Admitir, tramitar, resolver y archivar un juicio de amparo supone hacer uso de un enorme acervo de categorías, abstracciones y reglas técnicas. Por lo menos desde enero de 1936[i]  y hasta marzo de 2013[ii], los jueces y magistrados federales operaban a la luz de las mismas reglas de origen legislativo y jurisprudencial; las sentencias federales pudieron ajustarse gradualmente y sin complicaciones a las reformas legislativas y los cambios de criterio que se dieron en dicho periodo. Sin embargo, la introducción de una nueva Ley de Amparo en 2013 impuso a los juzgadores federales el enorme reto de ajustarse, no sólo a nuevas reglas de trámite sino a nuevas figuras procesales.

adhesivo1El juicio de amparo directo corresponde a quien considera que una autoridad jurisdiccional, al dictar una sentencia en sede ordinaria, ha violado sus derechos humanos. Si tiene razón el quejoso, el Tribunal Colegiado de Circuito que resuelva el asunto, habrá de conceder el amparo y, naturalmente, ordenar el dictado de una nueva sentencia en la cual se corrijan los vicios constitucionales de la anterior. No obstante, en todos los procesos litigiosos intervienen dos partes y una siempre será desfavorecida por la decisión de la autoridad jurisdiccional y, en consecuencia, tendrá incentivos para promover una demanda de amparo, reclamando que se violaron sus derechos. La segunda sentencia ordinaria, dictada en cumplimiento del primer amparo, será igualmente combatida y podrá ser motivo de una nueva concesión de amparo. Probablemente la autoridad tenga que dictar una nueva sentencia, la tercera. Ésta, a su vez, puede ser objeto de otra demanda de amparo directo. El proceso parece interminable.

Imaginemos, por ejemplo, a dos padres capitalinos reclamando la guarda y custodia de su hijo menor. El juez familiar del Distrito Federal dará la razón a uno de los padres con base en las pocas pruebas que fueron aportadas al proceso. Uno de los padres estará inconforme con la sentencia dictada por el juez del Distrito Federal y, en consecuencia, solicitará el amparo argumentando que el juez de lo familiar no explicó las razones por las cuales otorgó poco valor probatorio a cierta prueba. El amparo será concedido: una nueva sentencia será dictada. De nuevo, uno de los padres estará molesto y es probable que promueva un nuevo amparo afirmando una violación a sus derechos humanos. El amparo será concedido: una nueva sentencia será dictada. Tal vez venga un nuevo amparo. En el litigo constitucional, tres strikes no bastan.

Para resolver el problema anterior, se ideó una nueva figura: el amparo adhesivo. Esta nueva acción procesal corresponde a quien obtuvo sentencia favorable en sede ordinaria. Ante la promoción de un amparo directo por su contraparte, la parte vencedora podrá mostrar al Tribunal Colegiado las bondades de la sentencia que le dio la razón y tendrá que hacer valer aquellas violaciones procesales que, en caso de concederse el amparo al quejoso principal, pudieran perjudicarle en el dictado de una nueva sentencia. De esta forma, la parte vencedora podrá armarse ante la eventual concesión del amparo a su contraparte y el Tribunal Colegiado podrá estudiar, de una sola vez, todas las posibles violaciones de derechos.

La solución parece sencilla; sin embargo, en la práctica, ha causado severas inquietudes en los Tribunales Colegiados del país. ¿Qué tipo de argumentos deben hacerse en la demanda del adherente?[iii] ¿Cómo deben estudiarse los argumentos que no se ajusten a lo dispuesto por la Constitución y la nueva Ley de Amparo? ¿Puede el quejoso adherente criticar la demanda de su contraparte, sin aportar nada sustancial? ¿Merece un punto resolutivo independiente?

Ante los cuestionamientos anteriores, Tribunales Colegiados de Michoacán, Quintana Roo, el Distrito Federal, Puebla, Coahuila y Tabasco han emitido criterios contradictorios. Por ello, en las semanas pasadas, la Primera Sala de la Suprema Corte ha resuelto algunas contradicciones de tesis, buscando dar certeza a los magistrados federales respecto a los límites y alcances del amparo adhesivo[iv].

En primer lugar, hay que destacar que la Primera Sala ha establecido que los Tribunales Colegiados de Circuito deben atender a las características argumentativas de cada amparo adhesivo del que conozcan[v]. Así, no merece un mismo tratamiento el amparo adhesivo que enuncia lo buena que resultó la labor del juez ordinario, de otro en el que se denuncien violaciones al procedimiento. Cada amparo adhesivo tendrá características propias, acordes a la finalidad que persigue quien lo promueve.

Por otra parte, la Sala ha enfatizado que el amparo adhesivo es una acción procesal que depende de la procedencia del amparo principal. Así, si el amparo resulta extemporáneo y el único objetivo del quejoso adherente es que la sentencia ordinaria que le dio la razón permanezca viva, es evidente que no existirá necesidad de que el Tribunal Colegiado se pronuncie respecto a esta nueva figura procesal. La sola negativa de amparo al principal implica la subsistencia de la sentencia que dio razón al adherente; en términos procesales: su pretensión ha sido colmada.

Además, la Sala ha dicho que cuando el amparo adhesivo se limita a cuestionar la corrección jurídica de los argumentos de su contraparte, el quejoso adherente en nada ayuda al Tribunal Colegiado. Esos argumentos necios no podrán ser atendidos por el Tribunal que resuelva la causa, éste deberá calificarlos de “inoperantes”.

Al resolver las contradicciones de tesis a que hago referencia, la Primera Sala ha abordado cuestiones técnico-procesales cuya delimitación resulta importante. Mediante la construcción jurisprudencial de lo que debe hacerse con un amparo adhesivo, los Tribunales Colegiados del país podrán resolver con mayor celeridad y certeza los asuntos que se someten a su jurisdicción. Además, los Tribunales podrán enfocarse en atender las cuestiones relevantes de cada proceso de amparo, sin hacerse cargo de argumentos necios, irrelevantes o, sencillamente, improcedentes.

Julio Manuel Martínez Rivas. Estudiante de Derecho en el ITAM y colaborador de la ponencia del ministro Cossío en la Suprema Corte.

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[i] La vieja Ley de Amparo fue publicada y entró en vigor el 10 de enero de 1936.

[ii] La nueva Ley de Amparo fue publicada el 2 de abril de 2013 y entró en vigor al día siguiente.

[iii] Anticipo una cuestión que si bien no ha sido resuelta directamente por la Suprema Corte, ha sido abordada por algunos Tribunales Colegiados: ¿puede el quejoso adherente impugnar los puntos decisorios que le perjudiquen de la sentencia reclamada? Para ello, ¿no podría promover un amparo principal? Lo anterior, ¿no sería tanto como darle una segunda oportunidad procesal para combatir la sentencia?

[iv] Contradicciones de tesis 32/2014 (28 de mayo de 2014), 89/2014 (27 de agosto de 2014), 110/2014 (10 de septiembre de 2014) y 136/2014 (15 de octubre de 2014), todas elaboradas bajo la Ponencia del Ministro Cossío y resueltas por unanimidad de votos.

[v] “[…] dada la diversidad de formas que puede adoptar la argumentación de un amparo adhesivo —considerando que el artículo 182 de la Ley de Amparo señala las tres finalidades de dicha figura procesal—  la decisión judicial que recaiga al mismo debe acoplarse a la pretensión particular del quejoso adherente.” Contradicción de tesis 32/2014, párrafo 48.

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En la sesión de este miércoles 1 de octubre, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación continuará la discusión del proyecto de resolución del amparo en revisión 378/2014 y deberá determinar si la omisión en la ejecución del proyecto de construcción del Pabellón 13 es violatorio del derecho a la salud y a la vida de los pacientes con VIH/SIDA que son atendidos en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).

Los antecedentes del caso se remontan a 2012, cuando Adrián, Rogelio y Leonardo, con la asesoría jurídica de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, interpusieron una demanda de amparo en contra de distintas autoridades por la omisión de construir una clínica especializada para la atención de pacientes con VIH/SIDA, el Pabellón 13. La necesidad de contar con un nuevo hospital no surgió del imaginario de los pacientes, sino que desde 2007 las propias autoridades sanitarias identificaron que las necesidades de las personas que viven con VIH/SIDA, y que son atendidas en el Pabellón 4, no podía verse satisfechas con una simple remodelación.

Tras erogar 7 millones 500 mil pesos para la elaboración del proyecto ejecutivo de la obra, el INER tramitó los permisos y otra serie de requerimientos para llevar a cabo la construcción del Pabellón 13 (certificado de necesidad, permiso sanitario de construcción, certificado de factibilidad, certificado de necesidad de equipo médico, registro en cartera). A pesar de todos estos trámites administrativos —y de las expectativas de los usuarios— a principios de 2012, los pacientes se enteraron de manera no oficial que el proyecto había sido suspendido.

A pesar de que las propias autoridades habían reconocido la necesidad de contar con un nuevo Pabellón, o en otras palabras, habían admitido que un nivel más alto de salud era posible, el amparo fue negado en primera instancia y fue así como inició un largo recorrido jurídico que finalmente concluirá en la próxima sesión de la Segunda Sala, quien decidió atraer[1] el caso por tratarse de un asunto que ayudaría a definir el contenido y alcance del derecho al nivel más alto de salud, en específico de un sector tan vulnerable como lo es el de las personas que viven con VIH/SIDA.

Hoy, el proyecto de resolución elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán (ver Amparo en Revisión 378/2014) representa un avance en las implicaciones del derecho al más alto nivel de salud. A diferencia de lo decidido en primera instancia, el proyecto reconoce que la garantía de este derecho no se agota con la dotación de medicamentos gratuitos o la atención médica —lo que nunca fue planteado por los quejosos—; tampoco sería suficiente que el Estado alegue superficialmente la falta de disponibilidad presupuestaria, sino que implica el deber de las autoridades por demostrar plenamente que ha realizado todos los esfuerzos posibles para utilizar los recursos que están a su disposición a fin de lograr la plena efectividad del derecho a la salud. Así, el proyecto de sentencia reconoce implícitamente que todos los trámites que fueron realizados no pueden ser ignorados cuando de ellos dependen la protección y garantía de los derechos humanos.

El proyecto de sentencia también resulta importante porque reconoce la situación de vulnerabilidad de las personas con VIH/SIDA y recuerda que el Estado mexicano, de acuerdo al marco internacional de derechos humanos, está obligado a ejecutar todas las medidas necesarias para lograr servicios de salud publica de calidad que disuadan cualquiera amenaza al derecho a la vida y la integridad física de las personas con VIH/SIDA sometidas a tratamiento de salud.

vihA pesar de avanzar en estos sentidos, el proyecto de resolución no resulta tan claro al momento de abordar los efectos del amparo. El proyecto ordena que las autoridades deben tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar, hasta el máximo de los recursos, el derecho humano al nivel más alto posible a la salud de los quejosos, dentro de un plazo razonablemente breve, en el entendido de que dichas medidas deberán ser deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible hacia la satisfacción de las obligaciones contempladas en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Así, las autoridades, tomando en consideración el presupuesto con el que cuentan, deberán considerar qué medida resulta las más adecuada  para poder brindar el servicio y tratamiento médico apropiado y de calidad para los pacientes con VIH/SIDA, en aras de evitar que se encuentren indebidamente expuestos a contagio de enfermedades oportunistas. Para ello, el proyecto le brinda a las autoridades la posibilidad de remodelar el pabellón 4 —en donde actualmente son atendidos los pacientes—o construir un nuevo Pabellón, en el entendido de que en  el procedimiento de ejecutoria de la sentencia de amparo, las alusiones a la limitación de recursos por parte de las responsables tendrán que encontrarse plenamente acreditadas por los medios conducentes.

Los efectos del amparo que se proponen dan pie a escenarios diversos. Por un lado, de concederse el amparo, las autoridades deberán realizar todo lo posible por utilizar al máximo los recursos de que disponen para satisfacer el derecho a la salud, pero a su vez, cuando intenten demostrar la insuficiencia de recursos, esto deberá ser acreditado plenamente ante el juez encargado del seguimiento de la sentencia. En ambos supuestos será fundamental que el juzgador asuma un papel proactivo, bajo un estándar alto de prueba sobre el cumplimiento por parte de las autoridades a fin de que se logre la protección adecuada de los quejosos y no les obligue –en la vía de los hechos– a continuar luchando jurídica y políticamente por mejores condiciones de vida. Sin duda, lo que suceda en uno u otro caso demostrará el grado de compromiso de las autoridades con el principio de progresividad  de los derechos humanos.

Iván Benumea Gómez. Investigador del área de Estrategias Jurídicas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

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[1] Solicitud de ejercicio de facultad de atracción 217/2014, bajo la ponencia del Ministro Luis María Aguilar Morales. Disponible aquí.

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En este video, el abogado Pérez de Acha vuelve al análisis del amparo #YoContribuyente. En esta ocasión, sin embargo, el punto de partida del estudio es el potencial que tiene la nueva figura del interés legítimo en el juicio de amparo para evaluar políticas públicas del Estado. Es decir, a partir de las características de este caso en concreto, que fue desechado por la Suprema Corte el miércoles pasado, Pérez de Acha apunta los diversos aspectos, de la decisión de condonar el pago de ciertos impuestos a entidades federativas y municipios, que quedaron fuera del control del Estado gracias a esta decisión de los ministros de la Primera Sala. 

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Luis M. Pérez de Acha. Abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la UNAM. Twitter: @LuisPerezdeAcha

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AEn el paquete de reformas constitucionales del 6 de junio de 2011 —cuyo propósito fue cumplir con la exigencia de renovar y fortalecer el juicio de amparo mexicano— trajo consigo la incorporación de la figura denominada declaratoria general de inconstitucionalidad, cuyo propósito es derogar normas generales que no sean acordes con la Constitución federal una vez satisfechos algunos requisitos, los cuales pretendo poner en tela de juicio en este texto.

Con la llegada de esta figura podemos afirmar que en nuestro sistema existen cinco formas de control de regularidad constitucional de actos y omisiones de autoridades y normas generales: i) control de convencionalidad; ii) juicio de amparo; iii) controversia constitucional; iv) acción de inconstitucionalidad y; v) declaratoria general de inconstitucionalidad.[1]

cuchillo-paloEl primero de ellos es resulta de la creación de un sistema de control difuso que corresponde de forma obligatoria y oficiosa a todos los jueces mexicanos en virtud de la famosa resolución del expediente Varios 912/2010 conocida como Caso Radilla. El segundo, de modalidad semiconcentrada, corresponde a los jueces federales y bajo algunas circunstancias podrían llegar a ser del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia, con la salvedad de que su sentencia sólo surte efectos para las partes en el juicio -lo que se conoce como el principio de relatividad de las sentencias de amparo o también coloquialmente como fórmula Otero-. El resto son de competencia exclusiva de la Suprema Corte, ya que cuando en éstas se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por al menos ocho votos de los ministros en el pleno sus efectos serán generales o erga omnes.

La declaratoria general de inconstitucionalidad se parece mucho a la acción de inconstitucionalidad; sin embargo, tiene sus diferencias procesales a pesar de que ambas están encaminadas a expulsar del ordenamiento jurídico una norma inconstitucional.

La acción de inconstitucionalidad mexicana, a su vez, se parece mucho a sus homólogas europeas. Es un medio de control constitucional concentrado y abstracto, es decir, el juicio que se emite sobre la norma tildada de inconstitucional no depende de un acto concreto de aplicación sino de que su irregularidad sea potencial. La facultad de echar a andar esta acción —tanto en México como en Europa continental— está delegada exclusivamente en algunas entidades públicas como los partidos políticos, la institución ombudsman, secretarías de Estado o ministerios de gobierno, organismos constitucionales autónomos, la fiscalía general, fracciones parlamentarias, etcétera.

Lo que quiero resaltar es que esta acción no está al alcance de cualquier ciudadano, aspecto que ha sido criticado por muchos en virtud de que en el derecho procesal constitucional comparado —máxime en América Latina— sí existe lo que es conocido como una acción pública de inconstitucionalidad[2]. Es decir, una herramienta con la que cualquier ciudadano puede echar a andar la maquinaria de la justicia para que su tribunal constitucional juzgue en abstracto si esa norma general es inconstitucional y, si así fuese, esa norma quedaría expulsada del orden jurídico. Lo cual significa que todos aquellos que no tienen las posibilidades económicas para acceder a la justicia, se verían beneficiados por el planteamiento de ese ciudadano y por el fallo del tribunal.

En México se han ensayado algunos parches para resolver este problema. Uno de estos es precisamente la declaratoria general de inconstitucionalidad, la cual se trata de un método intermedio que supone algunos precedentes en que los tribunales de la federación se pronuncien por la inconstitucionalidad de cierta norma general y conformen jurisprudencia para que entonces la Corte inicie el procedimiento. Pero esto no es todo, la Suprema Corte debe notificar al órgano emisor de la norma[3], el cual tendrá 90 días hábiles para subsanar el vicio de la norma. Si no lo hace, el asunto pasará al pleno de la Corte que tendrá que resolver por mayoría de ocho votos la expulsión definitiva de la norma del ordenamiento jurídico mexicano. Por si no fuera poco, toda la materia fiscal o aquello que tengas tintes de recaudación está exento de ser materia de este procedimiento.

Ahora bien, ¿por qué debería importarnos que para alcanzar los beneficios de la declaratoria general de invalidez tengamos que sortear un procedimiento por demás abigarrado? Es cierto, es una herramienta procesal, pero como todas está pensada para cumplir con exigencias sustantivas. La prueba está en que desde octubre de 2011 hasta julio de 2014 ha habido apenas cinco procedimientos de declaratoria general de inconstitucionalidad: uno fue declarado sin materia porque el legislador subsanó el vicio; dos fueron desechados por haberse determinado que eran normas de naturaleza tributaria; los otros dos están a la espera de que se conforme su jurisprudencia para proceder a la segunda notificación y que los 90 días hábiles de sesiones parlamentarias empiecen a contar.

Sin embargo, una prueba del potencial que tiene la declaratoria general de inconstitucionalidad es que uno de estos procedimientos pendientes declara la inconstitucionalidad de la legislación civil de Oaxaca, que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Si bien es cierto que actualmente el juicio de amparo es una herramienta efectiva incluso en estados como Guanajuato —donde la voluntad del Congreso local se ve lejana para cambiar este tipo de prohibiciones— o en algunas batallas que se han ganado tratando hacer elástico el interés legítimo[4], sería mucho más efectivo y eficiente una herramienta que extendiera los efectos de estas resoluciones con los mismos o incluso mucho menores costos institucionales.

Vaya usted a saber cuántas normas inconstitucionales se aplican a diario a tantas personas que no tienen la pericia o la capacidad económica de acceder al tribunal de amparo. Si la voluntad o el diseño institucional actual no dan para la instauración de una acción pública de inconstitucionalidad, al menos debería estarse discutiendo una urgente mejora al procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad.

¿Cuántas etapas tienen que pasar para destruir la presunción de constitucionalidad de las normas del legislador? ¿No son suficientes los cinco pronunciamientos consecutivos de la Corte o el Tribunal Colegiado? Para el legislador, que se ha blindado de este control constitucional, no.

Juan Luis Hernández Macías. Estudiante de Derecho por la Universidad de Guanajuato. Mail: jlhernandezmacias@gmail.com Twitter: @JuLuisHM

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[1] Cierto es que no son estos los únicos medios de control constitucional que existen en nuestro sistema, por otra parte tendríamos también el juicio político, el juicio de revisión constitucional electoral, el juicio para la protección de derechos políticos del ciudadano, que al fin también son formas de hacer prevalecer los principios constitucionales.

[2] Es particularmente famoso este medio de control en Colombia —país que junto con Venezuela fue pionero en su instauración— debido a que se dice que esta acción es la principal causa de que la Corte Constitucional Colombiana haya generado en los últimos años una de las más ricas líneas jurisprudenciales en materia de derechos fundamentales en el continente. De la misma forma, al permitir que el ciudadano acceda a estos medios de control con pocos requisitos formales o procesales, se ha incrementado considerablemente el índice de acceso a la justicia en ese país.

[3] Si la inconstitucionalidad se declara en alguna Sala de la Suprema Corte por segunda vez habrá también una notificación anterior a la de conformación de la jurisprudencia.

[4] Geraldina González de la Vega escribió sobre esto aquí.

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Una de las cuestiones más peliagudas de la reforma al juicio de amparo del 2011 es el interés legítimo y su relación con el principio de relatividad de las sentencias. Ambas cuestiones se encuentran en el artículo 107 constitucional, fracciones I y II, respectivamente. Lo cual implica que su jerarquía es la misma y que los juzgadores deberán, eventualmente, hacer malabares en los procesos de amparos en aras de proteger los derechos.

Esto significa que, caso por caso, la Corte deberá ir dotando de contenido el concepto de interés legítimo y su relación con los intereses colectivos o intereses difusos, para de esta manera delimitar el principio de relatividad de las sentencias -el que parecería anticuado cuando se habla de intereses que por su naturaleza no pueden asignarse a un individuo particular o quejoso.

La semana pasada, en este sentido, se publicó una sentencia de amparo (AR 152/2013), donde la primera Sala le concede la razón a 39 personas homosexuales de ser discriminadas por normas sobre matrimonio en el estado de Oaxaca. Además de la relevancia de la declaración de inconstitucionalidad de la norma civil oaxaqueña, en esta sentencia la Sala sienta las bases para la determinación del interés legítimo en caso de que se alegue la discriminación indirecta de una norma en su porción valorativa, sin que medie acto de aplicación o algo que llama “afectación por estigmatización”.

En esta sentencia, se realiza un análisis jurisprudencial del interés y su relación con las normas autoaplicativas y heteroaplicativas. De tal manera que para determinar si los quejosos tienen interés, se parte de la cuestión sobre si “la afectación asociada a la impugnación por discriminación es susceptible de actualizarse con la mera existencia o vigencia de la norma.”

La Sala concluye que sí, pues las normas jurídicas no solamente disponen una conducta específica, sino que también conllevan un mensaje, distinguiendo entre la parte dispositiva y valorativa de las normas. De tal forma que la Sala determina que la parte valorativa de las normas jurídicas, al representar una valoración social de esa conducta que regula, puede transmitir un mensaje implícito o explícito en que el Estado discrimine (voluntaria o involuntariamente) a determinadas personas, aún y cuando la norma no esté dirigida (en su parte dispositiva) a regular conductas relacionadas con éstas.

…la discriminación [por tanto] no sólo se puede resentir cuando la norma regula directamente la conducta de un grupo vulnerable, sino también mediante aquellas normas que promocionan y ayudan a construir un significado social de exclusión o degradación [...] lo relevante es que la norma genera un clase especial de afectación, que corre de manera paralela y que afecta directamente a los quejosos como terceros: la estigmatización por discriminación, la cual es incondicionada.

De tal forma que lo que la Sala reconoce es que “…junto a la afectación material o tradicional que puede generar la parte dispositiva de una norma, puede existir una afectación inmaterial que produce el mensaje transmitido por la norma, es decir, por su parte valorativa.” Y lo relevante aquí es que este mensaje produce una afectación, un “…estigma por discriminación puede ser una afectación expresiva generada directamente por una norma, la cual comúnmente se traduce en una serie de eventuales afectaciones materiales secundarias, con motivo de la puesta en práctica del contenido prescrito por la norma, como es la exclusión de beneficios o distribución inequitativas de cargas… [Y que] si existe una afectación de estigmatización por discriminación generada directamente, se debe reconocer interés legítimo para impugnarla, sin esperar el acto de aplicación.”

construccionEn este sentido, la sentencia desarrolla un test para determinar el interés legítimo por discriminación incondicionada que parte del concepto que denomina “afectación por estigmatización”. Se define “estigmatización” como “un daño jurídicamente relevante que es actual y real, producida por un mensaje del cual el quejoso es destinatario, quien lo puede combatir sobre la base de defender un interés garantizado por el derecho objetivo, como es el derecho a la no discriminación, contemplado en el artículo 1° constitucional… [De tal forma que la] comprobación del interés legítimo por esta especial afectación se demuestra, pues en caso de obtener el amparo, los quejosos obtendrían un beneficio jurídico consistente en la supresión del mensaje alegado de ser discriminatorio, mediante la declaratoria de inconstitucionalidad, la que haría cesar el mensaje que les genera perjuicio.”

Y para determinarlo, propone primero analizar si se trata de una afectación real o de un interés simple. Es decir, que la “…discriminación es impersonal y objetiva e implica un perjuicio social, directo, personal y casi individualizable…” y no una mera afectación ideológica o subjetiva. Luego hay que distinguir entre la afectación que genera un estigma por alegada discriminación de la discriminación misma. Es decir, determinar si “existe un mensaje perceptible objetivamente mediante el análisis cuidadoso del contexto de la norma general, consistente en una discriminación por la utilización de alguna de las categorías sospechosas del artículo 1° constitucional, que identifica al quejoso como miembro de ese grupo.”

La Primera Sala, de esta manera, establece la comprobación de los siguientes requisitos para determinar si existe el interés legítimo para impugnar una norma por razón de una afectación por estigmatización:

a) Se combata una norma de la cual se extraiga un mensaje perceptible objetivamente –aunque no cabe exigir que sea explícito, sino que puede ser implícito– del que se alegue exista un juicio de valor negativo o estigmatizador, mediante la indicación de los elementos de contexto de los símbolos utilizados, la voluntad del legislador, la historia de discriminación, etcétera, que simplemente permitan afirmar al quejoso que dicho mensaje es extraíble de la norma. No será requisito exigir al quejoso acreditar un acto de aplicación de la parte dispositiva de la norma que regule el otorgamiento de beneficios o la imposición de cargas.

b) Se alegue que ese mensaje negativo utilice un criterio de clasificación sospechoso, en términos del artículo 1º constitucional, del cual el quejoso es destinatario por pertenecer al grupo identificado por alguno de esos elementos –origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas–.

c) Finalmente, se debe acreditar que el quejoso guarda una relación de proximidad física o geográfica con el ámbito espacial de validez de la norma, sobre el cual se espera la proyección del mensaje.

Por último, y respecto de la posibilidad temporal para impugnar la norma, la Sala concluye que “…una ley, cuya parte valorativa contenga un mensaje que se repute como discriminatorio por hacer distinciones con base en una de las categorías sospechosas prohibidas en el artículo 1° constitucional, debe considerarse que es autoaplicativa –sin importar la fecha de entrada en vigor– y que sus efectos son permanentes, pues no se agotan en un instante, sino que se actualizan de momento a momento, por lo que se pueden impugnar en cualquier tiempo.” Es decir, no hay plazo para impugnar una norma que produce una afectación por estigmatización.

Este estándar sirve para determinar solamente si la quejosa tiene, o no, legitimación para acudir al juicio de garantías. Una vez verificado éste, el juzgador deberá proceder a analizar si la norma impugnada es discriminatoria o existe alguna justificación razonable y proporcional para su existencia dentro de una sociedad democrática (párrafo 107).

Ahora bien, a pesar de ser hoy solamente una sentencia aislada (es decir, que no constituye un criterio obligatorio para el resto de los juzgadores), se trata de un criterio de enorme relevancia pues permite justificar el interés legítimo (la legitimación para poder acceder al proceso) de minorías discriminadas por la sola existencia de determinadas normas (como en este caso son las de los códigos civiles o constituciones locales que contienen disposiciones de matrimonio exclusivamente heterosexual) cuyos efectos van más allá de la famosa “fórmula Otero” o del principio de relatividad de las sentencias. A pesar de que el amparo se concede únicamente a las quejosas, la norma impugnada se declara contraria a la Constitución y la puerta de entrada al proceso se abre de par en par para las minorías homosexuales en el estado de Oaxaca ¡y en toda la República! Los efectos políticos de esta determinación están todavía por verse, pero bien se puede adelantar que se avecina una ola –ya no sólo lluvia- de amparos.

Esta herramienta permitirá a cualquier minoría discriminada acceder a la justicia para invalidar —o al menos, lograr la inaplicación de normas discriminatorias. Lo lamentable de nuestro sistema de justicia constitucional son los frenos, absurdos, impuestos tanto por el principio de relatividad de las sentencias, como por el concepto de jurisprudencia. Creo que es hora de revisarlos.

Geraldina González de la Vega. Constitucionalista y ensayista. Actualmente realiza estudios de postgrado en Alemania. Twitter: @geraldinasplace

Geraldina González de la Vega. Constitucionalista y ensayista. Actualmente realiza estudios de postgrado en Alemania. Twitter: geraldinasplace – See more at: http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=3812#sthash.awW0yxZh.dpuf
Geraldina González de la Vega. Constitucionalista y ensayista. Actualmente realiza estudios de postgrado en Alemania. Twitter: geraldinasplace – See more at: http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=3812#sthash.awW0yxZh.dpuf
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Una de las cuestiones que salta inmediatamente a la vista de quien analiza las sentencias de la Suprema Corte y las leyes (abrogadas y vigentes) que pretenden regir a los trabajadores sexuales, es la falta de certidumbre sobre el estatus lícito o ilícito de la actividad y de quienes la ejercen.

P1El articulo 5º constitucional establece que la licitud es uno de los límites a la libertad de trabajo. Se trata de una remisión que hace el texto constitucional al legislador para que determine qué actividades no merecen la protección constitucional bajo este derecho fundamental. Actualmente, ninguna ley prohíbe el ejercicio de la prostitución. Sin embargo, no es clara la postura de los tribunales (ni de otras autoridades, como muestro adelante) sobre la licitud/ilicitud de dicha actividad. En consecuencia, tampoco es clara la interpretación que debe darse a la ausencia de prohibición a nivel legislativo.

A finales de los años 30 del siglo pasado, la Suprema Corte determinó que, por tratarse de una “necesidad biológica y social”, era imposible que el derecho suprimiera la prostitución. En una afirmación un tanto curiosa, sostuvo también que, si bien la prostitución era tolerada por la ley, no por ello era lícita.[1] La ley admitía y reglamentaba la prostitución, pero no por eso podía deducirse que fuera un trabajo honesto:[2] La prostitución era ilícita porque, independientemente de la ley, la moral era una norma de conducta humana y, si “las costumbres mexicanas consideran deshonesto que una mujer se prostituya”, la prostitución resultaba ilícita.[3] En otras palabras: la prostitución era legal, pero (aun así) ilícita. No siendo honesta la prostitución, la Constitución no podía ampararla. La existencia (paradójica) del reglamento sobre prostitución, entonces vigente, implicaba sólo que el Estado imponía obligaciones a las prostitutas, no que estuviera dispuesto a reconocerles derechos.[4]

La interpretación del juez constitucional parece basada en la definición de licitud del Código Civil, que en su entonces artículo 1830 decía: “Es ilícito lo que es contrario a las buenas costumbres y al orden público”. En sentido contrario, resultaba lícito lo congruente con el orden público y las buenas costumbres. En eso se agotaba la licitud constitucional.

Ahora bien, en un caso resuelto apenas el 31 de enero de este año, la Juez Primera de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal hizo una lectura distinta del texto constitucional: la licitud es sinónimo de legalidad. Si la ley no prohíbe una actividad, dijo, entonces la ley la permite. Si la ley permite una actividad, entonces ésta merece la tutela de la Constitución. La juez consideró que el artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal era inconstitucional porque siendo la pretensión de la LCCDF tutela la “tranquilidad de las personas”, no podía tutelarlo con base en una “simple calificación moral o descalificación simplista de ese oficio como un trabajo que no puede considerarse como honesto, digno o socialmente útil”.[5]

En respuesta, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal impugnó la sentencia por considerar que la prostitución es una actividad ilícita, retomando la lógica de la Suprema Corte que referí unos párrafos arriba. En el recurso de revisión interpuesto el 19 de febrero de este año, la ALDF dice:

conviene aclarar qué se entiende por licitud en los términos del artículo 5 constitucional, del derecho al trabajo, la licitud de un acto o de un hecho es una circunstancia que implica la contravención a las buenas costumbres o a las normas de orden público, en el primer caso, la ilicitud tiene un contenido inmoral, esto es, se refiere a una contraposición con la moralidad social que en un tiempo y espacio determinados exista, en el segundo caso, la licitud se ostenta como una disconformidad, como una inadecuación entre un hecho o un objeto y una ley de orden público, de conformidad con el artículo 1830 del Código Civil para el Distrito Federal (…)

Así, en vez de hacer uso del punto y seguido, la ALDF se remontó 76 años de teoría constitucional en México. Retrocedió porque, la licitud constitucional no puede ser determinada conforme del Código Civil vigente. Como dije en párrafos anteriores, el artículo 5º constitucional faculta al legislador para que termine de integrar la norma constitucional en la legislación secundaria. Sin embargo, de acuerdo con el criterio actual de la Corte, el legislador no tiene una carta abierta para prohibir cualquier conducta o siquiera restringirla:[6] además del principio de reserva de ley, la autoridad está sujeta al juicio de proporcionalidad como requisito material para restringir y suspender derechos fundamentales. Esto es, el legislador debe hacer normas que persigan un fin constitucional legítimo, que sean adecuadas para alcanzarlo y que el beneficio de esa intervención sea mayor que la afectación al derecho restringido o suspendido (esto es, que sean proporcionales). Si no es el caso, esa norma es injustificada y, en consecuencia, es inconstitucional. Una norma así no puede terminar de integrar la norma constitucional.

El artículo 5º habilita al legislador a declarar que una actividad es ilícita —afectando así el núcleo del derecho a la libertad de trabajo y no sólo modulando su ejercicio según circunstancias de modo, lugar y tiempo— en circunstancias excepcionales. Por eso, como reconoció la juez, para no vaciar de contenido la libertad de trabajo “el Estado debe limitar legítimamente [la licitud], estableciendo prohibiciones y requisitos razonables, que no contradigan lo que establece el marco (…) de protección de derechos humanos (…)”.[7]

Si quienes ejercen que la prostitución están en la incertidumbre de que este principio de mínima restricción de derechos fundamentales les resulta aplicable, algo está mal. ¿Dónde queda la función del derecho en este caso? ¿Si los operadores no se ponen de acuerdo en sí, la prostitución es lícita o ilícita? El caso de los trabajadores sexuales nos parece lejano, pero es una muestra de que los operadores jurídicos resuelven con un margen de discreción muy amplio, no sólo respecto de si la prostitución es lícita o no, sino de lo la extensión de la protección constitucional de nuestros derechos.

Termino con las líneas de un discurso escrito por el constitucionalista Stephen F. Rohde, basado en el poema del pastor protestante Martin Niemöller:

Ellos vinieron primero por los homosexuales y los judíos,

y no dije nada porque no era ni homosexual ni judío.

Después vinieron por los inmigrantes y los socialistas,

y no dije nada porque no era ni inmigrante ni socialista.

Después vinieron por los musulmanes,

y no hablé porque no era musulmán

Después vinieron por todos aquellos que objetaban la política del gobierno,

y no hablé porque yo no prestaba mucha atención a la política del gobierno.

Después vinieron por mí. Pero para entonces, ya no quedaba nadie que hablara por mí.

Claudia Torres Patiño. Asistente de Investigación del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del CIDE. Estudió Derecho en el CIDE; actualmente, termina su tesis de licenciatura sobre el trabajo sexual.


[1] Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo en Revisión 1115/938, América Hill y otras (marzo de 1939).

[2] Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo en revisión 2889/938, Carmen López Ortíz (junio de 1940).

[3] Ibíd.

[4] Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo en Revisión 949/38, Elena Robles y coagraviadas (noviembre de 1938).

[5] Jueza Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Juicio de Amparo 112/2013 (enero de 2014). En adelante: J.A. 112/2013.

[6]Primera Sala, Décima Época, S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1; 557; tesis de rubro “DERECHOS HUMANOS. REQUISITOS PARA RESTRINGIRLOS O SUSPENDERLOS CONFORME A LOS ARTÍCULOS 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 30 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.”

[7] J.A. 112/2013.

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reforma-energetica

Hace algunas semanas, un grupo de intelectuales interpusó un juicio de amparo en contra de la reforma constitucional en materia energética. Hasta el momento, este amparo ha perdido su primera batalla y está esperando que sea revisado para determinar si es procedente o no. En paralelo a este proceso judicial, a continuación dos académicos constitucionalistas nos ofrecen sus argumentos de por qué la Suprema Corte -en caso de que el mencionado juicio de amparo llegue a tal instancia- debe pronunciarse por la inconstitucionalidad de la reforma constitucional. Se trata de un ejercicio de reflexión de los autores, que si bien comparten la causa del grupo de intelectuales que ha atacado judicialmente la reforma energética, no forman parte de éste.

A la espera de conocer la decisión –en revisión-sobre la procedencia del amparo en contra de la reforma energética interpuesto por varios intelectuales, a continuación presentamos nuestros argumentos respecto porque la Suprema Corte de Justicia debe declarar, en su caso, la inconstitucionalidad de la reforma energética -este cúmulo de argumentos se han presentado como petición hacia la Suprema Corte, misma que cualquier interesado puede firmar de manera online en este sitio, con independencia del amparo presentado por los intelectuales.

Ahora bien, nuestra reflexión parte de nuestro deseo por una democracia robusta y el rechazo rotundo de la fachada de autogobierno bajo la cual vivimos. Estamos inconformes con ser gobernados inconstitucionalmente por el Consejo Rector del Pacto por México, que ha significado la suplantación del Congreso a través de una elite que decide el rumbo del país sin haber sido electa y cuyas negociaciones se realizan a puerta cerrada.

Esta inconformidad con esta forma de gobernar, que se ha visto exacerbada con la aprobación ilegal de la reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, nos lleva a pronunciarnos públicamente por la inconstitucionalidad de dicha propuesta de reforma constitucional.

El sistema constitucional que nos rige tiene como eje los artículos 39, 40 y 41 que establecen en lo pertinente lo siguiente: 1) la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno; 2) es voluntad del pueblo constituirse en un República representativa y democrática, y 3) el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión y de los Estados en sus respectivas competencias. Si estos postulados significan algo, es que las decisiones deben tomarse atendiendo a los intereses y preferencias de los gobernados a través de los procedimientos establecidos para tal efecto. Esto tiene aún mayor calado en cuanto a reformas constitucionales se trata, pues el establecimiento de procedimientos más exigentes para la reforma de la Constitución comparados con los necesarios para la aprobación de leyes ordinarias, tiene por fin asegurar una expresión de la voluntad popular más auténtica y deliberada. Solo en la medida del cumplimiento de los procedimientos establecidos es que los representantes populares pueden ejercer la soberanía de la que somos titulares.

La propuesta de reforma constitucional a la que hoy nos oponemos constituye una modificación fundamental de nuestro régimen constitucional. Representa, como todos sabemos, el cambiode una decisión que ha definido nuestro pacto de convivencia durante los últimos ochenta años. Además que lo es en materia energética, que ya de por sí remite a razones profundamente estructurales, que exigen una reflexión y un debate colectivo sobre temas de índole estratégico, de mediano y largo plazo, en el plano político, social, económico y ambiental.

Eso no significa que nos opongamos al cambio de nuestro régimen constitucional. En congruencia con lo establecido en el artículo 39 somos partidarios de que el pueblo haga valer su soberanía todas las veces que lo estime necesario. Pero ello es muy distinto a que una elite no electa lo haga por nosotros (Consejo Rector), o que los diputados y senadores lo hagan sin cumplir los procedimientos previstos para tal efecto, ignorando incluso la petición de una consulta popular por más de un millón de ciudadanos. Estos procedimientos pretenden garantizar el carácter democrático de las decisiones adoptadas, dando cabida al pluralismo que existe en nuestro paísa través de procedimientos incluyentes de deliberación pública. En esa medida, su cumplimiento es una condición necesaria para su validez jurídica. En efecto, el artículo 135 constitucional prevé que “Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados.” (Énfasis añadido). Votos que deben ser expresados después del cumplimiento de los procedimientos previstos en la propia Constitución (art. 71) y en las leyes y reglamentos respectivos. En otras palabras, para poder considerar al producto parlamentario como una reforma constitucional es necesario que los procedimientos sean cumplidos.

Estos procedimientos deben respetarse tanto en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, como en cada uno de los Congresos locales que hayan aprobado la reforma. En este sentido ya se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “las formalidades esenciales del procedimiento legislativo aseguran el cumplimiento de los principios democráticos” (tesis de jurisprudencia 11/2011).

La inconformidad con la forma constitucionalmente deficiente en que la decisión fue adoptada se ha visto reflejada en la ciudadanía así como en la opinión de eminentes constitucionalistas de nuestro país. Más aun, las violaciones de las normas procedimentales que se presentaron durante el trámite en comisiones de la Cámara de Senadores que han sido denunciadas por la oposición, la aprobación en menos de un día por la Cámara de Diputados, así como la aprobación en unas cuantas horas por un buen número de los congresos estatales, hace necesario que la Suprema Corte se pronuncie y declare la inconstitucionalidad de la propuesta de reforma constitucional. De proceder así, la Suprema Corte estaría velando por el cumplimiento de los artículos 39, 40, 41, 72 y 135 de la Constitución federal y los respectivos artículos de las constituciones estatales. En otras palabras, estaría contribuyendo significativamente a robustecer el proceso democrático, función que constitucionalmente le hemos encomendado y tiene obligación de cumplir.

Micaela Alterio. Doctoranda en derechos humanos por la Universidad Carlos III de Madrid.

Roberto Niembro. Hauser Global Scholar. L.L.M. NYU. Twitter: @RNiembro1

Micaela Alterio. Doctoranda en derechos humanos. Universidad Carlos III de Madrid.

Roberto Niembro Ortega. Hauser Globlal Scholar. LL.M. NYU Twitter: @RNiembro1

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reparaciones

En México mucho se habla de la reforma constitucional en materia de derechos humanos pues implica un conjunto de retos importantes en la manera de acercarse tanto a los derechos como a los deberes del Estado para con las personas. Si bien cabe acotar que la reforma de 2011 al artículo 1º es resultado de un largo proceso de reconocimiento de los derechos humanos en la esfera nacional, que empezó casi 20 años antes con el otorgamiento de rango constitucional a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), hay quienes señalan que el artículo 1º conforma todo un cambio de paradigma constitucional que ha obligado a los jueces, abogados y funcionarios a buscar nuevas tendencias, como el neo-constitucionalismo y a percatarse de las exigencias referidas a los derechos humanos en la esfera internacional. Ejemplos de ello son la especial atención que se ha dado a la incorporación de derechos humanos no establecidos en la Constitución al sistema normativo mexicano o las recientes sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que tuvieron lugar en la capital del país.

En este escenario, el tema de las reparaciones por violaciones de derechos humanos ha generado preocupación en observadores internacionales y nacionales. El interés surge de la necesidad de acatar las recientes resoluciones emitidas por la CorteIDH en contra del Estado mexicano. Una vez definida su responsabilidad, debe acatar y en su caso ejecutar el fallo de la Corte.

Ahora bien, el tema de reparaciones abarca mucho más que el mero cumplimiento de resoluciones internacionales pues el origen de estas reparaciones no es exclusivo del ámbito internacional, sino un deber del Estado en todos sus ámbitos de acción. Más aún, el tema de ejecución de sentencias a nivel local no hace más que referirnos de forma natural al funcionamiento de las reparaciones en el Estado mexicano. Surge así entonces la pregunta de qué tipo de reparaciones se contemplan en el ámbito nacional por violaciones de derechos humanos.

Al respecto, conviene apuntar que, si bien es cierto que el tema de reparaciones a nivel nacional resulta un tópico recurrente y de sumo analizado en el derecho privado, también lo es, que en el ámbito del derecho público ha sido poco explorado y mucho menos utilizado. Juicios por incumplimientos contractuales no son concebibles sin nociones de reparación o compensación de la parte afectada. Es así que los conceptos de responsabilidad contractual u objetiva se encuentran definidos, interpretados y utilizados en un sin número de resoluciones de la materia civil contractual. Sin embargo, el tema de reparaciones en el ámbito del derecho público no es del todo claro y necesita de un análisis que permita su desarrollo tanto a nivel doctrinal como a nivel práctico. Esto resulta una necesidad imperante, pues la reparación en derecho público supone la reparación al individuo por ilicitudes o irregularidades del actuar del Estado. ¿Qué sucede en el caso de incumplimiento del Estado de sus obligaciones para con los ciudadanos? ¿Cómo se pueden obtener estas reparaciones?

A través del presente artículo pretendemos explorar estas preguntas enunciando las vías que tradicionalmente se han utilizado en el derecho mexicano para obtener reparaciones y analizando los alcances de la responsabilidad patrimonial prevista en el artículo 113 constitucional, como la forma para atender casos de violaciones de derechos humanos a nivel nacional.

Reparaciones en el sistema jurídico mexicano

De acuerdo con el artículo 1º de la Constitución “el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” Respecto qué debe entenderse por reparación, la Constitución no establece ninguna definición. Sin embargo, toda vez que los tratados internacionales en materia de derechos humanos forman parte de nuestro sistema jurídico, y que de acuerdo con el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando la CorteIDH decida que se violaron derechos o libertades previstos en la Convención, se restituirá al lesionado en el goce de sus derechos o libertades conculcadas incluyendo restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición. Una interpretación en pro de la persona debería suponer la adopción de esta definición en nuestro sistema jurídico.[1] Al respecto resulta conveniente mencionar que la Ley General de Víctimas acoge esta definición y establece en su artículo 1º que “La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica.”

Una vez señalado lo anterior procedemos al análisis de las vías para impugnar violaciones de derechos humanos en el sistema jurídico mexicano. Actualmente, existen básicamente cuatro vías: el proceso penal, el juicio de amparo, el procedimiento ante comisiones de derechos humanos y la responsabilidad patrimonial del Estado. A continuación expondremos brevemente cada una de estas vías centrando nuestra atención en la responsabilidad patrimonial del Estado.

 

Jurisdicción penal

De acuerdo con el artículo 20 de la Constitución a través de procesos penales las víctimas del delito son sujetas a la reparación del daño. De acuerdo con el artículo 1º de la Ley General de Víctimas la reparación del daño supondrá restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición. Sin embargo, los procesos penales no siempre versan sobre violaciones de derechos humanos y el acusado no es un ente administrativo sino un individuo que pudo o no estar actuando en su carácter de servidor público.

Juicio de amparo

En términos del artículo 103 constitucional, los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección. Dentro de los posibles juicios federales el juicio de amparo ha sido el mecanismo con el cual cuenta el individuo para hacer valer una violación de este tipo. Ahora bien, en cuanto a las reparaciones, en el caso de concederse el amparo, de acuerdo con el artículo 77 de la Ley de Amparo, la resolución debería restituir al quejoso en el goce de sus derechos. Sin embargo, hasta ahora la interpretación que se ha dado a qué debe entenderse por restitución en el goce de los derechos del quejoso, no ha supuesto de forma alguna la reparación.

En su mayoría las resoluciones de amparo suponen poner fin a la violación del derecho sin condenar a la autoridad responsable al pago de ningún tipo de compensación, por ejemplo. La justificación ha sido que el juicio de amparo versa únicamente sobre el restablecimiento de derechos y hasta ahora no se ha utilizado como vía para reparar daños y perjuicios. No obstante, desde nuestro punto de vista la restitución debería en todo momento suponer la reparación del daño generado por la violación. Esta afirmación no sólo deriva de una concepción completa de restitución, sino de la interpretación de las reparaciones en materia de derechos humanos a la luz del artículo 1º constitucional, tercer párrafo en relación con el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Dejamos apuntada solamente la idea pues rebasa los alcances de este artículo.

Comisiones de derechos humanos

A través de procedimientos ante las comisiones de derechos humanos también es posible requerir y que sea ordenada la reparación. Sin embargo, estas recomendaciones no son vinculatorias y la práctica sugiere que estas comisiones no han profundizado en el establecimiento del daño y mucho menos en la definición de las reparaciones en los casos de violación de derechos humanos. Las resoluciones hasta el momento emitidas se limitan a ordenar reparar de forma genérica. Ahora bien, en caso de ordenarse la reparación, de acuerdo con el artículo 1º de la Ley General de Víctimas esta debería suponer restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición. Queda la interrogante entonces de qué sucede en aquellos casos en los que el ente estatal no acepta la recomendación.

 

Jurisdicción administrativa a través de la responsabilidad patrimonial del Estado

Nos queda entonces por explorar la vía de la responsabilidad patrimonial del Estado establecida en el artículo 113 de la Constitución. Esta vía se refiere a juicios y procedimientos en contra de entes estatales a través de los cuales un particular se inconforma por la violación por parte del Estado de alguno de sus deberes. Cuando el incumplimiento de una obligación por parte del Estado, en especial si se refiere a derechos humanos, el ciudadano afectado puede acudir a la vía de la responsabilidad patrimonial del Estado, para el reclamo de los daños causados por esta violación entendida como el no acatamiento de una de sus obligaciones. A este respecto apuntamos que esta responsabilidad patrimonial del Estado queda acotada a los actos materialmente administrativos, de manera que se exceptúan tanto la actividad legislativa como la jurisdiccional.

El procedimiento supone probar que el Estado incumplió alguna de sus obligaciones y que este incumplimiento generó un daño. La Suprema Corte a través de su resolución AI 4/2004 ha señalado que los elementos que se han de considerar a fin de determinar que existe un acto administrativo irregular, que ocasione la responsabilidad patrimonial del Estado son: la imputabilidad material del acto o hecho al Estado en el ejercicio de sus funciones; la acreditación del cumplimiento irregular de los deberes y obligaciones impuestos legalmente; la existencia de un daño cierto; y el nexo causal entre el hecho o acto administrativo y el daño ocasionado al particular.

Asimismo, la SCJN ha señalado que el artículo 113, segundo párrafo, de la Constitución establece un derecho sustantivo de rango constitucional en favor de los particulares de recibir una indemnización cuando la actividad administrativa irregular del Estado le ha causado un daño. Tal derecho tiene como objetivo restaurar la integridad del patrimonio afectado mediante una compensación económica, así como asegurar a través de la legislación y en las vías ordinarias correspondientes un vehículo procesal para obtener su cumplimiento.[2]

Así, la SCJN ha utilizado la interpretación de la responsabilidad patrimonial para lograr reparaciones en protección de derechos humanos tales como el derecho a la salud, así lo demuestra la jurisprudencia cuyo rubro es: responsabilidad patrimonial del Estado. La actuación negligente del personal médico que labora en las instituciones de seguridad social (IMSS e ISSSTE) queda comprendida en el concepto de “actividad administrativa irregular” a que se refiere el segundo párrafo del artículo 113 constitucional.[3] En este precedente, la Corte apunta que cuando en la prestación de un servicio público se causa un daño a los bienes y derechos de los particulares por haber actuado de manera irregular incluyendo la deficiente prestación de un servicio público, se configura, por un lado, la responsabilidad del Estado de resarcir el daño y, por otro, se genera el derecho de los afectados a que éste les sea reparado.

En cuanto al tipo de responsabilidad resulta interesante observar que se trata de una responsabilidad del Estado y no individual. Es así que la Corte ha determinado en la resolución de la AI 4-2004 que: “[...] el artículo 113 constitucional, en su segundo párrafo, establece la responsabilidad del Estado únicamente respecto de los daños que cause a los particulares con motivo de su actividad administrativa irregular, es decir, aquella que por acción u omisión incumpla con las obligaciones legales establecidas o por el funcionamiento defectuoso de un servicio; en este supuesto, el particular podrá demandar la indemnización directamente del Estado (responsabilidad directa sin necesidad de ir en primer término en contra del funcionario a quien pudiera imputarse el daño), pues lo que determina la obligación es la realización del hecho dañoso imputable al Estado (responsabilidad objetiva) y no la motivación subjetiva del agente de la administración.”

Ahora bien, resulta interesante apuntar que la responsabilidad patrimonial del Estado opera tanto como complementaria como por vía independiente. De tal manera que la responsabilidad patrimonial puede ser considerada como la vía de ejecución de reparación de violaciones de derechos humanos o como vía directa para la determinación de estas reparaciones, pues su objeto no es solamente la ejecución, sino la verificación de la existencia de un daño generado por el actuar irregular del Estado. Así lo ha señalado también la Corte en la tesis jurisprudencial: responsabilidad patrimonial del Estado. El artículo 18 de la Ley Federal Relativa no restringe el derecho a la tutela jurisdiccional.[4]

A modo de ejemplo llamamos la atención hacia la reciente resolución del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a través de la cual ordenó a la Procuraduría General de la República reparar los daños causados a las indígenas otomíes Alberta Alcántara y Teresa González, quienes estuvieron en prisión por más de tres años acusadas de secuestrar a agentes federales en Querétaro.[5] Esta resolución no solamente marca un nuevo rumbo para el monitoreo de la actividad del Estado sino incorpora la visión de reparación implícita en nuestra Constitución.

Luego, si bien el tema de la reparación del daño por violaciones a derechos humanos pudiera estimarse que no se explicitó en el ordenamiento jurídico mexicano, consideramos que la responsabilidad patrimonial consagrada en el artículo 113 constitucional, su ley correspondiente, la interpretación que ha dado de sus alcances la Suprema Corte, así como la reciente resolución emitida por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforman una importante herramienta para avanzar en este aspecto. De forma tal que es posible considerar, por un lado, la existencia de un derecho sustantivo a la restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición y; por el otro, a los procedimientos de responsabilidad patrimonial como los mecanismos que prevé nuestra Constitución para atender la obligación establecida en el artículo 1° respecto de reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Cabe aclarar que si bien es cierto que la reparación obtenida a través de la responsabilidad patrimonial del Estado no supone todos y cada uno de los elementos de la reparación, también lo es que de funcionar debidamente se podría lograr también la disuasión del actuar irregular del Estado ya que la reparación cumple con dos funciones: la de reparar en todos los aspectos posibles a la persona afectada por la violación y la de disuadir al Estado haciendo más costoso su actuar irregular.

 

Ana Elena Fierro Ferráez. Profesora del CIDE.

Adriana García García. Candidata a doctor por la Universidad de Chicago.


[1] Caso Cantoral Benavides vs Peru. Reparaciones y costos. Resolucion del 3 de diciembre de 2001. Series C. No. 88, paras. 79 a 81.

[2] [TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIX, Abril de 2009; Pág. 592 Responsabilidad patrimonial del estado. El artículo 113, segundo párrafo, de la constitución política de los estados unidos mexicanos establece un derecho sustantivo en favor de los particulares.

[3] [J]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1; Pág. 899 Responsabilidad patrimonial del estado. La actuación negligente del personal médico que labora en las instituciones de seguridad social (IMSS e ISSSTE) queda comprendida en el concepto de “actividad administrativa irregular” a que se refiere el segundo párrafo del artículo 113 constitucional.

[4] [TA]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1; Pág. 989 Responsabilidad patrimonial del Estado. El artículo 18 de la Ley Federal Relativa no restringe el derecho a la tutela jurisdiccional (legislación vigente a partir del 13 de junio de 2009).

[5] Ver noticia completa en: http://www.proceso.com.mx/?p=358387

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La debacle fiscal mexicana no se solucionará simplemente aumentando los impuestos. Los bajos niveles de recaudación en el país son en buena medida producto de un sistema legal que ha sido incapaz de crear reglas justas para sus gobernados y que con sobrada razón ha merecido la desconfianza ciudadana. Por ello, hay una omisión fundamental en la reforma hacendaria que propone el gobierno federal. En ella se pasa por alto que garantizar la igualdad de los contribuyentes ante la ley es tan importante para cualquier democracia consolidada como hacerse de los recursos mismos. Esto obliga al equipo del presidente Peña Nieto a repensar el alcance dado hasta ahora ―para bien o para mal, desde la Constitución misma― a los medios de defensa de los ciudadanos.

reforma-hacendariaComo es bien sabido, desde que en México se creó el juicio de amparo, las sentencias dictadas en este procedimiento habían tenido efectos únicamente para las partes en el litigio. De acuerdo con la conocida “fórmula Otero”, una ley considerada inconstitucional lo era sólo para quien lo hubiera alegado ante un tribunal federal pero no así para los demás individuos que se encontraran en el mismo supuesto legal. Así, no era inusual enterarse de algún “suertudo” que estaba amparado contra la tenencia vehicular o contra la Ley del Impuesto sobre la Renta y, por ende, quedaba eximido de estas obligaciones, mientras que el resto de la ciudadanía continuaba sujeto a una legislación de dudosa constitucionalidad. Incluso existiendo jurisprudencia sobre la inconstitucionalidad de una ley, había que promover un amparo para evitar su aplicación.[1] Esta situación generó un incentivo pernicioso a las autoridades mexicanas para violar derechos durante más de siglo y medio. El probable número de amparos contra determinada política pública entraba en el cálculo del legislador para tomar una decisión. Al ciudadano respetuoso de la ley se le trataba como incauto.

A pesar del gran despliegue mediático que han tenido, las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y amparo no modificaron realmente esta situación. Si bien ahora el Pleno de la Suprema Corte puede declarar con efectos generales la inconstitucionalidad de una ley como consecuencia de los amparos promovidos por ciudadanos en lo individual, siempre que se cumpla con el obsoleto requisito de contar con cinco sentencias ininterrumpidas en el mismo sentido y con el casi imposible voto de ocho de los once ministros, la declaratoria general de inconstitucionalidad no procede contra leyes tributarias.[2] Esto contrasta sobremanera con la forma en que las democracias consolidadas abordan cualquier legislación que vulnere derechos fundamentales.

En mayo pasado, por ejemplo, el Tribunal Constitucional de Alemania declaró incompatible con la Constitución de aquel país la ley que excluye a las uniones entre parejas del mismo sexo de los beneficios fiscales otorgados a los matrimonios heterosexuales. Al resolver una serie de quejas iniciadas por ciudadanos afectados, los jueces alemanes consideraron que dicha ley violaba el derecho constitucional de igualdad. Según el fallo, al no poder unir los ingresos de cada cónyuge para determinar una base gravable promedio por hogar, una pareja homosexual terminaba pagando más impuestos que una heterosexual que ganara exactamente lo mismo. Por ello, el tribunal ordenó al parlamento federal elaborar nuevas reglas tributarias que eliminasen ese tipo de discriminación.

Otro ejemplo más sonado: hace un par de meses la Corte Suprema de los Estados Unidos invalidó la controvertida “Ley para defender el matrimonio” (DOMA, por sus siglas en inglés). En tanto que definía la institución marital como enlace entre mujer y hombre, dicha ley impedía a los matrimonios homosexuales obtener, entre otros beneficios, exenciones fiscales federales. El juicio original fue iniciado por una mujer que fue obligada a pagar impuestos por heredar una finca al morir su esposa; obligación que no se hubiera generado si su cónyuge hubiese sido varón. La Corte consideró que la DOMA violaba la igualdad protegida por la Constitución y, por tanto, la hizo inaplicable para todas las autoridades administrativas y judiciales estadounidenses.

El derecho solamente podrá encauzar conductas si existe la certeza de que a una misma acción le seguirá irremediablemente la misma consecuencia jurídica independientemente del destinatario de la norma. Por ello, en sistemas donde los jueces tienen la responsabilidad de controlar que las leyes no violen los derechos de la ciudadanía, también debe garantizarse que las resoluciones judiciales sean uniformes. Justamente, una importantísima implicación práctica de estas decisiones del tribunal alemán y de la corte estadounidense es que la legislación invalidada ya no podrá aplicarse a persona alguna nunca más. Que su naturaleza sea tributaria o no tributaria es completamente irrelevante.

En nuestro país, en cambio, los encargados de “modernizar” el amparo tuvieron temor del “impacto negativo en las finanzas públicas” (pág. 11) y excluyeron expresamente a las leyes fiscales del ya de por sí complicado procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad. Actuaron bajo el mismo razonamiento mezquino de siempre en el que pocas quejas legitiman una medida inconstitucional y dieron la oportunidad al Estado de seguir obteniendo recursos vulnerando derechos fundamentales. ¿Qué diferencia habría ―para seguir con los ejemplos aquí mencionados― entre discriminar por preferencia sexual en un Código Civil o hacerlo en el Código Fiscal? Las parejas homosexuales, igual que las heterosexuales, se casan principalmente para gozar de la protección de leyes; no para mostrar a todo mundo su acta de matrimonio. No solamente es hipócrita reconocer igualdad jurídica y luego no asumirla donde cuesta; es también contraproducente para el Estado de derecho.

El Estado mexicano debe hacer algo si quiere dejar de hacer pensar a sus ciudadanos que el derecho está allí para condonar adeudos a las grandes empresas o a los ayuntamientos irresponsables. Aunque el juicio de amparo siempre se ofrezca como solución, es también parte del problema. Cualquier reforma fiscal que lo deje fuera será simplemente una ilusión.

Alfredo Narváez Medécigo. Abogado, maestro en políticas públicas y candidato a doctor en derecho por la Universidad Humboldt de Berlín.


[2]Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 107, fracción II, párrafo 4.

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futureEl nuevo interés legítimo en el juicio de amparo tiene el potencial de abrir y cambiar conceptos que hasta antes de la reforma de junio de 2011 se conocían de manera rígida. En una colaboración pasada, introdujimos el concepto y su vínculo con nuestros impuestos. Sin embargo, queda aún un interrogante no menor: dado que el interés legítimo protege derechos colectivos y difusos (además de individuales), de ganarse el amparo: ¿Cuáles serían los efectos de la sentencia? ¿Es posible apostar a que sean generales y en beneficio del gran colectivo de contribuyentes que no lo promovieron?

 

La pregunta se plantea, por supuesto, en relación al famoso principio de relatividad de las sentencias –la llamada formula Otero-, que señala que los beneficios de un juicio de amparo se limitarán a aquellos que lo hayan impulsado.    

 

De acuerdo a este mismo principio, una causal de improcedencia que se vislumbra en contra del juicio #YoContribuyente es que, de ser favorable, los efectos de la sentencia de amparo serían generales. Esto es, no sólo beneficiarían a los 19 quejosos que presentamos la demanda, sino también a otras personas ajenas al juicio, violando así la fórmula Otero que ha regido en el juicio de amparo desde su nacimiento. Adicionalmente, se afirma, que una sentencia de ese tipo sería imposible de ejecutar, ya que no se reflejaría en una reparación directa y concreta de los derechos que nos fueron violados.

 

Estas causales de improcedencia son seductoras. Y, hasta cierto punto, lógicas. Pero no hay que perder de vista que se alinean con enfoques tradicionales construidos en torno al interés jurídico, que como concepto constitucional difiere en lo sustancial del tipo de interés que discutimos hoy: el interés legítimo. El primero tiende a la protección de derechos individuales; mientras que el segundo protege además derechos supraindividuales o colectivos. Por ello, los alcances del principio de relatividad, propios de la mencionada fórmula Otero, no son trasladables en forma mecánica al interés legítimo.

 

Pero inclusive respecto del interés jurídico la Suprema Corte –antes de la reforma constitucional de junio de 2011- aceptó que los efectos de las sentencias de amparo se pueden extender de manera indirecta o refleja a terceros ajenos al juicio. Si esto aplicó en su momento para el interés jurídico, con mayor razón, y por la propia lógica del concepto, debería hacerse también para el interés legítimo.

 

El reto, por tanto, no es determinar cómo opera la fórmula Otero en los amparos promovidos por interés jurídico –igual que siempre, sin duda-, sino cómo lo será para el interés legítimo a partir de ahora.  

 

Pero, ojo: el entendimiento del interés legítimo bajo conceptos novedosos y distintos del interés jurídico no se limita a la procedencia del juicio, sino también al contenido y efectos de las sentencias. Veamos: en el caso concreto del amparo #YoContribuyente sería absurdo que se admitiera el amparo bajo el concepto de interés legítimo para con posterioridad, al dictarse la sentencia, se diera un paso atrás y de manera retrospectiva se “redujese la puerta”. Esto con el fin de declarar la improcedencia del amparo debido a los efectos generales de una posible sentencia favorable.

 

La concepción tradicional del principio de relatividad de las sentencias llevaría a esta paradoja: “eres bienvenido al juicio de amparo porque tienes interés legítimo, pero fíjate que por ese mismo motivo tendré que negarte el amparo porque de otra manera los efectos de la sentencia beneficiarían a todos los contribuyentes de México. Eliminando de facto la fórmula Otero”. Con este razonamiento todos los juicios de amparo por interés legítimo serían siempre improcedentes.

 

Un ejemplo claro de este potencialmente problema lo encontramos en el derecho a la protección del medio ambiente. Por una parte, es seguro que los directamente afectados por una fuente contaminante tendrán interés legítimo para promover juicio de amparo.[1] Pero, por la otra, los efectos de la sentencia no sólo beneficiarían, en su caso, a los demandantes sino a sus vecinos, país y, eventualmente, al mundo entero. Declarar, entonces, la improcedencia del amparo por los efectos generales de una sentencia favorable, fomentaría la impunidad y, en el caso concreto, protegería a los agentes contaminantes.

 

¿Cómo entonces conciliar el principio de relatividad y el interés legítimo como herramienta efectiva de protección de derechos humanos de segunda y tercera generación? ¿Acaso dejaremos sin medio de protección a esta clase de derechos?

 

Sin duda, la reforma actual exige abrir la mente a categorías novedosas y deslindarse de definiciones centenarias del interés jurídico. Para lograrlo es necesario reconocer los efectos expansivos[2] a favor de terceras personas ajenas al amparo #YoContribuyente. Ello sería consecuencia inevitable de los derechos humanos en litigio, de la litis planteada y de los actos de autoridad que sean impugnados. De tal manera, que los efectos de una eventual sentencia favorable escaparían de la esfera individual de los 19 demandantes y beneficiarían, de manera indirecta y refleja, a todo el colectivo de contribuyentes.

 

Esto significa, que si en nuestro amparo acreditamos contar con interés legítimo es justo porque formamos parte de un colectivo mayor, inmenso pero plenamente identificado: los contribuyentes que pagamos impuestos. Siendo así, los efectos de una eventual sentencia favorable serían naturalmente extensibles en favor de todo ese colectivo.

 

Si el amparo #YoContribuyente se estima improcedente por las consecuencias en la aplicación del interés legítimo, caeríamos en una paradoja que implicaría que esta nueva figura quedase vacía. Reducida a una mera fantasía plagada de buenas intenciones. O, en otras palabras, de nada servirán las reformas constitucionales de derechos humanos y del juicio de amparo, si ambas se vuelven inoperantes por criterios tradicionales del Poder Judicial de la Federación.

 

José Roldán Xopa. Abogado por la Universidad Autónoma de Puebla y doctor en Derecho por la UNAM. Twitter: @JRXopa

Luis M. Pérez de Acha. Abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la UNAM. Twitter: @LuisPerezdeAcha



[1] Esta posibilidad existe desde la Novena Época del Poder Judicial de la Federación, como consta en la tesis XI.1o.A.T.50 K, intitulada: “INTERESES DIFUSOS O COLECTIVOS. SU TUTELA MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO” [Registro: 161054].

[2] Sobre los efectos “expansivos” de las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de normas legales en acciones colectivas, véase el trabajo de Rivera, Julio César, y Legarre, Santiago, “Los efectos de la declaración de inconstitucionalidad en los Estados Unidos y la Argentina”, en Lecciones y Ensayos, Número 86, 2009, visible en http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/86/14-traduccion-rivera-y-legarre.pdf.

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