Desde hace algunos meses, la Suprema Corte se encuentra inmersa en un proceso de cambios trascendentales en relativamente poco tiempo, mismos que han influido e incidirán no sólo en su comportamiento actual, sino también en el futuro de nuestro máximo tribunal.

Tales cambios, se remontan a finales de 2009 cuando fueron sustituidos los ministros Azuela Güitrón y Góngora Pimentel, por los ahora ministros Aguilar Morales y Zaldívar Lelo de Larrea, respectivamente. Si bien toda sustitución de algún integrante de la Corte es relevante, ésta lo fue más todavída debido a que Azuela y Góngora fueron en su momento presidentes de la Corte con mucha fuerza y representaban en la mayoría de los casos posturas jurídicas diametralmente opuestas. De ahí que la llegada de los nuevos ministros Aguilar Morales y Zaldívar esté impactando en el actuar de la Corte, tanto en el pleno como en las salas[1], interviniendo en el replanteamiento de ciertos temas y modificando algunos criterios sostenidos por nuestro tribunal constitucional.

A lo anterior debe agregarse el lamentable fallecimiento del ministro Gudiño Pelayo, pues éste ejercía un importante rol en la dinámica del pleno pero también en la primera sala (de la cual era presidente, por cierto). Con el tiempo, Gudiño se erigió al interior de la Corte en un firme impulsor de muchas de las acciones más novedosas (principalmente en materia de redacción de sentencias) que se han intentado implementar en los últimos años. Aún no se conoce quién sustituirá al ministro Gudiño Pelayo; sin embargo, el tema es polémico y aunque algo se ha comentado en torno al perfil de quién ingresará a la Corte, es necesario que la opinión pública ponga más atención en esta designación cuyo impacto institucional perdurará por años. Ahora bien, en concreto, dentro de lo poco que se ha debatido respecto el perfil del abogado que sustituya Gudiño Pelayo, hay quienes considerar que este nuevo ministro debe provenir de carrera judicial, como era el caso de Gudiño, pues de esta manera se mantiene un equilibrio al interior de la Corte entre los ministros de carrera judicial y aquellos que provienen de la academia, el litigio, la política, etcétera. Otros, por el contrario, consideran que lo más saludable para un tribunal constitucional, en términos del tipo de reflexiones y análisis que exige una institución de este tipo, es que su integración sea lo menos relacionada con la carrera judicional. Lo cierto, sin embargo, más allá de si efectivamente el presidente Calderón y el Senado de la República eligen a alguien con perfil de carrera judicial, es que el desempeño de la Corte sufrirá cambios sustanciales debido a la nueva incorporación.

Por último, debemos de considerar el factor de la sucesión presidencial de la Suprema Corte. El ministro Ortiz Mayagoitia termina su encargo de cuatro años al frente de la Corte y del Consejo de la Judicatura, en la que quizá ha sido la elección de los últimos años más comentada y en la que se han visto involucrados factores de diversa índole.

Muchas especulaciones se han realizado en torno al tema, pues existen ministros de reciente integración que se infiere que no participarán en el proceso (Aguilar Morales y Zaldívar Lelo de Larrea), algún otro que no lo hará pues no podría concluir el período de la presidencia (es el caso de Aguirre Anguiano) y otros que han hecho públicas sus intenciones de no ser parte del proceso de sucesión (Valls Hernández y Cossío Díaz, este último por medio de una carta que envió al resto de sus compañeros y a la opinión pública). Esto significa que el número de contendientes se reduce de manera drástica, al grado de que no pocos consideran que la verdadera pugna está entre los ministros Juan Silva Meza y Fernando Franco González-Salas.

De cualquier forma, las lecturas sobre la dinámica de la Corte hacen suponer que el nuevo presidente de la Corte, si bien deberá mantener cierta continuidad respecto un buen número de acciones de su antecesor, también deberá impulsar cambios profundos en la manera de concebir el papel que ejerce el máximo tribunal en nuestra sociedad.

En este sentido, la carta que el ministro Cossío envió a sus compañeros pone sobre la mesa una cuestión fundamental: si estamos de acuerdo en que se requieren modificaciones sustanciales en el actuar de nuestra Suprema Corte, principalmente en el tema de construir una doctrina constitucional congruente, uniforme y que atienda a las necesidades de la sociedad mexicana, entonces, lo cierto es que si bien el presidente de la Corte juega un rol primordial, para lograr un verdadero cambio en éste y otros aspectos será necesario un actuar conjunto del presidente y del resto de los ministros en sus respectivas responsabilidades y encomiendas.

¿Qué tribunal constitucional requiere nuestro país para afrontar las diversas problemáticas del país? Este debe ser el punto de partida de reflexión de todos los integrantes de la Corte y del resto de los poderes, pero también debe convertirse en un elemento a debatir de manera seria e informada en el ámbito académico y en la sociedad en general.

Eduardo Romero Tagle. Estudiante de Noveno Semestre. Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.


[1] Antes de la sustitución, la Primera Sala se conformaba por los ministros Cossío Díaz, Gudiño Pelayo, Sánchez Cordero, Silva Meza y Valls Hernández. Por su parte, la Segunda Sala se integraba por los ministros Aguirre Anguiano, Azuela Güitrón, Franco González-Salas, Góngora Pimentel y Luna Ramos. Posteriormente a la sustitución, en la Primera Sala ingresó el ministro Zaldívar Lelo de Larrea y en la Segunda Sala ingresó el ministro Aguilar Morales. El ministro Valls Hernández se cambió de la Primera a la Segunda Sala.

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La muerte del ministro José Gudiño Pelayo, más allá de la tragedia que significa para una familia y un círculo de amigos, seguramente implicará un relevante cambio en la dinámica institucional de la Suprema Corte de Justicia.

En primer lugar, con el deceso del ministro Gudiño se abre repentinamente una vacante en la máxima autoridad jurisdiccional del país. El presidente Calderón, por tanto, deberá enviar una terna de candidatos al Senado de la República, donde con mayoría calificada designará a partir de estas opciones a un nuevo ministro. Una primera cuestión: ¿Este ministro será designado sólo para concluir en noviembre de 2015 el período de Gudiño Pelayo o será elegido para un período completo de quince años? Al respecto, no existe una regla clara; sin embargo, en el año 2004, el Senado al elegir como ministro a Sergio Valls Hernández, debido a la muerte del ministro Román Palacios, determinó que su designación fuese para el período completo. Esto significa que si el Senado sigue este antecedente, el nuevo ministro será elegido para un período de quince años.

Otro aspecto: la muerte de Gudiño Pelayo sucede a unos meses del proceso de sucesión del presidente de la Corte. Lo ideal, en este sentido, es que la designación del nuevo ministro se realice antes del 3 de enero de 2011, fecha en que los ministros votarán entre sí para determinar quién de ellos fungirá como presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal. Esto permitiría que la Corte enfrente este proceso con su integración completa de once ministros, evitando posibles complicaciones como un empate. Sin embargo, serán interesantes también las repercusiones políticas que tendrá este cambio de ministros precisamente en el proceso de designación del presidente de la Corte. El cual se espera que sea una elección sumamente cerrada y ríspida, donde el voto de un ministro puede hacer la diferencia.

¿A quién beneficia y perjudica, entonces, en este contexto, el fallecimiento del ministro Gudiño? Es difícil saber esto con entera precisión, pues los ministros en ningún momento hacen público el sentido de su voto, ni mucho menos su intención de voto a meses de la elección; sin embargo, a partir de las especulaciones que circulan ya en el mundo jurisdiccional, se puede considerar que era muy probable que el apoyo de Gudiño Pelayo estuviese dirigido al ministro José Ramón Cossío –quien se mantiene, por cierto, en la delantera con el 37% de votos según la encuesta de El Juego de la Suprema Corte-. Lo cierto es que la muerte de Gudiño cambia las coordenadas del juego político para la elección del presidente de la Suprema Corte y, por ello, seguramente la designación del nuevo ministro estará marcada por el interés tanto del presidente Calderón como de las fuerzas políticas del Senado de impulsar a un determinado ministro como presidente de la Corte.

Por último, vale señalar que la sustitución de un ministro en mayor o menor medida propicia una nueva dinámica al momento de definir el sentido de las sentencias. Esto se debe no sólo a que cada ministro tiene una visión del derecho constitucional y de cómo se deben resolver los diversos conflictos propios de una democracia pluralista, sino también a que en un órgano colegiado de tan sólo once miembros, la personalidad, el carisma y la capacidad de persuasión de cada ministro pueden hacer la diferencia justamente al momento de construir mayorías. Esto significa, entonces, que el trágico deceso del ministro Gudiño Pelayo abre un nuevo universo de escenarios políticos e institucionales, los cuales deben ser escudriñados con especial interés por la opinión pública y la academia especializada.

El Juego de la Suprema Corte

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El papel de la Suprema Corte de Justicia es fundamental tanto para la consolidación de nuestro sistema democrático como para el correcto funcionamiento de la impartición de justicia. La Corte es la encargada del control constitucional y el intérprete último de la Carta Magna; del desahogo de las controversias y de las acciones de inconstitucionalidad; y la última instancia en algunos asuntos jurisdiccionales.

Resulta evidente que su tarea de árbitro final de las disputas y su relevancia jurisdiccional resultan incuestionables.

En consecuencia, es vital –y debería ser de interés público— el perfil de quien ocupa el cargo de ministro de la Corte, y sobre todo bajo qué procedimiento es designado. El actual sistema de nombramiento de los ministros, ubicado en el artículo 96 constitucional[1], está en vigor desde la reforma de diciembre de 1994. A grandes rasgos, éste señala que el Ejecutivo es el encargado de enviar una terna de candidatos y el Senado decide el nombramiento, por mayoría calificada de dos tercios, en un plazo de treinta días. Sin embargo, es la única disposición que existe al respecto. No hay ninguna regulación dentro del marco normativo del Senado, ni del Poder Judicial. Ante esta laguna legislativa, lo único que han hecho los senadores son unos acuerdos ad hoc a la hora de decidir las designaciones[2].

La regulación actual para la designación de los ministros de la Suprema Corte resulta además de inadecuada, claramente insuficiente.

En primer lugar, destaca el amplio margen de discrecionalidad del presidente a la hora de integrar la terna y del tiempo para presentarla al Senado. A manera de ejemplo, destaca el caso del fallecimiento del ministro Humberto Román Palacios en junio de 2004. El ejecutivo tardó 105 días en enviar la terna para suplir la vacante[3]. Es difícil concebir mayor negligencia y desdén hacia la Corte y lo que ella representa.

Un punto adicional en el que hay que poner atención es en las comparecencias de los candidatos frente al Senado. En la actualidad se reducen a un discurso de veinte minutos sin posibilidad de responder preguntas o cuestionamientos. En otros países –Estados Unidos, por ejemplo— los candidatos son examinados durante meses, y se revisa exhaustivamente su pasado, sus publicaciones, las sentencias previas en caso de pertenecer a la judicatura, su situación personal, etcétera.

La comparecencia debe ser un elemento fundamental en el proceso de selección: hay que realizar una valoración a fondo del candidato, ya que ocupará el cargo durante quince años, y tendrá en sus manos temas fundamentales para el futuro del país.

Es indispensable poder designar a los mejores candidatos a los cargos de mayor responsabilidad; y no como ha sucedido, que se ha decidido por filias o fobias políticas, llegando al máximo tribunal personas cuya experiencia se limita a ser notario (pero con los contactos adecuados), o el caso de un candidato que en su exposición frente al Senado se presentó como el paladín de las garantías individuales, y en el primer asunto que le tocó pronunciarse ya como ministro, lo hizo en sentido contrario.

Sin duda, el mecanismo para nombrar a los ministros de la Suprema Corte debe ser reformado a fondo: “(…) el sistema se encuentra necesitado de normas que definan con mayor claridad los plazos para la presentación de las ternas y para su discusión; el tipo y la metodología seguida para la votación de las candidaturas; el órgano al que le corresponde la verificación de los requisitos de elegibilidad y las cuestiones sobre las que deberá girar el dictamen, la modalidad de desahogo de las comparecencias, las causas por las que procede el rechazo de un terna y la definición de lo que implica una nueva.”[4]

O en todo caso, ¿por qué mejor no rifamos las vacantes en la Suprema Corte?

José Carbonell. Profesor de la facultad de Derecho de la UNAM.


[1] “Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República. En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.”

[2] Destaca el “Acuerdo de la Junta de Coordinación política, en relación con el procedimiento para la elección de un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación” de noviembre de 2003 y, otro acuerdo similar, de octubre de 2004.

[3] Astudillo, César, “Comentario al artículo 96” en Carbonell, Miguel (coord.), Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comentada, Porrúa-UNAM, 20ª ed., México, 2009, Tomo IV, p. 69.

[4] Ibíd., p. 75.

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