en la misma, como un catálogo de buenas intenciones. Y, más bien, concebirlos como normas jurídicas que son susceptibles de interpretación y aplicación a casos reales.

En ese contexto, una vez instaurada esta Clínica, se les planteó a los alumnos el primer caso de litigio estratégico cuya finalidad era poner a prueba precisamente el nuevo andamiaje constitucional. Así es como se formuló la demanda de amparo indirecto a favor de una persona en condición de calle, conocida como Gerardo Martínez alias “Barrabás”. Esto con el objetivo de que, a partir una eficacia directa de las nuevas normas constitucionales,1 se le garantizara los derechos fundamentales de salud, identidad, seguridad social, vivienda, educación, alimentación, trabajo; en síntesis, el reconocimiento a la dignidad humana.

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Así, tras la selección de una persona en situación de calle como quejoso, realizado el estudio del caso, se presentó, el pasado 13 de septiembre de 2012, la correspondiente demanda ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el estado de Jalisco. Aquí una parte textual de los antecedes de la demanda de amparo:

PRIMERO.- El suscrito desde hace más de 20 años me encuentro en una grave situación de riesgo al vivir en la calle y no tener recurso social, económico o político alguno que me permita por mí mismo o a costa “de terceros acceder a los derechos mínimos consagrados en la Constitución y en los Tratados Internacionales firmados por el Estado mexicano.

SEGUNDO.- Como consecuencia de la menesterosa situación de calle en que me encuentro, el deterioro de mi salud física y mental se agrava día a día, por lo que solicito con urgencia la pronta intervención de las autoridades señaladas como responsables quienes han sido omisas en proteger y garantizar el goce de los derechos humanos del suscrito.

TERCERO.- Ante las condiciones climáticas que ponen en riesgo mi salud, ante la denigrante condición que representan (sic) vivir en situación de calle, las situaciones de inseguridad pública que ponen en riesgo mi integridad física, la falta de servicios públicos y de agua para mi higiene personal, la falta de atención médica y psicológica, y demás situaciones de vulnerabilidad solicito de manera urgente la pronta intervención de las autoridades señaladas como responsables que el impetrante de garantías no cuento con una vivienda digna que me permita protegerme de enfermedades y otros peligros, y que permitan el desarrollo pleno de mi persona así como el goce de todos y cada uno de mis derechos fundamentales.

CUARTO.- Derivado de la grave situación de riesgo en la que me encuentro al vivir en la calle, no tengo la oportunidad de acceder a un empleo digno ni a una educación que permita mejorar mis condiciones de vida.

QUINTO.- Asimismo al no contar con una vivienda digna y con ello estar expuesto a las inclemencias del tiempo, a la inseguridad, a la falta de agua para asearme, se expone mi salud física, sin tener conocimiento ni acceso a los servicios de salud tanto preventivos como tratamientos médicos y psicológicos que me permitan salvaguardar mi derecho a la vida y vivir con dignidad.

En la demanda, se señalaron como autoridades responsables a un total de 66 dependencias de los tres órdenes de gobierno (municipal, estatal y federal) y se señalaron como actos reclamados los siguientes: de las autoridades en materia de salud por la omisión de las mismas de garantizar su derecho humano a la salud mediante la protección constitucional y convencional más amplia en la prestación de servicios médicos, medicamentos y tratamientos especializados; en materia de identidad, el quejoso demanda a las autoridades responsables por la omisión de  garantizar el reconocimiento a la personalidad jurídica; en materia de seguridad social y vivienda, se ataca la omisión de proporcionar el acceso a la seguridad social, incluyendo el acceso a una vivienda adecuada, digna y decorosa; en materia de educación, se reclama la omisión de garantizar el derecho humano a la educación que le permita al quejoso mejorar sus condiciones de vida; en el tema de alimentación, se demanda por la omisión de la autoridad de garantizar el derecho humano a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; en materia de trabajo, el quejoso plantea la omisión de las autoridades responsables de garantizar el derecho humano al trabajo y sus accesorios así como un seguro por desempleo; por último, a todas las autoridades se les demanda la omisión de garantizar el derecho fundamental al reconocimiento de la dignidad humana.2

No obstante, el mismo día de su presentación, en un ejercicio expedito y dogmático de “administración de justicia”, el Juez Primero de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el estado de Jalisco tuvo por recibida la solicitud en cuestión, ordenó registrarla bajo el número de expediente 2001/2012 y la desechó de plano. Esto bajo el argumento de que esta demanda era notoriamente improcedente por “advertir que no existía un acto concreto, directo y personal contra el quejoso.” De este desechamiento de plano, vale la pena citar los siguientes argumentos del juzgador:

[…] Lo anterior, conduce al desechamiento de la demanda, pues en el caso, no se advierte la existencia de un acto concreto, directo y personal, necesario a “propósito del juicio de amparo que haga posible establecer el agravio personal y directo infringido al promovente, habida cuenta de que no manifiesta un acto concreto de negativa, pues se basa en apreciaciones personales y subjetivas relacionadas con las vicisitudes que enfrenta con motivo de la situación de calle en la que se encuentra.

“[…] Habida consideración, es insoslayable que el Estado cuenta con diversas instituciones de asistencia social para otorgar atención en forma gratuita, a los diversos grupos vulnerables de la sociedad, verbigracia, en el que se ubica el quejoso, consistente en la prestación de servicios médicos en sus diferentes especialidades, alimentarios, de estancia, albergue, educativos, y otros a los cuales el quejoso está en condiciones de acceder a efecto de que reciba la “atención que requiere, derivada de la situación de calle “en que señala se encuentra.

Ante tales argumentos del juzgador de amparo, se interpuso el recurso de revisión ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el número de expediente 480/2012. El cual, en su sesión del 15 de enero de 2013, determinó revocar el auto recurrido al considerar, sustancialmente, que no existía algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. De esta manera, el Juez Primero de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el estado de Jalisco admitió y dio trámite a la demanda de amparo y, una vez desahogadas las etapas del juicio de garantías, dictó sentencia. Una parte de ésta  sobreseyó en el juicio de amparo y, en otra, negó la protección constitucional solicitada. Contra ese fallo, se interpuso el recurso de revisión, mismo que después varios vaivenes procesales, se radicó en el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Cuernavaca, Morelos. El cual, a su vez, solicitó a la Suprema Corte de Justicia que ejerciera su facultad de atracción para conocer del asunto.

Así, después de tres años de la presentación inicial de la demanda —y con el correspondiente deterioro físico y mental del quejoso-, la Segunda Sala de la Suprema Corte, por unanimidad de cinco votos, decidió ejercer su facultad de atracción. Con lo cual surge una oportunidad histórica e invaluable, para que el máximo tribunal del país siente un precedente paradigmático en la interpretación y aplicación de las normas constitucionales y, de esta manera, garantizar los derechos humanos de Gerardo Martínez alias “Barrabás”.

Manuel Ayala Reyes. Profesor de la maestría en derecho de la Universidad de Guadalajara.

Tadeo Eduardo Hübbe Contreras. Profesor de la maestría en derecho de la Universidad de Guadalajara.

María Agustina Rodríguez Moran. Alumna de la Clínica de derechos humanos y amparo.

Luis Alfonso Gómez Silva. Alumno de la Clínica de derechos humanos y amparo.


1 Pues hay que hacer notar, que en la fecha en que se presentó la demanda de amparo de que se trata, aún no se promulgaba la nueva Ley de Amparo.

2 Todo ello, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 5, 25, 30, 34, 123, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 6, 7, 16, 17, 22, 23, 24, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 3 y 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6, 10, 13 del Protocolo de San Salvador; y 6, 7, 11 y 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

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El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana. De esta manera, El Juego de la Suprema Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos.


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1. México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos1

En este asunto, la Corte mexicana analizó qué medidas deben adoptarse para la recepción y cumplimiento de la decisión tomada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en las sentencias de los casos Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú contra México.

Los ministros discutirían, en una primera parte, el papel de las restricciones constitucionales como elemento para desligar la obligatoriedad de las sentencias de la CoIDH.

La primera votación fue sobre si era obligatoria la sentencia que se estaba analizando, bajo la idea de que México había sido Estado parte.2 Se resolvería que sí. Segunda votación, ¿los precedentes de la CoIDH obligan o no cuando el Estado mexicano no es parte? Se decidió que sí.3

Reiterado esto, que ya había sido motivo de decisión en la contradicción de tesis 293/2011, pasarían a analizar las obligaciones en específico señaladas en las sentencias de la CoIDH.

Primeramente, se analizó cómo debe operar el control de convencionalidad ex officio en un modelo de control difuso de constitucionalidad, para lo cual retomaron, entre otras consideraciones, lo determinado en el caso Radilla Pacheco y en la contradicción de tesis 293/2011.

Se anexaría lo resuelto en la contradicción de tesis 1046/2012,4 resuelta el 16 de abril de 2015, donde se indicó que los órganos que están realizando control concentrado, pueden realizar control difuso, siempre que se trate de las normas procesales con las cuales actúa, no con las normas sustantivas que estén siendo discutidas en el propio proceso.

Igualmente, la decisión de la contradicción de tesis 21/2011, sobre la naturaleza constitucional de una contradicción entre un tratado internacional y una ley secundaria, cuando se trata de violaciones prima facie a derechos humanos.5

Luego se abordó lo relativo a la restricción interpretativa del fuero militar que ha sostenido la CoIDH, donde se dijo que frente a situaciones que vulneran derechos humanos de civiles, bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar, porque cuando los tribunales militares conocen de actos constitutivos de violaciones a derechos humanos en contra de civiles, ejercen jurisdicción no solamente respecto del imputado, el cual necesariamente debe ser una persona con estatus de militar en situación de actividad, sino también sobre la víctima civil, quien tiene derecho en ese sentido a participar en el proceso penal, no sólo para efectos de la respectiva reparación del daño, sino también para hacer efectivos sus derechos a la verdad y a la justicia.6

Se dieron tres decisiones más, que de la lectura de las sesiones resulta un poco oscuro el contenido concreto, debido a ello exponemos las líneas generales de sus contenidos.

Sobre el tema de tortura, la decisión imprime una serie de principios y directrices que deben observar los jueces nacionales, ya federales ya locales, en los casos donde se denuncie y se combatan prácticas inhumanas o degradantes, o bien, en los que se tenga conocimiento de tales violaciones a los derechos humanos.

Otro tema importante aprobado, fue el asegurar el derecho humano de acceso a la tutela jurisdiccional conforme a una impartición de justicia con perspectiva de género, tomando en cuenta la especial situación de vulnerabilidad de las personas indígenas, máxime cuando además se está en el caso de menores de edad, quienes por esa sola circunstancia deben ser sujetos a la mayor protección estatal posible.7

Finalmente, medidas administrativas derivadas de las sentencias en estudio.

2. IFT y reserva de ley8

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) emitió una regulación sobre portabilidad numérica, y el Congreso de la Unión argumentaba que con ello se estaba violentando el principio de reserva de ley, ya que se regulaban cuestiones que no se encontraban previstas de forma expresa en la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión.

Se analizaron varios temas. Primero. ¿Tiene el IFETEL competencia para emitir esa reglamentación? ¿Al IFETEL no le corresponde una facultad reglamentaria? La Corte resolvería que sí tiene competencia, porque que no le corresponde esa facultad reglamentaria. Esto por dos razones.

A. Porque el acuerdo impugnado que establece reglas para la implementación de portabilidad, no está incluido en ningún ámbito material preservado por el principio de reserva de ley.

B. La conclusión de que por regla general no resulta aplicable el principio de reserva de ley a la regulación del IFETEL se basa: 1º. En las razones del constituyente permanente de crear un órgano con poderes de regulación independiente de los entes regulados. 2º. En la línea precedentes que progresivamente habían ampliado las facultades de regulación de la extinta COFETEL, el IFETEL no guarda una relación de subordinación con el legislativo.9

Segundo: ¿El NIP es un requisito adicional para acceder a la portabilidad? Se argumentaba que era suficiente la presentación por parte del usuario del formato de solicitud de portabilidad debidamente requisitado, con lo cual el usuario en un mismo documento y, en un solo momento, tenía la posibilidad de identificarse y expresar su voluntad, colmando así los dos requisitos que la ley pide para solicitar la portación. La inclusión de la validación o confirmación de un NIP por medios distintos, como el mensaje de texto o la llamada telefónica, implicaba un requisito adicional.10

Se resolvería que es justamente a través del NIP que el IFETEL busca validar ambos requisitos legales, mediante un sistema que empodera al usuario para impulsar por sí mismo y sin la presión de los proveedores, todo el proceso de portabilidad.

Se reconoció por la Corte que los requisitos de identificación del usuario y su voluntad, son regulables y justamente el NIP es una forma de regulación de los mismos. El NIP se consideró un mecanismo que no contradice a la ley y que conforma una cuestión regulatoria, permitiendo proteger al usuario para reservarle la libre decisión de impulsar la portabilidad, en una forma automatizada que evite las cargas y costos generados por la validación documental, al igual que introduciendo un principio de orden, que permite al regulador controlar la eficiencia de la portabilidad en los términos del artículo 28 constitucional. Adicionalmente, subrayó la Corte, existe una cláusula habilitante hacia el IFT para: “Promover que se haga a través de medios electrónicos”.

Por último, se analizaron los siguientes temas, definidos todos como regulatorios, por lo cual el IFETEL tenía facultad para desarrollarlos:

1. Cambio de domicilio cuando el usuario no quiere cambiar de número telefónico y conservando al proveedor.

2. Proceso de portabilidad en forma presencial o por medios electrónicos. Específicamente el formato de portabilidad, que utiliza información esencial del usuario y de la línea de teléfono a portar, junto con información normativa sobre derechos del usuario.

3. Posibilidad de que el proveedor receptor se haga de la información del usuario por diversos medios electrónicos.

4. Tratándose de la portabilidad fija el proveedor receptor debe contar con infraestructura para recibir al usuario para que opere en su favor el plazo de las veinticuatro horas.

5. Requisito del NIP, desde la perspectiva de la obligación de los proveedores de habilitar gratuitamente el código 051

3. Diseño federal. Extinción de Dominio11

El Estado de Coahuila había establecido en su legislación la procedencia de la acción de extinción de dominio, para el caso del delito de facilitación delictiva. Dos preguntas giraron en torno a este caso: ¿pueden los Estados legislar sobre extinción de dominio?, ¿cuáles son los delitos con los que se puede asociar esta figura?

El primer tema que analizó la Corte fue si las entidades federativas podían legislar sobre extinción de dominio.12 La discusión residió en la extensión de la concepción de la delincuencia organizada, por la relación que guardan estas dos figuras en la Constitución la cual necesitaba definirse. Para lo anterior debían analizarse dos caminos.

Primero, considerar a la delincuencia organizada en sentido amplio, que significaría abarcar a la extinción de dominio, lo que haría a ésta una materia reservada al Congreso de la Unión, quien es el único que puede legislar sobre  delincuencia organizada.

Segundo, una concepción restringida al delito de delincuencia organizada, que si bien es facultad del Congreso de la Unión, la Constitución no da indicativo alguno sobre reserva de ley en el tema de extinción de dominio, y al indicarse en la propia Constitución13 que aquello que no está reservado a la federación le corresponde a los Estados, entonces estos últimos, si podrían legislar sobre ello.

Esta segunda concepción fue la adoptada por la Corte, por lo que Coahuila —y los demás Estados de la República— sí tenía facultad para legislar sobre ella, a excepción de su relación con el delito de delincuencia organizada.

El segundo tema fue en específico, la liga de procedencia que se había generado entre la acción de extinción de dominio y el delito de facilitación delictiva.14 Definida la facultad de los Estados para legislar, ¿era posible que se ligara a esta figura con el delito indicado arriba?

La Corte resolvería que la Constitución15 establece una descripción taxativa sobre los delitos en relación de los cuales procede la extinción de dominio –delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas-, en el presente caso, no se trataba de ninguno de estos delitos, por lo que la legislación de Coahuila debía ser considerada inconstitucional.16

4. Fiscal. Derechos

¿Se debe pagar una contraprestación por actividades de supervisión y vigilancia estatales?17 Se estaba analizando la constitucionalidad del pago anual que se debe hacer por la inspección y vigilancia que lleva a cabo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a las entidades auxiliares de crédito —como los centros cambiarios, transmisores de dinero o sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas— a fin de prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que se considera una función preventiva de interés público, enfocada en la identificación de los delitos relacionados con terrorismo, terrorismo internacional y lavado de dinero.

El proyecto argumentaba que las entidades auxiliares se consideran como las beneficiarias inmediatas de estos servicios, porque en la medida en que se constate el cumplimiento de las disposiciones legales, podrían seguir contando con su registro para llevar a cabo las transacciones financieras que tienen autorizadas, lo cual justificaba el pago del derecho.

Sin embargo, se resolvería que a pesar de que la supervisión es un servicio público que genera beneficio a la sociedad en general, no se puede afirmar que reciba un beneficio quien efectivamente va a ser supervisado y vigilado, y que por esa razón se tenga que pagar el servicio. En ese sentido, la Corte consideraría el pago inconstitucional.

5. Derecho de acceso a la información. Derecho a la defensa18

El presente asunto se encontraba enmarcado en un juicio de amparo, donde la autoridad ha rendido su informe justificado, pero calificado alguno de los documentos en él como clasificados o reservados.

Entonces surge la pregunta, ¿a efecto de la defensa de la persona, dada esta importante serie de documentos exhibidos por la autoridad y que pueden afectar el futuro de la decisión del juez, el ciudadano debe o no tener acceso a esos documentos calificados como reservados?

Dicho de otra manera, ¿el juez puede autorizar, en algunos casos, que las partes tengan acceso a la información, no obstante haber sido calificada como confidencial o reservada?

Dentro de las primeras cosas que tuvo presente la Corte para resolver es que la revisión de la constitucionalidad de la calificación de reserva o confidencialidad de una información, es facultad del órgano garante indicado en la Constitución no los jueces, por lo que decidir sobre lo anterior debía no afectar este diseño constitucional e invadir facultades de otras autoridades.

Sin embargo, en el caso concreto, como dijimos arriba, se trata de documentos exhibidos mediante informe justificado, por parte de la autoridad responsable dentro de un juicio de amparo y, por tanto, están en juego derechos importantes como el de prueba como presupuesto del debido proceso, por lo que, como expuso la Corte, se tenía que analizar y resolver de tal manera, que no se deje en esta de indefensión a la persona afectada.

Por tal motivo, la Corte decidiría que el juez de distrito, bajo su responsabilidad, puede excepcionalmente permitir el acceso a la información esencial contenida en esos documentos, a fin de que se tenga conocimiento y se pueda hacer valer lo que derecho convenga; para lo cual, en cada caso, debe realizar la prueba del daño e interés público para tomar su decisión y que la información reservada o confidencial, que se decida pueda ser conocida por las partes —información que se considerará para todos los efectos como información reservada en posición de particulares— pueda ser usada para su defensa, pero mantenida bajo estricta confidencialidad.

6. Procedencia del amparo indirecto19

El objetivo del presente asunto era determinar si procede y en qué momento, el amparo indirecto20 en contra de los actos de autoridad en los que se determine declinar o inhibir la competencia.

Se resolvería que dicho juicio procedería en el momento en que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta o cuando el órgano requerido se inhibe del conocimiento de un asunto, ya que ambos son el momento cuando se afectaría personal y directamente la esfera de derechos del interesado. En resumen, ambos casos importan la definitividad de la decisión y el acto de autoridad.

Víctor Manuel Collí Ek. Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche y responsable del proyecto de investigación: “La vigencia de la Constitución en la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional” 154998, CONACYT-SEP, del cual el presente estudio es un producto. www.victorcolliek.com  Agradezco los acertados comentarios recibidos por parte de mis compañeros del Grupo de Investigación “Derechos Humanos y Problemas Constitucionales”, radicado en la UAC.


1 Expediente varios 1396/2011. Ponente Min. Alberto Pérez Dayán. Sesionado los días 21, 23 y 27 de abril y 11 de mayo de 2015.

2 Unanimidad de 11, votos, sesión del 21 de abril de 2015, p. 38.

3 Mayoría de 8 votos, sesión del 21 de abril de 2015, p. 41.

4 Para una explicación un poco más extensa consultar numeral 5 aquí.

5 Unanimidad de votos sobre la propuesta modificada, sesión del 23 de abril de 2015, p. 18. Una explicación más profunda del nuevo sistema de control constitucional y convencional, la encontramos aquí.

6 Mayoría de 9 votos, sesión del 23 de abril de 2015, p. 54. Ya que se discutía sobre si incluir en el considerando una revisión de la regularidad constitucional del texto vigente del artículo 57 fracción II del Código de Justicia Militar, no prosperó. (Seis votos, sesión del 23 de abril de 2015, p. 54)

7 Resulta interesante la intervención de la Min. Olga Sánchez Cordero en la sesión del 11 de mayo, especialmente las páginas 10-12.

8 Controversia Constitucional 117/2014. Ponente Min. Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena. Sesionada los días 30 de abril y 7 de mayo de 2015.

9 Unanimidad, p. 32, del 7 de mayo de 2015.

10 Esta y las argumentaciones que suceden. Unanimidad de votos, sesión del 7 de mayo de 2015, p. 69.

11 Acción de Inconstitucionalidad 33/2013, sesionada el día 12 de mayo de 2015. Ponente Min. Jorge Mario Pardo Rebolledo.

12 Sesión del 12 de mayo, p. 12. Seis votos a favor de la propuesta.

13 Artículo 124.

14 “los que están vigilando e informando sobre el movimiento de personas o de corporaciones de seguridad pública en cualquiera de los tres órdenes de gobierno”

15 Artículo 22.

16 Sesión del 12 de mayo de 2015, p. 20, nueve votos por la propuesta modificada.

17 Contradicción de Tesis 96/2014, ponente Min. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Sesión del 19 de mayo de 2015, p. 53, mayoría de seis votos en contra de la propuesta.

18 Contradicción de Tesis 121/2014, ponente Min. José Fernando Franco González Salas, sesionada el día 26 de mayo de 2015. Unanimidad de 11 votos a favor de la propuesta modificada, p. 62.

19 Contradicción de Tesis 293/2014. Ponente Min. José Fernando Franco González Salas. Sesionada el día 28 de mayo de 2015. Mayoría de 8 votos a favor de la propuesta modificada.

20 Artículo 107, fracción VIII de la Ley de Amparo vigente. En el intermedio se daría una discusión interesante sobre la posible inconstitucionalidad de la norma jurídica en específico, por exceder las hipótesis consideradas en la CPEUM. Sin embargo, fue una discusión dejada de lado.

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Durante las sesiones públicas de los días 6, 10 y 11 de agosto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia se presentó, discutió y decidió la acción de inconstitucionalidad 8/2014 presentada por la Comisión de Derechos Humanos del estado de Campeche en contra del artículo 19 de la ley que regula la sociedades civiles de convivencia en ese estado. Nos interesa en este espacio comentar la decisión adoptada por el tribunal.

construccion

Es necesario puntualizar primeramente que la sociedad civil de convivencia es una figura jurídica a través de la cual se establece «un domicilio común, con voluntad de permanencia y de ayuda mutua, para organizar [una] vida en común», y cuyo contrato constitutivo puede ser celebrado tanto por personas del mismo como de diferente sexo.1

El problema de inconstitucionalidad alegado por la Comisión de Campeche radicaba en que las personas que celebrasen este contrato de sociedad estaban impedidas legalmente para adoptar individual o conjuntamente, así como para compartir o encomendarse la patria potestad o guardia y custodia de sus hijos y/o hijas.2

Finalmente, con 9 votos a favor (de 103), quienes integran el Pleno de la Corte determinaron que tal prohibición es inconstitucional. La mayoría (6 votos4) consideraron que había un problema de discriminación contra las parejas de personas del mismo sexo; la minoría  de la mayoria (3 votos5) sostuvieron que el problema era de discriminación general, ocasionada tanto a parejas del mismo como de diferente sexo; en fin, únicamente el ministro Medina-Mora votó por la constitucionalidad de la disposición impugnada.

Ante tal escenario, prácticamente se presentó el disenso por las razones, habiendo llegado a un consenso sobre la inconstitucionalidad. Pretendemos por ello comentar las razones por las cuales ambos alegatos de la mayoría debieron tomarse como argumentos complementarios y no como excluyentes el uno del otro, como al final pareciere ser que se consideró.

El primer argumento a tomar en cuenta, y que fue utilizado por la minoría de la mayoria, es el que sostiene que el vicio de inconstitucionalidad se da por «discriminación general»,5 que es tal porque no únicamente afecta a las parejas formadas por personas del mismo sexo que celebran la sociedad de convivencia, sino a cualquier pareja bajo ese esquema, más allá de su conformación o de su orientación sexual.

En esta perspectiva, se acepta que las parejas homosexuales resultan discriminadas por la prohibición de adoptar o de compartir derechos de filiación, pero el motivo de la discriminación no vendría a ser su orientación o preferencia sexual, sino el simple hecho de estar unidas como compañeras convivientes; así, también las parejas heterosexuales son discriminadas, pues por la misma razón tienen igualmente vedada la posibilidad de solicitar adopción de personas.

Esta visión, por sí sola, no le hace justicia a la discriminación «sutil» sufrida por las personas homosexuales, y de algún modo la invisibiliza. No obstante, señalar únicamente esta forma de discriminación puede significar el desconocer que hay otras personas cuyos derechos son igualmente lesionados, en este caso los de las personas heterosexuales que no quieren optar por el matrimonio ni por el concubinato y; sin embargo, reclaman su derecho a formar una familia.

Es decir, muy posiblemente la medida prohibitiva del Congreso de Campeche tenía la intención primordial de que las parejas formadas por personas del mismo sexo no pudieren acceder a la adopción ni compartir o encomendar derechos de filiación; ahí es donde entra la discriminación por razón de orientación sexual. No obstante, el resultado de la medida fue menoscabar también los derechos de las parejas heterosexuales convivientes, y ahí es donde hablar de discriminación por orientación sexual es insuficiente.

Así, la sanción de invalidez de la disposición normativa no se daría únicamente por la intención de exclusión, sino por el resultado discriminador causado.

Ahora bien, el segundo alegato a considerar, y que resultó ser la razón fundamental por la cual la mayoría avaló la inconstitucionalidad de la norma, parte de reconocer plenamente la existencia de una categoría sospechosa, es decir, de un motivo de diferenciación legal que requiere ser cautelosamente examinado por el órgano judicial para no redundar en discriminación,7 tratándose en este caso de la orientación sexual de las personas, protegida por artículo 1º, párrafo 5 constitucional.

Si bien bajo el razonamiento de la discriminación general es cierto que tanto las parejas de personas del mismo sexo como las de diferente sexo unidas como compañeras convivientes están impedidas para adoptar, no se pueden dejar de advertir elementos de relevancia en la discusión: los impedimentos de hecho y de derecho que las parejas de personas del mismo sexo enfrentan al momento de tratar de hacer efectivos sus derechos.

Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en esa línea, al establecer que «los países se deben abstener de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de facto, pues los Estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas».8

En esta tesitura, analizando sistemáticamente el asunto, la discriminación hacia las parejas homosexuales que pretenden adoptar en Campeche va más allá de la figura de sociedad de convivencia, pues a diferencia de las parejas heterosexuales, que pueden acudir al matrimonio o al concubinato para adoptar, aquellas sólo tendrían la vía de sociedades civiles.

Lo anterior evidentemente constituye una exclusión indebida, es decir, discriminación indirecta, porque a pesar de que se trata de una prohibición aparentemente neutral, dado que incluye a los dos tipos de parejas, en realidad tiene una especial incidencia en los derechos de las personas homosexuales.

Negar tajantemente que no se estaba aquí en presencia de discriminación, ya sea directa o indirecta, por razón de orientación sexual, equivaldría a invisibilizar una de las problemáticas de hecho y de derecho que las parejas homosexuales enfrentan a lo largo del país de manera recurrente: la negación del reconocimiento y disfrute pleno de (todos) sus derechos.

Una vez que se ha visto el valor que ambas posiciones tienen –una proteger un mayor rango de personas lesionadas en sus derechos, la otra enfatizar la particular vulneración sufrida por uno de los grupos históricamente discriminados-, podemos pensar que más que dos posturas divergentes y antagónicas se trata de dos posturas complementarias.

En tal sentido, quienes integran el Tribunal Pleno, una vez cerciorándose de la inconstitucionalidad de la disposición prohibitiva, pudieron haber construido un mejor estándar de protección conjugando ambos argumentos: las sociedades de convivencia, en la medida en que impiden acceder al proceso de adopción a los convivientes, son inconstitucionales. Y, de manera particular, la negación del derecho de adopción no puede ser fundamentada en la orientación sexual de los convivientes.

Encontrar la mayor —argumento de discriminación general— y la mejor —argumento de discriminación indirecta— protección de las personas es un mandato constitucional que debe guiar la toma de decisiones por parte de cualquier órgano del Estado, incluida, por supuesto, la Suprema Corte.

Juan Jesús Góngora Maas. Estudiante de la maestría en Protección Constitucional y en el Sistema Interamericano de los Derechos Fundamentales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Gerardo Mata Quintero. Estudiante de la Maestría en Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Twitter: @Geraius


1 Ley Reguladora de Sociedades Civiles de Convivencia del estado de Campeche. Art. 1.

2 Ídem. Art. 19.

3 Margarita Luna Ramos estuvo ausente de las sesiones.

4 De la ministra Sánchez Cordero y de los Ministros Gutiérrez, Zaldívar, Aguilar, Silva, y Pérez.

5 De los ministros Cossío Díaz, González Salas y Pardo Rebolledo.

6 Así lo denominó el ministro Cossío Díaz durante la discusión del día 11.

7 Véase, entre otros, el amparo en revisión 581/2012 resuelto por la Primera Sala el 5 de diciembre de 2012.

8 Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C no. 239; §80.

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El pasado jueves 6 de agosto inició la discusión en el Pleno de la Suprema Corte sobre la constitucionalidad del artículo 19 de la Ley de Sociedades de Convivencia del estado de Campeche.1 Este artículo, impugnado por la Comisión de los Derechos Humanos del ese estado, prohibía la adopción conjunta para las parejas unidas bajo esta figura e impedía compartir la patria potestad de los hijos. El proyecto estuvo a cargo de la ministra Luna quien salió de encargo esta semana, por lo que a partir del lunes la ponencia estuvo a cargo del ministro Cossío.

familia

El proyecto propuso invalidar la norma por considerarla discriminatoria, la propuesta obtuvo 9 votos favorables y uno en contra del ministro Medina Mora. Sin embargo, las razones que les llevaron a resolver la invalidez de la norma fueron muy diversos y son los que quisiera discutir aquí:

El proyecto original proponía invalidar la norma por establecer una distinción (prohibición general) injustificada pues las personas que celebran un contrato de convivencia se enfrentan a un trato diferente de aquéllas que no lo han hecho y porque tal prohibición es violatoria de los derechos humanos a la no discriminación y a la protección y desarrollo de la familia. El proyecto concluía que “pensar que la Constitución exige excluir del régimen legal que discipline el régimen de adopción a una categoría entera de personas implica caer en un razonamiento prohibido constitucionalmente [pues] en el caso de la adopción, lo que exige el principio del interés superior del menor es que la legislación aplicable permita delimitar el universo de posibles adoptantes, sobre la base de que ofrezcan las condiciones necesarias para el cuidado y desarrollo del menor, claramente establecidas en ley, para que, de esta forma, la autoridad aplicadora evalúe y decida respecto de la que represente su mejor opción de vida.”

En el Pleno, los días 10 y 11 se discutieron las razones por las que 9 de los 10 ministros presentes estarían en contra de la constitucionalidad de la medida, debido a que el lunes la discusión se dispersó en diversas consideraciones; el ministro Cossío elaboró un “guión” que contenía una nueva propuesta y fue este el que se discutió el día martes.

Los argumentos de los ministros básicamente fueron tres:

1) Derecho a fundar una familia

El argumento fuerte del proyecto fue precisamente que la norma establecía un trato diferente arbitrario para las personas que se unen bajo la figura de sociedades de convivencia al prohibirles adoptar de manera conjunta y que eso violaba su derecho a fundar una familia. Asimismo, sostuvieron en la línea argumentativa de la acción de inconstitucionalidad 2/2010 que la Constitución protege todos los tipos de familia al ser éste un concepto sociológico y que por tanto está vedada la discriminación de familias que no se ajusten a un modelo específico.

2) Interés superior del niño

La adopción debe atender a la idoneidad del adoptante y al interés superior del menor y no puede ex ante descartarse a ciertas personas por la unión civil en que se encuentran o su orientación sexual. Esta fue también una reiteración mutatis mutandis de los criterios aplicados al caso del matrimonio en el D.F.

3) Principio de igualdad y no discriminación

En este punto fue donde se presentó la discrepancia entre los ministros, el ministro Cossío, como ponente, descartó que se tratara de un problema de discriminación pues en su opinión se trata de una violación al derecho a fundar o constituir una familia pues el legislador lo limita sin una justificación razonable y esto no está relacionado con ninguna categoría sospechosa sino con el principio de igualdad respecto del ejercicio del derecho a la familia. Es decir, el ejercicio a realizar se limita a un análisis de razonabilidad de la medida.

Por otro lado, los demás ministros se refirieron a la discriminación por categorías sospechosas, encontrando que la distinción con respecto a otras uniones estaba basada en el estado civil de los convivientes (además de que cinco ministros reconocieron la discriminación implícita por orientación sexual). Reconocer que se trata de una violación al artículo 1° y que por ende, se da un trato diferente por alguna de las categorías sospechosas enumeradas en el último párrafo de ese artículo implica que para analizar la constitucionalidad de la medida se debe correr un test de escrutinio estricto.

a) Discriminación por estado civil

Al final este fue el argumento que prevaleció. Los ministros se decantaron porque la norma impugnada lastima el derecho a formar una familia de las personas por el tipo de unión que eligieron, se refirieron a la vulneración de su derecho a solicitar la adopción conjunta de menores debido a la institución que habían elegido (la sociedad de convivencia). El ministro Pardo explicó que “el tema de desigualdad que conduce necesariamente a un trato discriminatorio, se da en función del tipo de convivencia que se da en estas sociedades… [y] las leyes no deben prever un tipo ideal de familia.” Fundamentalmente, el voto de los ministros en esta cuestión se basó en la idea de que el legislador arbitrariamente estableció una diferencia para todas las parejas (respecto del derecho a adoptar) basada en el tipo de unión civil que habían elegido y eso, concluyeron, es contrario al principio de igualdad y al derecho a fundar una familia pues estaría, de manera implícita, estableciendo tipos ideales, lo cual está vedado por nuestra Constitución.

b) Discriminación por orientación sexual

El argumento del ministro Zaldívar giró en torno a esta cuestión pues a su modo de ver, el punto toral de la inconstitucionalidad se encuentra en la discriminación de las parejas del mismo sexo ya que de no ser por su exclusión de la institución matrimonial, no habría inconstitucionalidad en la figura al no encontrar un límite constitucional para la facultad de legislador. En su opinión, el sistema del estado de Campeche, al no permitir que las parejas del mismo sexo accedan al matrimonio, las discrimina y les da un trato diferente al prohibirles adoptar, pues son a éstas a quienes finalmente se afecta, ya que las parejas heterosexuales pueden acceder al matrimonio o al concubinato para conformar sus familias y decidir qué tipo de figura prefieren. Es decir, el ministro encuentra una discriminación implícita a las parejas del mismo sexo por cuanto que no tienen otra alternativa para formalizar legalmente sus relaciones familiares. Y derivado de ello, es que se lastima su derecho a fundar una familia.

La construcción de su argumento gira en torno a la discriminación implícita que lleva el sistema al impedir a las parejas del mismo sexo unirse en matrimonio o en concubinato. Si el Estado de Campeche permitiera a las parejas del  mismo sexo contraer matrimonio, la prohibición no sería inconstitucional, toda vez que el legislador puede diseñar distintas instituciones con distintos derechos, siempre y cuando no hubiera discriminación para ingresar a ellas y ello, en su opinión no atenta al principio de igualdad para el ejercicio del derecho a la familia, toda vez que las personas pueden elegir entre las tres figuras.

Los ministros Gutiérrez, Pardo, Silva, Sánchez Cordero y Aguilar compartieron la postura de que la medida implica una discriminación implícita por orientación sexual. Pienso que este argumento podría ser complementado con el concepto de discriminación por estigmatización que la Primera Sala de la Corte ha desarrollado. En la votación, los ministros se pronunciaron de la siguiente forma: 9 a favor del proyecto. 9 a favor de la vulneración al derecho a fundar una familia y del interés superior del niño. 8 a favor de la discriminación y 9 a favor de la inconstitucionalidad del precepto.

La sentencia final quedó a cargo del ministro Gutiérrez pues, por un lado, la ministra Luna quien fuera la ponente estuvo ausente de la discusión, encargando el proyecto al ministro Cossío, quien con su propuesta no convenció a la mayoría fundamentalmente en el tema de discriminación.

Es muy relevante aclarar tres cosas:

1. La decisión afecta únicamente al estado de Campeche, es decir, los estados en donde existen figuras similares a las sociedades de convivencia (como lo son Coahuila, Chihuahua, Jalisco, el D.F. o Quintana Roo) no se verán afectados directamente por la determinación. Si bien se trata de un criterio, la decisión fue invalidar la norma campechana, nada más.

2. La decisión no trató sobre la constitucionalidad in genere de la prohibición de adoptar para las parejas del mismo sexo. La consulta trató sobre el artículo 19 de la Ley de Sociedades de Convivencia del Estado de Campeche, no más no menos. Si bien el Pleno trató la cuestión, y en específico el ministro Zaldívar fue muy insistente con la discriminación implícita que conlleva la prohibición para las parejas del mismo sexo, la Corte no analizó ese problema frontalmente.

3. Los efectos de la decisión son invalidar totalmente el artículo 19 de la Ley de Sociedades de Convivencia. Nada más.

Lo anterior quiere decir que, tenemos un criterio del Pleno sobre la prohibición para adoptar para las parejas del mismo sexo derivado de las discusiones. Pero no una decisión obligatoria y firme, al menos no hasta que se haga pública la sentencia final.

Nota aclaratoria sobre la votación: de los 8 ministros que encontraron que una de las razones para invalidar la norma era la discriminación, 5 consideraron que ésta se daba por razón de la orientación sexual, pues la norma pretendía excluir a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de adoptar un hijo. Por lo que, al ser la mayoría dentro de la mayoría (5 de 8), es éste el criterio que prevalece y no, como pudiera entenderse en este post que lo es el criterio de discriminación en general.

Geraldina González de la Vega. Constitucionalista y ensayista. LLM Düsseldorf. Twitter: @geraldinasplace


1 Artículo 19.- Los convivientes no podrán realizar adopciones en forma conjunta o individual. No podrán compartir o encomendar la patria potestad o guardia y custodia de los hijos menores del otro. Es nulo de pleno derecho cualquier pacto que contravenga esta disposición.

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El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Suprema Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos. En esta edición se presentan los asuntos conocidos en el período enero-febrero 2015.

1. Derechos del debido proceso[1]

¿Afecta el derecho al debido proceso y otros derechos constitucionales, que un juez de amparo niegue a una persona información clasificada por la autoridad responsable como reservada o que requiere a las propias responsables para que sea presentada?

La Corte resolvería afirmativamente y, en ese sentido, las personas podrían interponer un recurso de queja contra la decisión del juez. Entendido en sentido contrario, se podría presentar un daño grave y trascendental, debido a que dichos documentos podrían impactar en el sentido de la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo, por lo que negar el acceso al quejoso se le dejaría en estado de indefensión, no permitiéndosele acciones como la ampliación de su demanda o bien rebatir lo sentado en tales documentos. De igual forma, por lo que hace al requerimiento a las responsables, la naturaleza propia de la información, clasificada como reservada, justificaría que por un recurso de queja se analice la posibilidad de exhibir dicha información en un juicio de amparo.

2. Derecho de audiencia[2]

¿En qué momento debe darse vista al quejoso cuando el órgano colegiado advierte una causal de improcedencia diferente a la advertida por el Juzgado de Distrito? Respondería la Corte, el asunto debe quedar en lista y ahí, darle vista al quejoso, para proceder en los términos respectivos y posteriormente retomar el asunto, analizando los argumentos expuestos.

3. ¿Procede el juicio de amparo contra actos del Consejo de la Judicatura Federal?[3]

En este caso se analizaba el tema del régimen laboral del Poder Judicial Federal, a través del la posibilidad de revisar una decisión del Consejo de la judicatura Federal, sobre un conflicto de naturaleza laboral con una de sus empleadas. El problema se planteaba en dos niveles.

Primero. La ley de amparo señala que las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal son inatacables, por lo que se solicitaba el análisis de constitucionalidad de esta disposición.

Segundo. El análisis de constitucionalidad tenía que pasar por definir, qué lectura se debía de hacer al texto fundamental en esta materia.

derechosLa Corte aceptaría, retomando el concepto de restricción constitucional, la hipótesis de improcedencia constitucional, en ese sentido las decisiones del CJF son inatacables, cuando estén referidas al ejercicio de las facultades que le fueron conferidas –administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación- y aquellas vinculadas con los conflictos de trabajo entre el Poder Judicial de la Federación y sus trabajadores, emitidas funcionando en Pleno o en Comisiones. Igualmente, abona en la interpretación a la hipótesis cuando el CFJ actúe como particular en una relación de coordinación –y no de supra-subordinación- donde igual será improcedente el juicio de amparo, por existir el procedimiento ordinario previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

4. Derechos laborales y factores de producción[4]

Este asunto tiene su origen en la modificación de un contrato colectivo de trabajo –disminuyendo los derechos de los trabajadores- determinada por una Junta de Conciliación y Arbitraje, bajo el argumento de que se acreditaba la necesidad de la medida, en razón de la difícil situación económica de la empresa.

Sobre ello, el Sindicato de Trabajadores solicitó que el laudo fuera declarado improcedente. La Corte declaró procedente el amparo.

El ponente en su exposición señalaría la importancia de este asunto en los siguientes términos: “El proceso de resolución que hemos seguido en este asunto responde claramente al interés de salvaguardar, primordialmente, los derechos constitucionales establecidos para los trabajadores dentro del equilibrio de los factores de la producción, pero sin desconocer que las condiciones económicas generales del país y, en particular, de una determinada industria, pueden afectar a las empresas, al grado de hacer imposible su operación y poner en riesgo lo más importante de la relación laboral que, es la fuente de trabajo.”

Ahora bien, el tema central lo pondría la Corte en definir bajo qué estándar se determinaría la necesidad de la modificación del contrato, y ello pasaba por responder lo siguientes: ¿Por qué los derechos de los trabajadores tienen que disminuirse? Y ¿por qué en esa forma determinada por la Junta de Conciliación?

Al definir la Junta la disminución de las prestaciones de los trabajadores, diría la Corte, más allá de significar que la empresa se encontraba en una situación económica apremiante –lo cual era insuficiente- debió de fundar y motivar cómo esto significaría un elemento que garantizara la subsistencia de la empresa, pero no lo hizo así.

5. Discapacidad y discriminación[5]

La legislación de Baja California, definía los Centros de Desarrollo Infantil como: “el establecimiento donde se brinda cuidado temporal, alimentación y que en su caso brinden educación inicial, a menores en edad lactante, maternal, preescolar y menores con discapacidad no dependientes, cualquiera que sea su denominación”. En ese sentido se debía analizar si la especificidad de “menores con discapacidad no dependientes” estaba creando una discriminación hacia otro tipo de discapacidad.

Diría la ministra ponente, no hay necesidad de la distinción, ni razonabilidad porque las desventajas resultan de mayor gravedad que las hipotéticas ventajas de aceptar la validez de la norma.

En los Sistemas Universal e Interamericano de Derechos Humanos, no se ha distinguido entre tipos de discapacidad, aceptar tal diferencia, sería contrario a los mismos y al principio pro persona reconocido en el sistema constitucional mexicano

Es importante indicar de que en los efectos de la declaratoria de invalidez, se le dio al Congreso de Baja California, hasta el siguiente periodo de sesiones para legislar sobre ello.

6. Sistema penitenciario[6]

El objetivo de este asunto, era tratar de definir y dar contenido, al principio de reinserción social establecido en la Constitución, originalmente el proyecto era un poco más ambicioso, pero conforme se fueron dando las votaciones, se fueron restringiendo lo temas analizados y resueltos, para quedar considerados aquí, los de manera más claramente definidos.

¿La participación de la víctima en la audiencia de beneficios ante el juez de ejecución es congruente con el principio de reinserción social?[7]

Es constitucional, pero la Corte no avaló el argumento propuesto por la ministra ponente, sobre la coherencia con el principio de reinserción social.

De igual manera se aprobaría que no hay ninguna vulneración, porque en delitos graves, a personas que han sido condenadas con una sanción, dada la gravedad de los mismos, la propia ley establezca que no tienen derecho a los beneficios de preliberación –tratamiento preliberacional y libertad preparatoria-[8].

La Corte declararía válido que: “La Autoridad Ejecutora podrá suprimir el libre acceso a un derecho o prerrogativa de los sentenciados en los Centros Penitenciarios cuando su ejercicio tenga fines ilícitos”[9]

Refrendando decisiones de este tipo tomadas en la Sala –no gozar de algún beneficio, por la comisión de determinados delitos-, declararía que la improcedencia de los beneficios de tratamiento preliberacional y libertad preparatoria, cuando se trata de delitos considerados como graves -lo cual se da de manera independiente de los tratamientos técnicos o de los estudios que se practiquen- es una medida constitucional, donde no se impide la reinserción social ya que cualquier otra medida puede ser aplicada.

¿Qué se deberá considerar para la ubicación de los sentenciados en los centros penitenciarios?

Diría la Corte, al no lograr la votación necesaria para declarar inconstitucional la última parte del artículo respectivo: “la mayor información posible sobre cada uno de ellos a través de datos documentales, entrevistas y observación directa de su comportamiento; información que complementará a los estudios técnicos”[10].

Medidas disciplinarias: ¿Cuál es su naturaleza? ¿Se requiere que sea el juez de ejecución de sanciones penales quien las imponga al sentenciado o es posible que lo haga la autoridad administrativa?[11]

El problema radicaba en definir si las medidas disciplinarias como amonestación, exclusión temporal de ciertas diversiones, suspensión de visitas familiares, aislamiento por no más de 30 días, resultaban al final de cuentas en una modificación de la pena, porque de ser así, debían ser tomadas por una autoridad judicial y no administrativa.

Se entenderían estas medidas como actos de molestia y no de privación, pues su contenido supondría una afectación en la esfera jurídica del sentenciado; sin embargo, dicha afectación en los derechos de éste sería temporal y preventiva, y tendría como finalidad conservar el orden y el respeto al interior del Centro en el que el sentenciado se encontrare ejecutando su pena.

Acorde con lo anterior, se definiría que tales medidas pueden ser impuestas por una autoridad administrativa, como el caso del Consejo Técnico propuesto por la ley en análisis; no obstante, reconoció que se debe respetar y satisfacer ciertos requisitos acordes con el objetivo de las medidas.

¿La incorporación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal al Comité de Visita General previsto en la ley impugnada, supone una violación a la autonomía de esta Comisión?[12]

No, aquello no supone una limitación en su actuar, conserva su libertad y autonomía, ya que se considera las funciones encomendadas se encuentran dentro de las que constitucionalmente desempeña, de defensores de derechos humanos, en este caso en el régimen de reinserción social.

¿El requisito de cubrir el costo del dispositivo de monitoreo electrónico, que permite gozar del beneficio de reclusión domiciliaria, supone una violación al derecho a la igualdad y a la no discriminación de los sentenciados?

El proyecto propondría que es una acción afirmativa necesaria que impide privar a una persona de un beneficio legal y el establecimiento de obstáculos para el logro de los fines del principio de readaptación social, pero el argumento fue desestimado[13].

7. Acceso a la justicia. Acciones afirmativas. Núcleos ejidales[14]

En este asunto se analizaba el problema de los plazos para la interposición de una demanda de amparo en relación con los núcleos ejidales o comunales de población. El punto en análisis era que la ley de amparo anterior -aunque como diría uno de los ponentes, la hipótesis se trasladó a la ley vigente- no determinaba un plazo y con esto, diría el promotor del juicio de amparo en análisis, se podría estar generando un trato discriminatorio y violentaba las formalidades del procedimiento.

Se resolvería que esta decisión de la falta de plazo, se traducía en una acción afirmativa o positiva, que se había dado por el contexto histórico de vulnerabilidad de los ejidos, lo que se traducía en una medida proporcional.

Señalaría la Corte: “entraña una norma que establece un tratamiento diferenciado, en tanto prevé de manera excepcional y acotada para los núcleos de población, sujetos al régimen ejidal o comunal, que puedan promover el juicio de amparo en cualquier tiempo; y constituye una medida temporal de discriminación positiva, que fue creada al haberse reconocido todo un contexto de circunstancias generadoras de un estado de desigualdad material entre tales entes tutelados”.

Víctor Manuel Collí Ek. Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche y responsable del proyecto de investigación: “La vigencia de la Constitución en la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional” 154998, CONACYT-SEP, del cual el presente estudio es un producto. www.victorcolliek.com

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[1] Contradicción de Tesis 157/2014. Sesionada el día 20 de enero de 2015. Ponente Min. Jorge Mario Pardo Rebolledo. Votación favorable, p. 40.

[2] Contradicción de Tesis 325/2014. Sesionada el día 22 de enero de 2015. Ponente Min. Olga Sánchez Cordero. Votación económica unánime, p. 71.

[3] Amparo Directo en Revisión 1312/2014. Sesionado el día 27 de enero de 2015. Ponente. Min. José Fernando Franco González Salas. Engrose consultable aquí.  

[4] Amparo directo 4/2009. Sesionado el 28 de septiembre de 2009, 18 de febrero de 2010, 17, 19 y 23 de agosto de 2010 –todas las anteriores fue ponente el Min. Cossío Díaz-, el 29 de enero de 2015. Ponente Min. Alberto Pérez Dayán. Mayoría de 8 votos por la concesión del Amparo. Consultable aquí.

[5] Acción de Inconstitucionalidad 86/2009. Ponente Min. Olga Sánchez Cordero. Sesionada el 7 de noviembre de 2013; 3, 5, 9 y 10 de febrero de 2015. Ley de Salud Pública para el Estado de Baja California –reformas 13 de noviembre de 2009-; CPEUM; Convención de los Derechos del Niño y Convención Americana de Derechos Humanos.

[6] Acción de Inconstitucionalidad 16/2011 y su acumulada 18/2011. Ponente Min. Olga Sánchez Cordero. 10, 12, 16, 17 y 19 de febrero de 2015. Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal. CPEUM. Convención Americana de Derechos Humanos.

[7] Sesión de 19 de febrero de 2015, pág. 12. Unanimidad por el proyecto modificado.

[8] Sesión del 17 de febrero de 2015, p. 15. 7 votos en contra de la propuesta.

[9] Sesión del 17 de febrero de 2015, p. 23, 7 votos en contra de la propuesta.

[10] Sesión del 17 de febrero de 2015, p. 33. Se votarían dos propuestas que pretendían declarar inconstitucionalidad: Primera, sobre “y observación directa de su comportamiento”, 8 votos en contra de la propuesta. Segunda, “información que complementará a los estudios técnicos”, 6 votos en contra de la propuesta.

[11] Sesión del 19 de febrero de 2012, pág. 28. 8 votos a favor de la propuesta modificada.

[12] Sesión del 19 de febrero de 2015, pág. 46. 8 votos a favor de la propuesta modificada

[13] Sesión del 19 de febrero de 2015, pág. 65. 6 votos a favor de la propuesta del proyecto, por lo que es desestimada y se declaró válido el artículo.

[14] Amparo directo en revisión 466/2011. Ponente Min. Jorge Mario Pardo Rebolledo,  Sesionado el día 21, 25 y 26 de noviembre de 2013 (Pon. Min. Margarita Luna Ramos); 23 de febrero de 2015.

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san.quintinEl caso de los jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja California, en paro laboral en exigencia de condiciones decentes de trabajo, no es nuevo y es representativo de la explotación que millones de trabajadores en el país padecen. Se trata de una situación que nace con la informalidad: no hay contrato; crece con ausencia de salario digno y prestaciones laborales, jornadas de trabajo irregulares, inseguridad e inestabilidad en el empleo; no muere, se transforma en pobreza y esclavitud, y se prolonga por generaciones. Ante la evidente falta de capacidad institucional del Estado para garantizar el derecho al trabajo, vale la pena reflexionar sobre las alternativas que ofrece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el marco jurídico interamericano, hay diversas referencias al derecho al trabajo que encontramos en instrumentos internacionales, como son: la Carta de la Organización de Estados Americanos[1], en la Declaración Americana de Derechos Humanos[2], en la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3] (CADH) y en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[4] (Protocolo de San Salvador).  Ahí se asientan los fundamentos jurídicos que sostienen que todo el que trabaja tiene derechos laborales, independientemente de donde trabaje.

Estos instrumentos, motivan el actuar de la CIDH, institución que los aplica de manera directa a los casos de los cuales conoce. Entonces, sabiendo que existen estándares internacionales de derechos que se alejan de la realidad que se vive día a día en nuestros países y que hay quien vigile su cumplimiento, millones de personas alrededor del continente amenazan con acudir en estos casos a la CIDH. Así lo escuché ya en una entrevista que le realizaban a uno de los jornaleros, por lo que es importante aclarar que tratándose del derecho al trabajo, la CIDH se comporta de forma voluble.

Pero aun cuando el artículo 26 de la CADH se refiere al compromiso de los Estados a adoptar providencias que les permitan lograr progresivamente la plena efectividad del derecho al trabajo, la realidad es que la opción de hacer uso del sistema de peticiones individuales no existe para los trabajadores en cuanto a su derecho al trabajo. Es decir, aunque el Protocolo de San Salvador manifiesta expresamente la justiciabilidad del párrafo a) del artículo 8, lo cierto es que éste se refiere solamente a los derechos sindicales.

La única posibilidad, entonces, de presentar casos en materia laboral ante la CIDH, es cuando se refieren a derechos sindicales. Los jornaleros agrícolas, no tienen un contrato laboral. Lo cual, en estricto sentido, hace que no sean reconocidos como trabajadores y, por lo tanto, no forman parte de un sindicato, ya que el sindicato vela por los derechos de los trabajadores, pero los jornaleros al ser trabajadores informales, no son reconocidos como tales. Si bien esta opción sería en principio inviable, esto no significa que se encuentren canceladas todas las opciones que ofrece la CIDH.

Otro de los mecanismos que se encuentran disponibles en la CIDH, es el de medidas cautelares[5], que serán otorgadas para prevenir daños irreparables a la persona, en situaciones de gravedad y urgencia. En un análisis realizado de las medidas cautelares otorgadas en 2012 y 2013[6], se desprendió que ninguna se refiere al derecho al trabajo y en años anteriores, la medidas cautelares relacionadas con este derecho, fueron otorgadas bajo la perspectiva de proteger a defensores de derechos humanos y no el derecho al trabajo en sí mismo.

Así tenemos la MC 21/11 otorgada a los miembros del Centro de Apoyo al Trabajador, por hostigamientos y amenazas, por fomentar la protección de los derechos laborales en México; la MC 56/07, que se otorgó en beneficio de los integrantes del Foro Laboral Obrero Campesino al haber sufrido hostigamientos en virtud de su trabajo de defensores de los derechos de los trabajadores migrantes en Monterrey México; y la MC 346/06, otorgada a la Asociación por una Sociedad más Justa, por el asesinato de su apoderado legal en casos de defensa de derechos laborales[7].

Dicho esto, también hay que señalar que no hay impedimentos jurídicos para la improcedencia de las medidas cautelares en materia laboral, siempre que se acredite la gravedad, urgencia y la existencia de daños irreparables. Sobra decir que las condiciones de vida indigna que se generan a partir de la vulneración al derecho al trabajo, afectan el derecho a la vida, el desarrollo personal y el proyecto de vida, lo cual tiene altas posibilidades de ser irreparable. La garantía del derecho al trabajo, impacta en la pobreza o la prosperidad de las personas y por lo tanto, en la vida que se vive.

Otra de los mecanismos a explorar son las audiencias temáticas que se realizan en la CIDH, mismas que son solicitadas por las organizaciones de la sociedad civil con el fin de exponer temáticas variadas y que son aprobadas o no por la CIDH. Debido a la vigencia y relevancia mediática que la situación de los jornaleros agrícolas ha adquirido, sería altamente probable que se concrete una audiencia sobre el tema en el próximo periodo de sesiones, en donde en un lado de la mesa se sienten los jornaleros y sus representantes, frente al gobierno mexicano, que estará sentado del otro lado de la mesa. Ahí los jornaleros expondrían sus agravios y el gobierno expondría los avances que se han logrado en el tema.

Un ejercicio similar ya se realizó mediante la mesa de diálogo en la que estuvieron presentes los senadores integrantes del grupo plural para vigilar los derechos humanos y laborales de los jornaleros, autoridades de Gobernación y representantes de la Alianza de Organizaciones del Valle de San Quintín, en donde se acordó la revisión integral de las condiciones de trabajo[8]. La diferencia que existe con una audiencia ante la CIDH, es que los representantes de los jornaleros y las autoridades, dialogan frente a los comisionados de la CIDH que se sientan del otro lado de la mesa, de manera pública, lo cual da visibilidad a nivel regional.

Pero si visibilidad regional es lo que se busca, el Protocolo de San Salvador en su artículo destinado a los “Medios de Protección”[9] de los derechos, entre ellos el derecho al trabajo, faculta a la CIDH para realizar la publicación de informes. Entre ellos se ha publicado por ejemplo, “El trabajo, la educación y los recursos de las mujeres: la ruta hacia la igualdad en garantía de los derechos económicos, sociales y culturales” (2011).  La diferencia de esta alternativa con las anteriormente expuestas, es que las temáticas de los informes no se deciden a solicitud de parte, es decir, no basta con solicitar que se publique un informe sobre un tema determinado.

Si esto fuera de interés para los jornaleros, habrá que plantearlo frente a la Unidad sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la CIDH, que se creó en noviembre de 2012 en el marco del 146 periodo ordinario de sesiones.

Interpretar si las alternativas que ofrece la CIDH son buenas, malas, suficientes o insuficientes, quedará en cada uno de nosotros. En mi opinión simplemente son las alternativas existentes, dentro de una Comisión Interamericana que se encuentra tan rebasada como las instituciones al interior de los países, pero en la que, a diferencia de estas últimas, sigue concentrada la única y última esperanza de millones de personas en el continente Americano.

Tania Espinosa Sánchez. Abogada por la Universidad Iberoamericana y maestra en Estudios Legales Internacionales por The Fletcher School of Law and Diplomacy.

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[1] Artículo 34

[2] Artículo 14

[3] Artículo 26

[4] Artículo 6, 7 y 8

[5] Artículo 25 del Reglamento de la CIDH

[6] Espinosa Sánchez, Tania. Medidas Cautelares para Trabajadores Informales. Revista Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, año XIII, núm. 24, julio – diciembre de 2014, pág. 172.

[7] Ibíd. págs.  172 y 173

[8] “Segob y senadores revisarán condiciones laborales de jornaleros en San Quintín” en MVS Noticias, 25 de abril de 2015, página consultada el 30 de abril de 2015, disponible aquí.

[9] Artículo 19.7 del Protocolo de San Salvador

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error2A propósito de la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre la constitucionalidad del arraigo para delitos graves en el ámbito federal, diversas organizaciones y especialistas se han pronunciado en contra del fallo, e incluso a favor de la desaparición de la figura del arraigo del sistema jurídico, por considerarla contraria a los derechos humanos.

De la decisión de la Corte pueden realizarse diversos análisis; uno de ellos, que ya se ha realizado [i], es respecto a la obligación que tenía la Corte de realizar un control de convencionalidad y realizar un análisis del arraigo bajo estándares internacionales de derechos humanos, cosa que no sucedió.

Otra cuestión interesante para analizar, es el argumento expuesto por el ministro Cossío[ii] respecto a que la Corte debe replantearse la función de los artículos transitorios de una reforma constitucional y preguntarse si éstos puede hacer extensiva una restricción a los derechos humanos (en este caso, la restricción a la libertad personal, establecida en el artículo 16 constitucional).

En este texto, sin embargo, quisiera explicar las razones por las cuales, a mi parecer, la Suprema Corte se equivocó al decidir en la forma en que lo hizo sobre el arraigo y por qué no es una excepción en la que se pueda restringir válidamente un derecho humano (en este caso, la libertad personal).[iii]

Vayamos por partes. Primero, es importante recordar dos cosas: (1) la reforma constitucional del 18 de junio de 2008 constitucionalizó la figura del arraigo; es decir, introdujo la figura explícitamente en el artículo 16 de la Constitución para que fuera aplicada en casos de delincuencia organizada (en determinadas circunstancias)[iv]; y (2), el artículo undécimo transitorio de la misma reforma prevé que en tanto entra en vigor el sistema procesal acusatorio, los agentes del Ministerio Público podrán solicitar al juez el arraigo domiciliario del indiciado tratándose de delitos graves.

Ahora, ¿cuál fue el sentido de la decisión de la Corte? El proyecto de la sentencia parte de que el arraigo debe entenderse como una excepción constitucional explícita a la regla general de libertad personal y que el constituyente permanente, en el artículo décimo primero transitorio del decreto de la reforma, introdujo una habilitación legislativa para regular el arraigo penal a nivel federal para delitos graves; por lo tanto, concluye que el artículo 133 Bis del CFPP respeta el régimen constitucional y es compatible con el cuerpo legal de los derechos humanos, pues fue emitido conforme a dicha habilitación legislativa, a pesar de ser una restricción expresa al derecho a la libertad personal [v].

Seis de once ministros votaron a favor de la constitucionalidad del artículo[vi], por considerar que el arraigo representa una limitación o una restricción a la libertad personal establecida en la propia Constitución, motivo por el que no lo consideran violatorio de los derechos humanos ni de las convenciones internacionales.

En contraste, los ministros que se pronunciaron en contra de la constitucionalidad del artículo 133 Bis del CFPP consideran que la figura del arraigo no cumple con los requisitos exigidos convencionalmente para imponer un límite válido al derecho a la libertad personal, además de ser violatoria de otros, como el derecho a la presunción de inocencia, la integridad física (por riesgo de tortura), etcétera.

¿Por qué se equivocó la Corte al avalar la figura del arraigo como una excepción válida al derecho a la libertad personal?

Más allá de que el arraigo se encuentre constitucionalizado, esta decisión pudo ser el primer precedente en el que la Corte fijara su postura en contra de una figura que es injustificadamente restrictiva de derechos humanos, ineficaz para los fines para los que supuestamente fue constituida y que crea escenarios ad hoc para la transgresión de otros derechos.

Una figura incompatible con los derechos humanos

La libertad personal, la presunción de inocencia e incluso la integridad física por riesgo de tortura, son derechos vulnerados con la implementación del arraigo, pues es una medida que priva de la libertad a una persona fuera de proceso, sin que haya siquiera sido acusada formalmente.

Es importante distinguir tres cuestiones respecto a la vulneración de derechos humanos, y son las razones por las cuales considero que el arraigo no debería existir en nuestro sistema jurídico.

a) Existe una restricción directa a la libertad personal. La misma Suprema Corte había declarado inconstitucional el arraigo[vii], previamente a su incorporación en la Constitución, al considerarlo un acto violatorio de las garantías de legalidad, de seguridad jurídica y, primordialmente, de la libertad personal.

b) Una restricción (como excepción) a derechos sólo puede ser válida si se cumplen ciertos requisitos. Para restringir válidamente un derecho humano, deben cumplirse determinados requisitos, como son: idoneidad, necesidad, proporcionalidad, razonabilidad, excepcionalidad, etc. Sin embargo, el arraigo no es una medida que sea necesaria, proporcional ni razonable para la restricción del derecho a la libertad personal. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la regla general es la libertad, y la limitación o restricción de ésta es siempre la excepción. Entonces, el Estado no puede detener para posteriormente investigar; por el contrario, sólo está autorizado a privar de la libertad a una persona cuando haya alcanzado el suficiente conocimiento de los hechos para poder llevarla a juicio.[viii]

c) Existen violaciones indirectas a otros derechos. Como ya se dijo, el arraigo no sólo implica el sacrificio del derecho a la libertad personal, sino que ha favorecido a la vulneración de otros derechos, como la integridad personal[ix].

El arraigo amplía las posibilidades de que una persona sea torturada, debido a la discrecionalidad y escaso control jurisdiccional en su ejecución. De acuerdo con información obtenida por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la CNDH indicó que entre el 18 de junio de 2008 y abril de 2014, se han ventilado 112 quejas por violaciones de derechos humanos relacionadas con el arraigo, de las cuales el 38 por ciento fue por detención arbitraria y el 41 por ciento por tratos crueles, inhumanos o degradantes. Del total de los casos, el 26 por ciento presentó ambas violaciones. Los tratos crueles mencionados en las quejas van desde golpes y lesiones, hasta fracturas y aplicación de descargas eléctricas en genitales u otras partes del cuerpo. Asimismo, hubo largos plazos de incomunicación que entorpecieron el desarrollo de una defensa adecuada.

Arraigo: abuso e ineficacia

El arraigo ha sido una medida de la que se ha abusado y que ha sido aplicada de manera indiscriminada, discrecional, arbitraria y, como ya se vio, en agravio de los derechos humanos. Esto responde a una tendencia de detener para investigar, en lugar de investigar para detener[x]. El arraigo, como varios expertos han señalado, se ha convertido en una medida que cumple con la necesidad de suplir las deficiencias de las instituciones responsables de la investigación de los delitos.

Este recurso también se ha caracterizado por ser poco efectivo para combatir a la delincuencia.[xi] Los números no mienten: de acuerdo con el Informe “Arraigo, Medidas Cautelares y Ejecución Penal”, elaborado por el Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia y de la CMDPDH, la PGR informó que 9,761 personas habían sido arraigadas de 2008 a junio de 2014. De ellas, el 72.7 por ciento fue consignado; sin embargo, entre 2008 y 2011, de un total de 8,595 personas arraigadas en el ámbito federal, únicamente el 3.2 por ciento obtuvo una sentencia condenatoria, lo cual indica que este método es ineficaz como una herramienta que facilite la investigación.

Por ello, la Corte se equivocó al decidir en el sentido en que lo hizo respecto al arraigo (independientemente de que sólo sea aplicable en tanto el sistema acusatorio esté vigente a nivel nacional) pues definió su postura respecto a una figura que injustificadamente restringe y viola derechos humanos.

Karen Silva Mora. Abogada por la UNAM. Asistente de investigación en el CIDE y coordinadora de Desarrollo Institucional del Programa de Política de Drogas del CIDE. Twitter: @karensvm

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[i] Ver también el análisis que realiza Adriana Muro en El Juego de la Suprema Corte: La Suprema Corte y los costos de su decisión sobre el arraigo.

[ii] Puede consultarse la posición del Ministro José Ramón Cossío en el Amparo Directo en Revisión 1250/2012 sobre el arraigo aquí.

[iii] Esto a propósito de debates que he tenido con algunos colegas que consideran que el arraigo no debería desaparecer, sino ser regulado y estrictamente vigilado por los jueces; ello porque consideran que es una herramienta que si deja de utilizarse arbitrariamente, como se ha hecho hasta ahora, puede ser útil para proteger personas, bienes jurídicos, pruebas así como para evitar que un indiciado se sustraiga de la acción de la justicia, además de permitir a las autoridades perfeccionar la investigación. Ellos consideran que los malos resultados que ha tenido el arraigo (incluida la vulneración de otros derechos como la integridad personal) , son consecuencia de una mala regulación y que es un problema de los operadores y no de la figura en sí misma.

[iv] Siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.

[v] Véase: contenido de las Versiones Taquigráficas de las sesiones públicas ordinarias del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebradas los días 9, 13 y 14 de abril de 2015.

[vi] Eduardo Medina Mora, Margarita Luna Ramos, Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena votaron a favor. En contra: Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero y Luis María Aguilar Morales.

[vii] Véase: Tesis Aislada, 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVII, Enero de 2008; Pág. 2756. I.9o.P.69 P.; y Tesis Aislada, 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIII, Febrero de 2006; Pág. 1170. P. XXII/2006.

[viii] CIDH. Caso Norín Catriman y otros, en Informe “Arraigo, Medidas Cautelares y Ejecución Penal” elaborado por el Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia y de la CMDPDH.

[ix] Véase: Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia y comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Arraigo, Medidas Cautelares y Ejecución Penal. El uso del arraigo a nivel federal, en el estado de Nuevo León y el Distrito Federal: Análisis de constitucionalidad, legislación y práctica, México, enero 2015.

[x] Véase: Conclusiones Preliminares Visita a México del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez Abril 21–Mayo 2 2014

[xi] Ver De la Rosa, Carlos, “Arraigo, un fracaso insostenible”, en Animal Político, abril de 2015.

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