ROL

I

El proceso de reforma democrática en México, desde principios de la década de los noventa, ha sido significativo en muchos aspectos, siendo ciertamente el creciente protagonismo de las leyes y los tribunales uno de los más importantes. Sin embargo, durante la transición de un régimen autoritario de un partido dominante a una democracia vigorosa, quizá no debe sorprendernos que la Suprema Corte de México haya tomado un rol mucho más importante. Comenzando con la reforma judicial implementada a comienzos de 1995 y pasando rápidamente a las elecciones de 2000, que llevaron al primer cambio en el poder presidencial en muchas décadas, es el escenario donde la Corte surge con un rol protagónico en la escena política mexicana.

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Académicos mexicanos y de otras naciones han llevado a cabo una importante cantidad de estudios interdisciplinarios que acompañan estas reformas e integran análisis políticos y jurídicos (por ejemplo, Rios-Figueroa 2007; Magaloni 2003, 2006; Sanchez et al. 2011; Inclán 2009). Estos textos se ubican entre los más variados e interesantes dentro del campo de los estudios de derecho comparado, y el presente libro no es la excepción. Por medio de la utilización de diferentes metodologías, los autores aquí presentes ayudan a esclarecer el rol evolutivo de la Corte en la democracia mexicana. Los capítulos ameritan ser analizados exhaustivamente no sólo por los investigadores mexicanos, sino por otros académicos que estén interesados en comprender el rol de los tribunales y la dinámica de la democratización. En esta introducción, brevemente posiciono el caso de México desde una perspectiva comparativa y, posteriormente, realizo algunos comentarios sobre los capítulos que integran este libro. Vale adelantar que en conjunto brindan un aporte significativo a la literatura de la política judicial comparada.

Comenzaré considerando lo que es una transición democrática paradigmática desde un gobierno autoritario. Dicha transición, ya sea lenta o rápida, por definición involucra la introducción de una genuina competencia política; normalmente también involucrará una reforma constitucional o su sustitución. Comprender o asumir el pasado puede implicar algún esfuerzo. Y casi con certeza, también estará acompañado por un rol creciente de la ley y los tribunales. Con relación al periodo autoritario, es probable que los tribunales jueguen un rol más prominente en la protección de los derechos en la democratización; también pueden ocupar un rol más decisivo en la resolución de disputas políticas.

La expansión de los derechos y la democracia constituyen un hecho natural. La democracia, desde nuestra perspectiva, requiere los límites de un orden constitucional seguro para ser efectiva. Estos límites incluyen la definición de las reglas del juego, así como la provisión de que ciertas zonas del juego —incorporadas en los derechos constitucionales— no puedan ser tocadas por el proceso político. Actualmente, la democratización involucra la articulación de los derechos junto con una maquinaria que los proteja.

En muchos países, la creación de un tribunal constitucional orientado a servir como principal institución de revisión constitucional ha sido una tendencia de gran relevancia. Dicho tribunal tendrá la última palabra en lo concerniente a la interpretación de la Constitución, y, naturalmente, pasará a estar profundamente involucrado en la vida política en aquellos países que lo hayan establecido. Sin embargo, también existen otras clases de instituciones constituidas para mejorar la protección de los derechos; entre ellas, las comisiones de derechos humanos, los defensores del pueblo u ombudsmen y las salas especiales en la justicia ordinaria.

Además de la protección de los derechos, el fenómeno general de la judicialización ha significado que otros tribunales estén jugando roles cada vez más centrales en la resolución de disputas políticas. Los conflictos políticos que en el pasado podían resolverse dentro de los confines de un único partido político, ahora salen a la luz y adquieren una forma jurídica. Esto, naturalmente, significa que los tribunales confrontan varias de las interrogantes relacionadas con la transición política que involucran asuntos distributivos, la justicia administrativa y la resolución de disputas electorales. Parece que muchas de las nuevas democracias se encuentran en la posición de Estados Unidos, que fue bien señalada por Alexis de Tocqueville a principios del siglo XIX: son pocos los conflictos políticos o sociales que no encuentran su camino a los tribunales.

Los tribunales han reaccionado ante estas nuevas demandas con una interesante gama de respuestas. Una manera de pensar esto es en términos de la función judicial (Kapiszewski et al. 2013). Los roles están limitados por la estructura institucional, pero los tribunales también tienen cierto poder para articular su propia posición en el orden democrático, en virtud de los casos que eligen para decidir, su punto de vista de su propia jurisdicción como expansiva o limitada, y las decisiones de fondo que toman. En algunos países, los tribunales han jugado un papel importante en el proceso de reforma en sí. Otros tribunales han sido más pasivos, esperando que hubiera un profundo proceso de consolidación antes de ejercer más autoridad. Y un pequeño número de tribunales han desempeñado un papel importante en la defensa de las prerrogativas del antiguo régimen, defendiendo el pasado contra el futuro.

En resumen, la democratización generalmente se acompaña de una expansión en el alcance y el nivel del Poder Judicial. Pero esa afirmación general oculta una gran diversidad de variantes, que nos conmina a examinar la dinámica en contextos particulares. Al examinar el papel de cualquier alto tribunal en particular, debemos tomar en cuenta el entorno institucional, la socialización, las actitudes de los jueces y las respuestas de otras partes involucradas del sistema político hacia el Poder Judicial. Por ejemplo, en Chile, como Lisa Hilbink (2007) ha demostrado, los jueces se mostraban muy renuentes a ampliar su papel a partir de una larga tradición de apoliticismo. Por el contrario, en Sudáfrica, tanto la tradición de autonomía judicial como la necesidad de un mecanismo de compromiso efectivo llevaron a la clase política a estar dispuesta a darle al tribunal constitucional un lugar destacado en la transición democrática (Meierhenrich 2008). Los actores políticos no sólo le delegan poderes a los tribunales, sino que también reaccionan ante ellos, y el aumento de la fragmentación política puede darle a los tribunales más margen de maniobra. En este sentido, la democracia, por definición, ofrece un margen más amplio para que los tribunales determinen sus roles.

El tiempo es otra dimensión importante de este análisis, ya que la literatura comparada nos ha ayudado a entender que los roles pueden cambiar con el tiempo. Hay algunos indicios de que con la consolidación democrática los tribunales chilenos están cambiando sus ideas sobre su propio rol (Couso et al., 2011). Por el contrario, el Tribunal Constitucional de Hungría jugó un papel importante en los primeros años de la transformación constitucional, pero desde entonces ha pasado a ser menos dinámico, ya que otras instituciones políticas han buscado activamente restringirlo. Teniendo en cuenta las dimensiones del rol que desempeñan, el entorno institucional y político y el tiempo, podremos entender por qué los tribunales actúan de la manera que lo hacen en cualquier momento y lugar.

II

En cuanto a México, está claro que, como en cualquier transición democrática, el legado del pasado y las peculiares dinámicas de la transición han sido especialmente importantes en la conformación del presente. Durante el período autoritario, los jueces y magistrados, al igual que otros altos funcionarios del país, estaban integrados en un sistema dominado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Como es típico de los sistemas de partidos dominantes, los tribunales no eran particularmente importantes en la gobernanza, aunque eran formalmente autónomos en el régimen autoritario. En este sentido, si bien la Suprema Corte de México estaba dotada formalmente con el poder de revisión constitucional, solamente decidió 55 controversias constitucionales entre 1917 y 1994, como Castagnola y López Noriega señalan en el capítulo tres de este libro. Los tribunales confiaron en una especie de formalismo del derecho civil para mantenerse dentro de una zona delimitada.

La década de 1980 vio un periodo de reformas que llevaron gradualmente a la democratización (Magaloni 2006; Rios-Figueroa 2007). Al igual que en muchas otras situaciones democratizadoras, la reforma política estuvo acompañada del fortalecimiento judicial. Sin embargo, el carácter gradual de la transición política de México significó que no todas las reformas institucionales en el sistema judicial ocurrieran a la vez, sino de forma episódica. A diferencia de la mayoría de otras nuevas democracias en América Latina, no se creó ningún tribunal constitucional especial ni hubo ninguna designación especial en la Suprema Corte. En cambio, el Poder Judicial ha visto cómo su poder se ha ido ampliando paulatinamente. Una reforma judicial importante en 1995 amplió la jurisdicción constitucional y presentó un consejo de la judicatura para aislar los nombramientos judiciales y la administración del proceso político; también modificó la estructura de la propia Suprema Corte. Nuevas reformas en 1999 y 2011, junto con varias decisiones importantes por parte de la misma Suprema Corte, ayudaron a desarrollar el marco institucional. Las reformas de 2011, reforzadas en 2013, eliminaron la limitación de larga data en el juicio de amparo para que sólo tuviera efecto jurídico para las partes del caso (el llamado efecto inter partes). Esto había planteado un límite importante en la formulación de políticas de los tribunales mexicanos, pero ahora el Poder Judicial tiene muchas de las herramientas básicas necesarias para desempeñar el papel paradigmático descrito anteriormente. Asimismo, la posibilidad de utilizar directamente los tratados internacionales le da al Poder Judicial un nuevo y significativo arsenal.

Naturalmente, el comportamiento judicial ha cambiado con la democratización, y los capítulos que conforman este libro nos ayudan a entender tales cambios. El capítulo desarrollado por Andrea Pozas Loyo y Julio Ríos Figueroa muestra cómo la transición ha afectado una área muy importante, pero poco estudiada. Como parte de un proyecto de investigación comparativo más amplio, estos académicos trazan la evolución de las relaciones de competencia entre los tribunales militares y civiles, demostrando así cómo el periodo reciente ha sido testigo de una restricción significativa por parte de la Corte del fuero militar. Esto proporciona un ejemplo de lo que podríamos describir como un movimiento democratizador paradigmático por parte de los tribunales. El capítulo utiliza esta área del derecho para desarrollar la idea de la función judicial más allá de la precedente literatura comparada y, por ello, hace un aporte teórico útil.

Aun así, a pesar de las grandes expansiones en su papel y su poder, hay una sensación general entre los otros autores de este libro de que la capacidad de la Suprema Corte de México está por debajo del rol que se le pide, y refleja los dolores propios del proceso de maduración que se podrían observar en un tribunal más joven. Parece que no se han aprovechado muchas oportunidades y, de hecho, pareciera que la Corte es incapaz de satisfacer las mayores demandas que acompañan a la democratización. Por lo tanto, vale la pena prestar atención a estos análisis.

El capítulo de Francisca Pou Giménez es una poderosa denuncia de ciertas deficiencias institucionales. En su lúcido análisis, primero demuestra que la democratización condujo a la expansión de los papeles de la Corte y las tareas demandadas a la misma. Además de servir como tribunal supremo de apelación en un amplio sistema judicial federal, la Suprema Corte desempeña un papel importante en la administración de justicia. Esto significa que tiene muy poco tiempo para cualquiera de sus tareas. En este sentido, señala que la decisión de retener un único tribunal supremo en lugar de establecer un tribunal constitucional conforme el modelo kelseniano resultó ser crucial. La Corte debe preocuparse por su propia jurisprudencia constitucional, por la gestión de un sistema judicial complejo, y por pronunciarse sobre los recursos interpuestos en todo el país. Todo esto hace que la lista de casos sea un poco difícil de manejar. En la transición a la democracia, la Suprema Corte de México ha estado acumulando tareas sin descartar ninguna.

Como si esto fuera poco, en su análisis Pou describe muchas características del funcionamiento de la Corte que parecen premodernas. Los continuos privilegios entre los litigantes de reuniones informales ex parte con los ministros, así como la práctica de anunciar públicamente sus decisiones mucho antes de que éstas hayan sido formuladas por escrito, son dos ejemplos centrales que serán de gran interés para los comparativistas por ser tan inusuales y contrarios al sistema paradigmático de derecho. Sin embargo, los problemas no son simplemente formales. Pou se centra en lo que ella denomina la “confusión de la decisión” que resulta en la falta de claridad respecto de lo que en realidad el tribunal ha decidido.

En algunos contextos, por supuesto, la ambigüedad puede ser estratégica y ventajosa. Por ejemplo, Cass Sunstein (1995) ha celebrado los méritos de las decisiones judiciales que están “teorizadas de manera incompleta”, ya que pueden permitir una evolución en la ley. Pero parece que la Corte de México ha tomado esto más allá para resultar en lo que podríamos denominar como las decisiones “formuladas de manera incompleta”, donde los académicos y demás comentaristas analizan los pronunciamientos públicos de los jueces individuales (a partir de la versiones estenográficas) en lugar de la sentencia final escrita que sólo aparece meses después. Si bien las decisiones formuladas de manera incompleta tienen la misma virtud política de permitir a los diferentes actores leer cosas diferentes en la decisión del tribunal, tienen el vicio de no producir ninguna jurisprudencia real, como lo demuestra el relato de Pou sobre las decisiones de la Corte con referencia al aborto entre 2008 y 2011.

Estas insuficiencias institucionales tienen consecuencias en lo que respecta a la capacidad de la Suprema Corte de desarrollar una reputación entre la comunidad jurídica. La reputación es un recurso central para el ejercicio del Poder Judicial, y los tribunales pueden tomar algunas decisiones sobre a qué audiencias quieren enfocarse (Garoupa y Ginsburg 2011). Los factores institucionales también importan. Los poderes judiciales ordinarios en las jurisdicciones civiles tienden a centrarse en la reputación colectiva del tribunal, dejando a los jueces en el anonimato. Por el contrario, las judicaturas del common law y los tribunales constitucionales generalmente hacen hincapié en la reputación individual. Al pasar a un sistema de opiniones anunciadas individualmente, la Suprema Corte mexicana parece estar cambiando su mecanismo para producir una buena reputación y así poder obtener una mayor confianza por parte de la opinión pública. Sin embargo, este cambio no está completo. Y existe una tensión entre la nueva capacidad de la Corte de “mostrarse en público” (Staton 2010) y su función básica de gestionar un sistema jurídico coherente que tenga una buena reputación a los ojos de los profesionales del derecho. A la larga, las debilidades institucionales podrían limitar el impacto de la Corte. La argumentación implica que la popularidad pública no será suficiente si la Corte no tiene una sólida reputación entre los actores fundamentales del sistema legal.

Andrea Castagnola y Saúl López Noriega tienen dos estudios cuidadosos en este volumen que analizan las decisiones de los ministros en más de mil casos entre 2000 y 2011. En su primer capítulo, lidian con la cuestión de si la Suprema Corte de México es un mediador eficaz entre los poderes, y dan una respuesta negativa a la misma. En su segundo capítulo, examinan el comportamiento judicial en los casos de derechos humanos, tanto en los juicios de amparo como en las denominadas “acciones de inconstitucionalidad”. Como en la mejor obra empírica, descubren algunos hechos sorprendentes sobre el modelo de la toma de decisiones judiciales, que sorprenderá incluso a los observadores avezados de la Suprema Corte. Por ejemplo, muestran que en los últimos años los ministros nombrados por el PRI se muestran más propensos que los ministros nombrados por el PAN, a respaldar juicios de amparo. Sin embargo, en líneas generales hallan que el supremo tribunal es bastante conservador y no particularmente contramayoritario. Nuevamente, esto parece compatible con la visión de una Corte que todavía está tratando de encontrar su papel, una tarea permanente que todavía está incompleta.

Las reformas constitucionales de 2011 se centraron en gran medida en los derechos humanos, reformulando muchas de las garantías fundamentales ya establecidas en la Constitución. Esto sugiere que existe una demanda social para que la Corte sea conocida como un organismo de derechos humanos, en lugar de ser un organismo centrado en la gestión del federalismo. Es demasiado pronto para concluir al respecto, pues como cualquier cambio de esa índole todavía está en proceso. El estudio de Pedro Salazar Ugarte sobre el litigio estratégico expone una explicación teórica sobre el papel de los litigios de derechos. A su juicio, los litigios de derechos van al fondo de la misión de los tribunales en una democracia constitucional, especialmente en una época de internacionalización de los derechos. Incluye varios estudios de casos de litigio fascinantes, pero en general piensa que la Suprema Corte de México podría hacer más. Una vez más, uno queda preguntándose si la continua acumulación de tareas y funciones, con todas las expectativas que éstas conllevan, simplemente ha limitado demasiado a la Corte.

III

El Poder Judicial está supeditado a hacer predicciones específicas sobre los rumbos que la Corte podría tomar en particular o el momento en que podría ocurrir cualquier cambio. Una de las mejores características de los capítulos de este libro es que cada uno toma una perspectiva dinámica, y el panorama general es el de una Corte en transición. Mucho ha cambiado en los últimos veinte años, y hay algunas señales de que el máximo tribunal podría seguir aumentando su papel, como podría esperarse de la experiencia de otros tribunales en democratización.

En la actualidad, una forma de ilustrar las cuestiones en juego en México es mediante el contraste de dos visiones alternativas para lo que la Corte podría verse, digamos, en 2030. Una visión es la de las reformas de los derechos humanos de 2011 llegando a su plenitud y la Corte emergiendo como un jugador principal en la protección de los ciudadanos de las diversas amenazas a sus derechos tanto de los sectores públicos como privados. Desde este punto de vista, un amplio conjunto de estructuras de apoyo, entre ellos abogados, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación, trabajarán en conjunto con el tribunal supremo para formar una especie de ecología de los derechos. Tanto la Corte como los actores sociales tendrán un papel de fortalecimiento mutuo. Así, la sociedad mexicana se manifestará como una sociedad más justa.

Sin embargo, hay otra visión menos transformadora. Se trata de la de una Corte que no opta por aprovechar la oportunidad proporcionada por las nuevas herramientas jurídicas y jurisdiccionales. Presionado por el peso de toda su carga de trabajo acumulada, el máximo tribunal buscará un término medio. De acuerdo con este punto de vista, la Corte mantendría su enfoque como un órgano de apelación en los asuntos jurídicos ordinarios, tal vez enfocándose especialmente en temas relacionados con el federalismo constitucional. La vida política del país puede permanecer tal cual lo está hoy, aunque con algunos nuevos desafíos.

¿Qué visión prevalecerá? ¿Cuál será el papel de la Corte en una o dos décadas? La esperanza de que la primera visión prevalezca está implícita en algunas de las críticas de este libro, pero uno tiene la sensación general de que el motor no ha detenido aún su marcha. Es evidente que el desarrollo de la dirección maximalista orientada a los derechos requerirá una mayor atención a los desafíos de las cargas de trabajo y la capacidad identificadas anteriormente. También puede requerir un mayor cambio generacional entre los ministros, para que individuos con diferentes expectativas de roles ocupen su lugar. Y requerirá de una comunidad académica que continúe desafiando a los tribunales con estudios rigurosos sobre su rendimiento, sirviendo como un monitor en nombre de la sociedad. Este libro representa un buen ejemplo de este tipo de trabajo.

Tom Ginsburg. Es profesor Leo Spitz de Derecho Internacional en la Universidad de Chicago, donde también tiene un cargo en el Departamento de Ciencia Política.

Aquí el resto de libro: Castagnola, Andrea y López Noriega, Saúl (edit.). 2016. El rol de la Suprema Corte en la consolidación democrática en México. México: IIJ-UNAM-Tirant lo Blanch. En los próximos meses se publicará en inglés bajo el sello editorial Routledge: Judicial politics in Mexico: The Supreme Court and the Transition to Democracy.

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Referencias

Couso, Javier, et al. (edit.) (2011), Cultures of legality: judicialization and political activism in Latin America, New York, Cambridge University Press. Garoupa

Nuno y Tom Ginsburg (2011), “Reputation, information and the organization of the judiciary”, 4:2 Journal of Comparative Law.

Hilbink, Lisa (2007), Judges beyond politics in democracy and dictatorship: lessons from Chile, New York, Cambridge University Press, 2007.

Inclan, Silvia (2009), Judicial reform in Mexico: political insurance or the search for political legitimacy?, Political Research Quarterly, December 2009, vol. 62.

Kapiszewski, Diana, et al., (eds) (2013), Consequential Courts, New York, Cambridge University Press.

Magaloni, Beatriz (2003), “Authoritarianism, democracy and the Supreme Court: horizontal exchange and the rule of law in Mexico”, en Mainwaring Scott and Welna Christopher, (eds), Democratic accountability in Latin America, New York, Oxford University Press.

Magaloni, Beatriz (2006), Voting for autocracy: hegemonic party survival and its demise in Mexico. New York, Cambridge University Press.

Meierhenrich, Jens (2008), The legacies of law: long-run consequences of legal development in South Africa, 1652–2000, New York, Cambridge University Press.

Ríos, Julio (2007), “The Emergence of an Effective Judiciary in Mexico, 1994-2002”. Latin American Politics & Society, vol. 49, num. 1.

Sánchez, Arianna, et al., 2011, “Legalist vs. interpretivist: the Supreme Court and the democratic transition in Mexico”, en Helmke Gretchen and RíosFigueroa Julio, (eds), Courts in Latin America. New York, Cambridge University Press.

Staton, Jeffrey (2010), Judicial Power and Strategic Communication in Mexico, New York, Cambridge University Press.

Sunstein, Cass (1995), “Incompletely Theorized Agreements”, Harvard Law Review, 108 (7).

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En días pasados, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia inició la discusión del expediente varios 1396/2011, que versa sobre las obligaciones del Poder Judicial de la Federación frente a las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en los casos de las mujeres indígenas Me’phaa de Guerrero: Valentina Rosendo Cantú y Otra vs. México e Inés Fernández Ortega y Otros vs. México[1].

Como es sabido, en distintos eventos acontecidos durante el año 2002, ambas mujeres fueron víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos, incluyendo la tortura sexual, al ser agredidas por elementos del Ejército mexicano. Tras una larga búsqueda de justicia, que incluyó enfrentar la impunidad generada por el fuero militar e incluso poner en riesgo su vida, Inés y Valentina llevaron su demanda hasta la Corte IDH, tribunal que en 2010 emitió sentencias condenatorias contra el Estado mexicano.

Después de la emisión de las sentencias, en el 2011, Inés y Valentina solicitaron a la Suprema Corte que iniciara un expediente varios, como lo había hecho en el Caso Radilla[2], para determinar qué obligaciones tenía el Poder Judicial respecto estas resoluciones internacionales. En su solicitud, argumentaron que la apertura de dicho expediente serviría para reiterar los criterios establecidos en el expediente varios 912/2010, pero además señalaron que permitiría a la Corte realizar desarrollos interpretativos vinculados con lo ordenado por la Corte IDH en sus sentencias, en temas como la tortura sexual, el valor del dicho de las víctimas de delitos sexuales, la impartición de justicia con perspectiva de género y etnicidad, la participación del Poder Judicial en los actos de reconocimiento ordenados, entre otros tópicos.

Luego de casi cuatro años de espera y a cinco de que la Corte IDH emitiera sus fallos, el martes 21 de abril el Pleno de la Corte comenzó a discutir el asunto[3].

ines-valentinaEl inicio de la discusión generó preocupación entre los defensores de los derechos humanos, pues la discusión evidenció que la Corte no vive un buen momento. Lo cual se evidenció en tres momentos clave: al determinar el Pleno que debía realizarse un innecesario ejercicio de correspondencia normativa entre los derechos de la Constitución y los de la Convención Americana de Derechos Humanos, reiterando la lamentable posición mayoritaria sobre la superioridad jerárquica de los primeros por encima de los segundos; al evitar el Pleno analizar la compatibilidad entre la reciente reforma en materia de fuero militar y el estándar fijado por la Corte IDH en sus sentencias, perdiendo así la oportunidad de maximizar los efectos de su fallo; y, finalmente, al expresarse una y otra vez en el Pleno posiciones que van en contra de lo que en su momento ya estableció la mayoría en el expediente varios 912/2010, lanzando un mensaje de incertidumbre jurisprudencial.

El 27 de abril la discusión prosiguió con el análisis de las obligaciones que imponen las sentencias en materia de género, etnicidad, tortura sexual y combate a la impunidad. Ese día, se determinó aplazar la discusión para permitir la modificación del proyecto de sentencia.

La decisión de aplazar la discusión implica reconocer que el proyecto sometido a discusión puede ser mejorado. Esto había sido advertido por las señoras Inés Fernández y Valentina Rosendo, así como por sus representantes, quienes expresaron su preocupación ante la posibilidad de que éste, en los términos presentados, no contribuyese realmente a desarrollar y difundir estándares sobre tortura sexual y juzgamiento con perspectiva de género y etnicidad.

Precisamente, esta preocupación fue compartida durante el debate por los ministros Cossío, Silva, Ortiz-Mena, Zaldívar y Sánchez Cordero. Por ejemplo, Cossío señaló que “el aspecto más novedoso y relevante de los mencionados, es el relativo a incorporar una perspectiva de género y de etnicidad en los juzgamientos, aspectos en los que el proyecto –me parece– debía de contener un desarrollo más amplio[4]”. Agregó además que: “uno de los elementos esenciales que se tiene que garantizar para incorporar una perspectiva de género al juzgamiento de casos de violencia sexual, es precisamente la manera de valorar las pruebas, incluidos los testimonios de las víctimas”.

En igual sentido, la ministra Sánchez Cordero señaló que el cumplimiento de las sentencias debería llevar a establecer, entre otros aspectos, quepara la determinación y configuración de la tortura […] cuando se encuentren involucrados agentes del Estado encargados de ejercer funciones de seguridad pública o incluso de las Fuerzas Armadas en auxilio de dicha función, los juzgadores ante los cuales se consignen esas averiguaciones correspondientes deberán aplicar un estándar de verificación bajo parámetros constitucionales y convencionales a efecto de no dejar ningún resquicio de impunidad […] Añadió que a la luz de las sentencias de la Corte IDH: “el estándar probatorio debe ser considerado distinto cuando exista esta víctima de violencia sexual”.

Por consideraciones como estas, el ministro Zaldívar llegó a concluir que: “el proyecto se queda corto para cumplir los señalamientos de estas dos sentencias [internacionales]”. En respuesta, el ministro ponente Pérez Dayán propuso incorporar al proyecto de sentencia criterios que aludieran a los temas mencionados en las críticas de algunos de sus colegas. Al culminar la sesión, fue acordado que el ministro ponente modificará el proyecto antes de que se discuta nuevamente. Con las reservas que genera lo expresado en el Pleno, aún es posible señalar que este paréntesis abre una posibilidad para que la resolución de este asunto sea un avance en el desarrollo de estándares sobre acceso a la justicia para las mujeres.

Por ejemplo, respecto de la impartición de justicia con perspectiva de género y etnicidad, el nuevo proyecto podría considerar lo que se desprende de las sentencias de la Corte IDH respecto pautas de actuación muy concretas para los juzgadores que dirimen casos de tortura sexual, en aspectos tan específicos como la valoración de la prueba. Estas obligaciones, vale decir, no se agotan con “medidas administrativas” ni con la programación de cursos para funcionarios judiciales, ni tampoco con la reseña de las tesis ya existentes, sino que por el contrario suponen deberes sustantivos que tendrían que ser incorporados en la actuación de los órganos jurisdiccionales del país, así como implican priorizar la atracción de casos donde se diriman estos temas. Así lo tendría que señalar el proyecto modificado.

Por ello, es de suma importancia la resolución del expediente varios 1396/2011. Porque si se modifica este proyecto para maximizar sus alcances, como en su momento lo hizo la mayoría que resolvió el expediente varios 912/2010; porque si se analizan integralmente las sentencias, más allá de rastrear obligaciones únicamente en los resolutivos; porque si el cumplimiento de las resoluciones interamericanas se entiende en el marco del diálogo jurisprudencial y no sólo en el de la impartición de capacitaciones; entonces, la discusión que viene sin duda aún puede contribuir a lo que Valentina Rosendo demandó al asistir a la sesión de la Corte: que la puerta de la justicia se abra más para las mujeres indígenas. Eso es lo que está en juego ahora que será modificado este proyecto de sentencia.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan

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[1] Cfr. Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C No. 215 y Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C No. 216. Ambas sentencias están disponibles aquí.

[2] Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación “Caso Rosendo Radilla Pacheco” Varios 912/2010. Seguimiento de Asuntos Resueltos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Disponible aquí.

[3] Ver, Tlachinollan. Comunicado. Inicia la SCJN discusión sobre las obligaciones del Poder Judicial de la Federación frente a las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Inés Fernández y Valentina RosendoDisponible aquí. Ver también sobre la discusión del proyecto: “Organismos de la sociedad civil exhortan a la SCJN fijar criterios sobre género, etnicidad y tortura sexual al resolver el expediente iniciado por los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo” aquí; y Aplazamiento de la discusión sobre las obligaciones del Poder Judicial de la Federación frente a las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, abre la posibilidad de que la SCJN desarrolle criterios sobre tortura sexual y acceso a la justicia con perspectiva de género y etnicidad” aquí.

[4] La versión estenográfica de la sesión del pasado 27 de abril del 2015 de la SCJN, de donde se recopilan todas las subsecuentes citas de los ministros está disponible aquí.

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Después de que la PGR decidió fincar cargos en contra de siete militares por el caso Tlatlaya, el Secretario de la Defensa, General Salvador Cienfuegos Zepeda, dijo: “Los militares de México aportaremos nuestros mejores esfuerzos al servicio de los ciudadanos sin amedrentarnos por juicios injustos, algunos sin duda erróneos, carentes de fundamento, malintencionados y que la institución armada no merece” (La Jornada, 11 de noviembre de 2014). Más recientemente, en la conmemoración de la Marcha de la Lealtad, el Secretario de Defensa advirtió que “hay quienes quieren alejar al Ejército del pueblo” y que la “verdadera lealtad no admite progresividad o regresividad, no es a veces si y a veces no” (La Jornada, 9 de febrero de 2015). Hace unos días, el Secretario de Defensa repitió que “en ocasiones se nos ha señalado sin agotar los cauces legales o sin pruebas serias, para tratar de desprestigiarnos y con ello dañar la confianza en nosotros depositada” (La Jornada, 19 de febrero de 2015).

fuerzas.armadas2El presidente de la República y los empresarios han respondido. El presidente recientemente dijo: “Las Fuerzas Armadas están por encima de cualquier sospecha” (La Jornada, 20 de febrero de 2015). La semana pasada, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), frente al Secretario de Defensa y al Secretario de Marina, afirmó que “no vamos a abrir todos los cuarteles del país porque quieren ver si están ahí o no los muchachos [estudiantes de Ayotzinapa]. Es meterse a las entrañas de la sociedad mexicana, la parte más intima de nuestro ser y dijimos que no aceptamos que se abran los cuarteles a nadie que no sea el ejército” (La Jornada, 13 de febrero de 2015). De hecho, una posible lectura de la inclusión de Eduardo Medina Mora en la terna que el presidente Peña Nieto envió al Senado para cubrir la vacante existente en la Suprema Corte es que, por su trayectoria en los últimos años, Medina Mora sería un ministro “sensible” a la situación de seguridad por la que atraviesa el país. Es decir, que Medina Mora vendría a apoyar una tendencia reciente en la Corte que no solo dejó inconclusa la adecuación al marco democrático del fuero militar que comenzó con Radilla y en el verano de 2012, sino que en octubre del año pasado amplió indebidamente dicho fuero al permitir que soldados acusados de delitos contra la salud, i.e. narcotráfico, sean juzgados en tribunales castrenses.

¿Es este el tipo de apoyo, de lealtad en blanco o negro, que necesitan nuestras Fuerzas Armadas en este difícil momento? Mi opinión es que no. Lo que necesitamos tanto las Fuerzas Armadas, como el gobierno civil, y todos los ciudadanos mexicanos, es buscar salidas al dilema constitucional que estamos viviendo: ¿cómo tener Fuerzas Armadas disciplinadas, eficaces y fuertes pero que al mismo tiempo funcionen bajo el marco de un Estado democrático de Derecho? Este es un dilema que está presente en todas las democracias constitucionales, pero adquiere una relevancia especial en democracias como la nuestra, con serios conflictos de seguridad internos en donde las Fuerzas Armadas son llamadas para combatirlos. En esas situaciones, no es útil que las Cortes Constitucionales o Supremas limiten a las Fuerzas Armadas de un modo tal que les impidan operar eficazmente, pero tampoco que éstas Cortes se marginen de la discusión siguiendo una política que aparece como deferencia con las Fuerzas Armadas, pero que de hecho las deja desprovistas de un marco legal adecuado. Nuestra Suprema Corte ha estado más cerca de la segunda opción que de la primera y no debería continuar por esta senda.

Pero, ¿qué podría hacer la Corte frente a esta situación? Hay una “tercera vía” consistente en que las Cortes Constitucionales o Supremas ayuden a reducir la incertidumbre legal que se deriva de que las Fuerzas Armadas estén luchando en crisis de seguridad internas. Por ejemplo, pueden contribuir buscando cómo conciliar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) con el derecho penal nacional y los derechos humanos para regular el uso de la fuerza. ¿Está México en una situación de “conflicto armado interno” que justificaría el uso del DIH? ¿Son los cárteles de la droga “partes en un conflicto armado”? ¿Toda muerte en un enfrentamiento es un homicidio o deberíamos de aceptar, bajo ciertas circunstancias, “muertes en combate” como consecuencias de una situación de conflicto armado interno? ¿Quiénes son los combatientes y cuándo se puede usar fuerza letal contra ellos? Si aceptamos que estamos en un “conflicto armado interno” que justifica el uso del DIH, ¿cómo debería éste ser combinado con el derecho penal nacional y los derechos humanos?

Estas son preguntas muy complejas, pero si seguimos sin enfrentarlas continuaremos en la situación de los últimos años: tenemos miles y miles de muertes que se quedan sin investigar ni juzgar por las resistencias a usar el derecho penal para decidir si son homicidios y en su caso aplicar el castigo correspondiente. Lo que las Fuerzas Armadas necesitan no es que se sigan apilando más muertes que no se investigan, ni que las instituciones y los actores políticos vean hacia otro lado y manifiesten su lealtad, mientras que otros sectores de la sociedad acumulan agravios y violaciones. Las Fuerzas Armadas necesitan un buen marco jurídico que les ayude a hacer su difícil labor pero dentro de los límites del estado democrático de derecho. De hecho, llevan años pidiéndolo. Sin un buen marco jurídico, las Fuerzas Armadas reclaman “lealtad” absoluta. Y las consecuencias de esta lógica polarizante han probado ser nefastas para todos.

Nuestra Suprema Corte puede ayudar a buscar salidas al dilema constitucional y las preguntas arriba planteadas. Esto no es raro en otros lugares del mundo que comparten situaciones complicadas como la nuestra, ¿por qué no lo podemos tener aquí? En Colombia, la Corte Constitucional lo ha hecho de manera ejemplar desde hace dos décadas. En Israel, la Corte Suprema lo ha hecho también. El Tribunal Constitucional del Perú ha tomado decisiones interesantes en este sentido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos también. El Derecho Internacional Humanitario es parte de nuestro ordenamiento jurídico. Los derechos humanos también. Necesitamos jueces capaces y deseosos de armonizar, combinar, ambas normas y aplicarlas a nuestra situación. Sin duda alguna, el uso desproporcionado de la fuerza y las violaciones graves a los derechos humanos deben ser cabalmente investigadas y fuertemente sancionadas por autoridades civiles e independientes. Pero las zonas grises en situaciones de conflicto como el nuestro son muchas y es ahí donde echamos de menos jueces serios, creativos y comprometidos con el Estado democrático de Derecho.

Nuestra Suprema Corte de Justicia no debe seguir con la política de auto-marginación de temas difíciles como este. Necesitamos una Corte que sea un faro luminoso que nos ayude a navegar a través de la densa niebla por la que esta pasando México en materia de seguridad. Ojalá que los nuevos ministros, el Presidente, el Senado, las Fuerzas Armadas, y la propia Corte también así lo entendieran.

Julio Ríos Figueroa. Investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

*Nota: los detalles del argumento y los datos que se mencionan en este artículo están en mi libro The Armed Forces and the Rule of Law. The Role of Constitutional Courts in Building Effective Armed Forces Bounded by Law in Latin America and Beyond (por publicarse en Cambridge University Press).

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El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Suprema Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos. En esta edición se presentan los asuntos conocidos en octubre de 2014.

1. Nuevo Sistema Electoral

Durante las primeras sesiones, la Corte continuaría la discusión sobre los parámetros del nuevo sistema electoral mexicano, en esta ocasión sobre asuntos relativos a las entidades federativas, como Querétaro, Chiapas, Nuevo León.

Se reiterarían las decisiones en torno a candidaturas independientes, financiamiento público, etc. Presentamos decisiones, que no se dieron en los asuntos de septiembre y resultan significativas.

Requisito consistente en constituir una asociación civil para el registro de candidaturas independientes, se consideró que la exigencia era una medida razonable y no constituía un requisito excesivo, desproporcionado, pues provee de una estructura mínima que facilita la actuación del candidato independiente, a través de los distintos miembros de la asociación y abona a la transparencia, al permitir distinguir claramente, entre los actos jurídicos del candidato y los relacionados con su candidatura, que guarda proporción con la finalidad de acceder al cargo de elección popular[1].

Existe una restricción injustificada a la libertad de expresión, por límites adicionales a los establecidos en la Constitución, al deber de abstenerse de denigrar a las instituciones, a otros partidos. Primero, constitucionalmente sólo se protege a las personas frente a la propaganda política o electoral que las calumnie, pero no a las expresiones que las denigre; segundo, porque la medida no tiene cabida dentro de las limitaciones expresas en el 6º constitucional[2].

derechos-humanos2Restricción injustificada y arbitraria del derecho al voto como elector, por diversas categorías sospechosas, como impedir ser elector a la persona que esté sujeta a un proceso penal, por delito que merezca pena privativa de libertad, desde que se dicte el auto de formal prisión. La Corte decidiría hacer una interpretación conforme, en el sentido de que se diera el impedimento, sólo tratándose de personas privadas efectivamente de su libertad, y no de aquellas que aún con un auto de formal prisión, se encuentren gozando de su libertad.[3]

No es aceptable excluir como electores a las personas con discapacidad y aquéllas con enfermedades mentales, ya que la norma impugnada, se aparta de los compromisos internacionales, principalmente de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Tampoco es aceptable excluir a los “ebrios consuetudinarios” y a las personas toxicómanos, ambos “fármaco-dependientes”, la Corte haría un estudio detallado del carácter histórico, teleológico, integral y competencial de la Constitución, los precedentes jurisprudenciales y diversos tratados de derechos humanos y de fiscalización de drogas, para sostener que actualmente no es posible excluir a las personas por condición de salud[4].

Disminución de la remuneración de los magistrados del Tribunal Electoral del estado. La Constitución establece un principio de seguridad económica de los magistrados y jueces, para percibir una remuneración adecuada e irrenunciable, la que no puede ser disminuía durante su encargo[5].

La jurisprudencia emitida por los órganos del Poder Judicial de la Federación es de aplicación obligatoria y no supletoria para todos los operadores jurídicos del Estado mexicano, el legislador local no tiene facultad para fijar reglas de aplicación, de la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación[6].

2. Consejos de la Judicatura[7]

Se analizaba la relación jerárquica de los Consejos de la Judicatura locales, con los órganos jurisdiccionales de su entidad, dentro del ámbito del cumplimiento de las sentencias de amparo.

Para determinar la superioridad jerárquica, diría la Corte, hay dos supuestos: poder ordenar que se actúe o deje de actuar en un sentido; segundo, dé cumplimiento a la sentencia de amparo.

En el caso, para los Consejos de la Judicatura, no se cumple ninguno. Ellos no cumplen una función de mando sobre órganos jurisdiccionales, pues esta última función no puede estar sujeta a un mandato de índole administrativa y además por sí sólo, el Consejo no podría cumplir una sentencia de amparo, pues invadiría la esfera jurisdiccional.

3. Debido proceso[8]

En el auto admisorio de una demanda de amparo directo, la Corte determinaría que es conveniente contener la orden del presidente del Tribunal Colegiado de Circuito para señalar en él, expresamente a las partes, que tienen quince días, a partir de la notificación por lista, para formular alegatos o interponer amparo adhesivo, con esto se pretende dar certeza y facilita la defensa de las partes en el juicio.

4. Jurisprudencia de la Corte, control de convencionalidad o constitucionalidad[9]

El problema a determinar era, si la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, puede ser objeto de control de constitucionalidad o convencionalidad ex officio[10] a cargo de los jueces nacionales, cuando se detecte que resulte violatoria de un derecho humano, contenido en la Constitución, o en los tratados internacionales en que el Estado mexicano sea parte.

La Corte resolvería que no y es la propia ley, la que prevé mecanismos, que podrán ser utilizados por los órganos inferiores, cuando se estimare que la jurisprudencia no resulta acorde al nuevo modelo de control de regularidad constitucional de derechos humanos, surgido a partir de la reforma de 10 de junio de 2011.

5. Fueros[11]

¿Cuándo subsiste el fuero militar? Los delitos contra la salud pueden juzgarse por el Tribunal Militar, cuando se comete por un miembro del ejército al realizar las funciones encomendadas. Lo anterior lleva a actualizarse la competencia de los tribunales militares, para juzgar los delitos del orden federal, cuando son cometidos por militares en servicio, siempre y cuando esos delitos no sean cometidos contra civiles, individualmente considerados, o se encuentren involucrados en el procesamiento.

Los elementos de la milicia, en el caso concreto, fueron acusados por permitir la extracción de narcóticos del país, lo que vulnera el Código de Justicia Militar por atentar contra la disciplina militar. En el caso concreto, igualmente se consideró al Estado como sujeto pasivo, pues es la sociedad la que resiente un menoscabo por haberse vulnerado normas de orden público, por la comisión de un ilícito.

6. Arraigo[12]

El Código de Procedimientos Penales del Estado de Baja California Sur, contemplaba el arraigo como una medida cautelar, para el caso de delitos graves. La Corte ya se había pronunciado en diversos asuntos, que el Congreso de la Unión es el único con facultades para legislar en la materia de delincuencia organizada, única vía de procedencia del arraigo.

7. División de Poderes y Poderes Sui generis. Sistema Nacional de Seguridad Pública[13]

Este asunto analizaba la constitucionalidad del nombramiento del Comisionado Nacional de Seguridad Pública y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como la obligación impuesta al Secretario de Gobernación, del Gobierno Federal, para comparecer cada seis meses ante determinadas comisiones del Senado de la República, sobre los asuntos en materia de seguridad nacional.

Primero. Requisitos de nombramiento del Comisionado Nacional de Seguridad Pública y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El problema es que se contempla la intervención del Senado en dichos nombramientos.

En cuanto al primero, se consideró que esas facultades de nombramiento, son propiamente del Secretario de Gobernación, esto llevaba a advertir un grado de subordinación y jerarquía directa e inmediata en la toma de decisiones entre el Comisionado y el Secretario de Estado, característica propia de la administración pública centralizada. Ahora, en los precedentes de la Corte se encontraba, que sin disposición expresa constitucional, no puede admitirse injerencia de otro poder en el nombramiento de los miembros de la administración pública centralizada.

En cuanto al segundo, su nombramiento como está considerado en el sistema normativo especial y constitucional, generaba una “especialidad o reserva de fuente”, donde no se contemplaba la intervención del Senado.[14]

Segundo. Obligación impuesta al Secretario de Gobernación federal, para comparecer cada seis meses ante determinadas comisiones del Senado de la República, a fin de presentar y dar seguimiento a la política criminal e informar sobre los asuntos de su competencia en materia de seguridad nacional.

La Corte definiría que no existe una prohibición absoluta para que el Secretario de Gobernación informe por comparecencia, en esos temas, al Senado de la República. Pero sí considera desproporcional la medida contemplada en la ley en comento.

La comparecencia cada seis meses ante las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, se considera atentatoria del principio de división de poderes, pues la comparecencia en esos términos no está prevista en la Constitución, de acuerdo con  los términos de la Carta Magna, la comparecencia tiene que provenir de un acuerdo parlamentario dado en un tiempo determinado, mientras que la contemplada en la ley en estudio, se da en una obligación irrestricta y sujeta a una periodicidad preestablecida.

El mismo razonamiento sucede cuando la ley en estudio establece, que el Secretario de Gobernación, debe “Informar al Poder Legislativo Federal sobre los asuntos de su competencia en materia de seguridad nacional, a través de una comparecencia semestral ante la comisión bicameral prevista…”

7. La Consulta Popular

La Corte resolvería sobre la constitucionalidad de la Consulta Popular[15] en tres asuntos.

Primero. La pregunta planteada era la siguiente: ¿Estás de acuerdo en que la Ley Federal del Trabajo establezca que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fije un nuevo salario mínimo que cubra todas las necesidades de una familia para garantizar al menos la línea de bienestar determinada por el CONEVAL?[16]

Se definió que la misma no podía ser objeto de consulta popular, por las siguientes razones:

1. La materia tiene que ver con los ingresos y gastos –tema no permitido para consultar- del Estado, al tener como finalidad, determinar nuevas bases para fijar el salario mínimo, pues si bien este es un derecho de los trabajadores, no podría desvincularse de aspectos, elementos y ordenamientos que hacen referencia al concepto mismo, ya sea de manera directa o indirecta, puesto que este concepto ha sido utilizado como referencia de una gran cantidad de legislación de orden tributaria y financiera.

2. Se consideró que la materia de consulta, igualmente caía en la prohibición relativa al tema de la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución, ya que la pregunta planteada pretendía sustituir una base constitucional, por una base de legalidad, dejando de lado el derecho humano social de los trabajadores al salario.

Segundo. La pregunta a formular: ¿Estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares nacionales o extranjeros para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica?

Se definiría que igualmente se actualizaba uno de los supuestos constitucionales que impide realizar una consulta popular, por relacionarse con los ingresos del Estado[17], por tratarse de analizar el sistema de contrataciones y asignaciones para las áreas estratégicas eléctrica, petrolera y de hidrocarburos.

Tercero. La pregunta a formular: ¿Está de acuerdo en que se mantengan las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética? [18]

Se determinó inconstitucional la consulta, porque al estar formulada en términos integrales, respecto de todas las previsiones constitucionales en materia energética, contenidas en el Decreto que reformó los citados artículos[19], su desahogo necesariamente incidiría con relación a la vigencia de determinadas disposiciones constitucionales que regulan el origen y destino de los recursos derivados de los ingresos de la industria petrolera[20].

Víctor Manuel Collí Ek. Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche y responsable del proyecto de investigación: “La vigencia de la Constitución en la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional” 154998, CONACYT-SEP, del cual el presente estudio es un producto. www.victorcolliek.com

______________________

[1] Sesión del 2 de octubre, p. 55.

[2] Sesión del 2 de octubre, p. 111.

[3] Sesión del 2 de octubre de 2014, p. 158.

[4] Sesión del 2 de octubre de 2014, p. 160.

[5] Sesión del 2 de octubre de 2014, p. 198.

[6] Sesión del 2 de octubre de 2014, p. 201.

[7] Contradicción de Tesis 57/2014, sesionada el 6 de octubre de 2014. Ponente Min. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Votación favorable, p. 10.

[8] Contradicción de Tesis 55/2014. Sesionada los días 7 y 13 de octubre. Ponente Min. Luis María Aguilar Morales. Unanimidad de votos, p. 28, sesión del 13 de octubre.

[9] Contradicción de Tesis 299/2013. Sesionada los días 13 y 14 de octubre de 2014. Ponente Min. Jorge Mario Pardo Rebolledo. Mayoría de 7 votos, sesión del 14 de octubre de 2014, p. 40.

[10] Un discusión que no se puede perder para tener un contexto claro de las implicaciones de esta decisión, la encontramos en “Último round: por qué la Corte sí debe controlar su jurisprudencia” consultable aquí. Este artículo es el final de una serie de análisis, a modo de ejercicio dialéctico, publicado en este mismo espacio, y ahí mismo referenciado.

[11] Amparo Directo en Revisión 3633/2013. Sesionado los días 16 y 20 de octubre de 2014. Ponente Min. Jorge Mario Pardo Rebolledo. Art. 57 del Código de Justicia Militar y 13 de la CPEUM. Mayoría de 6 votos, sesión del 20 de octubre de 2014, p. 6.

[12] Acción de Inconstitucionalidad 20/2013, sesionada el día 21 de octubre de 2014. Ponente Min. Luis María Aguilar Morales. Antecedentes en las Acciones de Inconstitucionalidad 29/2012 y 22/2013, del 25 y 27 de febrero de 2014. Mayoría de nueve votos.

[13] Acción de Inconstitucionalidad 1/2013. Sesionada los días 21 y 23 de octubre de 2014. Ponente Min. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Primero: ocho votos en relación con el nombramiento del Comisionado y siete votos en relación con el nombramiento de Secretario Ejecutivo. Segundo: Unanimidad de votos. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: 27 fracciones XII, XVI  último párrafo y XXX. CPEUM: 93 párrafo segundo.

[14] Sesión del 23 de octubre de 2014, p. 10.

[15] En este mismo espacio, se han hecho estudios más particulares y muy valiosos, sobre este tema, tales como: El futuro de la Consulta Popular, ¿Cómo la Suprema Corte hizo de la Consulta Popular letra muerta? y Consultas populares: La Suprema Corte entra a la discusión.

[16] 2/2014. Revisión de constitucionalidad de la materia de una consulta popular. Sesionada el 29 de octubre de 2014. Ponente Min. José Ramón Cossío Díaz. Seis votos en contra de la propuesta, p. 63. La exposición de arriba indica la posición vencedora. Consultable aquí.

[17] 1/2014. Revisión de constitucionalidad de la materia de una consulta popular. Sesionada el 30 de octubre de 2014. Ponente Min. Olga Sánchez Cordero. Diez votos a favor de la propuesta, sesión del 30 de octubre de 2014, p. 42. Consultable aquí.

[18] 3/2014. Revisión de constitucionalidad de la materia de una consulta popular. Sesionada el 30 de octubre de 2014. Ponente Min. Margarita Luna Ramos. Diez votos a favor de la propuesta, sesión del 30 de octubre de 2014, p. 58. Consultable aquí.

[19] Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013.

[20] Consultable aquí.

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“Es como si la ley metiera muchas piedritas en los zapatos para que las víctimas se cansen de caminar en su lucha por la justicia. Pero nosotros no nos cansamos, hoy fue un gran paso, hoy la piedrita fue en realidad un paso grande frente a una piedrota”.

Don José Rubio Villegas

 

Ayer, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia histórica mediante la cual, además de declarar la inconstitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar, determinó restringir el fuero castrense al ordenar la remisión a un juzgado penal del ámbito civil del caso del joven Bonfilio Rubio Villegas, un indígena nahua ejecutado extrajudicialmente a manos del Ejército mexicano.

Este caso forma parte de un paquete de 30 asuntos que actualmente se discuten en el Pleno de la SCJN. Estos casos se relacionan en su mayoría con un problema sistemático relativo a la extensión del fuero militar en casos de víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por elementos del Ejército y la incompatibilidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar[1] con el artículo 13 de la Constitución Mexicana y con la Convención Americana de Derechos Humanos.

Hasta hoy se han resuelto ya tres de los casos antes referidos, cuyos proyectos estuvieron a cargo de la ponencia de la ministra Olga Sánchez Cordero. Éstos incluyen la resolución de dos conflictos competenciales y el amparo en revisión promovido por los familiares de Bonfilio Rubio.

A modo de antecedente, recordemos que en 2009 y 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió cuatro sentencias condenatorias en contra del Estado mexicano[2]. Entre estas resoluciones destaca la sentencia del caso Rosendo Radilla Pacheco[3], en la que el Tribunal Interamericano resolvió que los integrantes de las Fuerzas Armadas que estén involucrados o sean acusados por delitos en contra de civiles deben de ser juzgados por la justicia civil y no por la justicia militar. Además de lo anterior, en esta sentencia se resolvió que el fuero militar debe ser aplicado de forma restrictiva, excepcional y limitada a la prosecución y juzgamiento de delitos que atenten en contra de bienes jurídicos propios de la disciplina militar.

Tras la notificación de dicha sentencia, la SCJN abrió el expediente “Varios 912/2010” que tenía como propósito analizar cuáles eran las obligaciones que recaían al Poder Judicial de la Federación respecto de la sentencia Radilla. En la resolución de este expediente, la SCJN resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:

  1. Las sentencias de la CoIDH son de cumplimiento obligatorio para todo el Estado mexicano.
  2. El fuero militar no puede operar en situaciones en las cuales se vean vulnerados los derechos humanos de civiles. Pero además destacó que los jueces se encuentran obligados a preferir los derechos humanos contemplados tanto en la Constitución como en los Tratados Internacionales de los que México es parte.

De esta forma, en mayo de este año, nuestro máximo tribunal emitió el Acuerdo General 06/2012. Con este acuerdo la Suprema Corte ordenó que todos los expedientes ubicados en instancias inferiores y que estuvieran relacionados con temas de fuero militar no fueran resueltos hasta en tanto la misma Corte dictara sentencia en los asuntos que ya se encontraban ubicados ante la misma, lo que abrió la posibilidad de sentar jurisprudencia obligatoria sobre este tema.

Ahora bien, tomando lo anterior como antecedente, y sin dejar a un lado la influencia de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, me gustaría adelantar que la resolución de estos casos representa grandes avances encaminados a la protección, promoción, garantía y respeto de los derechos humanos. Pues en los tres casos resueltos por la SCJN se determinó limitar el fuero militar para permitir que sea la justicia ordinaria quien resuelva el fondo de justo estos asuntos. Como adelantaba, los primeros casos que se discutieron versaron sobre dos conflictos competenciales. El primero de ellos, suscitado en el estado de Morelos y el segundo en Michoacán. Ambos conflictos fueron resueltos en el sentido de que corresponde a un juez federal en materia penal del ámbito civil conocer del juzgamiento de los militares involucrados en estos casos en los que se han generado violaciones graves a los derechos humanos de las víctimas involucradas.

La decisión en estos dos primeros asuntos sirvió para ir sentando las bases necesarias para que el Pleno continúe reiterando este criterio y así se pueda establecer jurisprudencia. Con independencia de lo anterior, considero importante resaltar que a pesar de que se resolvió remitir al fuero civil el conocimiento de estas dos causas, de la discusión de estos casos no quedó claro cuál era el criterio del Pleno en relación a la obligatoriedad de las sentencias de la CoIDH. Lo anterior adquiere entonces importancia, pues en la práctica la Secretaría de la Defensa Nacional ha manifestado que desconoce la jurisprudencia de este Tribunal.

Además de lo antes descrito, hemos de tomar en cuenta que no todo fue miel sobre hojuelas durante la discusión de estos dos asuntos; basta con observar que tardaron más de dos semanas y cinco sesiones para poder llegar a una votación definitiva. Así, y a pesar de que la mayoría de los ministros decidieron votar a favor de que fuera la justicia civil la que conociera de estos casos, y de que la mayoría de dichos ministros se pronunciaron a favor de la protección de los derechos de las víctimas y en apego a lo que contempla el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, aún existen posiciones como las de la ministra Luna Ramos y el ministro Aguirre Anguiano que para mí son verdaderamente preocupantes. Pienso en concreto en sus valoraciones sobre el rol del Sistema Interamericano y el contenido básico de los derechos humanos que, en mi opinión, se alejan de los grandes avances que hemos alcanzado en materia de protección de los derechos humanos.

Siguiendo la línea de discusión, y por lo que respecta a la resolución del primer caso contencioso que fue impulsado por los familiares de una víctima en contra de la inconstitucionalidad del fuero militar, destaco lo siguiente: que tras la resolución de los conflictos competenciales, el 14 de agosto se dio inicio al análisis y discusión del amparo en revisión 133/2012, promovido como adelantaba, por los familiares de Bonfilio Rubio. Este expediente en particular adquirió especial relevancia pues ya no se trataba de un conflicto entre órganos del propio Estado, sino que ahora eran las propias víctimas las que acudían al amparo en busca de la obtención de justicia y tutela de sus derechos.

Sobre este amparo en particular, recordemos que fue en junio de 2009 cuando Bonfilio fue ejecutado en un retén militar en el estado de Guerrero por elementos del 93 Batallón de Infantería. Como era de suponerse, el asunto fue atraído para su conocimiento por el fuero militar y los familiares de Bonfilio (su padre Secundino y su hermano José), acompañados de las organizaciones Tlachinollan y el Monitor Civil de las Fuerzas de Seguridad de la Montaña (MOCIPOL), se opusieron a dicha determinación y promovieron un juicio de amparo que fue resuelto a su favor en diciembre de 2011. Se trató de una sentencia que debiera ser considerada histórica, pues fue la primera vez que la justicia federal amparó a las víctimas frente a la inconstitucional extensión del fuero castrense. Sorprendentemente, dicha resolución fue impugnada por la SEDENA y de ahí que el amparo en revisión llegará a manos de la SCJN.

Ahora bien, después de los criterios que se siguieron por los ministros para la resolución de los conflictos competenciales que antecedían a este amparo, supuse, malamente, que el caso de Bonfilio sería resuelto sin traba ni dilación alguna. Afirmo que se trató de una mala suposición porque el día en que se empezó a discutir el caso, las posiciones sostenidas por la ministra Luna Ramos y los ministros Ortiz Mayagoitia y Aguirre Anguiano cuestionarion la legitimidad procesal de los familiares de Bonfilio para promover el amparo, arguyendo que los familiares de Bonfilio no podían ser considerados víctimas en el caso.

Por suerte, tales posiciones no prosperaron gracias a que de las intervenciones de los ministros Silva Meza, Zaldívar, Valls, Cossío, Pardo, Aguilar y Sánchez Cordero se desprendió que, además de que la CoIDH ya había determinado que los familiares de quienes padecen graves violaciones a derechos humanos tienen también carácter de víctimas, los argumentos de la ministra Luna Ramos y los ministros Ortiz Mayagoitia y Aguirre Anguiano eran jurídicamente insostenibles. Fue entonces que la votación derivó en reconocer que los familiares de las víctimas cuentan con plena legitimidad procesal para acudir al juicio de amparo.

Superado lo anterior, se entró finalmente al estudio del fondo del asunto. Y afortunadamente se resolvió en el sentido de declarar, por mayoría de ocho votos, la inconstitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar; lo que confirma la sentencia del Juez de Distrito que concedió el amparo a la familia de Bonfilio y ordena que el caso sea definitivamente remitido para su estudio y resolución a un Juez Federal del fuero civil.

Finalizo con la idea de que la resolución de la SCJN sobre estos tres primeros casos debe ser reconocida y valorada pues ha derivado en la restricción del fuero castrense, como lo habían ordenando las diversas sentencias de la CoIDH en contra del Estado mexicano. No obstante lo anterior, aún quedan 27 asuntos por resolver. Esperemos entonces que en éstos, el Pleno de la SCJN reitere un criterio garantista a efecto de que el mismo genere jurisprudencia obligatoria para todo el Estado mexicano.

 

María Sánchez de Tagle. Integrante del equipo de Estrategias Jurídicas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C.



[1] Artículo 57.- Son delitos contra la disciplina militar: …II.- los del orden común o federal, cuando en su comisión haya concurrido cualquiera de las circunstancias que en seguida se expresan: a).- Que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo;

[2] Casos: Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú y Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García (“Campesinos ecologistas”).

[3] Víctima de desaparición forzada a manos del ejército mexicano desde el año de 1974.

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En la sesión del pasado 7 de agosto del Pleno de la SCJN en la que se discutió el alcance del fuero militar, el ministro Cossío Díaz dijo algunas cosas que no debieran pasarse por alto en el debate sobre el uso de las fuerzas armadas como fuerzas de seguridad. Así, Cossío aprovechó la ocasión para pronunciarse sobre la posición general de las fuerzas armadas en nuestro orden constitucional.

De acuerdo con su interpretación: las fuerzas armadas no pueden movilizarse a menos que (1) estemos en un estado de guerra declarado por el poder legislativo; (2) en un supuesto de suspensión de garantías según el artículo 29 constitucional, o (3) que el Ejecutivo haya dictado un decreto fundando y motivando una situación en la que se declare que es necesario preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de las fuerzas armadas para la seguridad interior y defensa exterior de la federación (art. 89, fracción VI).

Pues bien, empiezo por llamar la atención sobre el momento político en que se da este pronunciamiento. Como se sabe uno de los fundamentos del decreto del presidente Calderón por el que ordenó la utilización de las fuerzas armadas como fuerzas de seguridad[1] fue el criterio de la SCJN según el cual dicho uso era constitucional (A.I. 1/96). En mi opinión, esta nueva interpretación propuesta por Cossío es el resultado de un diálogo que tiene ya varios años y que a grandes rasgos empezó con el debate parlamentario que se dio en 1995 sobre la Ley de Seguridad Pública; siguió con la impugnación que se hizo de su art. 12, fracciones III y I, en cuya resolución la Corte estableció –a través de un criterio maximalista- una doctrina de amplio alcance (A.I. 1/96); que fue aprovechada por el decreto presidencial de 2007 y contra argumentado por el surgimiento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) en 2011. Así, esta nueva interpretación judicial es parte de un proceso largo y que si bien se da en los últimos meses de la administración calderonista, no deja de ser un motivo de celebración.

Asimismo, debo decir que el tema aquí analizado forma parte de un trabajo que está por publicarse[2], por lo que no quisiera abarcar ahora todos sus recovecos. Por ello, es que en esta ocasión sólo me detendré en tres cuestiones: a) recordar que cuando se decidió la acción de inconstitucionalidad 1/96 también era posible hacer una interpretación restrictiva de la facultad del Presidente prevista en el art. 89. F. VI, b) plantear algunas dudas que genera la intervención de Cossío en relación con la interpretación este mismo artículo, y c) sugerir que la lectura que nos presenta este ministro sobre la posición de las fuerzas armadas está influida por el MPJD, es decir, que refleja un nuevo sentido constitucional generado por un movimiento social.

En la A.I. 1/1996 la Corte interpretó los arts. 16, 21[3], 29, 89, fracción VI[4] y 129[5] de la Constitución. Sin embargo, los artículos que realmente dieron sustento al criterio jurisdiccional fueron el 21, 89, fracción VI y 129, en tanto el art. 16 sólo establece el derecho a la fundamentación y motivación de todos los actos de autoridad, mientras que el art. 29 prevé el supuesto de la suspensión de garantías, supuesto que no se debatía.

Los argumentos de la Corte pueden sintetizarse de la siguiente manera: a) El texto del entonces art. 21 C. no incluía ni excluía a las fuerzas armadas en las acciones para lograr la seguridad pública, siendo el legislador ordinario el facultado para determinar específicamente cuáles autoridades u organismos de los tres niveles de gobierno tienen facultades para participar en tareas de seguridad; b) Con el art. 129 C. -según la lectura de la Corte del voto particular de Ponciona Arriaga en el proceso constituyente de 1857 relativo a dicho artículo- se pretendió prohibir las comandancias generales fijas y que el Ejército no interviniera por sí y ante sí en cuestiones de carácter civil, quedando siempre sujeto a las autoridades civiles que podrían invocar el apoyo de la fuerza militar en situaciones excepcionales y que pudieran controlarse con rapidez, con el fin de evitar caer en las situaciones previstas en el art. 29 C. La autoridad civil que podría invocar dicha ayuda es, según nuestros jueces constitucionales de ese entonces, el presidente de la República; c) esta conclusión se ve reforzada según los ministros por lo previsto en el art. 89, fracción VI C., pues permite una interpretación amplia del art. 129 C. que hace que “la actuación del Ejército, Fuerza Aérea y Armada no esté condicionada al estallido de una guerra o a la suspensión de garantías”.

En primer lugar debo recordar –como lo hizo el ministro Cossío- que el art. 21 C. fue reformado por decreto publicado el 18 de junio de 2008 para establecer que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, precisando que la seguridad pública es una función que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas. Así con la reforma al art. 21 C. se supera la interpretación de la Corte hecha hace algunos años y veda al legislador la posibilidad de establecer que las fuerzas de seguridad sean de carácter militar. Ahora bien, lo importante es que esta conclusión también pudo haberse extraído del antiguo art. 21 C. vigente al momento de la resolución de la Corte, si lo interpretamos junto con los arts. 89, f. VI y 129 C.

En efecto, en su momento los ministros pasaron por alto los objetivos que tuvieron los constituyentes del 57 para proponer la supresión de las comandancias generales, por un lado, y los de Ponciano Arriaga para pedir que el artículo 129 C. no remitiera a la ley lo meramente reglamentario, por el otro[6]. Así, lo que buscaban los constituyentes era que la autoridad civil tuviera todo el prestigio y toda la fuerza para proteger la libertad, mientras que la supresión de cualquier referencia a la ley -propuesta por Arriaga- era evitar que una vez que se suprimieran las comandancias generales, luego se establecieran otras con diferente nombre pero con los mismos o peores vicios. Así, la Corte no reparó en que lo que el art. 129 C. pretendía evitar, según palabras de Arriaga, era que “las leyes guarden silencio ante el estrépito de las armas y la tentación de abusar del poder militar”[7].

De esta manera, la razón fundamental de los constituyentes del 57 para establecer el art. 129 era impedir los abusos del Ejército y fortalecer a la autoridad civil como garante de la libertad. De esta forma, el énfasis que la Corte puso en la posibilidad de que la autoridad civil solicite el auxilio de las fuerzas armadas dejó sin sentido la prohibición que establece el art. 129 C., al hacer regla la excepción. Así, en mi opinión, al contrario de lo que sostuvo la Corte en 1996 de una lectura conjunta de los arts. 21 y 129 C. se impone una interpretación restrictiva de la facultad del presidente (art. 89, fracción VI C.) para disponer de las fuerzas armadas para la seguridad interior, que podría ejercerse, por ejemplo, en el caso de inundaciones o catástrofes naturales. Ahora bien, aun aceptando que las fuerzas militares pueden auxiliar a las autoridades civiles, eso no significa que lo puedan hacer en cualquier circunstancia y sin cumplir con ningún requisito. Este es el punto que hace más peligrosa la doctrina de la Corte, pues si bien señala que se debe tratar de circunstancias excepcionales, no establece los requisitos[8], condiciones y materias en que esta colaboración se puede presentar. Hasta aquí la interpretación de la Corte.

Volvamos ahora a lo que dijo hace unos días el ministro Cossío Díaz. De lo poco que se puede extraer de la versión taquigráfica de la sesión del Pleno, creo que el ministro está de acuerdo en que conforme al nuevo texto del art. 21 C. las fuerzas armadas no se pueden utilizar como fuerzas de seguridad. Sin embargo, más adelante nos dice que sí podrán ser movilizadas fuera de los espacios previstos en el art. 129 y en tiempos de de paz, entre otros supuestos, siempre y cuando se funde y motive por un decreto del presidente de la República. Entonces, ¿es que el nuevo art. 21 prohíbe la movilización de las fuerzas armadas como fuerzas de seguridad pero el art. 89 f. VI sí lo autoriza siempre y cuando sea a través de un decreto presidencial fundado y motivado? ¿O es que el art. 89 f. VI sólo lo autoriza para casos como el del ejemplo de inundaciones y catástrofes naturales? ¿O es que la movilización de las fuerzas armadas en tiempos de paz más allá de los espacios previstos en el 129 C. no puede hacer en ningún caso? La definición de esta cuestión no es baladí, pues si se opta por la primera interpretación nos deja en el mismo lugar que nos dejo la Corte hace algunos años.

Finalmente, quiero poner sobre la mesa la hipótesis de que la interpretación propuesta por el ministro Cossío esté influida por el MPJD. Desde mi perspectiva, este movimiento es un nuevo actor que participa activamente en la deliberación y empuja por un nuevo sentido constitucional más restrictivo sobre el uso de las fuerzas armadas, contrario al propuesto por la Corte. Así, rechaza implícitamente la supremacía judicial y busca orientar la forma en que los otros actores interpretan la Constitución, entre ellos los ministros. De esta manera, el MPDJ ha hecho patente que la Corte no ha podido cerrar de facto el debate constitucional sobre el uso de las fuerzas armadas y revalúa la importancia que tiene el espacio público no organizado para generar nuevos sentidos constitucionales. De ahí que considero pertinente preguntarnos si es que esta nueva interpretación atiende a ese nuevo movimiento social. O, en otras palabras, ¿acaso uno de nuestros mejores jueces constitucionales -y más activista- se acerca al constitucionalismo popular?

 

Roberto Niembro O. Investigador de la Escuela Libre de Derecho.


[1] Decreto por el que se crea el Cuerpo Especial del Ejército y Fuerza Aérea denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo publicado en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 9 de mayo de 2007, así como el Decreto por el que se reforma el diverso que crea el Cuerpo Especial del Ejército y Fuerza Aérea denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 17 de septiembre de 2007.

[2] Constitucionalismo popular en Latinoamérica. Micaela Alterio y Roberto Niembro (Coords.)

[3] El texto vigente del art. 21 C. al momento de resolver la acción de inconstitucionalidad era el siguiente: “La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la Policía Judicial, la cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de aquél. […] la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez […]”

[4] Art. 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

[5] Art. 129. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión: o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas.

[6] La propuesta original de los constituyentes decía: “En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. La ley arreglará el orden económico del Ejército, teniendo como base la supresión de las comandancias generales”.

[7] El debate constituyente puede versa en la propia sentencia de la Corte. Es verdad que Arriaga aceptó que la autoridad civil invocará el auxilio de la fuera militar, pero también nos aclaró que las comandancias no debían ejercer facultades y atribuciones que pertenecen a las autoridades políticas y civiles. Así, el punto que la Corte debió haber dilucidado es en qué materias, bajo qué condiciones y qué requisitos debían cumplir las autoridades civiles para solicitar el auxilio de las fuerzas armadas.

[8] Por ejemplo, no es claro por qué es el Presidente la autoridad civil que puede solicitar el auxilio y no el poder legislativo, siendo que ésta última es la única forma de asegurar un control sobre la petición de auxilio, en tanto el Presidente es al mismo tiempo autoridad civil y Mando Supremo de las fuerzas armadas.

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Uno de los temas menos atractivos en este proceso electoral, pero de enorme relevancia para la construcción democrática del país, es la visión de los candidatos a la presidencia dela Repúblicarespecto la justicia constitucional.

Su importancia reside en que el próximo presidente a lo largo de su sexenio nombrará al menos a cuatro ministros –los sustitutos de Juan Silva Meza, Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío y Margarita Luna Ramos-. Número que puede ascender a seis, si se demora el proceso de sustitución de los ministros Sergio Aguirre Anguiano y Guillermo Ortiz Mayagoitia cuyo periodo concluye el 30 de noviembre de este año. El mismo día que finaliza la gestión del presidente Calderón. Esto significa que el siguiente presidente podrá impulsar a cuatro –o, en su caso, a seis ministros- que permanecerían en este cargo durante quince años; lo que le permitirá influir de manera significativa en la configuración de nuestro tribunal constitucional y, en este sentido, en la forma como se resolverán un amplio abanico de temas de enorme impacto en la sociedad.

Asimismo, al conocer la visión y puntos de vista de los candidatos respecto la justicia constitucional nos permite tener una idea de cómo el Ejecutivo federal desarrollará su relación con los otros poderes y órdenes de gobierno y cuál es el nivel del compromiso que tiene con hacer de la Constitución, sobre todo de los derechos fundamentales, una realidad.

En este sentido, este blog con el ánimo de elevar la discusión de este tema ha convocado a varios de sus colaboradores habituales* para formular seis preguntas relacionadas con la justicia constitucional. Sus respuestas no sólo servirían para conocer más a fondo las propuestas de los candidatos, sino también para que en su momento sirvan como punto de referencia para futuros ejercicios de escrutinio. Las preguntas han sido enviadas ya a los cuatro candidatos a la presidencia de la República. En su caso, sus respuestas se publicarán y difundirán en este mismo espacio.

  1. ¿Cuál será el perfil de las personas que impulsará como candidatos al cargo de ministro de la Suprema Corte? ¿Se trataría abogados de carrera judicial, litigantes, académicos? ¿Se inclinará por miembros de grupos vulnerables o minoritarios (mujeres, indígenas, personas con discapacidad, alguien de la población LGTB, etc.)? ¿Qué tipo de visión constitucional busca en un ministro de la Corte? En particular, en relación a su propio rol como juez: ¿administra justicia, resuelve conflictos, se limita a reforzar las formas jurídicas? Al hacerlo, ¿debe siempre y exclusivamente quedarse en la letra de la Constitución?
  1. En los últimos años, los presidentes de la República han impulsado la candidatura de varios abogados como ministros, pero en ninguna ocasión han justificado ante la opinión pública las razones de por qué se han inclinado por esas personas. En este sentido, ¿usted considera que el ejecutivo federal debe justificar ante la opinión pública los nombres que integran la terna propuesta ante el Senado? ¿Por qué? En caso de asumir la presidencia de la República, ¿usted se compromete a hacer públicas en su momento las razones por las que impulsaría a ciertos abogados como ministros de la Corte?
  1. ¿Cuál es su visión del papel que debe desempeñar la Suprema Corte en la dinámica democrática de nuestro país? ¿Qué relación y qué relevancia tendrá la Suprema Corte durante su presidencia?  ¿Cómo piensa proyectar su relación con el poder judicial? A lo largo de su gestión, el presidente Calderón ha sido muy crítico de los jueces por considerar que su manera de resolver los casos que conocen es demasiada formalista. ¿Está de acuerdo con esta crítica? ¿Por qué?
  1. ¿Considera que las sentencias de los tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), cuya jurisdicción ha sido aceptada por el Estado mexicano previamente, son obligatorias para las instituciones del país? En su opinión, ¿el Estado mexicano ha cumplido de manera satisfactoria la sentencia Radilla emitida por la CoIDH que, entre otras cosas, exige eliminar el fuero militar? ¿Cuál serían las acciones que implementaría para cumplir con éstas y otras sentencias que han condenado al Estado mexicano por violaciones de derechos humanos?
  1.  En el verano del año 2011, se aprobaron dos reformas constitucionales de enorme relevancia respecto la justicia constitucional en materia de derechos humanos y juicio de amparo. Al día de hoy, el Congreso no ha legislado las leyes secundarias que aterrizarían estas reformas y de las cuales depende su viabilidad. Por ejemplo, no se ha legislado una nueva ley de amparo. En su caso, como titular del Estado mexicano, ¿cuál sería su estrategia pare remediar esta omisión por parte del legislativo y, respetando la división de poderes, impulsar el diseño y aprobación de más de quince leyes secundarias que se exigen a partir del mencionado par de reformas constitucionales?
  1. ¿Considera necesario impulsar un proceso constituyente que dé como resultado una nueva Constitución? En su opinión, ¿del que tengamos un nuevo texto constitucional depende que logremos que ésta funcione y se aplique de manera efectiva? ¿Por qué?

 

Saúl López Noriega (Twitter: @slopeznoriega). Editor On-line Blog El Juego de la Suprema Corte


* Geraldina Gonzalez de la Vega, Esteban Illades, Regina Larrea Maccise y Estefanía Vela.

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El pasado cuatro de octubre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el engrose de la resolución del expediente “varios” 912/2010 en relación a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco. El documento desarrolla todos los puntos que se discutieron a lo largo de las sesiones del Pleno, asimismo se contempla un apartado de antecedentes en relación a como fue el procedimiento del caso ante el Sistema Interamericano y la razón por cual la Suprema Corte de Justicia conoce de la sentencia.

En el engrose se contemplan las diferentes decisiones tomadas por el Pleno de la Corte, así como votos tanto disidentes como concurrentes de varios de los ministros y ministras que reflejan las encontradas opiniones y puntos de vista que fueron objeto de discusión el pasado mes de junio durante las sesiones.

En el histórico debate a partir de la sentencia de Radilla fuimos testigos de las primeras posiciones de la Suprema Corte en relación a la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de las obligaciones para el Poder Judicial a partir de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana contra México y de la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. En este sentido, en su momento, reflexionábamos acerca de las diversas decisiones que se tomaron, ya se catalogaban algunas como innecesarias, otras incompletas y destacábamos el carácter trascendental de dos decisiones: la del deber del Poder Judicial de ejercer un control de convencionalidad de carácter difuso así como la limitación a la jurisdicción militar en casos de violaciones a derechos humanos en contra de civiles por parte de miembros de las fuerzas armadas.

La resolución de la Suprema Corte recoge dichas decisiones en un engrose bastante conciso que explica cual debe ser la posición del Poder Judicial en cuanto a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana y como debe ejercerse, quién debe ejercerlo y qué efectos causará el nuevo control de convencionalidad de carácter difuso.

En relación a la obligatoriedad de las sentencias emitidas en contra del Estado mexicano por la Corte Interamericana, se cuestionaba sí realmente era necesario que la Suprema Corte se pronunciara al respecto ya que este punto resolutivo surge por el debate dentro de las primeras sesiones del Pleno sobre la decisión del Tribunal interamericano en relación a la declaración de responsabilidad internacional del Estado mexicano por la desaparición forzada de Radilla. En este sentido en el engrose se deja muy claro que la Suprema Corte no es competente para analizar, revisar, calificar o decidir si una sentencia dictada por la CorteIDH, esto es, en sede internacional, es correcta o incorrecta, o si la misma se excede en relación a las normas que rigen su materia y proceso. Esta sede de jurisdicción nacional no puede hacer ningún pronunciamiento que cuestione la validez de lo resuelto por la CorteIDH, ya que para el Estado mexicano dichas sentencias constituyen cosa juzgada y, por ende, lo único procedente es acatar y reconocer la totalidad de la sentencia en sus términos. Esta consideración de la Suprema Corte resulta congruente con lo estipulado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos la cual contempla en los artículos 62.3, 67 y 68  el carácter vinculante de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana.

Respecto al carácter “orientador” de la jurisprudencia interamericana en relación a sentencias emitidas en contra de otros países de la región, en la resolución del expediente se sostiene que se debe acudir a los criterios interpretativos de la Corte Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte más favorecedor y procure una protección más amplia del derecho que se pretende proteger. El engrose de la Suprema Corte debió desarrollar más a fondo la importancia de dichos criterios ya que la jurisprudencia de la Corte Interamericana resulta una herramienta clave al momento de ejercer el control de convencionalidad, el derecho  que contempla un tratado internacional de derechos humanos va más allá de la simple lectura del artículo que lo consagra, la interpretación y el desarrollo jurisprudencial  de la CorteIDH es lo que permite al juzgador estudiar y entender la evolución del derecho en cuestión y ejercer el control de una forma mucho más eficaz y completa.

Al respecto el ministro Arturo Zaldívar en su voto concurrente destaca la importancia de estos criterios al señalar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana, al definir el contenido de los derechos reconocidos en la Convención Americana, en realidad está interpretando y dotando de contenido las fórmulas genéricas empleadas en dicho tratado internacional, de modo que la jurisprudencia en cita se vuelve una extensión de la Convención misma.

En cuanto al control de convencionalidad el engrose deja claro que si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados, sí están obligados a dejar de aplicar estas normas inferiores dando preferencia a los contenidos de la Constitución y de los tratados en esta materia.

Para ello la resolución desarrolla cómo debe realizarse el análisis para ejercer dicho control y enuncia las diversas herramientas de interpretación al momento de llevarlo a cabo, contemplando todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en los artículos 1o. y 133), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación; todos los derechos humanos contenidos en Tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte; criterios vinculantes de la Corte Interamericana establecidos en las sentencias en las que el Estado mexicano haya sido parte, y criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la Corte, cuando el Estado mexicano no haya sido parte. El parámetro propuesto por la Suprema Corte es bastante completo. Comprendiendo el contenido de la reforma al artículo 1° constitucional el análisis de dicho control se resume al deber de las autoridades de aplicar en todo momento el principio pro persona es decir haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia.

Asimismo la resolución presenta un análisis  que señala cuáles son los diferentes controles de constitucional y convencionalidad que se pueden ejercer conforme al ordenamiento jurídico mexicano, que autoridades son competentes dependiendo el tipo de control y sobre todo que efectos resultan de cada uno de ellos. El cuadro que contempla este análisis es bastante esquemático para entender en la práctica que consecuencia jurídica conlleva la aplicación de cada control, tomando en cuenta lo complejo y limitado que puede resultar el derecho constitucional mexicano.

Analizando estas tres decisiones, debe ser una prioridad para lograr la armonización del nuevo bloque de constitucionalidad la medida ordenada por la CorteIDH al Poder Judicial en la sentencia Radilla consistente en la capacitación permanente respecto de los contenidos de la jurisprudencia interamericana sobre los límites de la jurisdicción militar, garantías judiciales y protección judicial, y estándares internacionales aplicables a la administración de justicia.

Sí no existe una capacitación constante de los jueces y juezas al respecto resulta ilusorio suponer que el juzgador puede ser parte de este proceso hermenéutico, la forma de entender el derecho constitucional ha cambiado a partir de junio de 2011 por lo que es trascendental que todos los operadores jurídicos estén en constante capacitación para realizar una interpretación adecuada.

Finalmente, en cuanto a la limitación de la jurisdicción militar, en la que el Pleno resolvió que se debía replicar el criterio de la Corte Interamericana en cuanto que el fuero militar no podrá operar bajo ninguna circunstancia frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles, ésta resultaba ser la decisión más paradigmática y positiva del expediente “varios”, no sólo en relación a una forma de cumplimiento de la sentencia de Rosendo Radilla sino del impacto de la decisión ante la situación actual en el país .

Sorprende las declaraciones del ministro José Ramón Cossio al declarar en conferencia de prensa que actualmente los tribunales militares no están obligados a enviar este tipo de asuntos al fuero común, aunque pueden hacerlo. Admitió que será hasta que la Corte conozca los primeros amparos sobre el tema, cuando el pleno determine si invalida el artículo 57 fracción II del Código de Justicia Militar, para lo cual necesitará del voto de ocho de los once integrantes del pleno.

Haciendo una interpretación positiva de las declaraciones del ministro Cossio se puede desprender que existe un compromiso por parte de los litigantes de derechos humanos de activar el aparato judicial a través del recurso de amparo en relación a la jurisdicción militar así como de otros temas de derechos humanos para que la Suprema Corte atraiga y resuelva los casos. Sin embargo, parece ser que nos volvemos a encontrar en una situación de incertidumbre, si bien resulta trascendental la participación de la sociedad civil, actualmente en relación a la reformas constitucionales en materia de amparo, nos encontramos en un limbo jurídico, con una ley reglamentaria en el Congreso que deja mucho que desear ya que no prevé una regulación que consagre al juicio de amparo como un recurso sencillo, breve, adecuado y efectivo para controvertir violaciones a derechos humanos. Obligación que se deprende del artículo 1° constitucional y 25.1 de la Convención Americana bajo, el entendido de que no sólo se tiene el derecho al derecho sino que también se tiene el derecho a la garantía.

Vuelve a ser clave el compromiso y la actuación del Poder Judicial, en especial de la Suprema Corte en la aplicación de las reformas constitucionales tanto de derechos humanos como de amparo y en la toma de decisiones sobre casos concretos, resultaría preocupante que el Poder Judicial formara parte también de esta “esquizofrenia” que padece tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo en relación a la protección de los derechos humanos en el país.

Adriana Muro. Abogada de Litiga OLE. Twitter: @adrianawall

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En medio de la situación de crisis e inseguridad que atraviesa México, ante el dramático aumento de violaciones a derechos humanos como consecuencia de la fallida guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico, el Pleno de la Suprema Corte recién tuvo la oportunidad de contribuir en el cambio estructural del régimen constitucional y de establecer criterios determinantes en el respeto y garantía de los derechos humanos en el país.

Fue la sentencia del caso Rosendo Radilla vs. México[1] emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) la que llevó a nuestra corte constitucional a pronunciarse respecto de las obligaciones del Estado mexicano, en particular del Poder Judicial, en relación a los tratados internacionales que forman parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Durante las últimas dos semanas fuimos testigos de un histórico debate entre los ministros de la Corte, en el que se tomaron diversas decisiones. Algunas innecesarias, otras incompletas pero también otras transcendentales para la implementación de las recientes reformas constitucionales de derechos humanos y la eficaz armonización del derecho internacional en materia de derechos humanos y el orden jurídico nacional.

Decisiones innecesarias

En las primeras sesiones, el debate se centró en relación al cumplimiento y a los alcances de la sentencia del caso Radilla para el Poder Judicial. Aquí se presentaron intervenciones un tanto conservadoras de algunos ministros que al buscar controvertir la decisión de la CorteIDH, mediante conceptos como “el principio de reciprocidad” o la “soberanía nacional”, llevaron la discusión del Pleno a un terreno donde la Corte carece de competencia alguna. Esto se debe a que un tribunal nacional, cuyo Estado se sometió a la competencia de un tribunal internacional, no tiene facultades para revisar las decisiones emitidas por dicho tribunal. Este es, precisamente, el caso de México ante la CorteIDH, al reconocer su competencia contenciosa desde el 16 de diciembre de 1998, además de que como se consagra en el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado que le otorga competencia a la CorteIDH, sus fallos son definitivos e inapelables.

Consecuencia de esta discusión y de la posición de algunos ministros en relación a que la sentencia de Rosendo Radilla obligaba únicamente al Poder Legislativo y no así al Judicial,  se llevó a cabo la votación acerca de sí las sentencias emitidas por la CorteIDH contra el Estado Mexicano eran obligatorias para el Poder Judicial, votación que resultaba ociosa en virtud de que como lo señaló Sergio García Ramírez, quien fuera Juez Presidente de la Corte Interamericana, “el Estado viene a cuentas en forma integral, como un todo (…) No es posible seccionar internacionalmente al Estado, obligar ante la Corte sólo a uno o algunos de sus órganos, entregar a éstos la representación del Estado en el juicio sin que esa representación repercuta sobre el Estado en su conjunto.”[2]

Decisiones incompletas

En relación a la decisión de la Suprema Corte de considerar “orientadores” los criterios jurisprudenciales de la CorteIDH, la decisión resulta acotada e  incluso contradictoria con los criterios que se establecieron con posterioridad en la sesiones del Pleno y al principio pro persona emanado del artículo 1° constitucional. En virtud de que como señaló la ministra Sánchez Cordero, los criterios jurisprudenciales de la CorteIDH son “pautas imprescindibles de interpretación.”

Resulta interesante señalar que es la misma CorteIDH, precisamente en una sentencia contra México, en el caso de los campesinos Cabrera García y Montiel Flores[3], la que realiza un  estudio comparado en relación a las decisiones de tribunales constitucionales en Latinoamérica sobre el tema. Dentro de dicho estudio destaca la decisión de la Corte Suprema argentina, la cual se refirió a los criterios jurisprudenciales como “una insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia y, en consecuencia, también para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos.”[4]

En el mismo sentido, la Corte Constitucional Colombiana estableció que “la jurisprudencia de las instancias internacionales, encargadas de interpretar esos tratados, constituye un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de las normas constitucionales sobre derechos fundamentales.” [5]

En este contexto, la decisión de la Corte mexicana de únicamente considerar la jurisprudencia de la CorteIDH como “orientadora” para el Poder judicial y no desarrollar de manera más profunda la importancia de los precedentes interamericanos es incompleta y de alguna forma incongruente con la decisión del Pleno de la Suprema Corte de establecer el deber de ejercer el control de convencionalidad de carácter difuso, en virtud de que la jurisprudencia de la CorteIDH como lo señaló el ministro Zaldívar es coherente completamente no sólo con el espíritu sino con letra del actual artículo 1° constitucional.

Decisiones transcendentales

El deber de ejercer el control de convencionalidad de carácter difuso, es sin duda la decisión más importante y paradigmática de la Suprema Corte mexicana en materia de derechos humanos. Pero, ¿qué significa dicho control y cuáles son las consecuencias de semejante decisión? El control de convencionalidad de carácter difuso consiste en que todos los jueces tienen la competencia para dejar de aplicar una ley en un caso concreto por contravenir a la Constitución, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y bajo la interpretación más favorable a la persona, es decir conforme al principio pro homine.

La Suprema Corte retoma el criterio jurisprudencial de la CorteIDH en la sentencia del caso Rosendo Radilla al establecer que es deber del Poder Judicial de la Federación ejercer el control de convencionalidad ex officio entre las normas internas y la Convención Americana en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes.

La intención de la CorteIDH como señala el académico Ferrer Mac-Gregor  en su voto razonado del caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, es la tendencia de la “constitucionalización” o, si se prefiere, “nacionalización” del “derecho internacional de los derechos humanos” y particularmente la aceptación de su jurisprudencia convencional como elemento “hermenéutico” y de “control” de la normatividad interna por parte de los propios tribunales internos.”[6]

La decisión de la Suprema Corte en relación al control de convencionalidad difuso nos lleva a reflexionar acerca de las responsabilidades que tienen ahora todos los integrantes del Poder Judicial de que dicho control de convencionalidad coadyuve con los criterios de la CorteIDH y se logré por parte del Estado una mayor defensa y desarrollo de los derechos humanos.

Finalmente, la Suprema Corte acata la decisión de la CorteIDH al replicar el criterio del caso Radilla que establece que bajo ninguna circunstancia puede operar el fuero militar frente a situaciones de vulneración a derechos humanos en contra de civiles. Decisión que por las circunstancias en las que el gobierno ha expuesto a los habitantes de este país, resulta trascendental para no permitir que violaciones a derechos humanos perpetradas por militares queden en la impunidad como hasta ahora.

Sin embargo, el Poder Legislativo aún tiene la obligación de reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar ya que como lo señaló la CorteIDH en el caso Valentina Rosendo Cantú, la iniciativa enviada por Felipe Calderón resulta insuficiente conforme a los estándares internacionales y a lo estipulado en el artículo 2° de la  Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Asimismo, la Procuraduría General de la República y la Secretaria de la Defensa Nacional deben acatar la restricción al fuero militar en los casos que esté conociendo actualmente la jurisdicción castrense y en casos futuros. La lucha para que la decisión tomada por la Corte sea una realidad debe continuar, las lamentables declaraciones emitidas por el gobierno federal y por miembros de la SEDENA en los últimos días respecto del fallo de la Corte obligan a la sociedad en general a darle seguimiento al tema y a exigir que se cumpla con dicha restricción en todos los casos.

De esta manera, tal como concluyó el presidente de la Suprema Corte los debate propios de este asunto, estas decisiones forman parte de un cambio cultural en nuestro país del régimen constitucional respetuoso de los derechos humanos. El cual no debe quedarse en papel, a partir de ahora existe el compromiso y el deber por parte de todos los jueces mexicanos y por parte de los litigantes también, de aplicar el artículo 1° constitucional, y de llevar a cabo una verdadera capacitación y estudio del derecho internacional de los derechos Humanos. Esto con el objetivo de que se ejerza el control de convencionalidad conforme a los principios de universalidad, indivisibilidad y progresividad. Pues no hay que olvidar que ahora México, a través de la vía jurisdiccional, tiene la oportunidad de que por fin el pleno respeto de los derechos humanos sea una realidad.

Adriana Muro. Abogada de Litiga OLE. Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos A.C. Twitter: @adrianawall


[1] Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_209_esp.pdf

[2] Corte IDH. Voto razonado Juez Sergio García Ramírez. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101. Párr. 27.

[3] Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220.

[4] Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina, Mazzeo, Julio Lilo y otros, recurso de casación e inconstitucionalidad. M. 2333. XLII. y otros de 13 de Julio de 2007, párr. 20

[5] Sentencia C-010/00 emitida el 19 de enero de 2000 por la Corte Constitucional de Colombia, párr. 6.

[6] Corte IDH. Voto razonado Juez Ad Hoc Eduardo Ferrer Mac-Gregor. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220. Párr. 29.

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