Hace algunos días, Estefanía Vela publicó en este espacio una aguda crítica a la sentencia de la Suprema Corte que busca proscribir las palabras “puñal” y “maricón” de la sociedad mexicana, por tratarse de expresiones discriminatorias y que coquetean con el discurso de odio. En respuesta a este texto, el académico Roberto Niembro plantea algunas objeciones con el ánimo de matizar esta crítica y aguijonear la discusión respecto un tema no menor en las democracias modernas: los alcances del Estado al regular la libertad de expresión que lanza expresiones discriminatorias e insultantes. Aquí el debate.

Roberto Niembro. Estimada Estefanía, tú entrada me genera algunas dudas que te comparto. Yo tampoco sé por qué la Primera Sala escogió este caso para entrarle al tema del discurso de odio y las expresiones discriminatorias (entre ellas las homofóbicas). Sin embargo, tengo una intuición. Tal vez se debe a que los casos como este en los que la Corte se puede pronunciar sobre los derechos fundamentales que más importan a los ciudadanos de a pie, no por casualidad, son pocos. O por lo menos esa es la impresión que tengo de lo que he escuchado decir en conferencias a algunos ministros. Por otro lado, aunque parezca algo trivial, mi experiencia personal es que la decisión de la Corte tuvo un fuerte impacto entre la población en general. Por ponerte un ejemplo: unos días después de que la Corte dictara su resolución escuché de personas de todas las edades, ajenas a los debates de la Corte, expresar su conformidad y disconformidad con el criterio de los ministros. Es decir, la decisión los incitó a razonar, dialogar, debatir sobre el tema. Lo que no suele suceder.

Por otra parte, coincido contigo en que el Estado debe multiplicar los medios para que todas las personas puedan expresarse; sin embargo, no creo que ello deba excluir el reproche al discurso de odio o expresiones discriminatorias –dejemos por ahora la discusión sobre si en el caso concreto se trata de un discurso de odio, que por cierto no estoy muy seguro que la Primera Sala haya afirmado que así fuese-. Es decir, en mi opinión, ambas medidas pueden servir para una política deliberativa robusta. Por un lado, generando información plural y espacios para que todos y todas puedan expresarse. Por el otro, garantizando que el discurso de unos no desincentive la participación de otros. Pues como tú misma lo dices: “No dudo que la exposición a una descalificación pueda tener como efecto que muchos homosexuales –o mujeres o indígenas y demás– no se atrevan siquiera a hablar”.

Un tercer argumento que me inquieta es tu punto de vista: “El problema no es la idea en sí –cuestionar el valor de las personas–, sino cómo se expresa: a través del insulto.” En mi opinión, en este caso la “idea” también es el problema, pues además de que en México “puñal” es una forma despectiva e insultante de referirse a una persona, lo que se está haciendo es utilizar la preferencia sexual de alguien como algo disvalioso. Es verdad que llamar a un homosexual gay no es lo mismo que decirle puñal, y puñal no es lo mismo que decir “pinche puto”, aun cuando en el fondo estas dos últimas expresiones insultantes denotan una minusvaloración de una preferencia sexual. Así, creo que tu analogía con aquellos que dicen que los homosexuales son unos enfermos no es correcta. Mientras esta tesis pudiera ser debatida en términos científicos/psicológicos (ya superada), cuando calificas a alguien como puñal no hay espacio para la discusión, en tanto es un argumento ad hominem.

Finalmente, mi argumentación no conlleva a que el insulto siempre deba estar prohibido, sin embargo, en este caso concreto, considero que al tratarse de una expresión discriminatoria no aporta nada –y sí perjudica por desincentivar la participación- a la deliberación democrática (cabe aclarar que la Sala no habla de insulto, pues según doctrina de la Corte la Constitución no lo protege, sino se refiere a expresiones discriminatorias-homofóbicas, “ofensivas” –aunque según la RAE insultar es ofender- u oprobiosas, que al ser impertinentes para emitir el mensaje del autor, resultan vejatorias). De hecho, en un contexto como el nuestro, considero que la Primera Sala actuó correctamente al concientizar e incentivar el debate –ante la falta de crítica y en muchas ocasiones tolerancia social- sobre el daño que provocan estas expresiones. En otras palabras, no calló a nadie ni borró ciertas palabras del diccionario, sino que nos recordó los efectos negativos que tienen ciertas expresiones discriminatorias para la inclusión y participación de los grupos discriminados.

Saludos,

Estefanía Vela. Roberto, estoy de acuerdo contigo en que la Sala aprovechó esta ocasión para pronunciarse por los derechos fundamentales. Fue una oportunidad que consideró de oro para enviar un mensaje: que habría que corregir cómo hablamos, porque dependiendo de cómo hablamos, podemos perpetuar esquemas de discriminación o fomentar un mundo de respeto y tolerancia. Entiendo el propósito, no sé si la forma de ejecutarla era la mejor.

Primero, porque creo que de todos los problemas jurídicos que provocan más ansiedad en la gente, el de tener que modificar cómo hablan es uno de ellos. Insisto: claro que hay señalar todas estas “prácticas” –el cómo nos insultamos, el cómo nos burlamos de la gente–. Pero no sé si sea el Estado el que se tenga que poner a deconstruirlas. La sentencia de la Corte me parece excelente para haber formado parte de un blog o un libro de estudios sociales, o parte de una discusión social más amplia. Su contenido no me parece necesariamente adecuado para ser una sentencia relacionada con un juicio de daño moral.

Segundo, el reproche del discurso de odio a mí no me causa problema (los tratados internacionales me parecen relativamente claros sobre la construcción de esta categoría). La cosa es que la Sala no se limitó al discurso de odio –que incita a la acción–, sino que abarcó las “expresiones discriminatorias”. Esto implica que el Estado puede alcanzar muchas más expresiones. Todas las discriminatorias, prácticamente. No es sólo un mensaje que incite a que la gente se manifieste en contra de o ataque a un grupo, sino las burlas, los insultos cotidianos. Tanto alcance del Estado a través de un juicio por daño moral, a mí no me gusta. Insisto: si se invirtiera en crear acceso a medios, en darle a las personas “micrófonos” para hablar, alguien más se podría poner a desmenuzar todas estas prácticas. A explicar por qué pueden ser –para algunos– ofensivas.

Tercero, quizá en ciertos círculos la homosexualidad como enfermedad ya esté “desacreditada”. Pero la idea no muere. Está, por ejemplo, el tema de la “terapia de conversión” que varios religiosos y psiquiatras están tratando de impulsar en Estados Unidos y, si mal no recuerdo una nota periodística, también ha llegado a México. El año pasado se publicó un estudio bastante importante sobre si los padres gay eran o no buenos padres (sosteniendo que no lo eran). Para mí, esto implica cuestionar su capacidad como padres sólo por ser gay. O su sanidad sólo por ser gay. Así como el insulto que tú señalas implica reducir y burlarse de una persona sólo porque es gay. Si lo que importa es desterrar la idea de que la gente cuestione a la homosexualidad y la asocie a algo negativo o la conciba como algo inaceptable, el problema no es sólo el insulto –una forma de manifestar ese rechazo–, sino todos los esfuerzos científicos, religiosos, artísticos y jurídicos incluso para hacer de esta idea una realidad.

Tú dices que el problema con el insulto es que no se puede “debatir” con la persona. Primero, yo creo que hay personas que publican textos “argumentados” con las cuales no se puede debatir, y hay personas que insultan con las que sí se puede debatir. El debate depende más de la persona, del contexto, que con la “forma” en la que se externa una idea en sí. Segundo (y volviendo al punto del párrafo anterior), que a mí me digan “pinche marimacha” me podría descalificar tanto como el estudio que pretenda decir “las lesbianas no son buenas madres” o “los homosexuales se suicidan más, tienen problemas de socialización y son promiscuos”. Ambos son ataques, uno más “directo”, otro más “indirecto”, a mi persona por ser gay. A mí me afecta tanto que en un púlpito se afirme que el matrimonio es sólo entre un hombre y una mujer, a que me digan en una columna “machorra”. Para mí el insulto no tiene nada de especial, cuando el tema es la discriminación generalizada. De hecho, me parece lo de menos. Me impactan mucho más los estudios (¿son o no buenos padres?, ¿son o no más inestables?), o las películas y series en las que o no aparecen las personas gay o aparecen solamente como personas problemáticas, o las discusiones políticas  (¿se les debe reconocer qué derechos o no?). En todas las instancias se juzga lo que soy y valgo por un solo hecho o característica. Por eso me parece que sólo entrarle al insulto, supuestamente siendo “sensible” a como es la “realidad” de la discriminación, me acaba pareciendo simplemente una cuestión de civilidad clásica, redefinida al siglo XXI: no hay que ser groseros.

Y claro que el insulto “no aporta nada”. Decirle “pendejo” a alguien no aporta nada. Decirle “animal” a alguien no aporta nada. Decirle “puñal” a alguien no aporta nada. ¿Que puede haber otra forma de hacer la “crítica”? Por supuesto. Pero, ¿en esto vamos a gastar los impuestos? ¿En impulsar a la gente a que modere sus insultos con juicios por daño moral? Porque esta no es sólo una discusión en abstracto sobre insultos, sino sobre las vías jurídicas específicas que diseñamos para castigarlos o remediarlos. A mí la vía que parece haber abierto la Sala, no se me hace la adecuada.

Roberto Niembro. Estefanía, agradezco tu respuesta y el intercambio de ideas. Creo que los dos coincidimos en lo sustancial -en nuestro rechazo a la discriminación por preferencias sexuales y en la importancia de la deliberación- aunque no así en los medios para combatirla, o por lo menos no totalmente –pues también estoy de acuerdo en la importancia de crear múltiples espacios de expresión, particularmente, para los que no tienen voz-. Te expreso algunas otras consideraciones que me vienen a la cabeza de la lectura de tu respuesta.

Lo primero es que para mí la Corte es un actor más dentro de esa discusión social más amplia. No lo veo como el principal, pero sí como uno que puede ayudarnos a mejorar nuestra deliberación, por ejemplo, ayudándonos a desterrar los “insultos” o las opiniones discriminatorias (de hecho creo que la sentencia en alguna medida se explica porque la mayoría de la Sala considera que no sólo se trata de resolver un caso entre periodistas, sino de velar por la inclusión democrática). Sobre todo cuando los otros órganos del Estado hacen muy poco y la sociedad civil es tan poco crítica como la nuestra. Que la Corte hable a través de sus sentencias y tenga la posibilidad de ordenar indemnizaciones es una cuestión distinta, la cual me parece que se justifica en el caso concreto (aunque no debemos perder de vista que la Corte no ordenó una indemnización, pues no afirmó que hubiera daño moral, sino que lo dejó en manos del Tribunal Colegiado).

Por otro lado, no estoy seguro de que las expresiones discriminatorias abarquen “todo”, sino sólo las expresiones discriminatorias. Es decir, la prohibición de dichas expresiones no es lo mismo que prohibir que alguien diga “cabrón” o “pendejo”, pues estos dos insultos no conllevan esa carga de minusvaloración de algo como las preferencias sexuales (de ahí que sean erróneos los argumentos en el sentido de que cualquier comentario ofensivo será motivo de judicialización, pues a la primera oportunidad que tenga la Corte podría recordarnos que no son lo mismo). En este sentido, la Sala no prohibió “las groserías” como una mamá que lava a sus hijos la boca con jabón, sino que hizo un reproche a ciertas expresiones discriminatorias, que en cierto contexto fueron ofensivas u oprobiosas, y que al ser impertinentes para expresar las opiniones del autor fueron absolutamente vejatorias –por cierto, no puedo dejar de criticar que la sentencia no es muy clara en el uso de los conceptos-.

Un tercer punto es que para mí no es lo mismo en términos discursivos, aunque pueda tener los mismos efectos negativos para la causa de la igualdad, que alguien diga “puñal” o “maricón”, a que alguien se esmere en hacer una investigación científica sobre porque los gays son “enfermos”.

En otras palabras, contra lo primero no puedo contra argumentar, mientras que contra lo segundo afortunadamente sí. De hecho, creo que sólo distinguiendo entre estas dos cuestiones es que podemos superar los prejuicios, porque cuando discuto “argumentos” –que no insultos- puedo debatir en términos de racionalidad, no así cuando se “insulta” discriminatoriamente. Así, considero que la Corte hace bien en desincentivar los “insultos” o las expresiones discriminatorias, pero no el debate de la ciencia, psicología, etc.

Con esto conecto con tu argumento “yo creo que hay personas que publican textos “argumentados” con las cuales no se puede debatir, y hay personas que insultan con las que sí se puede debatir”. Tienes razón, hay personas que nos dan argumentos pero que no están dispuestas a escuchar y razonar, no tienen disposición al diálogo y menos aún a pensar que pueden estar equivocadas. Ahora bien, esa es una cuestión distinta al tipo de argumento que esas personas, cerradas o no, puedan utilizar. Ese es mi punto. Una cosa es el tipo de expresión, v. gr. el insulto (que no es argumento), y otra es que la persona que sí te da razones no esté dispuesto a deliberar.

Finalmente, es un gusto debatir contigo. Saludos.

Estefanía Vela. Roberto: últimos puntos, ya que, como dices, estamos más en desacuerdo por las formas, que por el fondo.

Claro que la SCJN es un actor más. Pero en tanto es un actor estatal y no alguien que forma parte de la “sociedad civil” y, además, utiliza un mecanismo coactivo (o actúa teniendo como trasfondo un mecanismo coactivo, como lo es el juicio por daño moral), creo que tiene más límites en lo que puede hacer que otras instancias estatales u otros organismos no gubernamentales.

Entiendo también que en México sean pocas las instituciones gubernamentales que hagan algo por la discriminación. Y también entiendo que en México la sociedad civil está… ¿en dónde, exactamente? Entiendo que se quiera “usar” al Estado para este tipo de cosas: es el vocero. Pero a la vez, creo que esto sigue incentivando la cultura de irle a llorar por todo al papá. Estado sin hacer un esfuerzo por articular un discurso desde la ciudadanía. Creo que el punto es que sea la ciudadanía misma la que lo haga. No el Estado –en este tema del debate-. ¿Dónde están los blogs despedazando a Núñez Quiroz por usar esas expresiones? ¿Dónde está la condena por parte de locutores de radio o televisión? ¿Dónde están los académicos tratando de desmenuzar el origen o las consecuencias de estos insultos? ¿Dónde están los mismos gays –o heterosexuales progres– levantando la voz y explicando por qué estos pueden ser dañino? Por eso insisto: si no existe este “foro”, si no existe este “ejército” de ciudadanos, hay que crearlo. Desde aquí, por ejemplo, toda la labor que está realizando el CONAPRED, relativa a generar información (estudios sobre el racismo en México, estadísticas sobre homofobia en México, encuestas sobre el sexismo en México), producir programas de televisión, convocar a conferencias informativas y grupos de trabajo e impulsar concursos de ensayo, son fundamentales. Necesitamos más de esto.

Callar destierra ciertas palabras de la discusión pública. Pero las sentencias: 1) no siempre logran explicar bien por qué hay que desterrar estas palabras; 2) ni tampoco ofrecen una alternativa sobre cómo sí deberíamos hablar. Y este, al final, es el punto: la educación. Cómo deberíamos hablarnos. Cómo deberíamos discutir. Cómo deberíamos defendernos. (Por cierto, creo que cuando la ciudadanía sí se llega a manifestar en estos temas, curiosamente también tienden a recurrir a los insultos. Ni los que creen que está mal discriminar parecen ser capaces de ofrecer razones para explicarlo sensatamente. Y este es el problema: hasta que no seamos capaces de explicar –dar razones, dar razones, dar razones– seguiremos en los insultos).

Aludí a “pendejo” y a “animal” porque la Sala articula a las expresiones discriminatorias como un tipo más de insulto. Si acaso distingue las razones (se supone) por las cuales unos y otras no son expresiones protegidas, al final, acaban estando en la misma categoría: son groserías. Y, por ser groserías, deben proscribirse. Y esto es lo que me molesta de toda la intervención. Que ni se toma en serio el problema de la perpetuación de las ideas de la discriminación, pero sí se perpetúa, a su vez, un esquema en el que se sanciona a la grosería. Lavar la boca con jabón –como mencioné en el comentario anterior-.

Último punto: entiendo también que contra los insultos no se pueda argumentar, como tú lo planteas. Pero, insisto, si lo que importa es la argumentación (o sea, tener la capacidad de entablar un diálogo), el problema tampoco son sólo los insultos. Sino las actitudes de las personas u otro tipo de “argumentos” que también cierran el diálogo (recordé esto por ejemplo).

Lo que me lleva a: ¿qué se quiere subsanar? O, ¿cuál es el problema? Si el problema es que el insulto cierra el diálogo, entonces hay que irnos en contra de todas las expresiones y actitudes que cierran el diálogo. E incluso aquí, la pregunta es: ¿acudimos a la sanción o reforzamos el derecho de réplica que pretende reinstaurar el diálogo? ¿Y qué de la educación? Porque, digo, realmente si la gente no sabe pensar, razonar, argumentar, ¿cómo esperamos que no acuda al insulto para hacer un punto? Si el problema es la ofensa (diálogo o no), entonces hay que establecer claramente quién se ofende y quién, dentro de los que se ofenden, tienen derecho a recurrir a qué mecanismo (¿Prida Huerta? ¿“los homosexuales”? ¿Daño moral? ¿Ir a la CONAPRED? ¿Derecho de réplica?). De esta sentencia no me acaba de quedar claro qué se protege cómo, ni por qué; ni por qué ciertas cosas no se protegen.

Hasta un abrazo te quiero mandar, aunque no te conozca.

Roberto Niembro. Gracias Estefanía. En tanto se trata de una ongoing dicussion estoy de acuerdo en podemos seguirla más adelante y escuchar otras voces. El gusto fue mío. Un cordial saludo.

 

Estefanía Vela Barba. Abogada por el ITAM, actualmente estudia la maestría en Derecho en la universidad de Yale. Twitter: @samnbk

Roberto Niembro O. Investigador de la ELD. www.analistastc.com Twitter: @rniembro1

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En los últimos días, han circulado algunos textos críticos -de Jesús Silva-Herzog en el diario Reforma y Estefanía Vela en este mismo espacio- en contra de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que trazó un límite a la libertad de expresión cuando se aprovecha ésta para lanzar expresiones insultantes; en concreto, las frases de “puñal” y “maricón”. Una de las críticas clave que han esgrimido estos textos en contra de esta decisión de la Primera Sala, es su concepción de la libertad de expresión que no alcanza para proteger la expresiones insultantes. Esto es, el paraguas de protección de este derecho no cubre aquellos discursos vejatorios e impertinentes que no aportan idea alguna y cuyo único propósito es sólo ofender. Dice Silva-Herzog:

Los ministros que se han pronunciado por excluir palabras del vocabulario constitucionalmente admisible asumieron el poder de rehacer el lenguaje… en nuestro beneficio. Con gruesa tinta negra ha tachado dos palabras como generadoras de tales daños que deben considerarse impronunciables. ¿Redactará la Suprema Corte de Justicia un diccionario de palabras saludables e inofensivas que podemos usar sin lastimar a nadie? Si ya hay dos palabras ilícitas, mañana puede haber diez y la semana siguiente diez mil. De acuerdo a los criterios que la Primera Sala expuso, no será difícil emprender esa limpia del lenguaje: simplemente habrá que detectar los vocablos que ofenden a una categoría personas y ya está: la Corte las proscribirá. Una resolución ambigua y francamente peligrosa para el clima de libertad de expresión en el país que, para sumarle ofensa al absurdo, otorga el privilegio de usarlas en exclusiva a los artistas y a los científicos.

No es la primera vez que nuestra Suprema Corte sostiene este criterio. En el caso La Jornada vs. Letras Libres estableció justamente que la Constitución no protege ningún derecho al insulto. Sin embargo, en este último asunto aplicó por primera vez este rasero. ¿El resultado? Un criterio carente de una reflexión profunda sobre el papel del insulto en una dinámica democrática, mal aterrizado al caso concreto, sin considerar el contexto de éste y sin prestar atención siquiera a un aspecto medular: la capacidad de respuesta de la persona “insultada” -no hay que olvidar que el pleito se suscitó entre dos editorialistas de un par de periódicos de provincia.

Pero más que insistir en los errores de esta decisión, me interesa rescatar algunos de los mejores exponentes del arte del insulto que hoy en día, de acuerdo a la sentencia de la Corte, su libertad de expresión podría estar protegida al considerar sus insultos como parte del discurso científico y artístico, pero que en su momento no pocos de ellos también fueron lanzados en periódicos, panfletos, cartas… con el único ánimo de ofender al prójimo. Pienso, por ejemplo, en tan sólo unos ejemplos: la obra de G. K. Chesterton, William Hazlitt, Fernando Vallejo, los Ensayos impopulares de Bertrand Russell, la demoledora carta de Robert Hughes “La Sohoiada o la mascarada del arte” y las vejatorias e impertinentes expresiones de Roberto Bolaño en contra de Octavio Paz.

Para los interesados en este estimulante arte, es consulta obligada el libro de Héctor de Anaya El arte de insultar. Obra resultado de una investigación de casi una década para rescatar los mejores insultos a lo largo de la historia de la humanidad. Sin olvidar, por supuesto, la ráfaga de insultos de Arthur Schopenhauer que se compilaron también bajo el título de El arte de insultar y que aquí transcribo algunos de sus dardos punzantes:

  • Otras partes del mundo tienen monos; Europa tiene franceses. Una cosa compensa la otra.
  • Hegel: dilapidador de papel, tiempo y cerebros.
  • Denominar bello sexo al género de corta estatura, hombros estrechos, caderas anchas y piernas cortas sólo podría hábersele ocurrido al intelecto masculino, ofuscado como está por el instinto sexual; instinto en el que cabe retrotraer toda la belleza de aquel género.
  • Hay críticos que consideran que depende de ellos establecer lo que es bueno y malo, y confunden su trompeta de juguete con los clarines de la fama.
  • El escándalo filosófico de los últimos cincuenta años no se hubiera producido de no ser por las universidades y el público estudiantil que asimilaba crédulo todo lo que se le ocurriera decir al catedrático de turno
  • Esos establos como pienso que son las cátedras constituyen, en términos generales, el entorno ideal para los rumiantes.
  • [Químicos que desean filosofar] Alguien debería decirles a estos señores de tubos de ensayo y retortas que la química por sí sola capacita para ser boticario, pero no filósofo.
  • Una gran cantidad de malos escritores vive enteramnete de esa estupidez del público consistente en no querer leer nada excepto lo impreso el mismo día: me refiero a los periodistas. ¡Merecen el nombre que llevan en alemán [Journalisten]! Traducido literalmente reza: jornaleros.
  • Exageraciones de todo tipo son tan características de la jerizonga periodística como del arte dramático. Pues se trata de sacarle mayor provecho posible a cualquier suceso. De ahí que todos los escritores de periódicos sean alarmistas de oficio: ésa es su manera de hacerse interesantes. En ello no se diferencian, por cierto, del perro pequeño que, al más mínimo movimiento, empieza a ladrar fuertemente.
  • El propio pueble elegido de Dios no nos permite olvidar que, tras haber hurtado en Egipto, por orden expresa de Jehová, las vasijas de oro y plata que sus antiguos y confiados amigos les habían prestado, emprendió, con el asesino de Moisés a la cabeza, su campaña de rapiña y asesinatos a través de la tierra prometida, para arrebatársela a sus legítimos dueños, por ser ‘tierra de promisión’, ya que aquel mismo Jehová había ordenado que no fuesen a tener pieda de nadie; y así, mataron y exterminaron sin piedad a todos los habitantes, incluyendo mujeres y niños (Josué, 10 y 11), por el solo hecho de qu eno habían sido circuncidados y no conocían a Jehová…

 

Saúl López Noriega. Profesor e investigador de tiempo completo del departamento de Derecho del ITAM. Twitter: @slopeznoriega

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Hace un par de semanas, la Primera Sala de la Suprema Corte decidió un amparo medular para la libertad de expresión, al ser el primer asunto que desarrolla una doctrina sobre discursos de odio y expresiones discriminatorias.[i]

Reiterando lo que había establecido en otro precedente, esta Sala determinó que existen expresiones protegidas y expresiones no protegidas por la libertad de expresión. Los insultos se ubican en la segunda categoría.[ii] ¿Por qué? Debido a que el propósito de la libertad de expresión no es proteger todo, sino sólo aquello que tiene valor para la búsqueda de la verdad, la crítica democrática, la autonomía de las personas, etcétera. El insulto por el insulto –cuando es “absolutamente vejatorio” e “impertinente” para expresar una idea– no aporta nada. Sólo ofende. Por esta razón, es correcto limitar el ejercicio de la libertad de expresión de una persona cuando se reduce a lanzar insultos sin ningún propósito o utilidad.[iii]

Ahora bien, en este caso la Sala agregó un ingrediente no menor: dentro los insultos, se encuentran las expresiones discriminatorias y los discursos de odio. El punto en común entre ambos es que versan sobre alguno de los rasgos contenidos en el artículo 1º, párrafo 5º de la Constitución. Esto es, son expresiones negativas sobre el origen étnico o nacional de las personas, su género, discapacidades, religión, edad, salud, condición social, estado civil o preferencias sexuales. De ahí que la diferencia entre estos dos tipos de discursos es meramente de grado: las expresiones discriminatorias sólo pretenden o tienen como efecto la ofensa o burla; mientras que el discurso de odio da el siguiente paso y busca “incitar a la acción” en contra de alguna persona o grupo de personas.

Los ministros de la Primera Sala ya habían determinado que la libertad de expresión goza de una mayor protección cuando la expresión versa sobre un asunto de interés público y es proferida en un debate público.[iv] Pero en este fallo estableció además  que “el respeto al honor de las personas como límite del ejercicio de la libertad de expresión [...] alcanza un mayor estándar de protección, cuando las mismas se refieran a colectividades que por rasgos dominantes históricos, sociológicos, étnicos o religiosos, han sido ofendidos a título colectivo por el resto de la comunidad.”

Este paralelismo entre la importancia de la expresión política y, a su vez, la relevancia de proteger el honor de estos grupos sólo se entiende a partir del papel que la Sala le atribuye al lenguaje en la creación de una realidad. Así como la expresión es capaz de influir en el debate democrático –y, con ello, en cómo ejercemos la ciudadanía–; en este contexto, el lenguaje es capaz de hacer de la realidad algo tolerable –permitiendo la “eliminación de prácticas de exclusión y estigmatización”– o algo insufrible –“provocando que los prejuicios [...] se arraiguen en la sociedad”–. Desde la perspectiva de la Sala, cada palabra que proferimos importa. Cada chiste, cada discurso, cada imagen podría estar contribuyendo a la construcción de una sociedad verdaderamente democrática –en la que la dignidad de todos sea respetada– o, por el contrario, podría estar minándola.

Esto sirve para entender los errores de la mayoría de los ministros de la Primera Sala al resolver este caso. Pues en realidad este asunto no versaba sobre expresiones homofóbicas. Era un caso, más bien, donde el director de un periódico (Síntesis) se ofendió porque le dijeron que en su medio de comunicación utilizaban “columnas viejas, libros pagados, escritores pagados y columnistas maricones” para criticar a su opositor (Intolerancia). Porque le dijeron que la lección que habría de aprenderle a uno de sus columnistas era, precisamente, “los atributos que no debe tener un columnista: ser lambiscón, inútil y puñal”. El director no se ofendió a nombre de los puñales y los maricones. Se ofendió porque lo insultaron. Punto.

Que existe una tensión entre los hechos del caso y la doctrina que desarrolla la Sala es evidente hasta en su misma resolución. La Sala concluye que el hecho de que se haya determinado que “las expresiones analizadas conformaron un discurso homófobo, no implica necesariamente que éstas hayan producido un daño moral”. Pues sí: que “puñal” y “maricón” sean ofensivas para “los homosexuales” no significa que sean ofensivas y le hayan provocado un daño moral, por estas razones, al director de Síntesis.

Si de por sí es difícil que las personas acepten que quizá exista un problema con expresar su aberración por los homosexuales directamente, no entiendo por qué la Sala eligió este caso –en donde los homosexuales aparecen indirectamente y sólo a través de una interpretación de los insultos– para desarrollar esta doctrina. No sé si la mejor forma de provocar una concientización sobre las consecuencias discriminatorias del lenguaje sea que el Estado señale a las personas que por insultar a B, pueden ofender a C y, además, acabar siendo sujetos de un juicio por daño moral.

México, a diferencia de otros países, no está obligado sólo a respetar –i.e. no interferir– en la libertad de expresión, sino que debe protegerla, garantizarla y promoverla. Es decir, el Estado no sólo debe preocuparse por cómo los insultos de unos afectan a otros, sino que también debe preocuparse por que estos otros puedan expresarse y defenderse. No dudo que la exposición a una descalificación pueda tener como efecto que muchos homosexuales –o mujeres o indígenas y demás– no se atrevan siquiera a hablar.[v] Pero más que enfocar todos sus esfuerzos en silenciar, creo que el Estado debería multiplicar los medios para que todas las personas puedan expresarse. Educación sexual en pro de la diversidad en las escuelas, estudios sobre los derechos que tiene la población gay, programas de radio o televisión dedicados a la discusión de estos asuntos o fondos patrocinando el arte queer, son sólo algunos ejemplos de medidas que pueden ampliar la expresión de unos y diversificar el debate.

Este es el punto de la libertad de expresión: que sean los mismos ciudadanos los que tengan la capacidad de confrontar las ideas. En este caso, a quienes se oponen, abiertamente, a la homosexualidad o a quienes, inconscientemente, perpetúan esquemas de opresión.

Ahora, asumiendo que es legítimo que el Estado a veces silencie a las personas, dudo también que los estándares y las razones que ofrece la Sala sean las adecuadas. Leyendo la sentencia, a veces parece que el problema con las expresiones discriminatorias es que ponen en entredicho la dignidad de las personas ofendidas. Pero esto es falso. El problema no es la idea en sí –cuestionar el valor de las personas–, sino cómo se expresa: a través del insulto. Si lo que importa es la idea, puede ser igual de preocupante los que financian investigaciones que pretenden comprobar por qué los homosexuales son unos enfermos, como los que simplemente lo dicen –“perversos”, “aberrantes”, “antinaturales”, “enfermos”–. Sin olvidar que ambos pretenden incidir en la formación de la ley (que no se reconozca el matrimonio gay, que no haya educación sexual en las escuelas, etc.). Esto es, ambos están relacionados con la expresión política, misma que –junto con el discurso artístico y científico– la Sala no está dispuesta a silenciar (y qué bueno).

Por eso me parece más congruente la posición de la Suprema Corte de Estados Unidos: privilegiar el fondo, más que la forma. Si esto significa que a veces tendremos que tolerar insultos, ni modo. El punto es que las personas puedan expresar sus ideas. De lo contrario, lo que importa es la forma y justo no el fondo. Y el Estado se convierte en una madre que le lava la boca con jabón a los ciudadanos argumentando que es por homofóbicos, cuando en realidad es sólo por groseros. Y mis impuestos se van a los regaños –porque los juicios cuestan–, en lugar de irse a legitimar interlocutores, multiplicar ideas y robustecer el debate democrático.[vi]

 

Estefanía Vela Barba. Abogada por el ITAM, actualmente estudia la maestría en Derecho en la universidad de Yale. Twitter: @samnbk


[i] En Letras Libres, el Ministro José Ramón Cossío publicó una versión resumida de su voto minoritario.

[ii] Esto lo determinó en el Amparo Directo 28/2010 (el caso Letras Libres v. La Jornada), también a cargo del Ministro Arturo Zaldívar.

[iii] La Sala no aclara bien qué implica que una expresión no esté protegida. ¿Significa que puede ser silenciada? ¿Significa que debe ser silenciada?

[iv] Véanse los siguientes casos: el Amparo Directo en Revisión 2044/2008, el Amparo Directo 6/2009 y, otra vez, el Amparo Directo 28/2010.

[v] Esta es la postura de Owen Fiss aplicada al problema de las expresiones discriminatorias: el problema con estas expresiones no es que “ofenden” a las personas, sino que provoca su silencio. ¿Quién quiere hablar si va a ser objeto de una descalificación absoluta? ¿Qué mujer se va a querer quejar sobre las condiciones discriminatorias de su trabajo si será recibida por un “vieja histérica”? ¿Qué homosexual querrá salir del clóset si sabe, por los chistes que cuentan sus compañeros, que los “putos” son ridículos? ¿Quién se querrá dedicar a defender los derechos LGTB o la igualdad, si será ridiculizado? La postura de Fiss es que para potenciar la expresión de unos, quizá a veces haya que silenciar a otros. O sea, es un problema de libertad de expresión v. libertad de expresión. Si bien esta postura me parece atractiva, para mi el problema sigue estando en la multiplicación de discursos, más que en su silencio.

[vi] Eso no significa que las personas puedan insultar impunemente. Sólo significa que la crítica no debe provenir del Estado en esta forma, sino de la misma “sociedad civil”. Si no hay una sociedad civil –o es muy débil–, el Estado debe hacer todo lo posible por posibilitar su acceso a la expresión. Esto mandata la Constitución, explícitamente, para el caso de los indígenas (artículo 2). E implícitamente lo mandata para los demás (léase el artículo 1, con el artículo 6). Aquí deben concentrarse los esfuerzos y hacer de la ampliación del debate una realidad.

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Mario López Valdez (Malova), gobernador del estado de Sinaloa, emitió un decreto el 2 mayo de 2011 mediante el cual reformaba diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Alcoholes de esa entidad. Específicamente, en el artículo 16 se adicionaban en las fracciones I y VI, la facultad del poder ejecutivo estatal de revocar, bajo criterios poco claros, licencias para la venta de alcohol en aquellos establecimientos públicos que difundieran música, videos o imágenes “tendientes a enaltecer criminales, conductas antisociales o actividades ilícitas”.

La decisión, replicada rápidamente en Chihuahua, vigente en Tijuana y presentada, en la anterior legislatura, como iniciativa en la comisión de justicia de la Cámara de Diputados, se produjo en un entorno caracterizado por el incontrolable aumento de la violencia, la incapacidad gubernamental para instrumentar políticas rentables en el corto plazo y, sobre todo, por el desgaste mediático y político del tema del narcotráfico. En este contexto, la tendencia prohibitiva se utilizó principalmente para aumentar la popularidad o incrementar la legitimidad de algunos gobiernos locales, a pesar de correr el riesgo de vulnerar derechos fundamentales o establecer límites inaceptables a la libertad de expresión.

Así, el pasado 14 de febrero, el pleno de la Suprema Corte resolvió una controversia constitucional presentada por el poder legislativo del estado de Sinaloa, mediante la cual se impugnaba que algunos artículos de este decreto emitido por el ejecutivo estatal invadían la facultad legislativa del Congreso local y violaba el principio de división de poderes, establecidos en la Constitución.

La Corte, en respuesta, declaró la invalidez del artículo16, fracción VI del Reglamento de la Ley de Alcoholes, con el argumento de que prohibir la difusión de música que enaltezca actividades ilícitas no constituye una medida para el combate al alcoholismo, sino que se inserta en el ámbito de la moral pública y el respeto a las buenas costumbres. Lo cual es materia de los Bandos de Policía y Buen Gobierno, competencia exclusiva de los Ayuntamientos. La posible vulneración de la libertad de expresión derivada de la prohibición, estuvo ausente en la discusión ya que el recurso presentado- controversia constitucional- es una figura diseñada para dirimir conflictos entre poderes surgidos por la distribución de competencias. Sin tener la posibilidad de abordar temas sobre los alcances y límites de los derechos fundamentales.

Ahora bien, la ruta pública del proceso que siguió la iniciativa de Malova desde su publicación, su defensa pública, hasta la declaración de invalidez, fue muy distinta a la ruta legal. En los medios de comunicación, el decreto y la declaración de invalidez, fueron interpretados como un revés de la Corte a favor de libertad de expresión y, por otro lado, representantes del gobierno de Sinaloa declararon respetar el fallo, pero no estar de acuerdo con la decisión, ya que el gobierno lo único que buscaba era disminuir y frenar la creciente llamada “narcocultura”.

Por una parte, en la defensa pública que hizo Malova de su decreto, su posición sobre la libertad de expresión fue ambigua y, por otro lado, el decreto reivindicaba, sin mencionarlo, la idea de que la difusión de la música era una de las razones principales del aumento de la violencia. De esta forma, a través de su discurso público estableció que la sociedad y el Estado tenían los mismos objetivos, medios y responsabilidades por los resultados obtenidos de cualquier decisión. Lo que le permitió construir un apoyo social y mediático, a partir del rechazo y criminalización de los intérpretes musicales, frente a la defensa del bien común.

La decisión de Malova negó la existencia de un conjunto de reglas y principios propios de un gobierno democrático, pues a pesar de que ya existían leyes encargadas de garantizar la seguridad de los centros nocturnos, bares y restaurantes, decidió invadir facultades de otros poderes para promulgar nuevas reglas.

Según el sociólogo Robert K. Merton, este tipo de comportamiento se llama anomia: el desprecio de los medios empleados y el énfasis en los fines perseguidos. Es decir, la disociación entre los objetivos que una sociedad esparce entre sus miembros y las capacidades que desarrolla para alcanzarlos. En este sentido, al privilegiar los fines sobre los medios, las reglas pierden toda importancia y son violadas constantemente. El deseo por alcanzar ciertos fines, mediante el uso de cualquier medio para alcanzarlo, sin detenerse en establecer cuáles son los medios adecuados. Por ejemplo, promulgar o derogar una ley para obtener legitimidad, sin respetar la división de poderes o excediendo facultades reglamentarias.

El paradigma del éxito que Malova privilegió a partir de la promulgación su decreto, se define por la aversión a lo institucional, la indiferencia frente al Estado de Derecho y la total negación de la política. De acuerdo con Merton, esto equivale a descuidar lo público, que es el espíritu mismo del Estado.

De ahí la importancia de conocer los fundamentos sobre los que un gobierno construye su concepción sobre el derecho y sus valores democráticos. En este sentido, mientras no se contribuya, mediante el ejercicio del gobierno, a fortalecer la cultura de la legalidad, la batalla cultural que libra el Estado por defender sus principios, ideas y actitudes políticas, va a estar rebasado por las expresiones alrededor del narcotráfico.

El ejercicio de gobierno es lo que define lo permisible y no permisible, lo aceptable y lo inaceptable. A partir de eso, se puede fortalecer la confianza, el sentido de pertenencia y el reconocimiento de la diversidad en una comunidad.

El éxito y transformación de las expresiones culturales del narcotráfico, dependen en buena medida de la victoria o derrota de las construcciones culturales y jurídicas de nuestros gobiernos. Uno de los más influyentes estudiosos de la violencia en Colombia, Daniel Pécault, señala que las expresiones culturales relacionadas con la violencia permanecen, entre otras razones, porque un país no termina de construirse como una sociedad que acepta un Estado con leyes que se respeten.

El narcotráfico y sus expresiones culturales son posibles no por que no exista una ley que las castigue, sino por que cubren necesidades, generan estructuras estéticas, cohesión social y lenguajes deseados, medianamente compartidos entre muchos integrantes de la sociedad.

La posibilidad de que se difunda música que exalte conductas ilícitas o la amenaza de que se tomen decisiones gubernamentales bajo concepciones erróneas de los derechos fundamentales, siempre van a existir. Sin embargo, es posible también que medios, universidades, partidos políticos o sociedad civil contribuyan a reivindicar las decisiones de la Corte donde ubique como pilar del estado de derecho la responsabilidad del Estado por sus actos frente a los ciudadanos.

 

Luis Sánchez Barbosa. Licenciado en derecho por el ITAM y maestro en políticas públicas por la Universidad de Londres. Twitter: @luismoderno

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El día de ayer, la Suprema Corte resolvió un caso de enorme relevancia para la libertad de expresión y los medios de comunicación. Después de siete años de rebotar en diferentes peldaños de la escalinata judicial, la Corte definió el conflicto entre dos medios impresos clave en la vida pública de nuestro país: La Jornada y Letras Libres.

El asunto, cuyos antecedentes han sido reseñados con exactitud por Animal Político, planteó una pregunta medular para los cinco ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte: ¿Cómo ponderar en un conflicto entre dos medios de comunicación –cuando uno de éstos lanzó una crítica particularmente ácida al otro- los derechos al honor y la libertad de expresión?

El encargado de responder, en primer término, esta pregunta fue el ministro Arturo Zaldívar, quien tuvo la tarea de preparar el proyecto de resolución. Un documento bien escrito, construido a partir de lo mejor de la doctrina constitucional, y que bien aprovechado puede ser un texto de enorme alcance pedagógico respecto el papel de los medios de comunicación en una dinámica democrática.

A partir de esta interrogante, el proyecto planteó otra serie de preguntas medulares para llegar a su conclusión: ¿Tiene derecho al honor una persona moral (contrario a un individuo) como La Jornada? ¿El dardo periodístico lanzado por Letras Libres se ubica dentro de un ejercicio de crítica y de opinión? ¿Acaso los medios de comunicación son una figura pública? ¿El tema de discusión –si La Jornada había o no establecido un convenio editorial con un diario que a su vez mantenía una relación con un grupo terrorista- era de relevancia pública?

La respuesta a cada una de estas cuestiones propuesta por Zaldívar, y apoyada en términos generales por Cossío, Pardo y Sánchez Cordero, fue positiva. Es decir, en primer lugar, las personas morales si bien no tienen derecho al honor en términos de que pueden herir sus sentimientos, sí lo tienen en una lectura objetiva de este derecho ya que gozan de una reputación y un nombre. Por otro lado, el texto motivo de la disputa se ubica dentro del género periodístico columna; es decir, una opinión y crítica que se apoya de la lectura de ciertos hechos y de ahí que se trate de un ejercicio pleno de la libertad de expresión. Asimismo, la Corte determinó que el asunto que había abordado Letras Libres sin duda se trataba de un tema de relevancia pública al sugerir como punto central la relación de simpatía entre un medio nacional y un grupo terrorista de impacto internacional.

Por último, en cuanto al punto de si los medios son una figura pública, la Corte señaló que los medios de comunicación definitivamente se pueden considerar como tales, debido a que son un actor medular al momento de definir la opinión pública a partir de sus diversos y legítimos intereses ideológicos, comerciales, etc. Este aspecto es de enorme relevancia pues, de acuerdo a la narrativa moderna de libertad de expresión, el derecho al honor de una figura pública debe ceder o entenderse de manera limitada ante cualquier crítica de la que sea objeto, en aras de proteger el valor de escrutinio propio de una democracia.

Así, con esta batería de respuestas, la Corte analizó la columna que había propiciado el litigio y consideró que ésta tenía como objetivo convencer al lector de que el convenio de colaboración celebrado por La Jornada con un diario español, fue el resorte para que aquél adoptase una postura pública neutral e incluso apologética frente a la ideología nacionalista vasca. La columna efectivamente está redactada a partir de expresiones ácidas, inclusive algunas de éstas se podrían calificar como exageraciones. Sin embargo, y aquí una parte clave de la decisión, la Corte señaló que aun ese tipo de discurso está protegido por la libertad de expresión.

La Constitución no reconoce un derecho al insulto o a la injuria gratuita, sin embargo, tampoco veda expresiones inusuales, alternativas, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, aún y cuando se expresen acompañadas de expresiones no verbales, simbólicas.

(…)

El debate en temas de interés público debe ser desinhibido, robusto y abierto, pudiendo incluir ataques vehementes, cáusticos y desagradablemente mordaces sobre personajes públicos o, en general, ideas que puedan ser recibidas desfavorablemente por sus destinatarios y la opinión pública en general, de modo que no sólo se encuentran protegidas las ideas que son recibidas favorablemente o las que son vistas como inofensivas o indiferentes. Estas son las demandas de una sociedad plural tolerante y abierta, sin la cual no existe una verdadera democracia.

Al respecto, si bien es cierto que cualquier individuo que participe en un debate público de interés general debe abstenerse de exceder ciertos límites, como el respeto a la reputación y a los derechos de terceros, también lo es que está permitido recurrir una cierta dosis de exageración, incluso de provocación, es decir, puede ser un tanto desmedido en sus declaraciones, y es precisamente en las expresiones que puedan ofender, chocar, perturbar, molestar, inquietar o disgustar donde la libertad de expresión resulta más valiosa.

Otro aspecto relevante era si algunas de las expresiones del texto –por ejemplo: “La Jornada al servicio de un grupo de asesinos hipernacionalistas”- le imputaban a La Jornada el delito de terrorismo, sin ofrecer por supuesto prueba alguna. Lo cual sí implicaría la transgresión de un límite a la libertad de expresión. En respuesta, la Corte señaló que Letras Libres en ningún momento le imputó un delito a La Jornada, pues su crítica (acertada o errónea) se dirigió principalmente al hecho de que este diario haya suscrito de manera no pública un convenio editorial con un periódico español. Lo cual no embona en ninguno de los supuestos del tipo penal de terrorismo. De tal manera que aun en el caso de que efectivamente La Jornada haya suscrito un convenio editorial con dicho diario español, y éste mantuviese una relación con un grupo terrorista, no se estaría ante un delito sino ante dos visiones respecto cómo debe ser la política editorial de un diario.

De ahí que el juicio de amparo por daño moral interpuesto por La Jornada no tuviese éxito y, más bien, la Corte protegiera la libertad de expresión de Letras Libres.

Vale señalar, por último, que una de las partes más relevantes de esta sentencia es la concepción que ofrece de los medios de comunicación. Alejándose de la caricatura tradicional que ve a los medios como inocentes apóstoles de la libertad de expresión, la Corte considera que los medios son un centro de poder en las democracias modernas, no neutrales y que buscan influir en la opinión pública de acuerdo a sus intereses. Y justo porque los medios gozan de ese enorme poder  –que se justifica debido a la función de escrutinio que deben desempeñar- es necesario y lógico que la crítica a su labor también goce de la mayor libertad y más amplio grado de protección. Pues de lo contrario estaríamos ante un poder impune capaz de criticar severamente a alguien, pero sin estar sujeto al mismo calibre de escrutinio público. En este sentido, la Corte reforzó su argumento al puntualizar que se trataba de un conflicto entre dos medios de comunicación, lo cual significa que existía una simetría de poder, donde cada uno goza del mayor ejercicio posible del derecho de réplica a nivel nacional y cuyas críticas se enfrentan a un mismo y único límite: las propias críticas de otros medios.

Se trata de un mensaje por demás saludable para unos medios de comunicación, como los de nuestro país, cuya rutina informativa tiene como sello distintivo la impunidad. Así, ante unos medios que no quieren asumir sus responsabilidades en un contexto democrático, la Corte ofrece una lección que bien se puede encapsular en la máxima de George Orwell: libertad es decirle al poderoso lo que no quiere escuchar. Incluidos, por supuesto, los medios de comunicación.

Saúl López Noriega. Profesor e investigador de tiempo completo del Departamento de Derecho del ITAM. Twitter: @slopeznoriega

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Mesa de Debate. Libertad de expresión y reforma electoral del 2007 (Sentencias Amparo de los Intelectuales I y II).
Participantes: Hugo Concha (IIJ-UNAM), Fernando Franco (SCJN), Jesús Silva-Herzog Márquez (ITAM) y Saúl López Noriega (ITAM).
Grabada el pasado jueves 13 de octubre de 2011, en el Auditorio Raúl Bailléres del ITAM.

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El día de ayer se aprobó y publicó finalmente la llamada Ley Javier Duarte; se trata una modificación al Código Penal del estado de Veracruz que crea el delito de perturbación del orden público y que textualmente señala lo siguiente:

Artículo 373. A quien, por cualquier medio, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros; de ataques con armas de fuego; o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, ocasionando la perturbación del orden público, se le impondrá prisión de uno a cuatro años y multa de quinientos a mil días de salario, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente producida.

Inmediatamente, en medios de comunicación y redes sociales, empezaron a circular críticas al diseño de este nuevo delito y, sobre todo, a la ineptitud política de Javier Duarte, gobernador de esa entidad federativa, al impulsar esta reforma. Es cierto: por un lado, esta nueva disposición veracruzana coquetea seriamente con vulnerar los artículos y 14 de la Constitución mexicana, así como el artículo 13 del Pacto de San José y, por el otro, muestra a un político sin ningún compromiso con la libertad de expresión y con poca inteligencia para elegir sus batallas: frente a los acertijos de seguridad y deuda pública del estado de Veracruz, ¿por qué hacer de este tema un problema más, con resonancia nacional e internacional, para su administración?

Ahora bien, más allá de este debate sobre la pericia política de Duarte, es necesario plantear las siguientes preguntas: ¿Cuáles son en concreto los defectos de este delito dentro de la narrativa contemporánea de la protección de la libertad de expresión? En un análisis judicial, ¿qué raseros tendría que superar este artículo para que se ratifique su constitucionalidad? De bote pronto, aquí se plantean algunas ideas para tratar de contestar estas y otras interrogantes.

En primer lugar, lo que busca este nuevo delito es sancionar aquellas expresiones falsas que perturben el orden público. En este sentido, vale preguntarse por el grado de protección de aquellas expresiones que precisamente no son verdaderas. Es decir, ¿acaso se está obligado a expresarse sólo con la verdad? Al respecto, nuestra Suprema Corte, sumándose a la tendencia internacional en la materia, se ha inclinado por establecer un canon de veracidad –que si bien se dirige principalmente a los medios de comunicación sirve para entender cuando sí se protegen en general las expresiones falsas- que busca que los reportajes, entrevistas y, en general, las notas periodísticas estén respaldadas por un razonable ejercicio de investigación y comprobación que permita determinar que lo que se difunde tiene un sólido apego en la realidad. De esta manera, los profesionales de la comunicación deben seguir cierto estándar de responsabilidad en la verificación de los hechos que informan.[1]

Esto significa que los medios sí tienen el deber de investigar, comparar y verificar sus fuentes, pero también gozan de una noción de libertad de expresión que protege inclusive los errores periodísticos. Siempre que sean justo eso: equivocaciones al momento de seguir cierto estándar serio y responsable de comprobación de los hechos informativos. Así, en principio no toda expresión falsa carece de la protección de la libertad de expresión.

Otro aspecto crucial a partir del cual se diseña este artículo penal de Veracruz es la idea de orden público. No es una etiqueta inédita: por el contrario, se trata de una expresión que circula a lo largo y ancho de nuestro ordenamiento jurídico, desde la Constitución hasta normas reglamentarias, y que bien puede ser la fórmula idónea para limitar autoritariamente la libertad de expresión. ¿Cómo entender, entonces, esta limitante? La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha señalado que esta expresión debe ser interpretada de forma estrictamente ceñida a las legítimas exigencias de una sociedad democrática, permitiendo la máxima circulación posible de información, opiniones, noticias e ideas. De tal manera que por orden público, en clave democrática, se debe entender como “las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios.”[2]

Por último, tenemos que la tendencia es eliminar cualquier limitación a la libertad de expresión desde la cancha del derecho penal. Esto no significa, sin embargo, que el Estado eventualmente sí pueda utilizar este último recurso coactivo para regular un medio de expresión. Pero también es cierto, como ha señalado la CorteIDH, que el uso del derecho penal para limitar la libertad de expresión debe ser una medida excepcional que debe analizarse con especial cautela, considerando la extrema gravedad de la conducta desplegada por un medio de comunicación, el dolo con que actúo, las características del daño injustamente causado y otros elementos que pongan de manifiesto la absoluta necesidad de utilizar, en forma verdaderamente excepcional, medidas penales.[3]

Así, en caso de que sea combatido jurisdiccionalmente este nuevo delito, los poderes ejecutivo y legislativo del estado de Veracruz tendrán, entre otros, los siguientes tres retos para ganar el caso: demostrar que su limitación de la libertad de expresión desde el derecho penal es efectivamente una medida excepcional y enteramente justificada, asegurar que la manera como entienden y leen la fórmula de orden público es en clave democrática y, por último, que al sancionar expresiones falsas están contemplando como excepción de éstas aquellas expresiones que resultaron erróneas a pesar de seguir un criterio de verificación y comprobación de la información en cuestión. No se trata de retos menores, pero sobre todo enteramente innecesarios de sortear.

Saúl López Noriega. Profesor e investigador de tiempo completo del Departamento de Derecho del ITAM. Twitter: @slopeznoriega


[1] Al respecto, ver la siguiente tesis: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. MODO EN QUE DEBEN SER ENTENDIDOS LOS REQUISITOS DE VERACIDAD E IMPARCIALIDAD.” Localización: Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, Diciembre de 2009, Página: 284, Tesis: 1a. CCXX/2009, Tesis Aislada, Materia(s): Constitucional.

[2] Corte I.D.H., La colegiación obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva 0C-5/85 del 13 de noviembre de 1985, Serie A, No. 5, párrafo 64.

[3] Corte I.D.H., Caso Kimel vs. Argentina, Sentencia de 2 de mayo de 2008, Serie C No. 177, Párrafo 78.

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La Voladora 97.3 FM es una pequeña radio comunitaria de la Amecameca en el Estado de México. Desde hace 5 años obtuvo su permiso después de largas luchas para que el Estado reconozca el papel social que desempeña este medio. Hoy en día, esta radio abanderó otra batalla. Y esta batalla es la de todas y todos los mexicanos.

¿Por qué la lucha de una radio que seguramente nunca han escuchado y ni sabían que existía les importaría? Porque lo que está en juego trasciende las comunidades del volcán y la sobrevivencia de un medio comunitario. Se trata aquí del paisaje mediático que uno sueña para México, de las posibilidades de escoger para cada uno de nosotros lo que lee, lo que ve y escucha. Se trata de poder acceder a una oferta variada y múltiple, de la riqueza de un mundo en color al lugar del blanco y negro. Es una lucha para que todos estos medios a través de los cuales uno se informa y percibe la realidad  sean cada vez más numerosos y diversos; como un espejo de las múltiples voces que agitan México.

El año pasado, la Secretaría de Salud negó a la Voladora la asignación de publicidad oficial argumentando que «invariablemente busca medios de amplia cobertura» y que la radio «no cubre las expectativas de difusión de la Secretaría de Salud para lograr sus objetivos». La Voladora solicitó la protección del Poder Judicial vía un amparo en contra de esta decisión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso en febrero de este año. Pronto, la SCJN dará a conocer una resolución que impacta directamente sobre la libertad de expresión de los miembros de la radio, de la comunidad Amecameca, de los mexiquenses y de todos los mexicanos en general.

En una sociedad democrática, la publicidad oficial o gubernamental se justifica porque es un canal de comunicación directo e imprescindible entre los gobernantes y los gobernados. Esta herramienta permite transparentar y dar a conocer las decisiones del gobierno, informar a los mexicanos para permitir una ciudadanía al tanto de sus derechos y capaz de tomar decisiones informadas.

Además, la manera en la que se asigna esta pauta tiene un impacto directo sobre la estructura del modelo mediático mexicano. Cada año se gastan millones de pesos en México a través de la publicidad oficial. En 2010 por ejemplo, el informe de la Cuenta Pública reportó un ejercicio de 4,493 millones de pesos en comunicación social y publicidad oficial. Esta bolsa de recursos se reparte sin criterios claros ni transparentes. En serio, como lo argumentó la Secretaría de Salud ¿sólo se basarían en el rating?

Si tal es el caso, hay que preocuparse por el futuro de los medios en el país. En un mundo mediático dominado por un duopolio, es de pensar que bajo esta lógica la mayoría de los recursos en publicidad oficial llegan a Televisa y TV Azteca.  Pocos reciben mucho y muchos reciben poco. Esta tendencia solo agudiza más la brecha inmensa que existe entre estas mega compañías y los otros en lugar de que el Estado intenté revertir esta distorsión. Bajo esta lógica, mañana sólo nos tocará un puñado de medios transmitiendo mensajes uniformados y homogeneizados, una sola realidad para un país tan complejo y colorido.

La libertad de expresión y la pluralidad informativa son murallas que impiden la llegada y el arraigo de regímenes autoritarios. El Estado es garante de estas libertades y del derecho a recibir, investigar y difundir información que implican. Por lo tanto no puede darse el lujo de comportarse como un ente privado al contratar publicidad oficial. En esta contratación hay mucho más que un simple acto mercantil. No es lo mismo que una empresa decida no anunciarse en un medio a que el gobierno descarte a un medio y le prohíba la posibilidad de recibir pauta gubernamental cuando el mismo Estado debe ser el guardián de la diversidad informativa de la sociedad.

El Estado, como parte de sus obligaciones internacionales[1] debe cumplir con principios de transparencia, no discriminación, razonabilidad, justificación de sus actos y legalidad, entre otras; obligaciones que se aplican a la asignación de la publicidad oficial. Al negar recursos para publicidad oficial a la radio, la Secretaría de Salud no solo olvida su papel de promotor de la diversidad y del derecho a recibir información de los radioescuchas de La Voladora. Bajo esta lógica, nos priva a todos de nuestra libertad de expresión, nos quita la posibilidad de escuchar múltiples voces. Bajo esta lógica, favorece sólo ciertos grupos mediáticos al momento de asignar la publicidad gubernamental basándose en criterios de rating sin tomar en cuenta la audiencia a quiénes van dirigidos estos mensajes.

Al contrario, la publicidad oficial podría pensarse como herramienta regulatoria de este paisaje mediático oligarca y homogéneo: un instrumento para que el Estado preserve la pluralidad informativa y permita que “el discurso de los poderosos no acalle o impida la expresión de los débiles”[2].

Justine Dupuy: Investigadora del área de transparencia y rendición de cuentas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación

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[1] Article 19 Oficina para México y Centro América, Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C. y 15 organizaciones de la Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información presentaron argumentos técnicos en un Amicus Curiae para que la SCJN resuelva el Amparo a favor de dicha radio. Consulte este amicus en http://www.fundar.org.mx/pdf/casolavoladora.pdf

[2] Libertad de expresión y estructura social de Owen Fiss in Problemas contemporáneos de la Libertad de Expresión, (Compilador) Miguel Carbonell, Porrúa, CNDH.

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Desde hace algunos días se discute en la opinión pública un caso judicial que pronto tendrá que resolver la Suprema Corte de Justicia; se trata de un conflicto entre el periódico La Jornada y la revista Letras Libres. El origen del conflicto es un artículo de Fernando García Ramírez publicado por la revista Letras Libres en marzo de 2004, donde acusa al diario La Jornada de complicidad con el grupo terrorista ETA. Dice este texto:

En octubre del 2002 La Jornada firmó un acuerdo —que incluía la colaboración en proyectos informativos de interés común— con el diario ultranacionalista Gara, periódico del brazo político de ETA que vino a sustituir al proscrito diario Egin. ¿Por qué La Jornada no informó a sus lectores de ese acuerdo? Conviene recordar que Egin fue cerrado por órdenes de Baltazar Garzón por su complicidad con el grupo terrorista, así como también que el mismo juez ha inculpado a Gara del mismo delito.

No, no es casual la aversión de La Jornada contra el juez Garzón. Debemos entenderla como parte del acuerdo con Gara. Debemos entenderla como lo que es: una variante escrita de la lucha terrorista contra la ley. La Jornada al servicio de un grupo de asesinos hipernacionalistas. Así se practica todavía el periodismo en México, espero que no por mucho tiempo.

En respuesta, La Jornada atacó en la arena jurisdiccional penalmente por calumnia a García Ramírez y civilmente por daño moral a Letras Libres. Después de varios de años, el litigio penal perdió sustento y ahora ha llegado a la Corte, mediante el ejercicio de la facultad de atracción 119/2010, el tema civil entre estos dos medios de comunicación. El asunto aún no tiene fecha para resolverse, pero se sabe ya que su proyecto de resolución está a cargo del ministro Arturo Zaldívar, será decidido en principio por la 1era Sala de la Corte y se trata del amparo directo 28/2010.

Recientemente, Enrique Krauze, director de Letras Libres, publicó un artículo donde reseña el origen del conflicto y crítica el argumento presentado por La Jornada de que la vigente Ley de imprenta no es suficientemente restrictiva de la libertad de expresión. Por su parte, Federico Arreola considera que es casi inevitable que La Jornada gane el asunto, lo cual resultará en una sanción económica enorme para Krauze y Letras Libres.

Lo cierto es que este caso es el primero en México donde se presenta un conflicto entre dos medios de comunicación. Y aunque no se conocen bien los argumentos jurídicos presentados por las partes, vale mencionar que una regla bastante generalizada en otros tribunales cuando se aborda un tema sobre medios de comunicación alude a la simetría o asimetría de poder. Es decir, la capacidad de una de las partes para responder a una determinada acusación en el escenario mediático. Pensemos, por ejemplo, que un medio de comunicación difunde información y opiniones que, sin fundamento, imputa delitos a una persona en detrimento de su honor y reputación. Esta persona no tiene relación alguna con los medios informativos y de ahí que le sea muy difícil responder en la arena mediática a tales acusaciones. Existe asimetría de poder. En ese caso, la lógica que ha prevalecido es la de apoyar a esta persona mediante el derecho de réplica o con el pago de daños y perjucios por daño moral.

¿Qué pasa, sin embargo, cuando estamos ante dos medios de comunicación que tienen la misma posibilidad de revirar posibles acusaciones? Entonces debe haber una menor intervención del Estado y mayor margen de libertad para el peloteo de opiniones y versiones. Estamos ante una simetría de poder para responder información y opiniones divergentes. En esta línea, Miguel Ángel Granados Chapa señaló en su columna del periódico Reforma lo siguiente:

…cuando una publicación acude a los tribunales para denunciar la conducta de otra publicación, me parece que estamos ante una deformación del propósito legal, dañina para la prensa en su conjunto y que, en el caso al que ahora me refiero, puede redundar en perjuicio del demandante, que por la índole de su tarea quedaría sujeto a reclamos judiciales a tal punto que se anularía su derecho de informar.

Olvidada de la inolvidable máxima de Francisco Zarco, según la cual “la prensa se combate con la prensa”, en vez de refutar desde sus páginas las opiniones de que discordara, como corresponde a un diario que todos los días expresa juicios sobre multitud de personas en todos los ámbitos, en agosto de 2004 La Jornada acudió a la justicia…

Esperemos que la Corte resuelva de manera adecuada este asunto, que sin duda tendrá un significativo impacto en la dinámica de los medios de comunicación de nuestro país.

Saúl López Noriega. Profesor-investigador de tiempo completo del departamento de Derecho del ITAM. Twitter: @slopeznoriega

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La discusión sobre el control judicial de las reformas constitucionales parece haberse convertido en un tema recurrente para los ministros de la Corte mexicana. El pasado lunes 28 de marzo, con el voto del ministro Pardo Rebolledo se concluyó el debate (por ahora) relativo a la reforma constitucional en materia electoral de 2007.

En esta ocasión, la conclusión a la que arribaron la mayoría de los ministros (7) es que el juicio de amparo es improcedente (y por ende sobreseído) tratándose de la impugnación de reformas a la Constitución, pero sin que hubiese un acuerdo mayoritario sobre las razones que la sustentan[1]. Asunto que nos presenta una ocasión propicia para recordar la diferencia entre fallo o resultado (improcedencia) y doctrina o argumentación que respalda una decisión.

Es decir, si bien una mayoría de siete ministros estuvo de acuerdo en que debía declararse la improcedencia del juicio, no hubo argumentación mayoritaria sobre las razones para ello. Es lo que en otras latitudes se ha denominado como plurality decisions que sólo sirven para resolver el caso pero que son poco útiles para crear doctrina[2]. Este tipo de decisiones, vale subrayar, son comunes en el modelo de decisión judicial colegiada, en el que hay un juez relator encargado de hacer un proyecto de sentencia, y existe la posibilidad para los miembros del colegio de expresar su opinión a través de un voto por separado.

En el caso, la mayoría de siete ministros se fraccionó de la siguiente manera. Cinco ministros consideraron que debía decretarse la improcedencia pues la declaración de inconstitucionalidad sólo protegería a las partes en el juicio, lo que desde su punto de vista sería contrario al diseño del juicio de amparo. Por otro lado, otro ministro señaló que toda vez que los argumentos de inconstitucionalidad por forma y por fondo no pueden estudiarse por separado, y siendo éstos últimos propios de la materia electoral, entonces, el único medio para impugnar la reforma es la acción de inconstitucionalidad. Finalmente, el otro ministro de la mayoría arguyó que el control de las reformas no está previsto como objeto de los medios de control judicial de constitucionalidad. La minoría, por su parte, integrada por cuatro ministros, estuvo a favor de la procedencia.

Es decir, sólo cinco de los integrantes del Pleno suscribieron un mismo argumento, el de los efectos, mientras que el resto tenían razones distintas para apoyar o no la improcedencia.

En pocas palabras, es una decisión sin mucha fuerza que nos deja con múltiples dudas para los casos por venir. Es, sin duda, una invitación a que el asunto se replantee en el futuro.

Si esto es así, resulta interesante analizar si la causal de improcedencia que sostuvo la minoría más amplia (5), esto es, la relacionada con los eventuales efectos inter partes de una sentencia de amparo, es fundada. En mi opinión, la declaración de improcedencia es errónea por lo menos si se basa en el argumento de los efectos de la sentencia, pues la teoría y la práctica constitucional nos ofrecen distintos modelos de sentencias con los cuales evitar una situación en la que la Constitución sea aplicable para unos y no para otros. Así, la Corte podría haber dictado, en su caso, por ejemplo, una sentencia que sólo constatará la inconstitucionalidad de la reforma sin declarar la nulidad, requiriendo al legislador que subsanará los vicios procedimentales.

Es decir, si una mayoría de ministros hubiera querido (como parece haber sido) estudiar la posible existencia de vicios en el procedimiento, tenían a su alcance distintas opciones para evitar caer en el dilema de declarar la inconstitucionalidad sólo para los promoventes. El problema, a mi entender, fue haberse planteado que si se declaraba la inconstitucionalidad necesariamente conllevaba la nulidad o inaplicabilidad de la norma.

Para un modelo deliberativo de la justicia constitucional el control judicial del procedimiento de las reformas constitucionales, puede contribuir al enriquecimiento del proceso deliberativo, si sirve para verificar que el debate parlamentario se haya llevado a cabo conforme a los parámetros democráticos. Esto es, con una participación libre e igualitaria de las fuerzas políticas, donde se escucha la voz de las minorías y existe un efectivo intercambio de razones.

En conclusión, si bien podrían existir otras causales de improcedencia para no entrar al estudio de los vicios procedimentales, la razón de los efectos no era suficiente.

Roberto Niembro. Becario del servicio de doctrina del Tribunal Constitucional de España.


[1] Falta de acuerdo argumentativo que también se presentó en la discusión de las acciones de inconstitucionalidad 168/2007 y 169/2007 en las que se impugnó la reforma electoral.

[2] En México para que la interpretación hecha en un juicio de amparo sea obligatoria se requiere de cinco sentencias ininterrumpidas por otra en contrario aprobadas por lo menos con ocho votos, lo que en el caso, ni siquiera se alcanzó en la votación del fallo.

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