A casi 20 años de haber publicado su primer número, la revista Isonomía inicia una nueva etapa a cargo ahora de Francisca Pou (directora) y Alberto Puppo (director adjunto), ambos académicos e investigadores de tiempo completo del departamento de Derecho del ITAM. Rescatando los logros conseguidos por esta publicación mexicana sobre teoría y filosía del Derecho durante más de tres lustros, ahora Isonomía se plantea por los menos tres retos clave: lograr que se convierta, además de impresa, en una revista virtual, mejorando significativamente su sitio de Internet y diversificando las formas de interacción con los usarios (isonomia.itam.mx); consolidar el sistema de arbitraje, al hacer más exigente la revisión de los textos propuestos e incentivar el diálogo entre autores y árbitros y; por último, que pertenezca a índices de calidad como el CONACYT al cual recién ingreso. Este blog aplaude estos esfuerzos y le desea la mejor de las suertes a la nueva directiva. Misma que a continuación reseña el contenido del número 37 de la revista que ya corrió a su cargo.     

La sección de artículos abre con un trabajo de Hugo Seleme sobre un tema espinoso y difícil de tratar: ¿puede justificarse moralmente la opción del abogado que decide defender en juicio a una persona, sabiendo que esa persona es culpable? La respuesta habitual a esta pregunta, señala el autor, es negativa y deriva en una extendida y aparentemente plausible condena popular a los “abogados del Diablo”, que sin embargo convive con la creencia, igualmente mayoritaria, de que está justificado mantener sistemas procesales penales en cuyo contexto el Estado no condena “a toda costa” y todos —los culpables también— tienen derecho a la defensa. El artículo reconstruye la estructura del argumento condenatorio, identifica las principales líneas argumentativas que se han avanzado para debilitarlo y muestra por qué no lo consiguen (o lo hacen con grandes costos). En su lugar y tomando como base la noción “prospectiva” de obligación propuesta por Zimmerman, desarrolla una alternativa que permite deshacer la idea de que la abogada o abogado merece censura por ser un contributor a un curso de acción que contraviene obligaciones morales. El artículo desarrolla, en breve, un análisis original y cuidadoso en un terreno en el que tenemos intuiciones morales encontradas, haciendo una contribución impecable a un debate que ya tiene antecedentes y que toca temas muy profundos a la vez que inescapablemente cotidianos.

Diego Papayannis nos ofrece por su parte un magnífico panorama de las aproximaciones teóricas relevantes en el campo de la responsabilidad civil extracontractual y, como el título de su artículo anuncia, nos ayuda alcanzar un entendimiento no banal del papel que juegan las metodologías de análisis en la comprensión de las prácticas jurídicas. Su artículo da cuenta de la habitual contraposición entre las teorías deontológicas, que explican la responsabilidad por daños con categorías articuladas en torno a ideas de justicia correctiva o justicia distributiva, y las teorías desarrolladas por los cultivadores de las corrientes de análisis económico del derecho, que instrumentan el análisis a la idea de eficiente reducción del costo social de los accidentes. El autor hace una reconstrucción exhaustiva de las premisas y categorías explicativas centrales a cada una de ellas y a continuación subraya lo equivocado de verlas como rivales. En realidad, las dos corrientes se interesan por preguntas distintas y las respuestas que avanzan no son por consiguiente contradictorias, sino que iluminan facetas distintas de la realidad y en conjunto proveen una reconstrucción más completa del tipo de práctica jurídica que relacionamos con el derecho de daños.

Papayannis lo muestra subrayando algunos de los fundamentos de las metodologías explicativas de las ciencias sociales (en oposición a las naturales) y perfilando las diferencias entre los análisis conceptuales interesados por describir el sentido de una práctica para sus participantes y las explicaciones funcionales que le dan explicaciones externas e identifican sus efectos positivos y negativos, con independencia de si éstos son visibles u opacos para los participantes.

Juan Ruiz Manero —un discutidor habitual y agudo de la obra de Luigi Ferrajoli— identifica en su texto lo que interpreta como cuatro manifestaciones claras del “unilateralismo” en la obra del profesor italiano, cuya huella detecta tanto en sus teorías del derecho y de la democracia como en las posiciones que ha defendido en debates más directamente políticos. La primera tiene que ver con su querencia por el lenguaje constitucional taxativo, como garantía del tipo de vinculación bajo la cual, a su juicio, debe quedar la legislación ordinaria; la segunda, con el modo en que Ferrajoli niega las diferencias sustanciales entre los “principios en sentido estricto” y las reglas jurídicas ordinarias; la tercera queda evidenciada por su apoyo exclusivo a los sistemas electorales proporcionales y su rechazo frontal de los mayoritarios, y la cuarta deriva de su rechazo al recurso a la guerra, en cualquier circunstancia.

La obra ferrajoliana se resiste así sistemáticamente a reconocer el otro polo de lo que son, apunta Ruiz Manero, tensiones valorativas inevitables —y de hecho, como muestra, deseables— en la base de nuestros sistemas normativos e institucionales. Aunque eso (el monoteísmo, el unilateralismo), observa con perspicacia el autor, es curiosamente un rasgo muy propio de las teorías que, según reconocemos, han hecho las más influyentes y fecundas contribuciones al entendimiento global de los fenómenos jurídicos.

El artículo de Laura Clérico, finalmente, rastrea con cuidado la presencia de los casos (y de la red de reglas derivada de la resolución de conflictos de derechos en casos concretos) en la obra de Robert Alexy y muestra cómo una reconstrucción de su teoría atenta a ellos permite descubrir una propuesta mucho menos particularista y más “atada” a puntos preestablecidos de lo que habitualmente se asume. Vista así, la distancia entre la teoría de la ponderación alexiana y la aparentemente más “definicional” teoría de la ponderación de José Juan Moreso

—que el artículo también reconstruye y compara con la anterior— se reduce significativamente y parece llevarnos a un punto intermedio quizá no tan lejano a un razonable equilibro entre excesiva petrificación y excesiva innovación y entre márgenes de pre-determinación de la decisión judicial demasiado estrechos y demasiados amplios. El artículo pone de relieve puntos que me parece esencial tener presente para monitorear con buenos fundamentos los ejercicios de garantía judicial de derechos fundamentales, pues tanto los ejercicios mismos como los análisis críticos que sobre ellos se proyectan se apoyan muchas veces en versiones “pop” de unas u otras teorías que distan de extraer toda su virtualidad para la construcción progresiva de una práctica de aplicación constitucional racional.

En la sección de notas hemos incluido una reflexión de Antonella Attili y Luis Salazar sobre lo que llaman “la otra transición” mexicana: la transición jurídica e institucional que debería acompañar a la transición político-electoral que mal que bien ya hemos transitado. Los autores ponen el foco en la reforma de derechos humanos aprobada en junio de 2011 y la calibran desde la perspectiva marcada por la necesidad de no contentarse con la democracia puramente electoral, “de la alternancia”, que ha sido objeto de una atención desproporcionada y casi obsesiva. El objetivo tiene que ser avanzar, por fin, hacia un tipo de democracia que da a los derechos fundamentales el lugar que ocupan bajo las descripciones canónicas ferrajolianas o bobbianas. Como subrayan los autores, no antes de eso se habrá completado el tránsito del “gobierno de los hombres” al “gobierno de las leyes”, que se adivina todavía largo y difícil. Como los lectores saben, no es la primera contribución que Isonomía publica sobre los contenidos e implicaciones de esta reforma ni será la última, pues parece claro que la comunidad académica tiene una responsabilidad especial en el proyecto de hacer de ella —por una vez— una herramienta de cambio social efectivo.

Finalmente, en la tribuna publicamos un texto del magistrado Perfecto Andrés Ibáñez sobre las causas penales que involucraron a Baltasar Garzón, ahora apartado de la judicatura española. Andrés cuenta con destreza y rigor los contornos de los distintos procesos seguidos contra Garzón, subrayando las diferencias que hay entre ellos —sus diferentes orígenes y objetos y el muy diferente contenido de las sentencias del Tribunal Supremo que les pusieron fin—, dando muchos datos de contexto legal, histórico, social y político que contribuyen a su comprensión. Este ejercicio de “distinción”, señala el autor, es esencial para evitar los malos entendidos y falsas premisas que lamentablemente han polucionado las posiciones de unos y otros en los debates que los casos han suscitado. El texto de Perfecto Andrés dinamiza nuestra reflexión sobre los temas que el recorrido de parte de la trayectoria profesional de Garzón invoca —la jurisdicción universal, la retroactividad o irretroactividad en el tratamiento penal de ciertas conductas, etcétera—, pero sobre todo nos muestra los muchos otros nacidos del debate en torno al “enjuiciamiento de sus enjuiciamientos”, sobre los que deberíamos tratar de tener opiniones jurídicas construidas de modo riguroso. Pero más allá de su contribución al esclarecimiento de las premisas que no pueden ser obviadas en esta construcción —de por sí muy relevante—, creo que el texto testimonia elocuentemente las exigencias y dificultades que puede plantear el ejercicio comprometido de nuestras responsabilidades personales y profesionales (como ciudadanos críticos, como jueces, como profesores, como fiscales, como litigantes) en atmósferas marcadas por una desproporcionada presencia de informaciones mediadas.

Francisca Pou Giménez. Profesora e investigadora de tiempo completo del Departamento de Derecho del ITAM. Directora de la revista Isonomía.

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La motivación de escribir esta entrada surge de la lectura del interesante artículo recientemente publicado por Francisca Pou, “Justicia constitucional y protección de los derechos en América Latina: el debate sobre la regionalización del activismo” (pp. 231 ss.), en el que aboga por un activismo dialógico contextualizado tratándose de derechos sociales y, particularmente por una activismo vertical en México.

Empezamos por señalar nuestra coincidencia con algunos de los puntos de ese trabajo, y sobre todo con su preocupación por la protección de los derechos sociales en México, dadas las circunstancias precarias en que se vive: desigualdad, pobreza, institucionalidad débil, estatalización discontinua, etc. Asimismo, compartimos la necesidad de regionalizar el nuevo activismo, cosa que describe perfectamente la autora. Sin embargo, diferimos con su propuesta de un diálogo vertical para el país, pues creemos que el diálogo horizontal no le otorga una centralidad “excesiva” a los poderes legislativo y ejecutivo, por lo que el juez no debe rehuir a hacerlos parte de la deliberación[1].

Antes de señalar las razones de nuestro desacuerdo, consideramos que su iniciativa de empezar a debatir el litigio estructural como mecanismo de reforma social, así como la forma en que éste puede o debe llevarse a cabo, es la antesala correcta para los retos que el amparo colectivo generará -una vez que se expida la ley reglamentaria del juicio de amparo- a los tribunales federales. De igual forma, nos parece adecuado utilizar la teoría del diálogo constitucional para explicar y justificar una de las formas posibles en que el juez puede actuar frente a dichos retos. Más aún, consideramos que la práctica constitucional de Argentina, Colombia y Sudáfrica es una buena base de la cual podemos partir. Finalmente, como se argumentó en otro lugar[2], creemos que la teoría del diálogo es un buen ideal regulativo de la función de nuestros jueces constitucionales.

Muy brevemente, podemos decir que desde nuestra perspectiva la metáfora del diálogo se corresponde con un juez que es parte de una práctica racional y comunicativa en la que escucha y a la vez responde (Fiss, 1979), basada en la cooperación, intercambio y, principalmente, moderación mutua de los participantes de la deliberación (Mathen, 2007). Es decir, no es que el tribunal pelee con sus “junior partners” –el Congreso, el ejecutivo, la ciudadanía- sobre el sentido constitucional (Schor, 2010) sino de un intercambio de razones en pie de igualdad en el que ninguno de los interlocutores tiene la única palabra. De hecho la deliberación se justifica en tanto y en cuanto todos los actores pueden participar en pie de igualdad, y dar pie a la modificación de las opiniones que se tenían en un principio.

Este esquema, en nuestra opinión, requiere de un juez que no determina una conducta concreta para subsanar las vulneraciones a los derechos sociales, sino que deja a la discreción de los poderes políticos la adopción de las medidas pertinentes para subsanar el estado de cosas inconstitucional[3]. Así, consciente de sus propias limitaciones y de las dificultades democráticas que plantea la asignación de recursos y el diseño de políticas públicas, defiere su diseño e implementación a los otros poderes del Estado. Lo anterior no significa que el juez deje de llamar la atención o no constate el incumplimiento de las obligaciones constitucionales derivadas de los derechos sociales, sino que abre la deliberación para la concreción de su contenido.

Esa es la manera en que el poder judicial influye (a veces de un modo determinante) en la agenda política, obligando a las autoridades representativas a que aborden y den solución a ciertos problemas. Este “poder de agenda” comprende: a) el definir una situación problemática y merecedora de atención; b) la facultad de obligar a las autoridades a tratar esas situaciones, a deliberar sobre las distintas alternativas de decisión y a tomar decisiones, y c) el controlar la ejecución de las decisiones que se tomen. En estos supuestos, la Corte asume un papel de catalizador de cambio social (Linares, 2008).

En este sentido, el diálogo no puede ser un pretexto para postergar indefinidamente la realización de los derechos sociales. De hecho, el juez tiene al alcance de su mano infinidad de herramientas para evitarlo, cuya aplicación dependerá del caso en concreto, así puede: a) exigir que determinados temas sean deliberados, b) impedir que el gobierno postergue fraudulentamente el debate, c) nombrar un mediador u ordenar la inclusión o remoción de determinados grupos de la mesa de negociación, d) solicitar al gobierno que realice y mantenga una constancia sobre el proceso de negociación y sus avances, e) prever sanciones por incumplir con el proceso de negociación, etc. (Ray, 2009). Así, estas medidas sirven para hacer del juez un mediador entre ciudadanos, por un lado, y el legislador, el Ejecutivo o las agencias por otro, sin que ello haga necesario quitarles voz a estos últimos.

Es así que la idea de un diálogo vertical sugerida por Pou no nos parece convincente. En primer lugar, por una cuestión de legitimidad democrática, pues “aún cuando es en los poderes legislativo y ejecutivo donde se originan los problemas que denuncia el litigio basado en los derechos” (Pou, 2012: 238), no se puede olvidar que el contenido de esos derechos no está predeterminado antes del litigio y que pueden ser objeto de diversas interpretaciones igualmente razonables. Es que mientras no se demuestre que los jueces ostentan el monopolio de la racionalidad, la participación del poder ejecutivo, pero sobre todo del legislativo, resulta indispensable. De lo contrario, hacemos del diálogo un monólogo en que los jueces son los que hablan y los demás actores son los que escuchan, sin pasar de la supremacía judicial. En segundo lugar, por una razón epistémica, pues una participación amplia en la deliberación aumenta las posibilidades de una mejor solución, que tenga una visión más de conjunto de la situación y no únicamente circunscrita al litigio concreto. Finalmente, por una razón pragmática, pues las resoluciones de los jueces requieren de la acción política, ya que por sí solos no pueden extinguir la injusticia estructural (Christiansen, 2008).

Por otro lado, no coincidimos con la idea de un activismo dialógico vertical porque, a reserva de ver cómo se diseñe el nuevo amparo colectivo -el desbloqueo del que habla Pou y el cual es fundamental-, ha sido precisamente el enfoque verticalista sobre la justicia constitucional el que ha dejado de lado la importancia de la participación popular en los debates constitucionales, atribuyéndole un papel hercúleo a los jueces constitucionales.

Es verdad que Pou se refiere a un activismo dialógico vertical que favorezca la participación de grupos o individuos inicialmente excluidos del diálogo político. Sin embargo, no deja de ser una visión muy corte-centrista, basada sobre todo en lo que los jueces pueden hacer, y no en lo que el pueblo puede hacer. Esta es, creemos, una de las tareas pendientes que tenemos los constitucionalistas mexicanos: incentivar la participación de los movimientos sociales en la deliberación constitucional, ya sea dentro o fuera de los tribunales, para lo cual es necesario cambiar nuestro punto de mira. En nuestra opinión, en México esa reivindicación popular es muy exigua, incluso dentro de los sectores más progresistas.

Es entonces en el diferente enfoque en el que quizá diferimos con Pou. En nuestra opinión, el activismo dialógico requiere de una academia que le dé más importancia a la sociedad civil como generadora de sentido constitucional, y no que incentive exclusivamente un mayor activismo de los jueces, aun cuando sea para favorecer la participación popular. En este mismo espacio, nos hemos manifestado en varias ocasiones a favor de darle un papel más preponderante a la ciudadanía como intérprete constitucional, precisamente porque creemos que en México hemos recibido acríticamente el constitucionalismo de la posguerra europea, en el que la democracia está deviniendo cada vez más en un mecanismo de selección de élites y la participación popular se ha dejado en un segundo plano (Pisarello, 2011).

Por estas razones es que, consideramos más adecuado un diálogo horizontal que, por un lado, no invade las competencias de los otros poderes, ni pone en peligro las bases financieras del Estado (Landau, 2012) y por el otro, recuerda a los políticos el compromiso constitucional con la transformación social en beneficio de los que se encuentran en situación más vulnerable, obligándolos a deliberar sobre el tema y tomar medidas; empoderando así los procesos populares fuera de las Cortes, los movimientos sociales, ONG´s y activistas en derechos humanos.

Micaela Alterio. Doctoranda en derechos humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Becaria MAEC-AECI.

Roberto Niembro. Investigador honorario de la Escuela Libre de Derecho.


[1] Por razones de espacio, nos es imposible detenernos sobre el diálogo horizontal tratándose de derechos sociales, por lo que permítasenos remitir a nuestro trabajo sobre “La exigibilidad de los derechos sociales desde un modelo deliberativo de justicia constitucional: El caso vacantes”, por publicarse en la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional.

[2] Roberto Niembro, “Una aproximación a la justicia constitucional deliberativa” de próxima publicación en el Homenaje a la ELD por su primer centenario)

[3] Esta categoría fue creada por la Corte Constitucional Colombiana para referirse a estados de cosas que resultan inconstitucionales. Véanse las sentencias SU-559 de 1997, T-068 de 1998, T-153 de 1998, entre otras.

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En el año 2008, la Suprema Corte ratificó la constitucionalidad de las reformas del Distrito Federal que despenalizaron el aborto durante los primeros 12 semanas de gestación. Contrario a lo que se podría pensar, el argumento central de esta decisión no se construyó a partir de una narrativa de derechos fundamentales, sino más bien a partir de una lógica de competencias de las legislaturas de las entidades federativas.

En efecto, como bien ha explicado la académica del ITAM Francisca Pou, la Corte consideró constitucional las reformas del D.F. debido a la autonomía de la que goza el legislador democrático para determinar cuándo entra a escena el derecho penal: “Lo determinante para el juicio de constitucionalidad en este punto es [...] ver si la Constitución o los tratados imponen la obligación o una prohibición de penalización respecto de las cuestiones relevantes; si no es así, el legislador es libre para determinar cuándo debe entrar en juego el derecho penal y cuándo debe retirarse, con el sólo límite de no poder criminalizar o despenalizar de forma discriminatoria, ni usar leyes privativas (no generales) ni hacerlo sin seguir los procedimientos prescritos.”

En respuesta a esta decisión, y sobre todo a su argumentación, un significativo número de legislaturas locales impulsaron reformas a las Constituciones de sus respectivas entidades para establecer el derecho a la vida desde la concepción. El cálculo político de estas legislaturas fue aprovechar la deferencia que la Corte le otorgó al legislador democrático en la sentencia de 2008, para insertar en sus Constituciones un derecho a la vida que, entendido desde la concepción, abría la posibilidad de prohibir de manera absoluta el aborto en tales estados.

Conscientes de este riesgo, diversas organizaciones civiles y comisiones de protección de derechos humanos, desde diversas trincheras jurídicas –juicios de amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad-,  impulsaron una revisión de estas reformas. Más allá de las particularidades de cada asunto, bien podemos señalar que las preguntas medulares que estaban en juego en esta nueva discusión sobre el aborto eran la siguientes: ¿Tiene un límite esta autonomía de configuración del legislador democrático? ¿Acaso ese límite no se ubica en los derechos fundamentales establecidos en la Constitución federal y los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano? Y que son  justo el par de interrogantes que responden de manera atinada los proyectos de resolución a cargo del ministro Fernando Franco, respecto dos acciones de inconstitucionalidad en contra de las reformas a las Constituciones de Baja California y San Luis Potosí, que desde el día de ayer la Corte dio a conocer en su sitio Web.

Los argumentos más relevantes de estos dos proyectos, que proponen declarar inconstitucionales las reformas de estas entidades federativas[1], son básicamente dos. Por un lado, los proyectos consideran que si bien un cigoto se puede considerar como un organismo humano, perteneciente a la especie homo sapiens, esto no significa de acuerdo a la Constitución federal y a los tratados internacionales que se les pueda considerar razonablemente como una persona o individuo en un sentido normativo.

Si ni la propia Constitución Federal ni los instrumentos internacionales pertinentes contemplan como “individuo” al producto en gestación, tampoco lo puede hacer la Constitución estatal, porque se conferirían derechos a un grupo de “sujetos” no reconocidos por la Norma Suprema, lo cual supone una contravención a ésta…

¿Se puede concluir, entonces, que la vida humana prenatal carece de un valor y protección jurídica? No: los proyectos más bien señalan que su protección reside en que son bienes constitucionalmente protegidos, pero que carecen de una posición por encima de los derechos propios de una persona.

El segundo argumento consiste en que al entender estas Constituciones locales el derecho a la vida desde la concepción vulneran la dignidad de las mujeres y sus derechos fundamentales, en particular su libertad reproductiva.

…pues la protección absoluta de la vida del concebido no nacido se establece a costa o en detrimento de sus derechos. En este sentido, se atenta contra la dignidad de las mujeres, pues las reducen a un instrumento reproductivo, y esto sirve a un estereotipo negativo de género, que las degrada a un determinado rol y les impone una carga desproporcionada.

En este sentido, los proyectos del ministro Franco trazan un límite puntual a la autonomía del legislador democrático, con fundamento en la Constitución federal y los instrumentos internacionales: puede establecer el derecho a la vida siempre que no se le dé el carácter de un derecho supremo y absoluto, cerrando la posibilidad de graduar su protección de tal manera que permita el goce de otros derechos fundamentales, como la libertad sexual y reproductiva. De ahí que los proyectos refuercen su postura al plantear los posibles efectos negativos de entender el derecho a la vida desde la concepción en temas que permiten materializar precisamente la libertad sexual y reproductiva, tales como métodos anticonceptivos, reproducción asistida, interrupción del embarazo, etc.

Se trata, pues, en términos generales, de dos proyectos de resolución acertados: bien escritos, que a pesar de ciertos problemas su cadena argumentativa se sostiene y que finalmente ubican en el centro de la discusión judicial los derechos de las mujeres -como límites de la autonomía del legislador local-. Esto no significa, sin embargo, que estos proyectos tengan un futuro promisorio en la discusión y decisión que tendrán que adoptar en los siguientes días los 11 ministros de la Suprema Corte. Pues no hay que olvidar que de acuerdo a las características procesales de las acciones de inconstitucionalidad, para lograr que las reformas a las Constituciones de Baja California y San Luis Potosí sean declaradas efectivamente inconstitucionales, como proponen los proyectos de Franco, se necesita una mayoría en tal sentido de 8 votos.

En este contexto, de entrada se pueden descartar los votos de los ministros Sergio Aguirre y Guillermo Ortiz, quienes han mantenido una férrea posición en contra del aborto; asimismo, desde la sentencia de 2008 que validó las reformas del D.F. han ingresado tres nuevos ministros que no se han pronunciado sobre el tema: Arturo Zaldívar, Luis María Aguilar y Jorge Pardo. De los cuales, dos no han dado muestras de agudeza y frescura constitucional. El escenario es complicado, pero también hay que reconocer que en los últimos años la Corte ha dado buenas sorpresas a pesar del escepticismo de algunos. Habrá que esperar, entonces, la discusión entre los ministros para en su momento escudriñar puntualmente su argumentos.

Saúl López Noriega. Profesor e investigador de tiempo completo del Departamento de Derecho del ITAM. Twitter: @slopeznoriega


[1] Articulo 7º, primer párrafo, de la Constitución de Baja California: “El Estado de Baja California acata plenamente y asegura a todos sus habitantes las garantías individuales y sociales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los demás derechos que otorga Constitución; de igual manera de esta norma fundamental tutela el derecho a la vida, al sustentar que desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural o no incluida.” Artículo 16 de la Constitución de San Luis Potosí: “El Estado de San Luis Potosí reconoce la vida como fundamento de todos los derechos de los seres humanos, por lo que la respeta y protege desde el momento de su inicio en la concepción. Queda prohibida la pena de muerte, la cual no podrá aplicarse en ningún caso. No es punible la muerte dada al producto de la concepción cuando sea consecuencia de una acción culposa de la mujer; el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación indebida; o de no provocarse el aborto la mujer corra peligro de muerte.”

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