El pasado 6 de noviembre se publicó en el Semanario Judicial de la Federación la tesis aislada número 1a. CCCVVXI/2015 (10a.), con el rubro “Prueba ilícita. Límites de su exclusión”.1 En ella, la Primera Sala deja de lado la doctrina de la eficacia refleja de la prueba ilícita (conocida también como la teoría de los frutos del árbol envenenado)2 para dar entrada, por la puerta grande, a tres excepciones que permiten romper la cadena de ilicitud: la excepción del vínculo atenuado, la excepción de la fuente independiente y la excepción del descubrimiento inevitable.

El criterio anterior supone un verdadero cambio de rumbo respecto de la línea jurisprudencial que había venido sosteniendo hasta el momento la Primera Sala, así como un grave retroceso para la protección del debido proceso en nuestro país.

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No es la primera vez que se produce un intento para restringir la eficacia de la prueba ilícita. A nivel legislativo, el Proyecto del Código Federal de Procedimientos Penales, publicado en la gaceta parlamentaria, el 22 de septiembre de dos mil once, contemplaba expresamente estas tres excepciones en el artículo 292.3 Por fortuna esta iniciativa no prosperó. La redacción actual del artículo 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la exclusión y nulidad de “cualquier dato o prueba obtenidos con violación de los derechos fundamentales” sin limitar su aplicación a condición o excepción alguna.

Al interior del Poder Judicial de la Federación, las limitaciones a la regla de exclusión de la prueba ilícita habían provenido hasta este momento del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien desde el año 2013 ha venido estableciendo criterios jurisprudenciales que introducen la teoría del vínculo atenuado en relación con algunos supuestos.4

Lo que llama la atención de este nuevo intento para limitar la eficacia de la prueba ilícita es que proviene de la Primera Sala, cuyos ministros se han distinguido por su compromiso con los derechos fundamentales, el debido proceso y la presunción de inocencia en destacados asuntos por todos conocidos.5

Por diversas razones, la tesis aislada de la Primera Sala y la ejecutoria de la que emana resultan problemáticas. Dado que es esta última de donde se extrae la tesis, los puntos que siguen estarán referidos a ella.

En primer lugar, en la ejecutoria se incurre en una contradicción al reconocer la eficacia de la prueba ilícita (esto es, sostener que la exclusión de la prueba ilícita comprende la prueba directamente obtenida en violación de derechos fundamentales, como aquellas indirectamente derivadas de dicha violación) y, por el otro, sostener que puede limitarse la cadena de ilicitud de las pruebas “de manera enunciativa y no limitativa: a) si la contaminación de la prueba se atenúa; b) si hay una fuente independiente para la prueba, y c) si la prueba hubiera sido descubierta inevitablemente. Reconocer la existencia de excepciones a la prueba ilícita supone privarla de la eficacia que aparentemente le atribuyen. En la sentencia no parece advertirse esta tensión, ni se hace un esfuerzo para justificar cómo se pueden hacer compatibles estas dos afirmaciones.

En segundo lugar, el establecimiento de excepciones a la regla de exclusión de la prueba ilícita se traduce en la limitación de un derecho fundamental reconocido en la Constitución y en tratados internacionales. En la sentencia no se aborda este aspecto desde la óptica de los derechos humanos ni se advierte que al introducir tales tres excepciones se está restringiendo el derecho a la exclusión de la prueba ilícita. Ciertamente, el derecho a la exclusión de la prueba ilícita, como el resto de derechos fundamentales, puede colisionar eventualmente con otros derechos, pero este es precisamente el tipo de análisis que se echa en falta en la sentencia. De hacerse dicho análisis habría que tener en cuenta que se trata de un derecho especialmente fuerte que no sucumbe –y no debería sucumbir– ante supuestos genéricos y potencialmente imprecisos como los establecidos en las excepciones que se introducen en la ejecutoria. En otros términos, el estándar para limitar la prueba ilícita debería tener un carácter sumamente exigente.

También resulta cuestionable la manera en que se establecen excepciones a la prueba ilícita. En la sentencia no se ofrece una justificación para el establecimiento de limitaciones a la prueba ilícita; simplemente se afirma, como cuestión de hecho, que “existen limitaciones” a la regla de exclusión. La única razón que puede encontrarse es la referencia en una nota al pie de página a un manual de derecho procesal penal estadounidense y a cuatro decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos.

La apelación al derecho estadounidense se lleva a cabo sin tener en cuenta las diferencias culturales, sociales y jurídico-institucionales entre México y Estados Unidos en el tratamiento de este tema. No se tiene en cuenta, por ejemplo, (1) que la regla de exclusión de la prueba ilícita en Estados Unidos tiene origen jurisprudencial, mientras que en México se trata de una norma de rango constitucional; (2) que el efecto disuasorio es el principal fundamento de la regla de exclusión en el país vecino, mientras que en el nuestro tiene su fundamento es la posición privilegiada que tienen los derechos fundamentales y (3) que el efecto disuasorio tiene sentido respecto de violaciones cometidas por las autoridades, mientras que en México la exclusión aplica tanto respecto de las violaciones cometidas por autoridades, como por particulares.

Estas y otras diferencias impiden hacer un trasplante sin que previamente se haya examinado la compatibilidad entre dos sistemas respecto de este tema concreto. Pero hay más, la doctrina jurisprudencial que se cita no tiene en cuenta los desarrollos jurisprudenciales de las últimas tres décadas. No tiene en cuenta sentencias recientes como Hudson vs. Michigan (547 U. S. 586 2006) o la todavía más reciente Herring vs. United States (555 U. S. 135 2009) en las que la Corte Suprema estadounidense priva prácticamente de sus efectos a la regla de exclusión (tanto de los efectos directos como indirectos), pasando por alto además que se trata de decisiones muy criticadas por la propia doctrina de ese país. Lo que allí se asume como problemático aquí se asume como pacífico.

Pero hay una cuarta y quizá más importante razón para cuestionar el establecimiento de este criterio por parte de la Primera Sala: la necesidad de garantizar de manera plena y contundente una regla de exclusión que permita paliar las violaciones de derechos fundamentales que se cometen en nuestro país. Como sostiene Marina Gascón “si se negara el efecto reflejo la garantía de los derechos constitucionales quedaría muy debilitada, pues al aceptar en el proceso la prueba indirectamente obtenida se estaría dando cobertura (e incluso incitando) a la lesión de derechos”.6 Dadas las violaciones que ocurren en este país no conviene que sigamos por ese camino.

Raymundo Gama Leyva. Profesor e investigador de tiempo completo del Departamento de Derecho del ITAM.


1 La tesis proviene del Amparo en Revisión 338/2012 resuelto por la Primera Sala, en ejercicio de la solicitud de facultad de atracción número 259/2011, el día veintiocho de enero de dos mil quince, bajo la ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

2 El precedente de la Primera Sala que tradicionalmente suele mencionarse es el Amparo Directo en Revisión 1621/2010, del 15 de junio de 2011, bajo la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar. De esta ejecutoria surgió la tesis aislada número 1a. CLXII/2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, pág. 226. Dicho precedente tiene su origen en un asunto de naturaleza civil (un juicio de divorcio), aunque el criterio ha sido utilizado posteriormente en asuntos derivados de procesos penales. Hay una jurisprudencia previa de la Primera Sala surgida de cinco Amparos Directos resueltos en 2009, bajo la ponencia del Ministro José Ramón Cossío, en la que expresamente se reconoce el efecto reflejo de la prueba ilícita: “las pruebas derivadas (aunque lícitas en sí mismas) deben anularse cuando aquellas de las que son fruto resultan inconstitucionales”. Vid. la tesis número 1ª./J: 140/2011 (9a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, pág. 2058 de rubro “Pruebas en el procedimiento penal. Supuestos en que debe nulificarse su eficacia”.

3 Artículo 292. Nulidad de prueba ilícita
Cualquier dato o prueba obtenidos con violación de derechos humanos será nulo
No se considerará violatoria de derechos humanos, aquel dato o prueba que cubra cualquiera de los siguientes requisitos:
I. Provengan de una fuente independiente, es decir, cuando su naturaleza sea autónoma de la prueba considerada como ilícita y se puede llegar a ella por medios legales sin que exista conexión entre éstas;
II. Exista un vínculo atenuado, o
III. Su descubrimiento sea inevitable, en virtud de que aún y cuando haya resultado de una prueba ilícita, habría sido obtenida por otros medios probatorios a los que le dieron origen.

4 Véase la tesis I.9o.P. J/12 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, pág. 2065, de rubro Prueba ilícita. Valoración del principio de su prohibición o exclusión del proceso, bajo la óptica de la teoría del vínculo o nexo causal atenuado en la declaración del inculpado.

5 Los casos Hugo Sánchez, Florence Cassez y Martín del Campo son tan sólo algunos de los más conocidos. Otro precedente relevante, resuelto por el pleno de la Corte, es la facultad de investigación 2/2006 (caso Lydia Cacho).

6 Marina Gascón, “Freedom of proof? El cuestionable debilitamiento de la regla de exclusión de la prueba ilícita” en Estudios sobre la prueba (Jordi Ferrer, Marina Gascón, Daniel González Lagier y Michele Taruffo), UNAM, 2011, p. 60. Disponible en línea aquí.

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En México, desde hace décadas, la política de drogas se ha basado en la prohibición y en el uso del derecho penal para contener y reprimir la oferta y demanda de sustancias que, hasta hoy, son de uso ilegal. Las normas mexicanas establecen un sistema de prohibiciones, tanto administrativas como penales, a la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte y cualquier otra conducta relacionada con la drogas –entre ellas la marihuana. Los resultados de la prohibición, en términos de reducir el consumo y el tráfico, han sido mínimos -por no decir nulos- y, por el contrario, sus costos han sido muy altos, sobre todo en términos humanos.

recreativo

Entre las víctimas directas de la prohibición, están los consumidores de drogas, quienes, por un lado, son obligados a interactuar en contextos de ilegalidad y violencia al no existir formas de abastecimiento legal y seguro -teniendo que acceder a través del mercado negro-, y quienes son criminalizados de distintas formas1 e introducidos en la esfera de lo penal.2 Además, la prohibición impide que se dé un tratamiento adecuado a los consumidores que lo requieran e impide contar información que permita reducir los riesgos asociados al consumo.

El próximo miércoles 4 de noviembre, los ministros que integran primera sala de la Suprema Corte de Justicia debatirán y votarán el proyecto del ministro Arturo Zaldívar3 en el que se plantea declarar la inconstitucionalidad de diversas disposiciones de la Ley General de Salud que prevén un “sistema de prohibiciones administrativas” y que constituye un obstáculo jurídico para poder realizar lícitamente todas las acciones necesarias para el autoconsumo de marihuana (como la siembra, cultivo, cosecha, posesión, transporte, etcétera). Prohibición que restringe de manera innecesaria y desproporcional el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

El proyecto del ministro Zaldívar plantea que el libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental derivado del derecho a la dignidad, que a su vez está previsto en la Constitución y en los tratados internacionales. El libre desarrollo de la personalidad, “permite la consecución del proyecto de vida que para sí tiene el ser humano, como ente autónomo”, de tal manera que “supone el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción, ni controles injustificados o impedimentos”.4 En ese sentido, este derecho permite que las personas decidan, sin interferencia de ningún tipo, qué actividades recreativas o lúdicas desean realizar, al tiempo que permite llevar a cabo todas las acciones o actividades necesarias para poder materializarlo. En este caso, se trata del consumo de sustancias, en particular de marihuana, lo que pertenece únicamente a la esfera de autonomía personal.

El sistema de prohibición afecta de manera importante el derecho al libre desarrollo de la personalidad, tal como lo plantea el proyecto, al no encontrarse que el consumo de mariguana genere consecuencias que por su gravedad afecten de manera importante a la salud o al orden público –lo que ameritaría la prohibición absoluta:

…se trata de una medida que no sólo [es] innecesaria, al existir medios alternativos igualmente idóneos que afectan en un menor grado el derecho al libre desarrollo de la personalidad, sino que además es desproporcionada en estricto sentido, toda vez que genera una protección mínima a la salud y orden público frente a la intensa intervención al derecho de las personas a decidir qué actividades lúdicas desean realizar.5

Existen, entonces, tal como plantea el ministro, alternativas que violentan en un menor grado el derecho al libre desarrollo de la personalidad, consistentes en regímenes de permisiones sujetos a las condiciones que el legislador considere pertinentes, las cuales pueden ir acompañadas por políticas públicas educativas y de protección a la salud.6

Vale mencionar que el uso y consumo de drogas ha sido, desde hace décadas, un tema pensado desde los prejuicios morales, pero que poco a poco se ha desestigmatizado, y los prejuicios han sido paulatinamente sustituidos por la evidencia. Los argumentos a favor o en contra de la legalización van de un extremo a otro, todos ellos basados en falacias más que en argumentos y evidencias. Están, por un lado, quienes ven la legalización de los distintos usos asociados al consumo de la marihuana como la panacea a la situación de violencia en la que, consecuencia de la guerra contra las drogas, nos encontramos. En el otro extremo, están aquellos que continúan satanizando, desde el prejuicio y la moral, el uso y consumo de sustancias como la marihuana. Estos últimos son los que más preocupan, sobre todo porque esta es la postura que se ha dado desde las esferas del poder que tienen en sus manos tanto la seguridad, como la prevención, tratamiento y atención de los usuarios de drogas. Hace unos días, el Subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Arturo Escobar, dijo durante una entrevista a un medio de comunicación, que “es mucho peor la liberación [de las drogas] que la contención” y que “México no puede pensar convertir en un hombre de negocios a El Chapo Guzmán, o a La Barbie.” En otro espacio, el Comisionado Nacional contra las Adicciones, Manuel Mondragón y Kalb declaró de manera lacónica dijo que no quiere “una sociedad adicta a la mariguana”.

Estas posturas no hacen más que revelar la ignorancia y el prejuicio con el que nuestras autoridades ven la realidad del consumo y de los usuarios de drogas en nuestro país. Pero, lo que está hoy en manos de la Corte no se trata de violencia, del crimen organizado y sus “negocios” o de la fatalidad de una sociedad “adicta” con la simple legalización del uso y consumo recreativo de la mariguana. Esto es una cuestión de derechos. Hoy los usuarios de drogas en nuestro país son sometidos a distintos tipos de violencias: la violencia estatal que implica el uso del derecho penal y la prisión cuando son de facto criminalizados –terminando muchos de ellos en las cárceles-,7 al obligarlos a acceder al mercado ilícito de drogas por no existir lugares legales y seguros en los que puedan abastecerse, y al no ofrecer atención y tratamiento adecuados basados en evidencia. Todo esto favorece la marginación de los consumidores y la transgresión de sus derechos fundamentales, incluidos el derecho a la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad. Por ello, esperemos que los ministros de la primera sala se pongan del lado de los derechos y no de los prejuicios y falacias.

Nota al calce: Es importante dejar claro que, en caso de la mayoría de los ministros voten a favor del proyecto, esta decisión no tendría efectos generales, es decir, únicamente ampararía a quienes promovieron el amparo. Sin ánimo de entrar en vericuetos técnico-jurídicos, pero con el objetivo de contribuir a un debate informado, explico brevemente: en caso de otorgarse el amparo y la sentencia declare inconstitucionales los artículos de la Ley General de Salud que establecen la prohibición de las conductas asociadas al consumo de marihuana, la primera sala de la Corte ordenaría a la COFEPRIS no volver a aplicar en el futuro dichas disposiciones a SMART y a sus miembros –quienes promovieron el amparo-, por lo que tendría que emitir la autorización solicitada. Sin embargo, esto no significa que automáticamente la COFEPRIS está obligada a emitir autorizaciones, a otras personas u organizaciones que lo soliciten, para consumir de manera recreativa, sembrar, cultivar, etc. Para que esto suceda, tendrían, primero, que emitirse en el futuro cinco resoluciones en el mismo sentido –formar jurisprudencia. Esto es, cinco sentencias en que se determine que las disposiciones de la Ley General de Salud que establecen la prohibición vulneran el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Pero aun en este supuesto, vale subrayar que la jurisprudencia no deroga automáticamente las disposiciones de la Ley General de Salud, por lo que la autoridad sanitaria podría continuar negando las autorizaciones. Sería a través del juicio de amparo como los jueces estarían obligados a aplicar la jurisprudencia. En el inter, la Corte haría del conocimiento del poder legislativo la jurisprudencia que declara inconstitucionales las  disposiciones de la Ley en cuestión y, si en 90 días no son derogadas o modificadas por el Congreso de la Unión, entonces la Corte puede ejercer la facultad –mas no la obligación- de realizar una declaratoria de inconstitucionalidad y, entonces sí, la prohibición quedaría fuera del sistema jurídico mexicano.8

En conclusión, la decisión de mañana representa un paso dentro de un largo camino por recorrer en el avance de los derechos; sin embargo, es un paso grande e importante para avanzar en esta irracional política prohibicionista que tanto daño nos ha hecho.

Karen Silva Mora.  Abogada por la UNAM. Investigadora en el Área de Justica en CIDAC, colaboradora en el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) y ex-miembro del Programa de Política de Drogas del CIDE.  Twitter:@karensvm


1 Para profundizar en el tema de las formas de criminalización, véase Pérez Correa, C. y Silva Mora, K. (2014), Consumo y consumidores de drogas ilícitas en México, México: CIDE, disponible aquí.

2 Idem.

3 En mayo de 2013, miembros de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART) solicitaron a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) la expedición de una autorización que les permitiera a ellos y a los asociados de la citada persona moral el consumo personal y regular con fines meramente lúdicos o recreativos de marihuana, así como autorización para ejercer los derechos correlativos al autoconsumo de marihuana, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, empleo y en general todo uso relacionado con el consumo lúdico y personal de mariguana (excluyendo actos de comercio). La COFEPRIS negó la autorización, debido a que de conformidad con los artículos 235, 237, 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud, está prohibido en todo el territorio nacional la realización de cualquier conducta relacionada con estas sustancias. Ante esta respuesta, la organización civil promovió un juicio de amparo indirecto, el mismo que hoy se encuentra en revisión, pendiente de discusión por la SCJN.

4 Proyecto de sentencia, amparo en revisión 237/2014, página 32.

5 Ibidem, página 79.

6 Ibidem, página 78.

7 Esto es así, porque la posesión de drogas y otras actividades relacionadas al consumo, como la siembra, cultivo o transporte, se mantienen dentro del ámbito penal con una pena de prisión; como consecuencia de ello una gran proporción de las personas que son alcanzadas por el sistema penal son pequeños poseedores que podemos presumir, se trata de consumidores. Entre 2009 y mediados de 2013 fueron detenidas por la PGR a nivel nacional 140,860 personas por consumo de drogas, a pesar de que el consumo no es un delito según la legislación vigente. (Véase Pérez Correa y Silva Mora, Op. Cit.)

8 Agradezco la asesoría de Omar Ortiz, abogado por la UNAM, especialista en amparo y miembro del Poder Judicial de la Federación.

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Recientemente ha sido publicado el engrose de la contradicción de tesis 299/2013 (CT-299) resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Vale recordar que el tema central de esta contradicción era valorar la posibilidad de que los jueces inferiores no aplicaran, en un caso concreto, la jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte, en términos de la Ley de Amparo, por considerarla inconstitucional o inconvencional.

Hay que tener presente también que entorno a las sesiones públicas ordinarias del Pleno del mes de octubre del año pasado, en el que se decidió la CT-299, en este espacio, El Juego de la Suprema Corte, se presentó un debate iniciado por Juan Luis Hernández Macías (aquí), el cual fue atendido por Geraldina González de la Vega (aquí y aquí) y por mí (aquí). En ese peloteo, González de la Vega defendió la solución adoptada por la mayoría de ministros: la jurisprudencia obligatoria de la Corte no puede ser inaplicada por los jueces inferiores. En esta oportunidad, con sentencia en mano, pretendo mencionar las razones por las que reafirmo mi postura de admitir la posibilidad de inaplicación.

Primero, a partir de lectura de la sentencia ésta resulta insatisfactoria. Se podría esperar una argumentación desarrollada y suficiente que diera razones sustanciales para sostener la imposibilidad de inaplicación de la jurisprudencia obligatoria. En cambio, el sustento ofrecido por la Corte gira en torno a un argumento circular que señala únicamente dos motivos, y que se reducen a lo siguiente: no es posible inaplicar porque 1) la jurisprudencia es obligatoria, de acuerdo a la Ley de Amparo y 2) ello es así porque de otra forma no habría seguridad jurídica ni certeza sobre qué decisión esperar de un juez inferior.

Segundo, no solamente se trata de insuficiencia de razones, sino del tipo de razones ofrecidas: la primera es un argumento legalista (que suena algo así como: “porque la ley lo dice”), mientras que la segunda se disfraza de un derecho fundamental (el de la seguridad jurídica) pero que se utiliza para vaciar de contenido el mandato constitucional sustancial, dirigido al juzgador que le ordena aplicar la norma (el significado de la disposición normativa) que más favorezca a las personas y a sus derechos.

Es decir, utilizando básicamente la Ley de Amparo, y con el objetivo de no hacer nugatorio un sistema constitucional de jurisprudencia obligatoria, la Corte hace nugatorio, en este contexto, el principio pro persona. Con ello, sin embargo, contradice lo resuelto por ella misma anteriormente en la contradicción de tesis 293/2011 (CT-293), donde admitió la posibilidad de inaplicar criterios jurídicos nacionales, siendo una razón fundamental para ello este principio. En palabras de la Corte: «En todo caso, lo importante será que la inaplicación de un criterio jurisprudencial, nacional o interamericano, se justifique a la aplicación de otro que resulte más favorecedor a la persona”. [i] [cursivas del original].

En sí, las razones de la Suprema Corte tienen un tufo autoritario, basadas no en el qué de la decisión sino en el quién. No en la sustancia de la razón, sino en la forma en que es presentada –de manera obligatoria-. La Corte es consciente (al menos eso parece) de que hay criterios jurisprudenciales por ella sostenidos que podrían no ajustarse a los derechos constitucionalizados, pero, de nuevo, se preocupa más por el quién hará algo al respecto: que sean los jueces quienes pregunten a la Corte para que sea ella misma quien decida.

Podría decirse –como se ha dicho- que esto último es algo propio de la configuración de nuestro sistema de control constitucional, el cual se ha fundado en la fuerza obligatoria de los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte para todos los demás juzgadores, de quienes se espera una observancia irrestricta, y que todo ello en su conjunto se traduce en una pretensión de unidad y coherencia del sistema constitucional en su conjunto.

Sin embargo, recurrir a un argumento de la “naturaleza de un sistema” es insuficiente cuando nos encontramos frente a un escenario en el que no sólo el sistema de control, sino el ordenamiento constitucional en su totalidad, ha modificado su base de legitimidad: ya no se encuentra ésta en razones autoritativas, que atienden a la forma de producción de los mandatos jurídicos, sino que ahora se ha trasladado a la esfera de la sustancia. Esto es, a que tales mandatos (como lo son las jurisprudencias) sean conformes y coherentes con los derechos fundamentales protegidos por el orden constitucional.

razonIgualmente, el argumento de la certeza y seguridad jurídicas deviene insuficiente y contradictorio cuando se acepta el ejercicio del control de legitimidad de las leyes. ¿Cuál es la certeza que tendremos en la práctica jurídica si los jueces pueden inaplicar los criterios de la Corte? Esta pregunta puede fácilmente modificarse por otra: ¿cuál es la certeza que tendremos si los jueces pueden inaplicar las normas del legislador? Para responder a la primera tendremos que responder a la segunda. O, ¿será acaso que, simplemente, desconfiamos de nuestros jueces ordinarios? No dudo que muchos tengamos razones para hacerlo, pero si eso es motivo suficiente para que no puedan inaplicar la jurisprudencia, entonces, tampoco debemos confiarles la facultad[ii] de inaplicar las leyes. De nuevo, la única forma de ser congruentes con esta línea argumentativa es si se niega a los jueces el control de constitucionalidad de las normas.

Es más, admitir el control judicial de las leyes en un sistema de derecho positivo, como el nuestro, conduce a la posibilidad regulada de un control de las interpretaciones que se hacen de esas leyes. Esto nace de distinguir netamente que el derecho positivo es tanto el signo como el significado, tanto el «derecho vigente» (positivo, objetivo o empíricamente existente) como el «derecho viviente» (interpretado, argumentado o aplicado)[iii]. Esta distinción ha sido incluso advertida por la Corte en la CT-293, donde explicó que una cosa es la «disposición normativa» y otra es la «norma», la primera «el texto de un determinado ordenamiento», mientras que la segunda es el «significado que se le atribuye a ese texto»[iv].

En consonancia con lo anterior, en realidad son los significados más que los signos los que pueden contrariar los derechos constitucionales. De hecho, esa es la idea que inspira a una herramienta constitucional como lo es la interpretación conforme: a través de ella, lo que se busca es compatibilizar los significados (la norma) de una disposición, sin tener que cambiar los signos (el enunciado normativo). Por ello, la razón fundamental del control judicial está en regular las normas derivadas de las interpretaciones que se hacen de las disposiciones o enunciados normativos. Así, más que sobre las disposiciones legislativas, el control de constitucionalidad se ejerce sobre los significados a ellas atribuidas, es decir, sobre sus interpretaciones.

Finalmente, la contrapropuesta: tomarse en serio el principio pro persona y la sustancia del Estado constitucional de derecho, que son los derechos fundamentales, abre las posibilidades al diálogo jurisprudencial y a la pluralidad de argumentos y perspectivas. ¿Cómo evitar que eso no se convierta en arbitrariedad? A través de garantías y de reglas, cuya configuración tendría que explorarse detenidamente.

Sin embargo, se puede comenzar por lo siguiente: la primera de las garantías tendría que ser la exigencia al juzgador de argumentar de manera razonable y suficiente su decisión de inaplicar un criterio jurisprudencial por considerarlo contrario a los principios constitucionales o a los derechos convencionales. La segunda de ellas, como expone el ministro José Ramón Cossío en su voto particular de la CT-299, tendría que ser una vía de revisión de la decisión de inaplicación, en la que se valoraran los razonamientos de la misma hechos por los jueces inferiores.

Es de esta manera, que la discusión se abre, puesto que tanto los jueces supremos como los ordinarios tienen voz y aportan argumentaciones distintas, siempre en aras de una mejor protección de los derechos de las personas. Sólo de esta manera el debate no está terminado desde el principio, porque así no solamente se trata de quién tiene la última palabra, sino de cuál es la solución que asegura de mejor manera la finalidad del Estado: la tutela de los derechos fundamentales.

Gerardo Mata Quintero. Estudiante de la maestría en derechos humanos por la facultad de jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila.

_____________________

[i] Resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 3 de septiembre de 2014. Ministro Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Pág. 59.

[ii] Aunque más que facultad, los jueces ordinarios tienen la obligación de verificar la conformidad de las normas que están llamados a aplicar con los principios constitucionales. Véase el expediente varios 912/2010 resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 14 de julio de 2011. Ministra Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ministro encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. §§31-ss.

[iii] Véase: Ferrajoli, L. (2014). La democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista como modelo teórico y como proyecto político. Trad. P. Andrés Ibáñez. Madrid: Trotta. Págs. 126-128.

[iv] CT-293/2011, supra nota 1; pág. 57.

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El objetivo del siguiente texto es informar al ciudadano cuáles son y cómo están protegidos los derechos humanos en México. Para lograr este propósito, se estudian los asuntos conocidos por el Pleno de la Suprema Corte mexicana, quien decide, en última instancia, cuándo un derecho humano es afectado. De esta manera, El Juego de la Suprema Corte presenta esta sección con el ánimo de cumplir dos metas: informar de manera accesible el desempeño de los ministros de nuestra Corte y, a su vez, facilitar el escrutinio a la labor de éstos. En esta edición se presentan los asuntos conocidos en octubre de 2014.

1. Nuevo Sistema Electoral

Durante las primeras sesiones, la Corte continuaría la discusión sobre los parámetros del nuevo sistema electoral mexicano, en esta ocasión sobre asuntos relativos a las entidades federativas, como Querétaro, Chiapas, Nuevo León.

Se reiterarían las decisiones en torno a candidaturas independientes, financiamiento público, etc. Presentamos decisiones, que no se dieron en los asuntos de septiembre y resultan significativas.

Requisito consistente en constituir una asociación civil para el registro de candidaturas independientes, se consideró que la exigencia era una medida razonable y no constituía un requisito excesivo, desproporcionado, pues provee de una estructura mínima que facilita la actuación del candidato independiente, a través de los distintos miembros de la asociación y abona a la transparencia, al permitir distinguir claramente, entre los actos jurídicos del candidato y los relacionados con su candidatura, que guarda proporción con la finalidad de acceder al cargo de elección popular[1].

Existe una restricción injustificada a la libertad de expresión, por límites adicionales a los establecidos en la Constitución, al deber de abstenerse de denigrar a las instituciones, a otros partidos. Primero, constitucionalmente sólo se protege a las personas frente a la propaganda política o electoral que las calumnie, pero no a las expresiones que las denigre; segundo, porque la medida no tiene cabida dentro de las limitaciones expresas en el 6º constitucional[2].

derechos-humanos2Restricción injustificada y arbitraria del derecho al voto como elector, por diversas categorías sospechosas, como impedir ser elector a la persona que esté sujeta a un proceso penal, por delito que merezca pena privativa de libertad, desde que se dicte el auto de formal prisión. La Corte decidiría hacer una interpretación conforme, en el sentido de que se diera el impedimento, sólo tratándose de personas privadas efectivamente de su libertad, y no de aquellas que aún con un auto de formal prisión, se encuentren gozando de su libertad.[3]

No es aceptable excluir como electores a las personas con discapacidad y aquéllas con enfermedades mentales, ya que la norma impugnada, se aparta de los compromisos internacionales, principalmente de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Tampoco es aceptable excluir a los “ebrios consuetudinarios” y a las personas toxicómanos, ambos “fármaco-dependientes”, la Corte haría un estudio detallado del carácter histórico, teleológico, integral y competencial de la Constitución, los precedentes jurisprudenciales y diversos tratados de derechos humanos y de fiscalización de drogas, para sostener que actualmente no es posible excluir a las personas por condición de salud[4].

Disminución de la remuneración de los magistrados del Tribunal Electoral del estado. La Constitución establece un principio de seguridad económica de los magistrados y jueces, para percibir una remuneración adecuada e irrenunciable, la que no puede ser disminuía durante su encargo[5].

La jurisprudencia emitida por los órganos del Poder Judicial de la Federación es de aplicación obligatoria y no supletoria para todos los operadores jurídicos del Estado mexicano, el legislador local no tiene facultad para fijar reglas de aplicación, de la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación[6].

2. Consejos de la Judicatura[7]

Se analizaba la relación jerárquica de los Consejos de la Judicatura locales, con los órganos jurisdiccionales de su entidad, dentro del ámbito del cumplimiento de las sentencias de amparo.

Para determinar la superioridad jerárquica, diría la Corte, hay dos supuestos: poder ordenar que se actúe o deje de actuar en un sentido; segundo, dé cumplimiento a la sentencia de amparo.

En el caso, para los Consejos de la Judicatura, no se cumple ninguno. Ellos no cumplen una función de mando sobre órganos jurisdiccionales, pues esta última función no puede estar sujeta a un mandato de índole administrativa y además por sí sólo, el Consejo no podría cumplir una sentencia de amparo, pues invadiría la esfera jurisdiccional.

3. Debido proceso[8]

En el auto admisorio de una demanda de amparo directo, la Corte determinaría que es conveniente contener la orden del presidente del Tribunal Colegiado de Circuito para señalar en él, expresamente a las partes, que tienen quince días, a partir de la notificación por lista, para formular alegatos o interponer amparo adhesivo, con esto se pretende dar certeza y facilita la defensa de las partes en el juicio.

4. Jurisprudencia de la Corte, control de convencionalidad o constitucionalidad[9]

El problema a determinar era, si la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, puede ser objeto de control de constitucionalidad o convencionalidad ex officio[10] a cargo de los jueces nacionales, cuando se detecte que resulte violatoria de un derecho humano, contenido en la Constitución, o en los tratados internacionales en que el Estado mexicano sea parte.

La Corte resolvería que no y es la propia ley, la que prevé mecanismos, que podrán ser utilizados por los órganos inferiores, cuando se estimare que la jurisprudencia no resulta acorde al nuevo modelo de control de regularidad constitucional de derechos humanos, surgido a partir de la reforma de 10 de junio de 2011.

5. Fueros[11]

¿Cuándo subsiste el fuero militar? Los delitos contra la salud pueden juzgarse por el Tribunal Militar, cuando se comete por un miembro del ejército al realizar las funciones encomendadas. Lo anterior lleva a actualizarse la competencia de los tribunales militares, para juzgar los delitos del orden federal, cuando son cometidos por militares en servicio, siempre y cuando esos delitos no sean cometidos contra civiles, individualmente considerados, o se encuentren involucrados en el procesamiento.

Los elementos de la milicia, en el caso concreto, fueron acusados por permitir la extracción de narcóticos del país, lo que vulnera el Código de Justicia Militar por atentar contra la disciplina militar. En el caso concreto, igualmente se consideró al Estado como sujeto pasivo, pues es la sociedad la que resiente un menoscabo por haberse vulnerado normas de orden público, por la comisión de un ilícito.

6. Arraigo[12]

El Código de Procedimientos Penales del Estado de Baja California Sur, contemplaba el arraigo como una medida cautelar, para el caso de delitos graves. La Corte ya se había pronunciado en diversos asuntos, que el Congreso de la Unión es el único con facultades para legislar en la materia de delincuencia organizada, única vía de procedencia del arraigo.

7. División de Poderes y Poderes Sui generis. Sistema Nacional de Seguridad Pública[13]

Este asunto analizaba la constitucionalidad del nombramiento del Comisionado Nacional de Seguridad Pública y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como la obligación impuesta al Secretario de Gobernación, del Gobierno Federal, para comparecer cada seis meses ante determinadas comisiones del Senado de la República, sobre los asuntos en materia de seguridad nacional.

Primero. Requisitos de nombramiento del Comisionado Nacional de Seguridad Pública y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El problema es que se contempla la intervención del Senado en dichos nombramientos.

En cuanto al primero, se consideró que esas facultades de nombramiento, son propiamente del Secretario de Gobernación, esto llevaba a advertir un grado de subordinación y jerarquía directa e inmediata en la toma de decisiones entre el Comisionado y el Secretario de Estado, característica propia de la administración pública centralizada. Ahora, en los precedentes de la Corte se encontraba, que sin disposición expresa constitucional, no puede admitirse injerencia de otro poder en el nombramiento de los miembros de la administración pública centralizada.

En cuanto al segundo, su nombramiento como está considerado en el sistema normativo especial y constitucional, generaba una “especialidad o reserva de fuente”, donde no se contemplaba la intervención del Senado.[14]

Segundo. Obligación impuesta al Secretario de Gobernación federal, para comparecer cada seis meses ante determinadas comisiones del Senado de la República, a fin de presentar y dar seguimiento a la política criminal e informar sobre los asuntos de su competencia en materia de seguridad nacional.

La Corte definiría que no existe una prohibición absoluta para que el Secretario de Gobernación informe por comparecencia, en esos temas, al Senado de la República. Pero sí considera desproporcional la medida contemplada en la ley en comento.

La comparecencia cada seis meses ante las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, se considera atentatoria del principio de división de poderes, pues la comparecencia en esos términos no está prevista en la Constitución, de acuerdo con  los términos de la Carta Magna, la comparecencia tiene que provenir de un acuerdo parlamentario dado en un tiempo determinado, mientras que la contemplada en la ley en estudio, se da en una obligación irrestricta y sujeta a una periodicidad preestablecida.

El mismo razonamiento sucede cuando la ley en estudio establece, que el Secretario de Gobernación, debe “Informar al Poder Legislativo Federal sobre los asuntos de su competencia en materia de seguridad nacional, a través de una comparecencia semestral ante la comisión bicameral prevista…”

7. La Consulta Popular

La Corte resolvería sobre la constitucionalidad de la Consulta Popular[15] en tres asuntos.

Primero. La pregunta planteada era la siguiente: ¿Estás de acuerdo en que la Ley Federal del Trabajo establezca que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fije un nuevo salario mínimo que cubra todas las necesidades de una familia para garantizar al menos la línea de bienestar determinada por el CONEVAL?[16]

Se definió que la misma no podía ser objeto de consulta popular, por las siguientes razones:

1. La materia tiene que ver con los ingresos y gastos –tema no permitido para consultar- del Estado, al tener como finalidad, determinar nuevas bases para fijar el salario mínimo, pues si bien este es un derecho de los trabajadores, no podría desvincularse de aspectos, elementos y ordenamientos que hacen referencia al concepto mismo, ya sea de manera directa o indirecta, puesto que este concepto ha sido utilizado como referencia de una gran cantidad de legislación de orden tributaria y financiera.

2. Se consideró que la materia de consulta, igualmente caía en la prohibición relativa al tema de la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución, ya que la pregunta planteada pretendía sustituir una base constitucional, por una base de legalidad, dejando de lado el derecho humano social de los trabajadores al salario.

Segundo. La pregunta a formular: ¿Estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares nacionales o extranjeros para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica?

Se definiría que igualmente se actualizaba uno de los supuestos constitucionales que impide realizar una consulta popular, por relacionarse con los ingresos del Estado[17], por tratarse de analizar el sistema de contrataciones y asignaciones para las áreas estratégicas eléctrica, petrolera y de hidrocarburos.

Tercero. La pregunta a formular: ¿Está de acuerdo en que se mantengan las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética? [18]

Se determinó inconstitucional la consulta, porque al estar formulada en términos integrales, respecto de todas las previsiones constitucionales en materia energética, contenidas en el Decreto que reformó los citados artículos[19], su desahogo necesariamente incidiría con relación a la vigencia de determinadas disposiciones constitucionales que regulan el origen y destino de los recursos derivados de los ingresos de la industria petrolera[20].

Víctor Manuel Collí Ek. Investigador de la Universidad Autónoma de Campeche y responsable del proyecto de investigación: “La vigencia de la Constitución en la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional” 154998, CONACYT-SEP, del cual el presente estudio es un producto. www.victorcolliek.com

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[1] Sesión del 2 de octubre, p. 55.

[2] Sesión del 2 de octubre, p. 111.

[3] Sesión del 2 de octubre de 2014, p. 158.

[4] Sesión del 2 de octubre de 2014, p. 160.

[5] Sesión del 2 de octubre de 2014, p. 198.

[6] Sesión del 2 de octubre de 2014, p. 201.

[7] Contradicción de Tesis 57/2014, sesionada el 6 de octubre de 2014. Ponente Min. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Votación favorable, p. 10.

[8] Contradicción de Tesis 55/2014. Sesionada los días 7 y 13 de octubre. Ponente Min. Luis María Aguilar Morales. Unanimidad de votos, p. 28, sesión del 13 de octubre.

[9] Contradicción de Tesis 299/2013. Sesionada los días 13 y 14 de octubre de 2014. Ponente Min. Jorge Mario Pardo Rebolledo. Mayoría de 7 votos, sesión del 14 de octubre de 2014, p. 40.

[10] Un discusión que no se puede perder para tener un contexto claro de las implicaciones de esta decisión, la encontramos en “Último round: por qué la Corte sí debe controlar su jurisprudencia” consultable aquí. Este artículo es el final de una serie de análisis, a modo de ejercicio dialéctico, publicado en este mismo espacio, y ahí mismo referenciado.

[11] Amparo Directo en Revisión 3633/2013. Sesionado los días 16 y 20 de octubre de 2014. Ponente Min. Jorge Mario Pardo Rebolledo. Art. 57 del Código de Justicia Militar y 13 de la CPEUM. Mayoría de 6 votos, sesión del 20 de octubre de 2014, p. 6.

[12] Acción de Inconstitucionalidad 20/2013, sesionada el día 21 de octubre de 2014. Ponente Min. Luis María Aguilar Morales. Antecedentes en las Acciones de Inconstitucionalidad 29/2012 y 22/2013, del 25 y 27 de febrero de 2014. Mayoría de nueve votos.

[13] Acción de Inconstitucionalidad 1/2013. Sesionada los días 21 y 23 de octubre de 2014. Ponente Min. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Primero: ocho votos en relación con el nombramiento del Comisionado y siete votos en relación con el nombramiento de Secretario Ejecutivo. Segundo: Unanimidad de votos. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: 27 fracciones XII, XVI  último párrafo y XXX. CPEUM: 93 párrafo segundo.

[14] Sesión del 23 de octubre de 2014, p. 10.

[15] En este mismo espacio, se han hecho estudios más particulares y muy valiosos, sobre este tema, tales como: El futuro de la Consulta Popular, ¿Cómo la Suprema Corte hizo de la Consulta Popular letra muerta? y Consultas populares: La Suprema Corte entra a la discusión.

[16] 2/2014. Revisión de constitucionalidad de la materia de una consulta popular. Sesionada el 29 de octubre de 2014. Ponente Min. José Ramón Cossío Díaz. Seis votos en contra de la propuesta, p. 63. La exposición de arriba indica la posición vencedora. Consultable aquí.

[17] 1/2014. Revisión de constitucionalidad de la materia de una consulta popular. Sesionada el 30 de octubre de 2014. Ponente Min. Olga Sánchez Cordero. Diez votos a favor de la propuesta, sesión del 30 de octubre de 2014, p. 42. Consultable aquí.

[18] 3/2014. Revisión de constitucionalidad de la materia de una consulta popular. Sesionada el 30 de octubre de 2014. Ponente Min. Margarita Luna Ramos. Diez votos a favor de la propuesta, sesión del 30 de octubre de 2014, p. 58. Consultable aquí.

[19] Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013.

[20] Consultable aquí.

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Metodológica y teóricamente no encuentro sustento en la propuesta de Juan Luis Hernández y Gerardo Mata, publicadas en este Blog, según la cual los jueces de menor jerarquía puedan inaplicar jurisprudencia de la Suprema Corte si es que consideraran que ésta es violatoria de un derecho humano.

Me parece fundamental distinguir algunas cuestiones:

1) Inaplicabilidad y no aplicabilidad: en la contradicción de tesis en cuestión se estudió la inaplicación de la jurisprudencia cuando se detecte a través de un control de constitucionalidad (y convencionalidad) que es violatoria de algún derecho humano. Ello no abarca la no aplicabilidad de la jurisprudencia que es de lo que habla Gerardo Mata ni de la aplicación del principio pro persona que es de lo que habla Juan Luis Hernández. La primera, implica distinguir entre casos y, razonadamente, llegar a la conclusión de que la jurisprudencia no es aplicable porque el caso a resolver es distinto. La segunda, es una obligación constitucional desprendida del artículo 1° que implica preferir la interpretación más favorable a la persona, ello no lleva a la inaplicación en el sentido de que se considere violatoria de un derecho, sino que el juez considera que existe otra interpretación (por ejemplo, de la CoIDH) que es más favorable a los derechos de la persona, es decir, se trata de otro caso, y no de uno de no aplicabilidad.

2) El sistema de competencias: aquí hay que distinguir tres cuestiones:

  1. La división de poderes y la competencia para crear normas del poder judicial.
  2. La distribución jerárquica como un sistema de competencias por materia.
  3. La distribución jerárquica como un sistema de competencias por grado.

OLYMPUS DIGITAL CAMERALa creación de normas en el ámbito del poder judicial es un tema bastante amplio. Aquí me refiero únicamente, y de manera escueta por falta de espacio, a la creación de normas a través de la integración de la jurisprudencia. La jurisprudencia es, en efecto, una norma. Pero de una naturaleza distinta a la ley (formalmente legislativa o ejecutiva), la primera pretende aclarar u orientar sobre el sentido que debe tener la interpretación de una ley. La ley pretende ordenar las relaciones humanas y, para ser aplicada, requiere ser interpretada. La jurisprudencia dice a los jueces cómo debe entenderse y aplicarse esa ley en determinados casos concretos. La jurisprudencia concretiza. La ley es general y abstracta. En términos del artículo 94 constitucional las tesis jurisprudenciales se convierten en normas sobre la interpretación de aplicación obligatoria para todos los jueces inferiores del órgano que la crea, no así para los demás operadores jurídicos.

La distribución jerárquica como sistema de competencias por materia y por grado es la forma de organización de cualquier poder judicial ordenado por una Constitución democrática y por el principio de dos instancias. Un Estado constitucional pretende que su Constitución sea la norma suprema y fuente del orden jurídico, para ello instala un sistema de control de la constitucionalidad. En este sentido, dentro del poder judicial mexicano, la Suprema Corte es quien tiene la competencia material de dictar la última palabra (sus sentencias no admiten ninguna revisión), de invalidar normas contrarias a la Constitución y su jurisprudencia (la interpretación reiterada de las normas) es obligatoria para todos los jueces. Esas son sus competencias constitucionales.

El principio de dos instancias garantiza los principios de impugnación y de contradicción; de tal manera que por vía de la competencia por grado, hay jueces jerárquicamente superiores con competencia para revisar las determinaciones de los jueces inferiores, sus resoluciones son obligatorias para ese juez inferior. El sistema de revisión de decisiones en donde los jueces superiores revisan las determinaciones de los jueces inferiores, busca garantizar las partes una resolución a los conflictos justa y apegada a Derecho (que incluye, por supuesto, los derechos humanos).

3) Autoridad y autoritarismo: La obligatoriedad de las decisiones de los jueces superiores para los jueces inferiores está muy lejos del “autoritarismo judicial”. El autoritarismo se refiere a autoridades ilegítimas, que toman decisiones no apegadas al principio de legalidad y que son, básicamente, arbitrarias. La obligatoriedad del Derecho está relacionada con la legitimidad de la autoridad. Asumo que partimos del reconocimiento de que la Corte es una autoridad legítima. Es decir, admitimos que los jueces constitucionales son autoridades legítimas y, en este sentido, tienen el derecho de imponer con sus decisiones restricciones a los comportamientos de los sujetos a un determinado orden jurídico.

Si esto es así, aceptamos que la Corte mexicana es una autoridad jurisdiccional con el derecho de decidir en última instancia las cuestiones constitucionales. Es, constitucionalmente hablando, la autoridad que pronuncia la última palabra con respecto a los conflictos de Derecho nacionales.

Cuando hablamos de la autoridad de la Corte no hablamos de autoritarismo; es decir, de una autoridad ilegítima, antidemocrática, inconstitucional; al menos hasta donde yo entiendo, la percepción sobre la Corte no es ésta. La existencia de una autoridad ¡no es igual a autoritarismo!

4) Diálogo jurisprudencial y control constitucional: Creo que es muy relevante distinguir entre ambas. La primera se trata de la interacción dialógica entre distintas jurisdicciones (nacionales y/o internacionales) que tienen como resultado el robustecimiento de la integración de los derechos humanos y otros principios fundamentales dentro del Estado constitucional (democracia, Estado de Derecho, representación) a través de otras experiencias. Entonces, el diálogo jurisprudencial está lejos de ser un control de constitucionalidad/convencionalidad de las decisiones de otras jurisdicciones. Esto no solamente carece de lógica competencial, sino que no es parte de la definición del concepto de diálogo. El diálogo pretende construir y enriquecer las decisiones tomando en cuenta diversas razones; el control tiene como objeto estudiar la validez de las normas.

5) Estado de Derecho y derechos humanos: Supondría que no es necesario hacer esta precisión, pero pareciera que para los autores los principios de certeza y seguridad jurídica (pilares del Estado de Derecho) son opuestos a los derechos humanos. Basta con afirmar de manera contundente que el Estado de Derecho es la única garantía de los derechos humanos. Sin éste los derechos humanos tendrían el mismo valor moral, pero sin posibilidad alguna de ser efectivos. Hay una relación de necesidad lógica en esta tríada: sin Estado de Derecho, los derechos humanos no serían efectivos, sin derechos humanos efectivos no es posible la participación democrática.

6) El stare decisis[1] y el autoritarismo: Finalmente, la última precisión requiere una referencia al sistema norteamericano del stare decisis o de autoridad del precedente. México, como se sabe, sigue una tradición continental o de derecho escrito. Estados Unidos, por su parte, pertenece al sistema de precedentes o de common law. Cobra sentido referirse a cómo funciona el sistema de precedentes en un sistema como éste. El principio del stare decisis implica que las determinaciones de las autoridades jurisdiccionales superiores son obligatorias para las inferiores, con la finalidad de garantizar seguridad y certeza jurídica, evitar la arbitrariedad y garantizar el principio de igualdad ante la justicia. Si todo puede cuestionarse, no hay autoridad, no hay una decisión última. En algún sitio debe parar el debate, eso otorga certeza a ambas partes en un conflicto.

7) Infalibilidad, diálogo y Suprema Corte: No he defendido que la Corte por tener la última palabra dentro del poder judicial sea infalible, lo cual sería absurdo. Ni la idea del diálogo se opone a la última palabra dentro del poder judicial. Como sabemos, el dialogo puede ser horizontal y vertical. El diálogo horizontal, con otros poderes, sí requiere por razones democráticas que no haya una última palabra sobre interpretación de la constitución o de la ley. Ahora bien, el diálogo vertical que se da entre las diversas instancias mientras no exista jurisprudencia, requiere de un punto final por seguridad jurídica. Me parece que los autores pierden de vista que todo sistema jurídico necesita prever la toma de decisiones vinculantes, pues a diferencia del discurso moral, el derecho exige tomar decisiones. En ese sentido, la existencia de una autoridad final dentro del poder judicial es parte de una teoría de la autoridad, connatural a cualquier sistema jurídico.

Geraldina Gónzalez de la Vega. Constitucionalista y ensayista. LLM Düsseldorf. Twitter: @geraldinasplace Agradezco a Roberto Niembro y a René González de la Vega las conversaciones y los comentarios sobre el tema que enriquecieron este texto. Ello no les compromete a lo aquí escrito.

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[1] “Stare decisis et non quieta movere” (mantener las decisiones y no perturbar lo tranquilo).

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Pretendo en estas escasas líneas sostener que la posición de los ministros Cossío y Silva, en la reciente discusión y decisión de la contradicción de tesis 299/2013 por la Suprema Corte, fue enteramente atinada. Esto lo haré a partir de la defensa que escribió Geraldina González de la Vega en este blog, El Juego de la Suprema Corte, de la decisión respaldada por 7 ministros, en el sentido de que los jueces inferiores no estaban facultados, en ejercicio de un control de regularidad normativa, para inaplicar la jurisprudencia emitida por la Corte.

González de la Vega, siguiendo el sentido de la decisión mayoritaria, explica como punto central para defender la negativa de que los jueces inferiores puedan inaplicar la jurisprudencia de la Corte, que es propio de la naturaleza de nuestro sistema de control de constitucionalidad. De tal manera que se debe buscar preservar su unidad y coherencia, que el poder judicial se debe acomodar de forma vertical y, por ello, los criterios de los jueces supremos devienen obligatorios para los demás. De hecho, se pretende que tal naturaleza excluya la posibilidad de que la verticalidad y precedencia de criterios pueda ser considerada como una cuestión autoritaria.

Los argumentos me parecen insuficientes para borrar toda rastro de un cierto “autoritarismo judicial” detrás del discurso de la naturaleza del sistema de control constitucional. Tratando de seguir al ministro Cossío, explicaré por qué.

Como punto de partida, no comparto que únicamente se diga que el objetivo de la jurisdicción constitucional sea el de «preservar la unidad y coherencia del sistema» constitucional. Tal vez más importante aun, la principal tarea de los tribunales constitucionales es preservar la Constitución y los derechos por ella protegidos. Una herramienta clave para lograrlo es el principio pro persona.

Este principio significa un enorme reto para la forma en que entendemos y aplicamos nuestro ordenamiento jurídico, porque su aceptación implica trasformaciones estructurales y sustanciales de gran calado. Aquí una de ellas: frente a un sistema de control cerrado, en el que un órgano supremo es el «intérprete último de la Constitución» y que espera que sus criterios sean obligatorios, el principio pro persona propone abrir la discusión en las interpretaciones de las disposiciones normativas, alentando la posibilidad de que los jueces de encuentren soluciones (interpretaciones) más favorables a la persona y sus derechos.

el-gran-dictadorEsto es, el principio pro persona, en su dimensión interpretativa, exige que frente a dos o más interpretaciones de una disposición normativa, se prefiera aquella que proteja en mayor medida a la persona y sus derechos. En un caso concreto, el juez inferior encuentra que la Suprema Corte ha establecido jurisprudencia respecto del significado constitucional de una cierta disposición aplicable al caso, ¿qué pasa si el juez es capaz de obtener, ofreciendo argumentos razonables y suficientes, algún significado que optimice en mayor medida algún derecho fundamental que esté en juego en el caso? La  decisión de la Corte exigiría que el juez aplique, sin cuestionar, el criterio jurisprudencial, imponiéndole la carga a la persona de tener que interponer todos los medios de defensa necesarios para que el asunto llegue hasta la Corte y presentar ante ella la solicitud de cambio de criterio. No obstante, nada asegura que efectivamente la cuestión llegará hasta allá, pues los filtros que hay son, hasta cierto grado, discrecionales, y no todos a la mano de la persona[i]: solicitud de atracción, modificación de jurisprudencia o denuncia de contradicción de tesis –y esto sin considerar los costos materiales de continuar con el juicio-.

La solución ofrecida por el principio pro persona es distinta: el juez, justificando suficiente y razonablemente, tendría que preferir la norma (el significado de la disposición) que maximice la protección de los derechos de la persona, incluso si es distinto a lo formulado por la Suprema Corte. No obstante, decir que la Constitución es suprema, que la Corte es suprema, no son más que argumentos que pretenden cerrar el debate judicial. Ya nadie puede cuestionar nada. Esto, sin duda, es una forma de autoritarismo judicial.

Para no serlo, no basta con que se hable de la unidad y coherencia del sistema de control, ni que se diga que existen otros medios de «autorregulación» para que sea el órgano terminal el que revise la constitucionalidad o convencionalidad de sus criterios. También el legislador pretende unidad y coherencia en los ordenamientos legales, además de que cuenta con los mecanismos de reforma de las disposiciones por él emitidas que sean incompatibles con la Constitución o las normas internacionales de derechos humanos. Y, sin embargo, se admite la posibilidad de que los jueces inapliquen esas normas en ejercicio de un control de regularidad.

No se puede ignorar la incompatibilidad de un argumento de seguridad jurídica, certeza y previsibilidad, con la aceptación de un control judicial de las normas. ¿Qué certeza tendremos si permitimos a los jueces inferiores inaplicar la jurisprudencia de la Suprema Corte? Será exactamente la misma certeza si les permitimos que inapliquen las disposiciones legislativas que consideren inconstitucionales o inconvencionales. Si aceptamos el control de regularidad de las disposiciones emitidas por el legislador, no hay razón suficiente para “blindar” de ese control a la jurisprudencia de la Corte. Al fin de cuentas, la interpretación de la Corte es la verdadera norma (el significado de la disposición). Querer sustraer su jurisprudencia de la posibilidad de control es una señal de autoritarismo, pues el mensaje es claro para el juez inferior: “puedes cuestionar todo el ordenamiento legal, pero a mí no”.

Una forma más democrática y abierta al diálogo judicial me parece que lo ofrece la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Es claro que entre ésta y los órganos judiciales de los Estados americanos no existe jerarquía alguna[ii], pero al igual que la Suprema Corte es intérprete última de nuestra Constitución, la CoIDH lo es respecto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

La CoIDH, a diferencia de la Suprema Corte, no pretende tener el monopolio respecto dicha Convención. Al contrario, justo ha sido ella la que ha determinado que todos los jueces nacionales deben ejercer un control de convencionalidad[iii]. Así, los criterios establecidos por la CoIDH, si bien son vinculantes para todos los poderes públicos de los Estados parte, constituyen un «estándar mínimo», del cual pueden apartarse los jueces nacionales al identificar una interpretación o disposición que eleve el estándar de protección de que se trate.

Una actitud como ésta, en la que se admite la eventualidad de que los jueces inferiores encuentren soluciones de interpretación más favorables que el “intérprete último”, propicia la creatividad y el debate jurídicos. Pero, además, significa, en términos prácticos, una posibilidad real de que la persona obtenga una protección más adecuada de sus derechos en las sedes judiciales más próximas, sin tener que esperar a que su derecho se haga efectivo hasta que la Suprema Corte tenga el asunto en sus manos.

Aquí la pregunta clave: ¿cuál es nuestra prioridad: la uniformidad de un sistema o los derechos de las personas?

Gerardo Mata Quintero. Estudiante de la maestría en derechos humanos por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Correo electrónico: gerardo.mata@uadec.edu.mx

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[i] De acuerdo a la Ley de Amparo, las partes en los asuntos sólo tienen legitimidad para denunciar las contradicciones de tesis (art. 227), pero no para solicitar la sustitución de la jurisprudencia, lo cual puede ser realizado únicamente por magistrados y ministros (art. 230), ni para solicitar el ejercicio de la facultad de atracción, el cual puede ser decidido oficiosamente por el Pleno o las Salas o a solicitud del Procurador General de la República, tratándose de amparos indirectos (art. 40), o a solicitud del tribunal colegiado que conozca de un amparo directo en revisión (art. 85).

[ii] Al menos no lo es en su sentido formal. No obstante, por ejemplo, la Corte Suprema de la Nación de la República de Argentina ha afirmado que “en principio, debe subordinar el contenido de sus decisiones a las de dicho tribunal internacional”, refiriéndose a la CoIDH; véase: Expediente 224. XXXIX, “Espósito, Miguel Ángel s/incidente de prescripción de la acción penal promovido por su defensa”, considerando 6. Sentencia de 23 de diciembre de 2004.

[iii] Véase, por ejemplo: Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Serie C No. 220, §225.

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En mi intervención anterior y en la respuesta que se le dio, comentábamos la importancia de estar atentos a la resolución de la Suprema Corte de la contradicción de tesis 299/2013, relativa a si los jueces de todos los órdenes jerárquicos del país pueden inaplicar la jurisprudencia de la Corte vía control difuso ex officio. El resultado de la discusión no fue muy diferente a como se hubiere podido predecir, el tribunal en pleno de la Corte respondió negativamente a la pregunta planteada por siete votos a favor y dos en contra[1]. En este segundo texto expondré los argumentos más importantes del resto de los ministros y explicaré por qué sigo convencido en que la postura de la minoría era la más conveniente.

Cometí un error en mi intervención anterior. Creí que si dejaba de lado las consideraciones de casos concretos en que la jurisprudencia de la Corte había sido inaplicada, podría exponer de manera más clara mis puntos. Advertí este error cuando valoré los argumentos que se han esgrimido en contra de la opinión minoritaria, particularmente aquellos que subrayan el valor de la seguridad jurídica en el aparato judicial mexicano, el carácter de órgano de cierre de interpretaciones de la Corte y los que predicen un caos en la inaplicación de los criterios que terminarían por pagar los justiciable. Enfatizo particularmente este último argumento y lo explico en concreto a través del amparo directo en revisión 2126/2012.

En aquel asunto de la Segunda Sala, el cual citó en más de una ocasión la ministra Luna Ramos (ponente de ese asunto), el tribunal colegiado inaplicó la jurisprudencia de la Corte que prohibía al juzgador utilizar supletoriamente la Ley Federal del Trabajo para calcular la indemnización del policía sujeto a un despido injustificado, pues ha quedado sentado que por la naturaleza de sus funciones éstos no son susceptibles de reinstalación. El colegiado consideró que esta interpretación violaba los artículos 1 y 2 del Convenio Relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, pues la Ley Federal del Trabajo hubiera sido más benéfica para el policía despedido injustificadamente. Como dije, esta sentencia fue revocada por la Segunda Sala, atendiendo únicamente a que no era posible inaplicar el criterio de la Corte y no porque el criterio protegiera menos o más al justiciable.

Los ministros de la minoría —Silva Meza y Cossío— me parece que están por un ejercicio de ponderación conveniente para cada caso concreto en que los juzgadores se encuentren con este tipo de disyuntivas. Bien han mencionado que esta no resultaría en una ola de inaplicaciones desenfrenadas, pues la inaplicación propuesta presupone un ejercicio de argumentación por parte del juzgador. Ahora bien, si la seguridad jurídica parece un argumento de peso para quienes no están de acuerdo, el ministro Cossío acertó en mencionar que el propio diseño piramidal del poder judicial y la revisión de las decisiones de los jueces inferiores puede llevar a que los superiores[2] revoquen esas resoluciones cuando su ejercicio argumentativo no los lleve al convencimiento, mas no —como la mayoría estableció— revocar con base en el argumento de dar sentido unificador al sistema.

controlLa discusión en este momento no me parece que sea la negación o afirmación de la Suprema Corte como tribunal constitucional. El punto toral de la polémica es que hay casos que están resolviendo los jueces mexicanos cuyas particularidades no alcanzan a ser cubiertas por la respuesta abstracta que una tesis jurisprudencial ofrece, y no ignoro las diferencias entre inaplicación e inaplicabilidad, pues me estoy refiriendo a cuestiones tan concretas como las ventiladas en el amparo 2126/2012: (1) la Corte se plantea un cuestionamiento derivado de casos concretos, (2) la resuelve emitiendo un criterio y una tesis que contiene un criterio abstracto y, (3) posteriormente, surge un caso en el que los tribunales inferiores advierten la irregularidad del criterio. La jurisprudencia obligatoria no puede ser perfecta, pero inclusive me parece que no pretende serlo. Y es justamente por ello que su inaplicación no tiene la pretensión de diluir el sistema de control y mucho menos el Estado de derecho, sino que esto abonaría a impregnar de más razones las discusiones a las que los juzgadores se enfrentan. Lo contrario llevaría a aceptar la afirmación del ministro Pérez Dayán, cuando asegura que la existencia de la jurisprudencia ya supone que la norma y el problema ha sido estudiado en su totalidad.

De igual forma, se ha dicho que la posibilidad de que la jurisprudencia sea irregular es latente, pero que para ello no es necesario llegar a los extremos del control difuso sobre ésta, sino que en esos casos los legitimados por la ley de amparo pueden echar a andar los medios para la sustitución de jurisprudencia. Sin embargo, el hecho de que haya medios legales para la sustitución de la jurisprudencia considerada inconstitucional o inconvencional no resuelve el problema, también el legislador o el poder revisor de la Constitución podría variar sus criterios reformando las normas jurídicas que emiten. El ministro Cossío acertó en este argumento, porque la afirmación de esta idea lleva a la conclusión de que hay una preocupación desmesurada por preservar un sistema que ya de suyo no parece tener una identidad bien definida. O, lo que es parecido, sacrificar la correcta e integral resolución de casos concretos bajo el argumento de preservar la unidad. Sin mencionar que esta prohibición no contribuye a la formación de un tipo de juez que me parece es el que exige el estado constitucional, un juez que pueda ser creativo cuando las circunstancias lo ameriten.

Ahora bien, las distinciones introducidas por el ministro Zaldívar sirven para esclarecer la pregunta, pero no dan luz para reforzar la respuesta de la polémica. Es cierto que inaplicación e inaplicabilidad no son lo mismo, que la jurisprudencia de legalidad, constitucionalidad y sobre constitucionalidad/convencionalidad de normas no son lo mismo, y que disposición y norma son diferentes. Esto, repito, aclara la pregunta y los supuestos en que el juez puede decantarse por no contravenir la jurisprudencia de la Corte, pero nuestra discusión se sitúa en los casos en que la jurisprudencia sí es aplicable y la interpretación jurisprudencial de la disposición no proteja al justiciable o, bien, la norma generada vía jurisprudencial tampoco lo haga. En todo caso, las diferenciaciones entre disposición y norma, como base para afirmar que las primeras admiten control difuso —por pertenecer a la categoría de normas formales del 133— y no así las segundas —por pertenecer al supuesto del 94 constitucional (normas generales emitidas vía jurisprudencia)— implica omitir que la jurisprudencia es a final de cuentas un sistema de creación de normas generales subsumibles por los jueces en casos concretos, al igual que las disposiciones del 133. El resultado es el mismo, pero se le pretende dar trato desigual.

Me parece de particular atención y curiosidad que muchos de los argumentos que ahora se esgrimen para oponerse a la polémica que nos ocupa, son sumamente parecidos a los que se han ofrecido para criticar el propio sistema de control difuso de convencionalidad y constitucionalidad. En alguna medida, todos invocan la seguridad jurídica como valor superior. Bajo esta tónica se pretende desviar las razones sustantivas por las formales.

La alarma que me parece intentamos accionar quienes compartimos esta postura, es aquella que dice: la Corte está revocando sentencias de colegiados y no lo está haciendo porque la argumentación de éstos sea menos convincente, sino debido a que la jurisprudencia de la Corte debe ser obligatoria porque lo dice la ley de amparo y los ministros, esto en aras de preservar un orden y de priorizar el argumento de seguridad jurídica.

Si el quejoso en el amparo 2126/2012 quisiera seguridad jurídica no hubiera acudido al juicio de amparo, el asunto lo tenía perdido por el solo hecho de saber que existía jurisprudencia de la Corte que no le favorecía. Su causa no tenía razón de existir a menos que, como argumentan, alguno de los legitimados denunciara la sustitución de jurisprudencia.

El principio pro persona y la seguridad jurídica no son valores absolutos, como atinadamente se nos ha respondido, es por ello que no estamos en condiciones de ponderar alguno de éstos en definitiva. El carácter de tribunal constitucional de la Corte no debe diluirse fatalmente ante la posibilidad de que los jueces inferiores inapliquen su jurisprudencia si en algún momento la Corte puede revisar esa inaplicación y resolver en definitiva, en ese asunto, sobre la confirmación o revocación.

Nadie se autoconcibe como formalista, pero la apelación abusiva a la seguridad jurídica me parece que sí es un tono distinguible en esta discusión. Pareciera que los valores formales fueran, en algún momento, distinguibles nítidamente de los sustantivos. No podríamos negar ni la existencia[3] ni la importancia que la Constitución otorga a la seguridad jurídica, por supuesto que es un valor deseable, de lo que no estoy cierto es que los justiciables quieran estar seguros de que no hay —en las interpretaciones de la Corte— un futuro al menos cuestionable para su causa.

No me pasa por alto el hecho de que la Corte no confía en los tribunales colegiados, ello no es materia exclusiva de esta polémica, no obstante la alcanza a teñir. Me parece que hay una diferencia muy grande entre entender que la Suprema Corte es el vértice de la pirámide judicial con que se trate de construir una Corte redentora, cuya palabra sea incontrovertible. ¿Quién custodiará a los custodios? Me parece que bien los jueces pueden contribuir a la propia labor de auscultación de la Suprema Corte. Esto podría abonar a la idea de sacar de a poco el llamado monopolio de la interpretación constitucional y el discurso jurídico de los tribunales y llevarlo también al foro y, por supuesto, a sus propios destinatarios.

En algún momento también fui un entusiasta de la labor interpretativa de los tribunales, hasta que la evidencia fáctica me llevó a comprobar lo contrario. Decir que la Suprema Corte detenta el monopolio de la interpretación es una cosa y otra muy diferente es que ello sea deseable. Pienso que ese discurso va en la línea de desprestigiar la judicatura inferior, y junto con ello la idea incompleta de que debemos invertir todos nuestros esfuerzos en moldear una Corte ejemplar, cuando lo que tendríamos por igual que hacer es reforzar las bases de esa pirámide. La razón práctica y la visión principalista del Derecho, desde mi perspectiva, se vieron mermadas en esta resolución.

Juan Luis Hernández Macías. Estudiante de Derecho por la Universidad de Guanajuato. Twitter: @JuLuisHM

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[1] El ministro Valls se encuentra gozando de licencia para atender problemas de salud y el ministro Gutiérrez Ortiz Mena estuvo ausente.

[2] El ministro Pérez Dayán propuso que la contradicción de tesis en cuestión expandiera sus efectos para los tribunales colegiados y plenos de circuito, es decir, que los inferiores no puedan inaplicar los criterios obligatorios de sus superiores. La propuesta no fue incluida porque la contradicción, en palabras del ministro Pardo, estaba delimitada a la jurisprudencia de la Corte, e incluir esas consideraciones podrían dar lugar a nuevos y probablemente enredosos debates.

[3] El ministro Cossío afirmó que la seguridad jurídica es un valor metaconstitucional; contrario a esto se ha dicho que este valor deriva de la interpretación de los artículos 14 y 16 constitucionales.

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Esta semana la Suprema Corte discutió una contradicción de tesis (299/2013) que se centró en una cuestión no menor: ¿si la jurisprudencia de la Corte puede ser objeto de control de constitucionalidad y/o convencionalidad ex officio, a cargo de los jueces nacionales, cuando se detecte que resulta violatoria de algún derecho de la Constitución o de los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte? Con siete votos, la mayoría de los ministros determinaron que la respuesta a esta interrogante debía ser negativa –sólo votaron en contra los ministros Cossío y Silva.

Ahora bien, partir de la publicación de un texto en El Juego de la Suprema Corte acerca de esta discusión, se ha desatado un interesante debate en redes sociales en donde algunos apelan a la prevalencia del principio pro persona sobre el principio de seguridad jurídica y otros apelamos a que ello contribuiría a la diluir del carácter de tribunal constitucional de la Suprema Corte si sus criterios interpretativos fueran inaplicables por jueces inferiores.

Boxeo-DibujoSe critica que la mayoría de los ministros vean al poder judicial de forma vertical y se arguyen que detrás de esta postura existe un inadmisible tufo de infalibilidad. La primera cuestión es obvia. El poder judicial necesariamente se acomoda de forma vertical, donde los criterios de los jueces jerárquicamente superiores se convierten en obligatorios para los jueces jerárquicamente inferiores, no por infalibilidad, sino por coherencia y unidad del sistema. ¿De qué servirían, de otra manera, los recursos y medios de impugnación si los jueces inferiores van a hacer lo que quieran? ¿Para qué se fija, por medio de la jurisprudencia, qué criterio interpretativo de las normas debe prevalecer?

En este sentido, sobra mencionar que la Corte no es infalible, pero en realidad la cuestión tiene que ver menos con un dogma de fe y más con el sistema de control de la constitucionalidad que hemos ido perfeccionando desde la reforma constitucional de 1994. Si el objetivo ha sido crear un tribunal constitucional; una jurisdicción ocupada únicamente de revisar las cuestiones de constitucionalidad y preservar la unidad y la coherencia del sistema, ¿cómo podemos aceptar que sus criterios sean inaplicados por jueces inferiores? En cualquier sistema con control de constitucionalidad concentrado, los criterios del tribunal constitucional son obligatorios[1]; mientras que en sistemas de control difuso, como el norteamericano, existe la institución del stare decisis, según la cual los criterios de la Corte Suprema son obligatorios[2].

México es un sistema mixto: concentrado y, al mismo tiempo, difuso. Gracias al caso Radilla se activó el control difuso de constitucionalidad al interpretar el artículo 133 de manera acorde a la reforma constitucional de derechos humanos. Sin embargo, el artículo 133 habla de normas formalmente emitidas por el Poder Legislativo (leyes y tratados) y no de normas formalmente emitidas por el Poder Judicial (como la jurisprudencia). En este sentido, el monopolio de la interpretación de la Constitución reside en la Suprema Corte, la cual es el órgano facultado por la propia Ley Fundamental para determinar cuál será el sentido de la Constitución.

Y aquí vienen tres distinciones muy relevantes que introdujo el ministro Zaldívar a la discusión del martes (taquigráfica): a) la distinción entre disposición y norma[3], b) la diferencia entre jurisprudencia de legalidad, jurisprudencia constitucional y jurisprudencia sobre constitucionalidad de normas y c) la diferencia entre inaplicar o desaplicar y no aplicabilidad.

Estas distinciones aportan claridad al debate, pues la primera distinción alude a la diferencia formal entre las normas a las que se refiere el artículo 133, que permiten el control difuso y las del artículo 94 que no lo admiten. La segunda, habla concretamente de la jurisdicción constitucional y se relaciona con la tercera en cuanto a que los jueces –como en el caso colombiano- pueden determinar razonadamente la no aplicabilidad de una jurisprudencia de legalidad cuando el caso que resuelven tiene diferencias relevantes con el caso por el que se sostuvo la tesis o cuando un juez considere que un criterio de la Corte Interamericana es más protector y, por ello, deberá preferirlo sobre el criterio jurisprudencial nacional, aquí tampoco inaplica la jurisprudencia sino que no la aplica porque hay otra más adecuada. (Esta distinción fue rechazada por el ministro ponente por considerar que podría generar confusión. La consulta se limitaba a cuestiones sobre derechos humanos, es decir, a jurisprudencia constitucional).

El punto clave de la inaplicación de normas es que exige un análisis de constitucionalidad/convencionalidad y esta facultad está vedada para todos los jueces inferiores respecto de la jurisprudencia que emita la Suprema Corte. No así respecto de las leyes emanadas del Congreso de la Unión, pues ello está exigido en el artículo 133 constitucional y se realiza hoy a través de esa actividad que hoy llamamos control difuso ex officio.

La verticalidad de los precedentes jurisdiccionales no es una cuestión autoritaria, tiene que ver con la naturaleza de un sistema en el que el órgano de cierre es una Corte que tiene, dentro del poder judicial, la última palabra en cuestiones de constitucionalidad. Nuestro sistema es ciertamente mixto, pero el monopolio de la declaración de invalidez de las normas pertenece a la Corte y sus interpretaciones preceden sobre las de los jueces inferiores.

Así, la jurisprudencia, como criterio con que se decidió un caso particular, construye una regla conforme a la cual los órganos jurisdiccionales, todos, deberán resolver. Ello está directamente relacionado con los principios que sostienen el Estado de Derecho: seguridad jurídica, certeza y previsibilidad sobre las decisiones de los jueces en casos iguales.

Los principios de coherencia y unidad del sistema se garantizan a través de los recursos y medios que tienen las personas para reclamar decisiones con las que no están de acuerdo y que, eventualmente, si presenta una cuestión que es competencia de la Corte, serán dirimidos por ésta. En el mismo sentido, si los jueces consideran que existen criterios contradictorios, contrarios a la Constitución o a los derechos fundamentales, existen vías para que la Corte lo resuelva: solicitud de atracción, de modificación de jurisprudencia o la denuncia de contradicción de tesis.

En suma, no creo que la decisión de esta semana haya sido regresiva; al contrario, va acomodando las piezas de este nuevo sistema de control de constitucionalidad en México, entre las cuales, está naturalmente la seguridad jurídica.

Geraldina Gónzalez de la Vega. Constitucionalista y ensayista. LLM Düsseldorf. Twitter: @geraldinasplace 

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[1] Ha circulado una sentencia de la Corte Constitucional Colombiana (C- 836/01) pero me parece que la Constitución de Colombia no establece la obligatoriedad de los criterios de la Corte y la cuestión que decide en esta sentencia es si los jueces inferiores pueden apartarse de criterios que emite como tribunal de casación. Es decir, la cuestión es si los jueces pueden apartarse de las decisiones de la Corte Constitucional en su función uniformadora de la jurisprudencia, que realiza por la vía del recurso extraordinario de casación. La sentencia, me parece habla sobre la posibilidad de que los jueces se aparten del precedente cuando adviertan que el caso que deben resolver es diferente que el caso resuelto anteriormente.

[2] La Corte Suprema de los Estados Unidos tiene “la última palabra” sobre la interpretación de la Constitución y en este sentido, su interpretación es obligatoria para los tribunales.

[3] La disposición se refiere a la cláusula textual que contiene la norma; la norma es el significado de ese texto.

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Afirma con tino Manuel Atienza[1], que el formalismo no es el único mal que acecha en estos tiempos a quienes interpretan y aplican el Derecho, pero sí es quizás la característica más distintiva —y además nociva— de la cultura jurídica latina.

Ayer, 13 de octubre, la Suprema Corte comenzó a discutir en el Pleno la contradicción de tesis 299/2013, bajo la ponencia del ministro Pardo Rebolledo. La disyuntiva es si los jueces mexicanos, de cualesquiera órdenes jerárquicos, pueden inaplicar la jurisprudencia del Pleno o las Salas de la Suprema Corte por considerarla inconstitucional o inconvencional en los términos en que el expediente Varios 912/2010 “Caso Radilla”, los obliga.

Dado que la polémica suscitada entre ambos Tribunales Colegiados deriva en un cuestionamiento abstracto, omitiré el análisis de las razones que cada juzgado esgrimió para efectos de agilidad en la exposición, y me abocaré —consciente de las limitaciones en las que incurro— a los argumentos que el ministro ponente y el ministro Cossío expresaron en la sesión pública del día de ayer.

jurisprudenciaEl ponente afirma que no es deseable que los jueces de cualquier orden jerárquico sometan a un test de regularidad ex officio a la jurisprudencia de la Corte, ya que ello desvirtuaría el carácter unificador de la jurisprudencia. Lo cual devendría en un caos e inseguridad que terminarían por sufrir los justiciables, al encontrarse ante la incertidumbre que —dicen— la jurisprudencia unificada evita. Finalmente, el ministro Pardo afirma que si algún tribunal advierte la irregularidad de la jurisprudencia de la Corte, no debe inaplicarla, sino hacer uso de los medios que la propia Ley de Amparo prevé para la sustitución y abandono de criterios jurisprudenciales. En conclusión, cualquier inconformidad que controvierta la jurisprudencia de la Corte, debe resultar inoperante, pues su aplicación es inexcusablemente obligatoria.

Así, el ministro Cossío se pronunció en contra del proyecto por estimar que la jurisprudencia de la Corte si bien goza de una presunción de constitucionalidad —al igual que las normas jurídicas emitidas por el legislador democrático—, esta presunción es derrotable en el caso concreto. De ahí que el criterio unificador pueda ser falible e inacabado ante la imposibilidad de que éste abarque todos los supuestos de hecho. Igualmente argumenta que negar la facultad de los jueces para inaplicar estos criterios sería continuar con la construcción de un sistema formalista y vertical de aplicación sistémica de normas, ello sin detenerse a pensar si éstas benefician o perjudican al justiciable.

Los argumentos del ministro Cossío me parecen suficientemente razonables, excepto por la última aclaración que hace. Y donde afirma que el caos e inseguridad a la que alude el ministro ponente no es un tema de preocupación, pues finalmente el sistema permite que la abrumadora mayoría de estas decisiones acaben en manos de los juzgadores de amparo y, en algún momento, el sistema piramidal los lleve a las salas y al pleno de la Corte.

Ahora bien, esta disyuntiva ya ha sido ventilada anteriormente en la primera y segunda sala. Si el lector es asiduo auscultador de la actividad de la Corte, ya podrá adelantar que se trata de criterios discordantes. Tengo noticia de al menos dos: el de la primera sala bajo la ponencia del ministro Cossío, el cual citó ayer en su intervención y donde traza las razones que expuse en líneas anteriores, es decir, está a favor de la inaplicación difusa de la jurisprudencia. Por supuesto, dicha inaplicación no está exenta de la argumentación que para ello se requiere, ni de los parámetros que las tesis del Caso Radilla exigen paso a paso.[2] Valga decir, que este proyecto fue desechado en la sala por votación de cuatro contra uno.

El segundo, por parte de la segunda sala, bajo la ponencia de la ministra Luna Ramos fue el amparo directo en revisión 2126/2012. En esa resolución se dijo que no existe norma alguna que faculte a un juez inferior a poner en tela de juicio la jurisprudencia de la Corte, entre sus líneas puede deducirse que dicha inaplicación supone una falta de respeto a la palabra de la Suprema Corte. Igualmente se afirma que de ser irregular debe acudirse a los parámetros legales de sustitución de jurisprudencia, lo cual tampoco parece muy conveniente, pues persistiría el carácter vertical de la polémica. Y enviaría la Corte un mensaje no menor: si hay dudas sobre mis criterios, yo misma resolveré sobre ello. Por si no fuese suficiente, lo que más resalta de aquella sentencia es que el último resolutivo da vista al Consejo de la Judicatura para la investigación de una probable responsabilidad disciplinaria.

Muchas instituciones decimonónicas son las que todavía venimos arrastrando en el diseño judicial mexicano, y los remiendos que se les ha hecho terminan por mezclar ideas que me parece son incompatibles. Cuando en México no existía la independencia judicial, la jurisprudencia servía muy bien para un propósito: limitar la creatividad y discreción de los jueces. El ideal constitucional que hoy se propone, con facultades de control difuso en todos los jueces aplicando las disposiciones del artículo primero constitucional, ya no parece concordar con esos fines.

El argumento toral del proyecto no parece resistir un análisis riguroso. Pareciera que la palabra de la Corte fuera un espacio blindado e incontrovertible, para el ponente y quienes hoy lo secunden, el argumento de autoridad y de seguridad jurídica son valores absolutos, característica que —según Atienza— es esencial para identificar a un formalista. Además resulta curioso que la Corte promueva un discurso bajo el cual se puede inaplicar las consideraciones del legislador democrático, pero no las un grupo de once jueces. O todavía más, considerar que la jurisprudencia es diferente a una norma y, por lo tanto, no le aplican los supuestos del control de convencionalidad.

La Corte Suprema de Estados Unidos suele lidiar con este tipo de problemas haciendo uso de lo que ellos llaman percolation, que consiste en dejar que los jueces de todas las jerarquías digan todo lo que tengan que decir sobre un tema. En esta actividad participa también el foro con los planteamientos que lleva a los propios tribunales y también la academia con sus puntos de vista respectivos. Una vez ventiladas y maduradas todas las razones y argumentos, entonces, la Corte Suprema emitirá su resolución. No obstante, quizás sea el diseño tan vertical lo que en México no nos permite tener estos experimentos. Ni hablar del abuso del foro por la suplencia de la queja o la indiferencia de buena parte de la academia.

Es cierto que el Derecho no sólo se conforma por razones sustantivas sino también por las formales, esto es lo que lo distingue de otros instrumentos de control social como la moral. El Derecho es también un fenómeno de autoridad, empero, la alusión a la autoridad es —como cualquier otro— un principio derrotable, que puede ceder ante otros que en el caso concreto resulte más conveniente priorizar. Así, formalista no es aquel que aplica las normas, sino quien lo hace sin detenerse a analizar las razones que a éstas subyacen.

Juan Luis Hernández Macías. Estudiante de Derecho por la Universidad de Guanajuato. Mail: jlhernandezmacias@gmail.com

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[1] Atienza, M., “Cómo desenmascarar a un formalista”, Isonomía, núm. 34, abril de 2011, pp. 199-201.

[2] Véase: Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Décima Época, tomo 1, diciembre de 2011, P. LXIX/2011, p. 552, cuyo rubro reza: PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.

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Acaba de salir publicado el libro Jurisprudencia del Tribunal Constitucional español, que tiene como objetivo reflexionar, criticar y dar a conocer la doctrina de dicho Tribunal sobre algunos temas de actualidad. El trabajo es fruto de la iniciativa de los analistas de doctrina (2010-11) y del desinteresado apoyo de algunos letrados del Tribunal Constitucional español, así como del director de la biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Constitucional, Eduardo Ferrer. Los analistas del Tribunal se renuevan cada año y son seleccionados a través de un concurso público abierto en el que puede participar gente de cualquier procedencia. Nuestras tareas consisten básicamente en estudiar y analizar la doctrina del Tribunal. Durante el período 2010-11 tres de los seis analistas fuimos mexicanos.

Este libro nació con el fin de compartir nuestro trabajo con los lectores mexicanos que están interesados en el derecho constitucional comparado, pero sobre todo contribuir a la discusión teórica en nuestro país. Desde este punto de vista, esta obra no pretende ser una difusión acrítica de lo hecho en otras latitudes, sino un instrumento más para llevar a cabo nuestros propios debates.

A continuación, usando las palabras del ministro Fernando Franco y que se pueden leer en el prólogo que amablemente escribió para la obra, se resume el contenido de la misma.

“En lo que atañe a las funciones sustantivas, la obra se integra con:

  • La contribución que realiza Ana Ylenia Guerra para comprender el fascinante y complejo espectro que se abre con la evolución científica en materia de bioética, particularmente en el campo de la Biología y de las Ciencias de la vida y sus aplicaciones tecnológicas (en temas tan polémicos como son los relativos a derechos reproductivos –reproducción asistida-, interrupción voluntaria del embarazo, muerte digna, entre otros), para el análisis y protección de los derechos humanos;
  • El trabajo de Luis Felipe Nava Gomar, el cual se ocupa de los problemas de la interpretación a la luz de los métodos seguidos por la suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos y del Tribunal Constitucional español, pronunciándose en el sentido de considerar como la más adecuada actualmente a la que se ha denominado “interpretación evolutiva”, que según el autor consiste en una adaptación de la norma constitucional a la realidad social por parte del juez constitucional. Permite la plena eficacia de la Constitución y dota de contenido vacios jurídicos (generados en casos concretos) que pueden generar una desprotección en los derechos y libertades del ciudadano que son considerados como fundamentales para una sociedad en un momento y lugar determinados.; y
  • El estudio que realiza Nuria Sangüensa sobre los conflictos jurídico constitucionales que presenta la protección del derecho a la libertad personal, así como las libertades de residencia y circulación en el caso de los extranjeros, que aunque referido al caso español, se universaliza en cuanto a las consideraciones que formula en relación con la extensión de la protección de derechos fundamentales que atañen a las minorías cuyos integrantes no se encuentran representados de la forma ordinaria en el proceso de formación de la Ley.

En lo que está vinculado a las funciones sustantivas de la jurisdicción constitucional en el ámbito de la estructura estatal y la relación entre poderes, se encuentran:

  • Respecto de la jurisdicción internacional, el estudio elaborado por Cristina Izquierdo sobre los enfrentamientos entre las jurisdicciones constitucionales en materia de derechos fundamentales, a la luz de la experiencia española frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el que presenta los casos de tensión entre esos dos órganos de control, particularmente cuando el tribunal internacional pretende imponer un estándar de protección menor en materia de derechos fundamentales que el que ha adoptado jurisprudencialmente el órgano límite de control constitucional nacional.
  • En lo que atañe al orden interno, Amuitz Garmendia y Luis Alberto Trejo aportan el interesante estudio sobre el Federalismo Judicial en Estados Compuestos, en el que analizan los modelos de España y México bajo el presupuesto de que los requisitos que tipifican el federalismo judicial en esos esquemas estatales son: que tanto el Estado como las entidades territoriales (así llamadas por los autores) tengan competencias sobre lo que se denomina autonomía institucional en lo judicial; que cada sistema judicial (el estatal y los regionales) tenga autonomía jurisdiccional, y la necesaria existencia, en lo que afecta al ejercicio de la jurisdicción, de articulaciones entre el sistema central y los subsistemas territoriales que eviten lagunas y soluciones, las contradicciones o las discriminaciones que pueden darse en aplicación del derecho por los órganos judiciales de las entidades territoriales; y
  • Roberto Niembro escribe sobre la teoría del diálogo constitucional entre los jueces y los legisladores, que considera que el juez es parte de una práctica racional y comunicativa en la que escucha y a la vez responde por tanto, pretende ser un modelo alternativo en el que ninguno de los actores constitucionales puede prevalecer en todos los casos por lo que se identifica como un proceso compartido en que los interlocutores discuten sus respectivas visiones, bajo la premisa de que lo que esta teoría sugiere es cooperación, intercambio y, principalmente, moderación mutua.

En el segundo bloque, referido a trabajos relacionados con aspectos procesales, se ubican:

  • El de Ignacio Torres que desarrolla el tema de la legitimación en los procesos constitucionales en España, en el que después de hacer un análisis de los criterios que ha sostenido el Tribunal Constitucional en ese país, concluye que la tendencia en los últimos años ha sido poco proclive a explorar nuevas legitimaciones y que, cuando no ha hecho una interpretación estricta y restrictiva de la ley, ha sido porque se trataba de confirmar líneas jurisprudenciales muy consolidadas, explicando tal tendencia en el contexto de evitar el desbordamiento de la justicia constitucional por el crecimiento de las cargas de trabajo, fenómeno que es común a todos los tribunales constitucionales; y
  • El análisis pormenorizado que Luis Pomed realiza sobre el trámite de admisión de la Cuestión de Inconstitucionalidad en el régimen español -que es dable en un sistema de control concentrado de constitucionalidad-, por lo que España ha desarrollado esa figura como una cuestión de colaboración entre jurisdicciones, dado que a través de esta institución los jueces y Tribunales que consideren que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución Española, tienen expedita la facultad para plantear la cuestión ante el Tribunal Constitucional, para que éste resuelva sobre la inconstitucionalidad planteada.”

Esperamos que sea de su interés.

Roberto Niembro O. Investigador de la ELD.

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