La política tributaria del Gobierno del Distrito Federal, basada en un principio de eficiencia en la recaudación, le ha permitido incrementar su nivel de ingresos al grado de que la mitad de su gasto se obtiene sin depender de las participaciones del Gobierno Federal. El aumento de percepciones por impuesto sobre nóminas, predial y derecho por el uso y suministro de agua es considerable pero específicamente en el rubro de aprovechamientos, donde se incluyen las multas de tránsito, tan sólo del ejercicio fiscal 2010 al 2011, el Distrito Federal consiguió una recaudación mayor a un 63.8 %[1]. Una situación a la cual ninguna entidad federativa ni siquiera aspira.

Sin el ánimo de restar mérito a lo anterior, también debe exponerse la reticencia del Gobierno del Distrito Federal para respetar las tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte cuando se trata de sus finanzas.  Un ejemplo actual, que incumbe a todos los propietarios de vehículos de la capital, es la inconstitucionalidad de la verificación vehicular obligatoria.

En términos de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 193/2009, lel hecho de que la verificación de los vehículos esté sujeta al pago de adeudos fiscales viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en el artículo 16 de la Constitución. Ello porque al condicionar la obtención de la verificación vehicular al pago de impuesto sobre tenencia, se rebasa la finalidad perseguida por el Programa, consistente en prevenir, controlar y reducir las emisiones de contaminantes provenientes de vehículos en circulación. No se advierte razón objetiva que justifique los requisitos fiscales para asegurar una calidad de aire satisfactoria para la salud y el bienestar de la población.

Desde el 4 de noviembre de 2009, la Segunda Sala de la Corte aprobó esta tesis de jurisprudencia, estableciendo que los Programas de Verificación relativos al segundo semestre de los años 2006 y 2007, son inconstitucionales. No obstante ello, el Gobierno del Distrito Federal ha venido repitiendo hasta la fecha el mismo vicio de inconstitucionalidad.

En el apartado 8.1, del actual Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Primer Semestre del Año 2012, se establece como obligación presentar el vehículo sin adeudos por infracciones al Reglamento de Tránsito Metropolitano, así como sin adeudos del Impuesto Sobre Tenencia y Uso Vehicular de los años 2005 y posteriores. Asimismo establece que no se prestará el servicio de verificación cuando se presenten estos adeudos. Situaciones que muestran que subsiste el vicio de inconstitucionalidad y que resulta aplicable por analogía la tesis de jurisprudencia 2a./J. 193/2009.

Ciertamente el pago de adeudos fiscales en nada contribuye a la conservación y mejoramiento de la calidad del aire del Distrito Federal, ni tampoco a la protección de la salud humana o al aumento del nivel de vida de la población. Sin embargo, es innegable que este requisito de verificación constituye un mecanismo de recaudación muy efectivo. Esto porque permite percibir cantidades millonarias sin el costo administrativo de la fiscalización y el cobro coactivo de adeudos.

Por esta razón financiera el Distrito Federal ha decidido ser reticente a una tesis de jurisprudencia de la Corte. Aprovechándose de las inconsistencias del juicio de amparo, cada semestre se ha repetido impunemente el mismo vicio de inconstitucionalidad en los Programas de Verificación. Esto al no existir una declaratoria general de inconstitucionalidad que beneficiara a todos los interesados.

Actualmente si a un particular se le concedió el amparo, éste no puede alegar una repetición del acto reclamado cada semestre pues se trata de Programas de Verificación formalmente distintos que expide la Secretaría de Medio Ambiente cada seis meses.

Por su parte, aquéllos pocos que acudan al juicio de amparo no obtendrán con certeza una suspensión que les permita verificar sin el condicionamiento fiscal con base en una apariencia de buen derecho y por el peligro que implica la demora. Al no existir un criterio definido, muchos jueces consideran que una suspensión de este tipo tendría efectos restitutorios, propios de la sentencia de fondo. De tal modo el particular deberá esperar más de un mes, hasta que se dicte la sentencia definitiva, para que se le dejen de aplicar los requisitos fiscales del Programa de Verificación. Cuestión que no resulta práctica pues si no se verifica dentro del periodo correspondiente el particular deberá pagar una multa por extemporaneidad.

De este modo se aprecia un auténtico mecanismo de recaudación del Gobierno del Distrito Federal, inconstitucional en principio, pero que por su efectividad recaudatoria y por las inconsistencias del control constitucional, sigue aplicándose en violación al derecho fundamental de seguridad jurídica después de tres años.

No es la primera vez que el Gobierno Capitalino es reticente a una tesis de jurisprudencia. Basta recordar los 293 incidentes de inejecución, sesionados en el Pleno, provenientes en su mayoría de la tesis de jurisprudencia número P./J. 23/2004, que declaró inconstitucional el impuesto predial con base en contraprestaciones. Un impuesto que pese haber sido declarado inconstitucional, permaneció vigente y continuó recaudándose respecto de los contribuyentes que no acudieron al juicio de amparo y respecto de los que sí lo hicieron el Gobierno del Distrito Federal alegó insuficiencia presupuestal para devolver las cantidades que pagaron indebidamente.

Tomando en consideración el irrespeto a la jurisprudencia de la Corte, se advierte que el fortalecimiento de la hacienda pública del Distrito Federal se ha alcanzado no solamente con modernización tributaria, acciones de fiscalización y fomento a la cultura fiscal, sino que además se han empleado mecanismos astutos que en el fondo violan derechos fundamentales. Sin demeritar los logros positivos de la política fiscal, desde un punto de vista crítico, lo cierto es que el Gobierno del Distrito Federal, con el objeto de favorecer la recaudación, ha olvidado que una mayor presencia recaudatoria no debe lograrse violando derechos reconocidos tanto en el texto constitucional como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.

 

Ramón de la Torre Medina. Estudiante de la facultad de Derecho de la UNAM. Twitter: @RdelaTorreM


[1] Iniciativa de la Ley de Ingresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2012, consultable en:

http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/Proy_2012/iniciativaLeyIngresosdelDF_ejercicioFiscal2012.pdf

Leer completo

En medio de la situación de crisis e inseguridad que atraviesa México, ante el dramático aumento de violaciones a derechos humanos como consecuencia de la fallida guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico, el Pleno de la Suprema Corte recién tuvo la oportunidad de contribuir en el cambio estructural del régimen constitucional y de establecer criterios determinantes en el respeto y garantía de los derechos humanos en el país.

Fue la sentencia del caso Rosendo Radilla vs. México[1] emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) la que llevó a nuestra corte constitucional a pronunciarse respecto de las obligaciones del Estado mexicano, en particular del Poder Judicial, en relación a los tratados internacionales que forman parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Durante las últimas dos semanas fuimos testigos de un histórico debate entre los ministros de la Corte, en el que se tomaron diversas decisiones. Algunas innecesarias, otras incompletas pero también otras transcendentales para la implementación de las recientes reformas constitucionales de derechos humanos y la eficaz armonización del derecho internacional en materia de derechos humanos y el orden jurídico nacional.

Decisiones innecesarias

En las primeras sesiones, el debate se centró en relación al cumplimiento y a los alcances de la sentencia del caso Radilla para el Poder Judicial. Aquí se presentaron intervenciones un tanto conservadoras de algunos ministros que al buscar controvertir la decisión de la CorteIDH, mediante conceptos como “el principio de reciprocidad” o la “soberanía nacional”, llevaron la discusión del Pleno a un terreno donde la Corte carece de competencia alguna. Esto se debe a que un tribunal nacional, cuyo Estado se sometió a la competencia de un tribunal internacional, no tiene facultades para revisar las decisiones emitidas por dicho tribunal. Este es, precisamente, el caso de México ante la CorteIDH, al reconocer su competencia contenciosa desde el 16 de diciembre de 1998, además de que como se consagra en el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado que le otorga competencia a la CorteIDH, sus fallos son definitivos e inapelables.

Consecuencia de esta discusión y de la posición de algunos ministros en relación a que la sentencia de Rosendo Radilla obligaba únicamente al Poder Legislativo y no así al Judicial,  se llevó a cabo la votación acerca de sí las sentencias emitidas por la CorteIDH contra el Estado Mexicano eran obligatorias para el Poder Judicial, votación que resultaba ociosa en virtud de que como lo señaló Sergio García Ramírez, quien fuera Juez Presidente de la Corte Interamericana, “el Estado viene a cuentas en forma integral, como un todo (…) No es posible seccionar internacionalmente al Estado, obligar ante la Corte sólo a uno o algunos de sus órganos, entregar a éstos la representación del Estado en el juicio sin que esa representación repercuta sobre el Estado en su conjunto.”[2]

Decisiones incompletas

En relación a la decisión de la Suprema Corte de considerar “orientadores” los criterios jurisprudenciales de la CorteIDH, la decisión resulta acotada e  incluso contradictoria con los criterios que se establecieron con posterioridad en la sesiones del Pleno y al principio pro persona emanado del artículo 1° constitucional. En virtud de que como señaló la ministra Sánchez Cordero, los criterios jurisprudenciales de la CorteIDH son “pautas imprescindibles de interpretación.”

Resulta interesante señalar que es la misma CorteIDH, precisamente en una sentencia contra México, en el caso de los campesinos Cabrera García y Montiel Flores[3], la que realiza un  estudio comparado en relación a las decisiones de tribunales constitucionales en Latinoamérica sobre el tema. Dentro de dicho estudio destaca la decisión de la Corte Suprema argentina, la cual se refirió a los criterios jurisprudenciales como “una insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia y, en consecuencia, también para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos.”[4]

En el mismo sentido, la Corte Constitucional Colombiana estableció que “la jurisprudencia de las instancias internacionales, encargadas de interpretar esos tratados, constituye un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de las normas constitucionales sobre derechos fundamentales.” [5]

En este contexto, la decisión de la Corte mexicana de únicamente considerar la jurisprudencia de la CorteIDH como “orientadora” para el Poder judicial y no desarrollar de manera más profunda la importancia de los precedentes interamericanos es incompleta y de alguna forma incongruente con la decisión del Pleno de la Suprema Corte de establecer el deber de ejercer el control de convencionalidad de carácter difuso, en virtud de que la jurisprudencia de la CorteIDH como lo señaló el ministro Zaldívar es coherente completamente no sólo con el espíritu sino con letra del actual artículo 1° constitucional.

Decisiones transcendentales

El deber de ejercer el control de convencionalidad de carácter difuso, es sin duda la decisión más importante y paradigmática de la Suprema Corte mexicana en materia de derechos humanos. Pero, ¿qué significa dicho control y cuáles son las consecuencias de semejante decisión? El control de convencionalidad de carácter difuso consiste en que todos los jueces tienen la competencia para dejar de aplicar una ley en un caso concreto por contravenir a la Constitución, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y bajo la interpretación más favorable a la persona, es decir conforme al principio pro homine.

La Suprema Corte retoma el criterio jurisprudencial de la CorteIDH en la sentencia del caso Rosendo Radilla al establecer que es deber del Poder Judicial de la Federación ejercer el control de convencionalidad ex officio entre las normas internas y la Convención Americana en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes.

La intención de la CorteIDH como señala el académico Ferrer Mac-Gregor  en su voto razonado del caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, es la tendencia de la “constitucionalización” o, si se prefiere, “nacionalización” del “derecho internacional de los derechos humanos” y particularmente la aceptación de su jurisprudencia convencional como elemento “hermenéutico” y de “control” de la normatividad interna por parte de los propios tribunales internos.”[6]

La decisión de la Suprema Corte en relación al control de convencionalidad difuso nos lleva a reflexionar acerca de las responsabilidades que tienen ahora todos los integrantes del Poder Judicial de que dicho control de convencionalidad coadyuve con los criterios de la CorteIDH y se logré por parte del Estado una mayor defensa y desarrollo de los derechos humanos.

Finalmente, la Suprema Corte acata la decisión de la CorteIDH al replicar el criterio del caso Radilla que establece que bajo ninguna circunstancia puede operar el fuero militar frente a situaciones de vulneración a derechos humanos en contra de civiles. Decisión que por las circunstancias en las que el gobierno ha expuesto a los habitantes de este país, resulta trascendental para no permitir que violaciones a derechos humanos perpetradas por militares queden en la impunidad como hasta ahora.

Sin embargo, el Poder Legislativo aún tiene la obligación de reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar ya que como lo señaló la CorteIDH en el caso Valentina Rosendo Cantú, la iniciativa enviada por Felipe Calderón resulta insuficiente conforme a los estándares internacionales y a lo estipulado en el artículo 2° de la  Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Asimismo, la Procuraduría General de la República y la Secretaria de la Defensa Nacional deben acatar la restricción al fuero militar en los casos que esté conociendo actualmente la jurisdicción castrense y en casos futuros. La lucha para que la decisión tomada por la Corte sea una realidad debe continuar, las lamentables declaraciones emitidas por el gobierno federal y por miembros de la SEDENA en los últimos días respecto del fallo de la Corte obligan a la sociedad en general a darle seguimiento al tema y a exigir que se cumpla con dicha restricción en todos los casos.

De esta manera, tal como concluyó el presidente de la Suprema Corte los debate propios de este asunto, estas decisiones forman parte de un cambio cultural en nuestro país del régimen constitucional respetuoso de los derechos humanos. El cual no debe quedarse en papel, a partir de ahora existe el compromiso y el deber por parte de todos los jueces mexicanos y por parte de los litigantes también, de aplicar el artículo 1° constitucional, y de llevar a cabo una verdadera capacitación y estudio del derecho internacional de los derechos Humanos. Esto con el objetivo de que se ejerza el control de convencionalidad conforme a los principios de universalidad, indivisibilidad y progresividad. Pues no hay que olvidar que ahora México, a través de la vía jurisdiccional, tiene la oportunidad de que por fin el pleno respeto de los derechos humanos sea una realidad.

Adriana Muro. Abogada de Litiga OLE. Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos A.C. Twitter: @adrianawall


[1] Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_209_esp.pdf

[2] Corte IDH. Voto razonado Juez Sergio García Ramírez. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101. Párr. 27.

[3] Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220.

[4] Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina, Mazzeo, Julio Lilo y otros, recurso de casación e inconstitucionalidad. M. 2333. XLII. y otros de 13 de Julio de 2007, párr. 20

[5] Sentencia C-010/00 emitida el 19 de enero de 2000 por la Corte Constitucional de Colombia, párr. 6.

[6] Corte IDH. Voto razonado Juez Ad Hoc Eduardo Ferrer Mac-Gregor. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220. Párr. 29.

Leer completo