La comparecencia de la sexta terna se llevó a cabo el día de hoy por la tarde. La terna se encuentra integrada por Indalfer Infante González, Eugenio Reyes Contreras y Angel Zarazua Martínez, todos con experiencia como juzgadores.

El primero en comparecer fue Indalfer Infante, quien tiene una larga carrera judicial, ha sido juez de distrito, magistrado de circuito y consejero de la judicatura. Expuso sobre los criterios de la SCJN y de la Sala Superior respecto paridad de género horizontal y vertical. Al exponer su candidatura a la Sala Superior ofreció ser un juez electoral de tiempo completo, juzgar a partir del caso concreto y no a partir de sus ideas o criterio.

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Al responder las preguntas formuladas por los senadores expuso con bastante claridad y seguridad la diferencia entre los criterios emitidos por la SCJN y la Sala Superior sobre temas de género; sin comprometer su criterio, señaló que quienes integren próximamente la Sala Superior deben confirmar los criterios que amplían derechos de la ciudadanía, aunque estimó que el debate sobre el alcance del principio de paridad de género le corresponde al constituyente y no a los jueces. También explicó el criterio sostenido por la SCJN respecto del caso Radilla Pacheco y el impacto que tuvo en el control de constitucionalidad que ejercen los jueces. Sobre el recurso de reconsideración señaló la necesidad de revisar los criterios de procedencia emitidos hasta ahora por la Sala Superior y acotarlos. Sostuvo que en su concepto las Salas Regionales son independientes de la Superior y ésta no es su superior jerárquico.

Indalfer Infante justificó su idoneidad para ocupar el cargo en su experiencia como juzgador en diferentes materias, señalando que independiente de la materia que se trate lo relevante es el estudio que cada quien realiza de los casos y la interpretación que le da a la ley, lo cual ha realizado en los últimos 20 años.

Angel Zarazua Martinez fue el segundo en comparecer, él fue magistrado de la Sala Regional Ciudad de México, expuso de manera descriptiva sobre temas relacionados con el modelo de comunicación política, concretamente sobre la prohibición de difundir propaganda denigratoria y propaganda personalizada de servidores públicos. En ningún momento manifestó su criterio sobre los casos resueltos respecto de dichos temas y tampoco expresó la idoneidad de su candidatura o alguna propuesta en caso de asumir como magistrado electoral.

Fue cuestionado sobre las sanciones en materia de fiscalización, uno de los temas favoritos del día, también sobre libertad de expresión y nulidades de elecciones en caso de rebase de topes de gastos de campaña. Sus respuestas fueron descriptivas de la ley y del contenido de las sentencias, mostrando que conoce los criterios emitidos por la Sala Superior y la ley electoral. Sin embargo, no emitió algún criterio propio sobre los temas, ello aduciendo que no conocía los expedientes y que como juzgador debe ceñirse al expediente. Señaló que falta precisión en el sistema normativo electoral. También expresó la necesidad de hacer un uso eficiente de los recursos del TEPJF, así como la importancia de las tareas administrativas que tendrán quienes lleguen a la Sala Superior.

Finalmente llegó el turno de Eugenio Reyes Contreras, quien cuenta con 19 años como juzgador de distrito y magistrado de circuito. Es uno de los tres aspirantes que no ha presentado su declaración de conflicto de interés, respecto de lo cual no fue cuestionado. Justificó su idoneidad para ocupar el cargo en su experiencia y desempeño como juzgador en el Poder Judicial de la Federación.

Al responder las preguntas de los senadores, Eugenio Reyes señaló que un juez garantista debe atender a lo dispuesto en la Constitución, se manifestó a favor de que los juzgadores reciban pensión al culminar su cargo, aclarando que ello no implica recibir un haber de retiro. Poco abundó sobre temas propios de la materia, la mayoría de los temas sobre los que fue cuestionado los encaminó a cuestiones relativas al ejercicio de sus funciones como juzgador. Concluyó señalando que ha participado dos veces para ser magistrado de Sala Regional ya que busca poder servir al país, consideró que puede aportar conocimientos jurisdiccionales y experiencia a la justicia electoral.

En el balance: vimos tres comparecencias completamente distintas. La primera con un aspirante muy seguro, con criterios y convicciones definidas, si bien no tiene experiencia en la materia electoral, sí tiene nociones claras sobre temas electorales. El segundo compareciente tiene experiencia en la materia electoral y un conocimiento puntual de la misma, aunque su visión de la justicia electoral es formalista ya que sus posiciones siempre fueron apegada al texto legal, desafortunadamente optó por no comprometer sus criterios sobre temas específicos. El último compareciente centró su exposición en la experiencia que tiene como juzgador, en todo momento evito abordar los temas electorales, por lo que mostró nulo conocimiento en la materia, en las pocas preguntas que le hicieron sobre temas electorales ni siquiera demostró estar familiarizado con ellos.

Así termina el cuarto día de comparecencias, hasta ahora ha sido claro quienes tienen conocimientos en la materia y quienes apuestan por su experiencia en el terreno jurisdiccional, también quienes cuentan con talante para ser juzgadores de la máxima instancia jurisdiccional. Sólo falta la séptima terna, quien comparecerá el día de mañana y, de esta manera, podremos hacer un balance final.

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La Comisión de Justicia desahogó en la mañana del día de hoy la comparecencia de la segunda terna integrada exclusivamente por mujeres —la quinta de la siete de este proceso renovación de magistrados electorales. Dos de ellas provienen del TEPJF, Berenice García Huante quien ha sido funcionara de carrera de la Sala Superior en los últimos 14 años y Janine Madeline Otálora Parra, ex magistrada de la Sala Regional Ciudad de México, ex secretaria instructora de la ponencia del Magistrado Manuel González Oropeza y, actualmente, titular de la recién creada Defensoría de los Pueblos Indígenas. La otra compareciente, María del Pilar Parra Parra cuenta con una amplia carrera en el Poder Judicial, es Magistrada de Tribunal de Circuito.

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En una exposición clara y concreta, poco común en este proceso, Berenice García propuso impulsar la paridad de género desde adentro del TEPJF, promoviendo mujeres para que ocupen altos cargos en la estructura institucional, señaló la necesidad de hacer una revisión al Protocolo de Género elaborado recientemente y de crear una agenda para atender a grupos vulnerables, entre ellos a personas con discapacidad. Dijo que es partidaria de impulsar un tribunal abierto a través de sentencias claras y lenguaje ciudadano, así como para garantizar el acceso a la justicia y la transparencia en el manejo de los recursos públicos. También propuso la creación de un Colegio de Secretarios de Estudio y Cuenta del TEPJF y resaltó los retos que enfrentará la próxima integración de la Sala Superior ante los 30 procesos electorales que se llevarán a cabo en 2018, por ello sostuvo que los próximos magistrados electorales requieren tener experiencia y conocimientos en la materia.

Al responder las preguntas, muchas de ellas un tanto confusas, mostró tener conocimiento en la materia electoral. En cuanto a la imparcialidad en las resoluciones señaló que la mejor garantía para ser un buen juzgador son los conocimientos y el estudio de los asuntos. Sobre el tema de género consideró que más que buscar integrar los órganos a partir de cuotas, se deben integrar en virtud de las capacidades de las mujeres. Fue critica respecto de la Sala Superior, especialmente en cuanto a los criterios que amplían la procedencia del recurso de reconsideración. También expuso que la justicia electoral requiere generar vínculos con la ciudadanía y, por ello, es necesario socializar las sentencias de manera clara. Resaltó que en asuntos sobre sistemas normativos internos de las comunidades indígenas se deben desahogar pruebas periciales antropológicas. Expresó la importancia de tener claridad en los conceptos sobre violencia política y violencia de género para no confundir los temas al momento de resolver asuntos que involucren dichos conceptos. Finalmente, consideró que el control de constitucionalidad abstracto en materia electoral debe seguir haciéndolo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que México no sea parte deben considerarse como una referencia para los órganos que imparten justicia.

La segunda en comparecer fue María del Pilar Parra Parra; con un lenguaje rebuscado expuso sobre la importancia de lograr una paridad de género a partir de las cuotas de género, hizo una amplia narrativa sobre los criterios que hasta ahora ha emitido la Sala Superior y la SCJN sobre el tema. También habló sobre la importancia de la labor del juzgador, la cual en su concepto consiste en desentrañar el punto central de la controversia y valorar el contexto, fijando criterios jurídicos claros y consistentes.

Al responder las preguntas de los senadores mostró escaso conocimiento sobre temas electorales, aunque un dominio de las cuestiones de la judicatura. Centro su idoneidad en la experiencia que tiene como juzgadora. Habló sobre el uso de lenguaje de género, el cual no lo considera prioritario, también expuso sobre el proceso de nombramiento de juzgadores de distrito y las magistraturas de circuito, así como la transparencia y rectitud que deben observar los juzgadores en el ejercicio de sus funciones. Las preguntas que le hicieron sobre particularidades de la materia electoral las respondió de manera genérica e imprecisa.

La tercera compareciente, Janine Madeline Otálora Parra, expuso sobre criterios de fiscalización, específicamente la proporcionalidad de la sanción en el caso de presentación extemporánea de los informes de gastos y habló sobre las cualidades que deben tener los juzgadores electorales, entre ellos capacidad de diálogo, adaptabilidad y creatividad. Consideró que la justicia electoral es un espacio de construcción y consolidación de quienes intervienen en la arena jurídica electoral y que debe privilegiarse el trabajo colectivo y coordinado. Propuso la creación del mediador electoral al interior de los partidos políticos para evitar la judicialización de los asuntos partidistas y también la implementación de un juicio en línea. Señaló la necesidad de reflexionar sobre la definitividad de las sentencias de las Salas Regionales y los supuestos de procedencia del recurso de reconsideración. Concluyó proponiendo la implementación de un vocero del TEPJF para explicar los alcances de las sentencias.

Fue cuestionada sobre temas de género y candidaturas independientes, así como de comunidades indígenas, causas de nulidad de la elección y las sanciones en materia de fiscalización, entre otros múltiples temas. Sus respuestas fueron claras y detalladas, dejando ver en muchas de ellas su criterio jurídico y su posición frente a los precedentes de la Sala Superior, así como su amplio conocimiento en la materia electoral. Destacó que es partidaria de resolver las impugnaciones a través del consenso. Explicó a detalle el caso de la presidenta municipal de Chenalhó, el cual fue planteado por la Defensoría a su cargo, para lo cual señaló que centró su planteamiento en la violencia política de género.

En el balance: insistimos nuevamente en la calidad de las preguntas, pues muchas veces es difícil entender lo que pretenden los senadores con sus cuestionamientos, además, la mayoría versan sobre los mismos temas: equidad de género y candidaturas independientes. En cuanto a las comparecientes, probablemente hoy escuchamos a las dos aspirantes que han demostrado tener mayor dominio y conocimiento de la materia electoral, al menos en las comparecencias. Berenice García y Janine Otálora hicieron propuestas concretas para mejorar la justicia electoral y hacerla más accesible, fueron criticas respecto de los criterios de la Sala Superior y mostraron tener conocimiento y experiencia suficiente en temas electorales. María del Pilar Parra hizo énfasis en su amplia experiencia en distintos cargos en el Poder Judicial, pero mostró poco dominio sobre la materia electoral.

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El jueves pasado la Comisión de Justicia del Senado de la República desahogó el segundo día de comparecencias de los aspirantes a integrar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Por la mañana comparecieron las integrantes de la segunda terna, una de las dos conformadas exclusivamente por mujeres.

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En primer lugar habría que destacar el formato de las comparecencias: una exposición inicial de los aspirantes en el que justifican su idoneidad para ocupar el cargo, el contenido de los ensayos presentados y el papel que piensan desempeñar en caso de llegar a ocupar la magistratura. Posteriormente, se realizan siete rondas de preguntas, entre las que se incluyen las elaboradas por la sociedad civil. La duración de cada comparecencia oscila entre 1:30 y 2 horas, tiempo suficiente para hacer un escrutinio minucioso sobre el conocimiento que cada aspirante tienen en materia electoral, su criterio jurídico y su visión general sobre la justicia electoral y el sistema electoral mexicano.

Desafortunadamente, en las comparecencias hasta ahora realizadas no se ha aprovechado el formato para conocer el criterio jurídico de los aspirantes, ni su visión sobre la justicia electoral, ello en buena medida se debe a la baja calidad de las preguntas que realizan los senadores, mismas que se centran en temas que no son propios de las funciones y atribuciones que desempeña quienes ocupan una magistratura en la Sala Superior. Por ejemplo, en numerosas ocasiones les han cuestionado sobre delitos electorales, otras veces los temas han sido sumamente repetitivos, equidad de género y candidaturas independientes han ocupado la mayor parte de la discusión e, inclusive, se han aprovechado las preguntas para exponer situaciones personales ocurridas en campaña y en las que la justicia electoral no falló de manera favorable.

Los comparecientes tampoco han contribuido al escrutinio necesario para conocer cada perfil, ya que en algunos casos las respuestas son vagas y genéricas, aunado a que la crítica al desempeño de la actual integración de la Sala Superior ha sido mínima, ello a pesar de que los senadores han enfatizado sobre los constantes cambios de criterios.

En ese sentido, nos gustaría que se presentaran preguntas más puntuales que permitan conocer el criterio jurídico de quienes aspiran a integrar la Sala Superior, e inclusive conocer su visión sobre el balance de la justicia electoral en los últimos 10 años, los retos que tienen hacia los próximos nueve (que será cuando se renueve totalmente la integración que ahora se designe), además de identificar las fortalezas y debilidades de las dos integraciones anteriores.

En cuanto a la terna integrada por Claudia Mavel Curiel, Silvia Gabriela Ortiz Rascón y Mónica Aralí Soto Fregoso, podemos destacar que todas cuentan con una amplia experiencia en órganos jurisdiccionales, incluyendo los electorales. Claudia Mavel tiene estudios de doctorado, desde 1992 ha ocupado distintos cargos en el Poder Judicial de la Federación, siendo designada en 2009 como Jueza de Distrito y, en 2013, Magistrada de Circuito. Silvia Gabriela Ortiz, es licenciada en Derecho, nunca ha sido jueza, pero ha ocupado diferentes cargos en el TEPJF, entre ellos Secretaria General de Acuerdos, actualmente es Secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Mónica Soto tiene una maestría y 22 años de experiencia en la materia electoral, de 1994 a 2007 trabajó en el IFE y desde ese año ha sido juzgadora electoral a nivel local y en la Sala Regional Guadalajara.

En la comparecencia, Claudia Mavel Curiel dejó ver que estudió de manera muy minuciosa las sentencias que le sirvieron de base para elaborar sus ensayos, pues habló clara y ampliamente sobre candidaturas independientes y los tweets difundidos durante la veda electoral a favor del Partido Verde Ecologista de México, pero también se percibió que a pesar de haber sido Secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior en la integración que concluyó en 2006, desconoce los criterios de la actual integración, ya que cuando se le preguntó sobre casos relevantes y polémicos resueltos en últimas fechas, no pudo hacer referencia a ninguno en concreto, respondiendo de manera genérica y vaga.

Silvia Gabriela Ortiz Rascón fue cuestionada sobre temas de género, representación proporcional, elecciones bajo sistemas normativos internos, diseño de distritos electorales y designación de integrantes de los organismos públicos locales. En la mayoría de sus respuestas demostró que tenía un amplio dominio y conocimiento sobre los temas, explicó detalladamente los procesos para la asignación por el principio de representación proporcional, el proceso de diseño de los distritos electorales, así como las responsabilidades de los consejeros electorales locales. Lamentablemente poco pudimos conocer sobre su criterio jurídico, ya que sus respuestas se limitaron a ser descriptivas del contenido de la ley y poco profundas en cuanto a su posición sobre el tema cuestionado. El único momento en que Silvia Gabriela Ortiz fue crítica respecto de los criterios de la Sala Superior fue cuando señalaba que alguno de ellos se contraponían con los de la SCJN –lo cual, en sentido estricto, es también una mera descripción.

Fue la única aspirante a la que se le cuestionó sobre el desempeño de sus cargos anteriores, concretamente sobre su salida como Secretaria General de Acuerdos de la Sala Superior en 2007, cuya respuesta fue que se debió al cambio de la presidencia, pues ella fue designada por el Magistrado Flavio Galván Rivera y en ese año la presidencia la asumió la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa; no obstante, enfatizó que su conducta y desempeño siempre ha sido intachable.

Finalmente, Mónica Aralí Soto comenzó su comparecencia destacando sus logros como Presidenta de la Sala Regional Guadalajara, los cuales dejó ver como propios y no institucionales, señaló que instituyó las audiencias virtuales. Los senadores le hicieron diversas preguntas sobre temas de género, las cuales le permitieron explayarse ya que es uno de las banderas que ha adoptado como magistrada.

Llamó la atención que Mónica Soto señaló estar en desacuerdo con que los jueces modifiquen la legislación “a punta de sentencias”; sin embargo, cuando se le cuestionó sobre los criterios de la Sala Superior para ampliar la procedencia del recurso de reconsideración y crear de facto una segunda instancia electoral, manifestó estar de acuerdo con que a partir de jurisprudencias se establecieran nuevos supuestos de procedencia del llamado REC.

En el balance, las comparecientes mostraron conocer la materia electoral, aunque fueron demasiado cuidadosas en sus exposiciones a efecto de no comprometer su criterio, evitaron en la medida de lo posible la critica hacia la Sala Superior y poco dejaron ver sobre su visión de la justicia electoral a futuro.

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Imaginemos un juego de fútbol sin porterías, o una carrera de coches sin meta. Supuestos, a todas luces, extraños, un tanto absurdos, por desmerecer el sentido y la esencia de tales fenómenos. En el primer caso, al momento en que los futbolistas se enfrenten entre sí, sin tener noción alguna de los criterios para triunfar o perder en la contienda, estos quedarán al absoluto arbitrio de sus voluntades para valorar sus actuaciones. En la segunda hipótesis, cuando los vehículos en disputa no pueden distinguir el final del trayecto, la competencia deja de ser competencia por su carácter imperecedero. Al carecer de una línea de llegada, quienes manejan los coches están en posibilidad de utilizar cualquier tipo de habilidades con el fin de concluir su actividad.

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Utilizamos este par de ejemplos, a manera de metáforas, para enfatizar la función medular que ejerce el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en el actual panorama jurídico-político en México. Si bien en el juego electoral participan distintas autoridades —la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Instituto Nacional Electoral, las autoridades electorales locales—, el TEPJF es mucho más que un mero árbitro que vigila la aplicación de reglas del juego, mucho más que un órgano que fija parámetros para encauzar el buen desarrollo de determinados procesos.

En un país en el que la desconfianza es constante y la certidumbre excepción, el TEPJF no solo se encarga de poner punto final a los comicios que determinan el rumbo político de México cada mandato. Por la complejidad de nuestro sistema normativo, el TEPJF tiene la delicada labor de dotar de sentido a un sistema electoral que ahora es federal, local y concurrente. Debe, pues, armonizar y ensamblar las diferentes piezas del andamiaje institucional, para reflejar y proteger las decisiones populares, para garantizar los derechos político-electorales de los involucrados pero, también, para contribuir a la consolidación democrática de nuestra cultura jurídica.

En días pasados, la SCJN envió al Senado de la República siete ternas para integrar el órgano que está encargado de resolver, en forma definitiva e inatacable, las impugnaciones de prácticamente todas las elecciones federales y locales de nuestro país. Nos referimos, por supuesto, a la Sala Superior del TEPJF.

De 21 personas propuestas, durante las próximas semanas, solo siete serán designados para ocupar el cargo de magistrados electorales. La gran responsabilidad que recae sobre este encargo radica, más allá de fungir como piezas claves en la institucionalización democrática del país, en brindar certeza y confianza a la ciudadanía. Por eso debe garantizarse que las decisiones que emitan los futuros integrantes de Sala Superior no tengan más parámetro que lo dispuesto en la Constitución y la ley. Por eso es indispensable que los designados no respondan a actores, públicos o privados, que buscan tener una influencia indebida en las elecciones.

Para bien y para mal, al día de hoy el resultado final de una elección no solo depende de las urnas. Pensemos, simplemente, en la posibilidad de anular elecciones, o bien, de decretar un cambio de ganador mediante la anulación de casillas. La importancia de la independencia judicial es directamente proporcional al poder de los jueces, y quizá lo es más en la arena electoral, en ese ámbito donde la política suele diluirse con el derecho.

La designación de los magistrados electorales es importante, además, por la forma en que ha funcionado la justicia electoral durante los últimos años. A lo largo de su actual integración, la Sala Superior ha dictado una serie de sentencias que no sólo resultan cuestionables en términos técnicos, sino que además han tenido el efecto de poner en jaque el funcionamiento de algunas piezas del sistema electoral. Así ha quedado documentado en diversos trabajos académicos, entre los que se encuentran Democracia sin garantes: las autoridades electorales vs. la reforma electoral (2009) y La (in)justicia electoral a examen (2016).

En general, parece que la Sala Superior no ha construido una línea jurisprudencial coherente y acorde con su papel de máxima autoridad en materia electoral. Si bien se puede celebrar el sentido de muchas determinaciones del TEPJF —pensemos, para no ir más lejos, en los asuntos relacionados con la paridad de género— lo cierto es que incluso en algunas de estas sentencias se advierte una falta de claridad y calidad argumentativa. Hace falta, pues, construir una justicia electoral más consistente y cercana la ciudadanía; una justicia electoral que brinde certeza y confianza.

Por eso creemos que el Senado tiene en sus manos la oportunidad de abrir una nueva etapa para la justicia electoral. Por la manera en que fueron conformadas las ternas, parecería que la Suprema Corte apostó por garantizar cierto grado de diversidad. Tendremos, pues, magistradas y magistrados electorales con trayectorias profesionales diversas. Falta, sin embargo, lo más importante: garantizar que a la Sala Superior lleguen perfiles sólidos en lo técnico, independientes en lo político y, sobre todo, con madera de jueces constitucionales.

No es poco lo que está en juego. Las elecciones de 2018 están a la vuelta de la esquina y, como muchos han apuntado, muy probablemente sean las más complejas de la historia de la democracia mexicana. Por eso resulta indispensable que, en este contexto, la Sala Superior aporte a la certeza de las elecciones mediante el dictado de sentencias claras, consistentes y socialmente útiles. A nadie le conviene que las elecciones de 2018 se asemejen a un partido sin portería, a una carrera sin meta.

Juan Jesús Garza Onofre. Abogado por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Actualmente realiza estudios doctorales por la Universidad Carlos III de Madrid. Twitter: @garza_onofre.

Javier Martín Reyes. Abogado por la UNAM y politólogo por el CIDE. Actualmente realiza estudios doctorales en la Universidad de Columbia. Twitter: @jmartinreyes

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Este volumen recoge un conjunto de ensayos que —en su mayoría— fueron presentados en el Seminario “La (in)justicia electoral a examen” que tuvo lugar el 16 de mayo de 2016 y fue organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), bajo la coordinación de Hugo Concha Cantú y Saúl López Noriega. Dicho evento tuvo como finalidad principal llevar a cabo un análisis crítico de algunas decisiones recientes, particularmente polémicas, de la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

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El ejercicio, de alguna manera, fue la continuación de otro similar que dio origen a un volumen intitulado Democracia sin garantes; las autoridades vs la reforma electoral que fue publicado en 2009 por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y que contiene ensayos, también críticos, sobre el desempeño de diferentes autoridades —destacadamente el propio TEPJF— ante la reforma electoral de 2007. En ese volumen se expresaron preocupaciones por el desempeño de las instituciones electorales y otras autoridades pues algunas decisiones del Consejo General del IFE, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y aun de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los jueces ordinarios habían puesto en jaque algunos aspectos centrales de la reforma electoral de 2007. En el mismo volumen se explicó por qué era necesario que, desde la academia, se ejerza una crítica permanente de las decisiones jurisdiccionales ya que de la “capacidad analítica y argumentativa de las sentencias depende la fortaleza, legitimidad y aceptación de los tribunales”1

El libro que ahora presentamos complementa el anterior y ofrece a los lectores elementos y argumentos para valorar el desempeño de los tribunales —y de los jueces que los integran— responsables de aplicar e interpretar al derecho electoral que, como es bien sabido, constituye el soporte normativo de la democracia mexicana.

El dato no es irrelevante porque, dado que —como nos enseñó Norberto Bobbio— la forma de gobierno democrática está constituida por un conjunto de reglas y las autoridades electorales —en particular las jurisdiccionales— son las responsables de garantizar la vigencia de las mismas y, por lo tanto, su última misión es la de salvaguardar a la democracia en su conjunto. Precisamente por ello, desde la academia, debemos estudiar y analizar con rigor el funcionamiento de dichas autoridades. Esa es la manera en la que podemos contribuir a crear el contexto de exigencia necesario para que rindan cuentas de su desempeño. Este volumen está orientado en esa dirección.

De hecho, en México, la gran apuesta de toda una generación fue precisamente la de crear ese andamiaje institucional que hiciera a la democracia electoral posible. Durante años —décadas en realidad— se fueron creando y ajustando instituciones para dotar de certeza y credibilidad a los procesos electorales. La premisa de partida era simple y certera: las reglas que hacen a la democracia posible deben ser claras, abiertas, conocidas, predecibles y parejas. Esas reglas las crea el legislador, las aplica, ejecuta y precisa —mediante reglamentos— la autoridad administrativa en la materia (antes el Instituto Federal Electoral; actualmente el Instituto Nacional Electoral) y las garantiza e interpreta —cuando es inevitable y necesario hacerlo— un órgano jurisdiccional, que en el peculiar diseño mexicano corresponde en última instancia la Sala Superior del TEPJF.

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Es importante recordar que esa Sala Superior tiene competencia y facultades equivalentes a las de un tribunal constitucional especializado en materia electoral pues tiene la última palabra en esa materia y es también el órgano responsable de salvaguardar los derechos políticos de los ciudadanos y de calificar —entre otras— la elección del presidente de la República. Además, sus decisiones no son revisables por la Suprema Corte de Justicia y, en algunos casos, tienen efectos de carácter general. Por eso decimos que los magistrados que la integran tienen la responsabilidad de ser los garantes últimos del sistema electoral —y, por ende, de la democracia— en México.

Ese tribunal es así una instancia muy poderosa que está adscrita al poder judicial federal y tiene capacidades propias para interpretar las reglas y controlar su constitucionalidad. De hecho, a lo largo de su historia ha tomado decisiones que han servido para robustecer al andamiaje jurídico de la democracia mexicana —por ejemplo, al fortalecer la democracia al interior de los partidos políticos y ampliar el acceso a la información en materia electoral— y ha enfrentado coyunturas muy complejas, como cuando calificó la elección presidencial de 2006. En esa ocasión la legitimidad ganada por los magistrados electorales de aquella primera integración (1996-2006) a través de sus sentencias, constituyó un factor clave para que la decisión judicial que zanjó el conflicto post-electoral fuera acatada —a final de cuentas— por todos los actores.

Sin embargo, durante la última década, el Tribunal Electoral ha tomado decisiones que desconciertan al observador y preocupan por sus implicaciones en el conjunto del sistema electoral. En particular los cambios inesperados de criterios jurisprudenciales han impedido crear un sistema sólido de precedentes que den estabilidad al sistema y orienten la conducta de los actores. Por lo mismo, la Sala Superior se ha convertido en un factor de incertidumbre pues con frecuencia adopta decisiones que se alejan de sus precedentes y cuya argumentación resulta insuficiente para justificar el cambio. A esa clase de decisiones están dedicados los ensayos que componen este libro.

Esto último merece un comentario aparte. El ejercicio de análisis que ofrecemos a los lectores no pretende ser un balance integral del desempeño del TEPJF a lo largo de una década. Por lo mismo no se ofrece una muestra aleatoria de sus decisiones ni se ponderan temáticamente el conjunto de las mismas. Lo que ofrecemos es una selección puntual de algunas decisiones que, por sus defectos técnicos o sus sesgos políticos, han debilitado —y, en esa medida puesto en riesgo— al entramado institucional electoral mexicano. Esta clase de decisiones han resuelto algunos casos paradigmáticos: la anulación de elecciones en Colima, Aguascalientes y Guanajuato, las multas al PVEM y Morena, el registro del PT, las consecuencias de no entregar los informes de gasto de los candidatos, el alcance de la propaganda electoral, etc.

El sesgo en la selección es claro y está justificado porque, en una materia como la electoral, una sola decisión puede dar al traste con todo un diseño normativo. Lamentablemente la Sala Superior del TEPJF ha adoptado muchas de esas decisiones y con ello ha puesto en jaque esfuerzos institucionales en áreas estratégicas como la regulación de los medios masivos de comunicación, la fiscalización de las campañas o la definitividad de las etapas de los procesos electorales, por citar algunos ejemplos emblemáticos. Lo ha hecho, además, en un halo de impunidad total que se explica por su naturaleza de órgano constitucional límite pero que no puede pasar desapercibido y debe ser roto —para los fines académicos atinentes— por los estudiosos del derecho electoral.

Más allá de los comentarios puntuales a las sentencias que se analizan, el libro que ahora presentamos plantea algunas preguntas más generales sobre las que conviene reflexionar. ¿Cuándo y en qué circunstancias un tribunal —particularmente uno de última instancia— puede alejarse de sus precedentes? ¿Cuáles son las consecuencias de esta acción? ¿Cómo puede explicarse esta circunstancia en una lógica vaya más allá de razones volitivas o coyunturales?

Esta introducción no es el lugar para dar respuesta cabal a estas cuestiones, pero nos atrevemos a aventurar una explicación que retoma algunos elementos de la sociología del derecho elaborada por Max Weber. La hipótesis es que si bien la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación actúa la mayor parte del tiempo dentro de una lógica propia del tipo ideal de justica racional-formal y que es el característico del Estado de derecho occidental, en el cual la decisión del caso concreto se basa en la aplicación de normas abstractas con criterios de decisión exclusivos del ordenamiento jurídico —y lo cual genera un alto grado de previsibilidad—; existen casos en los que claramente se aleja de este modelo y actúa como un tribunal de justicia racional-material, en la que sus criterios de decisión atienden a principios externos al orden jurídico, principalmente de orden político. Este tipo de actuación genera necesariamente que el tribunal se aleje de sus precedentes e introduzca un grado de incertidumbre en sus decisiones.

Advertimos que el uso de los tipos ideales weberianos es complejo y requiere precaución pues no constituyen categorías que busquen reproducir o “fotografiar” la realidad, sino herramientas analíticas para observar la compleja realidad social. Los “tipos ideales” son conceptos elaborados para la investigación, que suponen reconstruir el sentido de un conjunto de rasgos comunes (el tipo medio), pero también aquel de una estilización que pone en relieve los elementos característicos, distintivos o “típicos” de una realidad social.

Hecha esta advertencia, el uso de estos tipos ideales nos permite arrojar luz sobre el comportamiento del tribunal electoral mexicano. Si como lo muestran la mayor parte de los ensayos que integran este volumen, la ratio de las sentencias no se encuentra en la lógica jurídica, entonces tenemos que buscarla en otra parte, y es aquí donde los tipos ideales de Weber pueden ayudar. En efecto, si el tribunal actuara únicamente bajo un modelo de racionalidad formal, sus decisiones tendrían que darse bajo la lógica del estricto apego al precedente, en el cual las consideraciones extra jurídicas no tendrían lugar. Sin embargo, como advierte Weber, este es un modelo ideal, y raramente se da este tipo de comportamiento en su estado puro.

En el caso del TEPJF, una explicación posible a su proceder, en particular la manera en que deja de lado sus propios precedentes, nos obliga a proponer como explicación que existen ciertos casos en que para resolverlos se acude a principios materiales originados en la política que generan una resolución diversa a los procedentes y por ello se alejan del razonamiento jurídico estricto. Las decisiones después se “racionalizan” mediante una argumentación que intenta darle un soporte jurídico puro, pero que en realidad refleja cambios de criterio orientados por la política. Cuando esto sucede, tanto los precedentes como la construcción de la fundamentación jurídica que —supuestamente— sostiene a la decisión se vuelven irrelevantes.

Valorar la actuación de un tribunal no es cosa sencilla, especialmente cuando la tarea de un órgano jurisdiccional linda en la difícil frontera entre el derecho y el poder. Ciertamente el TEPJF es un tribunal moderno, quizá el más moderno de las jurisdicciones mexicanas, y actúa normalmente bajo principios derivados de la racionalidad formal propia del derecho occidental. Sin embargo, su actuación no se da en el vacío, sino que irremediablemente está influenciado por la lógica política que —como en el caso del Rey Midas— convierte en “político” todo lo que toca. De este modo, el tribunal muestra paradigmáticamente la línea de tensión que existe entre los modelos de formalidad y materialidad.

Existen decisiones que se generan con base en principios materiales pero, como señala Weber, no puede haber una justicia que dependa exclusivamente de criterios cambiantes. Por ello estos principios de decisión se formalizan y racionalizan, bien en forma de normas generales abstractas, o de precedentes que estabilizan la justicia y hacen predecible la actuación de un tribunal. El problema reside en que este proceso se rompe cuando aparecen casos que, por una lógica ajena al derecho, obligan al tribunal o al menos a una mayoría de este, a alejarse de esos principios formalizados y a generar nuevas decisiones materiales, que rompen con la secuencia de previsibilidad inherente al modelo de justicia racional-formal. En estos casos límites —que, como ya dijimos, suelen tener graves consecuencias— lo que importa es qué se decide, no cómo.

Quizá sea la materia en la que juzga el tribunal, inserta en el campo político, lo que conduce a esta situación al límite. Pero esta posible explicación no justifica lo que sucede porque la consecuencia, también siguiendo a Weber, es que se genera una justicia que no es predecible. Y justicia que no es predecible genera inseguridad jurídica. Este es justamente el problema central de las decisiones de la Sala Superior cuando su misión debería estar orientada a dar certidumbre y seguridad al conjunto del sistema para disminuir el litigio político entre los actores políticos. De ahí que sea crucial contar con un tribunal capaz de imponer la lógica del derecho a la lógica del poder; esto es, un tribunal constitucional digno de ese nombre.

En noviembre de 2016 el Senado de la República, a propuesta de la SCJN, elegirá a los siete nuevos integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral. En los años recientes, la opinión pública —para bien— ha prestado una atención creciente al proceso de designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, pues existe una mejor comprensión del papel que tienen como jueces constitucionales. Pero no sucede lo mismo con los magistrados que integran la Sala Superior del TEPJF.

Por ello, conviene reiterar la importancia que tienen estos jueces que, en su materia, ostentan las vestes de jueces constitucionales. Vale la pena reiterarlo: además de ser los garantes últimos de los derechos políticos de los mexicanos, son los jueces de última instancia de los litigios electorales de todo el país y además —entre otras responsabilidades muy relevantes— calificarán la elección nacional de 2018.

Por estas razones, y por el delicado estado que guarda nuestra joven democracia,2 pensamos que es necesario fortalecer a las dos instituciones diseñadas para dar imparcialidad y certeza al proceso democrático, el INE y el TEPJF. El primero se encuentra ahogado por las innumerables obligaciones que le impone una legislación electoral diseñada en la feria de las desconfianzas, que pone candados sobre los candados y con ello genera altos costos sin remediar los males. El segundo, tienen responsabilidades estratégicas —mal cumplidas con su desempeño reciente— que deben ser observadas con escrúpulo. El TEPJF —en particular su Sala Superior— debe ser un factor de estabilidad, certidumbre y seguridad jurídica y no una “caja negra” que procesa y arroja componendas políticas. Su asidero y brújula debe ser el derecho y no la conveniencia o el cálculo de corto plazo.

Es por ello que necesitamos que los nuevos magistrados respondan a un perfil bien definido para los jueces constitucionales: capacidad técnica, independencia política, autonomía de los sujetos —algunos muy poderosos— bajo su jurisdicción, honestidad y probidad probada, habilidades emocionales para trabajar en equipo, básicamente. Esos magistrados y magistradas deben ser capaces de entender y asumir la función estabilizadora del derecho y generar un entorno que responda a una lógica de reglas y no de oportunidades coyunturales.

México ha invertido mucho en el diseño de su sistema electoral. En conjunto constituye una de las arquitecturas normativas e institucionales más complejas y detalladas del mundo en la que la función del derecho es un elemento central. A través de la ley se regula cada paso del proceso electoral con el propósito de dar certidumbre, confianza y garantizar equidad en las contiendas electorales. Por eso las autoridades —en particular las jurisdiccionales— deben ajustar escrupulosamente su actuación a los rigores del expediente jurídico y abstenerse de malearlo o manipularlo con el pretexto de que son sus intérpretes en última instancia.

Con sus bemoles, los ciudadanos aún confían en las elecciones, muestra de ello son las altas tasas de participación y los resultados de las recientes elecciones —en 2015— en 16 entidades federativas que sorprendieron a más de uno. La responsabilidad de nuestra generación es apuntalar esa apuesta civilizatoria. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y de manera especial su Sala Superior, juegan un papel crítico para que el sistema que hace eso posible funcione. Su misión central es apuntalarlo ejerciendo sus facultades con deferencia al legislador, prudencia interpretativa, responsabilidad institucional y, por supuesto, firmeza jurídica.

Por eso, le haríamos un flaco favor a la democracia mexicana si permitimos que sean los criterios políticos y los intereses particulares lo que determinen quiénes serán los siete magistrados que integrarán a la Sala Superior en los próximos años. De hecho, si esa fuera la lógica que prevalece, ¿por qué no —mejor— nos ahorramos los costos y complejidades del sistema y regresamos las decisiones electorales a la casona de Bucareli?

Aquí el resto de libro: Concha, Hugo y López Noriega, Saúl (coord.). 2016. La (in)justicia electoral a examen. México: CIDE-IIJ-UNAM.

Sergio López Ayllón. Director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Pedro Salazar Ugarte. Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.


1 Magaloni Kerpel, Ana Laura. “¿Por qué criticar las decisiones judiciales? Premisas para el diálogo entre jueces y académicos” en Lorenzo Córdova y Pedro Salazar (coords.), Democracia sin garantes. Las autoridades vs. la reforma electoral. México, UNAM, 2009, p. xvii

2  Dos ensayos recientes dan cuenta de esta situación. Véase  Héctor Aguilar Camín, “Nocturno de la democracia mexicana”, Nexos, núm. 461, mayo de 2016 y la respuesta de Jose Woldenberg “Sobre Nocturno de la democracia mexicana. Convergencias y divergencias”, Nexos, núm 463, julio de 2016.

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El juez es neutral, alguien que juzga objetivamente el conflicto específico que tiene ante sí.
Aharon Barak

Se encuentra en proceso la renovación de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).1 Al respecto, consideramos que para saber qué se debe privilegiar y cuáles son los retos que debe enfrentar la nueva integración de magistrados de la Sala Superior se debe revisar el trabajo y contribuciones de los jueces que están por concluir sus cargos y realizar reflexiones en torno a ello.

presupuesto

A lo largo de estos 10 años, se han realizado tres elecciones federales, dos de ellas únicamente de diputados y una de la totalidad del Congreso de la Unión y presidente de la República y muchos procesos locales. Asimismo, tuvieron lugar dos reformas electorales constitucionales y legales; la de 2007-2008 y la de 2014 que transformaron significativamente las reglas de la competencia electoral. Durante este tiempo, las Salas Regionales dejaron de ser temporales y se volvieron permanentes y, al menos en una ocasión, se renovaron de manera total y otra parcial. También se creó la Sala Especializada y se designó a sus tres magistrados quienes fueron designados escalonadamente por periodos de 3, 6 y 9 años. Esto implica que, en este periodo el TEPJF ha incrementado su estructura y burocracia.

En esta década hemos presenciado lo que se ha llamado el fenómeno de la judicialización de la materia electoral. Lo que alude a un incremento en el número de disputas de tipo electoral que son resueltas en el ámbito judicial. En los siguientes gráficos se observa, por un lado el crecimiento de las impugnaciones resueltas año con año, por otro, el incremento en el presupuesto del TEPJF.

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*Valores en millones de pesos.
Fuente: Elaboración propia, con datos del  Presupuesto de Egresos de la Federación 2006-2016

 


presupuesto-2

Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos de los informes de labores de la Presidente y los Presidentes del TEPJF

Aunque simultáneos, los incrementos en carga laboral y presupuesto no se corresponden de forma idéntica. En los últimos años, el presupuesto del TEPJF -incluye a la Sala Superior y a las Salas Regionales- se ha incrementado en un 250%, aunque el promedio del número de asuntos que resuelve la Sala Superior en lo individual es similar, con excepción del año 2009. El presupuesto del TEPJF es controlado por los magistrados de la Sala Superior quienes conforman la Comisión de Administración y designan a la estructura administrativa de la institución.

En el aspecto jurisdiccional, resulta indiscutible la contribución que dejan los magistrados que están por dejar sus cargos, algunos de los criterios que sostuvieron en sus sentencias se convirtieron en ley y representan una buena expresión de la contribución de los jueces electorales a la democracia. Pero hay también importantes cuestionamientos a su trabajo y a criterios que han adoptado.

En la primer caso encontramos el papel que la Sala Superior realizó en temas de género, a partir de lo cual existe una mayor participación política de las mujeres en la postulación de las candidaturas, lo cual además se ve reflejado en la integración de diversos órganos colegiados en el país como congresos y cabildos. El avance se debe en gran medida a los criterios que ha asumido la Sala Superior para promover condiciones de acceso para que las mujeres ocupen cargos públicos, los cuales le han valido en dos ocasiones que sus sentencias sean nominadas por Women’s Link Worldwide —organización internacional que trabaja a favor de la justicia con perspectiva de género— como los mejores fallos en materia de género, ello fue en 2010 y 2015.

También destaca la labor que ha hecho respecto de la protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, ha generado condiciones para que algunos ayuntamientos como Cherán transiten pacíficamente de un sistema electoral de partidos políticos a uno regido por usos y costumbres. En este ámbito su labor no se ha limitado a lo jurisdiccional, también ha fomentado la capacitación a través de la impartición de cursos y la elaboración de la Guía de actuación para juzgadores en materia de Derecho Electoral Indígena. Sin duda estos dos temas, género y derechos indígenas, son grandes contribuciones de la integración que concluye.

Por otro lado, el activismo judicial también tiene expresiones negativas, como ocurrió recientemente con el caso de David Monrreal (aquí se puede leer un análisis del caso) en el que los magistrados consideraron que una regla en materia de fiscalización era excesiva y dejaron de aplicarla, lo que ocasionó que el candidato involucrado no perdiera el registro (como correspondía) ante la falta de presentación de lo informe de gastos de precampaña que estaba obligado a rendir, con esa decisión se ignoró el objetivo y uno de los pilares —informes— del nuevo sistema de fiscalización que pretendió la reforma electoral de 2014.2

Otra de las críticas de las que han sido objeto en varias ocasiones es la relativa a la falta de certeza a los justiciables al cambiar de forma inentendible de criterio en casos similares, sin justificar la decisión, lo cual genera desconfianza e incertidumbre jurídica que no es buena en ninguna democracia, sobre todo cuando se trata de sentencias sin fundamentos jurídicos ni motivaciones, que no reflejan de forma clara el sustento de la decisión. Un ejemplo de ello son las distintas resoluciones relacionadas con multas al Partido Verde Ecologista de México (especialmente el SUP-RAP-35/2012); la nulidad de la elección de gobernador de Colima (SUP-JRC-678/2015 y acum.); el asunto en el cual se discutió la perdida de registro del Partido del Trabajo (SUP-RAP-756/2015); así como la nulidad de la elección del 01 distrito electoral federal de Aguascalientes (SUP-REC-503/2015), entre otras que han sido sumamente cuestionadas.

Todo ello, está documentado en publicaciones como Democracia sin garantes coordinada por Pedro Salazar y Lorenzo Córdova, entonces investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el cual fue publicado en 2009 o La (in)justicia electoral a examen, coordinado por Hugo Concha y Saúl López Noriega, investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del CIDE, respectivamente, de próxima publicación. En ambos libros, a partir de un análisis que hacen diversos autores sobre sentencias emitidas por la Sala Superior se crítica la falta de certeza que ha provocado la Sala Superior.

La actuación de los juzgadores que están por concluir sus nombramientos no ha estado exenta de escándalos, como es el caso de la adquisición de un edificio a un sobreprecio en el que la entonces coordinadora de asesores del magistrado presidente Flavio Galván Rivera —se dijo— buscó cobrar una comisión,3 la cena sostenida en vísperas del proceso electoral de 2012 entre la magistrada María del Carmen Alanís y Enrique Peña Nieto,4 o el intento de introducir en la reforma electoral de 2014 un haber de retiro que garantizaba una pensión para los magistrados una vez que concluyera su encargo.5

Equipo del observatorio electoral de Strategia Electoral.


1 Análisis elaborado por el equipo del Observatorio Electoral.

2 En nuestra sección de sentencias podrás encontrar la síntesis de varias resoluciones de la Sala Superior.

3 Ver Flavio Galván defendió hasta las lágrimas a su asesora, en periódico El Universal, de 10 de septiembre de 2007, consultada el 25 de julio de 2016 en http://eluni.mx/2ahD4bV

4 Ver Dañó al Trife reunión de Alanís con Peña Nieto en Noticias Terra, de 11 de agosto de 2011, consultado el 25 de julio de 2016 en http://bit.ly/2aqY6Gm

5 Ver CRONOLOGÍA Polémica por ‘Haber de retiro’ a Magistrados, en periódico El Universal, de 24 de mayo de 2014, consultado el 25 de julio de 2016 en http://bit.ly/2agJsNa

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En el caso de los últimos comicios desarrollados en el estado de Colima para elegir gobernador, las impugnaciones presentadas por uno de los candidatos y su partido político, en una primera etapa procesal, en opinión de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), órgano encargado de conocer del asunto, no fueron lo suficientemente sólidas para anular la elección y así quedó asentado en un primer proyecto de sentencia.1 Sin embargo, la presentación, en último momento, de una prueba de las llamadas supervenientes, apenas confirmada su autenticidad, unas horas antes por un funcionario público del entonces gobierno del estado implicado en el caso, actualizó uno de los supuestos previstos por la Constitución local para anular la elección.

elecciones

Las nuevas pruebas aportadas, obligaron a revocar la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del estado de Colima, en la cual se declaraba la validez de la elección al cargo de gobernador de esta entidad federativa, a favor del candidato postulado por la coalición integrada por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Nueva Alianza y el Partido Verde Ecologista de México.2

Estas pruebas, clave para finalmente anular la elección en cuestión, consistieron en una grabación de audio y video de la comparecencia del secretario de Desarrollo Social del estado de Colima ante el congreso local, con motivo de la glosa del informe dado por el gobernador de dicha entidad. Durante la comparecencia oficial del 20 de octubre de 2015, este secretario, bajo protesta de decir verdad, se le pidió responder a las interpelaciones de los legisladores, ante quienes aceptó y confesó que, la voz que aparecía en la grabación referida era suya, definiendo su proceder como un derecho político del ciudadano.3 Derivado de la admisión de los hechos perpetrados por parte del referido secretario en su comparecencia ante el congreso, se evidenció la intervención estatal inducida por el entonces gobernador del estado.

Es importante citar, en este contexto, el artículo 59, fracción v, de la Constitución de Colima,4 en la cual de manera clara desde el año 1917,5 se prohíbe al gobernador o a sus autoridades o agentes intervenir en las elecciones. Del citado artículo se infiere, el reconocimiento del principio de neutralidad, aun cuando no exista una denominación expresa como tal.

Se puede decir que la elección fue anulada, en razón de la transgresión al principio de neutralidad, cuya salvaguarda y vigencia está a cargo del juez constitucional. Si bien es un principio constitucional innominado en nuestro marco constitucional, su existencia es universal y puede inferirse a través de la razón jurídica.6

Si bien, como se advirtió, el principio de neutralidad no se encuentra expresamente regulado a nivel constitucional, su existencia no se limita a que esté previsto en algún dispositivo normativo, de ahí que sea necesario hacer una búsqueda en el bloque convencional o, en su defecto, generar un dialogo comparado con aquellos órganos jurisdiccionales que lo hayan reconocido por vía interpretativa.

Fue así que, a través de un dialogo jurisdiccional y comparativo, la Sala Superior en el caso en cuestión, hizo referencia a la sentencia dictada por la Corte Constitucional Alemana, en el caso identificado como 2BvE 1/76.7 En la cual, sostuvo que la norma fundamental de ese país no permite que las autoridades públicas se identifiquen, a través de su función, con candidatos o partidos políticos en elecciones, ni que los apoyen mediante el uso de recursos públicos o programas sociales.

Las consideraciones expuestas en la sentencia concluyen que cuando un alto funcionario, mediante conducta negligente, decide incidir en la elección, pese a la existencia de dispositivo constitucional que prohíba tal conducta, éste deberá asumir su responsabilidad. Lo anterior es de suma importancia, ya que mediante su sentencia la Sala Superior del TEPJF resguardó el orden constitucional local, cuyo contenido expresamente prohíbe la realización de actos por parte de autoridades, que tiendan a crear estado de inequidad en la contienda. De esta forma protegió, a su vez, el orden constitucional federal, pues doto de vigencia y validez al principio innominado de neutralidad, cuya tutela es determinante para el desarrollo equitativo del proceso electoral, así como del resultado electoral.

Actualmente están en marcha 14 procesos electorales en diferentes estados, en dónde habrán de elegirse gobernadores, diputados locales, regidores y, en el caso de la Ciudad de México, en un proceso histórico, a los constituyentes que tendrán la tarea de crear la Constitución para esta entidad federativa. Como se advierte, el escenario político electoral será muy complejo, pues hoy más que nunca, la neutralidad en las actuaciones de las autoridades, particularmente de los gobernadores, será determinante para garantizar la equidad de la contienda, así como la vigencia del voto público. De lo contrario, al vulnerarse los derechos políticos de los ciudadanos, se merma el orden constitucional y esto puede arrojar como consecuencias la invalidez y anulación de la elección.

Manuel González Oropeza. Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Marcos del Rosario Rodríguez. Secretario de Tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.


1 En el anteproyecto circulado por la Sala Superior el 13 de octubre, acompañado más tarde (el día 20) por un documento de trabajo que resumía y controvertía, de manera puntual, cada uno de los agravios planteados por la parte actora, se determinó que no existían elementos que comprobaran de manera contundente la probable responsabilidad del Gobierno del Estado, de la parcialidad de la autoridad electoral y de la violación de los principios constitucionales en la elección para Gobernador de la entidad, entre otros elementos, de ahí que se confirmara la decisión del Tribunal Electoral de la referida entidad. Hasta ese momento, y es muy importante precisarlo, se perfilaba la aprobación de este anteproyecto.

2 Debe quedar muy claro que no se trata de un cambio de criterio de un proyecto a otro sobre las pruebas valoradas en su oportunidad, sino que el perfeccionamiento de una prueba permitió acreditar plenamente algunas imputaciones de la parte actora, alegadas en la demanda pero que no se sostenían con el material probatorio ofrecido en un principio, y que por ello se arribó a la convicción de que la elección de Gobernador de dicha entidad se debería de anular.

3 Si bien es cierto que la Sala Superior del TEPJF ha determinado en tesis y jurisprudencias que no está prohibido el que un funcionario público participe fuera de los días y horas laborables en actos de campaña de su partido político, lo cual pretendía alegar el Secretario de Desarrollo Social en su defensa, la realidad es que esta llamada la hizo en un día y horario laborable, justo cuando ya había iniciado el periodo electoral en la entidad, como se desprende se la información proporcionada por la misma denunciante. Esta llamada fue realizada el día lunes 23 de marzo, día laborable.

4 Artículo 59.- El Gobernador no puede: (…) V. Intervenir en las elecciones para que recaigan en determinada persona, ya sea por sí o por medio de otras Autoridades o Agentes, siendo este motivo de nulidad de la elección y causa de responsabilidad.  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. LVIII Legislatura. H. Congreso del Estado de Colima. Disponible aquí.

5 Enrique A. Salazar Abaroa, Manuel González Oropeza, Digesto Constitucional Mexicano. Las Constituciones de Colima, México, Ed. H. Congreso del Estado de Colima, Instituto de Estudios Parlamentarios y Técnicas Legislativas, 2000, pp. 23- 35

6 Ignacio Martínez, Francisco Zúñiga Urbina, “El principio de razonabilidad en la Jurisprudencia del Tribunal Español”, Chile, Revista Estudios constitucionales vol.9, No. 1, 2011, Disponible aquí.

7 Sentencia 2BvE 1/76. Corte Constitucional Alemana. Disponible aquí.

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La importancia que adquirieron los procedimientos especiales sancionadores en los últimos dos procesos electorales federales motivó una reforma constitucional. La reforma publicada en febrero de este año divide la tramitación del procedimiento. A partir de octubre de este año, los procedimientos especiales serán tramitados por dos autoridades: el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)[1].

El INE tiene que recibir las quejas, emplazar a las partes, realizar diligencias -cuando se requiera-, escuchar a las partes en audiencia, formular conclusiones y remitir el expediente a la autoridad jurisdiccional. Mientras que el TEPJF tiene que recibir el expediente, evaluar las constancias, determinar si requiere mayores diligencias y resolver las quejas (absolver o sancionar).

urnasPara operar el nuevo procedimiento, el INE debe crear la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral que dependerá de la Secretaría del Consejo General, mientras que el Poder Judicial debe crear una Sala Especializada en el TEPJF. La creación de la Unidad Técnica no representa un procedimiento complejo ni un reto  mayor. El INE puede optar por escindir una parte de la actual dirección jurídica para crear esta nueva Unidad o, en su caso, transformar esa dirección, cambiarle el nombre y crear las áreas que se necesiten. En cuanto a la designación del titular, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que es atribución del presidente del INE proponer al consejo general de éste a la persona en cuestión.

Sin embargo, la creación de la nueva Sala Especializada sí representa un procedimiento y un reto no menor. La Sala estará integrada por tres magistrados electorales que serán designados mediante un procedimiento[2] que inicia ante los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Los cuales deben formular una propuesta de ternas a la cámara de Senadores para que ésta designe a los magistrados. La duración en el cargo es de nueve años y su renovación será escalonada.

Para acomodar a la Sala Especializada dentro del TEPJF, se reformó y adicionó la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación[3], cuyos artículos transitorios disponen que el Senado debe designar a los magistrados integrantes antes de que inicie el proceso electoral 2014-2015[4]; una vez integrada la Sala, ésta iniciará sus funciones y ejercerá las atribuciones que le han sido otorgadas.

El principal reto de la Sala Especializada consiste en resolver oportunamente todos los procedimientos especiales sancionadores que le remita el INE. Lo que no es poco si consideramos que esto significa arbitrar las disputas políticas[5] durante los procesos electorales. La resolución expedita y eficaz tiene el fundamental propósito de mantener el equilibrio de las condiciones de competencia en los comicios. Para tener una idea de lo que significa resolver estos procedimientos, basta saber que en el proceso electoral de 2009 el IFE resolvió 1,026 procedimientos especiales sancionadores, mientras que en el proceso electoral de 2012 resolvió 1,371.

A partir de los próximos procesos electorales, que darán inicio en octubre, la sustanciación y resolución de los procedimientos especiales sancionadores será una labor que compartirán el INE y el TEPJF. En general, el INE tendrá un plazo máximo de 24 horas para admitir o desechar la denuncia, si la denuncia es admitida debe citar a las partes para que comparezcan a una audiencia que tendrá lugar dentro de las 48 horas posteriores a la admisión, celebrada la audiencia el INE debe enviar de inmediato a la Sala Especial el expediente y un informe circunstanciado.

Una vez que Sala Especializada reciba el expediente, debe verificar que esté bien integrado, si considera que no lo está debe ordenar o realizar las diligencias que estime necesarias y establecer el plazo para llevarlas a cabo. Una vez que el expediente esté debidamente integrado, el magistrado ponente tendrá un plazo de 48 horas para poner a consideración del pleno de la Sala Especializada el proyecto de sentencia que resuelva el procedimiento sancionador. Este Pleno debe resolver el asunto en el plazo de las 24 horas siguientes contadas a partir de que se haya distribuido el proyecto de resolución. Las resoluciones que emita la Sala Especializada podrán ser recurridas a través de un medio de impugnación llamado recurso de revisión ante la Sala Superior del propio TEPJF. Así, el esquema básico del procedimiento será el siguiente:

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A nuestro parecer lo anterior genera diversos retos, entre los que destacan:

1) Dos autoridades de naturaleza distinta, un solo procedimiento. La regulación prevé un híbrido, pues la sustanciación (admisión o desechamiento, emplazamiento, audiencia de pruebas y alegatos, diligencias de investigación, desahogo de pruebas y desarrollo de conclusiones) del procedimiento la llevará a cabo una autoridad de carácter administrativo (INE), mientras que la emisión de la resolución estará a cargo de un órgano jurisdiccional (Sala Especializada). Un aspecto no menor es que la parte que deberá resolver -la Sala Especializada- tendrá sólo 48 horas para verificar que el INE hubiese realizado correctamente la sustanciación de la queja o denuncia, conocer todas las actuaciones del expediente y elaborar un proyecto de sentencia o, en su caso, devolver tal expediente para subsanar alguna deficiencia.

2) Medidas procesales. Desde la introducción del procedimiento especial sancionador en el proceso electoral de 2006 (entonces creado mediante el SUP-RAP-17/2006 y posteriormente incluido en la legislación electoral en la reforma de 2008), la Sala Superior del TEPJF ha emitido diversos criterios a efecto de garantizar el debido proceso y el derecho de audiencia de las partes. De manera que ha considerado que no obstante lo sumario del mismo, se debe emplazar a todos los afectados, cuidando que se les notifique correctamente y se les haga de su conocimiento los hechos denunciados y las pruebas con las que se pretenden acreditar las acusaciones. También ha considerado que se deben llevar a cabo diligencias de manera exhaustiva a efecto de investigar los hechos denunciados, se debe garantizar plenamente el derecho de audiencia y, en general, cumplir todas las formalidades del procedimiento sin perder el carácter de sumario.

A partir de la presente legislación se deberán ajustar algunos criterios, pues en caso de que la Sala Especializada consideré que existe algún defecto en la sustanciación del procedimiento, debe decidir si devolverá las actuaciones al INE o si ordenará a su personal que la desahogue. Será interesante conocer si podrá apoyarse en las Salas Regionales del TEPJF, en aquellos casos en que la conducta se haya realizado fuera del Distrito Federal, lugar donde tendrá su residencia. Misma situación ocurrirá cuando sea la Sala Superior vía el recurso de revisión, quien conozca de los fallos emitidos por la Sala Especializada. El mayor desafío de la decisión que se tome será el garantizar la resolución en el tiempo más breve posible.

Desde ahora parece advertirse el posible conflicto que las devoluciones (para ampliación de diligencias) de la Sala Especializada al INE podrían representar en las relaciones entre estas autoridades y sobre todo para la resolución expedita de los casos.

3) Elaboración de conclusiones del INE. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales contempla que una vez celebrada la audiencia y junto con el envío del expediente a la Sala Especializada, el INE debe remitir un informe circunstanciado en el que, entre otras cosas, realice las conclusiones de la queja o denuncia. Ello puede entenderse como la emisión de un pronunciamiento sobre la actualización o no de la conducta denunciada, esto es, sobre la posible responsabilidad de los sujetos denunciados o su descargo. Lo que pareciera injustificado, pues finalmente será la Sala Especializada quien en su calidad de juzgador debe emitir el fallo que resuelva el procedimiento, para lo cual está obligado a estudiar los hechos y analizar todas las constancias que integran el expediente.

4) Concentración en un solo órgano. El INE puede tramitar el procedimiento especial por conducto de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, o bien por el de las 300 juntas distritales que lo integran; sin embargo, la legislación no es clara respecto si la Sala Especializada debe emitir la resolución para todos esos casos o, bien, si solo para los que le remita la Unidad Técnica.[6] Ahora bien, si la Sala Especializada solo resolverá éstos últimos, tendremos un aparente mismo procedimiento (al menos llamado igual) pero con importantes diferencias en la tramitación, pues se entendería que los procedimientos que tramiten las juntas distritales serían resueltos por éstas y revisados en segunda instancia por la Sala Regional de la circunscripción que corresponda de las cinco con que cuenta el TEPJF.

Seguramente la tramitación de los primeros procedimientos bajo este esquema analizado nos dará un mejor entendimiento de la nueva legislación y de lo que podemos esperar sobre este mecanismo de resolución de disputas electorales. Existen múltiples espacios no aclarados por la normatividad que requieren de definiciones. La actuación de las autoridades, así como sus criterios y precedentes deben proveer un marco de interpretación, de la Constitución y de las leyes, que permita resolver esas disputas sin generar nuevas tensiones entre las autoridades. Lo que se espera de las autoridades constitucionales es que soporten las presiones inevitables en la actividad política y que empleen las herramientas legales en forma proporcional, razonable y al mismo tiempo generen confianza y certeza por medio de su actuación.

Fabiola Navarro. Abogada, especialista en temas electorales y maestra en administración pública  Twitter: @fabbiolanavarro

Arturo Espinosa Silis. Abogado, especialista en temas electorales y maestro en cerecho. Twitter: @aesupd

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[1] Actualmente el Instituto Nacional Electoral tramita los procedimientos desde la recepción de la queja hasta su resolución.

[2] Ver detalles del procedimiento.

[3] La reforma también aumenta el número de Salas Regionales del TEPJF (de 5 pasará a 7) que deberán iniciar actividades en septiembre de 2017.

[4] Lo que sucederá la primera semana de octubre de 2014.

[5] Estos procedimientos se instauran por denuncias vinculadas a asuntos de propaganda electoral que vulneren el artículo 41 constitucional (propaganda en radio y tv), el párrafo octavo del artículo 134 constitucional (propaganda gubernamental) y quejas por los actos anticipados de campaña y precampaña previstos en la ley.

[6]Leemos una contradicción entre lo dispuesto en el artículo 250, párrafo 4, y el  474, párrafos 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

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El domingo 7 de julio se eligieron gobernador (Baja California), diputados locales y ayuntamientos en 14 entidades. Sin embargo, aún falta que las autoridades electorales de cada entidad realicen los cómputos definitivos de las elecciones, primero en los consejos distritales y municipales, según sea el caso, y luego los cómputos finales en el órgano máximo de cada instituto electoral local.

El cómputo final que emita el instituto electoral respectivo será definitivo en tanto no sea impugnado por algún partido político o candidato.

  • Partidos políticos: pueden impugar si estiman que se actualizaron alguna de las causas de nulidad de la votación recibida en casilla o de la elección previstas en la ley, o alguno de los candidatos ganadores sea inelegible[1] podrá controvertir los resultados de la elección para que se modifiquen o se anule toda la elección.
  • Candidatos: sólo pueden impugnar los resultados de la elección en caso de inelegibilidad del candidato ganador o la asignación por el principio de representación proporcional[2].
  • Los ciudadanos no pueden impugnar los resultados de una elección.[3]

El proceso para realizar los cómputos de la elección, las causas de nulidad de la votación o de la elección y el medio de impugnación que se tenga que presentar varían según la legislación local.

Impugnación en la instancia local. En caso de que se impugnen los resultados de cualquiera de las elecciones –diputados, integrantes de ayuntamiento o gobernador- Será el tribunal electoral de cada entidad quien conozca y resuelva en primera instancia los medios de impugnación que se presenten en contra de los resultados de la elección, pudiendo confirmar, modificar o anular los resultados de la elección.

Impugnación en instancias federales. Una vez emitida la sentencia por el tribunal local, la misma puede ser controvertida ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Elecciones de diputados e integrantes de ayuntamientos. Las impugnaciones que se presenten en contra de una sentencia de un tribunal local que versen sobre los resultados de las elecciones de diputados e integrantes de ayuntamientos, las conocerán y resolverán las Salas Regionales de la circunscripción que corresponda:

Sala Regional Guadalajara

Durango

Baja California

Chihuahua

Sinaloa

Sonora (extraordinaria)

Sala Regional Monterrey

Coahuila

Aguascalientes

Tamaulipas

Zacatecas

Sala Regional Xalapa

Oaxaca

Quintana Roo

Veracruz

Sala Regional D.F.

Puebla

Tlaxcala

  1. Sala Regional Toluca

Hidalgo

Medios de impugnación procedentes:

  • Juicio de revisión constitucional electoral cuando quien impugna es un partido político;
  • Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, cuándo el impugnante es un candidato.

Segunda instancia federal. Excepcionalmente, en contra de las sentencias que emitan las Salas Regionales es posible impugnar ante la Sala Superior los resultados de las elecciones de diputados locales e integrantes de ayuntamientos. El medio de impugnación que puede ser procedente es el recurso de reconsideración[4].

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De esta forma los partidos políticos y candidatos tienen hasta tres oportunidades para cuestionar los resultados electorales de diputados e integrantes de ayuntamientos.

Elección de gobernador:

1) Se impugnan los resultados emitados por el Instituto Electoral Local ante el Tribunal Electoral de la entidad,

2) La sentencia del Tribunal Electoral local puede impugnarse ante la Sala Superior del TEPJF. La sentencia que este emita es definitiva e inatacable.

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Las impugnaciones deberán resolverse, forzosamente, antes de que los candidatos triunfadores tomen posesión del cargo para el que fueron elegidos, de otro modo los actos se vuelven irreparables.

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM, oficial de acceso a la información de Article19. Twitter: @pauletta_sofia

Arturo Espinosa Silis. Abogado especialista en derecho electoral. Twitter: @aesupd


[1] Jurisprudencia 11/2004. JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. GENERALMENTE ES IMPROCEDENTE PARA IMPUGNAR RESULTADOS ELECTORALES POR NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA.

[2] Jurisprudencia 36/2009. ASIGNACIÓN POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. ES IMPUGNABLE POR LOS CANDIDATOS A TRAVÉS DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

[3] Jurisprudencia 11/2004, JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. GENERALMENTE ES IMPROCEDENTE PARA IMPUGNAR RESULTADOS ELECTORALES POR NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA.

[4] Artículo 61 (LGSMIME): 1. El recurso de reconsideración sólo procederá para impugnar las sentencias de fondo dictadas por las Salas Regionales en los casos siguientes:

a)   En juicios de inconformidad que se hayan promovido en contra de los resultados de las elecciones de diputados y senadores, así como las asignaciones por el principio de representación proporcional que respecto de dichas elecciones realice el Consejo General del Instituto; siempre y cuando se cumplan los presupuestos y requisitos establecidos en este ordenamiento, y

b)     En los demás medios de impugnación de la competencia de las Salas Regionales, cuando hayan determinado la no aplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución.

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 Incumplimiento de la cuota para las elecciones de 2013

Con 14 comicios electorales en puerta en este año 2013, mujeres militantes de diferentes frentes partidistas luchan en vano[1] por encontrar un espacio en las listas de candidaturas para diputados locales y ayuntamientos. Este no es un escenario sorprendente: menos del 10% de los municipios del país son presididos por mujeres y la media nacional de mujeres en los congresos locales es de 20% (ver Tabla 1 y 2). Sin embargo, existen dos factores por los que esta situación no debería tener lugar: a) las legislaciones electorales de los estados (Tabla 3) establecen la obligación para los partidos de registrar sus candidatos respetando alguna proporción entre géneros[2] y, b) la base militante de los partidos se compone del mismo número de hombres que de mujeres. 

Entonces, si hay mujeres que militan en sus partidos con la pretensión de contender por cargos de representación popular y existen los mecanismos que aseguran que lleguen a las boletas, ¿dónde se pierden? La respuesta se encuentra en una excepción normativa bien explotada por las dirigencias de los partidos y los institutos electorales locales.

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Tabla 1.  Porcentajes de presidentas y presidentes municipales entre 2005 y 2012

La mecánica de la excepción 

Los códigos electorales e incluso las Constituciones de ciertos estados reconocen  que para que las mujeres logren una representación en la vida pública deben gozar de igualdad en el ejercicio del poder político y, a este efecto, adoptan medidas  como las cuotas. Sin embargo, la mayoría de los textos legales, al igual que el COFIPE[3], exceptúan aquellas candidaturas de mayoría relativa emanadas de un “proceso de selección democrático”. Este es un concepto tautológico que se refiere a cualquier método que decida la cúpula partidista, sea una convención de delegados a mano alzada o bien, una designación directa de la dirigencia, siempre y cuando esté contemplada en los estatutos.

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Tabla 2

La mecánica de la excepción funciona de la siguiente manera:

a) En la etapa preparatoria de los comicios, los institutos electorales acuerdan los lineamientos de registro de candidatos en los que reiteran el criterio de equidad o paridad, así como su excepción;

b) A su vez, los comités estatales de los partidos expiden las convocatorias para la postulación de candidatos y determinan que la totalidad de los candidatos de mayoría relativa serán electos “de manera democrática” y, finalmente,

c) Los consejos electorales validan las listas presentadas, incluso si aparecen solo 10% de candidatas.

 tabla3Tabla 3

A pesar de que existe un sólido antecedente, la resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano (JDC) número 12624[4] en el  que la Sala Superior determinó que la excepción no podía ser invocada y obligó a los partidos registrar militantes mujeres para las elecciones federales del 2012, las autoridades estatales y los partidos siguen incumpliendo. Un ejemplo viene bien.

Caso Chihuahua

A finales de abril dos militantes del PAN y dos del PRD[5]  impugnaron el Acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral en Chihuahua (IEEC), en el que se establecían los lineamientos y criterios para el registro de candidatos a Diputados, Miembros del Ayuntamiento y Síndicos para el actual proceso electoral.

En síntesis, las militantes denunciaban en sus escritos de demanda el hecho que el Instituto relegaba la obligación de cumplir con el criterio paritario en las listas de candidaturas, 50-50 de cada género, con la fórmula “los partidos políticos procurarán, en la medida de lo posible, registrar formulas del mismo sexo”.

El pasado 15 de mayo, un día antes del inicio del periodo de registro de candidaturas, la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)[6] ordenó al Instituto respetar la paridad de género, haciendo caso omiso de las excepciones contempladas por la ley electoral, esto es, inaplicando la norma al caso concreto[7].

Si bien el criterio establecido por la Sala no fue reiterado en cinco casos para, de esta manera, crear jurisprudencia, la resolución[8] tiene una enorme trascendencia por los argumentos en los que se sostiene la decisión de los magistrados. A diferencia del criterio que había adoptado la SCJN[9] en varias acciones de inconstitucionalidad, la Sala de Guadalajara estableció que las cuotas de género, de conformidad con el bloque de constitucionalidad previsto por el artículo 1° de la Constitución, tienen fundamento tanto en la Constitución como en los tratados[10] . La resolución también se distinguió del JDC-12624 resuelto por la Sala Superior al establecer la inaplicación del precepto por ser inconstitucional. Respecto a este último punto es relevante señalar que si bien la Sala Superior optó por una interpretación que maximiza la aplicación de las cuotas, de haber inaplicado la norma hubiera creado un criterio con mayor impacto en las autoridades electorales.

Una medida legislativa no es una política de Estado

Aunque los partidos rehúyan las cuotas alegando que su libertad de auto-organización prepondera frente al derecho de igualdad en el ejercicio del poder de las mujeres, éstas han probado su  eficacia como lo demuestra la composición de la actual legislatura [11], compuesta de casi 37% de legisladoras, mientras que en la Legislatura LIX (2006-2009) [12] el 23% de los escaños en la cámara de diputados eran ocupados por mujeres.[13]

 Sin embargo, esta medida legislativa no alcanza a resolver el espectro de obstáculos[14] que enfrentan las mujeres en el terreno de la política, ni asegura su presencia en cargos de máximo nivel decisorio.  Habrá que esperar que el trabajo de esta legislatura colme estas carencias[15].

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Tabla 4

En todo caso, cabe señalar que el tema no parece tener un lugar claro en la agenda que ha delineado el Ejecutivo a travésdel Plan Nacional de Desarrollo. Si bien el documento define a grandes rasgos la política sexenal, no precisa concretamente las políticas públicas que se llevarán a cabo,  pero sí establece de antemano cuales serán los indicadores con los cuales serán evaluadas. En el caso de la política de equidad de género se estableció el Índice de Desigualdad de Género que se compone de  5 indicadores[16]. De los cuales uno “mide” la participación política por el número de escaños parlamentarios que ocupan las mujeres. Esta medición revela, por ejemplo, que no se considera la participación política de las mujeres a nivel del poder ejecutivo,  en los de cargos de decisión de la administración o en los ayuntamientos.

Las cuotas han sido una herramienta importante en la materialización de los principios constitucionales de igualdad y participación al posibilitar el acceso de las mujeres a los curules. Sin embargo, los avances obtenidos a nivel federal no pueden ocultar los rezagos que existen en la materia a nivel estatal.

Daniela Muñoz Levy. Estudiante, en proceso de titulación, de la licenciatura en Derecho del ITAM. Twitter:


[1] En Oaxaca, la mayoría de los partidos, con excepción del PAN y del PRI, presentaron listas que no cumplen con las  cuotas, y se adelanta que las candidatas están relegadas en los municipios más débiles.  http://www.nssoaxaca.com/columnas/90-rosy-ramales/48548-candidaturas-sorpresas-y-campanas-iy-la-cuota-de-genero . En Quintana Roo fue revocado por la Sala Regional del TEPJF el acuerdo del Instituto Electoral del Estado por que se aprobó las planillas de candidatos independientes que no respetaban las cuotas de género http://sipse.com/novedades/ordenan-cumplir-couta-de-genero-a-candidatos-independientes-32964.html.  En Tamaulipas, el descontento de las militantes se contuvo a pesar del incumplimiento de los partidos http://www.gaceta.mx/noticia.aspx?idnota=53750. Y finalmente, en http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=870693

[2]International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) define las cuotas como: una forma de acción afirmativa para ayudar a superar los obstáculos que les impiden ingresar en la política del mismo modo que sus colegas masculinos http://www.quotaproject.org/aboutQuotas.cfm

[3]La norma prototípica es la del artículo 219 del COFIPE “1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad 2. Quedan exceptuadas de esta disposición las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido”. Sin embargo la excepción del COFIPE ha sido suprimido por el criterio de jurisprudencia 16/2012

[4]En noviembre de 2011 un grupo de mujeres, con y sin partido, agrupadas en la red Mujeres en Plural presentó un Juicio para la Protección de Derechos Políticos del Ciudadano ante la Sala Superior del TEPJF, quién resolvió ordenar al IFE, y a los partidos y coaliciones, respetar la cuota de género en los términos establecidos en el primer párrafo del artículo 219 del Cofipe, sin excepción.

[5]Alma Ivette Rodríguez Chacón, Monserrat Elvira Villarreal Torres, Olivia Alicia Sáenz Estrada y Blanca Amelia Gámez Gutiérrez

[6]Por tratarse de una controversia relativa a un acto de la autoridad local, el Instituto Electoral de Chihuahua, en el marco de las elecciones de diputados locales y ayuntamientos, fue la Sala Regional de Guadalajara quién resolvió en  única instancia y en forma definitiva e inatacable. 

[7] Hasta la fecha el IEEC no ha acatado la sentencia. Una de las militantes presentó un recurso de inejecución, y se está a la espera que la Sala resuelva y ordene por nueva cuenta que se cumpla con la Ley.

[9]Acción de Inconstitucional 63/2009 y sus acumulados 61/2009 y 65/2009 y 57/2012 y sus acumuladas 58/2012, 59/2012 y 60/2012

[10] Convención sobre la Eliminación de  Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belém Do Pará”

[11]En el Informe de México ante la CEDAW, “el Comité toma nota con reconocimiento de las modificaciones realizadas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 2008, que introdujo un sistema de cupos de género para registrar a los candidatos en una proporción de 40:60, y acoge con beneplácito los resultados preliminares de las elecciones federales (2012), que indican que el 36,46% de los escaños del Congreso Nacional serán ocupados por mujeres” http://132.247.1.49/PAPIME306511/pdfs/Anex2_ObservcsfinalesCocedaw.pdf.

[13]Asimismo, en el terreno internacional el Inter-Parliamentary Union[13] publicó en 2012 un informe titulado Women in Parliament en el que se puntualiza que en los 22 de los 48 países en los que se celebraron elecciones ese año que contemplan cuotas, las mujeres tuvieron un 24 por ciento de los escaños parlamentarios, mientras que en los países en donde la medida no existe las mujeres tomaron sólo el 12 por ciento de los escaños.

[14] Angélica Bernal los agrupa en tres categorías fundamentales: i) obstáculos de partida, relacionados con la carencia de destrezas, conocimientos y oportunidades para participar en el juego político en igualdad de condiciones con los hombres; ii) obstáculos de entrada, derivados de la cultura en la que persisten estereotipos sobre los roles que deben desempeñar las mujeres en la sociedad, y que las alejan de la esfera pública, y iii) obstáculos de permanencia, que tienen que ver con la forma como se desarrolla el quehacer político. ¿Qué es ganar y qué es perder en política?: los retos en la participación electoral de las mujeres. (1999, 4 de julio). Museo de la Ciencia y el Cosmo [en línea]. Tenerife: Trujillo, W. M. Recuperado el 23 de junio de 2011, de http://www.mcc.rcanaria.es. Citado  en Ley de Cuotas en Colombia: avances y retos
Diez años de la Ley 581 de 2000, Documento de Discusión No. 13 elaborado por DeJusticia

[15]En Colombia, Panamá y Ecuador, por ejemplo han establecido legalmente la obligación de incluir mujeres en los cargos de decisión.

[16]1) Tasa de Mortalidad Materna.
2) Tasa de Fecundidad Adolescente.
3) Mujeres y hombres con al menos educación secundaria completa.
4) Participación de mujeres y hombres en escaños parlamentarios.
5) Tasa de participación de mujeres y hombres en la fuerza laboral.

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