La próxima semana, Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) celebrará en México su 55° periodo extraordinario de sesiones.1 Esta es la tercera ocasión en que el tribunal regional se reúne en nuestro país —la primera, en 2008, en el Palacio de Minería; y la segunda, en 2013, en la Biblioteca José Vasconcelos de la Ciudadela—. Si bien este tipo de periodos extraordinarios de sesiones tienen como objetivo principal incrementar la actividad jurisdiccional y difundir las labores de la CoIDH, no hay que pasar por alto que este evento se enmarca en una coyuntura muy difícil para el país, dada la grave crisis de violencia y de seguridad por la que estamos atravesando; de ahí que sea necesario analizar con mayor detenimiento lo que representa esta visita por parte del órgano interamericano de derechos humanos.

mexico

Como punto de partida hay que señalar que desde 2005, la CoIDH ha celebrado periodos extraordinarios de sesiones fuera de su sede en San José, Costa Rica. Con motivo de la celebración de dichos periodos de sesiones, el tribunal regional se ha trasladado a Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.2 Esta iniciativa del tribunal persigue —como ya se adelantó— dos claros objetivos: por un lado, incrementar la actividad jurisdiccional y, por el otro, difundir de manera eficiente las labores de la CoIDH, en particular, y del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (SIDH), en general.3

Sin embargo, para dimensionar de manera adecuada la visita de la CoIDH, es necesario analizarla desde tres flancos distintos: 1) las audiencias públicas y las actividades conexas que se llevarán a cabo; 2) el contexto en que se produce la visita; y 3) lo que podemos esperar de dicha visita.

Las audiencias públicas y las actividades conexas

En esta ocasión, la CoIDH traerá a nuestro país un haz de casos que abordan temas como la desaparición forzada de personas (Caso Vásquez Durand y otros vs. Ecuador) hasta una investigación penal que no fue llevada a cabo de manera diligente ni en un plazo razonable (Caso Valencia Hinojosa y otra vs. Ecuador).

Una de las críticas que recibió la CoIDH en la pasada visita a México fue la relativa a que el tema migratorio monopolizó las deliberaciones que se llevaron a cabo entre los distintos actores que participaron en el 48° periodo extraordinario de sesiones. Esta circunstancia no se presentará en esta ocasión, ya que los asuntos a revisar tocan distintas temáticas, lo que permitirá un debate mucho más plural que el que se dio con anterioridad.

Hay que mencionar que la fase contenciosa de los asuntos sometidos a la jurisdicción de la CoIDH se escinde en cuatro etapas: etapa escrita inicial; etapa oral o de audiencia pública; etapa de escritos de alegatos y observaciones finales de las partes y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); y etapa de estudio y de emisión de sentencias. Por tanto, estando en la etapa oral o de audiencia pública, la CoIDH analizará los siguientes asuntos contenciosos —además de la audiencia en un caso de medidas provisionales, cuyo procedimiento se desenvuelve de manera análoga a los casos contenciosos.

Caso Vásquez Durand y otros vs. Ecuador

Este asunto se enmarca en las detenciones de diversos ciudadanos peruanos en Ecuador por parte de los cuerpos de seguridad de este país. El 30 de enero de 1995, durante un viaje hacia Ecuador desde Perú, el señor Vásquez Durand se comunicó con su esposa, María Esther Gomero de Vásquez, expresándole su preocupación por pasar su mercadería por la aduana de la localidad de Huaquillas. Testimonios señalan que ese mismo día fue detenido en dicha localidad por miembros del Servicio de Inteligencia ecuatoriana. La información disponible indica que el señor Vásquez Durand fue visto a mediados de junio de 1995 en el Cuartel Militar Teniente Ortiz en malas condiciones. Esta es la última noticia que se tiene de la víctima. Las autoridades policiales y militares negaron sistemáticamente que el señor Vásquez Durand estuviere bajo custodia estatal. La Comisión de la Verdad calificó lo sucedido al señor Vásquez Durand como una desaparición forzada.4

Este caso permitirá a la CoIDH robustecer su jurisprudencia en materia de desaparición forzada de personas, con especial énfasis en las deficiencias estructurales en la materia en el Estado de Ecuador. Asimismo, este asunto se suma a los diversos precedentes en que el tribunal ha analizado el tema de desaparición forzada de personas.5

Caso Gutiérrez Hernández y Familia vs. Guatemala

Este asunto se relaciona con la desaparición de la señora Mayra Angelina Gutiérrez Hernández desde el 7 de abril de 2000 y la falta de una investigación seria, diligente y oportuna sobre lo sucedido. La CIDH determinó que si bien no contaba con suficientes elementos para calificar lo sucedido a la víctima como una desaparición forzada, el Estado de Guatemala incurrió en responsabilidad internacional por el incumplimiento del deber de proteger la vida e integridad personal de la víctima desde que tomó conocimiento de su desaparición. La CIDH determinó que, desde ese momento, debió ser explícita para las autoridades la situación de riesgo extremo en que se encontraba la víctima. A pesar de ello, durante las primeras 48 horas tras la denuncia de desaparición el Estado no adoptó medida alguna de búsqueda.6

Este caso permitirá que la CoIDH determine el alcance del deber de protección desde el momento en que el Estado toma conocimiento de la denuncia de la desaparición de una persona y, particularmente, de una mujer en un contexto determinado. En contraste con otros casos conocidos por la Corte sobre esta materia, el presente reviste la particularidad de que el paradero de la víctima desaparecida no ha sido determinado.7

Caso Valencia Hinojosa y otra vs. Ecuador

Este asunto se relaciona con la muerte violenta del agente de policía Luis Jorge Valencia Hinojosa en el marco de un operativo policial en el cual la víctima estaba siendo perseguida. La CIDH concluyó que la investigación penal llevada a cabo incumplió con las obligaciones estatales en materia de esclarecimiento y justicia frente a supuestos como el del presente asunto.8

Este caso analizará la doctrina de la CoIDH en materia de uso de la fuerza por parte de agentes de seguridad del Estado. Específicamente, el caso presenta particularidades fácticas que le permitirán al tribunal profundizar en lo relativo a las acciones preventivas y a los momentos concomitantes con el alegado uso de la fuerza.9

Medidas Provisionales en el Caso Masacre de La Rochela vs. Colombia

En esta audiencia se recibirá información actualizada sobre las medidas que fueron ordenadas al Estado colombiano por la CoIDH por resolución de 19 de noviembre de 2009. En este sentido, el Estado colombiano tendrá que acreditar las acciones encaminadas a proteger la vida e integridad personal de algunos familiares de tres de las víctimas fallecidas en el Caso de la Masacre La Rochela vs. Colombia.

Las medidas se tuvieron que adoptar en virtud de que las solicitantes fueron víctimas de hostigamiento y amenazas por la notoriedad pública que habrían adquirido, al ser familiares de las víctimas de la masacre de La Rochela y al haber hecho pública la vinculación de diversos ex funcionarios del Estado colombiano al proceso penal seguido por la investigación de la masacre.

Seminario Internacional Itinerante y Seminario Internacional

Además de las audiencias públicas, la CoIDH realizará dos seminarios académicos: uno itinerante que se llevará a cabo en cinco ciudades del país (Guadalajara, Mérida, Tijuana, Toluca y Zacatecas); y otro en la Ciudad de México, al término de las audiencias.10

¿En qué contexto se produce la visita de la CoIDH?

Nadie duda de que México atraviesa una de las más graves crisis de derechos humanos de su historia. Casos como Ayotzinapa, Tlatlaya o San Fernando han calado hondo en el imaginario colectivo de una sociedad que se encuentra moralmente herida y que desconfía —por decir lo menos— de sus propias autoridades.

Desde que diera inicio la guerra contra el crimen organizado se ha producido un reguero de sangre que nuestras débiles instituciones no han sido capaces de contrarrestar. La colusión o aquiescencia de las autoridades con la delincuencia organizada ha permitido el aumento exponencial de ilícitos de alto impacto que en la mayoría de los casos han quedado impunes.

La diversificación de actividades delictivas del crimen organizado, aunada al poder fáctico que ejercen en gran parte del territorio, convierten a este fenómeno en la principal fuente de violencia por parte de actores privados en México que a su vez trae aparejada la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la falta de una respuesta eficaz frente a este problema.11

Desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, militarización y tortura, así como la inseguridad ciudadana, un imperfecto acceso a la justicia, y la grave vulnerabilidad de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, son el tema recurrente de analistas y de medios de comunicación.

En este sentido, se ha señalado que “México atraviesa una grave crisis de violencia y de seguridad desde hace varios años […] en el 2006 […] las graves situaciones de violencia alcanzaron niveles alarmantes, así como la consecuente pérdida de más de cien mil personas, desapariciones y un contexto que ha provocado el desplazamiento de miles de personas en el país. A pesar del cambio de gobierno en diciembre de 2012, no ha habido cambios sustanciales en relación a las políticas de seguridad. Esta situación ha mermado de manera significativa el respeto y goce de los derechos humanos”.12

Incluso se ha hablado de “que la situación en México satisface la definición legal de crímenes de lesa humanidad establecida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (suscrito por México desde enero de 2006), así como en la jurisprudencia de esta Corte y de otros tribunales internacionales”.13, 14

La retórica negacionista de las autoridades ha sido uno de los rasgos característicos que ha impedido el ataque frontal de los problemas que detonan inseguridad y violaciones a derechos humanos. En muchos casos, el Estado mexicano se ha parapetado en su malentendida soberanía para atacar a los órganos internacionales que han dirigido serios reproches a la forma en que las instituciones mexicanas lidian con temas de procuración e impartición de justicia.

Esto pone de relieve que la visita de la CoIDH se produce en un contexto por demás difícil. Sin embargo, también hay que mencionar que han existido cambios estructurales en el ordenamiento jurídico mexicano encaminados a tutelar de manera mucho más robusta los derechos humanos. Estos cambios se han debido en gran medida al influjo que tiene la CoIDH no sólo en México, sino también en otros países del hemisferio.

En este sentido, desde que en el 2011 se elevaron a jerarquía constitucional los derechos humanos insertos en los tratados internacionales suscritos por México, el Estado ha dado un gran paso en sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a dichos derechos. Este avance, sin lugar a dudas, constituye uno de los ejes que debe guiar cualquier política estatal que involucre derechos humanos.

Otro de los aspectos a tomar en cuenta durante la visita de la CoIDH es el relativo al tema de la implementación del control de convencionalidad. En este sentido, hay que señalar  “que el control de convencionalidad es una enorme oportunidad para las autoridades judiciales del ámbito local, pues reciben un encargo de primer nivel que reconoce y valida su competencia y capacidades para interpretar directamente la Constitución y las normas internacionales sobre derechos humanos que a ésta se integran como un bloque de derechos de rango constitucional”.15 Así, la visita del tribunal regional puede servir para experimentar de primera mano la forma en que dicho control cobra vida. Lo anterior, ya que el mencionado control de convencionalidad ha suscitado enormes dudas en cuanto a su aplicación por parte de la judicatura mexicana.

En este contexto, la CoIDH visitará nuestro país en un escenario ciertamente difícil, en el que la sociedad en general siente serias reticencias por los órganos impartidores de justicia, ya sean estos nacionales o internacionales. A pesar de esto, hay que señalar que este tipo de sesiones extraordinarias permiten el diálogo del Estado mexicano con el tribunal, así como un acercamiento mucho más real de la sociedad civil con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). La interlocución entre Estado, sociedad y órganos protectores de derechos humanos será siempre bienvenida, no obstante los disensos o críticas que con relación a este tipo de eventos puedan existir. Además, la visita de la CoIDH manda un claro mensaje sobre la vigencia de los derechos humanos de fuente internacional a aquellas autoridades que todavía se resisten al cambio de paradigma implantado desde 2011.

¿Qué podemos esperar?

Es un hecho que los criterios jurisprudenciales de la CoIDH se han venido enraizando fuertemente en el sistema jurídico mexicano. Desde que México reconoció la competencia contenciosa de la CoIDH, se han generado precedentes que han servido como basamento de reformas constitucionales y legales en nuestro país. Las interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia en el caso varios 912/2010 y en la contradicción de tesis 293/2011 han contribuido para que el SIDH sea un referente obligado para todas las autoridades que conforman el aparato gubernamental nacional.

Es en este escenario que la función de la CoIDH ha adquirido un papel preponderante en nuestro país. Es por ello que de su visita se puede esperar un fortalecimiento en el diálogo jurisprudencial interamericano y en el ensanchamiento de las redes que la unen con México. Además, esta reunión de la CoIDH en nuestro país también viene a “legitimar” el rol de todo el SIDH, mismo que se ha visto debilitado tanto por la crisis financiera de la CIDH como por el papel difícil que le tocó desempeñar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso Ayotzinapa.

También se puede esperar que la visita de la CoIDH consolide a nuestro país como una sede recurrente de sesión, ya que México se convierte en el segundo Estado parte del SIDH en auspiciar tres periodos extraordinarios de sesiones. Esto contribuye a fortalecer el papel que juega el Estado mexicano no sólo como uno de los principales actores del SIDH, sino como parte fundamental del andamiaje político y económico de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En suma, en esta ocasión la CoIDH visitará nuestro país con una convocatoria sin precedentes. Al parecer, poco a poco, los criterios jurisprudenciales del tribunal regional van adquiriendo carta de naturalización en nuestro sistema jurídico. Ante la grave crisis de violencia que vive México, la CoIDH se ha convertido en ese juez imparcial que ha puesto en evidencia la grave debilidad institucional por la que transitamos. Es por ello que si queremos alcanzar ese régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre, tal como lo señala el Preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es necesario mantener un diálogo permanente no sólo con la CoIDH, sino con todo el SIDH.

Héctor Ivar Hidalgo Flores. Licenciado en Derecho.  Twitter: @_hector_hidalgo


1 El cual se llevará a cabo del 23 al 26 de agosto del año en curso en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Ciudad de México.

2 CoIDH, Informe Anual 2015, pág. 19.

3 Idem.

4 Información tomada de la CIDH en su Nota de remisión de 8 de julio de 2015.

5 Idem.

6 Información tomada de la CIDH en su Nota de remisión de 15 de julio de 2015.

7 Idem.

8 Información tomada de la CIDH en su Nota de remisión de 19 de febrero de 2015.

9 Idem.

10 Véase la página oficial del 55° Periodo Extraordinario de Sesiones.

11 Información recibida por la CIDH durante su visita in loco a México, entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre de 2015.

12 CIDH, Situación de Derechos Humanos en México, 2015, párr. 2.

13 Open Society Foundations,Atrocidades innegables: Confrontando crímenes de lesa humanidad en México, 2016, pág. 16.

14 El artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional señala, en la parte que nos interesa, que se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, entre otros: tortura, asesinato, desaparición forzada de personas, etcétera.

15 Fajardo, Z., El control difuso de convencionalidad en México: elementos dogmáticos para una aplicación práctica, México, pág. 2. (Documento consultado en proceso de edición e impresión).

Leer completo

La más reciente sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que aborda el fenómeno de la desaparición forzada de personas es el caso Rodríguez Vera y otros (desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia[i].

Se trata de una sentencia construida de manera formidable, que constituye un modelo a seguir para aquellas jurisdicciones que se enfrenten al problema de la desaparición forzada, dado que presenta métodos de acercamiento a este fenómeno complejo y toca temas de importancia cuando se analiza el mismo.

Uno de esos temas sobre el cual se pronunció la CoIDH es el relativo al derecho a conocer la verdad de lo sucedido en relación a una desaparición forzada. Es este el punto que abordaré en las líneas siguientes, tratando de relacionarlo al contexto mexicano. Sin embargo, primero mencionaré los hechos del caso en cuestión.

verdadLos días 6 y 7 de noviembre de 1985, en la ciudad de Bogotá, Colombia, el grupo guerrillero M-19 tomó violentamente las instalaciones del Palacio de Justicia, donde tenían su sede la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado colombiano, tomando como rehenes a cientos de personas entre magistrados, magistrados auxiliares, abogados, empleados administrativos y de servicios, así como visitantes de ambas corporaciones judiciales. Ante esta acción armada de la guerrilla, conocida como la “toma del Palacio de Justicia”, la respuesta de la fuerzas de seguridad del Estado es conocida como la “retoma del Palacio de Justicia”. Como consecuencia de estos hechos, resultaron muertas y heridas centenas de personas, mientras que de otras 12 víctimas se desconoce hasta la actualidad su paradero. La Corte Interamericana declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano, entre otras cosas, por la desaparición forzada de 11 personas y la ejecución extrajudicial de una de ellas, y por la falta de diligencia en las investigaciones correspondientes realizadas por las autoridades estatales.

Ahora bien, en el caso concreto, la CoIDH halló que habiendo trascurrido 29 años desde que los hechos ocurrieron, el Estado había fallado en ofrecer una versión oficial de lo que sucedió en la toma y retoma del Palacio de Justicia y en esclarecer lo ocurrido a la mayoría de las víctimas, así como dar con su paradero. Y no sólo ello, sino que tomó en cuenta que hoy en día el Estado aún cuestiona la desaparición forzada de algunas de las víctimas, como lo hizo ante la propia Corte.

No obstante, la CoIDH consideró, en este caso, que el derecho a conocer la verdad de lo sucedido y el destino de las personas desaparecidas «se encuentra subsumido fundamentalmente en el derecho de las víctimas o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que provienen de los artículos 8 y 25 de la Convención [Americana sobre Derechos Humanos (CADH)]».

Es decir, para la Corte, el derecho a la verdad queda incorporado en la obligación a cargo del Estado de investigar y, eventualmente, sancionar las vulneraciones a los derechos de las personas, derivada aquella del derecho de acceso a la justicia. Así, las investigaciones diligentes, serias, completas e imparciales desarrolladas por el Estado son las que permitirían satisfacer la expectativa de las víctimas y sus familiares de saber qué sucedió y quiénes intervinieron en los hechos.

En contraposición a lo anterior, fueron presentados tres votos[ii] que enfatizaron la necesidad de que el tribunal considerara el derecho a la verdad como un derecho autónomo y no como necesariamente «subsumido» en el derecho de acceso a la justicia (arts. 8, 25 y 1.1 de la Convención Americana). Los argumentos son básicamente tres: i) siguiendo el desarrollo jurisprudencial internacional e interamericano sobre el derecho a la verdad, el siguiente paso a dar es reconocerle autónomía; ii) debe considerarse que el derecho a la verdad es en realidad el fundamento de las obligaciones estatales de investigar y sancionar, y no al revés; y, iii) el derecho a la verdad puede afectar otros derechos distintos al de acceso a la justicia, como la propia CoIDH lo ha determinado en otros casos, por ejemplo, en Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguai) vs. Brasil[iii], donde se vio involucrado el derecho a buscar y recibir información (art. 13, CADH).

Sin perjuicio de estar de acuerdo con la opinión de los jueces redactores de los votos, me parece que hay un argumento adicional que apoya la concepción del derecho a conocer la verdad de lo sucedido como autónomo y, por tanto, no subsumido o incorporado «fundamentalmente» en otro derecho. De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, las obligaciones derivadas del derecho de acceso a la justicia abarcan los deberes de investigación, identificación, procesamiento, juzgamiento y, en su caso, sanción de los responsables, todas las cuales son, sin embargo, obligaciones de medio, es decir, cuyo cumplimiento únicamente exige que se tomen todas las medidas deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible hacia la satisfacción del derecho de que se trate –en este caso, de acceder a la justicia-. En contraste, pareciese ser que el derecho a la verdad no puede ser satisfecho sin obtener un resultado: que las víctimas, sus familiares y la sociedad conozcan una versión lo suficientemente sustentada y creíble de lo sucedido.

Una lectura como esta, que sostiene que la satisfacción del derecho a la verdad exije resultados, a diferencia del derecho de acceso a la justicia a través de investigaciones y sanciones, que solamente demanda medios, puede encontrar su origen en el artículo 24.2 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CIPTDF), que reconoce como derechos de las víctimas –relacionados entre sí, pero diferenciados unos de otros- los de conocer la verdad de las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida.

Siguiendo esa línea, debe considerarse, además, que la investigación y sanción son sólo medios para el esclarecimiento de los hechos, pero no son los únicos que permiten la satisfacción del derecho a conocer la verdad: éste puede involucrar otras situaciones, como el acceso a la información oficial con la que cuenten las autoridades investigadoras, o el establecimiento de una comisión de la verdad, u otras medidas de satisfacción, como reconocimientos públicos de responsabilidad general o individual.

Considerar la autonomía del derecho a la verdad respecto del derecho de acceso a la justicia, porque aquel exige resultados y éste se satisface con medios, cobra especial relevancia en contextos complejos de graves y sistemáticas violaciones a derechos humanos, como lo es el mexicano. En nuestro país existe una crisis política y social por la desaparición forzada de 43 estudiantes hace más de tres meses; sin embargo, no se puede olvidar que las cifras oficiales –nada claras-, desde 2006 y hasta octubre de 2014, revelan que entre 12 mil y 23 mil personas permanecen desaparecidas[iv].

El derecho a la verdad, como un derecho autónomo e independiente de las investigaciones y determinaciones oficiales, en un contexto grave como el que México enfrenta, debería permitir desentrañar las estructuras que permitieron estas desapariciones forzadas, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias[v]. Sin subestimar que se trata de un contexto en el cual la impunidad es un patrón crónico y presente, y en el que pareciere que el Estado no tiene voluntad o es incapaz de realizar investigaciones efectivas[vi].

Las víctimas de desaparición forzada y sus familiares tienen derecho a que el Estado mexicano emprenda investigaciones serias y completas para esclarecer lo sucedido y dar con el paradero de la persona o sus restos. Pero ello no niega que, así como ellos, todos tenemos derecho a conocer por qué sucedieron –y siguen sucediendo- tantas desapariciones, quiénes las ejecutaron, quiénes las ordenaron y para qué. Hablamos aquí ya no de números o estadísticas, hablamos de personas y de familias que todos los días viven una dolorosa ausencia.

Gerardo Mata Quintero. Estudiante de la maestría en derechos humanos por la facultad de jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila.

___________________

[i] Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014; serie C no. 287.

[ii] Votos concurrentes de los jueces Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Eduardo Vio Grossi y Manuel Ventura Robles.

[iii] Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010; serie C no. 219, §201.

[iv] Véase el mensaje a medios de la Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR de 21 de agosto de 2014. También las cifras actualizadas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aquí. No se puede dejar de mencionar que las cifras han sido cuestionadas por diversas organizaciones y organismos nacionales e internacionales.

[v] Estos son los objetivos que la CoIDH le atribuye a la obligación de investigación en contextos complejos, pero no al derecho a la verdad.

[vi] Así opinó el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias derivado de su visita a México en 2011; véase su Informe de Misión a México de 20 de diciembre de 2011 (A/HCR/19/58/Add.2), §76.

Leer completo