futureEl nuevo interés legítimo en el juicio de amparo tiene el potencial de abrir y cambiar conceptos que hasta antes de la reforma de junio de 2011 se conocían de manera rígida. En una colaboración pasada, introdujimos el concepto y su vínculo con nuestros impuestos. Sin embargo, queda aún un interrogante no menor: dado que el interés legítimo protege derechos colectivos y difusos (además de individuales), de ganarse el amparo: ¿Cuáles serían los efectos de la sentencia? ¿Es posible apostar a que sean generales y en beneficio del gran colectivo de contribuyentes que no lo promovieron?

 

La pregunta se plantea, por supuesto, en relación al famoso principio de relatividad de las sentencias –la llamada formula Otero-, que señala que los beneficios de un juicio de amparo se limitarán a aquellos que lo hayan impulsado.    

 

De acuerdo a este mismo principio, una causal de improcedencia que se vislumbra en contra del juicio #YoContribuyente es que, de ser favorable, los efectos de la sentencia de amparo serían generales. Esto es, no sólo beneficiarían a los 19 quejosos que presentamos la demanda, sino también a otras personas ajenas al juicio, violando así la fórmula Otero que ha regido en el juicio de amparo desde su nacimiento. Adicionalmente, se afirma, que una sentencia de ese tipo sería imposible de ejecutar, ya que no se reflejaría en una reparación directa y concreta de los derechos que nos fueron violados.

 

Estas causales de improcedencia son seductoras. Y, hasta cierto punto, lógicas. Pero no hay que perder de vista que se alinean con enfoques tradicionales construidos en torno al interés jurídico, que como concepto constitucional difiere en lo sustancial del tipo de interés que discutimos hoy: el interés legítimo. El primero tiende a la protección de derechos individuales; mientras que el segundo protege además derechos supraindividuales o colectivos. Por ello, los alcances del principio de relatividad, propios de la mencionada fórmula Otero, no son trasladables en forma mecánica al interés legítimo.

 

Pero inclusive respecto del interés jurídico la Suprema Corte –antes de la reforma constitucional de junio de 2011- aceptó que los efectos de las sentencias de amparo se pueden extender de manera indirecta o refleja a terceros ajenos al juicio. Si esto aplicó en su momento para el interés jurídico, con mayor razón, y por la propia lógica del concepto, debería hacerse también para el interés legítimo.

 

El reto, por tanto, no es determinar cómo opera la fórmula Otero en los amparos promovidos por interés jurídico –igual que siempre, sin duda-, sino cómo lo será para el interés legítimo a partir de ahora.  

 

Pero, ojo: el entendimiento del interés legítimo bajo conceptos novedosos y distintos del interés jurídico no se limita a la procedencia del juicio, sino también al contenido y efectos de las sentencias. Veamos: en el caso concreto del amparo #YoContribuyente sería absurdo que se admitiera el amparo bajo el concepto de interés legítimo para con posterioridad, al dictarse la sentencia, se diera un paso atrás y de manera retrospectiva se “redujese la puerta”. Esto con el fin de declarar la improcedencia del amparo debido a los efectos generales de una posible sentencia favorable.

 

La concepción tradicional del principio de relatividad de las sentencias llevaría a esta paradoja: “eres bienvenido al juicio de amparo porque tienes interés legítimo, pero fíjate que por ese mismo motivo tendré que negarte el amparo porque de otra manera los efectos de la sentencia beneficiarían a todos los contribuyentes de México. Eliminando de facto la fórmula Otero”. Con este razonamiento todos los juicios de amparo por interés legítimo serían siempre improcedentes.

 

Un ejemplo claro de este potencialmente problema lo encontramos en el derecho a la protección del medio ambiente. Por una parte, es seguro que los directamente afectados por una fuente contaminante tendrán interés legítimo para promover juicio de amparo.[1] Pero, por la otra, los efectos de la sentencia no sólo beneficiarían, en su caso, a los demandantes sino a sus vecinos, país y, eventualmente, al mundo entero. Declarar, entonces, la improcedencia del amparo por los efectos generales de una sentencia favorable, fomentaría la impunidad y, en el caso concreto, protegería a los agentes contaminantes.

 

¿Cómo entonces conciliar el principio de relatividad y el interés legítimo como herramienta efectiva de protección de derechos humanos de segunda y tercera generación? ¿Acaso dejaremos sin medio de protección a esta clase de derechos?

 

Sin duda, la reforma actual exige abrir la mente a categorías novedosas y deslindarse de definiciones centenarias del interés jurídico. Para lograrlo es necesario reconocer los efectos expansivos[2] a favor de terceras personas ajenas al amparo #YoContribuyente. Ello sería consecuencia inevitable de los derechos humanos en litigio, de la litis planteada y de los actos de autoridad que sean impugnados. De tal manera, que los efectos de una eventual sentencia favorable escaparían de la esfera individual de los 19 demandantes y beneficiarían, de manera indirecta y refleja, a todo el colectivo de contribuyentes.

 

Esto significa, que si en nuestro amparo acreditamos contar con interés legítimo es justo porque formamos parte de un colectivo mayor, inmenso pero plenamente identificado: los contribuyentes que pagamos impuestos. Siendo así, los efectos de una eventual sentencia favorable serían naturalmente extensibles en favor de todo ese colectivo.

 

Si el amparo #YoContribuyente se estima improcedente por las consecuencias en la aplicación del interés legítimo, caeríamos en una paradoja que implicaría que esta nueva figura quedase vacía. Reducida a una mera fantasía plagada de buenas intenciones. O, en otras palabras, de nada servirán las reformas constitucionales de derechos humanos y del juicio de amparo, si ambas se vuelven inoperantes por criterios tradicionales del Poder Judicial de la Federación.

 

José Roldán Xopa. Abogado por la Universidad Autónoma de Puebla y doctor en Derecho por la UNAM. Twitter: @JRXopa

Luis M. Pérez de Acha. Abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la UNAM. Twitter: @LuisPerezdeAcha



[1] Esta posibilidad existe desde la Novena Época del Poder Judicial de la Federación, como consta en la tesis XI.1o.A.T.50 K, intitulada: “INTERESES DIFUSOS O COLECTIVOS. SU TUTELA MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO” [Registro: 161054].

[2] Sobre los efectos “expansivos” de las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de normas legales en acciones colectivas, véase el trabajo de Rivera, Julio César, y Legarre, Santiago, “Los efectos de la declaración de inconstitucionalidad en los Estados Unidos y la Argentina”, en Lecciones y Ensayos, Número 86, 2009, visible en http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/86/14-traduccion-rivera-y-legarre.pdf.

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En la Ley de Ingresos de este año[1] pasó algo insólito con nuestros impuestos. Sin más, el gobierno mexicano decidió condonar (o perdonar) el Impuesto sobre la Renta (ISR) a los estados y municipios del país. Es decir, que a manera de un rescate financiero, la federación canceló las deudas correspondientes a retenciones de ese impuesto efectuadas sobre los sueldos de la burocracia local.

moneySe preguntarán, ¿qué tiene que ver dicha condonación con nuestros impuestos? Pues bien, al perdonar este tipo de deudas que los estados y municipios tenían, se genera un déficit en las finanzas públicas del país, al afectarse la disposición de recursos para satisfacer el gasto público. En pocas palabras, falta dinero para cubrir los gastos. Esto sólo tiene una manera de corregirse: que los contribuyentes paguen más impuestos. Y en efecto lo más probable es que así suceda. La anunciada reforma fiscal para 2014 promete medidas estructurales en el ISR y en otros impuestos tendientes al incremento de la recaudación federal para ‘tapar el hueco’ que dejó la cancelación de dicho adeudo. Una absurda lógica derivada del incorrecto y opaco manejo de las contribuciones que pagamos.[2] Los gobiernos locales y municipales administran de manera errónea sus recursos y somos los ciudadanos los que pagamos los platos rotos con el incremento de los impuestos.

 

Que los contribuyentes, cada uno de nosotros que pagamos impuestos, nos quedemos como espectadores de esa injusticia no es una opción viable. Por eso, 19 ciudadanos promovimos el juicio #YoContribuyente. ¿Qué tiene de novedoso este amparo?

 

Tal vez hayan oído de la nueva figura del interés legítimo en los juicios de amparo, introducida en la Constitución en junio de 2011[3] y con la que se inició la 10ª época en el Poder Judicial de la Federación. Antes de esta reforma, el amparo sólo podía promoverse por ‘interés jurídico’, es decir, si cumplía requisitos muy específicos y rígidos que hacían de ese juicio un instrumento de acceso limitado para la defensa de derechos de los ciudadanos.

 

Con la reforma, el interés legítimo “ensancha la puerta” para la protección de principios y valores constitucionales, así como de derechos humanos de segunda y tercera generación. Tales como salud, educación y protección del medio ambiente, en amparos promovidos por individuos o colectivos afectados “…en virtud de su especial situación frente al orden jurídico”.

 

Lo que buscamos en el juicio #YoContribuyente es que se declare la inconstitucionalidad de la Ley de Ingresos 2013 y, por consiguiente, no se aplique. De lograrse esto, habría una incidencia inmediata y negativa en los estados y municipios beneficiados con la condonación del ISR. Para nosotros, en cambio, no significaría un beneficio personal, pues nuestro reclamo no es que se nos extienda dicha condonación –ni algo equivalente. Como sí lo intentan, por el contrario, algunas empresas que también promovieron amparo en contra de la Ley de Ingresos 2013.

 

Si la sentencia se pronuncia a nuestro favor, los efectos serían indirectos y reflejos. En palabras simples: el efecto de una resolución favorable se traduciría en el fortalecimiento de las finanzas públicas federales y en la correcta orientación del gasto público al cumplimiento de objetivos válidos.

 

El juicio #YoContribuyente presenta tres retos jurídicos importantes: 1) definir si quienes firmamos la demanda tenemos interés legítimo para ampararnos contra la condonación del ISR; 2) determinar si, de ganarse el amparo, los efectos de la sentencia serían generales y en beneficio del gran colectivo de contribuyentes que no lo promovieron y; por último 3) analizar si en términos de la nueva figura constitucional del interés legítimo, las sentencias tendrían que ser restitutorias, como tradicionalmente lo han sido, o cabe la posibilidad de que también sean meramente declarativas. En esta colaboración nos ocuparemos del primer punto.

 

El interés legítimo en #YoContribuyente

Antes de la reforma constitucional al juicio de amparo, un reclamo como el que se pretende en el juicio #YoContribuyente no habría sido viable. El ‘interés jurídico’, una figura que se incorporó a nuestro sistema constitucional desde fines del siglo XIX, es un concepto cerrado que sólo ha permitido la participación individual en el juicio de amparo de quienes sufren una afectación directa en sus derechos personales (la vida, la propiedad, la libertad, etcétera).

 

En cambio, el interés legítimo es una expresión abierta que posibilita a los ciudadanos la defensa de sus derechos tanto individuales como colectivos, así como otros principios y valores contenidos en la Constitución. El interés legítimo plantea una relación directa con la idea de democracia: la legitimidad y el poder, residen en última instancia en el pueblo. En el amparo #YoContribuyente, el interés legítimo nos da las herramientas procesales para exigir la depuración de un sistema contrario a la Constitución. En nuestro régimen democrático siempre hemos tenido ese derecho, pero no había existido manera de defenderlo en ante los tribunales.

 

En este caso, los derechos humanos afectados tienen una dimensión distinta a la tradicional: los impuestos incide en la propiedad privada de los ciudadanos desde el momento en que se materializan con dinero de éstos. Por ello, los particulares tenemos interés –y derecho- a proteger nuestra propiedad privada. Y, en razón de esta protección, exigimos el respeto de los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en la administración de los recursos federales. En la medida que protegemos nuestra propiedad privada procuramos el respeto de los principios y valores concernientes a la adecuada y sana administración de la hacienda pública federal. Con el interés legítimo tenemos derecho a fiscalizar el ciclo financiero del Estado en su totalidad.

 

Como contribuyentes, que cumplimos con nuestras obligaciones fiscales, tenemos una especial situación frente al orden jurídico. Ahí reside el interés legítimo: somos ‘destinatarios’[4] de las obligaciones fiscales y cumplimos con ellas.

 

¿Estará renuente el Poder Judicial a abrir esta puerta? ¿O acaso no es válido que los ciudadanos fiscalicemos el correcto destino de nuestros impuestos al gasto público?

 

José Roldán Xopa. Abogado por la Universidad Autónoma de Puebla y doctor en Derecho por la UNAM. Twitter: @JRXopaa

Luis M. Pérez de Acha. Abogado por la Escuela Libre de Derecho y Doctor en Derecho por la UNAM. Twitter: @LuisPerezdeAcha

Nota: Los autores agradecemos a Julio Amavizca Espinoza y José Eduardo González Platas la revisión de los borradores de este trabajo y los cuestionamientos a las ideas expuestas en el mismo.


[1]Ley de Ingresos 2013: “Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio de 2013”.En realidad, el artículo 9º, último párrafo de esta ley prorroga un esquema que en favor de los propios estados y municipios operó desde el año de 2008.

[2] Se desconoce a cuánto asciende el acumulado histórico de la condonación del ISR, pues el Congreso de la Unión y las autoridades hacendarias son renuentes en proporcionar esa información. Incluso, se ignora qué estados y municipios se han beneficiado de ese programa.

[3] El artículo 107, fracción I, primer párrafo de la Constitución Federal, publicado el 6 de junio de 2011 y en vigor a partir del 4 de octubre del mismo año, dispone: “El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

[4] La referencia expresa a ‘noción del interés legítimo’ y ‘destinatarios’ consta en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores del proyecto de iniciativa de la Ley de Amparo, de fecha 5 de octubre de 2011, página 17. [Énfasis añadido].

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iso 38Uno de los rasgos llamativos de la práctica constitucional mexicana es el lugar relativamente poco importante que en su contexto ocupa el debate sobre la interpretación de la Constitución. Por supuesto, la academia presta atención a las importantes contribuciones que los filósofos del derecho han hecho sobre el tema, pero en el debate público constitucionalista, temas como la mecánica del derecho procesal constitucional, las novedades en la articulación del sistema de fuentes o las discusiones sustantivas sobre regulación de derechos son mucho más candentes y centrales que el debate sobre las teorías que deberían guiar la reconstrucción del significado y las implicaciones de la Constitución en los casos concretos. Y aunque al menos algunas de las sentencias de la Suprema Corte suscitan considerable debate, prácticamente nunca las posiciones a favor o contra de ellas se hacen depender de que la Corte haya usado uno u otro método de interpretación en el desempeño de su tarea. No existe un debate sobre métodos interpretativos al estilo de los densos y a veces encarnizados intercambios estadounidenses entre originalistas, partidarios del constitucionalismo vivo, pragmáticos, fundamentalistas de los derechos o procedimentalistas.

Algunas de las razones que explican esto parecen fáciles de encontrar. Si uno repara en el frenético ritmo de reforma constitucional y legal que se da en México, no es extraño que la interpretación ocupe un segundo plano. Para que surjan controversias importantes acerca de lo que es legítimo hacer para desentrañar el significado de la Constitución y aplicarlo a los casos concretos, parece necesario contar antes con una Constitución relativamente estable. La interpretación es, por supuesto, algo cotidiano y omnipresente —es el modo en que el derecho es— pero es claro que las energías que aquí deben dedicarse a estar informado de los cambios continuos al contenido textual del derecho ya no se dedican a otras tareas que, de otro modo, importarían más. Tampoco es extraña, desde esta perspectiva, la aparente obsesión de los estadounidenses por la interpretación constitucional: si uno tiene un texto de hace más de doscientos años que además se ha reformado muy poco, lo que va implicado en ese debate es mucho más que lo que se baraja allí donde están disponibles otras vías de cambio jurídico.

Con todo, si la cantidad de reformas empieza a disminuir y nuestra vida bajo una Constitución por fin vinculante va madurando paulatinamente, es esperable que la interpretación constitucional adquiera  mayor centralidad. Y en muchas de sus vertientes, el debate no ha sido siquiera inaugurado: no hemos debatido qué lugar debería darse a la historia, si es que alguno; no hemos pensado, teóricamente, cómo interpretar de manera sistemática una constitución exageradamente heterogénea; no nos hemos detenido lo suficiente a discutir desde qué perspectiva deberíamos observar los incipientes desarrollos doctrinales de la Corte y evaluar su legitimidad.

Quizá para animar el avance, Isonomía incluye en este número una sección monográfica con cuatro artículos que nutren o describen debates recientes sobre interpretación y aplicación constitucional en un país —Estados Unidos— que, como he señalado, ha dedicado al tema una atención superlativa. Con el punto común de situarse de varios modos contra las tesis originalistas, estos textos plantean argumentos e ideas que, descontadas las diferencias de terminología, nos recuerdan las razones por las cuales la interpretación constitucional convoca inevitablemente temas centrales para cualquier comunidad política: visiones sobre las bases de la autoridad de la Constitución, teorías sobre la relación entre pasado, presente y futuro en la extracción de significados constitucionales, discusiones sobre la división de espacio y responsabilidades entre los distintos intérpretes institucionales o sociales de los textos básicos, debates sobre los confines de la práctica social que reconocemos como derecho.

En el primero de ellos, Mitchell Berman explora de modo cuidadoso el amplio espacio en el que transcurre la empresa de interpretar-implementar una Constitución. Berman muestra cómo distinguir conceptualmente varias piezas dentro del espacio aplicativo, puede iluminar fértilmente muchas vertientes relevantes de la Constitución en acción y ayudar a tener una visión más adecuada de lo que es legítimo o ilegítimo en materia interpretativa. El autor compara su particular taxonomía analítica con la de los llamados “nuevos originalistas” (los que enarbolan la tesis del “significado público original”, sin recurrir a las intenciones, y enfatizan la noción de “construcción” constitucional) y, con todo y mostrar la inviabilidad de esta última, señala por qué sigue resultando en todo caso útil esculpir el espacio de implementación en varios compartimentos. El punto del ejercicio, como destaca, no es la manufactura conceptual por sí misma, sino sentar las condiciones para percibir, por ejemplo, que las razones por las cuales algunos se oponen a reglas de decisión como las formuladas por la Corte estadounidense en el caso Miranda no son sólidas, o para tener una visión más abierta del universo de intérpretes (judiciales o extrajudiciales) que pueden colaborar en la implementación de una Constitución, o para no conceder a ciertas posiciones teóricas o políticas el poder de definir lo que queda dentro o fuera del “derecho”. La mirada bermaniana sobre la interpretación invita a explorar, me parece, en qué se parece y en qué se distingue de, por ejemplo, la mirada de la escuela analítica genovesa sobre el mismo tema, o a reflexionar con mayor profundidad sobre el status de la doctrina interpretativa de las altas cortes en nuestros contextos jurídicos y su relación con la imagen que tenemos del derecho. La densidad de la discusión en la que el artículo participa es además, en primera instancia, testimonio de una realidad distintivamente marcada por dos siglos de aplicación constitucional ininterrumpida.

El texto de Jamal Greene se sitúa también, de algún modo, en el plano de la metainterpretación, aunque desde una perspectiva muy distinta. Greene arranca su reflexión constatando la patente falta de atención de los originalistas a la Enmienda Decimocuarta —la que, después de la Guerra Civil, garantiza a todos la igual protección de las leyes— y subraya cómo la imposibilidad de justificarla desde los presupuestos teóricos del originalismo invita a la exploración de planos distintos. El autor reflexiona entonces sobre el rol de la historia en la interpretación constitucional y destaca cómo aquello que se busca en ella —precisión, autoridad, acuerdo, pacificación— no puede ser ofrecido por una Enmienda que ocupa un lugar tan controvertido y complejo en el imaginario estadounidense. Greene muestra, en definitiva, que si los originalistas se posicionan, en la práctica, de ciertas maneras frente a ciertas controversias interpretativas es porque el debate vehicula inevitablemente posiciones éticas y políticas, no proyectos interpretativos asépticos.

A continuación, dos artículos, uno de Roberto Niembro y otro de David Peña, abordan una corriente interpretativa en torno a la cual la academia de EEUU ha desarrollado en la última década un debate interesante que en México no ha tenido mucho eco: el constitucionalismo popular —o, bajo algunas articulaciones, el constitucionalismo democrático. Esta corriente surge en la academia de EEUU un poco en reacción a una Corte Rehnquist y una Corte Roberts que han ido erosionado paulatinamente la visión de la Constitución característica de la llamada “segunda reconstrucción”, cuyos logros en la mayoría de los casos habían sido completamente asimilados por la visión popular de la Constitución que los jueces venían de pronto a descomponer. Mientras que el artículo de Niembro traza una descripción panorámica de las cuestiones en discusión, las obras de referencia y la evolución del debate, Peña formula, echando mano de ideas provenientes del republicanismo, lo que denomina una alternativa “contestataria” a las tesis que impregnan las aproximaciones deliberativas al constitucionalismo popular.

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Además de esta parte monográfica sobre debates interpretativos estadounidenses, el número publica tres artículos más. El primero es un texto de Ricardo Caracciolo que presenta de modo terso y acabado una tesis importante que merece una lectura atenta y un debate cuidadoso. Caracciolo defiende en este texto que las proposiciones descriptivas sobre los hechos —sobre la premisa fáctica— que hacen parte ordinaria de las sentencias judiciales están sujetas a un requerimiento de verdad; de otro modo, no puede hablarse de sentencias justificadas. Caracciolo desarrolla en primer lugar su entendimiento de nociones centrales a la aplicación y justificación normativa —la idea de subsunción como algo que opera en el plano del lenguaje, la noción de “reglas de correspondencia”, el entendimiento relacional de la justificación o la idea de los “dominios de razones”— y enfrenta después un número de variantes de la tesis escéptica kelseniana según la cual las decisiones de los jueces “constituyen” las premisas empíricas necesarias para justificar las normas individuales que (en parte) las sentencias son. El autor desgrana sus problemas y concluye que ninguna parece suficiente para rechazar la exigencia de verdad que su texto defiende.

En segundo lugar publicamos un artículo de Pau Luque en torno a lo que llama la concepción “irenista” de la Constitución —una concepción según la cual es siempre posible hacer una lectura coherente del contenido ético-sustantivo de la constitución, si se intenta con la intensidad y la dedicación suficiente. En lo que presenta como una mirada esencialmente descriptiva sobre el irenismo, Luque señala que una concepción tal debe hacer frente a dos grandes objeciones, la de la incoherencia —según la cual la armonía no es posible porque la conjunción de los distintos componentes de las constituciones provoca dilemas morales—  y la de la inestabilidad —que niega la posibilidad de una armonía universalista capaz de sentar guías para ejercicios futuros de aplicación. Luque muestra que el irenismo parece ser razonablemente plausible si (y sólo si) adopta una versión que —en respuesta a la primera objeción— no niega la existencia de los dilemas sino que se conforma con señalar que son marginales y no alcanzan a eliminar el poder explicativo del irenismo respecto de la centralidad de la práctica, y que —en respuesta a la segunda— admite la imposibilidad de llegar a formular “normas en sentido fuerte” pero subraya la posibilidad de ir refinando progresivamente universos de casos aptos para gobernar, las más de las veces, la resolución de casos individuales. El artículo abona entonces el debate entre particularistas, antiparticularistas y posturas intermedias (véase el artículo de Laura Clérico en Isonomía 37), contribuyendo de varias maneras a esclarecerlo y a articular de modo fructífero puntos centrales de plausibilidad.

Por último, el artículo de Isabel Cristina Jaramillo sobre derecho de familia desarrolla un análisis que ocupa un lugar casi del todo vacío y que resulta en esa medida particularmente útil. Como destaca Jaramillo, son casi nulas las ocasiones en que la dogmática centrada en ramas específicas del derecho se preocupa por reconstruir los presupuestos teóricos e históricos de las reglas que aborda. El intento de hacer estas reconstrucciones generales ayuda tanto a entender lo que va implícito en las reglas vigentes en nuestros países sobre el matrimonio, el divorcio y la paternidad, como a construir sobre mejores bases una postura crítica frente a las mismas —aunque, como el artículo apunta al final, el camino de los “modelos” no sea el único y no deba difuminar el potencial de las intervenciones contextuales. La autora perfila los contornos de tres modelos —el liberal, el social y el de la paridad—, identifica su génesis histórico-teórica y los cuerpos legales que evidencian su huella, muestra sus principales efectos tanto distributivos (recursos) como en el plano de la construcción de identidades y señala sus límites más patentes. Al abordar el modelo de paridad, el texto da cuenta de muchas de las discusiones actuales sobre régimen económico del matrimonio, tipos maritales, acuerdos prenupciales y arreglos de  custodia. La autora subraya la necesidad de usar marcos de análisis fértiles para descubrir lo que suele quedar invisible y para, como destaca, “superar la visión que insiste en separar teórica y metodológicamente a la familia, la ciudadanía y la propiedad.”

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La sección de Tribuna incluye por su parte un texto de Ulises Schmill y Carlos de Silva. Los autores, ex ministros de la Suprema Corte mexicana, reconstruyen el modo en que ésta ha entendido históricamente la noción de “interés jurídico” y la ponen en relación con la de “interés legítimo”, introducida como es sabido por la reforma constitucional de junio de 2011 para aumentar el acceso a la justicia y la justiciabilidad de los derechos en vía de amparo. Aunque la tesis de los autores acerca de las condiciones en las cuales tiene sentido hablar de intereses justiciables por fuerza suscitará muchas reacciones, es interesante conocer, del modo exacto en que el texto lo hace posible, cómo esta construcción se ha desarrollado históricamente en México y qué cuestiones deben necesariamente atender las alternativas contemporáneas a ella.

 

Francisca Pou Giménez. Profesora e investigadora de tiempo completo del Departamento de Derecho del ITAM. Directora de la revista Isonomía.

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Con el ánimo de explicar de manera puntual el juicio de amparo interpuesto por un grupo de ciudadanos en contra de la condonación de impuestos a entidades federativas y municipios, el abogado responsable de esta batalla jurídica, Luis Manuel Pérez de Acha, explica ahora en este video las características y estrategias que están detrás de este amparo. Las cuales, sobra mencionar, son clave para el éxito de esta demanda que busca repensar las condiciones en las que se recauda el dinero público. 

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Luis M. Pérez de Acha. Abogado por la Escuela Libre de Derecho y Doctor en Derecho por la UNAM. Twitter: @LuisPerezdeAcha

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Hace unos días, el abogado Luis Manuel Pérez de Acha explicó los motivos y razones para impulsar, junto con Mexicanos Primero, un juicio de amparo en contra del sindicato de maestros (SNTE). Ahora, en un nuevo video, nos presenta un aspecto de enorme relevancia para la suerte de esta batalla jurídica: las características de este juicio de amparo y la estrategia jurídica en la que se basa. El día de mañana abordará los pormenores del otro importante amparo que está impulsando, aquél que busca evitar la condonación de impuestos a entidades federativas y municipios.

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Luis M. Pérez de Acha. Abogado por la Escuela Libre de Derecho y Doctor en Derecho por la UNAM. Twitter: @LuisPerezdeAcha

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Hace unos días, Justicia Justa inició dos batallas jurídicas de enorme relevancia para el país. Por un lado, junto con la organización Mexicanos Primero, lanzó un juicio de amparo en contra de la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación y las Secretarías de Hacienda y Función Pública. ¿Su objetivo? Romper la perniciosa dinámica entre estas autoridades y el sindicato de maestros (SNTE). La cual básicamente consiste en que las primeras destinan en cada ejercicio presupuestal cuantiosas sumas de dinero público para la educación, el cual es desviado por el SNTE para otros propósitos y, aunque se detectan estas irregularidades, no hay consecuencia alguna en términos de responsabilidades. Al contrario, este círculo vicioso se reinicia cada año.

Por el otro lado, Justicia Justa, en representación de un grupo de ciudadanos, también interpusó un juicio de amparo en contra del artículo noveno de la Ley de ingresos de la federación de 2013. Su argumento consiste en que éste abre la posibilidad de que se les perdone adeudos fiscales a estados y municipios. Lo cual desincentiva la capacidad recaudatoria de miles de gobiernos locales, prolonga la inercia de irresponsabilidad fiscal y, además, nos eleva la carga fiscal a los contribuyentes pues seremos nosotros quienes tendremos que cubrir finalmente ese dinero faltante.

Ambos juicios de amparo tienen el valor de ubicar en la agenda judicial dos problemas estructurales de nuestros sistemas educativo y fiscal. Pero, por si no fuese suficiente, también aprovechan de manera creativa varios de los cambios más novedosos de la nueva regulación del juicio de amparo. Lo cual significa a su vez poner a prueba, frente a estos avances en la protección de derechos, a nuestros jueces.

Así, en el siguiente video uno de los abogados líder de esta estrategia explica de manera clara y puntual el por qué y cómo de estos importantes juicios de amparo.

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Luis M. Pérez de Acha. Abogado por la Escuela Libre de Derecho y Doctor en Derecho por la UNAM. Twitter: @LuisPerezdeAcha

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INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO

A. Concepto de interés legítimo y su relación con el jurídico.-

Desde el momento en que se emplea el término legítimo debe entenderse que se trata de un interés legalmente tutelado, en lo que coincide con el interés jurídico en sentido estricto y se distingue del interés simple que no supone esa tutela. En otros términos, por legitimación debe entenderse la justificación jurídica de algo, como puede ser la de un interés que amerite jurídicamente ser protegido

Con anterioridad a la reforma constitucional que nos ocupa, el interés legítimo ya se encontraba contemplado en la materia contencioso administrativa, por lo que resulta conveniente analizar algunos criterios judiciales importantes en esta materia.

En referencia al sistema contencioso administrativo, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia administrativa en el Distrito Federal, sostuvo el siguiente criterio: “INTERÉS LEGÍTIMO” E “INTERÉS JURÍDICO”. AMBOS TÉRMINOS TIENEN EN EL DERECHO LA MISMA CONNOTACIÓN. [1] En cambio, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, consideró: INTERÉS LEGÍTIMO, CONCEPTO DE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. [2]

Esta última tesis parece más aceptable en cuanto establece que los dos tipos de interés son distintos entre sí, y tiene el acierto de señalar algunos elementos que en ella se estiman adecuados para la definición del interés legítimo, aunque algunos de ellos parecen discutibles, como el marcado en el punto 4), pues el interés legítimo de un titular normalmente no es esencialmente distinto del de cualquier otro gobernado, así como el identificado con el número 6), pues si la anulación que se pretende produce efectos positivos o negativos en la esfera jurídica del gobernado, se estaría en presencia de un interés jurídico en sentido estricto. Sobre estos temas volveremos más adelante.

Dichas tesis, al resultar contradictorias entre sí, motivaron que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el procedimiento de unificación de criterios, estableciera las siguientes dos tesis de jurisprudencia: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO [3] e INTERÉS LEGÍTIMO, NOCIÓN DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. [4]

Respecto de la primera de las tesis de jurisprudencia de Sala, parece correcto sostener que existe diferencia entre los dos tipos de interés, y es de hacerse notar que la redacción del precepto constitucional reformado coincide en esencia con la de la tesis en cuanto en ambos se alude a la afectación de la esfera jurídica de la persona, ya sea de manera directa o en virtud de situación frente al orden jurídico. Pero consideramos que tal definición no resulta lo suficientemente clara pues, se insiste, cuando se da la afectación a la esfera jurídica de la persona se produce el interés jurídico y no queda lo suficientemente claro qué debe entenderse por situación particular frente al orden jurídico.

La tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala transcrita en segundo lugar es imprecisa, pues le resulta aplicable lo ya dicho en cuanto a que no se proporciona una definición clara del concepto.[5]

Las anteriores consideraciones plantean la necesidad de acudir a otros criterios para la definición y distinción de los términos que nos ocupan y, para ello, puede considerarse que si tanto el interés jurídico como el legítimo se encuentran tutelados por normas jurídicas generales, es factible establecer su diferencia atendiendo al tipo de normas que a cada uno de ellos tutelan.

Las normas que tutelan al interés jurídico son susceptibles de generar derechos subjetivos en beneficio de personas determinadas; pueden ser individualizadas de tal manera que se afecte inmediata y directamente el status jurídico de la persona. En cambio, las relativas al interés legítimo no tienen la capacidad de generar derechos subjetivos.

Estas últimas normas son las que establecen los llamados intereses difusos y que se encuentran encaminadas a producir ciertos resultados en la sociedad o en algunos núcleos o grupos que la integran y que, como ella, carecen de personalidad jurídica. Tienden a regular o a proteger a entidades sociales más o menos amplias pero que carecen del atributo de la personalidad jurídica. Mediante estas normas se pretende tutelar intereses colectivos, en la inteligencia de que no otorgan derechos subjetivos al grupo social por la sencilla razón de que éste carece de personalidad jurídica ni a sus integrantes porque no son ellos, en lo individual, los destinatarios de la norma. Las normas en cuestión tutelan intereses de una colectividad que carece de personalidad jurídica sin otorgar derechos subjetivos a sus integrantes.

De lo anterior se desprende que el interés jurídico supone la existencia de un derecho dentro de la esfera jurídica particular de un individuo (derecho subjetivo), es decir, que se encuentra dentro de su status jurídico; en cambio, el interés legítimo no supone una afectación directa al status jurídico, sino una indirecta, en la medida en que la persona sufre una afectación no en sí misma, sino por encontrarse ubicada en una especial situación frente al orden jurídico que le permite accionar para obtener el respeto a su interés jurídicamente tutelado aunque no goce de un derecho subjetivo reflejo individual. Además, puede estimarse que la afectación al interés legítimo se da en la medida en que el sujeto forma parte de un ente colectivo que, de manera abstracta, tiene interés en que el orden jurídico opere de manera efectiva, lo que explica que se hable de un interés individual o colectivo, pero en el entendido en que la afectación individual sólo podrá darse en la medida en que se forme parte de una colectividad interesada, pues, de lo contrario, se estaría en presencia de un interés jurídico o de un interés simple. Esta elaboración conceptual explica y le da sentido a la terminología usada en la reforma constitucional. La regulación del interés legítimo como condición de procedibilidad de la acción de amparo, lo que hace es extender el derecho subjetivo auténtico, no reflejo, consistente, como ya se dijo, en el ejercicio de la acción procesal.

Para explicar que el interés legítimo siempre supone una idea de pertenencia a una colectividad no obstante que el precepto constitucional habla de un interés legítimo individual o colectivo, puede señalarse que independientemente de la afectación al grupo al que pertenece el quejoso, podría producirse una más ubicada o concreta respecto de él; por ejemplo, la licencia para construir un edificio contraria a planes de desarrollo urbano afecta a todos los habitantes de una zona, pero de manera especial al vecino contiguo quien, por ese motivo, además de darse la afectación colectiva, podría sufrir alguna afectación individual que no sufrirían el resto de los habitantes de esa zona, en la inteligencia de que esa afectación individual sólo se daría en la medida en que el afectado es integrante del grupo. En otros términos, si el agravio jurídico es susceptible de individualizarse en persona concreta independientemente de su pertenencia o no a un grupo, se está en presencia de un interés jurídico; pero si el agravio únicamente se da en la medida en que se pertenece a un grupo, entonces se estará frente a un interés legítimo.

Debe quedar claro que la introducción del concepto de interés legítimo como eventual elemento de la acción de amparo no convierte a ésta en acción colectiva, pues subsiste el principio de relatividad de la sentencia –fórmula Otero−, en términos de la fracción II del artículo 197 constitucional, que establece:

II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda.

Lo anterior significa que el juicio de amparo no ha perdido su carácter individualista, en tanto que mediante su promoción no se pretende, desde un punto de vista estrictamente jurídico, que una sentencia afecte de manera directa a grupos sociales carentes de personalidad jurídica.

Existe otro tipo de normas a las que se ha llamado programáticas pues, como su nombre indica, establecen programas tendientes a que el Estado alcance a futuro determinadas metas, alcance que no puede ser actual o inmediato por diversas circunstancias entre las cuales destacan las limitaciones presupuestales, las limitaciones tecnológicas, etc. Por ejemplo, mediante el llamado derecho a la vivienda se pretende lograr que toda familia goce de una que pueda ser considerada digna, pero en las actuales circunstancias resulta materialmente imposible lograr esa meta tanto por las limitaciones presupuestales del Estado como por la situación económica de un gran número de los propios gobernados. La norma programática obliga al Estado a llevar a cabo acciones tendientes a lograr determinados fines, como puede ser en el caso del ejemplo, establecer programas como los que realiza el Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda, pero no tutelan intereses individuales (jurídicos) o difusos (legítimos).

Las normas programáticas no pueden hacerse efectivas mediante decisiones de carácter jurisdiccional, específicamente de amparo, ya sea por imposibilidad fáctica (caso del llamado derecho a la vivienda), o por exceder el dictado de la resolución las facultades del órgano jurisdiccional, como acontece en los supuestos de los artículos 25 y 26 constitucionales (rectoría económica del Estado y planeación económica del desarrollo), pues no es propio de los órganos jurisdiccionales, mediante el dictado de sentencias, sustituirse en facultades discrecionales de otras autoridades.

En conclusión, las normas programáticas no pueden, en principio, legitimar el ejercicio de la acción de amparo, pues no otorgan al gobernado interés jurídico ni legítimo.

B. Jerarquía entre el interés jurídico y el legítimo.-

Puede darse el caso en que en un juicio de amparo se produzca un conflicto entre los dos tipos de interés, por ejemplo, si el quejoso aduce un interés jurídico y el tercero perjudicado uno legítimo, lo que lleva al planteamiento de cuál de esos intereses debe prevalecer o, dicho de otra forma, cuál de ellos es el de mayor jerarquía.

Puede partirse, para encontrar la solución al problema, de la interpretación del segundo párrafo de la fracción I del artículo 107 constitucional, según el cual tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Como puede observarse, el precepto no legitima al titular de un interés legítimo para promover un juicio de amparo y la explicación consiste en que no puede válidamente oponerse un interés legítimo a uno jurídico.

Los procedimientos jurisdiccionales ante tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, necesariamente suponen, para su inicio, del ejercicio de una acción y ese ejercicio supone, a su vez, un interés jurídico en el actor; pero así como el actor debe contar con legitimación procesal activa, el demandado debe tener legitimación procesal pasiva para poder ser considerado como tal. Ello obedece a que, si como se ha señalado, mediante el ejercicio de la acción sólo pueden plantearse controversias del orden jurídico, ambas partes deben contar con legitimación jurídico procesal, es decir, con interés jurídico. De lo anterior se desprende que en dichos procedimientos sólo pueden intervenir como actor, demandado o incluso tercero, quienes cuenten con interés jurídico. Si deben quedar excluidos de la controversia quienes carecen de interés jurídico, es lógico que estos no puedan válidamente oponerse a las resoluciones jurisdiccionales correspondientes ni mediante procedimientos ordinarios ni extraordinarios como el juicio de amparo.

Si el quejoso en un amparo contra tribunales aduce un interés jurídico, su contraparte en el juicio de origen (tercero perjudicado), no puede pretender que prevalezca un interés legítimo sobre el del propio quejoso.

Es cierto que en ciertos procedimientos ordinarios la legislación puede legitimar en el ejercicio de la acción a quien ostente un interés legítimo, pero, según lo dicho, ese interés, en ese supuesto, es elevado al rango de jurídico.

Debe concluirse, pues, en el sentido de que, por disposición constitucional, en el caso del amparo contra actos de tribunales prevalece el interés jurídico sobre el legítimo; pero surge la cuestión de si tal regla es o no aplicable a otro tipo de actos. En principio, puede sostenerse que la regla sí es aplicable a actos de naturaleza jurisdiccional aun cuando no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues a aquellos les resultan aplicables los mismos argumentos señalados.

Por lo que hace a actos de naturaleza administrativa, debe tenerse en consideración que quien aduce un interés jurídico en sentido estricto, parte de que una norma general se ha individualizado en su beneficio de tal forma que cuenta con un derecho subjetivo, mientras que quien ostenta interés legítimo aduce la existencia de una norma que aún no se ha individualizado en su beneficio, pues simplemente lo coloca, como integrante de una colectividad, en la posibilidad de defender, en su beneficio, intereses colectivos que no se han materializado en una situación concreta.

Si una persona ha adquirido un derecho subjetivo por haber reunido todos y cada uno de los requisitos que establece la legislación aplicable, no es factible destruir su derecho sino privando de efectos a esa legislación, pues si se pretendiera que existe un interés colectivo que debe prevalecer sobre el individual, lo único que se lograría sería la inaplicación de una norma aplicable y válida, lo cual carece de sentido; la única posibilidad de que en este caso prevalezca el interés legítimo sobre el jurídico consiste en privar de eficacia, aunque sea para el caso concreto, a la norma que ha originado el derecho subjetivo. Dicho de otra forma, el interés colectivo que justifica al legítimo no debe prevalecer sobre el jurídico, salvo los casos en que la pretensión consista en obtener la declaración de inconstitucionalidad de la norma que justifica a este último o se apoye en la circunstancia de que no se dieron los supuestos que legalmente justifican la existencia del derecho subjetivo.

En los juicios de amparo promovidos en contra de normas generales, la prevalencia de uno u otro derecho dependerá de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma que da origen al interés jurídico o de la que da pauta al legítimo, pues lógicamente debe prevalecer la que se encuentra en situación de regularidad constitucional sobre la que no. Si ambas son constitucionales, debe prevalecer la de mayor jerarquía y si, ambas tienen la misma, el juzgador de amparo deberá hacer uso de su criterio para elegir a la que debe prevalecer.

DEMOSTRACIÓN DEL INTERÉS LEGÍTIMO

Al igual que el interés jurídico, el legítimo debe quedar plenamente acreditado para que la acción de amparo resulte procedente.

En el caso del interés jurídico, atendiendo a los elementos que lo constituyen, se acepta que su demostración supone que se acredite la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y, además, que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. Así, por ejemplo, quien pretende defender un bien de su propiedad frente a un acto concreto de autoridad, debe acreditar, por una parte, ser propietario del bien que considera afectado y, por otra, que el acto que reclama de la responsable se encuentra referido a ese bien a grado tal que sustrae el correspondiente derecho del status jurídico del quejoso o, al menos, lo afecta. Lo anterior significa que debe demostrarse una relación entre el derecho subjetivo y el acto de autoridad reclamado, relación que necesariamente debe hacer suponer que éste afecta a aquél, por lo que la demostración del interés jurídico necesariamente supone la prueba, primero, de la existencia de un derecho subjetivo y, segundo, de la afectación de ese derecho precisamente por la ley o el acto reclamado.[6]

Por lo que respecta al interés legítimo como eventual elemento de la acción de amparo, también deben identificarse los elementos que lo constituyen, pues son éstos los que deberán acreditarse para justificar la procedencia del correspondiente ejercicio. De lo dicho en incisos anteriores, debe concluirse en el sentido de que los elementos que determinan la existencia de un interés legítimo, son los siguientes:

  1. Existencia de una norma que establece o tutela algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada;
  2. Afectación de ese interés difuso en perjuicio de esa colectividad por la ley o acto que se reclama, y
  3. Pertenencia del quejoso a dicha colectividad

En relación con el tercero de esos elementos, cabe hacer notar que alguna norma puede establecer un interés difuso para una colectividad muy amplia, pero el acto que se reclama sólo afecta a una parte de sus integrantes y no a la totalidad, en cuyo caso deberá acreditarse por el quejoso que precisamente se encuentra dentro del grupo –o si se quiere subgrupo−, realmente afectado, sin que baste acreditar su pertenencia a esa colectividad amplia que en abstracto se encuentra tutelada. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica precisamente al quejoso por ser éste el promovente del juicio, debe demostrar su pertenencia al ente colectivo que específicamente sufre el agravio. En otros términos, aunque el agravio jurídico se produzca en perjuicio de alguna colectividad, el quejoso deberá acreditar que en el caso concreto sufre un daño precisamente por encontrarse entre las personas realmente afectadas por la ley o acto que reclama. Ya se ha señalado que la introducción del interés legítimo no convierte a la acción de amparo en una colectiva, por lo que precisamente el quejoso deberá acreditar el interés que en lo personal le asiste, sea jurídico o legítimo.

ÁMBITO PERSONAL DE VALIDEZ DE LA SENTENCIA DE AMPARO PRONUNCIADA CON MOTIVO DE UN INTERÉS LEGÍTIMO

Ya hemos señalado que la reforma constitucional conserva el principio de relatividad de la sentencia, por lo que, la que otorga el amparo, sólo puede producir un beneficio jurídico en favor del quejoso.

Como el interés simple supone la pertenencia del quejoso a una colectividad, es posible que el otorgamiento del amparo beneficie indirectamente a otros miembros de esa colectividad por ser el cumplimiento del amparo indivisible, de tal forma que resulte imposible que el acto reclamado subsista para algunos y no para el quejoso. Si, por ejemplo, el acto reclamado consiste en una autorización otorgada al tercero perjudicado, resulta imposible que la autorización, que es una, no subsista para el quejoso y sí para otros miembros de la colectividad. Pero el beneficio a personas distintas del quejoso no les otorga derecho alguno pues la sentencia no se los otorga, lo que significa que, quienes no fueron actores en el juicio no están jurídicamente facultados para promover o intervenir en los procedimientos tendientes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo.

 

Ulises Schmill Ordóñez. Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia, fungió como presidente de ésta en el periodo 1990-1994. Carlos de Silva Nava. Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia.


[1] “Los conceptos “jurídico” y “legítimo” tienen gramaticalmente el mismo contenido, según la Enciclopedia del Idioma de Martín Alonso; por legítimo se tiene “a lo que es conforme a las leyes” y jurídico tiene un significado de lo que se hace “con apego a lo dispuesto por la ley”; Escriche señala que legítimo es “lo que es conforme a las leyes, lo que está introducido, confirmado o comprobado por alguna ley” y de jurídico dice que es “lo que está o se hace según forma de juicio o de derecho”. Se admite que no son las definiciones gramaticales la única base con la que cuenta el Juez para decir el derecho, las palabras que forman parte de una disposición legal deben interpretarse y aplicarse acordes al contexto de esa norma jurídica, y es en ese contexto que este tribunal no encuentra diferencia, aparte de la semántica entre una palabra y otra; cabe precisar que los artículos 33 y 71, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal ya derogada, aludían a la necesaria existencia de un interés jurídico para acudir al juicio ante dicho tribunal y que el juicio sería improcedente contra actos que no afectaran el “interés jurídico” del actor; en tanto que la ley vigente hace referencia a un “interés legítimo” lo que nos lleva a afirmar que basta que se consideren afectados quienes acuden al juicio para que éste sea procedente.”

Tesis aislada I4o.A. 299 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Abril de 1999, pág. 555.

[2] “El artículo 34 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal precisa que sólo podrán intervenir en el juicio las personas que tengan interés legítimo en el mismo. Ahora bien, el interés legítimo se debe entender como aquel interés de cualquier persona, pública o privada, reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico. Desde un punto de vista más estricto, como concepto técnico y operativo, el interés legítimo es una situación jurídica activa que permite la actuación de un tercero y que no supone, a diferencia del derecho subjetivo, una obligación correlativa de dar, hacer o no hacer exigible a otra persona, pero sí otorga al interesado la facultad de exigir el respeto del ordenamiento jurídico y, en su caso, de exigir una reparación por los perjuicios antijurídicos que de esa actuación se deriven. En otras palabras, existe interés legítimo, en concreto en el derecho administrativo, cuando una conducta administrativa determinada es susceptible de causar un perjuicio o generar un beneficio en la situación fáctica del interesado, tutelada por el derecho, siendo así que éste no tiene un derecho subjetivo a exigir una determinada conducta o a que se imponga otra distinta, pero sí a exigir de la administración el respeto y debido cumplimiento de la norma jurídica. En tal caso, el titular del interés está legitimado para intervenir en el procedimiento administrativo correspondiente y para recurrir o actuar como parte en los procesos judiciales relacionados con el mismo, a efecto de defender esa situación de interés. El interés legítimo se encuentra intermedio entre el interés jurídico y el interés simple, y ha tenido primordial desenvolvimiento en el derecho administrativo; la existencia del interés legítimo se desprende de la base de que existen normas que imponen una conducta obligatoria de la administración, sin embargo, no requiere de la afectación a un derecho subjetivo, aunque sí a la esfera jurídica del particular, entendida ésta en un sentido amplio; a través del interés legítimo se logra una protección más amplia y eficaz de los derechos que no tienen el carácter de difusos, pero tampoco de derechos subjetivos. Así, podemos destacar las siguientes características que nos permiten definir al interés legítimo: 1) No es un mero interés por la legalidad de la actuación de la autoridad, requiere de la existencia de un interés personal, individual o colectivo, que se traduce en que de prosperar la acción se obtendría un beneficio jurídico en favor del accionante; 2) Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo, no hay potestad de uno frente a otro; 3) Un elemento que permite identificarlo plenamente es que es necesario que exista una afectación a la esfera jurídica en sentido amplio, ya sea de índole económica, profesional o de cualquier otra, pues en caso contrario nos encontraríamos ante la acción popular, la cual no requiere afectación alguna a la esfera jurídica; 4) El titular del interés legítimo tiene un interés propio, distinto del de cualquier otro gobernado, el cual consiste en que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento, cuando con motivo de la persecución de fines de carácter general incida en el ámbito de ese interés propio; 5) Se trata de un interés cualificado, actual y real, no potencial o hipotético, es decir, se trata de un interés jurídicamente relevante; y, 6) La anulación produce efectos positivos o negativos en la esfera jurídica del gobernado.” Tesis aislada I.13o.A.43 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Marzo de  2002, pág. 1367.

[3] “De los diversos procesos de reformas y adiciones a la abrogada Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y del que dio lugar a la Ley en vigor, se desprende que el legislador ordinario en todo momento tuvo presente las diferencias existentes entre el interés jurídico y el legítimo, lo cual se evidencia aún más en las discusiones correspondientes a los procesos legislativos de mil novecientos ochenta y seis, y mil novecientos noventa y cinco. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con este último, fue precisamente permitir el acceso a la justicia administrativa a aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico), con la finalidad clara de ampliar el número de gobernados que pudieran acceder (sic) al procedimiento en defensa de sus intereses. Así, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico.” Tesis 2ª./J. 141/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Diciembre de 2002, pág. 241.

[4] “De acuerdo con los artículos 34 y 72, fracción V, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, para la procedencia del juicio administrativo basta con que el acto de autoridad impugnado afecte la esfera jurídica del actor, para que le asista un interés legítimo para demandar la nulidad de ese acto, resultando intrascendente, para este propósito, que sea, o no, titular del respectivo derecho subjetivo, pues el interés que debe justificar el accionante no es el relativo a acreditar su pretensión, sino el que le asiste para iniciar la acción. En efecto, tales preceptos aluden a la procedencia o improcedencia del juicio administrativo, a los presupuestos de  admisibilidad de la acción ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; así, lo que se plantea en dichos preceptos es una cuestión de legitimación para ejercer la acción, mas no el deber del actor de acreditar el derecho que alegue que le asiste, pues esto último es una cuestión que atañe al fondo del asunto. De esta forma resulta procedente el juicio que intenten los particulares no sólo contra actos de la autoridad administrativa que afecten sus derechos subjetivos (interés jurídico), sino también y de manera más amplia, frente a violaciones que no lesionen propiamente intereses jurídicos, ya que basta una lesión objetiva a la esfera jurídica de la persona física o moral derivada de su peculiar situación que tienen en el orden jurídico, de donde se sigue que los preceptos de la ley analizada, al requerir un interés legítimo como presupuesto de admisibilidad de la acción correspondiente, también comprende por mayoría de razón al referido interés jurídico, al resultar aquél de mayores alcances que éste.” Tesis 2ª./J. 142/2002, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Diciembre de 2002, pág. 242.

[5] Aunque en alguno de sus aspectos la tesis del Décimo Tercer Tribunal Colegiado parece discutible, arroja más luz sobre el problema que la de la Segunda Sala, pues trata de precisar las peculiaridades de los dos tipos de interés (al referirse al legítimo plantea seis hipótesis) sin limitarse a una incompleta definición que prácticamente se limita a hacer alusión a una peculiar situación frente al orden jurídico sin precisar a qué obedece o en qué consiste esa peculiaridad.

[6] Si se acepta que los actos de autoridad consisten en normas jurídicas generales o particulares, puede válidamente sostenerse que la prueba del interés jurídico supone la demostración de que el quejoso se encuentra dentro de los supuestos de la norma reclamada, general o particular según el caso. Este criterio no resulta contrario sino coincidente con el señalado, pues la prueba de que el quejoso se encuentra dentro de los supuestos del acto reclamado requiere la demostración del derecho subjetivo y de su afectación por el propio acto.

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Las reformas del año 2011 a diversos artículos de la Constitución en materia de derechos humanos y juicio de amparo han venido a modificar algunos de los principios fundamentales de este juicio ―entre ellos el relativo al interés jurídico del actor o quejoso como requisito indispensable para la procedencia de la acción―, lo que plantea la necesidad de analizar los aspectos novedosos en esta materia, específicamente el tema del interés legítimo como elemento de la acción de amparo.

La reforma a la fracción I del artículo 107 constitucional, establece:

I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;

Según la reforma constitucional, el promovente del amparo deberá aducir ser titular de un derecho (interés jurídico) o de un interés legítimo individual o colectivo, lo cual excluye al interés simple.[1]

Con anterioridad a la reforma que se comenta, únicamente se consideraban dos tipos de interés, a saber, el jurídico y el simple, en la inteligencia de que sólo el primero legitimaba el ejercicio de la acción constitucional de amparo en defensa de lo que anteriormente se denominaba garantías individuales y, actualmente, derechos humanos.[2] La reforma ha introducido un tercer tipo de interés (el legítimo) que todavía no ha sido definido con precisión por la doctrina o la jurisprudencia mexicanas en el contexto de la acción de amparo. Para estar en posición de definirlo, consideramos pertinente realizar el análisis de los conceptos de interés jurídico y simple, pues consideramos que el legítimo se encuentra ubicado entre ambos y obviamente presenta semejanzas y diferencias entre éstos.

INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS SIMPLE

A. Conceptos de interés jurídico e interés simple.-

Debemos exponer brevemente el concepto que del “interés” y del “derecho subjetivo” tiene el tratadista alemán Rudolf von Ihering, por la influencia que ha tenido en nuestra legislación. Dice Ihering:

Dos elementos constituyen el principio del derecho: uno sustancial, que reside en el fin práctico del derecho, que produce la utilidad, las ventajas, las ganancias que esto aseguran; otro formal, que se refiere a ese fin únicamente como medio, a saber: protección del derecho, acción de la justicia. Los derechos son intereses jurídicamente protegidos. [3]

En consecuencia, deben distinguirse, conforme a esta teoría, dos clases distintas de intereses: los no protegidos y los protegidos jurídicamente por medio de de la acción judicial. Los primeros podemos llamarlos intereses simples y consisten en “la utilidad, el bien, el valor, el goce o el interés, que son las diversas ideas que entran en juego en el concepto que estamos definiendo. Dentro de este concepto de interés simple, Ihering comprende no sólo los bienes y valores materiales, sino bienes de carácter moral: la personalidad, la libertad, el honor, los lazos de familia, etc.

Lo primero que debemos observar es que el interés no es concebido con base en las normas positivas: el interés es un fenómeno psicológico, económico o de cualquier otra índole. Cuando Ihering señala este primer elemento sustancial del concepto del derecho subjetivo se coloca fuera del ámbito normativo y no lo determina con arreglo a él. Si el concepto del derecho subjetivo es un concepto jurídico, entonces debe ser determinado de manera normativa. Observa Kelsen que esta definición no es adecuada, porque se posee un derecho aunque no se tenga un interés concreto en él. La existencia de un derecho subjetivo solamente puede afirmarse con base en el derecho positivo.[4]

El criterio que ha seguido la doctrina para la construcción del concepto de los derechos subjetivos, lo ha expresado Kelsen con toda claridad con las siguientes palabras.

[…] pues para aquellos desde cuyo punto de vista fue desarrollada toda la teoría del derecho subjetivo  –el punto de vista que afirma un titular del interés, situado frente al orden jurídico;   el punto de vista que se pregunta: ¿hasta qué punto me interesa el orden jurídico considerado como un medio útil para el logro de mis fines?; un punto de vista, por tanto, no inmanente sino trascendente al Derecho –, la norma jurídica que estatuye un deber de obediencia a los mandatos de la autoridad, no es considerada en modo alguno como “su” derecho. [5]

Debemos hacer tres observaciones adicionales: 1) los derechos subjetivos son y deben ser contenidos de las normas jurídicas; 2) como ya fue observado, el elemento determinante del concepto es el de la protección jurídica por medio de la acción ante los tribunales y 3) hay derechos subjetivos establecidos de manera abstracta y general (en las leyes) y de manera individual en los actos jurídicos configuradores de la esfera jurídica concreta de los individuos. Estos actos jurídicos se encuentran en la base de la pirámide jurídica.

Por otra parte, debe considerarse que los que comúnmente se consideran “derechos subjetivos”, i.e., derechos de los sujetos sometidos al orden jurídico (por eso son subjetivos, es decir, de un sujeto determinado), en realidad sólo son los “reflejos subalternos” de las normas que establecen otras funciones normativas. La conducta permitida en sentido débil (tengo derecho a amar, a correr, a pasear, etc.) es solamente la afirmación del interés del súbdito de cómo puede comportarse sin temer ninguna consecuencia jurídica desfavorable, es decir, la conducta permitida se explica por la ausencia de normación respecto de dicha conducta. Lo que no está prohibido está jurídicamente permitido. Los llamados derechos reales y los personales o de crédito, como reflejos subalternos, se explican por la existencia de normas que establecen obligaciones determinadas para ciertos sujetos específicos o para todos los de una comunidad, i.e., obligación erga omnes. Alguien tiene derecho a conducir un automóvil, a explotar una mina o un canal de televisión o de radio porque con la autorización correspondiente se ha limitado para el sujeto en cuestión una  prohibición general. La conducta permitida, los derechos reales y los personales y las autorizaciones se explican por otras funciones normativas (las únicas relevantes jurídicamente) y son un reflejo subalterno de ellas.

Por último, ya se expresó que el autentico derecho subjetivo que no constituye un reflejo de otras funciones normativas, es la acción procesal ante los tribunales. La utilización del concepto del derecho subjetivo es muy adecuada, pues con ellos se aludes, con un solo término, a las diversas funciones normativas de las cuales sólo son reflejos subalternos. Esto lo podremos comprobar en lo que sigue.

El término interés admite varias acepciones. En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua encontramos una que resulta útil para abordar el tema que nos ocupa: “Interés: Inclinación del ánimo hacia un objeto, una persona, una narración, etc.” Como puede observarse, esta definición otorga al interés un contenido fundamentalmente psicológico en tanto se refiere a una inclinación del ánimo, aunque ocasionalmente el ánimo se vea inclinado a cuestiones jurídicas. Pero no basta este último tipo de inclinación, pues el ánimo, por sí solo, no es susceptible de producir consecuencias jurídicas; para ello, resulta indispensable la existencia de normas que otorguen consecuencias de derecho a las manifestaciones externas de ese ánimo. En otros términos, el interés adquiere el carácter de jurídico cuando el objeto al cual se inclina el ánimo se encuentra tutelado por normas jurídicas. En ese sentido se ha pronunciado el Poder Judicial en infinidad de tesis esencialmente coincidentes entre sí, por lo que estimamos suficiente citar, en vía de ejemplo, el siguiente criterio:[6]

INTERES JURIDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. De acuerdo con el sistema consignado en la ley reglamentaria del juicio de garantías, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quienes resienten un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Ahora bien, la noción de perjuicio para los efectos del amparo supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese. Tal derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Sin embargo, es oportuno destacar que no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal acontezca es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de una o varias de sus normas. (Énfasis añadido)

El interés simple podrá ser de muy diversa índole en la medida en que el ánimo puede verse inclinado a cierta finalidad por motivos culturales, económicos, sociales, artísticos, religiosos o de cualquier otra índole distinta de la jurídica.

De esta tesis pueden desprenderse conclusiones muy esclarecedoras. Quien tiene un interés jurídico, para efectos del amparo, puede probar o establecer  los supuestos  de la generación o surgimiento del elemento determinante del reflejo subalterno, i.e., probar que es una conducta permitida por el hecho de que no existe norma jurídica alguna que lo regule de manera expresa; o en el caso de los derechos personales y los reales la existencia de un acto jurídico o un hecho jurídico creador de una obligación determinada de un sujeto específico o erga onmes; en el caso de la autorización comprobar el supuesto consistente en la existencia de una resolución que limita una prohibición general, i.e., la licencia, la patente, la resolución administrativa, la concesión, etc.

La tesis habla  de “un derecho transgredido por la actuación de la autoridad o por la ley”. Esto significa  que la ley es irregular con relación a la Constitución o la autoridad ha regulado irregularmente una conducta permitida, pues carece de fundamento, ha reconocido como válido el incumplimiento de una obligación de persona determinada o de una obligación erga omnes o ha desconocido o nulificado la concesión de una autorización.

B. El interés jurídico como elemento de la acción de amparo.-

Debe considerarse al interés jurídico como elemento esencial de la acción procesal juntamente con la pretensión. Lo anterior obedece a las siguientes consideraciones:

  1. Si se entiende que la acción consiste en la facultad de instar al órgano jurisdiccional a emitir, previos los trámites correspondientes, una sentencia que resuelva un conflicto o controversia del orden jurídico, únicamente pueden plantearse a través de ella aspectos del orden jurídico por quien justifica ser titular del derecho subjetivo que aduce como fundamento de la sentencia cuyo dictado solicita.
  2. El análisis y resolución de las acciones son propios de los órganos jurisdiccionales del Estado, pudiendo entenderse a éste en el sentido de orden jurídico como lo concibe Kelsen, quien sostiene la unidad de Estado y Derecho al afirmar que “la esfera existencial del Estado posee validez normativa y no eficacia causal”.[7] No es aceptable, pues, que sea función propia del Estado resolver conflictos ajenos al derecho.
  3. Solo quien es titular del derecho que pretende deba prevalecer mediante el dictado de la sentencia se encuentra legitimado para ejercer la acción.

En conclusión, es titular de un interés jurídico la persona cuyo ánimo se encuentra inclinado a ejercer una acción procesal y cuenta con el derecho subjetivo que con ese motivo pretende aducir.

La pretensión es el contenido de la acción, con el objeto de que en la sentencia que dicte el juez se anulen las irregularidades  mencionadas cuando se habla de la violación del derecho subjetivo del actor. Para que la acción resulte procedente, debe existir una relación lógica entre el interés jurídico y la pretensión, pues, por una parte, para que pueda prosperar la pretensión (obtener sentencia concordante con la pretensión) debe estar apoyada por el interés y, por otra, no puede aceptarse la existencia de interés jurídico cuando el logro de la pretensión resulta jurídicamente imposible, pues lo contrario llevaría al absurdo de estimar que es eficaz un interés en lograr lo que es imposible.

A diferencia del jurídico, el interés simple no legitima el ejercicio de la acción. Frecuentemente podrá darse, en un mismo asunto, una coincidencia entre los dos tipos de interés, pero el determinante para justificar el ejercicio de la acción es únicamente el jurídico.

No está por demás hacer notar que la demostración del interés jurídico no es por sí motivo suficiente para obtener sentencia favorable, pues para ello debe también demostrarse que la pretensión, que es el otro elemento de la acción, se encuentra justificada. La teoría de la autonomía de la acción parte del supuesto de que el derecho a ejercerla no determina per se el derecho a sentencia favorable, lo cual no pugna con la idea de que el actor, para lograr una sentencia −favorable o no−, necesariamente debe acreditar su interés jurídico en la promoción de su acción.

En materia de amparo, la demostración del interés jurídico plantea un tema de procedencia pues, de no darse aquélla, la consecuencia será el sobreseimiento en el juicio y, en el caso contrario, una sentencia de fondo que podrá o no otorgar el amparo, pues ello dependerá de que se haya acreditado o no una violación a derechos humanos.

A reserva de encontrar el significado de interés legítimo, cabe señalar que, desde el momento en que la Constitución lo considera apto para legitimar el ejercicio de la acción de amparo, le atribuye el carácter de jurídico pues sólo este último puede tener ese efecto según las consideraciones que anteceden. Esto es así, porque al atribuirse al legítimo ciertas consecuencias de derecho –legitimación al promovente del amparo−, se le eleva a la categoría de jurídico. De ahí que resulte posible hablar de un interés jurídico en sentido amplio que abarca tanto al interés jurídico en sentido estricto o restringido como al interés legítimo; o sea, el interés legítimo resulta ahora ser un tipo de interés jurídico. Pero debe tenerse presente el segundo párrafo de la fracción I del artículo 107 constitucional, que establece que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, lo que significa que, por hacerse referencia a la titularidad de un derecho subjetivo, tratándose de esos actos, no opera el interés legítimo sino solamente el jurídico, por lo que aquél sigue siendo considerando por la Constitución interés simple en tanto no legitima el ejercicio de la acción.

Ulises Schmill Ordóñez. Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia, fungió como presidente de ésta en el periodo 1990-1994. Carlos de Silva Nava. Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia


[1] En el presente estudio nos referimos al interés jurídico y al derecho subjetivo en el sentido en que los concibe Ihering, porque, en términos generales, la teoría, la legislación y la jurisprudencia mexicanas se encuentran notoriamente influidas por dicho autor, aunque no desconocemos que los conceptos que el propio Ihering plantea de interés jurídico y de derecho subjetivo han sido duramente criticados por la doctrina kelseniana. Debemos exponer brevemente la doctrina de Rudolf Ihering, con el objeto de que el lector tenga el antecedente doctrinal de los conceptos utilizados en nuestra legislación, lo que haremos en el siguiente apartado. De cualquier forma, podría sostenerse que cuando la Constitución o la ley hablan de interés jurídico de una persona, ello puede ser interpretado en el sentido de que ella se encuentra dentro de los supuestos de la norma de cuya aplicación se trate, y que el derecho subjetivo consiste precisamente en la facultad de ejercer el derecho de acción. Sobre el particular, puede consultarse: KELSEN, Hans, Teoría General del Estado, Editorial Nacional, México, 1983, pp. 72 y ss., y Teoría Pura del Derecho, Porrúa, 12ava. Ed., México, 2002, pp. 138 y ss., y 199 y 200.

[2] La Constitución vigente sustituyó el término garantías individuales por el de derechos humanos, en los términos de su artículo primero, que establece: “Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.” Si bien el precepto alude a garantías, no lo hace en el sentido tradicional de garantías individuales, sino en el de garantías de los derechos humanos. Excede a los límites del presente estudio definir con precisión este último concepto, aunque puede señalarse que existen dos posibilidades para el efecto: a), entenderlo como los procedimientos para hacer efectivos esos derechos, por ejemplo, el juicio de amparo, y b), los derechos de carácter meramente formal, como el de la necesidad de orden escrita para producir actos de molestia a que se refiere el artículo 16 constitucional, que puede verse simplemente como una garantía del respeto de derechos humanos propiamente dichos. Es decir, este derecho de carácter formal resulta un medio idóneo para hacer respetar otros derechos como podría ser el de propiedad o de inviolabilidad del domicilio, entre otros.

[3] Ihering, Rudolf von, El Espíritu del Derecho Romano en las Diversas Fases de su Desarrollo, T. IV, De Bailly-Baillere e Hijos, Madrid, 1892, p. 365.

[4] Cf. Kelsen, Teoría General del Estado, p. 73.

[5] Kelsen, Op. cit, p. 75.

[6] Tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 52, Primera Parte, página 46.

[7] KELSEN, Hans, Teoría General del Estado, cit., p 21.

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El pasado viernes, el presidente Felipe Calderón realizó la declaratoria de reforma constitucional de una serie de artículos de nuestro texto constitucional que modifican de manera significativa el juicio de amparo: el medio de protección por definición de los derechos de los habitantes del país.

La reforma ha sido celebrada, tanto por legisladores, ministros y algunos destacados miembros de la comunidad jurídica, como un paso decisivo para transformar un juicio de amparo anacrónico y excesivamente formalista a uno moderno, acorde a los criterios internacionales más avanzados, capaz de hacer frente a las exigencias de justicia de la sociedad mexicana contemporánea.

Pero, ¿en concreto en qué consisten los avances de esta reforma?, ¿por qué ha sido tan aplaudida como un punto de inflexión en el proceso de modernización de la justicia mexicana? Aquí algunos de los cambios más relevantes de esta reforma constitucional:

1. En primer lugar, gracias a esta reforma se amplía la protección del juicio de amparo. Ahora no sólo se podrá aprovechar esta herramienta jurídica para proteger los derechos de nuestra constitución, sino también aquellos establecidos en tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano. De esta manera, se amplía lo que los abogados llaman el manto protector del juicio de amparo al garantizar un abanico mucho más amplio de derechos.

2. Asimismo, con esta reforma se establece que el juicio de amparo servirá para atacar, además de los actos y normas jurídicas, las omisiones de las autoridades estatales que violen algún derecho fundamental. Esto implica un giro en la concepción de la protección de los derechos, pues ahora se entiende que para proteger los derechos en ocasiones el Estado debe limitar su actuación para asegurar un espacio de libertad, pero también hay supuestos donde para garantizar los derechos es indispensable la intervención y actuación de la estructura estatal. Y de ahí que se pueda atacar la inacción de la autoridades estatales cuando ésta afecta un derecho fundamental.

3. Una característica clave del juicio de amparo es que sus efectos sólo benefician o perjudican a aquella persona que haya impulsado este juicio. Una persona, por ejemplo, que ataca mediante el juicio de amparo una ley, en caso de ganar el juicio esta ley en cuestión no pierde su validez en el ordenamiento jurídico sino simplemente no se le aplica a esta persona que ganó el juicio. Ahora, sin embargo,  con esta reforma se abre la posibilidad de que mediante el juicio de amparo sí se puedan expulsar normas generales –como una ley o un reglamento- del ordenamiento jurídico. Vale aclarar que esto no se logrará con una sola sentencia, sino siguiendo ciertos requisitos que una vez satisfechos se podrá realizar la declaratoria general de inconstitucionalidad (de invalidez) de cierta norma general.

4. Otro cambio relevante es que se elimina como requisito para que el Poder Judicial Federación pueda conocer de una demanda de amparo el interés jurídico, que es demasiado riguroso y formalista, para adoptar más bien como criterio de procedencia el interés legítimo. Es un tema un tanto técnico, pero este cambio permite que mediante el juicio de amparo se puedan garantizar derechos que antes, bajo la óptica del interés jurídico, quedaban sin protección mediante el juicio de amparo como los derechos colectivos y difusos (protección al medio ambiente, por ejemplo).

5. Una figura característica del juicio de amparo es la llamada suspensión. La cual, en términos generales, permite que el juez detenga un acto de autoridad, que ha sido atacado mediante el juicio de amparo, mientras decide si efectivamente tal acto es inconstitucional. La razón de esta figura, y de la posibilidad de suspender el acto de una autoridad aun cuando todavía no se determina si efectivamente viola algún derecho, es que debido al tiempo que implica un juicio de amparo si no se detuviese el acto de autoridad en escrutinio, al momento de tener una sentencia probablemente ésta ya no tendría sentido. Pensemos, por ejemplo, que una autoridad decide expropiar tu casa, en respuesta interpones un juicio de amparo en contra de ese acto de expropiación. Si el juez no detiene el proceso de expropiación mientras resuelve el juicio, puede ser que ganes éste pero tu casa ya haya sido derrumbada por la autoridad. Ahora bien, esta figura de la suspensión –que nuestro pobre periodismo judicial sigue confundiendo con el juicio de amparo- ha sido en no pocas ocasiones utilizada de manera indebida para que ciertos negocios, por ejemplo, que incumplen la ley sigan operando. En respuesta, esta reforma constitucional redefine los criterios a partir de los cuales se puede otorgar la suspensión en un juicio de amparo, privilegiando la ponderación que realice el juez entre los argumentos jurídicos de quien lo solicita y el interés social.

6. Por último, en un artículo transitorio, la reforma establece que al momento de crear jurisprudencia, bajo el procedimiento de reiteración: cinco sentencias en un mismo sentido, etc., no se consideraran ninguna de las tesis previas a esta reforma constitucional. Lo cual permite eliminar de tajo un abultado conjunto de tesis jurisprudenciales poco operativas, demasiado formalistas y en no pocas ocasiones de raíz autoritaria.

El Juego de la Suprema Corte

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