El escrito sobre la Propiedad y la Constitución de 1917 que halló, comentó y publicó José Antonio Aguilar Rivera en el número de este mes de la revista Nexos es un interesante -diríase que imprescindible- documento, pues hace descender a un tema de lo más sustantivo la gran obsesión procesal de Emilio Rabasa (1856-1930): la anti-legolatría. Además de que en cierta medida, compacta todo el pensamiento jurídico del mayor de nuestros constitucionalistas.

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Miguel S. Macedo, profesor y legislador como Rabasa y con Rabasa, practicó con mejor fortuna que éste la historia del derecho, esa vacuna “contra la sobrestimación de la ley actual” que decía Rafael de Altamira, el gran maestro asturiano que en 1910 había venido a dictar una par de conferencias a la Escuela de Jurisprudencia y que terminaría, cosas de la vida, exiliado en México al paso de la Guerra Civil. Haya sido o no escuchado en esa ocasión por nuestro ya consagrado escritor, no cabe duda de que para Rabasa, el autor de La Constitución y la dictadura y de una edulcorada saga histórica de México (su Evolución histórica criticada aun por sus discípulos más cercanos, si bien no exenta de perspectivas democratizadoras y vero-constitucionales) la historia, como quería el propio Altamira, inoculaba contra la idolatría de la ley y contra la falsa pretensión de que todo lo positivizado voluntaristamente por el legislador es mágica y necesariamente derecho. Nada mal para un positivista tildado en su momento de “científico”.

El argumento del escrito es complejo, pero no complicado: la Constitución de 1857 había traducido mal el precepto filadelfio (artículo 1º, sección 10ª) según el cual a los estados de la Unión Americana les quedaba vedado expedir leyes ex post facto o subversoras de las obligaciones derivadas de los contratos (concesiones incluidas, se entiende). Al eliminar la segunda parte y constreñirlo todo a la prohibición general de leyes retroactivas, el constituyente liberal había abierto las puertas a la vulneración de garantías (“derechos del hombre” se les llamaba metafísicamente y sin perspectiva de género alguna) si es que ésta se realizaba a través del propio texto de la ley fundamental (de aquella o de una que, como la de 1917, venía a reformarla y a adicionarla sin formalmente desconocer su vigencia), puesto que el juicio de amparo, nuestro único juicio constitucional, resultaba improcedente contra los contenidos de la ley suprema. Así podría ocurrir con el derecho de propiedad privada, tan defendido por los hombres del 57 y tan vilipendiado por los del 17.

No hallamos en el ocurso el gobierno congresional, que tanto preocupó a Lujambio, ni la causahabiencia vergonzante en lo Ejecutivo, tan ponderada por Tena Ramírez. Están prefigurados en cambio, y con singular perspicacia, el gobierno de los jueces y los atentados contra su correcta y cabal operación.

Ya en El artículo 14, quizá el mayor ensayo jurídico del novecientos mexicano, había Rabasa diseccionado las garantías inmersas en el precepto consagrado al debido procesamiento jurídico de las causas. Lo había hecho con maestría y sin concesiones a una carta, la del 57, que ahora aparece, empero, como muy superior a la de Querétaro en el punto atinente a la protección de la propiedad privada: si el amparo poseía tantísimos defectos como los señalados por Rabasa en su interpretación canónica, principalmente el de elevar a la categoría de “derecho humano” la ridícula pretensión de aplicar exactamente la ley a cada caso concreto, poseía cuando menos la virtud de amparar, de proteger a los gobernados. Ahora, por culpa de la letra constituyente, ni siquiera teníamos eso si nos referimos a la materia agraria y a los derechos reales constituidos sobre el subsuelo anahuacense.

La prudencia de don Emilio respecto al texto queretano contrastó siempre, como es célebre, con la combatividad de Jorge Vera Estañol -su compañero en la fundación de la Libre de Derecho y en el gobierno de Huerta-, quien tildó de “bolchevique” a la Constitución del 17.

Y, sin embargo, de tal prudencia, la nueva Constitución aparece en el ocurso como anticapitalista, xenofóbica y “bóxer”. La referencia se entiende bien a principios del siglo XX: como los bóxers chinos, los mexicanos pretendían acabar con la presencia extranjera –y productiva- en un suelo patrio que parecía llamado a mejores cosas.

Tiranos son los nuevos dueños de la situación, parece decir el chiapaneco, y no su admirado general Porfirio Díaz, ese héroe de guerra que había sido más bien un dictador generador de nación al gobernar con el pretexto -nunca con la aplicación efectiva- de una Constitución insensata. En cambio, para que la furia revolucionaria pudiese llegar a donde tenía que llegar (la destrucción del capital y, en particular, del capital extranjero) hubo de elevarse a rango constitucional la posibilidad de violentar derechos individuales tales como la garantía de irretroactividad y la subsistencia de las obligaciones contractuales: el texto pseudo-constitucional y la tiranía. La ruina de la casona, que novelaba por entonces otro senador porfirista, Esteban Maqueo Castellanos.

Está claro que Rabasa no entendió a la Revolución, y queda ahora delineada a la perfección la trascendencia de la correspondencia del ilustre novelista con el antiguo ministro Limantour, epistolario que escudriñó como pocos el recordado profesor Charles Hale: Rabasa está escribiendo como abogado de empresas extranjeras y, como tal, defiende intereses particulares. Pero lo pulcro de su argumento jurídico queda incólume. De ahí que se agradezca que este importante escrito, que lleva la forma de un desahogo de consulta, trascienda el “silencio público” propio del “guardián de las instituciones” y del resignado velador del “orden endeble” al que se ha referido Jesús Silva-Herzog Márquez. Este nuevo Rabasa, al parecer no leído por Herrera y Tena, sus alumnos más próximos, no es el de la prudencia exegética de los apuntes de cátedra, cuyos asertos nos dejaban tan insatisfechos y nos decían tan poco. Es más bien el que señala la línea que, en clave individualista y de “supervivencia del liberalismo porfiriano”, marcó el derrotero de una escuela constitucional hasta llegar a Gustavo R. Velasco, el último y solitario liberal, como lo ha llamado Aguilar Rivera.

Velasco, rector por décadas de la escuela que fundó Rabasa, tradujo al castellano los papeles de El Federalista que en su numeral XLIV, y de la mano de James Madison, se hacen cargo de la prohibición de expedir leyes que menoscaben (no simplemente que alteren) la fuerza vinculatoria de los contratos. Es pues al propio Aguilar a quien debemos el rescate de la consulta y del desahogo que nos ocupan, así como una renovada visión del consultado, tan frecuentemente asociado a los excesos presidencialistas de 1917.

Resumiendo aunque tratando de no reducir el argumento de don Emilio, digamos que el recurso de amparo no serviría para contrarrestar el espíritu de una revolución que había elevado sus acrimonias a nivel fundamental. Un viejo tema rabasiano, el del amparo como casación y el de la “imposible tarea de la Corte”, aparece aquí como aparecerá en la ponencia ante el Congreso Jurídico Nacional (1921) que reputábamos hasta hoy como el más acabado producto de Rabasa en relación con la carta constitucional de Querétaro. Si el máximo tribunal ha de estar integrado por magistrados inamovibles y -al fin- independientes, lo ha de estar hasta 1923. Más clara ni el agua: entre 1917 y 1923, con altos jueces que durarían en su encargo cuando mucho cuatro años, la revolución se hallará precavida en contra de interpretaciones científicas (nunca mejor dicho) que, garantizando derechos humanos, pudieran poner en riesgo la dotación de tierras y la reivindicación nacionalista del subsuelo patrio.

Hoy, que las sentencias de una sala de la Suprema Corte (Rabasa alegaría brillantemente contra el funcionamiento tribunalicio en secciones) echan a andar a todo el aparato público del Estado mexicano trascendiendo poderes y temperamentos, las advertencias del constitucionalista lucen, en efecto y así sea a contrario sensu, pasmosamente actuales. Un Estado constitucional, parece decirnos, es aquel en que ni siquiera la Constitución se da el lujo de violentar garantías fundamentales. Ahora podemos estar ciertos de que el viejo rector chiapaneco no celebraría el centenario de la Constitución sino a través de ejercicios críticos: de crítica histórica, dogmática y sociológica, se entiende. ¡Cómo vamos a extrañar durante el próximo bienio, en medio de brindis, soflamas y alardes, la severidad y lucidez de su inigualable pluma!

Rafael Estrada Michel. Profesor de historia del derecho; coautor de la obra “1857, Rabasa y otros ensayos de historia y control constitucional” (Porrúa, 2011). Twitter: @rafaelestradam

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El pasado 17 de septiembre, la Asociación Mexicana de Juzgadoras (AMJ) mandó una carta al presidente de la República, solicitándole que las ternas de candidatos para suceder a los ministros Sánchez Cordero y Silva Meza se compongan exclusivamente de mujeres.1 Esta no es la primera vez que un grupo de abogados o un sector de la opinión pública manifiestan su inconformidad con la visible minoría de mujeres que integran a la Suprema Corte. Dos mujeres para 11 asientos es un número francamente vergonzoso para un espacio de deliberación constitucional.

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Es evidente que no basta que las candidatas a suceder a los ministros Sánchez Cordero y Silva Meza sean mujeres para que podamos afirmar que estamos ante buenos prospectos. Tras renunciar a la Corte estadounidense, el juez afroamericano Thurgood Marshall decía que no bastaba con que su sucesor fuese de raza negra, sino que fuera “the right black man”.2 Esto se debe a que, más allá de su género o raza, en gran medida lo que más importa son los antecedentes profesionales, así como las fobias y filiaciones partidistas, de quienes integran a nuestra Corte. Por ello, un ejercicio que puede resultar interesante es conocer precisamente los antecedentes profesionales de las poquísimas mujeres que han formado parte de nuestro tribunal constitucional.

La primera ministra de la Suprema Corte fue María Cristina Salmorán de Tamayo (1918-1993), quien sería designada en 1961. Cuando la ministra Salmorán se incorporó a la Cuarta Sala de la Corte, entre abogados corría la tonta broma de estar litigando ante la “Suprema Corte y Confección”.3 Para contextualizar la designación de esta ministra, vale recordar que en 1955, apenas seis años antes, México celebró las primeras elecciones en las cuales la mujer pudo ejercer su derecho al voto.

La ministra Salmorán cursó la licenciatura en derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, titulándose con la tesis “La condición de las mujeres en el Derecho del Trabajo”. Desde entonces consagró su vida entera al derecho laboral, asumiendo diversos cargos en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, hasta que en 1954 fue designada presidenta de la misma (cargo que por primera vez ejerció una mujer).

La siguiente mujer designada fue la abogada de PEMEX Livier Ayala Manzo (1915-1976), quien, lamentablemente, nunca pudo resolver ni una sola sentencia en el tribunal constitucional. En 1976, al día siguiente de habérsele notificado su designación, la Ministra Ayala falleció.

También en 1976 el presidente López Portillo designó a otra mujer al cargo: Gloria León Orantes (1916-1984) quien hasta entonces se había desempeñado como agente del Ministerio Público y juez del fuero común en el Distrito Federal.

A finales de los años 40, la Suprema Corte enfrentaba un enorme problema de rezago. A fin de combatir dicho problema, en 1951 se reformó la Constitución para incorporar a la Corte cinco ministros supernumerarios, los cuales no participaban en las decisiones del Pleno sino únicamente en aquellas de la Sala Auxiliar. Al llegar a la Corte, la ministra León Orantes quedó adscrita a ésta, aunque en 1979 sería designada numeraria y miembro de la Tercera Sala.

En 1983, a propuesta del presidente De la Madrid, fue designada Fausta Moreno Flores. La ministra Moreno, adscrita a las Salas Segunda y Cuarta, había sido Secretaria de Estudio y Cuenta en la propia Corte, así como Juez de Distrito en materia administrativa.

En 1985, se propuso al cargo a la ministra Victoria Adato Green(1939- ), abogada penalista muy activa. Antes de llegar a la Corte, la ministra Adato Green trabajó como agente del Ministerio Público, juez y magistrada penal en el Distrito Federal, Subprocuradora y, posteriormente, Procuradora de Justicia de la ciudad de México.

Tras la reforma constitucional de 1994, la ministra Adato Green se retiró de la Suprema Corte, incorporándose como investigadora al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y asesora de la CNDH.

Si bien en 1985, la ministra Adato Green fue designada ministra numeraria, el mismo año se integró a la Corte como supernumeraria la agrarista Martha Chávez Padrón (1925- ), primera doctora en derecho “con mención honorífica” de la UNAM. Además de haber fungido como asesora en materia agraria de varios presidentes de la República y órganos públicos, la ministra Chávez Padrón fue Senadora y Diputada federal por el PRI.

También como supernumeraria se integró en 1987 a la Corte la ministra Irma Cué Sarquis de Duarte (1938- ). Al igual que la ministra Chávez Padrón, Cué fue diputada federal por el PRI, así como dirigente de la CNOP y Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del mismo partido.

El presidente De la Madrid propuso para el cargo de ministro de la Suprema Corte a un total de cinco mujeres, la última de las cuales fue Clementina Gil Guillén de Léster (1937- ) en 1988. Gil Guillén fue también una ministra de carrera judicial, al haber recorrido casi cada uno de los peldaños del escalafón judicial del fuero común, de secretaria auxiliar a magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

La siguiente mujer designada como ministra fue Olga Sánchez Cordero, reconocida como “abogada” de los derechos de las mujeres. La ministra Sánchez Cordero, al igual que todas sus antecesoras, estudió la licenciatura en derecho en la UNAM y, después, cursó estudios de posgrado en la University College of Swansea. Antes de incorporarse a la Corte, Sánchez Cordero fue la primera mujer notario en el Distrito Federal y magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la misma entidad.

Así, la última mujer designada al cargo (y quien continuará en funciones hasta 2019) es Margarita Luna Ramos, mujer chiapaneca formada completamente en el Poder Judicial de la Federación: ha sido oficial, actuaria, secretaria de juzgado, secretaria de tribunal colegiado, secretaria de estudio y cuenta, Juez de Distrito, Magistrada de Circuito y Consejera de la Judicatura Federal.

Estoy seguro de que son muchas las voces que exigen una Suprema Corte más igualitaria. Pero, nunca está de más una pregunta no menor: ¿a qué mujeres queremos para ocupar el importantísimo cargo de jueza constitucional?

Julio Martínez Rivas, Abogado (ITAM) y colaborador de la ponencia del ministro Cossío en la Suprema Corte. Twitter: @julio_mr1


1 Fierro, Juan Omar, “Magistradas piden reunirse con Enrique Peña Nieto”, El Universal, 3 de octubre de 2015.

2 Evidentemente Clarence Thomas, de extrema derecha, no fue el candidato preferido por Marshall.

3 Luna Ramos, Margarita. “La mujer en la Suprema Corte”. El Universal, 11 de marzo de 2014.

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