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Mesa de Debate. Libertad de expresión y reforma electoral del 2007 (Sentencias Amparo de los Intelectuales I y II).
Participantes: Hugo Concha (IIJ-UNAM), Fernando Franco (SCJN), Jesús Silva-Herzog Márquez (ITAM) y Saúl López Noriega (ITAM).
Grabada el pasado jueves 13 de octubre de 2011, en el Auditorio Raúl Bailléres del ITAM.

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El día de ayer se aprobó y publicó finalmente la llamada Ley Javier Duarte; se trata una modificación al Código Penal del estado de Veracruz que crea el delito de perturbación del orden público y que textualmente señala lo siguiente:

Artículo 373. A quien, por cualquier medio, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros; de ataques con armas de fuego; o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, ocasionando la perturbación del orden público, se le impondrá prisión de uno a cuatro años y multa de quinientos a mil días de salario, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente producida.

Inmediatamente, en medios de comunicación y redes sociales, empezaron a circular críticas al diseño de este nuevo delito y, sobre todo, a la ineptitud política de Javier Duarte, gobernador de esa entidad federativa, al impulsar esta reforma. Es cierto: por un lado, esta nueva disposición veracruzana coquetea seriamente con vulnerar los artículos y 14 de la Constitución mexicana, así como el artículo 13 del Pacto de San José y, por el otro, muestra a un político sin ningún compromiso con la libertad de expresión y con poca inteligencia para elegir sus batallas: frente a los acertijos de seguridad y deuda pública del estado de Veracruz, ¿por qué hacer de este tema un problema más, con resonancia nacional e internacional, para su administración?

Ahora bien, más allá de este debate sobre la pericia política de Duarte, es necesario plantear las siguientes preguntas: ¿Cuáles son en concreto los defectos de este delito dentro de la narrativa contemporánea de la protección de la libertad de expresión? En un análisis judicial, ¿qué raseros tendría que superar este artículo para que se ratifique su constitucionalidad? De bote pronto, aquí se plantean algunas ideas para tratar de contestar estas y otras interrogantes.

En primer lugar, lo que busca este nuevo delito es sancionar aquellas expresiones falsas que perturben el orden público. En este sentido, vale preguntarse por el grado de protección de aquellas expresiones que precisamente no son verdaderas. Es decir, ¿acaso se está obligado a expresarse sólo con la verdad? Al respecto, nuestra Suprema Corte, sumándose a la tendencia internacional en la materia, se ha inclinado por establecer un canon de veracidad –que si bien se dirige principalmente a los medios de comunicación sirve para entender cuando sí se protegen en general las expresiones falsas- que busca que los reportajes, entrevistas y, en general, las notas periodísticas estén respaldadas por un razonable ejercicio de investigación y comprobación que permita determinar que lo que se difunde tiene un sólido apego en la realidad. De esta manera, los profesionales de la comunicación deben seguir cierto estándar de responsabilidad en la verificación de los hechos que informan.[1]

Esto significa que los medios sí tienen el deber de investigar, comparar y verificar sus fuentes, pero también gozan de una noción de libertad de expresión que protege inclusive los errores periodísticos. Siempre que sean justo eso: equivocaciones al momento de seguir cierto estándar serio y responsable de comprobación de los hechos informativos. Así, en principio no toda expresión falsa carece de la protección de la libertad de expresión.

Otro aspecto crucial a partir del cual se diseña este artículo penal de Veracruz es la idea de orden público. No es una etiqueta inédita: por el contrario, se trata de una expresión que circula a lo largo y ancho de nuestro ordenamiento jurídico, desde la Constitución hasta normas reglamentarias, y que bien puede ser la fórmula idónea para limitar autoritariamente la libertad de expresión. ¿Cómo entender, entonces, esta limitante? La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha señalado que esta expresión debe ser interpretada de forma estrictamente ceñida a las legítimas exigencias de una sociedad democrática, permitiendo la máxima circulación posible de información, opiniones, noticias e ideas. De tal manera que por orden público, en clave democrática, se debe entender como “las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios.”[2]

Por último, tenemos que la tendencia es eliminar cualquier limitación a la libertad de expresión desde la cancha del derecho penal. Esto no significa, sin embargo, que el Estado eventualmente sí pueda utilizar este último recurso coactivo para regular un medio de expresión. Pero también es cierto, como ha señalado la CorteIDH, que el uso del derecho penal para limitar la libertad de expresión debe ser una medida excepcional que debe analizarse con especial cautela, considerando la extrema gravedad de la conducta desplegada por un medio de comunicación, el dolo con que actúo, las características del daño injustamente causado y otros elementos que pongan de manifiesto la absoluta necesidad de utilizar, en forma verdaderamente excepcional, medidas penales.[3]

Así, en caso de que sea combatido jurisdiccionalmente este nuevo delito, los poderes ejecutivo y legislativo del estado de Veracruz tendrán, entre otros, los siguientes tres retos para ganar el caso: demostrar que su limitación de la libertad de expresión desde el derecho penal es efectivamente una medida excepcional y enteramente justificada, asegurar que la manera como entienden y leen la fórmula de orden público es en clave democrática y, por último, que al sancionar expresiones falsas están contemplando como excepción de éstas aquellas expresiones que resultaron erróneas a pesar de seguir un criterio de verificación y comprobación de la información en cuestión. No se trata de retos menores, pero sobre todo enteramente innecesarios de sortear.

Saúl López Noriega. Profesor e investigador de tiempo completo del Departamento de Derecho del ITAM. Twitter: @slopeznoriega


[1] Al respecto, ver la siguiente tesis: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. MODO EN QUE DEBEN SER ENTENDIDOS LOS REQUISITOS DE VERACIDAD E IMPARCIALIDAD.” Localización: Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, Diciembre de 2009, Página: 284, Tesis: 1a. CCXX/2009, Tesis Aislada, Materia(s): Constitucional.

[2] Corte I.D.H., La colegiación obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva 0C-5/85 del 13 de noviembre de 1985, Serie A, No. 5, párrafo 64.

[3] Corte I.D.H., Caso Kimel vs. Argentina, Sentencia de 2 de mayo de 2008, Serie C No. 177, Párrafo 78.

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La Voladora 97.3 FM es una pequeña radio comunitaria de la Amecameca en el Estado de México. Desde hace 5 años obtuvo su permiso después de largas luchas para que el Estado reconozca el papel social que desempeña este medio. Hoy en día, esta radio abanderó otra batalla. Y esta batalla es la de todas y todos los mexicanos.

¿Por qué la lucha de una radio que seguramente nunca han escuchado y ni sabían que existía les importaría? Porque lo que está en juego trasciende las comunidades del volcán y la sobrevivencia de un medio comunitario. Se trata aquí del paisaje mediático que uno sueña para México, de las posibilidades de escoger para cada uno de nosotros lo que lee, lo que ve y escucha. Se trata de poder acceder a una oferta variada y múltiple, de la riqueza de un mundo en color al lugar del blanco y negro. Es una lucha para que todos estos medios a través de los cuales uno se informa y percibe la realidad  sean cada vez más numerosos y diversos; como un espejo de las múltiples voces que agitan México.

El año pasado, la Secretaría de Salud negó a la Voladora la asignación de publicidad oficial argumentando que «invariablemente busca medios de amplia cobertura» y que la radio «no cubre las expectativas de difusión de la Secretaría de Salud para lograr sus objetivos». La Voladora solicitó la protección del Poder Judicial vía un amparo en contra de esta decisión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso en febrero de este año. Pronto, la SCJN dará a conocer una resolución que impacta directamente sobre la libertad de expresión de los miembros de la radio, de la comunidad Amecameca, de los mexiquenses y de todos los mexicanos en general.

En una sociedad democrática, la publicidad oficial o gubernamental se justifica porque es un canal de comunicación directo e imprescindible entre los gobernantes y los gobernados. Esta herramienta permite transparentar y dar a conocer las decisiones del gobierno, informar a los mexicanos para permitir una ciudadanía al tanto de sus derechos y capaz de tomar decisiones informadas.

Además, la manera en la que se asigna esta pauta tiene un impacto directo sobre la estructura del modelo mediático mexicano. Cada año se gastan millones de pesos en México a través de la publicidad oficial. En 2010 por ejemplo, el informe de la Cuenta Pública reportó un ejercicio de 4,493 millones de pesos en comunicación social y publicidad oficial. Esta bolsa de recursos se reparte sin criterios claros ni transparentes. En serio, como lo argumentó la Secretaría de Salud ¿sólo se basarían en el rating?

Si tal es el caso, hay que preocuparse por el futuro de los medios en el país. En un mundo mediático dominado por un duopolio, es de pensar que bajo esta lógica la mayoría de los recursos en publicidad oficial llegan a Televisa y TV Azteca.  Pocos reciben mucho y muchos reciben poco. Esta tendencia solo agudiza más la brecha inmensa que existe entre estas mega compañías y los otros en lugar de que el Estado intenté revertir esta distorsión. Bajo esta lógica, mañana sólo nos tocará un puñado de medios transmitiendo mensajes uniformados y homogeneizados, una sola realidad para un país tan complejo y colorido.

La libertad de expresión y la pluralidad informativa son murallas que impiden la llegada y el arraigo de regímenes autoritarios. El Estado es garante de estas libertades y del derecho a recibir, investigar y difundir información que implican. Por lo tanto no puede darse el lujo de comportarse como un ente privado al contratar publicidad oficial. En esta contratación hay mucho más que un simple acto mercantil. No es lo mismo que una empresa decida no anunciarse en un medio a que el gobierno descarte a un medio y le prohíba la posibilidad de recibir pauta gubernamental cuando el mismo Estado debe ser el guardián de la diversidad informativa de la sociedad.

El Estado, como parte de sus obligaciones internacionales[1] debe cumplir con principios de transparencia, no discriminación, razonabilidad, justificación de sus actos y legalidad, entre otras; obligaciones que se aplican a la asignación de la publicidad oficial. Al negar recursos para publicidad oficial a la radio, la Secretaría de Salud no solo olvida su papel de promotor de la diversidad y del derecho a recibir información de los radioescuchas de La Voladora. Bajo esta lógica, nos priva a todos de nuestra libertad de expresión, nos quita la posibilidad de escuchar múltiples voces. Bajo esta lógica, favorece sólo ciertos grupos mediáticos al momento de asignar la publicidad gubernamental basándose en criterios de rating sin tomar en cuenta la audiencia a quiénes van dirigidos estos mensajes.

Al contrario, la publicidad oficial podría pensarse como herramienta regulatoria de este paisaje mediático oligarca y homogéneo: un instrumento para que el Estado preserve la pluralidad informativa y permita que “el discurso de los poderosos no acalle o impida la expresión de los débiles”[2].

Justine Dupuy: Investigadora del área de transparencia y rendición de cuentas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación

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[1] Article 19 Oficina para México y Centro América, Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C. y 15 organizaciones de la Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información presentaron argumentos técnicos en un Amicus Curiae para que la SCJN resuelva el Amparo a favor de dicha radio. Consulte este amicus en http://www.fundar.org.mx/pdf/casolavoladora.pdf

[2] Libertad de expresión y estructura social de Owen Fiss in Problemas contemporáneos de la Libertad de Expresión, (Compilador) Miguel Carbonell, Porrúa, CNDH.

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Desde hace algunos días se discute en la opinión pública un caso judicial que pronto tendrá que resolver la Suprema Corte de Justicia; se trata de un conflicto entre el periódico La Jornada y la revista Letras Libres. El origen del conflicto es un artículo de Fernando García Ramírez publicado por la revista Letras Libres en marzo de 2004, donde acusa al diario La Jornada de complicidad con el grupo terrorista ETA. Dice este texto:

En octubre del 2002 La Jornada firmó un acuerdo —que incluía la colaboración en proyectos informativos de interés común— con el diario ultranacionalista Gara, periódico del brazo político de ETA que vino a sustituir al proscrito diario Egin. ¿Por qué La Jornada no informó a sus lectores de ese acuerdo? Conviene recordar que Egin fue cerrado por órdenes de Baltazar Garzón por su complicidad con el grupo terrorista, así como también que el mismo juez ha inculpado a Gara del mismo delito.

No, no es casual la aversión de La Jornada contra el juez Garzón. Debemos entenderla como parte del acuerdo con Gara. Debemos entenderla como lo que es: una variante escrita de la lucha terrorista contra la ley. La Jornada al servicio de un grupo de asesinos hipernacionalistas. Así se practica todavía el periodismo en México, espero que no por mucho tiempo.

En respuesta, La Jornada atacó en la arena jurisdiccional penalmente por calumnia a García Ramírez y civilmente por daño moral a Letras Libres. Después de varios de años, el litigio penal perdió sustento y ahora ha llegado a la Corte, mediante el ejercicio de la facultad de atracción 119/2010, el tema civil entre estos dos medios de comunicación. El asunto aún no tiene fecha para resolverse, pero se sabe ya que su proyecto de resolución está a cargo del ministro Arturo Zaldívar, será decidido en principio por la 1era Sala de la Corte y se trata del amparo directo 28/2010.

Recientemente, Enrique Krauze, director de Letras Libres, publicó un artículo donde reseña el origen del conflicto y crítica el argumento presentado por La Jornada de que la vigente Ley de imprenta no es suficientemente restrictiva de la libertad de expresión. Por su parte, Federico Arreola considera que es casi inevitable que La Jornada gane el asunto, lo cual resultará en una sanción económica enorme para Krauze y Letras Libres.

Lo cierto es que este caso es el primero en México donde se presenta un conflicto entre dos medios de comunicación. Y aunque no se conocen bien los argumentos jurídicos presentados por las partes, vale mencionar que una regla bastante generalizada en otros tribunales cuando se aborda un tema sobre medios de comunicación alude a la simetría o asimetría de poder. Es decir, la capacidad de una de las partes para responder a una determinada acusación en el escenario mediático. Pensemos, por ejemplo, que un medio de comunicación difunde información y opiniones que, sin fundamento, imputa delitos a una persona en detrimento de su honor y reputación. Esta persona no tiene relación alguna con los medios informativos y de ahí que le sea muy difícil responder en la arena mediática a tales acusaciones. Existe asimetría de poder. En ese caso, la lógica que ha prevalecido es la de apoyar a esta persona mediante el derecho de réplica o con el pago de daños y perjucios por daño moral.

¿Qué pasa, sin embargo, cuando estamos ante dos medios de comunicación que tienen la misma posibilidad de revirar posibles acusaciones? Entonces debe haber una menor intervención del Estado y mayor margen de libertad para el peloteo de opiniones y versiones. Estamos ante una simetría de poder para responder información y opiniones divergentes. En esta línea, Miguel Ángel Granados Chapa señaló en su columna del periódico Reforma lo siguiente:

…cuando una publicación acude a los tribunales para denunciar la conducta de otra publicación, me parece que estamos ante una deformación del propósito legal, dañina para la prensa en su conjunto y que, en el caso al que ahora me refiero, puede redundar en perjuicio del demandante, que por la índole de su tarea quedaría sujeto a reclamos judiciales a tal punto que se anularía su derecho de informar.

Olvidada de la inolvidable máxima de Francisco Zarco, según la cual “la prensa se combate con la prensa”, en vez de refutar desde sus páginas las opiniones de que discordara, como corresponde a un diario que todos los días expresa juicios sobre multitud de personas en todos los ámbitos, en agosto de 2004 La Jornada acudió a la justicia…

Esperemos que la Corte resuelva de manera adecuada este asunto, que sin duda tendrá un significativo impacto en la dinámica de los medios de comunicación de nuestro país.

Saúl López Noriega. Profesor-investigador de tiempo completo del departamento de Derecho del ITAM. Twitter: @slopeznoriega

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La discusión sobre el control judicial de las reformas constitucionales parece haberse convertido en un tema recurrente para los ministros de la Corte mexicana. El pasado lunes 28 de marzo, con el voto del ministro Pardo Rebolledo se concluyó el debate (por ahora) relativo a la reforma constitucional en materia electoral de 2007.

En esta ocasión, la conclusión a la que arribaron la mayoría de los ministros (7) es que el juicio de amparo es improcedente (y por ende sobreseído) tratándose de la impugnación de reformas a la Constitución, pero sin que hubiese un acuerdo mayoritario sobre las razones que la sustentan[1]. Asunto que nos presenta una ocasión propicia para recordar la diferencia entre fallo o resultado (improcedencia) y doctrina o argumentación que respalda una decisión.

Es decir, si bien una mayoría de siete ministros estuvo de acuerdo en que debía declararse la improcedencia del juicio, no hubo argumentación mayoritaria sobre las razones para ello. Es lo que en otras latitudes se ha denominado como plurality decisions que sólo sirven para resolver el caso pero que son poco útiles para crear doctrina[2]. Este tipo de decisiones, vale subrayar, son comunes en el modelo de decisión judicial colegiada, en el que hay un juez relator encargado de hacer un proyecto de sentencia, y existe la posibilidad para los miembros del colegio de expresar su opinión a través de un voto por separado.

En el caso, la mayoría de siete ministros se fraccionó de la siguiente manera. Cinco ministros consideraron que debía decretarse la improcedencia pues la declaración de inconstitucionalidad sólo protegería a las partes en el juicio, lo que desde su punto de vista sería contrario al diseño del juicio de amparo. Por otro lado, otro ministro señaló que toda vez que los argumentos de inconstitucionalidad por forma y por fondo no pueden estudiarse por separado, y siendo éstos últimos propios de la materia electoral, entonces, el único medio para impugnar la reforma es la acción de inconstitucionalidad. Finalmente, el otro ministro de la mayoría arguyó que el control de las reformas no está previsto como objeto de los medios de control judicial de constitucionalidad. La minoría, por su parte, integrada por cuatro ministros, estuvo a favor de la procedencia.

Es decir, sólo cinco de los integrantes del Pleno suscribieron un mismo argumento, el de los efectos, mientras que el resto tenían razones distintas para apoyar o no la improcedencia.

En pocas palabras, es una decisión sin mucha fuerza que nos deja con múltiples dudas para los casos por venir. Es, sin duda, una invitación a que el asunto se replantee en el futuro.

Si esto es así, resulta interesante analizar si la causal de improcedencia que sostuvo la minoría más amplia (5), esto es, la relacionada con los eventuales efectos inter partes de una sentencia de amparo, es fundada. En mi opinión, la declaración de improcedencia es errónea por lo menos si se basa en el argumento de los efectos de la sentencia, pues la teoría y la práctica constitucional nos ofrecen distintos modelos de sentencias con los cuales evitar una situación en la que la Constitución sea aplicable para unos y no para otros. Así, la Corte podría haber dictado, en su caso, por ejemplo, una sentencia que sólo constatará la inconstitucionalidad de la reforma sin declarar la nulidad, requiriendo al legislador que subsanará los vicios procedimentales.

Es decir, si una mayoría de ministros hubiera querido (como parece haber sido) estudiar la posible existencia de vicios en el procedimiento, tenían a su alcance distintas opciones para evitar caer en el dilema de declarar la inconstitucionalidad sólo para los promoventes. El problema, a mi entender, fue haberse planteado que si se declaraba la inconstitucionalidad necesariamente conllevaba la nulidad o inaplicabilidad de la norma.

Para un modelo deliberativo de la justicia constitucional el control judicial del procedimiento de las reformas constitucionales, puede contribuir al enriquecimiento del proceso deliberativo, si sirve para verificar que el debate parlamentario se haya llevado a cabo conforme a los parámetros democráticos. Esto es, con una participación libre e igualitaria de las fuerzas políticas, donde se escucha la voz de las minorías y existe un efectivo intercambio de razones.

En conclusión, si bien podrían existir otras causales de improcedencia para no entrar al estudio de los vicios procedimentales, la razón de los efectos no era suficiente.

Roberto Niembro. Becario del servicio de doctrina del Tribunal Constitucional de España.


[1] Falta de acuerdo argumentativo que también se presentó en la discusión de las acciones de inconstitucionalidad 168/2007 y 169/2007 en las que se impugnó la reforma electoral.

[2] En México para que la interpretación hecha en un juicio de amparo sea obligatoria se requiere de cinco sentencias ininterrumpidas por otra en contrario aprobadas por lo menos con ocho votos, lo que en el caso, ni siquiera se alcanzó en la votación del fallo.

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Todo indica que esta semana la Suprema Corte de Justicia resolverá de manera definitiva el llamado ‘amparo de los intelectuales’. En el 2008, la Corte sólo determinó que atacar una reforma constitucional vía el juicio de amparo no era notoriamente improcedente y, por tanto, eventualmente sí era posible entrar a conocer el fondo del tema. El asunto regresó a una juez de distrito e inició un complejo recorrido por la escalinata judicial hasta llegar nuevamente a la Suprema Corte. Ahora, sin embargo, la Corte sí tendrá que resolver si le otorga la razón a estos 15 ciudadanos (varios de ellos académicos, escritores, periodistas, etc.), lo cual les permitiría en el siguiente proceso electoral comprar spots de radio y televisión para, por ejemplo, atacar o apoyar a un candidato a un puesto de elección popular.

El tema es de enorme interés principalmente por dos motivos. Por un lado, con este juicio de amparo se plantea uno de los temas más interesantes de la justicia constitucional:  ¿Es posible considerar inconstitucional una reforma constitucional? En su caso, ¿esta inconstitucionalidad puede ser resultado de anomalías en el proceso de reforma constitucional o también por vulneraciones a derechos fundamentales como el de libertad de expresión? Por el otro, el asunto coloca en la arena judicial una de las discusiones más complejas que existe en los diversos sistemas electorales democráticos: ¿Dónde trazar una línea que equilibre dos valores clave en cualquier dinámica política-electoral: equidad y libertad?

Ahora bien, en los últimos días varios de los ciudadanos que interpusieron este juicio de amparo han esgrimido en diversos periódicos los principales argumentos de este asunto. Héctor Aguilar Camín (aquí y aquí) y Jorge Castañeda subrayaron la semana pasada los principales puntos de su defensa jurídica en contra de este aspecto de la reforma electoral de 2007.  Federico Reyes Heroles este martes pasado se sumó a la defensa de este juicio de amparo. Aguilar Camín es quien mejor ha encapsulado los argumentos principales de este ataque jurídico:

El amparo promovido por un grupo de ciudadanos contra el artículo 41 de la Constitución, el llamado “amparo de los intelectuales”, que la Suprema Corte revisará en estos días, descansa en cinco argumentos. Uno de procedimiento, cuatro de principio.

El alegato de procedimiento es formal pero sustantivo. Los legisladores simplemente no siguieron todos los pasos legales necesarios para reformar la Constitución.

No hubo iniciativa de ley, ni comisión revisora de la iniciativa, ni dictamen de la comisión, ni debate parlamentario en ambas cámaras. Un grupo de diputados y senadores llevó un “proyecto de dictamen” al Senado y éste lo devolvió aprobado a la Cámara de Diputados, que lo votó también aprobatoriamente. La aprobación de la reforma por los congresos locales estuvo también plagada de irregularidades.

Los alegatos de fondo establecen que la reforma violenta cuatro principios fundamentales de la Constitución:

1. El principio de la libre manifestación de las ideas, contenido en el artículo 6, pues la reforma restringe los derechos de manifestar las propias ideas en espacios comprados a la radio y la televisión.

2. El principio de la no discriminación contenido en el artículo 1, pues la reforma discrimina en la difusión de sus ideas a quienes no pertenecen a un partido político.

3. El principio de libre asociación contenido en el artículo 9, pues la reforma obliga a asociarse a alguno de los partidos para poder emitir el tipo de mensajes en cuestión.

4. El principio de igualdad ante la ley, contenido en los artículos 1 y 13, pues la reforma da trato desigual a quienes pertenecen a un partido político y a quienes no.

Previsiones como las del artículo 41 puestas en una ley reglamentaria dejan abierto el espacio a la defensa de los agraviados. Inscritas en la Constitución son inatacables, pero introducen contradicciones insolubles entre libertades universales y restricciones particulares.

Los principios universales del constituyente originario, y no sus enmiendas coyunturales, son los que deben prevalecer en el código. El amparo plantea restituir su primacía.

Se trata, en el fondo, de una averiguación institucional sobre si el Congreso puede tener un contrapeso a la hora de reformar la Constitución y si la Suprema Corte está dispuesta a ejercerlo.

Leo Zuckermann, por su parte, ha reseñado tanto los antecedentes de este “amparo de los intelectuales” como las coordenas del debate que pronto se suscitará entre los ministros de la Suprema Corte:

El 29 de septiembre de 2008, el Pleno de la SCJN tomó una primera decisión, histórica, relacionada con nuestro amparo y otros similares: que el juicio de amparo sí procede en contra de reformas a la Constitución. Los partidos se alebrestaron. Criticaron a la Corte por excederse. Amenazaron con sancionar a los ministros. Dos días después, la SCJN resolvió que el Poder Judicial sólo puede revisar el procedimiento de cómo se enmendó la Constitución pero no entrar al fondo del asunto, es decir, si la reforma electoral contraviene o no los derechos humanos. El caso, entonces, se convirtió en un asunto más de forma que de fondo.

Nuestro amparo regresó a una jueza de Distrito quien decidió no resolverlo porque podría llegarse “al extremo de que la Constitución Federal se aplicaría a partir de su reforma a ciertas personas, y a otras no, o bien, que en un mismo territorio, las personas que no hayan promovido el amparo estarían sujetas a un orden constitucional diverso a aquél que tendría aplicación en las personas que sí lo hicieron”. Curiosa interpretación: prefiero dejar desprotegidos a todos los ciudadanos de uno de sus derechos humanos que sólo proteger a unos cuantos. Los demandantes solicitamos a un tribunal colegiado la revisión de esta decisión absurda. El caso finalmente llegó de nuevo a la SCJN. Ya se encuentra listado y se espera su resolución definitiva en estos días.

Es una lástima que los ministros no vayan a entrar al fondo del asunto que es lo más importante e interesante. Al parecer sólo revisarán la forma: si la reforma constitucional se hizo conforme a lo que ordena la ley. Y aquí, según nos informa nuestro abogado, Fabián Aguinaco, encontró graves irregularidades en el procedimiento [...]

No obstante, también han circulado artículos de académicos y expertos en estos temas donde presentan argumentos para mantener esta prohibición constitucional. En este contexto, John M. Ackerman señala lo siguiente:

La prohibición contra la contratación de propaganda electoral es una limitante estrictamente comercial que no viola el principio de la libertad de expresión. Así como se prohíbe que se anuncie la venta de drogas, de cigarros o los servicios de prostitución, hoy se protege el interés público al evitar la injerencia indebida del dinero privado en las contiendas electorales. Así mismo, la reforma no restringe en absoluto la expresión de opiniones políticas en la plaza pública o siquiera por periodistas y invitados en la televisión. Lo único que se obstaculiza es la comercialización de los mensajes electorales en los medios electrónicos.

El artículo sexto de la Constitución prohíbe la inquisición judicial o administrativa contra la manifestación de las ideas, algo que no ocurre en absoluto con el texto impugnado, ya que no existe referencia alguna sobre el contenido de las ideas expresadas. También habría que recordar que el artículo primero de la Carta Magna explícitamente autoriza la restricción o incluso suspensión de nuestras garantías si otro artículo de la misma Constitución lo mandata explícitamente.

Los argumentos de los quejosos sobre una supuesta violación al derecho de asociación y al principio de igualdad son igual de improcedentes. La prohibición contra la contratación de propaganda se aplica por igual a los partidos políticos que a los ciudadanos. Asimismo, los tiempos de Estado otorgados a los partidos se hace en función de que la misma Constitución les otorga la calidad de entidades de interés público.

Una anulación de la reforma electoral sería un acto de soberbia imperdonable de parte de los ministros y violentaría de manera flagrante nuestra Carta Magna. Ello sería el último clavo en el ataúd del desprestigio general que ya de por sí sufren las instituciones de justicia del país. Esperemos que la SCJN sepa resistir las presiones y esté a la altura del momento histórico.

Ricardo Becerra, por su parte, recién presentó un breve recuento histórico de la perniciosa influencia de los medios de comunicación en la equidad de los procesos electorales, y la importancia de la reforma electoral de 2007 como solución a este complejo problema. Raúl Trejo Delarbre, en la misma línea de Ackerman, expone un abanico de argumentos para defender la prohibición de comprar spots de radio y televisión en los procesos electorales:

Es cierto que la libertad de expresión queda limitada con esa disposición constitucional. Pero resulta olvidadizo, o demagógico, suponer que esa libertad, o cualquier otra, se pueden ejercer de manera absoluta. La televisión y la radio están ceñidas a normas en materia de contenidos y publicidad, por ejemplo, que no siempre se cumplen pero que constituyen principios básicos para el desempeño de la responsabilidad a la que esos medios están obligados con la sociedad. En el campo electoral, los partidos y ciudadanos tienen que ajustar sus actividades a las reglas que valen para todos. La disposición constitucional a la que nos referimos impide que algún empresario poderoso (o, en estos tiempos, un narcotraficante politizado) contrate anuncios en televisión para favorecer o perjudicar a un candidato (como sucedió ya poco antes de las elecciones presidenciales de 2006) pero no obstaculiza, en absoluto, la posibilidad de que los ciudadanos opinen y participen en los medios de comunicación. El único veto es a la contratación de espacios. Esa taxativa, por supuesto, afecta e irrita a las cadenas de radio y a las televisoras comerciales.

La demanda de amparo de aquellos intelectuales, suscitó distintas reacciones críticas. En julio de 2008 la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, encabezada entonces por el ahora diputado Javier Corral Jurado, entregó en la Suprema Corte de Justicia un detallado comunicado en donde respaldaba la reforma constitucional que abolió el mercadeo de la propaganda política.

Cada uno de los principales argumentos de la demanda de amparo era respondido en aquel documento que fue suscrito, entre otros, por Carmen Aristegui, Alberto Aziz, Beatriz Solís, Jorge Carpizo, Jaime Cárdenas, Felipe Cazals, Lorenzo Cordova, Denise Dresser, Miguel Ángel Granados Chapa, Alejandro Madrazo, Beatriz Solís, Francisco Toledo, José Woldenberg y el autor de esta columna.

En los últimos días, José Woldenberg, Pedro Salazar y Lorenzo Córdova se han sumado, a partir de diferentes perspectivas, a defender la reforma electoral 2007. Córdova, por ejemplo, aborda un tema de enorme importancia: ¿Qué pasaría si la Corte le da la razón a los quince intelectuales? ¿Cuáles serían los efectos considerando las características del juicio de amparo?

El efecto de que la SCJN juzgara válidos cualquiera de esos alegatos es, sin medias tintas, que la reforma (en conjunto o respecto de la prohibición señalada) es válida para todos menos para los quejosos en virtud de la cláusula de relatividad de las sentencias que caracteriza al amparo. Sin embargo, el efecto demostración sería obvio. Los juzgadores que todavía conocen el resto de los amparos interpuestos por grupos empresariales, las principales televisoras y otros concesionarios seguramente seguirían el criterio y los argumentos de la Suprema Corte y concederían los respectivos recursos.

Pero, de nuevo, sólo los sujetos amparados se verían exceptuados de las obligaciones y prohibiciones derivadas de la reforma. El resto de ciudadanos, concesionarios y permisionarios, partidos políticos, así como los muchos intelectuales que no nos amparamos, estaríamos obligados por la reforma.

Pero más allá del tecnicismo, ¿qué pasaría ante ese escenario? Cuando el IFE remitiera a las televisoras amparadas los pautados con los promocionales de los partidos políticos para que se transmitieran en los tiempos del Estado, los mismos les serían devueltos porque ni Televisa ni TV Azteca estarían obligadas a cumplir con ello (¡gracias a sus amparos!). Sin embargo, alguno de los 15 intelectuales o alguno de los grupos empresariales que obtuvieran el amparo podrían erogar cantidades millonarias para promocionar a los candidatos de su preferencia y, las televisoras, legítimamente podrían venderles publicidad para ello (¡gracias a sus amparos!).

¡Claro! Para evitar un escenario aberrante como el descrito, el Congreso debería procesar expeditamente una contrarreforma revocando los cambios constitucionales de 2007 y las leyes derivadas de aquellos. Pero, ¿y si por alguna razón esa contrarreforma no estuviera publicada a inicios del próximo mes de julio, cuando se cierra el plazo temporal que la Constitución prevé para modificar las normas electorales de cara a la elección de 2012? Bueno, pues en el proceso electoral presidencial los partidos políticos y los órganos electorales estarían excluidos de buena parte del espectro radiofónico y televisivo, mismo que estaría reservado sólo a los particulares amparados que podrían libremente comprar y vender publicidad

Seguramente en los siguientes días, empezarán a circular más opiniones y argumentos respecto este controvertido juicio de amparo. Lo más interesante, sin embargo, es que pronto también podremos empezar a conocer las posiciones de los ministros de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación.

E Juego de la Suprema Corte

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Además de la Suprema Corte, otro de los órganos jurisdiccionales del país cuyas decisiones tienen enorme impacto es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se trata de una institución que no sólo revisa y, en su caso, ratifica la validez de los procesos electorales de nuestro sistema político, sino que además define los alcances y límites de una serie de derechos fundamentales relacionados con la arena política-electoral. Por este motivo, con esta colaboración, abrimos una nueva trinchera en el blog con el objetivo de explicar y criticar las sentencias de la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral. Cualquier interesado en publicar un texto sobre este tema, enviar a revisión su propuesta al siguiente correo eljuegodelacorte@nexos.com.mx

La comunicación político-electoral en Internet será determinante en los próximos procesos electorales de 2011 y 2012. Cada vez más candidatos utilizan esta herramienta para difundir sus mensajes, atraer simpatizantes y denostar a sus adversarios. En México, los tres principales partidos políticos ya cuentan con sitios permanentes en la red y la mayor parte de los candidatos hacen uso de la misma para promocionarse.

La ley electoral actual prohíbe que los partidos políticos contraten o adquieran tiempos en radio y televisión, por lo que los candidatos han dirigido gran parte de sus recursos a promocionarse en espacios interactivos de la red como YouTube y comunidades como MySpace, Facebook, Hi5, y Twitter.

Asimismo, los cambios introducidos en la última reforma electoral prohíben las denominadas “campañas negativas”, por lo que Internet se ha convertido en el espacio que los partidos aprovechan para descalificar a sus contrincantes.

En un escenario mediático -radio y televisión- tan concentrado como el mexicano, es altamente redituable acceder a millones de personas a través de Internet a un bajo costo. Además, es importante señalar que los jóvenes entre 18 y 29 años –principales usuarios de Internet- representan casi el 30% del padrón electoral, a saber, cerca de 23 millones de votos. De lo anterior se explica la enorme rentabilidad de utilizar Internet como medio de comunicación política.

Ahora bien, la regulación actual de la propaganda político-electoral en Internet es insuficiente, sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha comenzado a fijar ciertos criterios y a configurar algunas reglas específicas con base en los casos que ha conocido.

Regulación (Constitución y Cofipe)

La reforma constitucional y legal en materia electoral 2007-2008 puso especial énfasis en el control de la propaganda electoral: dispuso límites a la adquisición de tiempos en radio y televisión; estableció restricciones a la propaganda gubernamental, y fijó reglas sobre el contenido de la propaganda política a efecto de evitar expresiones que denigren a las instituciones, a los partidos o que calumnien a las personas (artículo 41 constitucional).

No obstante lo anterior, no se estableció una regulación específica respecto de la propaganda difundida a través de Internet. En consecuencia, la propaganda político-electoral en Internet está permitida, en tanto que la prohibición para que partidos y terceros contraten o adquieran tiempos en medios sí está reservada al radio y la televisión.

Cabe advertir, además, que el Cofipe faculta al Consejo General del IFE para que pueda ordenar la suspensión de propaganda electoral en radio o televisión que resulte violatoria de la ley, sin embargo, no se pronuncia respecto la publicidad emitida en otros medios (artículo 52 del Cofipe).

Interpretaciones del TEPJF

Ante la ausencia de una norma específica, una interpretación de la legislación electoral podría concluir que no es factible regular espacios en Internet, dado que en ellos se está haciendo uso de la libertad de expresión. Cabe recordar que la Constitución explícitamente señala que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino cuando ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público.

Además, a diferencia del radio y la televisión, el Internet no es un espacio concesionado por el Estado a los particulares y, por ende, no puede considerársele como parte de los “tiempos oficiales”. Sin embargo, la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral ha llegado a conclusiones diferentes y establecido ciertos límites (mínimos) a la propaganda en Internet.

El TEPJF ha conocido diferentes medios de impugnación relacionados con la difusión de propaganda política tanto en sitios gubernamentales, como de partidos políticos e incluso de particulares. Entre las cuestiones que han sido del conocimiento del TEPJF están:

  • La permanencia de propaganda en Internet fuera de los plazos legales establecidos para las campañas.
  • La cuantificación de los gastos de los partidos políticos a efecto de controlar el límite de gastos de campañas.
  • Límites sobre el contenido de los mensajes.
  • El uso de los sitios oficiales para efecto de cumplir las obligaciones de transparencia.
  • La promoción personalizada de funcionarios públicos a través de sitios oficiales.

El TEPJF ha sostenido que “al igual que cualquier tipo de propaganda, la que se difunde por Internet se encuentra sujeta a las bases previstas en ley”.[1] En consecuencia, la propaganda político-electoral en la red se debe ajustar a lo siguiente:

  1. Deberá abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones, a los propios partidos, o que calumnien a las personas.
  2. Deberá abstenerse de difundir toda propaganda gubernamental durante las campañas electorales, salvo las campañas de información y los informes de actividades.[2]

Por lo que se refiere al retiro de propaganda previo a la jornada electoral, el TEPJF estableció que deben de considerarse las características propias de cada medio para valorar el cumplimiento de las fechas, por lo que el hecho de que cierta propaganda permanezca indebidamente en Internet no afecta el proceso electoral.[3]

Por otra parte, la Sala Superior consideró que no es suficiente un promedio de costos o un costo aproximado para acreditar el gasto exacto que en Internet devengó un partido o candidato en determinada elección.[4]

Otro tema que ha sido objeto de impugnación es la promoción personalizada de servidores públicos por la publicación en sitios oficiales de su curriculum vitae o su trayectoria de vida. El TEPJF ha determinado que es permisible el uso de los portales de Internet por parte de los entes públicos, partidos políticos y servidores públicos en los que se ostente la fotografía o el nombre de algún servidor público, siempre y cuando esa inserción revista un carácter meramente informativo, de comunicación con los ciudadanos o de rendición de cuentas, así como de difusión de mensajes para dar a conocer informes de labores o de gestión de servidores públicos, la cual de limitarse a esos aspectos, no se considera violatoria de la normatividad electoral.[5]

Respecto del contenido de páginas electrónicas de partidos políticos y de militantes, el TEPJF ha resuelto que los desplegados públicos en Internet “no pueden considerarse actos anticipados de campaña”.[6]

Todos estos precedentes evidencian la dificultad de las cargas probatorias para sustentar argumentos dentro de asuntos que involucran propaganda en Internet. Es sumamente complejo acreditar, por ejemplo, el número de personas que cuentan con acceso a Internet o que tuvo acceso al sitio denunciado a efecto de demostrar el carácter determinante de la supuesta  violación, ya sea por sí misma o en relación con otras. De ahí que los criterios del TEPJF se construyan caso por caso y que hasta ahora no haya una certeza absoluta sobre el alcance de las limitaciones a la referida propaganda.

Caso del gobernador de Veracruz

Un caso que tuvo particular seguimiento en los medios de comunicación fue el que se inició con la denuncia de un video en YouTube que contenía mensajes difamatorios y denigrantes en perjuicio del Gobernador de Veracruz.[7]

El argumento central del Consejo General del IFE al resolver (infundado) sobre la denuncia presentada fue que las pruebas no fueron suficientes para probar la responsabilidad en la autoría y difusión del video.

El TEPJF confirmó tal determinación, destacando que no constaba algún dato que permitiera advertir fehacientemente la persona o entidad que colocó el video y, por tanto, no resulta posible imputar al partido político denunciado (PAN), ni exigirles un deber de cuidado en el universo de comunicación que implica Internet, pues aceptar esa circunstancia se apartaría de la razonabilidad y objetividad exigibles.

Alejandro Orozco y Villa. Licenciado en Derecho del ITAM y Maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad de Bolonia.


[1] SUP-JRC-233/2004.

[2] Tal propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social deberá tener carácter institucional y fines informativos y no deberá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

[3] Tesis relevante de rubro: PROPAGANDA ELECTORAL DIFUNDIDA EN INTERNET. PLAZO PARA SU RETIRO (Legislación de Baja California).

[4] SUP-JRC-63/2009 y su acumulado.

[5] El TEPJF analizó el contenido de los portales y de las currícula ahí difundidas para llegar a la conclusión de que en ciertos casos sí se trató de una indebida promoción personal de funcionarios (SUP-RAP-7/2009 y SUP-RAP-43/2009) y en otros no se acreditó ese hecho (SUP-RAP-11/2009, SUP-RAP-43/2009 y SUP-RAP-132/2009).

[6] SUP-RAP-181/2008.

[7] SUP-RAP-153/2009.

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