yocontribuyenteHace algunos meses, un grupo de ciudadanos interpusieron un juicio de amparo en contra de la condonación de impuestos que realizó el gobierno federal a favor de entidades federativas y municipios. En términos generales, el propósito de esta batalla jurídica era repensar las condiciones en que se recauda el dinero público, de tal manera que se debiese atar a principios constitucionales como transparencia, austeridad y honestidad en el gasto público. El asunto rebotó en diferentes peldaños de la escalinata judicial hasta que llegó a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, donde la mayoría de los ministros decidieron este miércoles negarle la razón a a este grupo de ciudadanos. El punto clave de la decisión de los ministros giro en torno al llamado interés legítimo, un ingrediente novedoso en el juicio de amparo y que apenas empieza definirse sus límites y alcances (veáse, por ejemplo, dos colaboraciones a este blog aquí y aquí donde se analizan otras sentencias de la Suprema Corte que abordan este tema). En este video, el abogado Pérez de Acha, encargado de diseñar la estrategia jurídica de este grupo de ciudadanos, explica de manera clara y ágil la importancia del llamado interés legítimo para este asunto y crítica la manera como la mayoría de los ministros de la Primera Sala lo entienden.

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Luis M. Pérez de Acha. Abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la UNAM. Twitter: @LuisPerezdeAcha

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divorcioHace unas semanas, Omar Feliciano publicó en el Blog de la Redacción de esta revista un artículo sobre el divorcio de las parejas del mismo sexo. En él, repasa el papel que el rompimiento de estas relaciones juega en los debates por el reconocimiento de las mismas como matrimonios. Es decir, cómo es utilizado este dato tanto para negar la inclusión de estas parejas a este régimen familiar, como para garantizarla. Feliciano considera que, con independencia del sentido de estas posturas, éstas coinciden en un punto: que el matrimonio debe perdurar y que el divorcio debe evitarse –a la par, claro, de que el acceso al primero, depende del rechazo al segundo–. Él sostiene, sin embargo, y con razón, que la pelea no es sólo por el “derecho a unirnos”, sino por reconocer que “también tenemos derecho a separarnos”.

Esta es una lucha que, al menos en México, ya ha sido ganada: la Suprema Corte (SCJN) en reiteradas ocasiones ha reconocido al divorcio como parte del ejercicio de diversos derechos. Específicamente, ha entendido al divorcio unilateral y sin causales –esto es, a la posibilidad de que el matrimonio termine por voluntad de una sola de las partes, sin importar las razones para hacerlo– como una medida sustentada en el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la misma protección de la familia.

La regulación del divorcio, como la del mismo matrimonio, ha cambiado con el paso del tiempo. Sólo por acotar la historia a la intervención del Estado mexicano en la relación matrimonial,[i] el divorcio solía ser entendido como la suspensión temporal de la obligación de cohabitar con la pareja.[ii] Suspensión que había que solicitarle a un juez y que sólo se otorgaba si se comprobaba tener una muy buena razón para ello. Históricamente, el adulterio, la “crueldad excesiva”, la “enfermedad grave y contagiosa”, la demencia y la “inducción” a cometer crímenes han sido razones consideradas válidas para esta separación. Las causales han variado –a través de las jurisdicciones y de los años–, pero han estado atadas a una misma lógica: que se trate de alguna disfunción en la relación matrimonial que haga prácticamente imposible que los fines de la misma (determinados en la ley) se cumplan.

Son dos los cambios a este régimen que han sido revolucionarios. El primero fue el que permitió la disolución del vínculo matrimonial –y que fue introducido por Venustiano Carranza en plena Revolución mexicana (1914)–. Bajo esta nueva regulación, la pareja podía terminar el matrimonio –con la posibilidad de volverse a casar– por común acuerdo. Si éste no existía –uno quería separarse y el otro no–, el que quería el divorcio debía probar una causa. La dinámica de las causales operó justo así: para que procediera la separación, era necesaria alguna falta, una causa grave, suficiente para ameritar romper el núcleo familiar. Desde aquí se entiende lo revolucionario del segundo cambio, introducido primero por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el 2008: dejaron de ser necesarias las causales y el común acuerdo para que el divorcio procediera. Basta con que una de las partes ya no quiera seguir con el matrimonio para que éste termine.

Al Distrito Federal, le han seguido Hidalgo (2011), el Estado de México (2012), Guerrero (2012), Yucatán (2012), Sinaloa (2013) y Coahuila (2013) en el reconocimiento de esta posibilidad. En principio este cambio le compete a las autoridades estatales y se tiene que pelear en cada legislatura; no obstante, la forma en la que la SCJN ha resuelto las impugnaciones que sobre las mismas han llegado, me lleva a afirmar que existe otra vía para empujar esta posibilidad: el litigio, ya que lo que está en juego es precisamente el ejercicio de derechos.[iii]

Son dos las resoluciones fundamentales que ha emitido la SCJN en cuanto a la validez constitucional del divorcio “sin expresión de causa”: el amparo directo en revisión 917/2009 y el amparo directo en revisión 1905/2012.[iv] Este último es, de hecho, una de las resoluciones más robustas que le he leído a la Corte en materia familiar –más allá del divorcio– en los últimos años. Además de ofrecer una interpretación del artículo 4º constitucional –siguiendo la que delineó en la acción de inconstitucionalidad 2/2010 (el caso del matrimonio entre personas del mismo sexo)–, aquí ofrece una de los artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que también regulan a la familia.

En ambas resoluciones, se impugna el reconocimiento del divorcio unilateral y sin causales. Se argumenta que esta posibilidad atenta en contra de “la familia” ya que fomenta la inestabilidad y permite que todo dependa del capricho de una sola persona. La SCJN desarrolla varios argumentos para dar respuesta a esta preocupación. El primero es tratar al deseo de que una persona se separe de su pareja como un hecho.[v] El Estado poco puede hacer porque las personas quieran estar juntas (esto es cierto tanto para el matrimonio –el Estado no es responsable de que dos personas se enamoren–, como para el divorcio). Lo único que puede hacer es reconocerlo o no. Pero, ¿por qué habría de reconocer el Estado esta realidad?

La Corte ofrece dos razones: la primera es la importancia de la voluntad de las personas. Detrás del divorcio está el libre desarrollo de la personalidad: la posibilidad de que las personas estén, emocionalmente, con quien quieran estar. Esto implica que el matrimonio, si bien es un contrato –un compromiso que efectúan las personas y por virtud del cual adquieren obligaciones–, no es un contrato cualquiera: en juego están las emociones, los sueños, la vida que uno quiere para sí. Las ganas de estar juntos, no se pueden forzar. ¿Y los alimentos? Esos sí son una obligación, subraya la Corte. Las personas no pueden deshacerse de todas sus obligaciones. Pero para que cumplan con las mismas, no es necesario ya exigirles que vivan una cotidianidad –afectiva, sexual– que no quieren.

Además, razona la SCJN, complicar el proceso de separación con juicios de divorcio necesario, no sólo no arregla la relación (los matrimonios “de facto rotos”), sino que en muchas ocasiones genera más violencia. Y esto es, precisamente, lo que el Estado sí debe evitar: la violencia física o moral y el desgaste emocional innecesario de la pareja –y de los hijos–. El Estado debe “otorgar los medios necesarios para disolver esa unión y solucionar las desavenencias existentes, [...] justamente a efecto de proteger a la familia”.[vi] Que no exista ya la relación matrimonial, insiste la Corte, no implica que no exista la familia. El lazo entre los padres y los hijos –por ejemplo– permanece intacto. Claro que los niños tienen derecho a vincularse con sus padres, pero estos últimos no tienen que estar casados para que ese derecho sea efectivo.[vii] Lo que pasa, entonces, es que ahora se separa, como nunca en la historia, la cuestión de la pareja de la de los hijos y la cuestión del afecto de la económica.

Ahora bien, más allá de la revolución que esto implica para el régimen del matrimonio, lo que intriga es: ¿y dónde están las impugnaciones en contra del divorcio necesario? ¿Dónde están los juicios haciendo valer estos derechos y exigiendo el reconocimiento del divorcio unilateral y sin causales? Mientras los amparos por el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo se multiplican por las entidades federativas, aquí el silencio es cada vez más evidente. Surge la pregunta: ¿qué es lo que provoca que los fallos de la SCJN se conviertan o no en armas de la ciudadanía?

 

Estefanía Vela. Abogada por el ITAM, maestra en Derecho por la universidad de Yale. Responsable del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del CIDE. Twitter: @samnbk


[i] En la Ley del Matrimonio Civil de 1859, el Estado reguló por primera vez el divorcio en los artículos 20-24.

[ii] En palabras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –escritas en el 2012–, la separación era en cuanto “al lecho y a la habitación”. Contradicción de Tesis 63/2011, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 22 de agosto de 2012, p. 26.

[iii] En el Amparo Directo en Revisión 917/2009, la SCJN llega incluso a hablar de un “derecho a no continuar casado” (Amparo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 23 de septiembre de 2009, p. 45).

[iv] Existen otras resoluciones en esta materia, pero el análisis sustantivo sobre la validez constitucional del divorcio “sin expresión de causa” que se realiza en ellas no es tan robusto o se enfocan, en última instancia, más en lo procedimental. Ejemplo de ello lo son el Amparo Directo en Revisión 2446/2009, el Amparo Directo en Revisión 1013/2010,  la Contradicción de Tesis 63/2011 y la Contradicción de Tesis 180/2011.

[v] Amparo Directo en Revisión 917/2009, p. 40 (matrimonios “de facto rotos”), pp. 45-46 (el divorcio es el reconocimiento “a una situación de hecho”).

[vi]Amparo Directo en Revisión 1905/2012, resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 22 de agosto de 2012, p. 34.

[vii]Amparo Directo en Revisión 1905/2012, p. 26.

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El Pleno de la SCJN discutió, hace algunos días, un amparo en revisión promovido por Fundar, Centro de Análisis e Investigación para conocer la versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de los 500 diputados federales de la legislatura pasada.

nonsenseEl debate en la Corte fue complejo, lo que refleja la importancia y pertinencia del tema, al igual que las distintas posturas, no sólo de sus integrantes sino de la sociedad en general. Cinco ministros se posicionaron por la entrega de información: tres mediante la declaratoria de inconstitucionalidad de la fracción III del artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP) y dos mediante la interpretación conforme. La mayoría, en cambio, votó contra la apertura de la información patrimonial y por la prevalencia del derecho a la protección de datos personales sobre el derecho de acceso a la información. Tres ministros llegaron a su conclusión mediante un ejercicio de ponderación, mientras que el resto consideró que no hay nada en la Constitución que prevea la posibilidad de hacer pruebas de daño o de interés público.

El argumento  más  utilizado para negar el amparo radicó en que, según la perspectiva de la mayoría, no existen elementos suficientes para considerar que el interés público de conocer las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales es mayor a la  probable afectación por la invasión a la privacidad de un funcionario del Estado. Y, al mismo tiempo, no se puede sostener, bajo su perspectiva, que haya razones suficientes para considerar que los funcionarios del Estado tienen un umbral de protección distinto al resto de los ciudadanos.

No se niega que el presente caso puede representar una afectación a la vida privada de los servidores públicos pues la información contenida en las declaraciones patrimoniales son datos personales; la protección de dichos datos es un derecho fundamental autónomo tan importante como el derecho de acceso a la información. Ahora bien, tomando en cuenta que existen límites constitucionales, legales y convencionales para ambos derechos, el punto medular era la ponderación de razones en función del interés público.

En la argumentación de algunos ministros faltó, desde nuestra perspectiva, precisamente una aproximación a la noción de interés público y la razonabilidad de ciertas medidas que puedan causar algún grado de molestia o afectación a los servidores públicos, pues se consideró a priori la inexistencia de dicho umbral diferenciador. De esta forma, dentro de la discusión, la ministra Luna Ramos señaló: “el hecho de ser servidor público no nos priva del goce de los derechos fundamentales (…) como es el respeto irrestricto a los datos personales…”.

Bajo este orden de ideas, la consideración mayoritaria –con matices diferentes en los argumentos–, es que no es posible hacer prevalecer el derecho de acceso a la información (DAI) sobre cierta dimensión de la protección de datos personales (PDP) porque no hay una diferencia entre los servidores públicos y los ciudadanos en tanto ambos son personas humanas que gozan de los mismos derechos fundamentales. Para nosotros, los elementos de diferencia existen: el funcionario público es diferente porque se encarga de los asuntos públicos. Por esa razón su exposición pública es mayor per se. Tener en sus manos los recursos y las decisiones públicas obliga a un escrutinio más cercano.

Conocer versiones públicas de las declaraciones de situación patrimonial no implica en ningún momento vulnerar la seguridad jurídica de un funcionario público. La PDP y el DAI son derechos que admiten excepciones. Un punto de equilibrio entre ambos es la elaboración de versiones públicas de las declaraciones patrimoniales porque atiende, además, al principio de máxima disponibilidad de la información.

El caso, además, parece mostrar diferencias más sustantivas sobre los límites y las justificaciones de la participación en los asuntos públicos. Varios ministros mostraron, incluso, dudas sobre  la pertinencia de la fiscalización ciudadana. Por ejemplo, el ministro Pardo Rebolledo mencionó: “…las autoridades competentes llevan a cabo su función de revisar escrupulosamente el desempeño de los servidores públicos y analizar conforme a los criterios que se tienen establecidos, cuál ha sido su evolución patrimonial, y de advertir alguna irregularidad, previo procedimiento respectivo, imponer las sanciones correspondientes”.

Nuestra idea de democracia implica un mayor grado de involucramiento de las personas con las instituciones y servidores públicos. La transparencia en el ejercicio de la función pública es una condición básica para facilitar estos intercambios. La utilidad de conocer la información sobre la situación patrimonial de los servidores públicos se explica por la necesidad de tomar medidas para mitigar la corrupción en el país: con una versión pública se pueden prevenir y detectar casos de uso indebido del poder. El grado de involucramiento radicará en la madurez participativa de nuestra democracia.

Existen ejemplos claros de lucha internacional a través de los ciudadanos contra la corrupción, como la iniciativa mundial por los derechos de personas afectadas por actos de corrupción o el movimiento global de whistleblowers (legítimos denunciantes). En Francia, se discute la implementación de una autoridad deontológica de control de la ética pública que controle todo conflicto de interés o la falta de ética cometida por un agente público. Otro ejemplo llamativo es la iniciativa mundial por la lucha contra la corrupción lanzada por la OCDE.

La ley mexicana establece obligaciones de transparencia en las cuales se incluyen, entre otros, los datos de identificación del puesto, la remuneración mensual, etc. Lo relevante es que, mediante la individualización, se reconoce o se fincan responsabilidades. El objetivo prima facie de las declaraciones patrimoniales es demostrar que los funcionarios del Estado actúan conforme al principio de legalidad, ejemplaridad y honorabilidad de la función pública.

Evidentemente el caso presenta fronteras complejas. Una de ellas es la relacionada con el tema de seguridad. Al respecto nos parece que debe hacerse una valoración objetiva entre los bienes que se pretenden proteger y los intereses públicos en juego. Frente a la crisis de corrupción que tenemos, ¿debemos renunciar a medidas razonables de combate a la corrupción por cuestiones de seguridad? El argumento es sensible, pero lo cierto es que tenemos ejemplos claros de enriquecimiento indebido por la opacidad en el manejo de recursos públicos y no tenemos evidencia clara sobre la afectación a la seguridad de un servidor público al haberse dado a conocer su información patrimonial. Es obligación del Estado proveernos seguridad y una vida digna, por lo que resulta contradictorio adoptar medidas basadas en el miedo a ser víctimas del delito y se convierte en algo parecido a un régimen de excepción.

México fue un referente en materia de transparencia. Nuestra legislación en el tema y el diseño institucional ha sido replicado en otros contextos similares. No obstante, ante una oportunidad de gran peso, la Suprema Corte optó por la prevalencia de la opacidad y la permanencia de un paradigma que, bajo la bandera de la protección de los datos personales, sin dilucidar cuándo deben hacerse valer las razones de interés público. En Francia, un escándalo como el de Andrés Granier (el affaire Cahuzac) activó todo un plan de reestructuración política de lucha contra la corrupción. Con el fallo de nuestro máximo tribunal nos quedamos sin un elemento básico de rendición de cuentas de nuestros representantes. Ante este embate, consideramos que existen argumentos suficientes y una nueva arena de oportunidad para una reforma legislativa en el tema.

 

Gabriela Aguirre. Investigadora del área de Transparencia y Rendición de Cuentas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A. C.

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El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estudiará este lunes 17 de junio un amparo en revisión que plantea si se debe hacer de conocimiento público las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de los 500 diputados federales. Técnicamente, la Corte tendrá que decidir sobre la constitucionalidad del artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP), el cual establece una regla discrecional para la entrega de dicha información. Materialmente, la Corte tiene la oportunidad de pronunciarse sobre los límites a la vida privada de servidores públicos, el interés público detrás de esta información y cuáles pueden ser los alcances de la actividad fiscalizadora ejercida por la ciudadanía.

De esta manera, además de detectar cambios sustanciales en el patrimonio de un funcionario del Estado, la revisión ciudadana de las declaraciones de situación patrimonial, sirve para identificar conflictos de interés o verificar, incluso, la inexistencia de fraudes fiscales; funge también como un elemento para corroborar la honorabilidad de muchos funcionarios y en el caso contrario, evitar la inelegibilidad al servicio público de personas que han sido condenadas por delitos de corrupción.

La posibilidad de conocer públicamente ciertas declaraciones patrimoniales es un debate pertinente que ha alcanzado umbrales fascinantes. En países con contextos similares al nuestro, como Colombia, ha trascendido el conflicto sobre la inseguridad y se ha obligado a través de la Ley 5ta de 1992 a hacer público el registro de intereses privados de los congresistas; por su parte en Argentina existe una Ley de Ética Pública que permite el acceso ciudadano a declaraciones juradas de los gobernantes. El caso de Estados Unidos es similar al respecto.

Como se aprecia, este caso no carece de contexto, de actualidad ni de pertinencia social o política. De hecho, surge a raíz de una estrategia integral de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C., para impulsar la transparencia en el ejercicio de la función pública. La información sobre las versiones públicas de las declaraciones de situación patrimonial de los 500 diputados federales se requirió vía solicitudes de acceso a la información (artículo 6º constitucional) y vía derecho de petición (artículo 8º constitucional), con respuestas poco alentadoras[1].

transparenciaDesde nuestra perspectiva, permitir que sean los propios servidores públicos quienes decidan si se entrega cierta información implica que la publicidad de la misma, a pesar de ser de interés público, esté sujeta a la autorización de una persona quien podría decidir arbitrariamente y en pleno conflicto de interés. Lo anterior es contrario a nuestra Constitución y legislación sobre transparencia, que obligan a cubrir una serie de requisitos antes de catalogar como reservada o confidencial la información. La información gubernamental es pública en tanto no exista una causa de interés público descrita en ley que lo desvirtúe. A través  de la prueba de daño y la prueba de interés público, la autoridad debe demostrar fehacientemente la existencia de elementos tangibles que repercuten y se ven vulnerados por la liberación de información; en un test de interés público se ponderan valores y derechos fundamentales en función del interés público. Incluso, en casos de reserva, las autoridades están constreñidas a elaborar versiones públicas del documento en los que se protegen datos confidenciales y reservados.

Asimismo, es preciso mencionar que México tiene obligaciones internacionales puntuales en el combate a la corrupción. Nuestro país ha ratificado instrumentos internacionales de carácter vinculatorio que lo constriñen a hacer público el contenido de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios al servicio del Estado.  

¿Qué se argumenta para impedir el acceso?

Alegar la protección a la privacidad y la vida íntima de los diputados federales es la  principal razón por la cual el Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados, el Comité Resolutor de los Recursos de Revisión de la Auditoría Superior de la Federación y el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa (instancia judicial que albergó el caso) niegan el acceso a la información.

Lo que dejan de lado estas negativas es que el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la protección de datos personales son complementarios. Existen numerosos ejemplos de aparentes contradicciones entre ellos; no obstante, esta exclusión desdibuja el espíritu conciliador de nuestra Constitución. Ambos derechos fundamentales encuentran límites a su goce absoluto según la legislación secundaria.

Además, olvidan el argumento sobre el doble estándar de la protección de la vida privada de todo funcionario del Estado. Los funcionarios del Estado tienen una naturaleza pública por las actividades que realizan y, por ende, están obligados a permitir un control ciudadano de ellas en función del interés público.

Sus labores repercuten directamente en la vida cotidiana, por lo que el desarrollo de sus actividades debe regirse por el principio republicano de la transparencia en los actos gubernamentales y, por tanto, estar sujetas a escrutinio público.

¿Qué está, entonces, en juego con la decisión de la SCJN?

Ante casos de litigio estratégico como este, el Poder Judicial emerge como un actor activo en el proceso de impulsar una democracia sustantiva en nuestro país. Su rol es clave para lograr cambios estructurales. En otras latitudes, los jueces constitucionales han sido muy enfáticos al resolver las tensiones derivadas de la interpretación de derechos fundamentales. En el caso Duplantier v. United States (1979), la Cámara de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos conoció un caso en el que varios jueces federales impugnaron una ley que obliga a la divulgación de información relacionada con su patrimonio porque la consideran violatoria del principio de separación de poderes y de su derecho a la intimidad. La Cámara de Apelaciones consideró que el interés público superaba cualquier noción de interés privado vulnerado por la información revelada y que la división de mandatos en nada se ve trastocada por la legislación disputada.

En Plant v. González (1978), la Suprema Corte del Estado de Florida estableció que el Sunshine Amendment – el cual requería apertura extensiva financiera a todos los oficiales del gobierno electos incluyendo jueces- no intervenía de manera ilegal con la privacidad familiar[2].

En Francia la discusión actual se centra en la moralización de la vida pública; en Colombia se trascendieron falsos argumentos sobre seguridad y publicación de datos patrimoniales. En nuestro país ¿qué tan amplio será el debate de nuestros jueces constitucionales?

Gabriela Aguirre. Investigadora del área de Transparencia y Rendición de Cuentas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C.


[1] Las solicitudes se hicieron en diversas ocasiones a la Cámara de Diputados y a la Auditoría Superior de la Federación con respuestasnegativas. En el caso del derecho de petición, el porcentaje de respuesta fue del 10% (aproximadamente 55 respuestas); de este porcentaje, sólo 1 diputado del Partido Acción Nacional respondió favorablemente.

[2]Entre otras cosas, la Corte concluyó que la apertura financiera (financial disclosure) puede llegar a afectar a la familia, pero lo mismo puede decirse de cualquier acción gubernamental. Dicha apertura no transgrede la armonía constitucional.

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“El nuevo planteamiento consiste  en buscar el problema indígena en el problema de la tierra”.

José Carlos Mariátegui

 

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará en próximos días, en incidente de inejecución, el caso del ejido Tila, mismo que representa una oportunidad histórica para establecer precedentes sobre la protección del derecho de los pueblos indígenas a la tierra y el territorio.

Un repaso por la historia permite establecer la existencia del pueblo de Tila, al menos, desde la época colonial. El pueblo indígena Ch’ol habita desde tiempos inmemoriales en ese territorio. Acorde a lo dispuesto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el artículo 2 constitucional, los choles son un pueblo indígena que existía desde antes de la conformación del Estado mexicano.

En el periodo posrevolucionario y en pleno auge de las políticas agrarias, el Estado validó la posesión mediante la figura legal del ejido. Sin embargo, en el decreto presidencial de 1934 no se dotó de tierras a los habitantes del pueblo de Tila, se legalizó y se les dio seguridad jurídica mediante el reconocimiento expreso de posesión ancestral, estableciéndose así el ejido Tila.

Décadas después se pretendió el despojo de 130 hectáreas mediante la intervención del Cuerpo Consultivo Agrario, que pertenece a la Secretaría de la Reforma Agraria. Esta dependencia intentó en 1966 modificar el plano y el decreto presidencial para establecer que esa superficie constituiría fundo legal. Ante ello, el ejido acudió al amparo para proteger sus derechos. En 1994 se concedió el amparo 890/77 y se dejó sin efecto la determinación administrativa que había afectado la posesión material y la administración sobre dicha superficie.

En 1982, cuando ya había avanzado el amparo 890/77, se dio un nuevo intento de legalizar el despojo. A solicitud del gobernador y de la autoridad municipal de Tila, el Congreso del estado de Chiapas emitió el decreto 72, mediante el cual se afectaba la misma superficie –130 hectáreas– para constituir un fundo legal. Nuevamente el ejido acudió a las instancias legales e interpuso el juicio de amparo 259/1982.

En suma, tres generaciones de ejidatarios han defendido durante medio siglo sus derechos en carácter de pueblo indígena. Además, existen registros de otros actos de despojo que se remontan a la Colonia y al siglo XIX, en el que mediante la Ley de Colonización de 1875 y la de Deslinde y Colonización de Terrenos Baldíos de 1883, se les sustrajo de tierras para entregarlas a la finca Jolnopa.

En 2008, el juez primero de distrito del estado de Chiapas, concedió el amparo 259/1982 de forma lisa y llana, para dejar insubsistente el decreto expropiatorio, así como los actos de aplicación que implicaron la desposesión material de las 130 hectáreas. El efecto de la sentencia de amparo implicó para el juez de distrito la restitución de esa zona al ejido agraviado. Ante la falta de cumplimiento por parte de la autoridad municipal y tras diversos requerimientos en los que no justificó la imposibilidad para cumplir la sentencia de amparo; aunado a la exigencia de restitución por parte de los quejosos, el expediente fue remitido a la SCJN para los efectos del artículo 107 fracción XVI, de la Constitución Federal.

¿Cuáles son los efectos del cumplimiento de la ejecutoria de amparo? Hay al menos dos interpretaciones jurídicas: la primera consiste en  afirmar que el amparo sólo puede anular el acto de autoridad –el decreto expropiatorio–, así como todos aquellos actos jurídicos que hayan derivado del mismo como actos traslativos de dominio que durante décadas ha realizado el municipio; la segunda interpretación es que el amparo no sólo debe dejar sin efecto el decreto aludido, sino que debe implicar la restitución de la superficie que fue desposeída al ejido Tila. La primera es una postura en la que el juicio de amparo tendría efectos declarativos, la segunda defiende que el amparo debe tener como consecuencia la restitución física y material. Esto es lo que se debatirá en el pleno del máximo tribunal.

El caso resulta emblemático y ha llamado la atención de diversos sectores. Rodolfo Stavenhagen, ex Relator de pueblos indígenas de la ONU, presentó un amici curiae donde expuso, desde una perspectiva socio-antropológica, la dimensión cultural y la especificidad que, desde su cosmovisión, vincula a los pueblos choles con su entorno. Se abunda sobre la relación entre el pueblo indígena y el territorio que permite la reproducción social y simbólica de su existencia y que constituye el medio en el que se desarrollan las formas de organización comunitaria, la cultura, la lengua, el acceso sobre los recursos naturales, entre otros derechos ligados a la autonomía y autodeterminación. Cabe señalar que en años recientes su defensa fue asumida por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) en el estado de Chiapas.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) presentó otro amici curiae, en el que presenta argumentos sobre el derecho de los pueblos indígenas y los estándares en la materia. En dicho memorial, propone a la SCJN tutelar adecuada y efectivamente los derechos colectivos mediante el establecimiento de criterios nacionales que consideren la dimensión cultural y la relación especifica de los pueblos indígenas con la tierra y el territorio y permitan asegurar la restitución material y la administración del ejido sobre la superficie afectada.

Para ello, es de suma importancia acudir a la interpretación conforme de la Ley de Amparo y de la Ley Agraria, la aplicación directa de los artículos 1 y 2 constitucionales y de tratados internacionales sobre pueblos indígenas y la utilización de los criterios orientadores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, avanzando así en la consolidación de nuevos paradigmas de interpretación constitucional, como la maximización de derechos, la ponderación, la interpretación sistémica y la utilización del principio pro persona en la tutela de derechos fundamentales.

Con ello, se pretende evitar un fallo declarativo que implicaría, que el ejido iniciara nuevamente un proceso jurisdiccional, para solicitar la reivindicación sobre lo que de hecho y de jure, le pertenece. Asimismo, significaría un avance significativo en la tutela jurisdiccional de la Constitución y de los derechos de los pueblos indígenas. Finalmente, lograría el acceso pleno a la justicia en un caso cuya resolución ha llevado décadas.

 

Simón Alejandro Hernández León. Colaborador del Área de Defensa Integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

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Hace unos días, el abogado Luis Manuel Pérez de Acha explicó los motivos y razones para impulsar, junto con Mexicanos Primero, un juicio de amparo en contra del sindicato de maestros (SNTE). Ahora, en un nuevo video, nos presenta un aspecto de enorme relevancia para la suerte de esta batalla jurídica: las características de este juicio de amparo y la estrategia jurídica en la que se basa. El día de mañana abordará los pormenores del otro importante amparo que está impulsando, aquél que busca evitar la condonación de impuestos a entidades federativas y municipios.

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Luis M. Pérez de Acha. Abogado por la Escuela Libre de Derecho y Doctor en Derecho por la UNAM. Twitter: @LuisPerezdeAcha

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Hace unos días, Justicia Justa inició dos batallas jurídicas de enorme relevancia para el país. Por un lado, junto con la organización Mexicanos Primero, lanzó un juicio de amparo en contra de la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación y las Secretarías de Hacienda y Función Pública. ¿Su objetivo? Romper la perniciosa dinámica entre estas autoridades y el sindicato de maestros (SNTE). La cual básicamente consiste en que las primeras destinan en cada ejercicio presupuestal cuantiosas sumas de dinero público para la educación, el cual es desviado por el SNTE para otros propósitos y, aunque se detectan estas irregularidades, no hay consecuencia alguna en términos de responsabilidades. Al contrario, este círculo vicioso se reinicia cada año.

Por el otro lado, Justicia Justa, en representación de un grupo de ciudadanos, también interpusó un juicio de amparo en contra del artículo noveno de la Ley de ingresos de la federación de 2013. Su argumento consiste en que éste abre la posibilidad de que se les perdone adeudos fiscales a estados y municipios. Lo cual desincentiva la capacidad recaudatoria de miles de gobiernos locales, prolonga la inercia de irresponsabilidad fiscal y, además, nos eleva la carga fiscal a los contribuyentes pues seremos nosotros quienes tendremos que cubrir finalmente ese dinero faltante.

Ambos juicios de amparo tienen el valor de ubicar en la agenda judicial dos problemas estructurales de nuestros sistemas educativo y fiscal. Pero, por si no fuese suficiente, también aprovechan de manera creativa varios de los cambios más novedosos de la nueva regulación del juicio de amparo. Lo cual significa a su vez poner a prueba, frente a estos avances en la protección de derechos, a nuestros jueces.

Así, en el siguiente video uno de los abogados líder de esta estrategia explica de manera clara y puntual el por qué y cómo de estos importantes juicios de amparo.

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Luis M. Pérez de Acha. Abogado por la Escuela Libre de Derecho y Doctor en Derecho por la UNAM. Twitter: @LuisPerezdeAcha

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Democracia Deliberada es un grupo de profesionistas, académicos y activistas de la sociedad civil que buscan cambiar las instituciones y las políticas públicas a través de la izquierda partidista. De ahí que tengan la intención de inscribirse y participar activamente en el PRD para, desde ahí, tratar de transformar la agenda e influir en la acción política para darle un rumbo más igualitario, más sustentable y más abierto.

Desafortunadamente, a pesar de que en el Reglamento de Afiliación del PRD establece que el proceso de afiliación a ese partido político es permanente, desde hace 18 meses no se ha podido afiliar ningún interesado, incluidos diversos miembros de Democracia Deliberada que lo han intentado en ese periodo en más de una ocasión.

Ante este escenario, Democracia Deliberada decidió demandar al PRD ante el Tribnal Electoral del Poder Judicial de la Federación; en concreto, a su Comisión de Afiliación por obstaculizar la afiliación de sus miembros a tal partido político. A continuación se reseñan brevemente los principales hechos y argumentos que presentó este grupo en su demanda –la cual es pública y se puede consultar aquí-.

El pasado 20 de noviembre, diversos miembros de Democracia Deliberada se presentaron, junto con el Notario Público No. 171 para que éste diese fe de los hechos, en las oficinas del PRD con su correspondiente solicitud de afiliación a dicho partido político. Una vez que presentaron sus solicitudes ante el Secretario Técnico de la Comisión de Afiliación del PRD, éste señaló que, aunque el único requisito para la afiliación es presentar junto con su solicitud de afiliación una credencial de elector vigente, no era posible afiliarlos –ni recibir los documentos propios para ese objetivo- pues las campañas de afiliación ya habían concluido y era necesario esperar para tal propósito hasta que se abriera una nueva campaña de afiliación.

Ante el cuestionamiento de los demandantes de que el Estatuto del PRD señala que la afiliación es permanente, el Secretario Técnico de la Comisión de Afiliación respondió que este órgano necesita de la aprobación del Consejo Nacional y de los Funcionarios Nacionales para abrir un proceso de afiliación. En ningún momento mencionó el fundamento legal de dicha afirmación dentro de la normatividad interna del PRD.

Después de aceptar que durante 18 meses no ha habido ninguna campaña de afiliación del PRD y de confirmar que durante ese periodo ni una persona se había afiliado a tal partido político, se le preguntó al Secretario Técnico si había alguna fecha programada para una nueva campaña. Su respuesta fue que no se había establecido ninguna fecha para la afiliación de nuevos militantes, además de que estaban esperando tabletas electrónicas para la firma electrónica, el software para procesar las nuevas filiaciones y la aprobación de la Comisión Política para tal propósito. Ante la insistencia de los demandantes de que les fueran recibidos su documentación para efectos de afiliarse al PRD, el Secretario Técnico se negó a recibirla.

Democracia Deliberada considera que el PRD, a partir de los anteriores hechos descritos en el que se demuestra la obstaculización para que puedan afiliarse a tal partido político, viola sus derechos de asociación y afiliación política establecidos en los artículos 9º, 35, fracción III, y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, el PRD quebranta sus obligaciones de ajustar su conducta a los principios del Estado democrático respetando los derechos de los ciudadanos y de cumplir sus normas de afiliación que señalen sus estatutos, establecidas en los artículos 5, numeral 1, y 38, numeral 1, incisos a) y e), del Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales. Por último, el PRD no respeta su propia política de afiliación de carácter permanente, sin mayor condicionamiento que los requisitos señalados en su propia normatividad, establecida en el artículo 5º de su Reglamento de Afiliación.

Más allá de las disposiciones legales que fueron violadas, Democracia Delibera considera que la lectura contemporánea del derecho de asociación señala que éste se integra por una pluralidad de derechos que a su vez gozan de la protección del texto constitucional de nuestro país. Estos derechos que integran al derecho de asociación son los siguientes: a) derecho a asociarse formando una organización; b) derecho a asociarse sumándose a una asociación ya existente; c) derecho a permanecer en la organización o renunciar a ella; y d) derecho a no asociarse. Por el agravio arriba descrito, el derecho en concreto que interesa es el derecho a asociarse sumándose a una agrupación ya existente; en este caso, a afiliarse a un partido político ya establecido.

La pregunta clave aquí, en este sentido, es si el Estado puede y, eventualmente, debe intervenir y obligar a una agrupación a admitir el ingreso de ciertos solicitantes, cuando éstos cumplen con los requisitos que la propia asociación, de manera libre, se dio a sí misma. Para ello, como señaló la Corte Suprema de los Estados Unidos en su sentencia Roberts v. United States Jaycees, 468 U.S. 609 (1984), es necesario entender que las agrupaciones en una sociedad civil contemporánea se ubican en alguno de los puntos del arco de opciones trazado por los siguientes dos polos: o es una agrupación por demás íntima como la unidad familiar o es una organización que por su tamaño o papel tiene enorme influencia en la vida política y económica de una sociedad. Entre más cerca esté una agrupación al primer extremo, el Estado tendrá una mayor carga justificatoria para intervenir en ésta; por el contrario, mientras una asociación se acerque más al segundo polo el Estado podrá justificar de manera más sencilla su intervención. Esto se debe a que entre más grande e influyente sea económica o políticamente en la vida de una sociedad una organización menos posibilidad tienen de impedir el ingreso de nuevos integrantes a menos que su criterio de selección o discriminación tenga relación directa con su fin.

Es decir, la libertad de asociación abarca en principio la definición de quienes serán los integrantes de una agrupación en cuestión y quienes podrán sumarse a ésta. Pero esta libertad debe ser limitada cuando se esté frente a una organización que, por sus características económicas y/o políticas, tiene enorme impacto en la dinámica de una sociedad. En este último caso, permitir una amplia libertad para definir los criterios de acceso o ingreso a una sociedad de estas características sería tanto como permitirle que ella defina la participación de la ciudadanía en cierta actividad o ámbito social. Vale subrayar que esto no implica que una organización de enorme impacto político, social y económico en una sociedad pierda enteramente su libertad para admitir nuevos integrantes; el núcleo duro de esa libertad se mantendrá protegido por el mismo derecho de asociación bajo el entendido de que cualquier criterio de admisión debe tener una relación directa e instrumental con el fin de la agrupación.

Los partidos políticos, en este sentido, en el ordenamiento jurídico mexicano son entidades de interés público que fungen como puente entre la sociedad civil y los órganos del Estado. El fin de los partidos políticos, de acuerdo al artículo 41 de la Constitución federal, consiste en promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. Esto significa que los partidos políticos son organizaciones de enorme influencia en la vida pública de nuestro país. Son instituciones cuya tarea en buena medida consiste en procesar los intereses de la ciudadanía en preferencias políticas e institucionales, cuyo presupuesto se define a partir del financiamiento público proveído por el Estado a partir del sistema impositivo del país, y de ahí que el Estado deba intervenir en caso de que los partidos políticos nieguen la afiliación de un solicitante sin fundamento en su normatividad o fin. No puede negar, pues, la afiliación si con ello vulneran los fines que les marca la Constitución y si con ello contravienen sus propios estatutos. De otra manera se permitiría que la puerta de entrada a la vida política e institucional del país se abriese o cerrara de manera arbitraria y discrecional.

Siguiendo, entonces, el fin general de los partidos políticos –de acuerdo al texto constitucional-, el fin en concreto del PRD –según su Declaración de Principios, Programa y Línea Política-, la  política de filiación de carácter permanente de este último establecida en el artículo 5º de su Reglamento de Afiliación, así como el resto de requisitos para afiliarse al PRD señalados en los artículos 14 y 15 de su Estatuto y 7º y 8º de su Reglamento de Afiliación, se concluye que los demandantes cumplen con todos los requisitos y formalidades para afiliarse al PRD, no siendo obstáculo el momento en que se presentaron las solicitudes pues el mismo Reglamento de Afiliación señala que el proceso de afiliación será de carácter permanente.

Por este motivo, le negativa del Secretario Técnico de la Comisión de Afiliación de recibir las solicitudes de afiliación, así como la justificación de falta de equipo necesario para llevar acabo el proceso de afiliación (tabletas electrónicas y software) son obstáculos injustificados de acuerdo a la normatividad interna del PRD, así como a la Constitución federal y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), para afiliar a los demandantes. Esto significa, pues, que un derecho constitucional, legal y estatutario como la afiliación política no puede erosionarse por obstáculos fácticos, técnicos u operativos siempre que se cumplan con la normatividad interna del partido político y la pretensión de afiliación no vaya en contra del fin de dicho partido. Eseramos que así lo entienda el TEPJF.

 

Saúl López Noriega. Asesor jurídico de Democracia Deliberada. Twitter: @slopeznoriega

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La semana pasada, el ministro José Ramón Cossío publicó en El Universal una invitación a las comisiones de derechos humanos para que hagan uso de su facultad para promover acciones de inconstitucionalidad, pues en su opinión, se trata de una buena y poderosa solución institucional para que los órganos de protección de derechos humanos actúen. Así, para Cossío el uso escaso de esta competencia es desafortunado, pues las comisiones no han planteado a la Suprema Corte la posible invalidez de muchas de las normas legales que se han expedido a partir de 2006, lo que ha impedido el desarrollo de los derechos por el más alto tribunal de la República.

La pugna por otorgar legitimación a las comisiones de derechos humanos para interponer acciones de inconstitucionalidad en México es una cuestión no reciente. Ya en 1995 Jorge Carpizo se pronunció por su regulación y en 2005 Joaquín Brage reiteró este deseo. Así, llego el año 2006 en el que el constituyente permanente dio paso a su regulación, justificándose en síntesis, por las siguientes razones: a) los nobles propósitos de la acción de inconstitucionalidad no están al alcance de todos, porque no cualquiera está legitimado para presentar una demanda de este tipo, y b) la legitimación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fortalecería la indispensable labor que desarrolla el Ombudsman y, serviría como protección de la ciudadanía ante la entrada en vigor de normas inconstitucionales que violentaran sus derechos fundamentales, sin la necesidad de promover un juicio de garantías. Reforma que a su vez fue bienvenida por la doctrina mexicana (véase Las comisiones de derechos humanos y la acción de inconstitucionalidad, César Astudillo y Miguel Carbonell (Coord.), IIJ UNAM, México, 2007)

Ahora bien, en otras latitudes la competencia de las comisiones de derechos humanos (o Defensor del Pueblo) para promover acciones de inconstitucionalidad (o recurso de inconstitucionalidad) no ha sido tan bien recibida. Así, se le ha calificado como una competencia inusual, anómala y contradictoria (Torres Muro, 2007). En efecto, para el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, deberíamos preguntarnos si las comisiones de derechos humanos no pierden más de lo que ganan al interponer una acción de inconstitucionalidad, pues muchas veces les resulta imposible salir airosas de ese proceso, sujetándolas a un desgaste considerable. Esto es así, pues a través de las acciones de inconstitucionalidad se prolonga en sede jurisdiccional un debate parlamentario entre mayorías y minorías, o fuerzas políticas antagónicas.

Pues bien, más allá de la discusión sobre la conveniencia y/o posibilidad de mantener o no al margen de la política a las comisiones de derechos humanos, es un hecho que su legitimación para promover acciones de inconstitucionalidad ya está prevista en la Constitución y que la pregunta que nos plantea el ministro Cossío Díaz es de gran trascendencia. Es decir, ¿es o no afortunado que las comisiones hagan poco uso de su competencia para promover acciones de inconstitucionalidad? Este es el punto en el que quiero enfocarme.

En mi opinión, el activismo de las comisiones de derechos humanos no debe verse sólo como una vía para que los jueces puedan dar contenido a nuestros derechos. Esto es, si partimos del hecho de que a través de una acción de inconstitucionalidad se pone en cuestión una ley, es decir, el medio por el cual se manifiesta la interpretación constitucional de los legisladores sobre derechos constitucionales que son ambiguos y sobre cuyo significado existe un desacuerdo razonable, creo que el incentivo de la interposición de acciones por parte de las comisiones debe ser matizada. Y creo debe ser atemperado con la siguiente perspectiva: el activismo de las comisiones de derechos humanos será beneficioso si sirven como vehículos útiles de transmisión de inquietudes ciudadanas, de manera que aumente la presencia de la sociedad civil en los litigios constitucionales (Carbonell,2007), y no sólo para que los jueces constitucionales expandan su visión constitucional, sin ningún plus en términos de participación y deliberación. Es decir, deben servir como un medio para erigir una ciudadanía trascendente y movilizada que pueda participar en los debates constitucionales que se dan en sede jurisdiccional, convirtiéndola en un sujeto determinante de la agenda de la Corte. Para lo cual será necesario imaginar formas en que la ciudadanía pueda exponer sus inquietudes y visiones al Ombudsman nacional.

Y es que como dice Pisarello, sólo un amplio proceso deliberativo impulsado desde abajo, con la presencia de los propios colectivos interesados, podría propiciar un esquema de derechos fundamentales no sólo para los ‘sin derechos’ sino con los ‘sin derechos’. Es decir no meras concesiones tecnocráticas, paternalistas y por lo tanto revocables, que conciban a los destinatarios de los derechos antes como objetos que como sujetos de las políticas públicas, sino apropiaciones plurales y auto-conscientes de la defensa e interpretación de los derechos fundamentales.

Roberto Niembro. Investigador horario de la Escuela Libre de Derecho.

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La Voladora 97.3 FM es una pequeña radio comunitaria de la Amecameca en el Estado de México. Desde hace 5 años obtuvo su permiso después de largas luchas para que el Estado reconozca el papel social que desempeña este medio. Hoy en día, esta radio abanderó otra batalla. Y esta batalla es la de todas y todos los mexicanos.

¿Por qué la lucha de una radio que seguramente nunca han escuchado y ni sabían que existía les importaría? Porque lo que está en juego trasciende las comunidades del volcán y la sobrevivencia de un medio comunitario. Se trata aquí del paisaje mediático que uno sueña para México, de las posibilidades de escoger para cada uno de nosotros lo que lee, lo que ve y escucha. Se trata de poder acceder a una oferta variada y múltiple, de la riqueza de un mundo en color al lugar del blanco y negro. Es una lucha para que todos estos medios a través de los cuales uno se informa y percibe la realidad  sean cada vez más numerosos y diversos; como un espejo de las múltiples voces que agitan México.

El año pasado, la Secretaría de Salud negó a la Voladora la asignación de publicidad oficial argumentando que «invariablemente busca medios de amplia cobertura» y que la radio «no cubre las expectativas de difusión de la Secretaría de Salud para lograr sus objetivos». La Voladora solicitó la protección del Poder Judicial vía un amparo en contra de esta decisión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso en febrero de este año. Pronto, la SCJN dará a conocer una resolución que impacta directamente sobre la libertad de expresión de los miembros de la radio, de la comunidad Amecameca, de los mexiquenses y de todos los mexicanos en general.

En una sociedad democrática, la publicidad oficial o gubernamental se justifica porque es un canal de comunicación directo e imprescindible entre los gobernantes y los gobernados. Esta herramienta permite transparentar y dar a conocer las decisiones del gobierno, informar a los mexicanos para permitir una ciudadanía al tanto de sus derechos y capaz de tomar decisiones informadas.

Además, la manera en la que se asigna esta pauta tiene un impacto directo sobre la estructura del modelo mediático mexicano. Cada año se gastan millones de pesos en México a través de la publicidad oficial. En 2010 por ejemplo, el informe de la Cuenta Pública reportó un ejercicio de 4,493 millones de pesos en comunicación social y publicidad oficial. Esta bolsa de recursos se reparte sin criterios claros ni transparentes. En serio, como lo argumentó la Secretaría de Salud ¿sólo se basarían en el rating?

Si tal es el caso, hay que preocuparse por el futuro de los medios en el país. En un mundo mediático dominado por un duopolio, es de pensar que bajo esta lógica la mayoría de los recursos en publicidad oficial llegan a Televisa y TV Azteca.  Pocos reciben mucho y muchos reciben poco. Esta tendencia solo agudiza más la brecha inmensa que existe entre estas mega compañías y los otros en lugar de que el Estado intenté revertir esta distorsión. Bajo esta lógica, mañana sólo nos tocará un puñado de medios transmitiendo mensajes uniformados y homogeneizados, una sola realidad para un país tan complejo y colorido.

La libertad de expresión y la pluralidad informativa son murallas que impiden la llegada y el arraigo de regímenes autoritarios. El Estado es garante de estas libertades y del derecho a recibir, investigar y difundir información que implican. Por lo tanto no puede darse el lujo de comportarse como un ente privado al contratar publicidad oficial. En esta contratación hay mucho más que un simple acto mercantil. No es lo mismo que una empresa decida no anunciarse en un medio a que el gobierno descarte a un medio y le prohíba la posibilidad de recibir pauta gubernamental cuando el mismo Estado debe ser el guardián de la diversidad informativa de la sociedad.

El Estado, como parte de sus obligaciones internacionales[1] debe cumplir con principios de transparencia, no discriminación, razonabilidad, justificación de sus actos y legalidad, entre otras; obligaciones que se aplican a la asignación de la publicidad oficial. Al negar recursos para publicidad oficial a la radio, la Secretaría de Salud no solo olvida su papel de promotor de la diversidad y del derecho a recibir información de los radioescuchas de La Voladora. Bajo esta lógica, nos priva a todos de nuestra libertad de expresión, nos quita la posibilidad de escuchar múltiples voces. Bajo esta lógica, favorece sólo ciertos grupos mediáticos al momento de asignar la publicidad gubernamental basándose en criterios de rating sin tomar en cuenta la audiencia a quiénes van dirigidos estos mensajes.

Al contrario, la publicidad oficial podría pensarse como herramienta regulatoria de este paisaje mediático oligarca y homogéneo: un instrumento para que el Estado preserve la pluralidad informativa y permita que “el discurso de los poderosos no acalle o impida la expresión de los débiles”[2].

Justine Dupuy: Investigadora del área de transparencia y rendición de cuentas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación

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[1] Article 19 Oficina para México y Centro América, Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C. y 15 organizaciones de la Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información presentaron argumentos técnicos en un Amicus Curiae para que la SCJN resuelva el Amparo a favor de dicha radio. Consulte este amicus en http://www.fundar.org.mx/pdf/casolavoladora.pdf

[2] Libertad de expresión y estructura social de Owen Fiss in Problemas contemporáneos de la Libertad de Expresión, (Compilador) Miguel Carbonell, Porrúa, CNDH.

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