No digo nada nuevo si afirmo que el aborto es uno de los temas más controversiales en las sociedades modernas y que la sociedad mexicana no es la excepción. Su discusión divide a familias, parejas, amigos y como era de esperarse hasta a los ministros de la Corte. Este “enfrentamiento” es parte de una sociedad plural en la que convivimos habitantes con distintos planes de vida, formas diversas de concebir el bien, la justicia, el mundo. En pocas palabras, con un profundo y persistente desacuerdo sobre este tipo de cuestiones.

En ese sentido, la herramienta más poderosa con la que contamos es la deliberación, por medio de lo cual los pueblos definimos lo que queremos ser como sociedad, fijamos nuestra identidad y los bienes que queremos alcanzar a través de nuestros representantes. A fin de cuentas, la deliberación es la base que da legitimidad a las decisiones democráticas y es el único medio razonable para la coexistencia pacífica.

La semana pasada, los ministros tuvieron la tarea de definir la constitucionalidad o no del artículo 7º, primer párrafo de la Constitución de Baja California, que establece que el individuo concebido se tendrá como nacido para todos los efectos legales correspondientes. Como se sabe, la incorporación de esta disposición a dicha Constitución fue consecuencia de la sentencia recaída a las acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, en la que la mayoría de los ministros dejó en manos de las legislaturas la decisión sobre la penalización o no del aborto.

Si hacemos memoria ese proceso (A.I. 146/2007 y acumulada) tuvo como causa la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en el D.F. hasta la duodécima semana de gestación. Ante dicha situación, el gobierno federal, a través del Procurador General de la República, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, interpusieron dos acciones de inconstitucionalidad impugnando su conformidad con la Constitución. Así, después de un proceso inédito en el que se celebraron seis audiencias públicas y se recibieron cientos de escritos, cartas y correos electrónicos, la Corte reconoció la constitucionalidad de la reforma al Código Penal del Distrito Federal. A través de una sentencia minimalista y ambigua respecto a los derechos en juego, consideró que la penalización del aborto en las primeras doce semanas es una opción constitucional de las legislaturas estatales.

Desde un punto de vista dialógico, esta sentencia sirvió para comunicar a las legislaturas estatales que la prohibición del aborto quedaba a su discreción. Así, algunos entidades federativas entendieron la señal y reformaron sus constituciones para proteger al no nacido desde el momento de la concepción. Estas reformas a su vez fueron impugnadas ante la propia Corte y hace algunos días fueron declaradas constitucionales. Aunque como ha señalado Alejandro Madrazo, en esta ocasión no se trataba estrictamente de la penalización del aborto, sino de la protección del “individuo” desde el momento de la concepción. Sin embargo, en mi opinión, en el fondo se debatía el mismo tema.

El resultado de la votación alcanzada la semana pasada fue de una mayoría de 7 votos por la inconstitucionalidad y 4 por su constitucionalidad. Esta votación no obtuvo la mayoría calificada de 8 votos que establece el artículo 105 de la Constitución -requeridos como forma de deferencia hacia el legislador- para declarar la invalidez de una ley. Es decir, faltó un sólo voto para declarar la inconstitucionalidad del precepto. En efecto, si bien los argumentos de esa mayoría de 7 no fueron totalmente coincidentes, todos se pronunciaron por declarar su inconstitucionalidad. ¿Esto qué quiere decir? En mi opinión, el mensaje de la Corte es muy claro: “vuelvan a la arena política en búsqueda de un cambio legislativo o impulsen nuevos ministros que puedan cambiar esa mayoría”. En el contexto actual, ninguno de estas dos cuestiones es baladí, pero exige de nosotros (los ciudadanos) un papel más activo.

De hecho los ciudadanos no tenemos porqué aceptar sin reparos las decisiones judiciales (es decir, ser sujetos pasivos), pues el debate popular sobre la Constitución infunde las memorias y los principios de la tradición constitucional, que no serían desarrollados si la ciudadanía fuera pasiva ante las decisiones judiciales. En este sentido, nuestro papel no está limitado a actos ocasionales de creación constitucional, sino a un control activo y continuo sobre la interpretación y ejecución de la Constitución. De ahí que hoy más que nunca debemos hacer valer nuestro protagonismo como actores constitucionales.

En este aspecto, los movimientos sociales juegan un papel fundamental como configuradores del sentido constitucional, generando nuevos entendimientos que guíen las posturas oficiales y estableciendo canales de comunicación entre la ciudadanía y el poder judicial. Por tanto, si queremos que en un futuro próximo la Constitución de Baja California sea modificada, lo primero que tenemos que hacer es ser políticamente activos. Esto significa seguir debatiendo y tratar de convencer a los que están en contra del derecho a decidir. Eso sí, aceptando que al final del día el desacuerdo puede persistir.

Con esto conecto con mi segunda reflexión. Como se sabe, dos de los Ministros que votaron en contra de la declaración de inconstitucionalidad terminan su período a finales de 2012. Es decir, muy probablemente sus sustitutos serán elegidos por un acuerdo entre el Presidente Calderón y su sucesor. En este sentido, quién siga a Calderón en la silla presidencial será fundamental para el futuro de nuestra doctrina constitucional. Ahora bien, para nuestros efectos lo más importante es tener presente que como cualquier político el titular del Ejecutivo que sea electo en las elecciones de 2012 estará influido por la opinión pública. De esta manera, si queremos repercutir de alguna manera en la próxima designación de ministros y, en consecuencia, en el próximo debate judicial sobre el aborto lo que nos queda es la movilización política.

Roberto Niembro. Becario del servicio de doctrina del Tribunal Constitucional de España.

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Hace unos días el presidente Felipe Calderón envío al Senado de la República la segunda terna de candidatos –ya que la primera fue rechazada-,  de entre los cuales saldrá el sustituto del fallecido ministro Gudiño Pelayo. Al parecer, en esta semana los tres candidatos comparecerán ante las Comisiones de Justicia y Estudios legislativos para ser entrevistados por los representantes populares.

Si como han explicado algunos académicos, el nombramiento de los jueces constitucionales es un medio que los partidos políticos tienen para atrincherar su ideología a lo largo del tiempo e influir en el significado de la Constitución, su elección merece nuestra mayor atención. La comparecencia ante el Senado es un punto clave en este proceso, pues es el foro central para que los Senadores involucren al público en la determinación de si los candidatos poseen la visión y las cualidades necesarias para otorgarles el poder que los jueces gozan en nuestras democracias.

El proceso de designación de los ministros nos plantea diferentes y muy interesantes cuestiones, como el alcance que tienen las Comisiones del Senado para inquirir a los candidatos sobre sus posiciones constitucionales sin violar su futura independencia y, por tanto, qué preguntas se les deben hacer en el momento de su comparecencia.

En esta ocasión quiero sugerir una pregunta adicional a las propuestas hace unos días por el profesor Saúl López Noriega, quien nos presentó las siguientes interrogantes: 1. ¿Cuál es el método interpretativo más adecuado? ¿Por qué? 2. ¿La circunstancia jurídica y social del país hace posible y deseable un activismo judicial desde la Suprema Corte de Justicia? ¿Por qué? 3. ¿Cómo fortalecer y consolidar la legitimidad de la Suprema Corte?

En mi opinión, junto con las preguntas anteriores, resulta fundamental que los candidatos nos digan cuál es el papel que consideran la Corte debe cumplir en el entramado constitucional.

Ello es así, pues el método interpretativo, el activismo judicial, así como los medios para fortalecer y legitimar a la Corte, responden en gran medida a la función que los jueces creen que la Corte debe cumplir dentro del sistema democrático. De esta forma, si alguno de los candidatos considera que la Corte es la garante de la democracia, posición que parece haberse difundido en nuestro medio, su interpretación e involucramiento en cuestiones políticas, así como la construcción de su legitimidad, estarán determinados por ese fin.

Por el contrario, si se considera que la Corte es uno más de los actores del sistema, en el que los representantes populares y el pueblo tienen algo importante que decir, su método de interpretación, su tendencia a inmiscuirse en temas de política pública y su legitimidad, serán fijados y construidos con el fin de establecer un diálogo y colaboración con los otros poderes.

En el primer caso estaremos ante una Corte que demanda un juez Hércules, que no tiene problema en atribuirse la última palabra respecto al significado constitucional, y donde la supremacía judicial es algo connatural al Estado constitucional. En el segundo, estaremos ante una Corte que requiere de un juez dialogante que se considera un actor más dentro de un sistema complejo de pesos y contrapesos, que no pretende tener la única respuesta correcta y que estima valiosa y necesaria la colaboración entre poderes y la participación ciudadana.

De esta forma, conocer la idea de corte constitucional que cada uno de los candidatos tiene nos ayudará a comprender sus otras respuestas y, fundamentalmente, determinar qué prospecto es el más idóneo para la Corte que nosotros -el pueblo- buscamos. Si bien es cierto que las opciones que el Senado tiene son reducidas y el tiempo es apremiante, su decisión debe ser tomada con conocimiento de causa. En otras palabras, la pregunta de qué ministro queremos para la Corte es una buena oportunidad para reflexionar respecto qué Corte queremos para nuestra democracia.

Roberto Niembro. Becario del servicio de doctrina del Tribunal Constitucional de España.

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El pasado día miércoles, el presidente Calderón por fin presentó la segunda terna de candidatos para sustituir al ministro José Gudiño Pelayo. No hay que olvidar que la primera fue rechazada en diciembre del año pasado, debido a que ninguna de las tres candidatas alcanzó la votación de mayoría calificada de 2/3 del pleno del Senado que exige la Constitución. Ahora bien, al igual que la primera, esta segunda terna esta integrada por jueces de carrera judicial. Es decir, abogados que han recorrido prácticamente cada uno de los peldaños de la escalinata del poder judicial de la federación. Se trata de los magistrados de circuito Jorge Higuera Corona, Jorge Pardo Rebolledo y Alberto Pérez Dayán.

Vale subrayar que la nominación y ratificación de un ministro de la Suprema Corte es uno de los procesos institucionales de mayor relevancia para el proceso de consolidación de nuestra tambaleante democracia. Esto se debe a que se está eligiendo a un abogado que, junto con sus diez colegas, va a definir valores clave de la vida institucional del país.  ¿Cuál es el concepto constitucional de familia? ¿La libertad de expresión abarca la posibilidad de pitorrearse de los símbolos patrios? ¿El diseño de transición tecnológica de los medios de comunicación de analógica a digital debe trazarse siguiendo el principio de pluralismo?  ¿Va en contra del derecho de igualdad y no discriminación el retiro forzoso (baja automática) de aquellos miembros del Ejército y de la Fuerza Aérea que hayan contraído VIH, sin previo examen médico que determine la incapacidad del individuo en cuestión para realizar sus labores por el avance de la enfermedad? Estas son apenas algunas de las preguntas que ha contestado en los últimos años la Corte y de ahí la importancia de seguir los procesos de designación de los ministros: es una excelente oportunidad para reflexionar respecto el tipo de juez constitucional que se necesita.

¿Cuáles deben ser, entonces, en este contexto, las preguntas que guíen el ejercicio de escrutinio por parte del Senado de la República y de la opinión pública a los tres candidatos a ministro de la Suprema Corte? ¿Qué tipo de cuestiones son las que se les deben plantear para conocer mejor el perfil de los candidatos? En los últimos días, en algunos medios de comunicación se ha lanzado la idea de que una buena guía sería preguntarle a cada uno de los candidatos como votaría, en caso de ser designado ministro, en los más de 20 asuntos que no se han podido resolver porque la votación se ha empatado debido a esta vacante que existe en la Corte desde septiembre del año pasado cuando falleció el ministro Gudiño Pelayo -entre estos, por ejemplo, está el llamado ‘amparo de los intelectuales-. Esto, sin embargo, presenta el problema de que los candidatos en caso de contestar este tipo de preguntas estarían prejuzgando estos asuntos, sin conocer las pruebas, argumentos de las partes y demás aspectos que integran sus correspondientes expedientes. Así, más bien, se les debe formular a la terna de candidatos preguntas dirigidas no a su postura frente a ciertos casos en concretos, sino a su posición respecto a cuestiones generales y metodológicas, que impactarán en la manera como votarán estos asuntos que están empatados y el resto que conozcan en los 15 años que dura el cargo de ministro.  Aquí se presentan tres preguntas de este tipo:

1) Una cuestión medular que gira en torno a cualquier tribunal constitucional consiste en lo siguiente: bajo qué esquema interpretativo los jueces constitucionales resuelven los diversos asuntos que conocen. Es decir, cuáles son las anteojeras que utilizan para leer las disposiciones constitucionales relacionadas con los diversos conflictos que se les presentan. En la Suprema Corte, por ejemplo, existe un interesante debate, que ha definido la resolución de diversos asuntos de enorme relevancia, respecto cómo se debe leer la Constitución: algunos ministros consideran que debe atenderse meramente al significado lingüístico de las normas constitucionales “relevantes” para resolver un determinado asunto; mientras que otros parten de la idea de la Constitución como una unidad, de tal manera que para determinar el sentido y alcance de las normas “relevantes” para un caso en cuestión siempre es indispensable leer éstas en relación con el resto del texto constitucional. En este sentido, y considerando que el tipo de decisiones de un tribunal constitucional dependen en buena medida de cómo se leen los asuntos que conocen, ¿cuál es el método interpretativo más adecuado? ¿Por qué?

2) Otro de los constantes debates ubicados en el centro de la justicia constitucional, sobre todo cuando estamos frente a una corte constitucional en proceso de consolidación como nuestra Suprema Corte de Justicia, se refiere a la pertinencia de impulsar un activismo judicial. Es decir, aquella práctica jurisdiccional que no se limita a resolver los conflictos que se le plantean sino que además impulsa a través de sus sentencias cambios jurídicos (y, por tanto sociales, económicos y políticos), como la “creación” y expansión de derechos más allá de lo que textualmente marca el texto constitucional. En este sentido, ¿la circunstancia jurídica y social del país hace posible y deseable un activismo judicial desde la Suprema Corte de Justicia? ¿Por qué?

3) Una corte constitucional, de acuerdo al diseño de las democracias contemporáneas, es el órgano límite de un Estado. Se trata del árbitro final de los conflictos institucionalizados; el lugar donde se definen los alcances y límites de la estructura estatal. De ahí que el sustrato de cualquier tribunal constitucional es su legitimidad. En esta línea, ¿cómo fortalecer y consolidar la legitimidad de la Suprema Corte?

Saúl López Noriega. Profesor e investigador de tiempo completo del departamento de derecho del ITAM. Twitter: @slopeznoriega

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Durante el 2010, la revista Nexos inició la aventura de abrir un blog dedicado exclusivamente a temas relacionados con temas judiciales. La idea fue publicar textos que abordasen los diversos aspectos que giran alrededor de nuestra Suprema Corte de Justicia. Aprovechando el inicio de año, presentamos un breve resumen de los diez posts más leídos del blog durante el 2010.

1. Caso Guardería ABC.  Crónica de la Discusión (II/III)

Con este post se realizó uno de los primeros ejercicios de periodismo judicial –de ahí que la cobertura se presentase en una serie de tres post-, al seguir puntualmente las discusiones de los ministros de la Suprema Corte respecto un asunto de enorme importancia para la vida del país: Caso Guardería ABC. El autor, además de ofrecer una explicación ágil y sencilla de las principales posturas de los ministros, al final del post presenta una tabla de votación donde claramente se puede conocer cómo voto cada ministro respecto cada uno de los temas que implicaba este delicado asunto.

2. Matrimonio-adopción gay: la perspectiva científica

Este post se publicó días antes de que iniciará la discusión en el pleno de la Suprema Corte respecto la constitucionalidad de las reformas legales del Distrito Federal que permitieron el matrimonio entre personas del mismo sexo, así como la posibilidad de que estas parejas pudiesen adoptar. El objetivo del post fue presentar las coordenadas del debate respecto este tema, pero no desde el discurso jurídico, sino desde la perspectiva científica. La decisión de incluir un post de esta naturaleza responde a que tanto las autoras como los que coordinamos el blog, estamos convencidos que no pocas de las discusiones jurídicas modernas tienen que nutrirse de otras áreas del conocimiento para tener un panorama claro de cuál debe ser la solución jurisdiccional.

3. El (absurdo) juicio en contra de Galileo (II/III)

Uno de los propósitos del blog fue abrir una sección que, frente a nuestra tradición jurídica barroca y ridículamente solemne, presentara al derecho como cualquier otra actividad realizada por el hombre: contradictoria, absurda e irracional. De ahí que se abriera una sección dedicada solamente a registrar estos disparates: Absurdos Jurídicos. Este post forma parte de esta sección y de una interesante serie de entregas donde se desmenuza con erudición y elegancia el absurdo juicio en contra de Galileo.

4. ¿Qué es una controversia constitucional?

Una de las dificultades de un lector no especializado en temas jurisdiccionales es entender el amplio abanico de términos que tanto en las sesiones de los ministros como en las sentencias se utilizan de manera cotidiana. Existe una barrera del lenguaje que impide que la información jurisdiccional ocupe el lugar que le corresponde en la rutina informativa. En este contexto, este post busca explicar de manera sencilla y con buenos ejemplos, uno de los medios de control constitucional más relevantes en la organización de los poderes del Estado: la controversia constitucional.

5. Matrimonio y adopción gay: análisis de la sentencia

Después de las discusiones entre los ministros y de la decisión de la mayoría de éstos de ratificar la constitucionalidad del matrimonio y adopción gay en el Distrito Federal, la opinión pública se olvidó de la fuente informativa judicial más relevante: la sentencia. Ese documento donde, además del sentido de la decisión, se encuentran los argumentos que apuntalan a ésta y que pueden impactar en ulteriores casos que aborden temas similares. Así, el propósito de este post fue diseccionar los diferentes argumentos y posiciones de la sentencia sobre el matrimonio y adopción gay, la cual promete convertirse en una de las resoluciones más relevantes sobre el tema en Iberoamérica.

6. ¿Qué sigue después de la muerte de Gudiño Pelayo?

Este post esboza algunas de las posibles consecuencias a partir del fallecimiento del ministro José Gudiño Pelayo tanto al interior de la Suprema Corte -en la dinámica de votación de la primera sala y del pleno y en la carrera por la presidencia de la Corte-, como entre el presidente de la República y el Senado al momento de nombrar al ministro sustituto de Gudiño.

7. Matrimonio y adopción gay: la opinión del Ombudsgay

Una de las formas en que la sociedad civil puede influir en el proceso de decisión de una corte constitucional consiste en que, por ejemplo, académicos y agrupaciones envíen a los jueces constitucionales sus argumentos de porque cierto caso debe resolver en un determinado sentido. En este contexto, este post reproduce las ideas principales de la opinión técnica o amicus curiae que sometió el programa Ombudsgay de i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, a consideración de la Suprema Corte y donde presenta el estado del arte respecto el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de niños por parejas homosexuales.

8. Las designaciones de los ministros: no son enchiladas

Se trata de uno de los últimos post del año donde, a partir de la terna de candidatas a ministras presentada por el presidente Calderón para sustituir a Gudiño Pelayo, se explica el proceso de designación de los ministros y la relevancia de que éste no sea un mero trámite sino un verdadero ejercicio de reflexión respecto qué tipo de tribunal constitucional necesitamos.

9. La Corte ante la igualdad y la no discriminación

Este post analiza las principales tesis de jurisprudencia que ha emitido la Suprema Corte en los últimos quince años sobre un tema medular: la igualdad y no discriminación. El texto no sólo le da coherencia a esa madeja de criterios jurisprudenciales, sino que también presenta un balance de los avances que se han logrado al respecto y de las asignaturas pendientes que deben erigirse en la agenda de la Corte para el futuro.

10. Sexo y Derecho

Este post, parte de la sección Absurdos Jurídicos, presenta una serie de legislaciones de diversas entidades de los Estados Unidos respecto el sexo. Se trata de un conjunto de disparatadas e irrisorias regulaciones, que no obstante se mantienen vigentes y eventualmente puedan ser aplicadas.

El Juego de la Suprema Corte

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Conforme la Suprema Corte adquiere relevancia mediática, la sociedad empieza a voltear más hacia el poder judicial y a interesarse por la forma en que actúa. Durante 2010, dos casos concentraron la atención del público: la facultad de investigación para analizar lo ocurrido en la Guardería ABC en Hermosillo (incendio en el que murieron 49 menores de edad) y la discusión sobre la acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma que permitió a parejas del mismo sexo contraer matrimonio en el Distrito Federal. Ambos casos obtuvieron una atención mediática inusitada.

Este creciente interés en el desempeño de la Suprema Corte, no debe sorprendernos. Para efectos prácticos, la Corte es la última línea de protección de los derechos de las personas a nivel nacional y es la institución encargada de salvaguardar la Constitución frente a las posibles violaciones de otros. Es decir, es fundamental para el funcionamiento de la democracia en México.

Vale subrayar, sin embargo, que las discusiones de los ministros son sólo uno de todos los ingredientes que giran en torno a la Suprema Corte y que debe ser sometidos a escrutinio. En efecto, la relación con los medios de comunicación y por extensión con la sociedad, no debe limitarse a algunos aspectos del  trabajo de la Corte. Debe existir, por el contrario, una relación permanente entre sociedad y poder judicial. Para fomentar la transparencia y el mejor desempeño de los ministros es necesario que la sociedad los vigile.

Naturalmente, este proceso de vigilancia debe iniciar desde -valga la redundancia- el inicio: la designación de los ministros. Si ellos juegan un papel tan importante como el que hemos descrito, resulta obvio que las personas elegidas para desempeñar el cargo deben ser las óptimas. Y, para asegurar eso, debe existir un escrutinio profundo sobre el procedimiento que lleva a su elección.

México: la vía fast-track en todos los sentidos

El proceso en México es relativamente sencillo de explicar. Cuando un ministro cumple los 15 años en funciones, debe retirarse. Es obligación constitucional del presidente de la República enviar una terna de candidatos al Senado, que dispone de 30 días para elegir por mayoría de 2/3 de los presentes a uno de los tres candidatos. En caso de no reunirse en esos 30 días, el presidente designa al nuevo ministro. Si la terna es rechazada, se somete una nueva que sigue el mismo procedimiento. En caso de que ésta sea rechazada nuevamente, entonces, el presidente designa directamente al nuevo ministro.

Ahora bien, ha exactamente un año, el Senado de la República confirmó a dos ministros en un mismo día: Arturo Zaldívar y Luis María Aguilar; lo cuales sustituyeron a los entonces ministros Genaro Góngora y Mariano Azuela. La comparecencia de ambas ternas -seis candidatos en total- se dio en una sola mañana. Como declararon los propios senadores: fue “de mero trámite”. Las participaciones de los candidatos se limitaron a un discurso preparado y no hubo preguntas posteriores.

La prensa -en su mayoría- actuó de forma similar. El Reforma, en su edición del 2 de diciembre de 2009, recogió la designación en menos de media página y se limitó a publicar extractos de los discursos de los dos nuevos ministros. No publicó ni siquiera una semblanza curricular.[1]

Esto es preocupante porque realmente no existió una investigación a fondo del pasado de los nuevos ministros. ¿Cuál era su ideología? ¿En qué litigios habían participado? ¿Qué cargos habían desempeñado y qué críticas habían recibido? Sólo a través de una investigación un poco más minuciosa -elaborada por Proceso- uno se pudo enterar que el ministro Zaldívar litigó frente a la Corte el amparo relacionado al FOBAPROA y que durante la gestión de Aguilar como integrante del consejo de disciplina en la Judicatura Federal, su hermano José Alfredo fue designado jefe de la unidad de Control de Obras y Conservación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Tanto medios de comunicación como senadores debieron haber cuestionado más a fondo a los candidatos para aclarar estos y otros temás más.

Estados Unidos: todo a su tiempo

El proceso de designación de los justices de la Supreme Court de Estados Unidos es muy parecido en cuanto a las etapas institucionales, pero muy distinto en la práctica. Los justices estadounidenses ejercen el cargo de forma vitalicia, pero pueden retirarse si así lo desean. En cualquier caso, el procedimiento se da de la siguiente forma: el presidente de la República elige a un candidato para cubrir el puesto, el comité judicial del Senado lleva a cabo audiencias y entrevistas con el nominado, para después someter a votación del pleno de Senadores su designación. A diferencia de México, en Estados Unidos el nuevo integrante es electo por mayoría simple.

Lo interesante es que la parte práctica del proceso en Estados Unidos es, contrario a lo que sucede en nuestro país, fruto de un serio y responsable ejercicio de reflexión, tanto por el Senado como por los medios de comunicación. Pensemos en la elección de las últimas dos integrantes de la Supreme Court, Sonia Sotomayor y Elena Kagan. En ambos casos los medios y el Senado se tomaron su tiempo. Las audiencias de confirmación –transmitidas por televisión, por cierto- de Sotomayor duraron cuatro días enteros de escrutinio. Al mismo tiempo, el análisis previo de los medios sobre la carrera judicial de Sotomayor, sus opiniones y sentencias, fue tan profundo que después de los cuatro días, el Washington Post estableció que “ya se sabía desde antes” todo lo que respondió Sotomayor.

En cuanto a Kagan, las audiencias fluyeron más rápido, pero igual fue cuestionada por los senadores. Los medios no le restaron importancia, al grado que el New York Times dedicó más de cinco páginas de su periódico al proceso.

Ambas partes -Senado y medios de comunicación- hicieron un trabajo lo suficientemente exhaustivo como para que no quedara duda alguna de quiénes eran las dos nuevas justices.

La terna actual

Para concluir, vale la pena hacer un escueto análisis de la terna de candidatas enviada por el presidente Calderón al Senado el pasado 30 de noviembre.

Lo primero que sorprende es que el presidente se haya tardado más de 70 días en nombrar al sustituto del ministro Gudiño Pelayo. También es interesante esta coincidencia: un día después de que el Reforma publicara el discurso del ministro Zaldívar sobre los quince empates en votación en la primera sala de la Suprema Corte por falta de un quinto ministro,[2] llegó la terna al Senado.

El segundo aspecto que sorprende es la fecha en la que llega la terna. Como se mencionó con anterioridad, el Senado dispone de 30 días para elegir a un nuevo ministro después de recibir la lista de candidatos. El período ordinario de sesiones concluye el 15 de diciembre, lo cual le da dos opciones a los senadores: discutir y votar en fast track a la nueva ministra -con todo lo que ello implica en cuanto a falta de análisis y discusión- o agendar un período extraordinario durante las vacaciones para tratar exclusivamente el tema. También hay que recordar que la Suprema Corte reinicia actividades el 3 de enero,  fecha en que tendrán que votar para elegir al nuevo ministro presidente y, por tal motivo, lo ideal es que estén presentes los once ministros para evitar un posible empate.

Finalmente, poco puede decirse de las tres candidatas, dada la poca apertura del sistema judicial. No es posible analizar sus criterios en las sentencias en las que han participado, puesto que éstas no se encuentran disponibles al público en general. En cuanto a su trayectoria, también se sabe poco. Sólo dos de las tres candidatas tienen currículo en línea (Elvia Rosa Díaz de León y Lilia Mónica López). De la tercera, Andrea Zambrana, ni foto hay. Lo más que se puede saber con respecto a su ideología es que fue secretaria de estudio y cuenta del ministro Aguirre Anguiano, el ministro que por su historial de decisiones representa el ala más conservadora de la Corte.

Sobre los fichas curriculares no se puede decir mucho, pues son listados de cargos desempeñados. Quizá la otra forma de asomarse al criterio de una de ellas es a través del título de su tesis de licenciatura (“Estudio dogmático del delito de adulterio”, de Díaz de León) pero fue publicada hace más de cuarenta años, lo cual no necesariamente refleja sus convicciones actuales.

De la que más información se tiene es de esta última, pues ya participó en una terna para la SCJN en 2003 junto con la actual ministra Luna Ramos y el magistrado José Luis de la Peza. Esa terna fue desechada por falta de mayoría, y Díaz de León ya no fue presentada en la segunda. Nacida en 1944, Díaz de León tendría 81 años al terminar su período en la SCJN.

En términos generales, que esa sea la única información disponible no habla muy bien de las tres candidatas.

Los medios de comunicación, por su parte, no han tenido mucha oportunidad de cubrir el suceso: dado que apenas el 30 de noviembre se dio a conocer la lista, todo análisis previo ha girado en torno a la especulación sobre los posibles candidatos. Cabe resaltar que previo a la presentación de la terna ni el Reforma, El Universal o La Jornada mencionaron dentro de las posibilidades a ninguna de las tres mujeres que hoy tienen oportunidad de formar parte del Tribunal más importante de nuestro país.

Nadie estaba preparado para recibir estas tres nominaciones. Si la propuesta del presidente agarró en curva a los medios de comunicación, la siguiente parte del procedimiento lo más probable es que una vez más resulte, de menos, ominosa.

Esteban Illades (@steviehousecat). Estudiante del Departamento de Derecho del ITAM en proceso de titulación con la tesis La cobertura periodística de los tribunales: una introducción al periodismo judicial.


[1] Guerrero, Claudia y Rolando Herrera, “Avalan Senadores relevos en la Corte”, Reforma, 2 de diciembre de 2010.

[2] Fuentes, Víctor, “Impacta a la Corte el retraso de Calderón”, Reforma, 30 de noviembre de 2010.

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noviembre 5, 2010

El futuro de la Corte

Desde hace algunos meses, la Suprema Corte se encuentra inmersa en un proceso de cambios trascendentales en relativamente poco tiempo, mismos que han influido e incidirán no sólo en su comportamiento actual, sino también en el futuro de nuestro máximo tribunal.

Tales cambios, se remontan a finales de 2009 cuando fueron sustituidos los ministros Azuela Güitrón y Góngora Pimentel, por los ahora ministros Aguilar Morales y Zaldívar Lelo de Larrea, respectivamente. Si bien toda sustitución de algún integrante de la Corte es relevante, ésta lo fue más todavída debido a que Azuela y Góngora fueron en su momento presidentes de la Corte con mucha fuerza y representaban en la mayoría de los casos posturas jurídicas diametralmente opuestas. De ahí que la llegada de los nuevos ministros Aguilar Morales y Zaldívar esté impactando en el actuar de la Corte, tanto en el pleno como en las salas[1], interviniendo en el replanteamiento de ciertos temas y modificando algunos criterios sostenidos por nuestro tribunal constitucional.

A lo anterior debe agregarse el lamentable fallecimiento del ministro Gudiño Pelayo, pues éste ejercía un importante rol en la dinámica del pleno pero también en la primera sala (de la cual era presidente, por cierto). Con el tiempo, Gudiño se erigió al interior de la Corte en un firme impulsor de muchas de las acciones más novedosas (principalmente en materia de redacción de sentencias) que se han intentado implementar en los últimos años. Aún no se conoce quién sustituirá al ministro Gudiño Pelayo; sin embargo, el tema es polémico y aunque algo se ha comentado en torno al perfil de quién ingresará a la Corte, es necesario que la opinión pública ponga más atención en esta designación cuyo impacto institucional perdurará por años. Ahora bien, en concreto, dentro de lo poco que se ha debatido respecto el perfil del abogado que sustituya Gudiño Pelayo, hay quienes considerar que este nuevo ministro debe provenir de carrera judicial, como era el caso de Gudiño, pues de esta manera se mantiene un equilibrio al interior de la Corte entre los ministros de carrera judicial y aquellos que provienen de la academia, el litigio, la política, etcétera. Otros, por el contrario, consideran que lo más saludable para un tribunal constitucional, en términos del tipo de reflexiones y análisis que exige una institución de este tipo, es que su integración sea lo menos relacionada con la carrera judicional. Lo cierto, sin embargo, más allá de si efectivamente el presidente Calderón y el Senado de la República eligen a alguien con perfil de carrera judicial, es que el desempeño de la Corte sufrirá cambios sustanciales debido a la nueva incorporación.

Por último, debemos de considerar el factor de la sucesión presidencial de la Suprema Corte. El ministro Ortiz Mayagoitia termina su encargo de cuatro años al frente de la Corte y del Consejo de la Judicatura, en la que quizá ha sido la elección de los últimos años más comentada y en la que se han visto involucrados factores de diversa índole.

Muchas especulaciones se han realizado en torno al tema, pues existen ministros de reciente integración que se infiere que no participarán en el proceso (Aguilar Morales y Zaldívar Lelo de Larrea), algún otro que no lo hará pues no podría concluir el período de la presidencia (es el caso de Aguirre Anguiano) y otros que han hecho públicas sus intenciones de no ser parte del proceso de sucesión (Valls Hernández y Cossío Díaz, este último por medio de una carta que envió al resto de sus compañeros y a la opinión pública). Esto significa que el número de contendientes se reduce de manera drástica, al grado de que no pocos consideran que la verdadera pugna está entre los ministros Juan Silva Meza y Fernando Franco González-Salas.

De cualquier forma, las lecturas sobre la dinámica de la Corte hacen suponer que el nuevo presidente de la Corte, si bien deberá mantener cierta continuidad respecto un buen número de acciones de su antecesor, también deberá impulsar cambios profundos en la manera de concebir el papel que ejerce el máximo tribunal en nuestra sociedad.

En este sentido, la carta que el ministro Cossío envió a sus compañeros pone sobre la mesa una cuestión fundamental: si estamos de acuerdo en que se requieren modificaciones sustanciales en el actuar de nuestra Suprema Corte, principalmente en el tema de construir una doctrina constitucional congruente, uniforme y que atienda a las necesidades de la sociedad mexicana, entonces, lo cierto es que si bien el presidente de la Corte juega un rol primordial, para lograr un verdadero cambio en éste y otros aspectos será necesario un actuar conjunto del presidente y del resto de los ministros en sus respectivas responsabilidades y encomiendas.

¿Qué tribunal constitucional requiere nuestro país para afrontar las diversas problemáticas del país? Este debe ser el punto de partida de reflexión de todos los integrantes de la Corte y del resto de los poderes, pero también debe convertirse en un elemento a debatir de manera seria e informada en el ámbito académico y en la sociedad en general.

Eduardo Romero Tagle. Estudiante de Noveno Semestre. Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.


[1] Antes de la sustitución, la Primera Sala se conformaba por los ministros Cossío Díaz, Gudiño Pelayo, Sánchez Cordero, Silva Meza y Valls Hernández. Por su parte, la Segunda Sala se integraba por los ministros Aguirre Anguiano, Azuela Güitrón, Franco González-Salas, Góngora Pimentel y Luna Ramos. Posteriormente a la sustitución, en la Primera Sala ingresó el ministro Zaldívar Lelo de Larrea y en la Segunda Sala ingresó el ministro Aguilar Morales. El ministro Valls Hernández se cambió de la Primera a la Segunda Sala.

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La muerte del ministro José Gudiño Pelayo, más allá de la tragedia que significa para una familia y un círculo de amigos, seguramente implicará un relevante cambio en la dinámica institucional de la Suprema Corte de Justicia.

En primer lugar, con el deceso del ministro Gudiño se abre repentinamente una vacante en la máxima autoridad jurisdiccional del país. El presidente Calderón, por tanto, deberá enviar una terna de candidatos al Senado de la República, donde con mayoría calificada designará a partir de estas opciones a un nuevo ministro. Una primera cuestión: ¿Este ministro será designado sólo para concluir en noviembre de 2015 el período de Gudiño Pelayo o será elegido para un período completo de quince años? Al respecto, no existe una regla clara; sin embargo, en el año 2004, el Senado al elegir como ministro a Sergio Valls Hernández, debido a la muerte del ministro Román Palacios, determinó que su designación fuese para el período completo. Esto significa que si el Senado sigue este antecedente, el nuevo ministro será elegido para un período de quince años.

Otro aspecto: la muerte de Gudiño Pelayo sucede a unos meses del proceso de sucesión del presidente de la Corte. Lo ideal, en este sentido, es que la designación del nuevo ministro se realice antes del 3 de enero de 2011, fecha en que los ministros votarán entre sí para determinar quién de ellos fungirá como presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal. Esto permitiría que la Corte enfrente este proceso con su integración completa de once ministros, evitando posibles complicaciones como un empate. Sin embargo, serán interesantes también las repercusiones políticas que tendrá este cambio de ministros precisamente en el proceso de designación del presidente de la Corte. El cual se espera que sea una elección sumamente cerrada y ríspida, donde el voto de un ministro puede hacer la diferencia.

¿A quién beneficia y perjudica, entonces, en este contexto, el fallecimiento del ministro Gudiño? Es difícil saber esto con entera precisión, pues los ministros en ningún momento hacen público el sentido de su voto, ni mucho menos su intención de voto a meses de la elección; sin embargo, a partir de las especulaciones que circulan ya en el mundo jurisdiccional, se puede considerar que era muy probable que el apoyo de Gudiño Pelayo estuviese dirigido al ministro José Ramón Cossío –quien se mantiene, por cierto, en la delantera con el 37% de votos según la encuesta de El Juego de la Suprema Corte-. Lo cierto es que la muerte de Gudiño cambia las coordenadas del juego político para la elección del presidente de la Suprema Corte y, por ello, seguramente la designación del nuevo ministro estará marcada por el interés tanto del presidente Calderón como de las fuerzas políticas del Senado de impulsar a un determinado ministro como presidente de la Corte.

Por último, vale señalar que la sustitución de un ministro en mayor o menor medida propicia una nueva dinámica al momento de definir el sentido de las sentencias. Esto se debe no sólo a que cada ministro tiene una visión del derecho constitucional y de cómo se deben resolver los diversos conflictos propios de una democracia pluralista, sino también a que en un órgano colegiado de tan sólo once miembros, la personalidad, el carisma y la capacidad de persuasión de cada ministro pueden hacer la diferencia justamente al momento de construir mayorías. Esto significa, entonces, que el trágico deceso del ministro Gudiño Pelayo abre un nuevo universo de escenarios políticos e institucionales, los cuales deben ser escudriñados con especial interés por la opinión pública y la academia especializada.

El Juego de la Suprema Corte

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El papel de la Suprema Corte de Justicia es fundamental tanto para la consolidación de nuestro sistema democrático como para el correcto funcionamiento de la impartición de justicia. La Corte es la encargada del control constitucional y el intérprete último de la Carta Magna; del desahogo de las controversias y de las acciones de inconstitucionalidad; y la última instancia en algunos asuntos jurisdiccionales.

Resulta evidente que su tarea de árbitro final de las disputas y su relevancia jurisdiccional resultan incuestionables.

En consecuencia, es vital –y debería ser de interés público— el perfil de quien ocupa el cargo de ministro de la Corte, y sobre todo bajo qué procedimiento es designado. El actual sistema de nombramiento de los ministros, ubicado en el artículo 96 constitucional[1], está en vigor desde la reforma de diciembre de 1994. A grandes rasgos, éste señala que el Ejecutivo es el encargado de enviar una terna de candidatos y el Senado decide el nombramiento, por mayoría calificada de dos tercios, en un plazo de treinta días. Sin embargo, es la única disposición que existe al respecto. No hay ninguna regulación dentro del marco normativo del Senado, ni del Poder Judicial. Ante esta laguna legislativa, lo único que han hecho los senadores son unos acuerdos ad hoc a la hora de decidir las designaciones[2].

La regulación actual para la designación de los ministros de la Suprema Corte resulta además de inadecuada, claramente insuficiente.

En primer lugar, destaca el amplio margen de discrecionalidad del presidente a la hora de integrar la terna y del tiempo para presentarla al Senado. A manera de ejemplo, destaca el caso del fallecimiento del ministro Humberto Román Palacios en junio de 2004. El ejecutivo tardó 105 días en enviar la terna para suplir la vacante[3]. Es difícil concebir mayor negligencia y desdén hacia la Corte y lo que ella representa.

Un punto adicional en el que hay que poner atención es en las comparecencias de los candidatos frente al Senado. En la actualidad se reducen a un discurso de veinte minutos sin posibilidad de responder preguntas o cuestionamientos. En otros países –Estados Unidos, por ejemplo— los candidatos son examinados durante meses, y se revisa exhaustivamente su pasado, sus publicaciones, las sentencias previas en caso de pertenecer a la judicatura, su situación personal, etcétera.

La comparecencia debe ser un elemento fundamental en el proceso de selección: hay que realizar una valoración a fondo del candidato, ya que ocupará el cargo durante quince años, y tendrá en sus manos temas fundamentales para el futuro del país.

Es indispensable poder designar a los mejores candidatos a los cargos de mayor responsabilidad; y no como ha sucedido, que se ha decidido por filias o fobias políticas, llegando al máximo tribunal personas cuya experiencia se limita a ser notario (pero con los contactos adecuados), o el caso de un candidato que en su exposición frente al Senado se presentó como el paladín de las garantías individuales, y en el primer asunto que le tocó pronunciarse ya como ministro, lo hizo en sentido contrario.

Sin duda, el mecanismo para nombrar a los ministros de la Suprema Corte debe ser reformado a fondo: “(…) el sistema se encuentra necesitado de normas que definan con mayor claridad los plazos para la presentación de las ternas y para su discusión; el tipo y la metodología seguida para la votación de las candidaturas; el órgano al que le corresponde la verificación de los requisitos de elegibilidad y las cuestiones sobre las que deberá girar el dictamen, la modalidad de desahogo de las comparecencias, las causas por las que procede el rechazo de un terna y la definición de lo que implica una nueva.”[4]

O en todo caso, ¿por qué mejor no rifamos las vacantes en la Suprema Corte?

José Carbonell. Profesor de la facultad de Derecho de la UNAM.


[1] “Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República. En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.”

[2] Destaca el “Acuerdo de la Junta de Coordinación política, en relación con el procedimiento para la elección de un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación” de noviembre de 2003 y, otro acuerdo similar, de octubre de 2004.

[3] Astudillo, César, “Comentario al artículo 96” en Carbonell, Miguel (coord.), Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada, Porrúa-UNAM, 20ª ed., México, 2009, Tomo IV, p. 69.

[4] Ibíd., p. 75.

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